Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) están provocando importantes transformaciones en la forma de socializar de individuos y grupos. En el actual ecosistema informativo y comunicativo, los sujetos pueden crear versiones alternativas de la realidad, reescribir la Historia y gestionar el conocimiento, construir identidades imaginarias o distintas versiones del yo, reinventar el tiempo y la memoria o dar voz a los silenciados y convertir a individuos anónimos en personajes famosos o líderes de opinión.

Pero también, en este nuevo entorno digital, colectivos y actores sociales pueden deliberar, organizarse, votar y tomar decisiones de manera instantánea, adquirir notoriedad y ocupar las agendas públicas, trascender fronteras sin salir de casa, informar de manera alternativa al margen de los grandes medios, llevar un registro detallado y público de su actividad o expresar su desconecto de manera anónima y viral, por ejemplo. Todas estas y muchas otras prácticas dan buena cuenta de que la forma tradicional de hacer política está siendo transformada bajo el influjo de las NTIC.

Desde las formas de gobernanza y el e-gobierno, el activismo y las movilizaciones sociales hasta la participación ciudadana y el desarrollo local, hoy en día se puede afirmar que las NTIC están cambiando la política (Chadwick, 2013; Cotarelo y Crespo, 2012) y la democracia misma (Hacker y Van Dijk: 2000; Hagen, 2000; Pal, 1997; Subirats, 2002).

Sin entrar en el debate entre tecnopesimistas (Gladwell, 2010; McChesney, 2013; Morozov, 2009; Thompson, 1998) y tecnoutópicos (De Sola Pool, 1983; Negroponte, 1995; Rheingold, 1996; Shirky, 2011) y sin catalogar el mundo digital como bueno, malo o feo (Sarver Coombs y Collister, 2015), se pude afirmar, sin duda, que las NTIC fomentan un nuevo ecosistema informativo donde la democracia se encuentra liberada de las tradicionales coordenadas espacio-temporales. Por ejemplo, en la actual ciberdemocracia, la escala de la contienda (Tarrow, 2010) puede pasar de manera instantánea de lo local a lo transnacional y convertirse en universal. Se trata de un ecosistema en el que emergen nuevas formas de ciudadanía digital y nuevas prácticas sobre las que es preciso profundizar.

Este artículo presenta una propuesta teórico-metodológica para el análisis del uso y apropiación de las NTIC por parte de la ciudadanía, en la ciudad-red, desde una perspectiva ecológica y crítica. En primer lugar, se reflexiona acerca de las insuficiencias teórico-conceptuales y de los retos que plantean las NTIC sobre la ciudad, la ciudadanía, la participación y el desarrollo de una democracia participativa. En segundo lugar, se analiza el rol de los telecentros como servicios públicos para el desarrollo local, analizando su concepto, modelo organizativo, elementos básicos, funciones, servicios y usuarios. En tercer lugar, se plantean líneas de acción –considerando grupos-objetivo, fases, objetivos y competencias– para desarrollar políticas públicas por parte de las autoridades locales y el tercer sector, prestando especial atención al rol de los telecentros como motores de cambio social y desarrollo local.

El horizonte de lo local se encuentra amplificado en la red y ya no puede anclarse en la lógica de la organización social tradicional: la de los lugares y territorios inmediatos. La ciudad, entendida como entidad política en la cual emergieron las civilizaciones conocidas, vive hoy subyugada y convertida en un subproducto –las megalópolis modernas– consecuencia del “capitalismo salvaje que impera sin obstáculos en la economía de mercado” (Duch, 2015, p. 467).

Hoy, en el espacio de las ciudades de los flujos (Donzelot, 1999; Manovich, 2005; Mongin, 2006; Scolari, 2008) o ciudades-red (Duch, 2015) se abren nuevas posibilidades e importantes retos a la hora de gestionar lógicas como el sobrecrecimiento, la simultaneidad, la fragmentación, la atemporalidad y la sobreaceleración (Bauman, 2004; Harvey, 1998; Koselleck, 2003; Lyotard, 1979).

En la ciudad del siglo xxi, las prácticas sociales disocian la experiencia del espacio físico, haciendo posible la simultaneidad virtual y el espacio fragmentado atemporal. Especialmente, en las últimas décadas, ha comenzado un proceso de transformación del territorio en torno a las redes tecnomediáticas y comunicativas que están reorganizando las bases de articulación de las ciudades y megalópolis modernas, trascendiendo las formas históricas conocidas de organización del hábitat, y que dan cuenta de profundos cambios en la civilización (Duch, 2015). La reformulación informacional de lo urbano plantea, a este respecto, significativos interrogantes sobre las lógicas de planificación y gestión de la comunicación en las políticas de ordenación del territorio aún poco exploradas desde la comunicología. Pero sobre todo, se pone de manifiesto un problema ideológico fundamental que es el de la legitimación y fundamentación del contrato social propio de las polis modernas. Justamente, el ciberespacio introduce nuevos hábitos e interacciones en lo que respecta a las formas de convivir, de configurar la esfera pública y de relacionarse con la política.

Como bien señala Javier Echevarría (2005), los problemas técnicos de acceso, circulación o transmisión –rápida y segura– de la información a través de Internet son importantes, pero resulta mucho más urgente reflexionar sobre la conformación de la red como nuevo espacio ciudadano. Es más, disponer y dar forma a la nueva ciudad-red (Duch, 2015) o telépolis (Echeverría, 2005) constituye uno de los principales retos que debe afrontar la agenda de investigación en comunicación.

Dado que en el marco de la ciudad –en la corresidencia, si utilizamos la acepción de Lluís Duch (2015)– es donde se desenvuelven las distintas facetas de la vida cotidiana de los individuos y grupos, resulta preciso cuestionar la configuración de la ciudadanía, entendida como “el resultado o la consecuencia de procesos de integración de un individuo en un grupo social urbano, el cual actúa de acuerdo con las ordenaciones jurídicas que allí tienen vigencia” (Duch, 2015, p. 476).

En el momento presente, el concepto de ciudadano –que implica compartir lo común y lo público con el resto de conciudadanos– está desvitalizado (Bárcena, 1997) a causa de la primacía de lo privado y el declive de lo público (Sennett, 1978). La ruptura de los límites internos y externos de la ciudad y de los territorios, la integración y confusión de los ámbitos público y privado, tradicionalmente concebidos en el discurso y en la comunicación política moderna por separado, no solo apunta nuevas pautas culturales de organización y sociabilidad humanas, sino también, a través de las diversas formas electrónicas de interacción e intercambio de información, a la constitución de un espacio de identidad y participación política diferente.

Ahora bien, es preciso erigir una comunidad ecológica (Bookchin, 1980), que permita tejer una dialéctica entre los intereses y objetivos particulares y los comunes y colectivos. Y, sobre todo, promover pautas de acción que ejerzan resistencia ante las agresiones del neoliberalismo imperante y sus consecuentes lacras: sobrecrecimiento, polución, destrucción de la naturaleza, desertización, aglomeración, exclusión, marginación, podredumbre, gentrificación, museización, guetificación, hiperconsumismo, privatización de los derechos básicos (educación, sanidad, etc.), por citar solo unas pocas. Y, sobre todo, como ha advertido Lluís Duch en su Antropología de la Ciudad:

La gran tarea del momento presente consiste en reinventar y restablecer en nuestro espacio y en nuestro tiempo (en nuestras ciudades) la ciudadanía o, tal vez aún mejor, la con-ciudadanía, que es, además de otras muchas cosas, una terapia, una praxis –siempre provisional y coyuntural– de dominación de la contingencia. (Duch, 2015, pp. 479-480)

Ahora bien, la cultura de la navegación en Internet, de las migraciones y mediaciones culturales hibridadas y descentradas, polivalentes y diversas, está transgrediendo definitivamente las leyes culturales de la proxemia, del territorio y las fronteras, de los modos de identificación de lo propio y lo ajeno, de lo cosmopolita y lo local, para ir instaurando una lógica transversal y constructiva de producción de las diferencias culturales, en función de una nueva forma de organización espaciotemporal de la experiencia. Aquí es donde hay que reclamar que se asuman como principios básicos la interculturalidad, el reconocimiento del otro, la alteridad como identidad y, asimismo, la asunción de una cultura del diálogo. Ello supone, desde luego, un cambio cultural sin precedentes que puede incidir de forma sustancial en la ciudadanía y en la convivencia armónica y cívica.

Reflexionar acerca de las aportaciones que las NTIC pueden provocar sobre la ciudadanía, la democracia y el desarrollo local exige modificar el punto de vista y las estrategias de análisis convencionales. Es preciso cuestionar los métodos y técnicas de investigación, integrar disciplinas y perspectivas de estudio y, sobre todo, cambiar la mirada desde la que se investiga la comunicación. Los entornos complejos como el ciberespacio y las redes tecnológicas –tal y como ha indicado Francisco Sierra Caballero– demandan una investigación crítica reflexiva y un nuevo marco teórico capaz de describir y comprender las condiciones técnicas del mundo electrónico posmoderno desde una aproximación endógena y generativa (Sierra Caballero, 2005).

Justamente, investigar la cibercultura exige abordajes más creativos y ecológicos (Bookchin, 1980; Romano, 2004; Scolari, 2015) que permitan entender la comunicación como un organismo vivo inmerso en un espacio de flujos sobreacelerados (Agger, 2004; Gane, 2006) por las dinámicas del capitalismo cognitivo (Blondeau et al., 2004; Sierra Caballero, 2016).

Como advierte Paolo Vidali (1995), la virtualidad de la nueva cultura mediática pone en juego no solo la reivindicación de lo singular de toda experiencia, sino la potenciación y extensión de los sentidos recuperadores de la imaginación como medio productivo y creador de conocimiento (Bettetini y Colombo, 1995; Cassirer, 1963; Durand, 1971), fundamental en la comprensión de la cultura mediática (Duch y Chillón, 2012).

El cambio de paradigma comunicológico producido, en parte por la hiperpresencia de las NTIC en todos los ámbitos de socialización, fomenta nuevos procesos de mediación informativa. Aquí aparece el entorno urbano como un espacio plural, constructivo y contradictorio, en el que es posible y necesario tejer el encuentro, el diálogo y fomentar vínculos sociales armónicos y positivos capaces de incorporar el mestizaje propio de nuestra época (Gruzinski, 1999).

A este respecto, es preciso apostar por una investigación/acción generativa que contribuya a desarrollar procesos colectivos de apropiación de las tecnologías y saberes comunicacionales, ampliando la cultura de información vigente mediante una concepción comunicativa dialógica, emancipadora y productiva de la cibercultura. Sería fundamental comenzar a preguntarse cómo se articula la red, qué niveles de análisis y de qué modo se pueden comprender los procesos comunicativos a través de nuevas dinámicas, más allá de la polarización entre el individuo y la red global. Y definir al mismo tiempo una nueva política de la representación, pues, como advierte Frederic Jameson (1991), no hay proyecto de investigación sin racionalidad social e histórica, ni intervención cultural sin proyecto político.

De hecho, dotar de herramientas accesibles a la población para cubrir una demanda de consumo o conexión a la red digital –una de las líneas de acción de la Unión Europa– es una estrategia pobre y escasa, si nuestro objetivo es incrementar el desarrollo local y construir una ciudadanía activa y participativa (Sierra Caballero, Leetoy y Gravante, 2019). Si la Comisión Europea y los Gobiernos de la Unión se rigen por la lógica de mercado a la hora de planificar y controlar los nuevos espacios de interacción digital, y atienden al modelo regulador y de mediación de los medios convencionales (prensa, radio, televisión) a la hora de planificar, se está excluyendo y marginando –una vez más– el potencial creativo que las NTIC tienen sobre el ejercicio de la ciudadanía y la organización del tejido social.

Justamente, por ello, es importante poner de manifiesto la necesidad de crear infraestructuras que potencien la participación digital, como estrategia que permite el empoderamiento del Tercer Sector y la ciudadanía, y apostar por una comunicación no burocratizada, ni mercantilizada, que permita el desarrollo de la creatividad social (Villasante, 2002) y de una ecología de la libertad (Bookchin, 1980). Mediante la investigación-acción, concretamente, es posible impulsar una comunicación de las organizaciones no gubernamentales y los sectores tradicionalmente marginados del proceso de modernización tecnológica y así reconstruir los espacios comunitarios, fomentar la participación y el encuentro, el diálogo y la cooperación. Solo así, será posible restablecer el mundo común, compartido y público (Bárcena, 1997), necesario para el ejercicio de la ciudadanía y la vida pública saludable y responsable (Duch, 2015), fortaleciendo la democracia y la gobernabilidad.

La cultura-red da cuenta de nuevas lógicas en la configuración de las ecologías urbanas y la comunicación participativa. En el ciberespacio la extensión de redes telemáticas, la promoción de grupos autónomos de intervención y el diseño de proyectos comunitarios a partir del lenguaje de los vínculos deben ser la base de cooperación productiva para construir una comunicación local democrática. Para ello, es necesario tener en consideración tres formas estratégicas de comunicación alternativa, como han indicado Sierra Caballero y Moreno (2011): en primer lugar, la reflexividad colectiva y liberadora sobre las prácticas de comunicación, a saber, la posibilidad de que colectivos y comunidades se comuniquen de manera activa y creativa, sin censuras, límites ni oposiciones; en segundo, la cultura dialógica de construcción del consenso, gracias a la cual es posible construir el verdadero conocimiento, basado en la pluralidad y la transparencia y, en tercero, el reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia (Sierra Caballero y Moreno, 2011), evitando lógicas de exclusión o “guetificación”.

Es más, una política de comunicación enfocada en el desarrollo de un buen concepto de ciudadanía digital activa y participativa que promueva el desarrollo social, debiera asentarse sobre la base de los siguientes principios, tal y como han enumerado los investigadores: 1) consenso e integración de los diferentes actores sociales en la discusión del modelo organizativo de comunicación pública; 2) garantía en la cobertura y acceso de todos los usuarios a la comunicación; 3) igualdad en la participación pública del sistema cultural organizado por las industrias de la comunicación; 4) pluralismo real en la estructura de la información local y 5) promoción del uso creativo y crítico de los medios, a partir de una pedagogía de la comunicación transformadora (Sierra Caballero y Moreno, 2011).

Así, la relación entre las NTIC y política debe ser pensada como un eje de acción o vínculo estratégico que permite mejorar la democracia, aumentar la participación y su calidad, impulsar una ciudadanía saludable y responsable y fomentar una gobernabilidad local, transparente y una “sociedad decente”, si utilizamos el calificativo de Avishai Margalit. A saber, una sociedad que reconoce a todos sus ciudadanos sin exclusiones de raza, sexo o confesión (Margalit, 1997, p. 15).

Adoptando una mirada ecológica (Bookchin, 1980) se pretende fomentar un espacio público local que aumente la participación y el pluralismo y esté basado en la confianza, el compromiso con la comunidad y la buena convivencia. Las NTIC pueden ayudar a abrir o consolidar estos espacios en la ciudad. Por ejemplo, se podrían incluir proyectos en barrios descentralizados, donde la comunicación se vincule de forma directa al desarrollo local, apostando por la transversalidad y observando posibilidades de co-determinación, proyección, autogobierno y cambio social.

De acuerdo a esta filosofía, las políticas de comunicación que incorporan a los nuevos medios digitales deben sustentarse en un plan de trabajo y de investigación/acción participativa que posibilite una intervención en red, con otras ciudades, experiencias y programas de trabajo nacionales e internacionales, tratando en todo momento de pensar los macroprocesos de configuración de la sociedad global de la información, con las dinámicas locales, próximas y concretas de los ciudadanos, en línea con proyectos marco estratégicos que permitan dinamizar y diversificar las formas de acceso, participación y decisión de los vecinos en el ámbito local.

Así mismo, desde un punto de vista metodológico, sería preciso promover tres objetivos estratégicos de intervención: primero, promocionar una nueva cultura del ocio participativa y democrática; segundo, generar contenidos electrónicos en la red, plurales y diversos y, tercero, integrar y cooperar con colectivos marginados o en dificultad.

Las NTIC introducen modificaciones sustanciales en las formas de organización, en las estrategias de intervención y cooperación social, condicionando indirectamente las formas de participación, movilización e influencia de la ciudadanía en la política (Sierra Caballero y Morero, 2011). Algunos investigadores han manifestado que toda tecnología provoca un factor disruptivo en la medida en que modifica, transforma y produce un desplazamiento del objeto pero también del sujeto “que la hace funcionar y que realiza a través de ella nuevas capacidades” (Guattari, 2004, p. 30). Justamente, estas tecnologías promueven la autonomía y facilitan la organización social en tanto “permiten dinamizar y flexibilizar los cauces de la representación política, que habían mantenido una rígida estructura anclada en el modelo decimonónico en el que comenzó el ejercicio del sufragio universal” (Pérez Luño, 2004, p. 61).

En este contexto, redes como los telecentros expanden y, paradójicamente, “contraen el espacio público de interlocución y diálogo, favoreciendo experiencias cosmopolitas de apertura y el reconocimiento comunitario de la ciudadanía con las que se conforman las redes sociales en función de nuevas reglas de operatividad y conexión local” (Sierra Caballero y Moreno, 2011, p. 222). Estas redes pueden modificar las culturas autóctonas así como el concepto de ciudadanía, en tanto modifican las fronteras entre lo público y lo privado. Además, plantean, como han sugerido Sierra Caballero y Moreno (2011):

[…] un reto en la organización de las ciudades, que deben ampliar sus capacidades de dinamización sociocultural y atender eficazmente la resolución de demandas ciudadanas de información pública. La descentralización de las políticas de información y comunicación es en este punto una tarea estratégica en un escenario de crisis del Estado-nación y de emergencia de actores globales que han renovado el protagonismo de los municipios y entidades locales y el papel regulador de la administración pública local. (p. 223)

Es aquí donde las administraciones y el Gobierno –cada vez más mediados por la tecnología– deben primar la construcción de una administración pública, transparente, eficaz y equitativa. Pero, sobre todo, la administración debe promover formas horizontales de gestión y participación de la ciudadanía. Esto es particularmente relevante a nivel local, dado que los municipios requieren, desde el punto de vista del desarrollo, un sistema de medios plural y democrático. En definitiva, las NTIC permiten a las “multitudes inteligentes” (Rheingold, 1996) participar de una forma diferente, establecer formas nuevas de acción colectiva de tipo descentralizado y construir colectivamente el conocimiento (Gerbaudo, 2012).

En la polis griega, el ciudadano era el protagonista y responsable de la buena marcha de los asuntos públicos (Duch, 2015). Actualmente, en la ciudad-red, el ciudadano –aunque relegado a un segundo plano, apático y desconfiado– sigue siendo una figura fundamental en el desarrollo la vida pública (Bárcena, 1997; Cortina, 1997; Margalit, 1997), una figura esencial, que puede ejercer resistencia ante el neoliberalismo imperante y el capitalismo salvaje que reduce al ciudadano a un mero consumidor. Por ello, es preciso reivindicar una ciudadanía activa y participativa, cooperativa, dialógica comunitaria y solidaria.

El cómo apropiar la tecnología, por parte de la ciudadanía, y el cómo regularla, gestionarla y planificarla, por parte de las autoridades, es un desafío comunicológico que toda política pública de comunicación debe abordar con miras al desarrollo local y el incremento de la democracia participativa. En el actual entorno hipermediatizado, la interacción electrónica y las NTIC están en la base de las relaciones sociales y políticas, así como en el quehacer cotidiano de las instituciones y las autoridades locales. Por ello, es justo y necesario crear espacios donde poder comunicarse de manera cooperativa, abierta, dialógica y transparente, garantizar un gobierno electrónico al alcance de los ciudadanos y tejer redes comunitarias que permitan a los ciudadanos interactuar de manera saludable.

Entre los retos que plantea el vínculo entre tecnología, ciudadanía y democracia participativa se encuentran, sin duda, la rehabilitación de la función pedagógica y ecológica de la ciudad, como entorno que acoge a los ciudadanos –sin exclusión de ninguno de ellos–, el fomento de la solidaridad –especialmente con aquellos más necesitados– y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la política y los asuntos comunes –motor del cambio social y de la convivencia–.

Con tal fin, se plantea hacer frente a las insuficiencias teórico-conceptuales y metodológicas de la investigación en materia de políticas de comunicación, gobierno electrónico y apropiación de las NTIC por parte de la ciudadanía, fomentando una “lógica de los vínculos y una visión de la comunicación y la organización social constructiva y compleja” (Sierra Caballero y Moreno, 2011, p. 230). En este contexto, las plataformas digitales ciudadanas o telecentros son una oportunidad y una herramienta de cambio social que favorecen, sin duda, el desarrollo cívico, y que recuerdan a las formas de asociación comunitaria de las ciudades tradicionales en las que el ciudadano –como ha descrito Murray Bookchin (1980)– se dedicaba de manera altruista y responsable a la ciudad y se ponía a disposición del interés público.