El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia de Argentina, dando fin de esta manera al gobierno autoritario de la dictadura cívico-militar que tomó de facto el poder el 24 de marzo de 1976. Las expectativas en las transiciones a la democracia de los años ochenta encontraron un principio de realidad cuando los problemas para estabilizar variables macroeconómicas se agudizaron en un contexto de crisis de la deuda y generaron un deterioro en las condiciones de vida de los sectores asalariados, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Tabla 1 PBI, inflación, pobreza, desempleo y desigualdad 1980-1989 Fuente: Cavallo y Bertolotto (2016), Arakaki (2011), Altimir, Beccaria y González Rosada (2002) y Gasparini (1999) *

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Las promesas incumplidas de la democracia en materia social y las condiciones socioeconómicas deterioradas fueron escenario para la respuesta de actores clásico como los sindicatos y los partidos políticos (Di Tella; 1998; Richards, 1997; Rocca Rivarola, 2009). Nos referimos, especialmente, a las huelgas nacionales que decretó la Confederación General del Trabajo (CGT) ^{[2] contra las políticas del gobierno nacional y las últimas internas partidarias del Partido Justicialista (quizás el único periodo en que el movimiento peronista funcionó bajo la gramática partidaria) [3] . En esta fase, la contienda política permaneció contenida por los actores del sistema de partidos y sindicatos, aunque con una revitalización de sectores de la sociedad civil, fundamentalmente organizaciones de derechos humanos [4] que atisbaban una regeneración del espacio público (Jelin, 1995). La salida de la dictadura cívico-militar parecía, a pesar de sus dificultades en materia económica, dar lugar a una transición comandada, finalmente, por la normalidad de una democracia representativa luego del desborde de movimientos nacional-populares y gobiernos autoritarios.}

Carlos Menem asumió el gobierno el 8 de julio de 1989 en el contexto económico descripto y en un escenario político marcado por acciones de protesta con saqueos a comercios y el retiro anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín, cuyo efecto fue el debilitamiento de la oposición partidaria. Las reformas implementadas por Menem apuntaron al desmantelamiento de la matriz sociopolítica estatal-nacional. Para autores como Garretón, Cavarozzi, Cleaves, Gereffi y Hartlyn (2004), las configuraciones sociopolíticas entre 1930 y 1980 pueden conceptualizarse como una matriz estatal nacional-popular. Allí, el Estado funciona como mecanismo de coordinación social, en tanto

[…] como un símbolo e institución de unidad, desempeña un papel central, tanto por sus funciones para asignar recursos por medios de políticas sociales y redistributivas, como por la articulación de las demandas sociales. En la mayoría de los casos, la forma más eficaz de acción colectiva es directamente política (de movilizaciones). (Garretón et al., 2004, p. 25)

Asimismo, contiene una orientación a la industrialización por sustitución de importaciones, un cariz nacionalista y la conformación de actores en el terreno de la producción (el trabajo) y las mediaciones sindicales. En Argentina, a diferencia del caso chileno en el que se centra Garretón, la dictadura no desmanteló por completo la matriz (aunque inició el proceso) y fue Carlos Menem el que introdujo cambios sustantivos en el rol del Estado y sus mediaciones, consolidó un proceso de desindustrialización y una inserción subordinada en el proceso de globalización. En particular “en materia de relaciones de trabajo, cambiaron casi todas y cada una de las dimensiones que conformaban el sistema nacional de relaciones laborales” (Novick, 2001, p. 26). Por su parte, el desanclaje de orientaciones nacional-populares del peronismo por parte de Menem produjo un dilema identitario para aquellos sectores políticos y sindicales inscriptos en la matriz plebeya del peronismo ^[5] , la cual el mandatario abandonaba (Martuccelli y Svampa, 1997).

Los resultados económicos y político de los primeros años del gobierno fueron positivos a corto plazo, fundamentalmente por el efecto de control de la inflación que tuvo el plan de la Convertibilidad, que equiparaba por ley el peso argentino al dólar estadounidense (tabla 2).

Tabla 2 Tabla 2 PBI, inflación, pobreza, desempleo y desigualdad 1990-2002 Fuente: Cavallo y Bertolotto (2016) *

INDEC

Esta situación, expuesta en los indicadores de la tabla 2, fue el contexto de una primera fase de respuestas políticas de los actores constituidos. Si bien la tendencia del comportamiento del sindicalismo ante el gobierno de Carlos Menem fue mayormente adaptativa o de “supervivencia organizativa” (Murillo, 1997), algunos gremios particularmente afectados por las privatizaciones de las empresas públicas protagonizaron una fase de resistencia a la implementación de las reformas, como las huelgas ferroviarias de 1991 (Gordillo, 2004). Hacia 1992, un conjunto de sindicatos, fundamentalmente estatales (empleados públicos y docentes) convocaron al Congreso de los Trabajadores Argentinos que devendría en una nueva organización obrera: la Central de los Trabajadores Argentinos en 1996 (Armelino, 2012; Retamozo y Morris, 2015). Mientras, en el seno de la CGT se conformó una corriente más combativa —el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA)— que junto con la mencionada CTA protagonizaron algunos hechos de protestas mediante huelgas de alcance nacional como la desarrollada el 9 de noviembre de 1992 y luego acciones conjuntas como la “Marcha Federal” en julio de 1994 (Armelino, 2004).

Las primeras acciones, caracterizadas como estallidos o rebeliones, tuvieron epicentro en provincias como Santiago del Estero y Jujuy en las que las propias dinámicas de las conflictividades locales ingresaron en una nueva fase en el contexto instaurado por la administración de Carlos Menem. Acontecimientos como el Santiagazo en 1993 y el Jujeñazo en 1994 marcaron respuestas a la nueva situación socioeconómica que afectaron a las élites locales pero se mantuvieron relativamente aislados. El triunfo electoral de Carlos Menem en las elecciones de 1995 puede tomarse como una ratificación del rumbo y una muestra de las limitaciones de la protesta para producir cambios a escala nacional, aun en el marco del deterioro de las condiciones sociolaborales y de protestas obreras como la que en ese año le costó la vida a Víctor Choque en Tierra del Fuego.

Sin embargo, la crisis desatada como “efecto Tequila” alteró condiciones internacionales y tuvo un impacto en el funcionamiento del modelo económico. En 1996, con una desocupación en el 17,3% y un 39% de población en la pobreza (véase tabla 2) surgieron nuevas respuestas beligerantes, localizadas en provincias como Neuquén y Salta, que en contextos de puebladas, es decir, levantamientos localizados policlasistas y multisectorales (aunque con fuerte presencia de clase trabajadora) que forjaron un nuevo repertorio de acción: el piquete o corte de ruta ^{[6] . Las consecuencias de la crisis económica y la aceleración del desempleo como problema central configuraron un escenario para la aparición de colectivos de desempleados que se nuclearon en organizaciones asentadas sobre experiencias sindicales, territoriales y comunitarias (algunas de ellas eclesiales). La expansión del desempleo en la segunda mitad de los años noventa generó un contexto de oportunidades que fue aprovechado por desocupados gracias a las tramas organizativas (que autores como Melucci identifican como laboratorios e incubadoras de acción colectiva), un repertorio de acción (el piquete) y el acceso a recursos que funcionaron como incentivos (programas de transferencias de ingresos condicionados y transitorios) en el marco de elementos propios de la cultura de la protesta, ligada tanto a la práctica sindical como a la comunitaria (Auyero, 2002).}

La aparición de un sector de trabajadores que no podía ser representado por la CGT, en tanto no eran asalariados formales, y con dificultades para ser cobijados por la CTA que intentó representarlos mediante la afiliación directa y voluntaria, constituye el dato más significativo en el campo de la protesta del segundo lustro de los noventa. Sin embargo, esto no debe hacer perder la atención respecto a la conflictividad en el campo sindical en acciones defensivas (Iñigo Carreras y Cotarelo, 2003), ni tampoco en relación con otros campos de movilización como las luchas por los derechos humanos que, bajo la consigna de “verdad, memoria y justicia”, produjeron acciones colectivas que regeneraron el espacio público ^{[7] .}

Las condiciones de acción de los trabajadores organizados en sindicatos se vieron alteradas por la propia situación económica y la obturación de instituciones laborales que canalizaban la conflictividad en el ámbito laboral, como la anulación de las paritarias tripartitas. Las estrategias de las organizaciones sindicales, que Murillo llamó de subordinación y de supervivencia, funcionaron como diques de contención y desarticulación de la potencial conflictividad. Sin embargo, a partir de 1996 la beligerancia fue expresada por las centrales sindicales con huelgas generales como la del 8 de agosto y la del 26-27 de septiembre, ocasión en la que la CGT participó junto con el MTA y la CTA (Armelino, 2004).

La derrota del oficialismo en las elecciones de 1997 y los efectos incipientes de una recesión económica dinamizaron el conflicto en una fase de aceleración del ciclo de protestas que fue incorporando actores sindicales, jubilados y la consolidación del movimiento de trabajadores desocupados. En especial, los desocupados se arraigaron en sectores periféricos a los grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, otrora cordones industriales de desigual desarrollo. El movimiento de trabajadores albergó a un conjunto heterogéneo de organizaciones con diferentes orientaciones ideológicas (autonomistas, guevaristas, maoístas, peronistas, troskistas) que enarbolaban la demanda de “trabajo”. Este movimiento de movimientos se valió de la efectividad del piquete como repertorio de acción colectiva que le otorgó visibilidad y eficacia. Por su parte, en lo que concierne al movimiento obrero, la situación de 1997 muestra “la fractura y el creciente aislamiento, [que] hacen evidente que se ha entrado en un momento descendente del movimiento huelguístico. Al año siguiente no hubo huelgas generales” (Iñigo Carrera, 2001, p. 15), en un contexto en que el descontento parecía ser tramitado por la oposición política.

Los repertorios de acción colectiva, como muestran Schuster et al. (2006, también Schuster y Pereyra, 2001), evidenciaron una transformación en la década de los noventa. Especialmente, relevan la centralidad que adquirieron demandas y modos de acción en torno a demandas de matriz ciudadana y ampliación de derechos. Esto, en cierto modo, en detrimento de las acciones desplegadas por los actores clásicos, en particular los sindicatos en el periodo.

La asunción de la presidencia de Fernando De la Rúa, como resultado del triunfo de la Alianza Unión Cívica Radical (UCR)-Frente País Solidario (Frepaso) en las elecciones de 1999 prometía la continuidad del modelo económico, pero con erradicación de la corrupción ligada al gobierno de Carlos Menem. Esto es una evidencia de los límites en los alcances de la movilización social, que reclamaba un cambio de modelo hacia uno capaz de generar condiciones de respuesta a la principal demanda: el trabajo como vía de acceso a una ciudadanía social y política (Retamozo, 2009). No obstante, a poco de asumir, se pusieron en evidencia los límites del propio modelo de acumulación —tanto en su fase productiva como en la distributiva— y los indicadores sociales (pobreza y desocupación) continuaron mostrando el deterioro de las condiciones sociales (véase tabla 2). Los intentos por estabilizar variables macroeconómicas a partir de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) encontraron múltiples resistencias y escándalos de corrupción salpicaron al gobierno nacional y rompieron la coalición gobernante, lo cual terminó provocando la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez.

Ante el deterioro de la situación económica, se hicieron presentes en el ciclo de protesta con mayor fuerza y disrupción los movimientos de desocupados, movimientos estudiantiles, sindicatos del sector público enrolados en la CTA y los gremios nucleados en el MTA ^{[8] . La situación de dislocación hegemónica tuvo un momento de evidencia en las elecciones legislativas del 2001, que marcaron un récord de votos en blanco, ausentismo e impugnados voluntarios y puede considerarse el síntoma de la crisis de representación política. A su vez, las variables macroeconómicas indicaban claros indicios de agotamiento intrínseco del modo de acumulación bajo la convertibilidad (Bonnet, 2007). Las medidas implementadas por el ministro Domingo Cavallo, quien había ocupado la cartera de Economía en el gobierno de Carlos Menem, orientadas a restringir el acceso a cajas de ahorro dolarizadas en los bancos, desataron una ola de descontento de sectores medios que terminó, junto con la acción de movimientos de desocupados y la oposición política, por poner en jaque al gobierno. Fernando de la Rúa renunció el 20 de diciembre del 2001, luego de actos represivos de la protesta social que dejaron alrededor de cuarenta muertos.}

Las protestas de diciembre del 2001 aglutinaron a un conjunto heterogéneo de sectores con diversas demandas, fundamentalmente sectores medios alcanzados por la crisis social que se manifestaban mediante “cacerolazos”, los sectores desempleados que venían de experiencias de articulación a escala nacional y trabajadores formales, sobre todo del sector público, a los que se les había reducido un 13% el salario para enfrentar el déficit fiscal. En esos espacios de encuentros, la protesta cobró potencia y forma bajo consignas como “Que se vayan todos!”, o “¡Piquete y Cacerola, la lucha es una sola!”. El saldo organizativo de esas movilizaciones lo constituyeron las asambleas barriales o populares que funcionaron en los grandes centros urbanos como lugar de encuentro de sectores medios por fuera de las estructuras de participación de la democracia representativa (Falleti, 2008).

Luego de días de inestabilidad institucional por la renuncia de varios presidentes, Eduardo Duhalde asumió la presidencia y tomó la decisión de poner fin a la convertibilidad, que estipulaba la paridad por ley entre el peso argentino y el dólar estadounidense. El triunfo del sectores que proponían la salida de la convertibilidad vía la devaluación (frente los que proponían la dolarización directa de la economía), en el que participaban sectores sindicales, produjo un realineamiento de las élites gobernantes. Duhalde promovió la pesificación de deudas contraídas en dólares, lo que benefició a grupos empresariales, e implementó un programa de transferencia de ingresos condicionada, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que llegó a beneficiar a casi 2.000.000 de personas a mediados del año 2003 y significó el acceso a un ingreso a los hogares más pobres. Además, los recursos destinados a este programa llegaron a representar casi el 1% del Producto Bruto Interno (PBI), porcentaje que no se había registrado y monto muy superior a lo históricamente destinado a las políticas de empleo (Neffa, 2008). La medición de mayo del 2002 arrojó los peores indicadores históricos en materia social, con un 62% de pobreza y 17,8% de desocupación (véase tabla 2).

Un informe del Ministerio de Justicia, titulado “Conflictividad social en la República Argentina” y publicado en junio de 2002 por el diario Clarín, estima que en el periodo enero-mayo del 2002 en la zona metropolitana se produjeron 11.000 acciones de protesta donde participaron unas 650.000 personas. El 26 de junio de ese año, en una protesta en un acceso a la Capital Federal fueron asesinados dos jóvenes manifestantes (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán), lo que generó movilizaciones multisectoriales y el llamado a elecciones presidenciales para comienzos del año siguiente. Hacia finales del 2002, algunas variables macroeconómicas detuvieron su caída y el resultado de las elecciones del 2003 —en cuanto asistencia— fue un signo de confianza en cierta institucionalidad democrática, aunque no en referencia a los políticos profesionales.

La asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 marca la apertura de un nuevo ciclo político y la consolidación de un nuevo régimen social de acumulación, especialmente partir del 2005 (Panigo y Chena, 2011) y la reposición de la matriz estatal-nacional-popular ^{[9] . En el plano político, la construcción del incipiente “kirchnerismo” articuló alianzas con diferentes sectores políticos, a través de la llamada “transversalidad” (Torre, 2005), un vínculo con los movimientos sociales (Andriotti Romanin, 2014; Schuttenberg, 2011) y con la Confederación General del Trabajo (Funes, 2016; Murillo, 2013). La alianza con la central obrera terminó por consolidarse cuando Néstor Kirchner apoyó la candidatura al secretariado general del camionero Hugo Moyano en el 2005. En ese momento, el presidente Kirchner obtenía el 71% de aprobación, según los datos del Latinobarómetro. La salida del ministro de Economía fue la conclusión de una tensión sobre la performatividad de la política a la hora de revitalizar gramáticas de resolución de conflictos. Lavagna buscaba poner un límite al funcionamiento de la institucionalidad laboral que regula la negociación colectiva, para evitar aumentos de salarios por fuera de una pauta específica y que esto impacte en la inflación. La CGT enfrentó esta situación y el presidente Néstor Kirchner inclinó la balanza a favor de la central obrera para liberar la negociación colectiva al alza (Palomino y Trajtemberg, 2006). La expansión de la economía y la creación de puestos de empleo formales durante el gobierno de Néstor Kirchner produjeron una reactivación de los sindicatos como actores protagónicos del conflicto (Barattini, 2013).}

Figura 1

Nota: desde el primer trimestre del 2010 se emplea como definición operativa el criterio de “registro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT)”, principalmente para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologatoria. Ahora un registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colectivo.