Este artículo de investigación propone que la doctrina de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia colombiana, es una de las rutas jurídicas más adecuadas para establecer el nexo entre personas jurídicas privadas y violaciones de derechos humanos en el país. El documento, construido a través de un análisis de la normatividad y doctrina nacional e internacional en la materia, constata que la inexistencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia es un serio obstáculo para develar la contribución de estas estructuras societarias al conflicto armado. Por esa razón, explora otros caminos jurídicos que no impliquen una reforma legal estructural, sino el uso de instituciones ya vigentes, como la de actividades peligrosas, que permitan dar un trámite adecuado a las demandas de reparación del daño causado por estas entidades.