Introducción

Conservar lo que se valora y valorar lo que se conoce es la premisa que sustenta la protección del patrimonio construido como noción social de apropiación. Esta igualmente se basa en la identificación e interpretación de las particularidades del objeto, que son a su vez el referente de la memoria colectiva. La historia, como una ineludible herramienta para ello, es la base para establecer el qué y el cómo de ese patrimonio; asegura la reconstrucción de los fragmentos únicos, específicos del inmueble y de su contexto, que se encuentran plasmados en la materialidad del bien cultural, y que son los que permiten entenderlo en sus diversas dimensiones.

Al intervenir sobre lo construido, ese conocimiento resulta fundamental para valorar los hallazgos que se hacen en el sitio, durante el estudio e interpretación física de los inmuebles. Esto solo puede ser sustentado por la identificación de los elementos particulares y locales, que permiten entender las razones de cómo es y cómo está hoy la edificación. Sin ello, una intervención puede afectar el patrimonio y favorecer la pérdida de valiosos elementos irrecuperables, al no reconocer elementos que son únicos y que, aunque no encuentran siempre relación directa con los referentes foráneos o demasiado generales, son evidencia de fenómenos locales que además se encuentran en relación con el valor que le atribuye cada sociedad a partir de su propia realidad.

Reconocer esas particularidades locales se torna cada vez más importante, al tratar de escapar de una globalización del pensamiento y de la mirada homogénea, que en últimas busca hacer equiparable aquello que por naturaleza es incomparable, o de nivelar aquello que vale más cuando se hace evidente la diferencia. Un ejemplo de lo anterior es el origen del estudio y valoración del patrimonio cultural inmueble en Colombia, con los trabajos que se centraron en un principio más en lo estilístico, formal y simbólico, en los cuales el patrimonio local es contrastado casi que exclusivamente con otros lugares del continente o España, en donde es frecuente encontrar cómo se privilegia el estudio de casos monumentales como México o Perú, por encima de lo precaria que pudo parecer en ese momento la sencilla arquitectura del territorio nacional. Adoptar una mirada global, guiada por la historia sin involucrar los fenómenos locales, también conduce a obviar aquello que justamente constituye el valor del objeto estudiado en su contexto inmediato. Aunque en primera instancia esta es la aproximación lógica de fases iniciales, el no lograr profundizar la mirada puede contribuir a desconocer el porqué de conservar ese patrimonio, a falsear la historia y por ende a eliminar aquello que alimenta la memoria.

Este fue el punto de partida para el estudio de un caso profusamente trabajado que ilustra lo anterior, el de las iglesias de pueblos de indios del Altiplano Cundiboyacense. Varios autores en la construcción de una historia del arte y la arquitectura iberoamericana se aproximaron a ellas con una marcada mirada peninsular, centrada en lo estilístico, formal y artístico ¹ . Es en la década del 60 del siglo XX cuando surge el interés local de Carlos Arbeláez Camacho en esta línea, al identificar varias manifestaciones arquitectónicas coloniales y hacer referencia a sus particularidades locales, frente a una aparente unidad conceptual con el resto del continente. Su trabajo destaca justamente el valor de la sencillez y la sobriedad de un caso tan especial como estas iglesias, sin alejarse de la línea historiográfica anterior como base de la valoración; formulando una descripción general y una clasificación preliminar que sería la primera realizada localmente (Martínez Delgado, 1970). Sus publicaciones son las primeras fuentes bibliográficas locales que se han encontrado sobre este conjunto, en donde se destaca su trabajo con Santiago Sebastián para los años setenta, en el cual se definen preliminarmente categorías a partir de criterios puramente formales. A ellos les siguen otros que profundizan la mirada, al comenzar a contextualizar este conjunto en la historia colombiana más allá de los aspectos formales y estilísticos, pero buscando aún las coincidencias con los modelos foráneos ² . Por otra parte, aun tratándose de un objeto de estudio frecuente, la homogeneización del conjunto sigue siendo una constante al basarse principalmente en la unidad formal de estas edificaciones, lo que ha llevado a su alteración durante las intervenciones o a desconocer elementos valiosos que le son propios.

Esta investigación, que parte de estudios preexistentes basados en los aspectos esencialmente formales y estéticos, buscó interpretarlas justamente a partir de sus particularidades aportadas por el contexto y el valor ligado a estas como soluciones espacio temporales únicas (Chica Segovia, 2015, p. 64), indagando más profundamente acerca de las manifestaciones locales de su materialidad, las variaciones de una región a otra y sus aplicaciones en función de condiciones individuales, las modificaciones, nuevas propuestas y formas de hacer arquitectura, tipos, modelos y posibilidades de innovación. Esto condujo a comprender las relaciones y condiciones singulares establecidas con el territorio en el Nuevo Reino de Granada, más allá de las influencias foráneas peninsulares, de donde surgieron nuevos problemas y formas de resolver cada situación, que conciliaban lo disponible con lo pretendido por el español, lo cual favoreció el surgimiento de una arquitectura sencilla pero única.

Un punto de especial interés fue su evolución arquitectónica, pues en la historiografía aparecen como conjunto casi indistinto, pero la diversidad es bastante amplia cuando se superan los aspectos estéticos y tipológicos, por lo que se adopta una perspectiva histórico-tecnológica desde la realidad construida y no desde el deber ser, que es como se ha venido afrontando el tema. La base del estudio fueron las trazas (diseños arquitectónicos) y las condiciones (especificaciones técnicas de ejecución y contratación) desde el siglo XVI, la evolución que tuvieron en el XVII y las modificaciones en virtud de las transformaciones de la sociedad hasta el XIX.

Se estudiaron algo más de 300 casos ubicados principalmente en el actual territorio de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, entre aquellas que fueron demolidas, las que están en ruina y las que permanecen en uso, en donde estas últimas fueron una muy pequeña muestra de un importante número de construcciones realizadas en el periodo abordado. La indagación en los archivos General de la Nación, Regional de Boyacá y los parroquiales, junto con la confrontación en sitio, permitieron reconocer un proceso de larga duración de apropiación y organización del territorio, así como la evolución del adoctrinamiento entre lo misional, lo doctrinal y posteriormente la práctica religiosa, que daba cuenta del contexto de su origen, evolución y las razones de su aparente sencillez. Esto evidenció qué tan diferente es la mirada detallada con respecto a la general y cuánto difiere el estudio desde la óptica peninsular con respecto a la local; por último, cuán necesaria resulta esa historia local que reconoce las particularidades con respecto a los orígenes foráneos y su aporte tanto a la protección del patrimonio como a la construcción de la memoria propia del lugar.

Las etapas sugeridas no tienen límites estrictamente definidos, pero agrupan y categorizan los casos analizados, y esbozan periodos caracterizados por diferentes maneras de aproximarse a un mismo problema tipológico desde las condiciones locales. Abarcan desde las respuestas más básicas, hasta la introducción de un tipo único elaborado a mediados del siglo XVI, y el surgimiento de diversos modelos, en donde se verifica la consecuencia práctica de la injerencia de los diferentes actores entre los que se cuentan oidores visitadores, artesanos, curas y encomenderos, con el fin de comprender que más allá del sencillo modelo que se asume hoy de estas iglesias, existieron y existen múltiples manifestaciones arquitectónicas, formal y materialmente hablando, incluso desde el punto de vista espacial. Evidentemente hay una gran diferencia entre lo documentado desde el anhelo de la ejecución, con respecto al verdadero resultado que tuvo el proceso, justamente por las desavenencias, obstáculos y decisiones que localmente tuvieron lugar, de donde surgen las mayores razones para valorar estas edificaciones desde su comprensión histórica, única capaz de dar cuenta de aquello no evidente hoy o ya desaparecido.

Primera etapa de mitad del siglo XVI: la ramada “casa para iglesia”

En la mitad del siglo XVI el proceso de poblamiento de los indios en el Nuevo Reino de Granada era casi invisible, pues estos seguían “desparramados”, congregados y evangelizados en sus lugares por un cura en el mejor de los casos, o por una persona “inteligente” que les enseñaba la doctrina, en una ramada sin condiciones específicas. Una construcción en bahareque, o como lo especificaban las leyes de Burgos en 1512, una “casa para iglesia” sería suficiente, así mismo para las estancias donde había indios (Leyes de Burgos, 1512). Algo similar se reforzaría en la primera Junta Apostólica de México de 1524 (González, 1855, p. 15), y se precisaría solo hasta la Congregación de México de 1546, en la que se mandaba “juntar los indios en pueblos”, con una iglesia cada uno o varios de ellos (Archivo General de la Nación, 1546).

Las disposiciones acerca de la construcción de las iglesias del primer Concilio de Lima (1551) se contextualizarían poco a poco a nivel regional. En el Nuevo Reino de Granada se reforzaría esto con la llegada de Fray Juan de los Barrios a ejercer como obispo de Santa Marta en febrero de 1553 (Mantilla, 1984, p. 55), apoyado por la corona para frenar los abusos de los encomenderos (Archivo General de la Nación, 1554, 10 de mayo). Como lo describía el mismo de los Barrios, las pocas iglesias que había eran pajizas, incluida allí la catedral en Santa Marta (Romero, 1960, p. 43) y la iglesia en Santa Fe (Romero, 1960, pp. 53-55). No era diferente el caso de los demás lugares del territorio, y en especial en los repartimientos de indios, pues ni siquiera los cinco pertenecientes a la corona real en términos de Santa Fe tenían iglesia, mucho menos la tenían los cincuenta de los particulares (Romero, 1960, p. 53). Las primeras trazas han debido surgir entonces con la llegada de los encomenderos a sus lugares asignados, en las cuales pudieron haberse valido del conocimiento de lo que era una iglesia y de la mano de obra de los indios, para atender el mandato de hacer una casa para iglesia; de allí que muchas de las construcciones hechas por los encomenderos se consideraron temporales: “mientras se hacía una de obra perpetua”.

Con ello lograrían, si acaso, la existencia de una ramada (figura 1), lo que caraterizaba la fase misional; de estas no se hallaron referencias precisas, y lo alusivo al respecto es la inexistencia de iglesia, e incluso de doctrina. Sin embargo, no puede descartarse su existencia, pues a pesar de que la parquedad de los documentos de visitas de aquel periodo no permite definir con claridad su presencia, no puede generalizarse bajo el rótulo de la desobediencia de los encomenderos la situación de un cuarto de siglo, lo que hace necesario profundizar para caracterizar la materialidad en aquel momento, donde están las respuestas para la valoración de la materialidad prehispánica. Por su parte, en los pueblos de la corona real comenzaron a construirse algunas de estas casas, de las cuales se reportaba su mal estado en la siguiente etapa ³ .

Segunda etapa de la mitad del siglo XVI a 1579: de la “casa para iglesia” a la iglesia temporal “lo mejor que se pueda”

En la segunda etapa de evangelización de los naturales se dictaron órdenes más directas y específicas sobre la doctrina, donde se volvió fundamental pasar de la inexistencia de un espacio o de la ramada o casa, a la iglesia “decente y suficiente”, lo que obligó a los encomenderos a construir una iglesia para los indios a cargo. Los esfuerzos civiles y eclesiásticos se formalizarían en las disposiciones sinodales de Santa Fe en 1556, y las Instrucciones de Tomás López emitidas para las provincias de Santa Fe (Archivo General de la Nación, 1559a), Tunja, Tocaima (Archivo General de la Nación, 1559b) y Pamplona (Otero d’Costa, 1950, p. 305) en 1559, en las que se daban las ordenes a los visitadores para hacer iglesias “suficientes”, y en principio “de la obra más perpetua que por ahora se pudiere”, ubicada en el canto de la plaza con el altar hacia el oriente.

El arzobispo de los Barrios y el oidor López, comprometidos en transformar la penosa perspectiva, promoverían la construcción de iglesias y la mejora de las existentes, teniendo en cuenta que muchas de ellas no se habrían construido, y las que sí, no tendrían más premisas que la suficiencia y los medios disponibles. Esta sería la primera etapa de adoctrinamiento, que buscaba dejar la fase misional, y sería la primera de las trazas oficiales y formales para las iglesias en el Altiplano Cundiboyacense, de cuyos resultados no se hallan muchos registros, aunque el panorama apunta a las más diversas trazas y condiciones.

Por lo que se describe, estaban construidas de bahareque y cubiertas de paja, y muy pocas en tapia cubiertas también de paja; eran cortas, bajas, poco iluminadas, con los elementos básicos como campana, imágenes, altar, pila de agua bendita y de bautismo (a veces en una molla o gacha de barro) y puerta con o sin cerradura. El tamaño sería propuesto seguramente por el artesano y acordado con el encomendero, cuando decidieron contar con la asistencia de aquel y hacer una iglesia de “tapia” ⁴ . Pero el caso más frecuente era que los indios construyeran las iglesias por orden del encomendero, con sus sistemas y materiales propios, es decir el bahareque y la paja, y con las proporciones que seguramente asimilaban el modelo dado por aquel, de una planta salón que no sería otra que la basilical. Todo ello sería la solución inicial a una necesidad expresada de forma genérica, tanto en la legislación como en el supuesto del gobierno civil y eclesiástico local, con resultados siempre inferiores a las exigencias y anhelos del gobierno central y peninsular, de carácter temporal mientras se podían construir otras “más perpetuas”, incluso para las ciudades y la misma catedral (Friede, 1975, pp. 205-210; Romero, 1960, p. 53). Esta gestión dejaría como resultado iglesias precarias, no por la materialidad sino por su sencillez, pues el interés de los encomenderos se hallaba puesto en otros asuntos. Son pocas las referencias halladas, la primera de ellas fue la de la visita del licenciado Diego de Villafañe al repartimiento de Choachí encomendado en Antonio Bermúdez en 1563 (Archivo General de la Nación, 1563), quien se acogió a las disposiciones entregadas por el oidor López, sin hacer realmente un aporte en la traza o condiciones (Archivo General de la Nación, 1567).

Para la visita del licenciado Juan López de Cepeda, una década después de Tomás López y casi 15 años después del primer Sínodo de Santa Fe, la situación sería un poco más alentadora, se habrían construido algunas iglesias más, y aunque persistían las de bahareque como en el caso de Cucaita (Archivo General de la Nación, 1571a), también habría algunas en tapia, así estuvieran cubiertas de paja, como en el caso de Oicatá (Archivo General de la Nación, 1571b). Se encontrarían algunos componentes estipulados como obligatorios desde el Sínodo de Santa Fe, seguramente ordenados durante la visita de Tomás López, aunque la materialidad no cumpliera aun las constituciones sinodales de hacer iglesias de “piedra” (Archivo General de la Nación, 1571a). Hallaría además casos sin doctrina ni iglesia, y procedería a ordenar su construcción según la legislación vigente (Archivo General de la Nación, 1572).

El aporte a las condiciones o trazas oficiales al parecer sería poco o ninguno en este periodo, sin embargo, los encomenderos empezarían a construir sus iglesias con artesanos o indios encomendados, introduciendo así las más variadas soluciones y calidades, y no siempre las mejores, incluso para el caso de los pueblos de la corona (Romero Sánchez, 2010, pp. 273-278), y para la catedral de Santa Fe que había colapsado la noche anterior a estrenarse en 1564 (Romero, 1960, p. 57). La situación un poco anárquica y desobediente de los encomenderos, sumada a la falta de directrices específicas en este sentido, habían favorecido la construcción de varias iglesias que terminarían muy afectadas o en colapso total, como lo refiere un grupo de artesanos molestos por la forma en que se había venido operando, en un conocido pleito contra el artesano español Antonio Cid, en donde se denunció la competencia deshonesta con precios muy bajos, que resultaba de la subcontratación de las obras a personas sin conocimiento, con un resultado de baja calidad (Archivo General de la Nación, 1579a). En todo caso no se contaba hasta allí con condiciones y traza suficientes más allá de lo que los propios artesanos podían hacer cuando eran llamados a ello; por lo que era factible el prescindir de ellos en las obras, y dejarlas en manos de los indios con dirección de los encomenderos.

Tercera etapa de 1579 a 1599: de la iglesia temporal “lo mejor que se pueda” a la iglesia “decente”

La expedición de un documento oficial con las condiciones para la construcción de las iglesias de los pueblos de la corona real, destinadas en principio únicamente a Cajicá y Chía-Pasca-Saque (Archivo General de la Nación, 1579b) (figura 2) y otras en las últimas décadas del siglo XVI como la de Tunjuelo (Archivo General de la Nación, 1580) (figura 3), aportaría de manera explícita la mayoría de los capítulos de obra, para materializar los conceptos de decencia, suficiencia y perpetuidad de las iglesias, tratando de poner fin a las interpretaciones diversas y a los resultados heterogéneos (figura 3).

La Real Audiencia se concentraría en aplicar este documento en los más diversos lugares, obviando el factor local ⁵ , pues los modelos se reproducirían en el papel como un sello y sería necesario modificarlas en la construcción. La difusión de la traza permitiría que los artesanos incluyeran pequeñas pero sustanciales modificaciones generando modelos diversos (Archivo General de la Nación, 1583a), y la desconfianza de la Real Audiencia se haría evidente, pues aunque antes había accedido a pagar las obras adicionales, ahora se rehusaría a hacerlo; sin embargo era verdad lo que argumentaban los contratistas de Cajicá y Tunjuelo o Turmequé y Sogamoso (Archivo General de la Nación, 1584) sobre las modificaciones que ordenaban los oficiales reales después de contratadas las obras.

Si bien esto explica las ampliaciones que se habían venido presentando, no así respecto a algunas obras adicionales que faltaban, como las menores dimensiones en altura o en planta, que debían obedecer más a pareceres personales y a errores de procedimiento, de diseño, o de obra, la disposición de las ventanas, la supresión del soportal o los acabados que se harían al criterio del artesano según su percepción técnica, formal y espacial de las iglesias. Este sería un escenario en el cual los artesanos podrían incluir obras a su gusto, a través de la modalidad de contratación a tasación por la que había optado la Real Audiencia para los pueblos de la corona, caso en el que el contratista recibía la orden de ejecutar las obras que después le serían tasadas, aprovechando para incluir obras necesarias o que consideraban mejores (Archivo General de la Nación, 1598). Con ello bastaría para que la Real Audiencia evitara este tipo de contrataciones a tasación que se harían cada vez menos frecuentes; aunque no sería un obstáculo para que los artesanos pudieran seguir incluyendo modificaciones. Así, en la siguiente etapa se optaría por definir muy claramente el alcance de las obras, con otros tipos de contratación más apropiados limitando a los contratistas, evitando sobrecostos de lo que no había sido ordenado, y regulando el uso una traza única, lo cual casi nunca se lograba.

También se promovería la actualización de algunas iglesias en la pretensión de solventar los problemas de decencia, perpetuidad y calidad de las obras (Archivo General de la Nación, 1583b), pero al final no se lograría superar los problemas asociados a una mala ejecución, debido a lo sucinto de las condiciones que daban lugar a muchas posibilidades para resolver un mismo problema, además de la incorporación de indios, mulatos y negros como denunciaban los artesanos, sin conocimiento de estos nuevos sistemas constructivos. En gran parte, también el desconocimiento del territorio y de los materiales locales usados para unas mismas técnicas foráneas sería la causa, y la Real Audiencia trataría insistentemente de solucionarlo mediante instrucciones y compromiso de los artesanos (Archivo General de la Nación, 1585). A ello se sumaría la gran actividad constructiva del periodo que afectaría el normal curso de las obras, debido a las contrataciones múltiples de unos pocos artesanos y un bajo seguimiento de las obras en ejecución, pues los constructores se traspasaban frecuentemente las obras para atender otras, dejándolas abandonadas (Archivo General de la Nación, 1586). El incumplimiento conduciría a que las obras quedaran a medio camino sin protección alguna, afectándose en su materialidad, para ser retomadas luego o en ocasiones tener que ser desechadas por el avanzado grado de deterioro en que se sumían.

Este gran volumen de obras correspondía al mandato real de que se hicieran iglesias decentes de “piedra y teja”, tratando además de difundir el interés entre los demás pobladores indios y españoles; así que sería un periodo de arduo trabajo para verificar las iglesias de los pueblos encomendados, y ordenar la construcción de iglesias austeras acomodadas a la “cortedad de la tierra”, pero siempre decentes. La asimilación del mandato sería lenta, pero la exigencia se hizo cada vez más contundente, poco a poco se iría implantando en el proceder de las partes, al incorporar los recién definidos preceptos de fray Luis Zapata de Cárdenas en su catecismo, de los que si bien no se tiene certeza del camino que pudieron haber seguido hasta la definición precisa de la traza, es evidente el interés de disponerlos a partir de allí en las iglesias. Por dispendioso que pareciera, la eficacia del proceso se haría evidente, pues partir de allí el concepto de las iglesias en el Altiplano se transformaría radicalmente.

Ya puesta en marcha la estrategia, el visitador Miguel de Ibarra se preocuparía porque las iglesias de los pueblos encomendados fueran también decentes, capaces y suficientes, al hallar que en su mayoría eran de bahareque y paja, o de tapia cubierta de paja, en muchos casos de mala calidad y pequeñas para la cantidad de indios. También trataría de mejorar la estabilidad de las construcciones, al pasar de las iglesias de tapia simple a la de tapia rafada con adobe o ladrillo. Sin embargo, nuevamente este impulso falló, pues acordaría con los encomenderos dejarles una traza que al parecer quedó mencionada en las visitas, pero sin contratar. En 1599 con el traslado de Ibarra se fracturaría el proceso y terminaría esta etapa con una importante actividad constructora, tratando de cumplir con la traza y condiciones, pero con una fuerte problemática de calidad de las obras achacable a la ejecución y al factor local (Archivo General de la Nación, 1598).

Cuarta etapa de 1599 a 1616: los frutos de los esfuerzos para tener iglesias “decentes”

El visitador Luis Henríquez recibiría órdenes expresas acerca de la conservación, adoctrinamiento y aculturación de los naturales, que cumpliría al pie de la letra dado su fuerte carácter. Fruto de ello se emitieron las más estrictas y fuertes penas para los encomenderos por su incumplimiento a las órdenes dadas con anterioridad. Se lograría la conclusión de las causas que Bernardino de Albornoz, Miguel de Ibarra, Egas de Guzmán, e incluso Tomás López, habían dejado pendientes; además de un importante número contratos de construcción de iglesias, que incorporaban unas condiciones específicas consultadas con los artesanos, consolidadas para los pueblos encomendados que hasta el momento habían gozado de un relativo libre albedrío.

Esta etapa es reconocida como la más representativa en cuanto a la construcción de las iglesias de pueblos de indios denominadas doctrineras, atribuidas a dicho oidor y visitador. Sin embargo, este recorrido muestra que Henríquez retomaría lo que Miguel de Ibarra por haber sido trasladado, y lo que Egas de Guzmán por haber muerto, dejaron iniciado política, administrativa, económica y técnicamente, y lo concretaría tratando de dar solución a los problemas que se habían enfrentado en la etapa anterior, es decir la baja calidad de las obras, el desobedecimiento de los encomenderos, la supuesta cortedad de la tierra entendida como una pobreza económica de la población, que conducía a la poca disponibilidad de recursos para las iglesias, la indefinición de una traza y condiciones específicas para los pueblos de indios encomendados que luego se aplicarían a los de la corona real también, y por supuesto el problema ligado a las condiciones arbitrarias que se introducían por esta causa. Todo esto se reforzaría con la comisión real de visita, en la que se ordenaba perentoriamente el poblamiento de los indios. Su gestión atravesaría varios momentos desde el inventario de la situación hecho por sus antecesores, pasando por diversas soluciones a los problemas hallados hasta llegar a definir la traza y condiciones oficiales, depuradas desde todo punto de vista. Se hallaría ya influenciado por las diligencias anteriores que daban cuenta del estado en cada lugar visitado y varias sentencias firmadas para corregirlo. De modo que Henríquez entraría con documentos a la mano a confrontar el avance de los últimos años y trataría a toda costa de superar la desalentadora situación que halló.

Una de sus primeras trazas surgiría el 28 de octubre de 1599 para Sora, al hallar una iglesia de bahareque y paja, así que el 30 de octubre de 1599 (Archivo General de la Nación, 1599a) emite desde Furaquirá el auto de población destinando un lugar para la iglesia y la plaza y comisionando para ello a un poblador como responsable de hacer cumplir lo ordenado. Este documento es de especial relevancia puesto que Henríquez involucra ineludiblemente al cura, al corregidor y a los indios en el proceso, tratando de asegurar que esta vez sí se cumpliera, ordenando verificar la disponibilidad de los materiales en el entorno, algo que al parecer solo haría algunas veces. Desde Sora, el 30 de octubre de 1599 mandaría pregonar las obras convocando para ello a todos los albañiles y carpinteros que se quisieran hacerse cargo, mediante posturas que serían adjudicadas por vía de remate cambiando así también la forma en que se venía trabajando. Después de revisar la situación, se apresuraría a agregar varios pueblos para conformar uno más grande como le había sido ordenado, y establecería la traza y condiciones que tendría la iglesia, formulando la que podría ser la primera traza de Luis Henríquez para el nuevo pueblo de Sora-Furaquirá-Capitanejo de Motavita, el 13 de noviembre de 1599 (Archivo General de la Nación, 1599b) (figura 4).

Si bien no hay certeza de cómo surgió, y si tal vez estas fueron o estuvieron influenciadas por las condiciones que Miguel de Ibarra había prometido entregar a los encomenderos, o fueron sugeridas por algunos de los artesanos convocados a través del pregón, esta sería esencial pues constituiría una primera aproximación a las condiciones más austeras de las iglesias de pueblos encomendados con respecto a las iniciales para los pueblos de la corona real, plasmados en una traza oficial y que sería la traza matriz para estas.

Henríquez procedería inmediatamente a aplicar la traza para los pueblos ecomendados o de la corona real indistintamente, con lo cual comenzaría un interesante proceso de depuración de la traza y de la forma de contratar las obras. En medio de sus diligencias expediría las condiciones de varias iglesias, y mejoraría la calidad de las precedentes, además de especificar claramente la mano de obra y la financiación de las iglesias (Archivo General de la Nación, 1600a).

Posteriormente acordaría con el artesano Juan de Robles las condiciones para actualizar la iglesia de Tocancipá, en un documento que al parecer el artesano le entrega al oidor el 15 de julio de 1600 (Archivo General de la Nación, 1600b). Estarían destinadas a actualizar la iglesia, para evidenciar uno de los primeros contactos de Robles con Henríquez para la introducción de algunas condiciones hasta ahora no contempladas, y que luego caracterizarían técnica, administrativa y jurídicamente los contratos de traza matriz oficial para el oidor y sus sucesores. Esta traza marcaría un punto de quiebre al introducir elementos esenciales para la durabilidad y resistencia de las iglesias que vendrían.

Las condiciones de “indecencia” de las iglesias, de lugares despoblados, de desobediencia a los mandatos de los visitadores y de la necesidad de hacer “pueblos grandes”, halladas en varios repartimientos, lo llevarían a emitir autos de población y construcción de decenas iglesias, procediendo desde Cucunubá a redactar condiciones, a concertar gran cantidad de obras y a afinar los contratos. El primero, al parecer, sería el de la iglesia de Ubaté el 2 de agosto de 1600 (Archivo General de la Nación, 1600c) (figura 5), donde tal vez el mismo Juan de Robles incorporaría sus condiciones. Este sería fundamental, pues de allí se derivarían y transcribirían los demás hechos por Henríquez desde Cucunubá, y la mayoría de los posteriores, con condiciones y trazas que más tarde se difundirían con mucho éxito.

De allí en adelante Henríquez contrataría nuevas iglesias durante la visita, y luego desde Santa Fe; con nuevas agregaciones, ordenaría cambiar las trazas que había dado para algunas anteriores a la gestión de Cucunubá, incluso en pueblos de la corona real, operando transformaciones formales y de materialidad; varios casos mostrarían el interés de mejorar la calidad y favorecer una rápida construcción de las iglesias (Archivo General de la Nación, 1600d) (figuras 6 y 7).

En ese mismo sentido debió enfrentar la reparación de algunas de las iglesias y la continuación de las obras suspendidas, al incorporar la traza matriz, siempre y cuando no encontrara unas iglesias en mejores condiciones (Archivo General de la Nación, 1601a). La situación general preocuparía a Henríquez, y no en vano emitiría varios autos para que se apremiara a los corregidores para que se encargaran eficientemente del poblamiento de los indios, en lo cual veía la dificultad más grande de la empresa. Así mismo llamaría la atención a los curas doctrineros y a los mismos corregidores, para que se encargaran de garantizar la tenencia de una iglesia decente y bien adornada como correspondía.

El licenciado Diego Gómez de Mena secundaría a Henríquez durante sus diligencias de visita, alacoger la traza y el modelo de contrato, e introducir en ella muy pocas variaciones, pero fundamentales para la durabilidad y estabilidad de la obra. Este no sería tan acucioso como Henríquez, y serían pocos los aportes que haría a la traza, más bien dejándose llevar por el parecer de los artesanos e incluso de los encomenderos, quienes se presentarían a formalizar los contratos de los conciertos hechos previamente con los artesanos (Archivo General de la Nación, 1601b). En todo caso participaría en el proceso de asimilación, apropiación y aplicación de las trazas oficiales, ajustándose a las necesidades locales y a actuaciones cada vez más pausadas de la Real Audiencia, al menos no tan incisivas, pero aun así persistentes.

La falta de seguimiento de los procesos permitiría que las iglesias siguieran diversos caminos: la construcción con la nueva traza, la pervivencia de las trazas antiguas, la introducción de nuevos modelos, e incluso la desobediencia total a los mandatos. Los conciertos con los encomenderos serían el espacio por excelencia donde se asimilarían las trazas matrices, pero además se introducirían variaciones, aunque no de carácter significativo, relativas a las dimensiones, y a la construcción de capillas o altares. Usualmente se apoyarían en una minuta de algún contrato anterior y lo adaptarían a las necesidades o voluntades de los encomenderos. Luego de las sentencias, en especial en aquellos lugares donde se había dejado la responsabilidad de la construcción de las iglesias a los encomenderos, algunos procederían a realizar las obras, generalmente con la mediación de un contrato, el cual podía ser formalizado o no ante la instancia local o la Real Audiencia (Archivo General de la Nación, 1602a). Las condiciones de estos se caracterizarían por ser un poco más austeras que las ordenadas por la Real Audiencia o los visitadores en su nombre, pues si bien se usaban las mismas en general, también se solían eliminar algunos elementos o se variaban sus especificaciones sutilmente. Adicionalmente el Sínodo de Santa Fe y los anhelos de decencia en las iglesias darían un impulso a la construcción y aderezo de las mismas si estuvieran ya construidas, de modo que este periodo estaría caracterizado además por procesos de intervención motivados por los mismos curas doctrineros, manteniendo las condiciones y traza oficiales (Archivo General de la Nación, 1609).

A pesar de que la traza se había venido difundiendo de forma generalizada sin tener muy en cuenta el lugar de la obra, había algunas excepciones en las que los artesanos solicitarían hacer el ajuste de las condiciones para el caso particular (Archivo General de la Nación, 1602b); entonces por sí mismos o por solicitud de los oidores, procederían a redactar condiciones específicas para las obras, caso en el cual se respetarían en la mayoría de las ocasiones la traza matriz, en donde variaban aspectos mínimos, generalmente de tipo contractual. En síntesis, la traza y condiciones matrices no se quedarían estáticas, pues además de las pequeñas adiciones o reformas, algunas veces se harían modificaciones buscando la calidad de las obras (Archivo General de la Nación, 1615).

Paralelamente otras trazas permanecerían por la negligencia de los encomenderos y los problemas que ocurrían entre estos y los indios, así como la laxitud en las diligencias, la demora en los trámites, la verdadera falta de recursos o disponibilidad del material. Paralelamente otras trazas permanecerían debido a la negligencia de los encomenderos, a los problemas que ocurrían entre estos y los indios, así como a la laxitud en las diligencias, la demora en los trámites, la verdadera falta de recursos o disponibilidad del material, por lo que muchos argumentaron que tenían entendido que serían objeto de la posible agregación y traslado de pueblos; todo ello secundado por la falta de seguimiento desde la Real Audiencia una vez los visitadores partían hacia Santa Fe (Archivo General de la Nación, 1602c). Esta etapa cerraría con una traza y condiciones bastante depuradas, y con un gran esfuerzo por superar los problemas de calidad y de durabilidad. Henríquez lograría transformar radicalmente la situación, pues gran parte de las iglesias habrían sido construidas de piedra y teja o tapia y teja, aunque la balanza se inclinaría notoriamente hacia la necesidad de invertir en reparaciones y mantenimiento; sumado al hecho de un mayor sentido de propiedad de los pobladores con respecto a sus iglesias, que harían que siguieran su camino por sí solas y sin tanto seguimiento de la Real Audiencia. Ahora el aderezo y la decencia serían una prioridad y una costumbre, según lo había estipulado el Sínodo de Santa Fe de fray Bartolomé Lobo Guerrero, y la perspectiva se transformaría.

Quinta etapa de 1616 a mitad del siglo XVII: la desaceleración de la empresa constructiva de las iglesias en los pueblos de indios

La partida de Luis Henríquez coincide con una nueva forma de operar de la Real Audiencia, y particularmente de los visitadores, por haber dejado construidas, contratadas o en obra la mayor parte de las iglesias del Altiplano. Lo que vendría serían algunas pocas nuevas construcciones y muchas reconstrucciones, e intervenciones de las existentes. La traza matriz de Robles, tan difundida, pasaría a un segundo plano, y se incorporarían nuevos pareceres de los visitadores. Estos solicitarían nuevas asesorías de los artesanos cuando el caso así lo ameritara, introduciendo transformaciones substanciales en las condiciones y el modelo, mas no en el tipo, con elementos que resultaban convenientes desde el punto de vista estético, funcional, formal, estructural y local. Sin embargo, la disparidad de resultados en el territorio debido a la distancia, el interés estratégico de las partes, la disponibilidad de recursos, y el acatamiento de las políticas del gobierno, hicieron que el siglo XVII e incluso el XVIII se caracterizaran por una gran diversidad constructiva, lejana de la homogeneidad pretendida por el gobierno central, donde concurrían las trazas y condiciones del siglo XVI, con las planteadas a principios del XVII y otras nuevas que fueron apareciendo. Es así como, incluso a principios del siglo XIX, coexistieron iglesias hechas con las trazas de todas las etapas.

Las iglesias ordenadas a construir con las trazas y condiciones oficiales se hallarían terminadas o a punto de estarlo, y algunas ya habrían comenzado a presentar daños. Lo común sería encontrar las iglesias ya cubiertas de teja como el Sínodo de Santa Fe de 1606 lo había mandado, y lo lógico era que en ellas estuviera ya posado el Santo Sacramento, para lo cual se habría de velar por la perpetuidad y decencia, lo cual sería fundamental revisar en las visitas, en las que se hallaba que la herencia de la gestión anterior había sido enormemente fructífera. El estado registrado resulta solo un fragmento de la realidad, pues especialmente las iglesias sufrían intervenciones que se hacían sin dejar registro de ello o solo localmente; no así las de los pueblos de la corona real, financiadas por el gobierno central, o aquellas de pueblos encomendados que solicitarían poyo por el monto de la obra o la falta de recursos.

Varias de las iglesias de los pueblos ecomendados se hallarían terminadas, bien dotadas de ornamentos, adornadas con pinturas murales y aderezadas en sus arcos torales, incorporando nuevos elementos como altares y capillas, coros y púlpitos, herencia del Sínodo de Santa Fe de 1606 (Archivo General de la Nación, 1617). También se hallarían algunas en proceso de culminación, y otras más habrían comenzado a presentar daños. Por otra parte, en las de los pueblos de la corona real no se notaría una gran diferencia en cuanto a la materialidad, lo que evidenciaba la unificación que había promovido Luis Henríquez.

Lo anterior sería muestra del logro de los objetivos iniciales de construcción de iglesias para los pueblos de indios, aun si el poblamiento y la evangelización siguieran otro camino menos alentador. Algunos encomenderos se mantendrían en su desobediencia con las iglesias sin construirse o sin cumplir con la traza oficial (Archivo General de la Nación, 1641), o permanecerían en bahareque y paja, pero con la ocasional presión de la Real Audiencia irían desapareciendo. Algunas construidas en tapia por sus encomenderos con las trazas iniciales del siglo XVI permanecerían cubiertas de paja debido a que se hallaban en medio de pleitos de los encomenderos con la Real Audiencia por los resultados de las visitas, o también por la negligencia de aquellos, y en especial por la huida o muerte de los artesanos contratados para las obras, sin que muchas veces el encomendero, el cura o el corregidor informaran sobre la situación (Archivo General de la Nación, 1635).

Al principio se mantendría la traza de Robles, pero luego comenzarían a solicitarse nuevas condiciones y trazas, que irían transformando el panorama de estas edificaciones. Serían pocas las iglesias nuevas o que debieron reconstruirse parcial o totalmente con la asesoría de los artesanos por medio de peritajes y el desarrollo de las trazas y condiciones. Allí se incorporarían elementos tendientes a aplicar nuevos cánones arquitectónicos, y en especial a solventar los problemas de durabilidad que se habían presentado debido a los detalles constructivos de cubiertas especialmente, así como a los sismos y a la inadecuada aplicación de los materiales locales. Así mismo se haría evidente el interés económico a través del cual se priorizaría, ya no el poblamiento de los indios, sino el sostenimiento de las poblaciones y de las iglesias, lo que comenzó a marcar un nuevo rumbo para estas construcciones.

En esta etapa culminaría el gran esfuerzo de años anteriores de aplicar las condiciones y trazas basadas en un proceso de incorporación de los indios a la religión católica. Las relaciones interculturales se habían fortalecido y la convivencia de todas las razas era común. La cristianización y aculturación del indio en el Altiplano habría alcanzado rápidamente altos niveles aunque fuera parcial o heterogéneamente; de modo que el apego a las iglesias y las actividades que de ello se desprendían como el cuidado y mantenimiento de las mismas, la tenencia de cofradías y otras actividades, si bien no estaban totalmente implantadas en el territorio, al menos de forma más fuerte que antes se generaban en torno a estas construcciones; de modo que su tenencia y buena conservación se volvería en cierta forma más voluntaria que obligatoria en la mayoría de los casos, ya fuera por los indios o por los vecinos blancos que allí asistían. Todo ello inmerso en un contexto de sociedad más consolidada en que los indios habían venido adquiriendo un rol más definido, pasando a jugar papeles productivos y artísticos relevantes, transformando así la mirada sobre las iglesias y sus procesos de construcción.

Sexta etapa de mitad de siglo XVII a principios del XVIII: el decaimiento de la empresa constructora y el crecimiento de las intervenciones

La necesidad de culminar las obras iniciadas, así como las intervenciones para reparar las iglesias por la mala calidad o los detalles constructivos inadecuados, los sismos o las fallas de origen geotécnico o climático, darían lugar a intervenciones que involucrarían nuevas materialidades e incluso reconstrucciones de las iglesias por estados de daño irrecuperables. Los artesanos o ejecutores (los curas, los indios o los vecinos) de las obras introducirían nuevas condiciones y trazas a través de los peritajes, aunque en un notorio descenso de la actividad constructora.

Algunas iglesias estarían en uso y en buen estado, pero muchas otras, afectadas (Archivo General de la Nación, 1736) o colapsadas, esperando la reparación, y los indios estarían apremiados a construir, mantener o intervenir las iglesias, aunque a veces lo harían voluntariamente. Algunas se habían mantenido en medio de pleitos y conflictos por el poblamiento, sin construir o sin reemplazar por obras decentes. En esta etapa se definiría una cierta estabilización del proceso al lograr el objetivo inicial, con un estancamiento de la actividad, habría de esperarse el desarrollo del siglo XVIII que daría un giro a la evolución de la nueva sociedad, y como en todas las épocas, las iglesias serían el blanco de ello, reflejando así las coyunturas de esta.

Séptima etapa de mitad de siglo XVIII a principios del XIX: la tenencia de iglesia para quedarse con la tierra

La constitución de las parroquias de blancos, y la extinción y agregación de pueblos de indios, dieron lugar a transformaciones de orden formal, estético, dimensional, funcional y material; cambios que iban de la mano con una nueva mirada sobre estas iglesias desde el punto de vista arquitectónico, como centro de poblados de blancos, que presionaban por la tenencia de la tierra y la construcción de una parroquia, o de indios queriendo mantener sus resguardos.

La sexta y la séptima etapa se superpondrían, pues ya para mediados de siglo XVIII había comenzado la presión sobre los resguardos y las iglesias fluctuarían entre la defensa de las tierras por parte de los indios a través de estas, y la presión de los encomenderos y vecinos por apoderarse de ellas y constituirlas en parroquias, demoliendo o reconstruyendo muchas, o al menos modificándolas de forma importante. Un gran grupo de maestros examinados y un cuerpo más numeroso y homogéneo de artesanos españoles, criollos e indios, se orientaría a la intervención y reconstrucción de las iglesias de forma importante, incorporando múltiples condiciones y modificando las trazas con elementos acordes a nuevos cánones arquitectónicos y aspiraciones formales, así como nuevas respuestas técnicas que transformarían las iglesias formuladas inicialmente para uso doctrinal, pues además en este momento estarían ya afectadas con el uso devocional, por lo que muchas de ellas se modificarían irreversiblemente. De allí que resulte un error mantener estas iglesias homogéneamente en la caracterización tipológica de doctrineras, desconociendo todo este recorrido que se ha plasmado, y que debieron sufrir particularmente en este periodo.

Lo más notorio de esta etapa sería que las iglesias de los pueblos de indios habrían pasado en muchos casos, de ser ese elemento que se estaba obligado a construir por presiones administrativas, a ser uno objeto de devoción en la mayoría de las ocasiones. Usualmente se mantendría lo más decente posible y muy correctamente aderezada, en algunos casos por verdadera devoción católica o sincretismo, en otros sencillamente para evitar las represalias por no hacerlo. De modo que por una razón o por la otra (devoción o conveniencia), las iglesias de los pueblos de indios alcanzarían los niveles de decencia esperados por la corona y los prelados, aun siendo tan austeras y tan “corta” la tierra. Los inventarios realizados en aquel periodo dan una idea de aquello en lo que se habían convertido las austeras iglesias de pueblos de indios, que para aquel momento evidenciaban si no muchos signos de devoción, al menos un mayor interés de conservar la construcción en buenas condiciones. A pesar del bajo número de feligreses que se reportaba, o la poca disponibilidad de recursos, las iglesias habrían llegado a ser no solo construidas con la decencia exigida, sino que además se hallaban muy bien dotadas y aderezadas ⁶ . Aun así, se mantendrían varías de ellas con técnicas tradicionales o en estados intermedios, y sería particularmente en aquellas donde los conflictos generados por las agregaciones o traslaciones de los pueblos, e incluso por los pleitos acerca de los montos de contratación entre los encomenderos y la Real Audiencia, no se habrían logrado solucionar.

Esta sería una etapa caracterizada también por las intervenciones a las iglesias, pues muchas de ellas habrían comenzado a presentar daños por causas naturales, falta de mantenimiento o mala calidad. Además, por las situaciones políticas, administrativas y territoriales se presentarían múltiples modificaciones en este periodo, ya fuera para ampliarlas, reducirlas, mejorarlas, adecuarlas a los nuevos cánones, o definitivamente reconstruirlas. Con el tiempo muchas de ellas serían sustituidas, abandonadas, o transformadas a tal punto, que se harían irreconocibles hoy. La intervención de estas construcciones sería el espacio para los artesanos de incorporar mejoras o detalles tendientes a subsanar defectos existentes, pero además otras iglesias serían afectadas por los sismos muy frecuentes en varios lugares del Altiplano, de modo que a menudo requerirían obras desde muy básicas hasta la reconstrucción total por esta causa. Los daños serían aprovechados para modificar parcialmente las iglesias incorporando nuevos elementos, detalles y componentes que habían comenzado a utilizarse y aplicarse sutilmente en estas iglesias.

También serían varias las trazas que comenzarían a sumarse, transformando totalmente la realidad de las iglesias que, por su destrucción o condición irrecuperable, quedarían sometidas a ser construidas nuevamente. Se haría evidente el perjuicio ocasionado a las iglesias de los pueblos de indios en este periodo, no solo por las afectaciones debidas a la mala calidad o implantación, la falta de mantenimiento o los sismos, sino además a la falta de recursos con los que acometer los trabajos y la presión por las tierras que llevarían a varias reconstrucciones o a despojar a los indios de ellas. También serían frecuentes los estados de daño avanzados, que requerían de una intervención que podría tardar mucho tiempo, agravando seriamente los problemas y haciendo irrecuperable su estado. Esta situación sería característica de esta etapa por el elevado número de peticiones que llegarían para apoyar la intervención de las iglesias, lo que, sumado a un empobrecimiento importante de algunos pueblos, conduciría a una situación insostenible y a la toma de decisiones en este sentido, que irían ligadas a la definición de la tenencia de las iglesias y a la financiación de las obras bajo las más diversas modalidades.

De alguna manera, para este momento se era más consciente del territorio y de los materiales que en él había, de modo que a través de los daños que se presentaban, se comprenderían las dificultades de uso de la misma traza y condiciones para todos los lugares indistintamente. Muchos son los casos en que se reporta la inadecuada utilización de estos, y particularmente de la tierra para la fábrica de tapia, teja y ladrillo, así como de la cal, debido al desconocimiento de las condiciones locales y el tener que hacer con lo disponible, algo que para este momento al parecer se habría superado y se trataría de solventar, ya fuera apelando a transportar el material desde lugares lejanos, o cambiando la materialidad utilizada. Evidentemente estas situaciones implicarían la introducción de nuevas trazas y condiciones adaptadas al momento.

Por otra parte, uno de los procesos sociopolíticos más importantes e influyentes en la evolución de las iglesias de pueblos de indios sería el de las agregaciones, al que se sumaría más adelante el de las extinciones de los pueblos de indios. En principio se identifica claramente la etapa en la que oidores como Miguel de Ibarra o Luis Henríquez procedieron a agregar poblaciones pequeñas para hacer “pueblos grandes” entre finales del siglo XVI y principios del XVII, que dejarían como resultado la persistencia de algunas trazas y técnicas prehispánicas, así como el retraso en la construcción de las iglesias. Posteriormente la mayor empresa que se acometería en este sentido sería desde mediados del siglo XVIII, en que factores como la presión sobre la tierra de los indios por intereses sociales, pero principalmente políticos y económicos, llevarían a que se tomaran decisiones arbitrarias sobre este tema, y así las iglesias quedarían en medio de este conflicto.

Esto —sumado a que los nuevos pero limitados mecanismos de financiamiento dispuestos para solventar las obras en muchos casos no resultaban suficientes— conduciría a las iglesias por diversos caminos, convirtiéndolas en un blanco y objeto de polémicas políticas, económicas y sociales, que se traducirían en decisiones a veces radicales acerca de quiénes intervenían, quiénes aportaban los recursos, y particularmente quiénes tendrían más o menos derecho a ellas, y específicamente a las tierras donde se hallaban construidas. Muchos serían los casos en que, teniendo necesidad de reparar la iglesia, no se hallarían rubros disponibles y debido a la forma en que se había dispuesto costear los gastos con cargo a las demoras y la contribución de los indios y los vecinos, llevarían a que se apelara siempre a estos y a otros fondos que no siempre tendrían recursos. La financiación de las iglesias y sus obras se anidarían en el territorio y generaría decisiones acerca de la viabilidad, la pertinencia y en especial de la inversión estratégica política, social y económicamente hablando; lo que entraba a reforzar así los intentos y políticas de agregación y extinción en que las iglesias cambiarían muchas veces de dueño.

Estas acciones, a diferencia de periodos anteriores mostrarían el nuevo rol de la iglesia, en el que no necesariamente por devoción los indios tratarían algunas veces, hasta donde les fuera posible, de mantener la construcción, ocultando en su mayoría, las actuaciones para evitar ser despojados de sus tierras, en medio de lo cual quedarían estas construcciones y sus múltiples intervenciones. Las dificultades de poblamiento que vendrían de vieja data en cuanto a las agregaciones y traslaciones, en este periodo se mantendrían sin resolver, dejando así varias iglesias sin construir o en trazas y condiciones que se habían superado ya, donde de forma muy tardía se lograría concretar la obra, en donde debía atenderse por diversos visitadores la dificultad de definir dónde poblarse y agregarse.

Conclusiones

Este análisis de la evolución de la traza y condiciones de las iglesias de pueblos de indios del Altiplano Cundiboyacense deja ver cómo se cumple aquí una condición de la arquitectura funcional, hecha para resolver las necesidades del habitar y en este caso de uso espiritual; esto en la medida que los problemas se van presentando, con soluciones sin demasiadas pretensiones. Estas lograron modificarse en un largo periodo, afectadas someramente por algunos de los actores que esporádicamente eran llamados a incorporarse como ejecutores, mas no como innovadores substanciales en el proceso. Su evolución lograría alterarse en virtud de fuertes cambios sociales, políticos y económicos, que generarían pequeñas transformaciones en una deconstrucción de la materialidad prehispánica que duraría algo más de 2 siglos, evidentemente ligada a la aculturación y evangelización.

Las iglesias formaron parte de un intento radical de destrucción y substitución de las construcciones preexistentes, que impondría las pretensiones de transformar poco a poco la sociedad indígena. Como en todos estos procesos, no se puede hablar de ello categóricamente, sino de forma mesurada, reconociendo que este tardaría varios años en materializarse, dejando los rezagos de épocas anteriores interpoladas entre las nuevas soluciones, como evidencia de lo que serían las austeras iglesias de pueblos de indios destinadas a la doctrina, que para finales del siglo XVIII alojaban una sociedad transformada que ya no era en esencia indígena y tampoco íntegramente española. De modo que esta arquitectura que en el anhelo peninsular pretendía alejarse de la vernácula, adquiriría en el caso del Altiplano Cundiboyacense una forma de operar muy similar a aquella en la mayoría de las ocasiones, todo fruto de una sociedad en consolidación y en permanente transformación a paso firme, al lado de la lenta incorporación de nuevas formas de hacer en medio de recursos limitados: de allí mismo su gran valor.

En este caso se trató el enfoque histórico-tecnológico, aquel que estudia el inmueble desde su materialidad mirando hacia las diferentes estructuras de tiempo y lugar que hicieron posible su existencia y permanencia. En él se reconoce la necesidad de partir de la materia hacia el contexto para saber, conocer, entender, y finalmente retornar a intervenir esas edificaciones respetando sus valores, dejando la evidencia de las circunstancias en las cuales surgieron, contribuyendo a la comprensión de que, aunque hubo un origen común, las sociedades pasadas elaboraron sus propias soluciones a problemas específicos, únicos e irrepetibles, definiendo así elementos específicos para la memoria colectiva local.

Reconocer la evolución de estas iglesias inmersas en las coyunturas de su contexto permitió identificar las múltiples facetas de su construcción, las dificultades que caracterizaron cada uno de los procesos, las posibilidades que se tuvieron en cada momento, y la forma en la que salieron de la generalidad de su interpretación desde el referente español que ha conducido a tantas omisiones en su protección y conservación. Con este caso se ilustra de qué manera indagar profundamente sobre la historia local es el sustento de lo que se considera patrimonio y de su protección, entendido como lo que permite identificar aquellos elementos que lo caracterizan de forma única, y entender su origen y evolución. Sin los hallazgos históricos específicos del lugar, algunos fragmentos de los bienes culturales pierden sentido, como ha sucedido en muchas intervenciones en el país, pues es la visión integral de la edificación en un contexto específico la que le otorga el significado para la sociedad actual en cada lugar. El inmueble se convierte en vestigio de esa historia y construye memoria al permitir a las sociedades identificar las huellas del pasado y entender las razones de su conservación. Al servicio del patrimonio, la historia permite exponer aquello que es invisible, elaborando las bases para definir aquello que se debe o no conservar, pero además debe permitir escapar a la generalidad y entender las particularidades para definir aquello que diferencia cada lugar, cada tiempo, cada sociedad.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación

¹ De esto son muestra Diego Angulo Iñiguez, Mario Buschiazzo, e inclusive Santiago Sebastián López.

² Entre los autores más destacados están Alberto Corradine Angulo, Jaime Salcedo Salcedo, Cornelis Goslinga y más recientemente Guadalupe Romero Sánchez.

³ Al respecto pueden revisarse las visitas del oidor Tomás López e incluso las antecedentes.

⁴ Esta modalidad de trabajo basada en un modelo es referida por Vicente Lampérez y Romea (1930, p. 71), adicional a las reuniones de “personas técnicas”, usuales en el contexto local.

⁵ El factor local se refiere a las condiciones del territorio como la geotecnia, la topografía, la sismicidad, los materiales, entre otros.

⁶ Como ejemplos de ello pueden citarse los inventarios hechos por el licenciado Andrés Verdugo y Oquendo, los del licenciado Joaquín de Arostegui y Escoto, y los de Josef María Campuzano y Lanz.

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: achicas@unal.edu.co

Información adicional

Cómo citar este artículo: Chica Segovia, A. (2019). El enfoque hacia el estudio de las particularidades locales en la evolución arquitectónica de las iglesias de los pueblos de indios del Altiplano Cundiboyacense entre mediados del siglo XVI y el siglo XIX. Apuntes, 32(1). https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-1.eepl

Descargar