La evolución de la contabilidad ha estado asociada al cambio social, económico y cultural de la humanidad. Desde los orígenes del Estado, la contabilidad ha jugado un rol clave en su organización y en su relación con la sociedad, integrada primero por súbditos y luego por ciudadanos. Con el tiempo, a partir de la consolidación de los imperios europeos, la necesidad de ejercer control estatal en ultramar y la organización de la hacienda de la Corona en la metrópoli propiciaron la expansión de diversas técnicas y procesos de control contable, tales como la contabilidad de cargo y data y la partida doble (Rodrigues y Sangster, 2013; Gamero-Igea y Larrinaga, 2023). Con los Estados modernos y las formas democráticas de gobierno, el presupuesto público se erigió como un instrumento, no solo técnico sino también político, para planificar, ejecutar, controlar y rendir cuentas de la gestión pública.

En los últimos cuarenta años se ha producido una transformación sin precedentes en la contabilidad del sector público (Grossi y Argento, 2022). Todo ello se inscribe en el marco de las reformas experimentadas por el Estado y la gestión pública, desde finales de 1970 e inicios de 1980. Desde entonces, se han modernizado e integrado diversos sistemas contables, buscando una mejor gestión financiera pública. La participación de distintos tipos de organizaciones (ya no solo gubernamentales) en la provisión de bienes y servicios públicos, así como la incorporación de tecnologías digitales, han hecho necesarias innovaciones contables orientadas a la gobernanza pública. Ante las persistentes crisis fiscales, ambientales, sociales y económicas, el sector público se ha visto retado a transformar e innovar en sus formas de gestión y en sus sistemas de información y control; con ello se ha buscado responder a los reclamos de múltiples actores y grupos de interés, entre ellos, la ciudadanía.

Este artículo tiene como objetivo sintetizar las transformaciones de la contabilidad del sector público en los últimos cuarenta años, presentando las tendencias internacionales más marcadas en el campo. Al mismo tiempo, busca introducir el número especial de Cuadernos de Contabilidad en Gestión Financiera Pública y Contabilidad Pública en Latinoamérica. Para ello, después de esta introducción, se presentan los cambios que implicó la incorporación de la contabilidad financiera pública basada en el devengo y la adopción e implementación de los International Public Sector Accounting Standards (IPSAS, por su sigla en inglés). Luego se sintetiza el proceso de integración de diversos sistemas de información pública que llevó a posicionar la tendencia de la gestión financiera pública. Posteriormente se discuten los aspectos centrales promovidos por la nueva gobernanza pública y la generación de valor público. Como penúltimo punto se presenta la tendencia contemporánea que implica la producción y divulgación de información pública sobre sostenibilidad. El artículo finaliza con una breve presentación de los trabajos que componen el número especial.

El presupuesto público ha sido el sistema contable hegemónico en la gestión financiera del sector público, al menos, en los últimos dos siglos. Los Estados democráticos han usado el presupuesto como un instrumento técnico y político. Desde el punto de vista técnico, el presupuesto permite definir el destino de los recursos públicos (gastos) y proyectar los recursos necesarios para que el sector público opere (ingresos). Desde la dimensión política, el presupuesto muestra las prioridades de un gobierno y requiere el consenso con el poder legislativo para que, en representación del pueblo, autorice la asignación de los recursos públicos. Por ello, el presupuesto público se constituye en un asunto de importancia para los gobernantes, los políticos, los gestores, las burocracias públicas, la opinión pública y la ciudadanía.

Pese a esta importancia del presupuesto público, su capacidad técnica para evaluar el desempeño de la gestión pública es muy limitada. La ejecución del presupuesto no siempre implica el cumplimiento de objetivos, ni la garantía de derechos o la satisfacción de expectativas ciudadanas en términos de impacto. Desde el punto de vista técnico, la contabilidad financiera de devengo es un sistema contable más propicio para medir e informar sobre el desempeño. El principio de devengo es un criterio para el reconocimiento de los hechos económicos y las transacciones en el momento en que ocurren, con independencia del flujo financiero asociado a ellos. Al observar el principio del devengo, el sistema de contabilidad financiera permite que se vinculen flujos de ingresos y gastos con los agregados de activos y pasivos. Con ello, la contabilidad financiera de devengo hace visibles los derechos y obligaciones y, junto con los resultados, permite realizar una mejor medición del desempeño de la gestión (Broadbent y Guthrie, 2008). La implementación del devengo es propia de la primera ola de reformas promovidas por el New Public Management (NPM), bajo la idea de que el traslado de sistemas, prácticas, procesos y valores del sector privado al sector público conseguirá mayor transparencia, eficiencia, eficacia y economía (Lapsley, 2009).

En el ámbito internacional, hay una tendencia hacia la incorporación del criterio de devengo en los sistemas de información sobre los recursos públicos en las administraciones públicas de diversas jurisdicciones (IFAC y CIPFA, 2025). Esta tendencia es promovida por organismos multilaterales y diversos grupos de interés que requieren información basada en hechos antes que en proyecciones (FMI, 2014). En un contexto en el que los mercados de valores se utilizan como mecanismos para la financiación del déficit fiscal de los Estados y de las entidades públicas, surgieron y se vienen posicionando las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) como estándares para la producción de información contable financiera pública bajo el principio de devengo. Estas normas se inspiran en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), emitidas para el sector privado, con ciertas contextualizaciones para el sector público. Su adopción e implementación llevaría a mayor transparencia y eficiencia del sector público.

En este contexto, una tendencia internacional en las políticas públicas, la investigación académica y la práctica profesional es la modernización de los sistemas de contabilidad del sector público y, en los últimos veinte años, la adopción e implementación de las IPSAS (Christensen et al., 2025). Latinoamérica ha sido una de las regiones del mundo que iniciaron primero ambos procesos (Gómez-Villegas y Montesinos, 2012; Brusca et al., 2016). La investigación académica muestra avances y logros en la adopción e implementación de estas normas (Adhikari et al., 2019; Lira et al., 2025), así como problemas y obstáculos estructurales para que tales sistemas se implementen y se consigan los objetivos perseguidos (Gómez-Villegas et al., 2020; Christensen et al., 2025; Vaz De Lima et al., 2026). También se han investigado los efectos de las reformas sobre la forma de operación del Estado (Polzer et al., 2023; Frisancho et al., 2025; Christensen et al., 2025) y la manera en que las ideas de reforma viajan a nivel internacional, así como las presiones institucionales en dicho proceso (Neves y Gómez-Villegas, 2020). Una corriente importante de estudios aborda los retos asociados al reconocimiento de activos y pasivos específicos del sector público y que escapan a la lógica convencional de la contabilidad del sector privado, como los activos históricos y culturales o las infraestructuras de transporte (Lombardi et al., 2021; Schmidthuber et al., 2022; Aversano y Christiaens, 2026). Con la implementación de la contabilidad financiera pública, el control fiscal se ha ido transformando, mediante la incorporación de procesos de auditoría financiera, de cumplimiento, de gestión y de resultados (Hay y Cordery, 2018).

Con el NPM se planteó como meta alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia y economía, mediante una toma de decisiones, orientada a resultados, por parte de los gestores públicos (Lapsley, 2009). Esto implicó que en los presupuestos se establecieran objetivos y metas concretas, articuladas con los planes de desarrollo, tanto nacionales como territoriales. Conectar estos presupuestos por proyectos y objetivos con la contabilidad financiera pública se convirtió en una necesidad para evaluar el desempeño de la gestión. Al mismo tiempo, las reformas del Estado llevaron a proscribir la emisión monetaria como un instrumento de financiamiento del sector público, buscando el equilibrio fiscal. Pese a esto, la función económica del Estado y los permanentes reclamos ciudadanos por más y mejores bienes y servicios públicos han llevado al permanente déficit fiscal. Por lo anterior, el financiamiento por medio de la colocación de títulos de deuda pública en mercados de valores se ha expandido, lo que ha requerido mejor información financiera para evaluar la solvencia y la sostenibilidad fiscal del sector público. Todo ello impulsó el desarrollo del concepto de gestión financiera pública (GFP).

La GFP se ocupa de las leyes, organizaciones, sistemas y procedimientos con que cuentan los gobiernos para obtener y utilizar los recursos de manera eficaz, eficiente y transparente. Si bien la GFP abarca los impuestos y otros ingresos públicos, así como la gestión del endeudamiento y de la deuda, su principal objetivo es la gestión del gasto, especialmente en el contexto de la elaboración de presupuestos públicos (traducción propia de Allen et al., 2013, p. 2).

De acuerdo con esta definición, la GFP integra los sistemas de planeación, los sistemas presupuestarios, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad financiera pública y las estadísticas de las finanzas públicas. De esta forma, la GFP implica una integración dirigida a soportar la gestión para conseguir eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos financieros del sector público, enfatizando en la evaluación de la calidad del gasto (Allen et al., 2013). Con los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se han implementado sistemas integrados de información para la gestión financiera pública (del tipo ERP). Sumado a ellas, Internet amplía la capacidad para divulgar y disponer información financiera y presupuestaria a todos los grupos de interés, especialmente a la ciudadanía, por medio de portales de transparencia pública, lo que dio origen al gobierno electrónico (Moon et al., 2014). Con todo ello, hay toda una tendencia de investigación que estudia la evolución y articulación entre la contabilidad pública y la gestión financiera pública, la ampliación de la rendición de cuentas y la transparencia, la eficacia y efectividad del gasto público, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas (Allen et al., 2013; Grossi y Argento, 2022; Manes-Rossi et al., 2025).

El NPM inspiró reformas de la administración pública no solo en los países anglosajones y europeos, sino también en diversas jurisdicciones, incluidos países en vías de desarrollo (Batley, 1999; Pollitt, 2007). La transformación estructural del Estado y las reformas promovidas por el NPM llevaron a la privatización, externalización y “adelgazamiento” de diversas entidades del sector público. Con esto, los bienes y servicios públicos fueron provistos por múltiples tipos de entidades, no solo gubernamentales, sino también empresas con participación estatal, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones híbridas (Broadbent y Guthrie, 2008). Lentamente el ciudadano fue tratado como un individuo antes que como integrante de una comunidad. Incluso muchas veces fue asimilado a un cliente (Lapsley, 2009). Este proceso deterioró lentamente valores públicos como la solidaridad, la equidad y, junto con otras variables, afectó de manera profunda la legitimidad del sector público (Moore, 1998).

En este contexto emergió una nueva tendencia en la gestión pública conocida como Nueva Gobernanza Pública (NGP) (Osborne, 2007). Dada la diversidad de entidades que interactúan en la provisión de bienes y servicios, se requieren formas de coordinación e integración de los procesos que materialicen políticas y objetivos, mediante una gestión pública descentralizada, que genere resultados e impactos para los ciudadanos. Esto se conoce como gobernanza pública (Osborne, 2007). La nueva gobernanza pública evolucionó a partir de tres tendencias: gobernanza de redes, gobernanza colaborativa y gobernanza digital (Osborne et al., 2022; Grossi y Argento, 2022). Esta NGP otorga un lugar central a la búsqueda del valor público (Osborne et al., 2022).

Los “valores públicos” son aquellos que proporcionan un consenso normativo sobre: a) los derechos, beneficios y prerrogativas a los que los ciudadanos deben (y no deben) tener derecho; b) las obligaciones de los ciudadanos para con la sociedad, el Estado y los demás; y c) los principios en los que deben basarse los gobiernos y las políticas (traducción propia de Bozeman, 2007, p. 132).

De esta manera, generar valor público implica que el sector público opere con eficiencia y eficacia, buscando conseguir los objetivos para los cuales fueron creadas las entidades. Asimismo, se enfoca en garantizar los derechos de los ciudadanos, consiguiendo valores como la solidaridad, la justicia y la equidad y actuando bajo preceptos de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. En este contexto, la contabilidad pública debe producir información sobre el valor público (Bracci et al., 2019). Esto requiere nuevas formas de comunicación dirigidas a la ciudadanía, nuevos informes que retomen los datos de la contabilidad financiera pública y diferentes indicadores clave de desempeño, conectados con las cifras financieras (Barbera et al., 2025). Por ello, se busca que la rendición de cuentas sea informativa, comunicativa y dialógica, y que enfatice en las particularidades del sector público y en la búsqueda del bien público para toda la sociedad (Grossi y Argento, 2022; Wickramasinghe et al., 2026). La evolución de las TIC y la digitalización potencian la interacción y la participación ciudadana, permitiendo llevar a cabo procesos como el presupuesto participativo, la rendición de cuentas participativa y dialógica y la E-democracia (Margetts y Dunleavy, 2013; Ansell y Gash, 2018; Grossi et al., 2023). De esta forma, la articulación de la Contabilidad Pública con la NGP y el valor público constituye una nueva tendencia en las políticas, las prácticas y la investigación en el sector público (Bracci et al., 2021; Grossi y Argento, 2022; Grossi et al., 2023; Sharma y Kaur, 2025).

Cada vez son más evidentes los efectos e impactos de diversas crisis ambientales, sociales y económicas (OECD, 2025). El Estado no es ajeno a dichas crisis y sus impactos. Los desastres naturales ocasionados por el calentamiento global y el cambio climático reclaman acciones del sector público para enfrentar sus efectos sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades. Asimismo, el incremento de la desigualdad y las nuevas formas de pobreza y exclusión llevan al surgimiento de nuevos reclamos ciudadanos frente a las autoridades estatales. Las pandemias, la ausencia de un adecuado saneamiento básico, las afectaciones a las fuentes de agua potable para el consumo humano y el surgimiento de diversas enfermedades a causa de los desequilibrios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad, entre otros, retan a los sistemas de salud públicos. Por todo lo anterior, la búsqueda del desarrollo sostenible implica el compromiso y la actuación efectiva del sector público (ONU, 2015).

El rol del sector público en la búsqueda de la sostenibilidad es dual (Adams, 2023). Por un lado, el Estado desarrolla políticas, planes y programas por medio de los cuales se establecen normas, se estructuran estrategias, se fijan metas y se plantean incentivos para que el sector privado, la sociedad civil y el propio sector público modifiquen sus comportamientos y se sintonicen con la sostenibilidad. De otra parte, las entidades que hacen parte del sector público también generan impactos, por medio de sus actividades y operaciones, sobre el ambiente, la sociedad y la economía en su conjunto (IPSASB, 2024). Por esta razón, es determinante producir información financiera y no financiera que permita evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas frente a los retos del cambio climático (World Bank, 2022), a la vez que permita evaluar la efectividad y el impacto de los recursos públicos que son destinados a políticas, planes y programas de desarrollo sostenible (GRI, 2023; Sánchez-Villamil y Gómez-Villegas, 2024).

Aunque la información de sostenibilidad tiene un largo recorrido en el sector privado, en el sector público aún se encuentra en una etapa germinal de producción y divulgación (ACCA, 2023; Adams, 2023). En el sector privado, con la creación del International Sustainability Standards Board (ISSB), se inició la emisión de Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad (IFRS-S, por su sigla en inglés), buscando reducir la diversidad de marcos, estándares y métricas que emergieron en un contexto de voluntariedad. A la fecha se han emitido dos IFRS-S para el sector privado. En el caso del sector público, el emisor de las IPSAS es el International Public Sector Accounting Standards Board. Este organismo ha seguido la tendencia de observar los principios de las normas del sector privado y adecuarlas al contexto del sector público. En esta dirección, en enero de 2026 fue emitido el IPSASB SRS 1 Climate-related Disclosures (IPSASB, 2026), un estándar que siguió la estructura y, mayoritariamente, los criterios contenidos en la IFRS-S2. Este estándar adopta una perspectiva de materialidad financiera enfocada en la valoración de riesgos y oportunidades que afecten el rendimiento y la sostenibilidad financiera de las entidades por el cambio climático. Sin duda este enfoque es importante, pero resulta limitado a la hora de la rendición de cuentas y la toma de decisiones en materia de sostenibilidad por parte de las entidades del sector (Gómez-Villegas, 2024). Las particularidades del sector público y su papel dual en materia de sostenibilidad reclaman una visión que dé cuenta tanto de los impactos de sus políticas, programas y planes, como de los impactos y riesgos de sus operaciones. De esta forma, se marca otra tendencia determinante en el campo de la contabilidad pública, relativa a la información contable pública sobre sostenibilidad.

La evolución presentada muestra uno de los campos académicos más propicios para el desarrollo de la investigación contable en la región. La revista Cuadernos de Contabilidad acompaña el objetivo de consolidar una comunidad académica latinoamericana en el campo de la contabilidad del sector público. Por lo anterior, a inicios de 2025, se realizó una convocatoria a este número especial y se obtuvo una importante acogida por parte de autores e investigadores de Latinoamérica. Luego de la evaluación por doble par ciego y el proceso editorial correspondiente, hoy compartimos con la comunidad seis artículos de investigación. Nuestra gratitud a todos los autores, revisores y al equipo editorial de la revista, porque con su trabajo y compromiso se ha podido consolidar este número especial en Gestión Financiera Pública y Contabilidad Pública en Latinoamérica. Felicitaciones a los catorce autores, pertenecientes a universidades públicas y privadas de diversas regiones de Brasil y Colombia. Gracias al profesor Christian Diego Alcocer, editor de Cuadernos de Contabilidad, y a la profesora Martha Liliana Arias, directora del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana, por la invitación y el permanente apoyo para conseguir la publicación de este número.

Los profesores José Eurípides Rincón Báez y Diego Fernando Católico Segura de la Universidad Externado de Colombia, contribuyen a este número especial con el artículo titulado “La divulgación de riesgos y el perfil del auditor: un estudio aplicado en entidades públicas en Colombia”. Los autores estudian la relación entre la divulgación del mapa de gestión de riesgos institucional (MGRI) y el perfil de los auditores de sesenta y siete entidades públicas en Colombia, usando como soporte la teoría de la agencia. Las evidencias señalan que existe un nivel de divulgación del MGRI en las entidades analizadas, pero que no responde homogéneamente a los atributos individuales del auditor. Esto soporta la conclusión de que la divulgación de riesgos en el sector público está condicionada por la interacción entre capacidades técnicas de los auditores y las estructuras de gobernanza de las entidades.

También se incluye en este número el artículo “Aproximación académica a la valoración de bienes históricos y culturales en el sector público: el caso de un edificio universitario” de autoría del profesor Luis Octavio González Salcedo, vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. El artículo propone una metodología orientada a la valoración de los bienes históricos y culturales. Esta metodología busca integrar criterios técnicos y simbólicos, facilitando la gestión contable e institucional de dichos activos sin constituirse en un avalúo formal. Como fuente de información, se utilizó el estudio de caso del edificio Ciro Molina Garcés de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y se analizaron sus características físicas, históricas y arquitectónicas como monumento nacional.

Por su parte, las doctoras Cindy Paola Jaimes Martínez y Beatriz Helena Díaz Pinzón, junto con Edwin Mauricio Vásquez Mejia, todos vinculados a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, contribuyen al número especial con el artículo “La percepción de beneficios en los sistemas E-government de administraciones tributarias y su influencia en la creación de valor público desde la perspectiva del contribuyente”. Este artículo evaluó si los beneficios percibidos por los contribuyentes que usan el sistema de gobierno electrónico de una administración tributaria en Colombia influyen en la creación de valor público. Además de plantear un modelo conceptual sobre la percepción del valor público, el trabajo estudió la percepción de 312 contribuyentes. Los hallazgos permiten comprender que la percepción de beneficios individuales, organizacionales y sociales influye en la creación de valor público para el ciudadano.

Los profesores Paulo Sérgio Almeida-Santos y Josimar Pires Da Silva, vinculados con la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), y los profesores Jorge Katsumi Niyama y José Matias-Pereira de la Universidad de Brasilia (UnB) son los autores del artículo titulado “Examinando la influencia de la ASOBAT y la APB-4 en la estructura conceptual del sector público del IPSASB”. El artículo analizó la influencia de dos importantes referentes conceptuales de la contabilidad financiera del sector privado, A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) y el Statement of the Accounting Principles Board No. 4 (APB-4), en el Marco Conceptual de las IPSAS. El trabajo concluye que la contabilidad financiera ha sido una referencia importante para el desarrollo de la contabilidad pública, especialmente en el contexto de la nueva gestión pública y la modernización y reducción del Estado.

Bajo el título “The Relationship Between Socioeconomic Indicators and the Budgetary Efficiency Level in Cities of the State of São Paulo” el número especial incluye la contribución de los profesores Rodolfo Vieira Nunes, Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF); Matheus Torquato, Universidad de São Paulo (USP); Rwrsilany Silva, Instituto Federal de Rondônia (IFRO), y Alice Carolina Ames, Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), todos ellos del Brasil. El trabajo analizó la influencia de los indicadores socioeconómicos en la eficiencia presupuestaria de 39 municipios de las regiones del Valle de Paraíba y el Litoral Norte del estado de São Paulo, Brasil. Este análisis permitió comprender los determinantes que afectan la ejecución presupuestaria municipal. La investigación concluye que los factores socioeconómicos influyen en la eficiencia presupuestaria municipal, aunque sus efectos pueden estar condicionados por limitaciones institucionales, políticas y conductuales.

Finalmente, los profesores Carlos Orlando Rico Bonilla, vinculado a la Universidad Santo Tomás (Colombia) y Michael Andrés Díaz Jiménez, doctorando de la Universidad de Buenos Aires, participan en el número especial con el artículo “Patrones distributivos de los resultados financieros y earningsmanagement en empresas estatales de servicios públicos colombianas”. La investigación analizó la distribución de los resultados de las Empresas Estatales de Servicios Públicos (EESP) colombianas en el periodo 2007-2024, dentro del cual se dio la convergencia hacia las IPSAS. El objetivo fue identificar discontinuidades alrededor del umbral de cero, patrón que la literatura previa asocia con prácticas de earningsmanagement. Los hallazgos permiten concluir que existen patrones compatibles con incentivos asociados a estas prácticas, aunque no constituyen evidencia concluyente de manipulación deliberada de la información financiera de las EESP.