El conflicto colombiano —el más antiguo de América— ha sido la causa determinante de la salida del país de miles de personas que se han visto afectadas en una u otra forma por el mismo. Aunque las mayores víctimas han sido los habitantes de las zonas rurales que a causa de la violencia han dejado tierras, cultivos, animales, fincas y pueblos para integrar los ejércitos de desplazados por todo el país, la población urbana también lo ha sentido.
No son pocos los políticos, estudiantes, profesores, abogados, ganaderos, industriales, comerciantes, sindicalistas, amas de casa, ancianos y niños que en carne propia han visto cómo se deterioran sus condiciones de vida, cuando se convierten en víctimas de persecución o de amenazas por parte de alguno de los grupos armados en conflicto. Cuando la situación se torna insostenible, muchos de ellos al igual que sus compatriotas del campo, se ven forzados a
trasladarse a otros sitios y/o a pedir protección fuera del país.
Este artículo examina desde un punto de vista socio-jurídico, algunas medidas de protección que contemplan tanto la legislación internacional como la legislación interna y la jurisprudencia norteamericanas, hacia situaciones de indefensión como la que sufren muchos migrantes forzados colombianos que huyen hacia los Estados Unidos de América.

Se analizan las figuras del refugio, el asilo; la suspensión de la remoción y sus procedimientos pertinentes, desde la óptica de las normas legales aplicables a casos concretos y desde los lineamientos de la jurisprudencia. Se hace énfasis en los límites de aplicabilidad de dichas regulaciones, dentro de la realidad sociopolítica norteamericana en la era pos 11 de septiembre.