Desde fines de la década del ochenta, el desarrollo urbano en Chile se ha caracterizado por el acelerado crecimiento de sus áreas urbanas, la aparición de asentamientos irregulares en sus periferias, la inequidad en el acceso a la población a servicios urbanos (transporte, educación, salud, etc.) y diversos esfuerzos desde el Gobierno por suplir el déficit de vivienda básica. En ese contexto, se destaca el alto índice de desigualdad en el ingreso per cápita en el país, uno de los mayores entre los países participantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2011); ello tiene una fuerte incidencia en los “altos grados de segregación socioespacial de sus áreas metropolitanas” (Blanco, 2015, p. 71). Ejemplo de ello es la cobertura, el acceso y la calidad de los bienes de uso público, en particular, parques y plazas. Esta tendencia plantea enormes desafíos para el desarrollo sustentable del país.

En particular, las áreas metropolitanas de Santiago, Concepción-Talcahuano y Valparaíso-Viña del Mar (todas por encima de un millón de habitantes) evidencian preocupantes signos de deterioro ambiental y social; amplias áreas de su espacio urbana poseen una infraestructura deficitaria con la consecuente contaminación acústica y del aire, lo que ha contribuido al precario estado de su edificación, sobre todo en aquellas zonas que concentran población vulnerable en la periferia.

La actividad relacionada con la construcción de edificios y comunidades es otro factor crítico en la degradación del ambiente, dado el alto consumo de energía y emisiones de CO₂ que presenta. Se estima que un 26 % de la energía total del país es destinada solo a la operación edificios (Comisión Nacional de Energía_{[CNE], 2010}). Más aún, el stock edificado contribuye con un 33 % en la emisión de gases efecto invernadero y material particulado durante su construcción y operación (Ministerio del Medio Ambiente, 2011), con promedios de vida útil de edificios entre cincuenta y setenta años (Hannon, Stein, Segal y Serber, 1978).

En ese contexto, el ámbito residencial ha sido uno de los focos de atención de planes y políticas que fomentan el desarrollo sustentable en nuestras ciudades. Desde fines de la década de 1980 hasta el año 2000, en Chile se han construido “más de 120.000 departamentos en condominios sociales […] años donde el déficit habitacional afectaba a casi un tercio de la población” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015, p. 10). Más allá de los impactos cuantitativos de estos programas, se pueden evidenciar “efectos negativos en el conjunto del sistema urbano, en particular al fomentar la generación de grupos de pobreza urbanizada y segregada, localizada en grandes paños de la periferia urbana sin equipamientos y sistemas de transporte” (Blanco, 2015, p. 72) (Figura 1). En definitiva, aunque se ha avanzado enormemente en la solución de los déficits de servicios básicos, “hoy aparecen con fuerza otros temas como la exclusión/inclusión, integración y cohesión social, que apelan a resolver problemas vinculados a la fragmentación de las relaciones vecinales” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo [Minvu], 2012, p. 12), entre otros.

Figura 1 Figura 1 Sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, una de las concentraciones más grandes de condominios sociales Barrientos (2012)

Para revertir el escenario descrito, desde la última década ha surgido una serie de iniciativas lideradas desde el Estado, entre las cuales destaca su participación en la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) y su compromiso a ejecutar acciones de mitigación en todo el país, con el fin de lograr una desviación de 20 % por debajo de su trayectoria creciente de emisiones “business-as-usual” en 2020, proyectadas desde el año 2007 (Secretaría Ejecutiva Construcción Sustentable Minvu, 2013).

Se han elaborado programas en materia ambiental y energética para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. En primer lugar, se encuentra la Estrategia nacional de energía 2012-2030, instrumento que destaca la importancia de tomar conciencia para lograr mayor eficiencia energética, dada “la creciente preocupación por el medioambiente y la seguridad energética de Chile” (Ministerio de Energía, 2012, p. 7).

Asimismo, la reciente Estrategia nacional de construcción sustentable fija los ejes principales para “integrar el concepto de sustentabilidad en la planificación, diseño, construcción y operación de las edificaciones e infraestructura” (Secretaría Ejecutiva Construcción Sustentable Minvu, 2013, p. 6).

A pesar del significativo avance de estas iniciativas, la recuperación del stock edificado que no ha sido diseñado con criterios mínimos de eficiencia energética y sustentabilidad es comúnmente ignorado, lo que plantea una dificultad notoria para alcanzar y superar las metas establecidas en estos compromisos. Esta tendencia se revierte con el lanzamiento el 2013 de la Política nacional de desarrollo urbano (PNDU), carta de navegación que incorpora en mayor medida el potencial de impacto de la recuperación del stock edificado. Su objetivo prioritario es la integración social desde imperativos sociales y urbanos que garantizan a los habitantes el acceso a bienes públicos urbanos, “para revertir de manera definitiva actuales situaciones de segregación social urbana y evitando el desarrollo de nuevas situaciones de segregación” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013, p. 12).

Caracterizada como una solución de alta densidad, la vivienda social en altura no solo ha constituido, desde sus orígenes, la forma paradigmática de respuesta de las políticas habitacionales para las familias más vulnerables, sino que “ha influido profundamente en la configuración espacial, en las experiencias cotidianas del habitar y en los procesos de integración social que caracterizan actualmente a las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015, p. 14). Definida por la formación de estructuras residenciales de alta densidad, esta tipología residencial se configura a partir de varias unidades habitacionales insertas en edificaciones de mediana en altura (bloques) o torres que, en una relación de copropiedad, están vinculadas por la existencia de un conjunto de bienes y espacios de dominio común (Figura 2) (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015).

Empleados con énfasis a partir del Programa de Vivienda Básica de 1980, estos conjuntos de vivienda social se caracterizan por desarrollar tres tipologías: tipo A, de un piso aislada o pareada; tipo B, de dos pisos pareadas o continua y tipo C, colectiva en bloque de departamentos de tres o más pisos. Estas viviendas se entregaban sin terminaciones, compuestas por baño, cocina, estar-comedor y dos dormitorios. Su superficie edificada fluctúa entre 38 y 42 m2 y forman parte de conjuntos habitacionales urbanizados y equipados con áreas verdes, juegos infantiles y sede social (Universidad de Chile e Instituto de la Vivienda, 2002).

Figura 2 Figura 2 Configuraciones de condominios sociales en altura Ministerio de Vivienda y Urbanismo [Minvu]. (2015)

Para esta investigación interesa la vivienda tipo C o tipología del monobloque, compuesta por edificios de tres o cuatro pisos con una variedad de alternativas de agrupación: de una o doble entrada, con escaleras interiores o exteriores, con unos cuatro departamentos por piso. Esta tipología empezó a construirse de manera masiva a partir de la década del noventa, a medida que aumentó el valor del m² del suelo de las ciudades y la búsqueda de nuevas formas de densificación (Instituto de la Vivienda, 2005).

Según el estudio de la Universidad de Chile y el Instituto de la Vivienda [INVI] (2002), los conjuntos de bloques de departamentos o tipología C son los que presentan los más altos grados de insatisfacción residencial, lo que demuestra que este tipo de vivienda en altura presenta mayores problemas en cuanto a calidad residencial.

A partir de la información levantada por el Catastro Nacional de Condominios Sociales, se pudo establecer que, para 2013, en Chile existía un total de 1.555 conjuntos habitacionales en altura correspondientes a condominios sociales, que alcanzaban las 344.402 unidades de departamentos en todo el país (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015). Dadas estas cifras, “se estima que el total de departamentos en condominios sociales representa, aproximadamente, al 60,7 % del total de viviendas de tipo departamento existentes en el país y alrededor de un 7,3 % del parque habitacional nacional” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015, p. 42).

Se puede observar una gran heterogeneidad en el tamaño de los conjuntos. En el caso de la región metropolitana, por ejemplo, el número de departamentos por conjunto varía de 6 a 3.258 unidades, mientras que en la región de Magallanes, la diferencia entre los conjuntos de mayor y menor tamaño se acota a un rango de 80 a 264 unidades. Hoy, este parque habitacional tiene condiciones de deterioro, no solo por el decaimiento de su infraestructura, sino también por su localización en las ciudades (periferias), que configuran contextos de obsolescencia física y funcional caracterizados por una alta densidad habitacional; hacinamiento; precariedad y deterioro de las unidades de vivienda; apropiación indebida y degradación de los espacios comunes; ubicación en contextos carentes de servicios y equipamiento. A pesar de lo anterior, la evolución arquitectónica, tipológica y urbana de los CCSS “representa un legado patrimonial de nuestra historia habitacional” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015).

El mejoramiento del espacio construido varía según el tipo de intervención y de estructura a intervenir, que se asocia con operaciones en el ámbito urbano, edificios de valor patrimonial y asentamientos precarios. En general, las acciones mencionadas en pos de mejorar un inmueble o un área urbana se relacionan con el mejoramiento de las condiciones de ocupación del patrimonio construido para sanear espacios de difícil habitabilidad, que suelen representar características de valor histórico o arquitectónico. Según el Instituto de la Vivienda (2005), las operaciones que se pueden llevar a cabo para mejorar condiciones de un lugar en degradación son tres (Tabla 1).

Tabla 1 Tabla 1 Distintas operaciones para mejorar conjuntos de vivienda social Elaboración propia con base en Instituto de la Vivienda (2005)

En términos prácticos, las estrategias de rehabilitación se han enfocado a temáticas de eficiencia energética y sus implicaciones sociales han sido escasamente documentadas. Asimismo, existen pocas muestras de proyectos de viviendas sociales en las que se hubiera implementado una aproximación integral. Algunas experiencias abordan la incorporación de tecnologías de energía solar, pero no mejoran condiciones de aislación térmica, por ejemplo. Otras iniciativas han incorporado tecnologías activas, sin evaluar a profundidad su impacto en las emisiones de CO₂, así como costo-beneficio energéticos (Aspden, Ball, Roberts y Whitley, 2012).

La importancia de generar una participación significativa de los residentes de conjuntos con potencial de mejora mediante estrategias de rehabilitación energética (energy retrofits) ha sido reportada por la literatura internacional, puesto que “aumenta la adopción de comportamientos que reducen el gasto energético; mejora las tareas de operación y mantención de medidas energéticas y promueve el apoyo de los residentes a implementar una agenda verde más amplia” (Gee y Chiappetta, 2012, p. 1). Existe un enorme potencial para capitalizar las oportunidades simultáneas de mejoramiento del stock de viviendas construido por medio de programas de rehabilitación, junto con una participación y educación activa de sus residentes sobre el ahorro energético.

Si bien no se conocen estudios acerca del comportamiento de consumo energético de residentes de conjuntos de vivienda social en Chile, en países desarrollados se ha estimado que habitantes de estratos vulnerables consumen alrededor de “28 % más de energía por m² que viviendas de nivel socioeconómico alto” (Gee y Chiappetta, 2012, p. 2), sobre todo porque ocupan viviendas antiguas, menos eficientes desde el punto de vista energético.

El aumento en el costo energético del sector residencial ha superado el ingreso familiar en sectores vulnerables, pues ha crecido un 33 % desde 1998. (Gee y Chiappetta, 2012).

Debido a que los residentes de conjuntos de vivienda social pagan directamente su consumo eléctrico, hay un importante incentivo económico para adoptar medidas de eficiencia energética. A su vez, agencias estatales que subsidian estos conjuntos enfrentan un aumento de los costos de manutención, tanto de las unidades de vivienda como sus espacios comunes, dada la antigüedad de su infraestructura y la reducción en el presupuesto público.

En los términos antes descritos, la “rehabilitación” del stock edificado puede mitigar los efectos del cambio climático, reducir el consumo de energía y agua, así como la emisión de CO₂. Puede, además, mejorar la calidad del aire y del agua urbana y proveer otros beneficios. Sin embargo, “ecorrehabilitar” o rehabilitar con principios ecológicos significa ir más allá de la rehabilitación de la eficiencia de recursos. Se trata del uso de sistemas naturales para atender distintas funciones, puesto que una mayor eficiencia puede ser alcanzada con la integración del sistema físico y natural (Romm, 1999). En general, cuesta más diseñar con criterios tradicionales y luego “añadir” elementos de ahorro de energía y agua a un modelo edificatorio que no cuenta con criterios mínimos de sustentabilidad.

La rehabilitación con criterios de eficiencia energética puede ayudar a ahorrar recursos pero puede ser menos que óptima desde una perspectiva ecológica.

Durante los últimos veinte años, la mayoría de los esfuerzos relacionados con la eficiencia se han focalizado en el consumo de energía asociado con la fase de operación de edificios, mientras que el uso de energía y emisiones de CO₂ durante otras etapas de su ciclo de vida (life cycle) como producción de materiales, transporte y manutención han sido ampliamente olvidadas (Rakha y Reinhart, 2013). La razón de esta omisión es que dichas emisiones tienden a representar menos de 5 % del impacto total, si se asumen ciclos de vida de cincuenta a setenta años para un edificio promedio (Hannon et al., 1978).

Avances recientes sobre la relación entre la energía incorporada (embodied energy) de los materiales y la energía consumida durante su operación sugieren que, incluso en los edificios más eficientes, la última es responsable de 80 a 90 % del consumo de energía total de edificios con una vida útil de cincuenta a sesenta años (Ramesh, Prakash y Shukla, 2010).

La tendencia actual sobre sustentabilidad a largo plazo, combinada con la aparición de estándares cercanos a emisiones cero —como Passivhaus, Minergie-P o Net-Zero Energy— y códigos energéticos más restrictivos han llevado a reconsiderar la energía incorporada de los materiales de edificios.

En este contexto, la energía incorporada puede ser la diferencia cuando se comparan opciones de diseño e incluso transformarse en la principal contribución a la sumatoria total del ciclo de vida energético. Thormark (2001) ha señalado que la energía incorporada podría alcanzar un 40 % de la energía total de viviendas de bajo consumo energético.

Cabe añadir que mientras el consumo energético ocurrido durante la operación del edificio es altamente dependiente del usuario final, de manera consciente o no, arquitectos y planificadores urbanos toman decisiones clave relacionadas con su ciclo de vida durante la etapa de diseño esquemático e ingeniería en detalle.

En el ámbito de las elecciones de transporte urbano sustentables, un 25 % de las emisiones mundiales de CO₂ son atribuibles a la energía empleada en transporte, porcentaje que crece con rapidez. Estas estimaciones, junto con los problemas de salud resultantes de una mala calidad del aire (Wassener, 2012), explican por qué numerosas ciudades alrededor del mundo se han percatado de las consecuencias de acomodar espacios peatonales y para bicicletas y de una eficiente utilización del transporte público. Mediante la promoción de actividad física, la planificación sustentable del medio construido puede ayudar a disminuir la contaminación, mejorar la salud de la población, reducir consumo de combustible y disminuir la emisión de CO₂.

Corrientes reconocidas en la práctica de la planificación como el nuevo urbanismo (new urbanism) y el crecimiento inteligente (smart growth) sostienen que la mayoría de la personas prefiere caminar, si las condiciones atmosféricas lo permiten. Para cuantificar el impacto de la aplicación de dichos principios, la integración de herramientas de simulación que evalúen ciudades “amigables al peatón” durante el proceso de diseño se ha vuelto una necesidad.

La evaluación de la movilidad peatonal a escala de barrio (walkability) ha sido considerada con frecuencia dentro del espectro de 5 a 10 kilómetros de distancia caminable desde las unidades de vivienda a bienes urbanos esenciales. Esta idea ha sido aplicada a diversos métodos de evaluación de movilidad peatonal, como Walk Score (2011). Sin embargo, este índice no permite predecir la probabilidad de que los residentes de una cierta área sean más proclives a caminar, que un área comparable con un índice menor de Walk Score. Se cita como razón de esta limitación la complejidad asociada con la elección de ir de un lugar a otro caminando; varios factores pereciesen entran en conflicto, como el “confort térmico del peatón, condición climáticas y atractivo de las rutas, por nombrar algunos” (Reinhart, Dogan, Jakubiec, Rakha y Sang, 2013).

Para poder predecir si los desarrollos urbanos futuros serán más amigables con modos activos de transporte y si sus habitantes elegirán caminar o no, la modelación de los factores mencionados es clave para una herramienta de modelación urbana predictiva.

Existe una diversidad de herramientas disponibles para evaluar opciones de diseño relacionadas con cálculos lumínicos; estas herramientas tienden a solicitar tiempos de cálculo no menores cuando se aproximan al análisis de la luz día y se enfocan al análisis de edificios aislados. Además, requieren de una entrada de datos bastante detallados, muchos de los cuales no están disponibles durante la etapa de plan maestro.

La importancia de implementar herramientas de evaluación en esta fase es evidente, pues las decisiones adoptadas en este punto, como la proporción de los edificios y su estructura espacial, impactan de manera radical en el potencial de ganancia de luz solar directa de cada uno de los edificios que integran un conjunto. Este contexto ha llevado a numerosas aproximaciones a los métodos de análisis de luz día a escala urbana (Compagnon, 2004). Es fundamental mencionar que mientras se define la proporción y el orden de la forma urbana, es menos relevante estudiar la localización óptima de paneles fotovoltaicos (FV) que optimizar la “calidad espacial”, como las condiciones de iluminación natural del espacio.

La métrica asociada con la luz día está relacionada con el índice espacio interior como un indicador de la pertinencia del diseño. Las configuraciones de proporción ventana-muro, distancia de piso-a-cielo y la composición de las fachadas impactan en este índice.

Para guiar el diseño de proyectos de escala urbana sustentables han surgido métodos de evaluación ambiental o de evaluación para la sustentabilidad (Sharifi y Murayama, 2013). Estos ejemplos se refieren a “un marco operativo diseñado como una estrategia para evaluar y orientar el desarrollo de edificios sustentables” (Blanco, 2015, p. 76).

Al apuntar a acciones locales, los sistemas de certificación difundidos por consejos de edificación verde de diversos países desempeñan un importante papel en el desarrollo de ciudades más sustentables, ya que han logrado permear la práctica urbanística mediante la entrega de una guía metodológica que transfiere los requisitos del desarrollo sustentable a criterios de diseño urbano para todos los actores relacionados con la construcción de ciudad (desarrolladores inmobiliarios, propietarios, organismos públicos, oficinas de ingeniería y diseño). Estos sistemas presentan diferencias de enfoque y pueden agruparse en sistemas creados para nuevos proyectos (en áreas de expansión urbana) o para la regeneración de proyectos (localizados en áreas centrales o pericentrales) (Blanco, 2016). Para el ámbito de este proyecto interesan aquellos enfocados en procesos de regeneración.

En Chile, diversas organizaciones llevan a cabo políticas y proyectos tendientes a establecer normas y guías de diseño para implementar el concepto de “barrio sustentable”. Si bien desde 2014 se cuenta con la certificación de edificios sustentables, esta solo abarca edificios singulares (sean de salud, educación, etc.) (Certificación Edificio Sustentable, 2014).

En el sector público, el Estado adelanta iniciativas relacionadas con el uso eficiente de los recursos: ha formado el Consejo interministerial para la construcción sustentable, la iniciativa Barrios Verdes del Ministerio de Medio Ambiente, el Sistema de Calificación Energética del Minvu y la Agencia chilena de eficiencia energética, nuevos proyectos de Barrios Sustentables en Chañaral y El Salado, por nombrar algunas.

Por su parte, en el sector privado existe un marcada tendencia por “responder a este fenómeno y proponer productos de mejor desempeño medioambiental” (Blanco, 2015, p. 77), a saber: la implementación y masificación de la certificación de edificios Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) y los proyectos urbanos sustentables PRES Constitución y Calama PLUS; además, la construcción sustentable ahora es vista como un atributo de venta.

Por otra parte, iniciativas lideradas por instituciones u ONG han apoyado la adopción de estrategias de diseño sustentable en la industria de la construcción, por ejemplo, el lugar de liderazgo de Chile como uno de los diez países con más edificios LEED en el mundo, la Declaración de materiales (Dapco) de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y el Instituto de investigación, desarrollo e innovación de estructuras y materiales de la Universidad de Chile (Idiem). A pesar del aporte de cada una de ellas, “hasta el momento no ha habido mayor debate respecto de la necesidad de generar herramientas específicas para evaluar la sustentabilidad de proyectos de escala urbana” (Blanco, 2014, p. 8), como el caso de los conjuntos de vivienda social (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015).

Dentro de esta diversidad, el sistema de certificación de sustentabilidad para proyectos urbanos desarrollado por Breeam tiene varias características que permiten su adopción en Chile (Blanco, 2016). Breeam Urbanismo tiene procesos dedicados a incorporar problemáticas locales que permiten modificar el contenido de la herramienta. Para ello, emplea la instancia International Bespoke con el fin de negociar cambios con base en regulación, cultura y clima local. Por último, durante la etapa de diseño y entrega, Breeam Urbanismo incorpora una serie de instancias de trabajo con la comunidad local y actores relevantes.

En este artículo se ha llevado a cabo una revisión de las estrategias más relevantes para buscar métodos de regeneración de barrios vulnerables en Chile. Este problema es relevante, ya que la nueva Política nacional de desarrollo urbano (PNDU) señala que el Estado debe velar porque que las ciudades sean lugares inclusivos, en donde las personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: con acceso a los espacios púbicos, educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento.

En Chile, los ingresos están desigualmente distribuidos y es el más desigual de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un coeficiente de Gini de 0,494. Su población es mayoritariamente urbana, con una relación de nueve a uno respecto a los habitantes rurales; por supuesto, esta desigualdad se manifiesta en las ciudades.

Durante décadas, la política de vivienda del país ha tenido como objetivo disminuir el déficit habitacional y privilegiar la cantidad de unidades habitacionales a construir por encima de la localización, lo que ha traído como consecuencia que, en todas las capitales regionales del Chile y en algunas ciudades intermedias, haya concentración de pobreza, hacinamiento, inseguridad, falta de acceso a bienes públicos urbanos y escasa conectividad, situaciones que deben revertirse con urgencia.

En materia de suelo, la Política nacional de desarrollo urbano propone valorar su función social por medio de la generación y el perfeccionamiento de herramientas que permitan disponer de terrenos bien localizados para favorecer la integración social urbana. Hoy en día, el Estado cuenta con mecanismos para gestionar el suelo urbano con fines de integración social; sin embargo, su utilización ha sido escasa y poco efectiva, sobre todo por falta de una directriz explícita en tal sentido.

Existen diversos instrumentos para gestionar la generación de barrios. En América Latina, el programa Reajuste de tierras, del Gobierno colombiano, ha representado un referente relevante. Este busca el desarrollo obligatorio de un conjunto de predios para garantizar la ejecución completa de las infraestructuras públicas necesarias para el desarrollo inmobiliario y la cesión del suelo necesario para ellos, lo que evita su expropiación. Está regulado en la Ley 388 de 1997, de ordenamiento territorial, que define la gestión asociada como uno de los ejes del sistema urbanístico, que se concreta mediante la integración inmobiliaria, la cooperación entre partícipes y el reajuste de tierras.

La aplicación de estos instrumentos supone aprobar un plan parcial para la zona y las unidades de actuación urbanística. Los planes pueden zonificar vivienda social. En ellas se identifican los inmuebles, su valoración inicial, las cargas y los beneficios que suponen la operación, las reglas para la valoración final de los predios resultantes y las normas para su adjudicación (según el valor que se les asignen de acuerdo con sus usos, a prorrata de los aportes iniciales).

Por otro lado, en el aspecto específico de la gestión de este tipo de conjuntos se reconoce una amplia gama de entidades públicas y privadas que buscan el fomento de estas iniciativas. Por ello, es necesario identificar el tipo de modelo de desarrollo que promueven, debido a que se identifican tendencias al desarrollo compacto y de regeneración de áreas en degradación, liderada por organismos que pueden ser internacionales (Naciones Unidas, Unesco, Transition Towns etc.), comunidades organizadas (ciudadanos) o aquellas que siguen promoviendo la expansión urbana con un crecimiento más regulado, como los Gobiernos locales (municipios, ministerios, etc.), o desarrolladores privados (inmobiliarias).

Según la práctica urbanística reciente, los actores involucrados en la gestión de estos proyectos influyen directamente en los mecanismos de evaluación y criterios de diseño empleados, por lo que es necesario estudiar este aspecto en el caso chileno para entender cuáles son los mecanismos que promueven el desarrollo de barrios sustentables.

Es importante resaltar el rol de la comunidad en la definición del tipo de barrio sustentable que se quiere adoptar. En ese sentido, la experiencia chilena reciente muestra casos en los que el Estado u operadores privados interpretan los modelos de desarrollo deseables para la comunidad y, en el otro extremo, ejemplos de comunidades organizadas que han liderado y exigido cambios en pos de la adopción de prácticas más sustentables, como incorporación de modos de transporte de bajo impacto, huertas comunitarias, sistemas de generación de energía renovable, etc.

En definitiva, la clásica discusión entre desarrollo planificado y desarrollo orgánico vuelve a estar presente en este escenario; la práctica suele mostrar más casos exitosos del segundo tipo. En relación con lo anterior, se pueden mencionar casos emblemáticos de la interacción de diseño y comunidad en Chile: quinta Monroy, Iquique, 2003 (Alejandro Aravena y Elemental); plaza La Esperanza, Lo Espejo, 2013 (Fundación Mi Parque); cerro Las Cañas, Valparaíso, 2011 (organización comunitaria Plan cerro Valparaíso) y Los Nogales, Estación Central, 2010 (fundación Junto al Barrio), entre otros.