En coherencia con el modelo ISI, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Colombia buscó que la industria fungiera como un polo de desarrollo que permitiera expandir el crecimiento económico a lo largo de toda la cadena productiva. Al igual que en el marco regional, la industrialización de la empresa nacional se caracterizó por la producción de bienes con precios relativos altos, debido a una base tecnológica atrasada; situación que se corregía, parcialmente, por los efectos de las políticas cambiarias que devaluaban la moneda para desalentar la importación; efecto que, no obstante, llevaba a la economía a una etapa de recesión en la que las empresas debían ejercer restructuraciones de la planta de personal, facilitando las exportaciones por precios bajos (Frieden, 2006).

El modelo industrial desarrollado durante esta etapa, llevó a la industrialización del país a un nivel de ventaja comparativa mínima frente a otros países con mejores resultados como Brasil y México. En parte, tal situación se explica por el atraso tecnológico, la ausencia de mano de obra altamente capacitada ³ y la incapacidad para aumentar la empleabilidad. No obstante, a pesar de las limitaciones que exhibió el modelo, el país logró articular los factores productivos para cumplir con los propósitos internos de demanda y oferta.

Los antecedentes del declive del modelo ISI inician en la década de 1960. López (2010) afirma que en aquella época la demanda de productos comenzó a ser limitada a nivel intranacional, por lo que el problema de industrialización en productos no transables y concentrados en un modelo agroexportador, reclamó un cambio en la política económica colombiana. Paralelamente, las políticas de libre comercio, impulsadas en los organismos supranacionales por parte de los países desarrollados, afectaron el proteccionismo en el que estaba sumida Latinoamérica. Así, la combinación de presiones internas y externas sobre el modelo llevó a que este fuera desmontado a partir de la década de 1970, fecha en la cual comenzó la etapa de preapertura de mercado en el país.

Dicha etapa de preapertura coincide con la caída del Sistema Bretton Woods, en la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) promulgó el sistema de libre flujo de capital financiero como requisito para el establecimiento de un sistema de comercio internacional perfecto. De ese modo, logró que los países flexibilizaran su política cambiaria, y enfrentaran el cambio del sistema dólar–oro. En busca de una respuesta a los mensajes provenientes de los organismos multilaterales, el país se embarcó en una política semiproteccionista que permitiera aumentar la competitividad de la industria desarrollada; que incrementara la participación del sector servicios, y que lograra un apalancamiento de ambos sectores en el sector financiero (López, 2010). Sin embargo, la baja capacidad de producción de bienes con alta concentración en capital generó una dependencia creciente hacia los mercados extranjeros para obtener bienes con alto valor agregado y atraer proveedores de tecnología y capital financiero.

La apertura total de la economía nacional, a comienzos de la década de 1990, fortaleció la dinámica de acuerdos multilaterales. En dicho marco, la liberalización de flujos de capital financiero y de bienes reales de la economía creó un escenario en el que los grandes grupos económicos que habían monopolizado el sector manufacturero reafirmaron su posición oligopólica. Lo mismo sucedió con las empresas con inversión extranjera directa, las cuales mantuvieron la práctica de fuga de capitales.

Los grupos económicos ganaron, pues la mayoría de activos […] concentrados en sectores productores no transables y, con las medidas de desregularización y liberalización, pudieron apropiarse de grandes excedentes en la prestación de servicios, tales como energía, telecomunicaciones y finanzas. (Misas, 1998, p. 337)

En este sentido, el declive de la industria nacional se marca desde 1970 hasta la actualidad. La transformación del país hacia el desarrollo industrial fue un camino truncado tanto por las limitaciones internas para desarrollar una producción con mayor valor agregado, como por la inclinación internacional hacia un nuevo modelo de desarrollo economicista: primero de comercio internacional y ahora financiarizador, que alejaron al país de una mejor consolidación de su modelo industrial. Después de la década de 1970, el sector industrial no presentó avances significativos en materia de diversificación (López, 2010). En consecuencia, se caracteriza en la actualidad por su mano de obra no tecnificada, y por sostener a sus sectores manufactureros y agroexportadores, que se beneficiaron en los años 1950 con el modelo ISI, en una prolongada crisis.

Como precursora del desarrollo nacional, la empresa industrial fue el centro de las teorías de gestión de la organización, y determinó las relaciones de los agentes involucrados con ella, al igual que el uso y los fines de los recursos disponibles. Bajo el modelo de la empresa industrial, la acumulación de riqueza solo era posible mediante las relaciones de producción y consumo de los bienes reales. En consecuencia, esta era vista como un sistema de entrada de recursos o factores de producción, y de salida de bienes disponibles para un mercado perfecto; es decir había una concepción de la empresa como un organismo en el que fluyen los recursos y se trasforman en valor agregado. A continuación se describen las principales características de esta concepción de empresa:

El propietario y/o gerente como figura central de la organización. La eficiencia y la competitividad organizacional necesarias para generar valor productivo constante, así como para facilitarle la acumulación de riqueza al dueño de la firma, se alcanzan con la ejecución de estrategias especializadas en producción a gran escala, en búsqueda de expansión del mercado y un mejor relacionamiento con los agentes de la cadena productiva. El gerente, surge como aquel agente especializado que procura estrategias para el uso racional y eficiente de los recursos y la maximización de las utilidades.

En algunos escenarios, el papel del gerente es asumido por el mismo propietario, en virtud de su elevado conocimiento sobre la actividad operativa de la organización. Lo anterior sucede especialmente en países en los cuales la empresa familiar es prominente.

La importancia del sistema financiero en el devenir de las organizaciones es indiscutible. En ese sentido, el acceso a fuentes de financiación permite que las organizaciones ejecuten proyectos propios de su actividad generadora de renta; acciones que redundan en la obtención de los objetivos planteados por la administración. No obstante, las vías de cooperación entre ambos elementos (el sistema financiero y las empresas) son dinámicas. Además, varían con frecuencia en función del tiempo y del espacio.

En función del tiempo, en la medida en que la historia financiera del siglo XX evidencia una evolución caracterizada por la complejización y la integración de las estructuras financieras nacionales, especialmente, con la ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), en donde la banca especializada perdió protagonismo, en virtud de la multibanca, la cual a su vez cedió terreno ante el ascenso de los inversionistas institucionales, que intervinieron de la mano de los mercados de capitales (Garcia y Gómez, 2009).

En función del espacio, en la medida en que las áreas geográficas han supuesto prácticas de gestión empresarial particulares, que determinan las fuentes de financiación predilectas por las empresas de la región. Así, encontramos países como Alemania y Francia, en los cuales la banca privada ha jugado un papel preponderante para la financiación de las actividades empresariales; sin embargo, también existen modelos como el inglés o el norteamericano, en los que las organizaciones han privilegiado a los mercados de capitales como principales fuentes de liquidez (Aglietta y Rebérioux, 2009; Pardo, 2014) y escenarios como Latinoamérica, en el que el patrimonio ha representado históricamente la principal fuente de financiación empresarial.

En el caso de Colombia, aunque ya ha quedado claro que entre las décadas de 1970 y 1980 se efectuaron algunos cambios en materia de política económica a favor de la reforma neoliberal, la primera mitad de la década de 1990 fue el periodo que constituyó el punto de inflexión del nuevo direccionamiento económico del país. Para entonces, se realizaron reformas a la legislación laboral, los regímenes cambiarios, el sistema financiero, el sistema de salud y el sistema pensional, entre otros (López, 1995). ⁴

Estos cambios en materia de política económica propiciaron un escenario coherente con el contexto internacional; un contexto en el que “el apoyo a las instituciones financieras y la integridad del sistema financiero se convirtió en la principal preocupación de la colectividad de los Estados” (Harvey, 2006, citado por Zhang y Andrew, 2014, p. 19). De esa manera, cambios como la eliminación de barreras para el ingreso de capital extranjero, la venta de entidades bancarias propiedad del Estado, ⁵ y la concentración del ahorro de los trabajadores por parte de inversionistas institucionales, brindaron mayor volumen de recursos al sistema financiero. Dichos recursos permitieron a su vez el aumento de la oferta de instrumentos de financiación disponibles para las empresas y los hogares.

La expansión del sistema financiero colombiano, dada mediante la liberalización de mercados, ha continuado hasta la actualidad con acuerdos como la integración regional de las bolsas valores de Colombia, Perú y Chile —conocida como el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)—; la reducción de las barreras a la movilidad de capitales mediante los tratados de libre comercio (TLCs), y la flexibilización de las condiciones de inversión de los fondos de pensiones privados o de las condiciones tributarias que favorecen las rentas de capital.

En los contextos económicos y financieros que han caracterizado el devenir del país durante las dos décadas y media más recientes, estos cambios han propiciado el redireccionamiento de algunas prácticas organizacionales que resultan notorias. Lo anterior ha sido conseguido, por ejemplo, con (a) la adopción de prácticas de gobierno corporativo anglosajonas, tras la Resolución 275 de 2001 y la Ley 964 de 2005 (Banco Interamericano de Desarrollo y Bolsa de Valores de Colombia [BID y BVC], 2009; Gaitán, 2010); (b) la adopción de estándares internacionales en contabilidad y auditoría tras la Ley 1314 de 2009; (c) la creciente acogida voluntaria de los estándares consignados en el modelo de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), o (d) la divulgación de información social-ambiental, mediante el estándar de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés).

Estas nuevas prácticas han fomentado la competencia entre las actividades especulativas y operativas al interior de la organización; transformaciones surgidas tras la introducción de modelos de comportamiento alineados con criterios e intereses inversionistas. Así, se observa un paulatino desplazamiento de la concepción de empresa, la cual se aboca hacia una definición financiera en la cual la aplicación de estrategias que permiten reducir los costos de transacción y producción —bajo un concepto de eficiencia financiera antes que productiva— incursionan como prácticas comunes en la gestión organizacional (Boyer, 2007; García y Gómez, 2009). En tanto, la empresa es considerada con mayor frecuencia un objeto que garantiza un retorno mínimo a la inversión del accionista y, en consecuencia, sus resultados pueden ser comparados y reemplazados por activos financieros que generan una mayor tasa de retorno (Lordon, 2007).

La definición financiera de la empresa responde a un contexto financiarizado en el que los incentivos han modificado el sentido de las relaciones entabladas entre organizaciones y mercados financieros, con lo que se deja en un segundo plano el modelo orgánico de las organizaciones. En este escenario, el papel de los instrumentos financieros cambia; estos dejan de concebirse exclusivamente como medios que permiten la financiación de actividades operativas, en virtud de una perspectiva según la cual también se constituyen como eventuales fuentes de utilidades. A continuación, se describen las principales características de esta concepción de empresa.

El accionista se transforma en la figura central de la organización. La noción financiera de la empresa ubica al accionista como el stakeholder preponderante de la organización, por cuenta de su papel como proveedor de capital financiero. De esta forma, el accionista legitima su primacía, bajo el argumento de que la remuneración que obtiene es un residuo, el cual es el resultado de deducir las retribuciones a los demás agentes organizacionales (trabajadores, proveedores, Estado, etc.). No obstante, este argumento desconoce la capacidad de movilidad del accionista como inversor. Un rol bajo el cual es usual que la transferencia de acciones constituya en el corto plazo una vía para eludir el riesgo que supone la operación de la empresa.

Bajo la perspectiva financiera de la empresa, el accionista es el agente que corre los mayores riesgos. ⁶ Como retribución, tiene derecho a controlar las actividades que se lleven a cabo al interior de la organización (Aglietta y Rebérioux, 2009).

De acuerdo con el estudio de la evolución del mercado económico nacional y de las políticas económicas que han propiciado los hitos de cambio, el contraste que se nota entre el declive del sector industrial y el ascenso del sector financiero permite pensar que a nivel macroeconómico existe un escenario que propicia el desplazamiento de la concepción dominante de la empresa (ver Tabla 1). Asimismo, pone en evidencia el escalamiento de las dinámicas de la financiarización; y además demuestra que a nivel local no se perciben resistencias significativas a las dinámicas internacionales de mercado y gestión de las organizaciones. No obstante, también conduce a la necesidad de indagar sobre las formas como se institucionalizan los preceptos de la concepción financiera de la empresa, así como los procesos organizacionales que los soportan a nivel intrafirma.

Tabla 1 Tabla 1 Concepción orgánica vs. concepción financiera de la empresa Fuente: elaboración propia

Según el Marco conceptual del IASB (2010), la relevancia coincide con la facultad que puede tener cierta información para influir en la toma de decisiones de los usuarios; facultad que depende del valor predictivo, del valor confirmatorio y de la materialidad.

Cabe enfatizar que la definición de la información útil, dada en términos de relevancia, así como la de esta, dada a su vez en términos de capacidad predictiva o confirmatoria, no revisten mayor diferencia respecto al marco conceptual de 1989. Sin embargo, adquieren especial importancia cuando son analizadas a la luz de la subordinación emergente de la comprensibilidad ante la relevancia. En este sentido, mientras que el Marco conceptual de 1989 presentaba a la relevancia y la comprensibilidad como cualidades de un mismo nivel, la versión del 2010 evidencia una predilección por la primera sobre la segunda.

El que se sugiera que la información útil debe ser relevante antes que comprensible, brinda mayor libertad para el uso de datos y la aplicación de técnicas que destacan el carácter predictivo y confirmatorio de la información, sin importar la complejidad que reviste. Esta situación aumenta la imperfección y la incompletitud de la información financiera, ²⁰ bajo una perspectiva organizacional que incluye a todos los stakeholders de la empresa, lo cual se traduce en mayores asimetrías de la información y una reducción del conocimiento común que la contabilidad brinda en beneficio del control en las organizaciones.

En tal escenario, la información clara y concisa que da lugar a la comprensibilidad depende de la evaluación de la relación costo-beneficio que adelanta la organización; un comportamiento organizacional que se facilita y legitima en la medida en que “los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios” (IASB, 2010, p. A38). De esta forma, el Marco conceptual hace correcta la revelación de información poco comprensible, con base en un discurso que desconoce las diferencias de formación y conocimiento que hay entre los usuarios de la información financiera; concepto de usuarios que, como ya se expuso, ha sido reducida a los inversionistas, prestamistas y acreedores

La representación fiel pasó de tener un papel secundario ante la confiabilidad, como constaba en el Marco conceptual de 1989, a tener el carácter de cualidad independiente en el Marco conceptual de 2010; contexto en el cual reemplazó a la confiabilidad. Al respecto, es preciso anotar que este cambio supuso la eliminación de la esencia sobre la forma y la prudencia como características cualitativas de la información financiera. En general, la representación fiel puede ser comprendida como la descripción completa, neutral y libre de error de los fenómenos económicos que la contabilidad busca representar.

Es importante destacar que la explicación completa, neutral y libre de error de los supuestos y métodos aplicados en la representación de un fenómeno económico es suficiente para garantizar fidelidad en la representación de la información financiera. No obstante, tal explicación resulta intrascendente si se pretende evaluar la confiabilidad de la información. En consecuencia, la contabilidad financiera conceptualizada por organismos como el IASB no se interesa por la pertinencia de los métodos aplicados en la descripción de la realidad económica. Por esta razón, es común que las organizaciones recurran, cada vez con mayor frecuencia, a información no financiera en las notas de los estados financieros, al igual que en los informes de gobierno corporativo y en los informes de gestión de riesgos, como medio para construir la confianza ausente en la información financiera provista por la contabilidad.

Por otra parte, es importante precisar que la eliminación de la prudencia como característica cualitativa de la información financiera, junto con la subrogación de la verificabilidad al análisis costo-beneficio, legitima en el plano organizacional las valoraciones derivadas de consensos o modelos financieros prospectivos. En ese sentido, la volatilidad y la incertidumbre que distinguen a los mercados y modelos financieros son aceptadas y reproducidas en el escenario organizacional; lo anterior se da mediante la ejecución de prácticas contables caracterizadas por la ausencia de precauciones en los juicios necesarios para realizar estimaciones. Así, se erige una visión de la contabilidad que respalda los datos provistos por los mercados al punto de delegarles la auditoría de los valores de los activos y los pasivos de las organizaciones (Power, 2010).

En resumen, los cambios recientes que han experimentado las características cualitativas del marco conceptual del IASB respaldan la concepción financiera de empresa. En ese sentido, mantiene el foco en las transacciones futuras; facilita la defensa de los modelos financieros, y normaliza la aparición de volatilidades del mercado en los resultados empresariales.

Con el objetivo de ilustrar la construcción teórica que se ha desarrollado en este artículo, la figura 1 expone los vínculos que existen entre la concepción financiera de la empresa y las modernizaciones contables, según ha sido planteado. En tal contexto, estas actúan como la base que permite institucionalizar algunos elementos propios de la financiarización en el plano organizacional, en cuyo caso se hace referencia a aspectos como los poseedores del capital, el valor accionarial y la gestión financiera del riesgo.

Figura 1 Figura 1 Modernizaciones contables a favor de la concepción financiera de empresa Fuente: elaboración propia