Los temas relacionados con earnings management (EM) constituyen una de las líneas de investigación más consolidadas dentro de la literatura contable contemporánea, debido a sus implicaciones sobre la calidad de la información financiera y la toma de decisiones de diferentes grupos de interés (Barros et al., 2025; Donatella et al., 2024; Dechow et al., 1995; García et al., 2005; Healy y Wahlen, 1999; Rico, 2024; Usme et al., 2024). Tradicionalmente, la mayor parte de la evidencia empírica sobre EM se ha concentrado en empresas privadas y mercados de capitales desarrollados, donde los incentivos asociados a contratos y al desempeño bursátil generan contextos propicios para el uso discrecional de la información financiera (Jones, 1991; Marquardt y Wiedman, 2004). No obstante, en los últimos años ha emergido un creciente interés por examinar estas prácticas en organizaciones gubernamentales o con participación estatal, particularmente en escenarios donde convergen objetivos financieros, presiones políticas y exigencias regulatorias (Bisogno y Donatella, 2022; Ruggiero et al., 2022).

En este contexto, las Empresas Estatales de Servicios Públicos (EESP) representan un escenario especialmente relevante para el análisis del EM. Estas organizaciones desempeñan un papel central en la provisión de servicios esenciales como acueducto, aseo, energía eléctrica y gas, operando bajo esquemas híbridos que combinan autonomía administrativa, lógica empresarial, regulación estatal y rendición de cuentas públicas (Garde et al., 2017; Rincón y Gómez, 2021, 2024). A diferencia de las firmas privadas, las EESP deben equilibrar objetivos de sostenibilidad financiera con finalidades sociales y políticas, situación que puede generar incentivos para influir en la presentación de los resultados financieros y en el uso discrecional de ciertos tratamientos contables (Capalbo y Palumbo, 2013; Serra, 2022).

Desde la perspectiva de la teoría positiva de la contabilidad, los administradores públicos pueden utilizar su discrecionalidad para influir en los resultados financieros reportados con el propósito de alcanzar metas individuales, reducir costos políticos, preservar la legitimidad institucional o responder a presiones de grupos de interés específicos (Stalebrink y Sacco, 2007; Zimmerman, 1977). En el caso de organizaciones estatales, diversos estudios han señalado que factores como los ciclos electorales, la incertidumbre política, las presiones reputacionales y los procesos de supervisión gubernamental pueden incrementar los incentivos asociados al desarrollo de EM (Barrios et al., 2025; Bermpei et al., 2023; Capalbo et al., 2020; Cohen et al., 2019; Ferreira et al., 2012; Kido et al., 2012). Asimismo, investigaciones recientes han mostrado que las empresas estatales pueden desarrollar estrategias de gestión del resultado tanto mediante ajustes contables de devengo (accrualearnings management), por ejemplo, ajustando provisiones, depreciaciones o deterioros, como a través de decisiones operacionales reales (real earnings management), acelerando el reconocimiento de ingresos o aumentando innecesariamente los inventarios, las cuentas por cobrar y los costos (Capalbo et al., 2014; Wang et al., 2020).

Dentro de esta literatura, uno de los enfoques empíricos más utilizados consiste en analizar discontinuidades en la distribución de los resultados contables alrededor de determinados puntos de referencia, especialmente el umbral de cero. Bajo este enfoque, una concentración inusual de pequeñas utilidades y una reducción de las pérdidas han sido entendidas como señales compatibles con incentivos para evitar reportar déficits o deterioros del desempeño financiero (Burgstahler y Chuk, 2017; Burgstahler y Dichev, 1997; Degeorge et al., 1999; Gallén y Giner, 2005). Este tipo de aproximaciones también ha sido empleado en entidades gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro, incluidos hospitales, gobiernos locales y universidades (Ballantine et al., 2007; Leone y Van Horn, 2005; Serra, 2022; Vinnari y Näsi, 2008).

Sin embargo, la explicación de estas discontinuidades continúa siendo objeto de debate metodológico. Algunos autores han advertido que los patrones distributivos observados no constituyen una prueba concluyente de manipulación contable, dado que pueden existir explicaciones alternativas relacionadas con dinámicas operacionales particulares, características sectoriales o errores de especificación estadística y muestral (Beaver et al., 2007; Burgstahler y Chuk, 2017; Durtschi y Easton, 2009).

A pesar del crecimiento de esta agenda investigativa, la evidencia sobre EM en organizaciones del sector público latinoamericano sigue siendo limitada, particularmente en las EESP. En Colombia, dichas corporaciones poseen una relevancia económica e institucional significativa debido a su participación en la provisión de servicios esenciales y a su peso dentro de los sistemas de información financiera gubernamental (Cuervo et al., 2000; Rincón y Gómez, 2024). Además, estas entidades han experimentado importantes transformaciones regulatorias derivadas de los procesos de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad para el sector público, impulsados desde finales de los años noventa y profundizados a partir de las reformas contables implementadas por la Contaduría General de la Nación (CGN) desde 2007 (Cardona et al., 2005; Castillo, 2009; Gómez y Montesinos, 2012; Rico y Díaz, 2017).

Particularmente, la expedición de la Resolución 414 de 2014 introdujo un nuevo marco normativo para las empresas estatales que no cotizan en bolsa ni captan ahorro público, aproximando su regulación contable a estándares internacionales cercanos a las IFRS para pymes (León y Tirado, 2018; Rico y Díaz, 2017; Rojas, 2017). Este proceso ha implicado modificaciones relevantes en los criterios de reconocimiento, medición y revelación contable, especialmente en aspectos relacionados con el valor razonable, el deterioro, las provisiones y las estimaciones contables, los cuales pueden ampliar los márgenes de discrecionalidad en la elaboración de la información financiera, particularmente en organizaciones con capacidades técnicas heterogéneas o limitaciones institucionales (León y Tirado, 2018; Rincón y Gómez, 2021). Sin embargo, más que asumir que la convergencia contable conduce necesariamente al desarrollo o a la disminución de prácticas de EM, resulta pertinente examinar si los cambios regulatorios coinciden con transformaciones en los patrones distributivos de los resultados financieros reportados por las EESP.

Frente a este vacío, el presente estudio analiza la distribución del resultado financiero neto de las EESP colombianas durante el periodo 2007-2024, utilizando información financiera reportada a la CGN y correspondiente a una muestra de 580 empresas no cotizadas en bolsa que aplican el marco regulatorio definido en la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorias. El objetivo consiste en identificar la existencia de discontinuidades alrededor del umbral de cero, así como explorar posibles variaciones asociadas a los ciclos políticos locales, los cambios regulatorios y el tamaño empresarial.

La metodología empleada se basa en el modelo de distribución de frecuencias de los resultados netos anuales, siguiendo los planteamientos de Burgstahler y Dichev (1997), Burgstahler y Chuk (2017) y Gallén y Giner (2005), así como aplicaciones previas desarrolladas para organizaciones públicas y entidades sin ánimo de lucro (Ballantine et al., 2007; Leone y Van Horn, 2005; Serra, 2022). Los resultados del estudio no demuestran una manipulación deliberada de los estados financieros, sino que evidencian una serie de patrones potencialmente asociados con la ocurrencia de EM en las EESP colombianas.

El artículo contribuye a la literatura en dos dimensiones. En primer lugar, amplía el análisis empírico sobre EM en organizaciones estatales y economías emergentes, un campo todavía incipiente frente a la abundante literatura centrada en empresas privadas. En segundo lugar, aporta evidencia sobre el comportamiento distributivo de los resultados financieros en el sector de servicios públicos colombiano, caracterizado por una fuerte interacción entre política electoral y regulación económica.

El documento se estructura en cinco secciones. Después de esta introducción, la segunda sección presenta el contexto institucional, regulatorio y teórico de la investigación, abordando la evolución de la contabilidad gubernamental en Colombia, las particularidades de las EESP y la literatura sobre EM y enfoques distributivos. La tercera describe los datos y la metodología empleada. La cuarta expone los resultados empíricos. Finalmente, la quinta sección presenta las conclusiones, las limitaciones y las líneas futuras de investigación.

La regulación de la contabilidad gubernamental en Colombia experimentó una transformación significativa a partir de la Constitución Política de 1991. Hasta entonces, la Contraloría General de la República (CGR) era la entidad encargada tanto de la centralización y auditoría de la información contable y presupuestal como de la definición de las reglas aplicables a las entidades estatales (Nieto, 2000; Pulgarín y Cano, 2000). Con la nueva Carta Política se instauró la figura del Contador General de la Nación, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la responsabilidad de “uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país” (Const, 1991, art. 354). Mientras tanto, la CGR conservó las funciones relacionadas con el control fiscal y los procedimientos presupuestales. Esta separación institucional genera tensiones entre la lógica presupuestal basada en la caja y la contabilidad gubernamental sustentada progresivamente en el principio del devengo (Castillo, 2009).

Entre 1995 y 1999 se desarrolló el marco normativo necesario para hacer operativa la disposición constitucional, destacándose la creación de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN) y la expedición del primer Plan General de Contabilidad Pública. Este instrumento buscó estandarizar la clasificación, el registro y la presentación de la información financiera gubernamental mediante un marco conceptual, un catálogo de cuentas y procedimientos específicos (Nieto, 2000; Pulgarín y Cano, 2000). Posteriormente, entre los años 2000 y 2007, la regulación contable pública avanzó hacia procesos de armonización internacional inspirados en las International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) y en las recomendaciones del International Monetary Fund (IMF), orientados a mejorar la calidad, la comparabilidad y la utilidad de la información (Cardona et al., 2005; Castillo, 2009; Gómez y Montesinos, 2012).

El Régimen de Contabilidad Pública de 2007 profundizó estas transformaciones mediante modificaciones al marco conceptual y a las reglas de reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos. Entre otros aspectos, incorporó criterios asociados al valor razonable y fortaleció el uso de estimaciones contables y juicios profesionales en la preparación de la información financiera (Castillo, 2009; Contaduría General de la Nación [CGN], 2008). Más adelante, a partir de 2013, se formalizó una nueva estrategia de convergencia hacia estándares internacionales, estructurada en diferentes grupos de entidades estatales (Rico y Díaz, 2017; Rojas, 2017).

En paralelo con estas reformas, la Ley 142 de 1994 estableció un régimen especial para las empresas de servicios públicos, tanto estatales como privadas, orientado a promover la eficiencia económica y la competencia regulada. La norma exigió la separación contable por servicio, el reporte de información financiera a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la implementación de criterios específicos para el cálculo tarifario. En este marco, la SSPD expidió en 1997 un plan de cuentas sectorial que, aunque articulado parcialmente con los lineamientos generales de la CGN, incorporó diferencias importantes en aspectos relacionados con la clasificación y la presentación de los costos y gastos (Cuervo et al., 2000).

Posteriormente, la SSPD fortaleció el Sistema Único de Información (SUI) y promovió mecanismos orientados a reflejar de manera más precisa la realidad económica del sector, incluyendo metodologías como el Costeo Basado en Actividades (ABC) para la distribución de los costos de los servicios prestados (Amador, 2011). Como resultado, las EESP comenzaron a operar en un entorno institucional caracterizado por mayores exigencias regulatorias, financieras y de rendición de cuentas.

En consecuencia, como se ha mencionado anteriormente, las EESP constituyen organizaciones híbridas en las que convergen lógicas empresariales y objetivos públicos, situación que puede generar tensiones en la preparación y presentación de la información financiera (Capalbo y Palumbo, 2013; Rincón y Gómez, 2024). A diferencia de las empresas privadas, el desempeño financiero de estas organizaciones no solo afecta indicadores de rentabilidad o solvencia, sino también aspectos relacionados con la legitimidad institucional, la reputación administrativa, la evaluación política y la percepción pública de eficiencia. Por esta razón, la calidad de la información financiera reportada por las EESP adquiere especial relevancia dentro de los sistemas de información gubernamental y de los procesos de regulación sectorial.

La implementación de estándares internacionales y el fortalecimiento de la contabilidad basada en el devengo también ampliaron el uso de estimaciones, provisiones, deterioro, valor razonable y otros criterios que requieren juicios profesionales en la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las capacidades institucionales para aplicar consistentemente estos requerimientos no siempre se encuentran plenamente desarrolladas, especialmente en empresas pequeñas o ubicadas en regiones periféricas (León y Tirado, 2018; Rincón y Gómez, 2021). Por ejemplo, una investigación sobre la adopción de estándares internacionales en el sector público latinoamericano advierte que los procesos de convergencia contable pueden mejorar la comparabilidad y utilidad de la información financiera gubernamental, pero también ampliar los espacios de discrecionalidad asociados a las estimaciones y políticas contables, particularmente en contextos institucionales con capacidades administrativas heterogéneas (Barros et al., 2025).

En este sentido, en la literatura contable una de las formas más frecuentes de evaluar la calidad de la información financiera consiste en analizar la ocurrencia de EM (Barth et al., 2008). Este concepto hace referencia al uso discrecional de criterios contables o de decisiones operacionales con el propósito de influir en los resultados reportados y modificar la percepción del desempeño económico de la organización (Dechow et al., 1995; Healy y Wahlen, 1999). Desde esta perspectiva, el EM implica la introducción de sesgos que pueden afectar la representación fiel de los hechos económicos y las decisiones derivadas de la información financiera (Gallén y Giner, 2005).

La investigación sobre EM en el sector público y en empresas estatales ha crecido de manera importante durante los últimos años. Diversos estudios señalan que los administradores públicos pueden aprovechar la flexibilidad normativa asociada a provisiones, deterioro, estimaciones o reconocimiento de ingresos para alcanzar determinados objetivos institucionales o políticos (Bisogno y Donatella, 2022; Donatella et al., 2024; Van Helden et al., 2023). Desde la teoría positiva de la contabilidad, Zimmerman (1977) y Stalebrink y Sacco (2007) argumentan que los incentivos políticos, reputacionales y regulatorios pueden motivar a los administradores públicos a influir en los resultados financieros con el propósito de proyectar estabilidad, reducir costos políticos o evitar cuestionamientos sobre la gestión administrativa.

La evidencia empírica internacional también ha documentado distintos mecanismos asociados al EM en organizaciones públicas y empresas estatales. Vinnari y Näsi (2008), por ejemplo, encontraron “contabilidad creativa” en una empresa municipal de acueducto en Finlandia, facilitada por la flexibilidad normativa y la complejidad de las relaciones entre entidades gubernamentales. Capalbo et al. (2014), mediante modelos de devengos, no hallaron una mayor exposición al EM en empresas estatales italianas frente a empresas privadas, aunque sí observaron que la manipulación disminuía con el tamaño organizacional. Por su parte, Ruggiero et al. (2022) encontraron que la propiedad estatal puede incrementar la probabilidad de EM y afectar negativamente la rendición de cuentas.

En el entorno de las economías emergentes, Wang et al. (2020) documentaron que las empresas estatales chinas recurren a prácticas complejas de EM relacionadas con costos, gastos y flujos de efectivo, especialmente cuando existe una fuerte influencia del gobierno central sobre ellas. En el mismo sentido, Mlawu et al. (2025), en una revisión sistemática para economías emergentes, concluyen que los incentivos asociados al EM tienden a intensificarse en contextos caracterizados por debilidad regulatoria y limitaciones de gobernanza. El informe de la OECD (2024) también advierte que las empresas estatales enfrentan riesgos importantes de ineficiencia y discrecionalidad contable cuando no existen mecanismos robustos de supervisión y control.

En el marco de esta literatura académica, una línea metodológica relevante utiliza el análisis de distribución de frecuencias de los resultados financieros para identificar discontinuidades alrededor de determinados puntos de referencia, especialmente el umbral de cero utilidades. Como se mencionó anteriormente, bajo este enfoque una concentración inusual de pequeñas utilidades y una reducción del número de pérdidas han sido interpretadas como patrones compatibles con incentivos orientados a evitar el reporte de déficits (Burgstahler y Dichev, 1997; Burgstahler y Chuk, 2017; Degeorge et al., 1999; Gallén y Giner, 2005). En organizaciones públicas, Ballantine et al. (2007), Cohen et al. (2019) y Ferreira et al. (2012) sugieren que los administradores pueden utilizar este tipo de estrategias para proyectar equilibrio financiero, justificar solicitudes de recursos o reducir presiones políticas derivadas del deterioro financiero.

Particularmente, Capalbo et al. (2020), utilizando análisis distributivos en empresas de servicios públicos italianas, encontraron evidencia consistente con la existencia de ciclos políticos asociados a los resultados financieros, observando una tendencia a reportar mejores resultados en periodos preelectorales. De manera similar, Bermpei et al. (2023) identifican que la incertidumbre política en América Latina puede asociarse con incrementos en las prácticas de gestión de resultados.

En este sentido, el análisis de los resultados financieros reportados por las EESP colombianas resulta relevante. A partir de esta discusión, la siguiente sección desarrolla las hipótesis de investigación relacionadas con la existencia de discontinuidades distributivas alrededor del umbral de cero y sus variaciones según los ciclos políticos, los cambios regulatorios y el tamaño empresarial

Durante el periodo analizado, el 68 % de las observaciones correspondientes al resultado financiero neto anual de las EESP reportó valores positivos, mientras que el 32 % presentó resultados negativos, como se observa en la tabla 2. Los años con los promedios más altos del resultado neto anual escalado por activos totales fueron 2010, 2021 y 2024, mientras que los menores promedios se registraron en 2011, 2013 y 2015.

Tabla 2. Tabla 2. Estadísticas descriptivas de los resultados netos/activos totales anuales, 2007-2024 Fuente: elaboración propia, 2025.

En términos generales, la distribución de los resultados financieros netos anuales presenta una mayor concentración de observaciones positivas, con un promedio agregado de 0.0062. Este comportamiento resulta consistente con investigaciones previas que documentan una tendencia de las organizaciones públicas y las empresas estatales a reportar resultados superiores al umbral de cero (Capalbo et al., 2020; Cohen et al., 2019; Ferreira et al., 2012).

En este sentido, la figura 1 exhibe el histograma correspondiente a la prueba de H1. En ella se resaltan (en color azul) los intervalos adyacentes al umbral de cero resultados. Se observa una discontinuidad distributiva caracterizada por una menor frecuencia de observaciones en el intervalo inmediatamente anterior a cero y una mayor concentración en el intervalo posterior. Este patrón es consistente con la literatura que identifica posibles incentivos para evitar el reporte de déficits financieros en organizaciones públicas.

Figura 1.

Nota. El histograma está elaborado a partir de 7873 observaciones. El eje vertical muestra el número de observaciones por intervalo y el eje horizontal la distribución de los resultados netos divididos por los activos totales en el periodo t. La Amplitud de los Intervalos es de 0.0073.

La literatura sobre EM se ha desarrollado principalmente en el contexto corporativo privado. No obstante, durante las últimas décadas este tema ha adquirido una relevancia creciente en el ámbito de la contabilidad gubernamental, especialmente en escenarios de convergencia hacia estándares internacionales y fortalecimiento de modelos contables basados en el devengo. En el caso de las entidades estatales, la incorporación de estimaciones contables más complejas y de criterios cercanos al valor razonable ha ampliado las posibilidades para analizar el comportamiento financiero de las organizaciones públicas, pero también ha incrementado los espacios potenciales de discrecionalidad en la elaboración de la información financiera.

En este contexto, la presente investigación examinó la distribución de los resultados netos anuales reportados por las Empresas Estatales de Servicios Públicos (EESP) colombianas durante el periodo 2007-2024, utilizando un enfoque distributivo basado en discontinuidades alrededor del umbral de cero. Los hallazgos muestran significancia estadística en concentraciones anómalas de pequeños excedentes positivos frente a pequeñas pérdidas, patrón que resulta consistente con la existencia de incentivos asociados a evitar el reporte de déficits financieros. En consecuencia, los resultados sugieren la presencia de dinámicas distributivas compatibles con prácticas de EM en las EESP analizadas.

De manera complementaria, el estudio identificó que dichas discontinuidades distributivas presentan una mayor magnitud en los años preelectorales en comparación con los electorales, así como diferencias relevantes según el tamaño de las entidades y el periodo regulatorio considerado. En particular, las discontinuidades son relativamente menores en las EESP clasificadas como grandes y también en el periodo posterior a la implementación efectiva de la Resolución 414 de 2014. Aunque estos resultados podrían ser consistentes con factores asociados a los ciclos políticos locales, a las capacidades organizacionales y a las transformaciones regulatorias derivadas del proceso de convergencia contable, el diseño metodológico empleado no permite establecer relaciones causales concluyentes sobre los mecanismos específicos que explican dichas diferencias.

A nivel empírico, el estudio contribuye a la literatura sobre contabilidad pública al aportar evidencia sistemática para el caso colombiano, utilizando información financiera de una amplia muestra de EESP durante un horizonte temporal extenso. Asimismo, desde el punto de vista metodológico, la investigación muestra la utilidad del análisis distributivo como herramienta para explorar el tema en contextos donde existen limitaciones de información para aplicar modelos tradicionales basados en devengos discrecionales.

No obstante, los resultados deben interpretarse con prudencia. El enfoque de discontinuidades distributivas permite identificar comportamientos estadísticamente anómalos alrededor de determinados puntos de referencia contable, pero no constituye una prueba directa de manipulación deliberada ni permite distinguir con precisión entre discrecionalidad oportunista, restricciones técnicas, condiciones operativas o efectos derivados del entorno institucional y regulatorio. Además, las limitaciones en la disponibilidad de los datos requeridos en las bases gubernamentales restringen la posibilidad de implementar modelos alternativos de devengos discrecionales ampliamente utilizados en la literatura corporativa.

Otra limitación del estudio es que las EESP fueron analizadas de manera agregada, sin distinguir entre subsectores específicos de servicios públicos como acueducto, energía, gas o aseo. Aunque estas entidades comparten elementos regulatorios y contables comunes, sus estructuras operativas, esquemas tarifarios, niveles de supervisión y dinámicas financieras pueden diferir significativamente. En consecuencia, los patrones distributivos observados podrían no manifestarse con igual intensidad en todos los subsectores analizados.

En este sentido, futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis de componentes contables específicos —como provisiones, deterioros, ingresos, depreciaciones o cuentas por pagar— mediante enfoques mixtos, comparativos y cualitativos que permitan comprender con mayor detalle los mecanismos organizacionales y políticos asociados a estas dinámicas. También sería pertinente ampliar el análisis hacia otros tipos de entidades públicas, como hospitales, universidades, municipios o empresas estatales cotizadas, con el propósito de evaluar si los patrones observados en las EESP colombianas se replican en otras estructuras organizacionales del sector público.