Resumen
No se puede desconocer en la actualidad, que la primera y más importante contribución de la Constitución de 1991 ha sido la creación de una nueva jurisdicción judicial fuerte e independiente que hace contrapeso a los tradicionales poderes del Estado. Progresivamente se ha consolidado hasta su reconocimiento como uno de los pilares en la institucionalidad del país, circunstancia que le ha generado ciertos problemas de integración. Con su polémica jurisprudencia en materia de protección de derechos sociales, dicha institución judicial se ha convertido progresivamente en una verdadera jurisdicción social, lo que representa un cambio de mentalidad sin precedentes con respecto a la importancia de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Sin embargo, se platean dudas sobre su legitimidad institucional en materia económica, sobre todo, cuando sus sentencias establecen verdaderas políticas públicas, que implican grandes erogaciones presupuestales para el Estado, en las que los economistas y una amplia corriente doctrinal no parecen estar muy de acuerdo.