Introducción

Los cambios derivados de la implantación de un nuevo modelo productivo basado en la industrialización conllevaron un progreso que impulsó la contemporaneidad con activos problemáticos y complejos de solucionar (Gravagnuolo, 1998). Entre ellos se destaca la falta de recursos habitacionales para atender las necesidades de una población que no solo aumentó en densidad demográfica, sino que migraba hacia zonas con mayores oportunidades. Tales aspectos hicieron que la infravivienda se convirtiera en una realidad difícil de erradicar y el acceso a una vivienda digna, en un anhelo para la clase trabajadora.

Se intentó solucionar estos asuntos con la conjugación de diversas variables que iban desde crear modelos urbanos y residenciales ex professo hasta teorizar sobre cómo debían ser los espacios para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de sus residentes (Sica, 1981). Estas acciones se completaron con la intervención de colectivos benéficos y agrupaciones sindicales que, sin quedarse en la denuncia, buscaron concienciar sobre la necesidad de dotar de un espacio óptimo a los obreros y activaron sus propias promociones (Sica, 1981), lo que fue favorecido por el desarrollo de las políticas y normativas que la Administración pública impulsaron para incentivar la construcción de viviendas asequibles y dignas (Tatjer, 2005).

Todo ello no solo se reflejó en los grandes núcleos urbanos o los polos de irradiación industrial más importantes, pues municipios de menor entidad, pero con un patrón económico-laboral destacable, sufrieron las consecuencias de la lacra del déficit de viviendas y mostraron la práctica de las medidas teorizadas y legisladas, como testimonia el municipio murciano de Molina de Segura.

Delimitación del área de estudio

La región de Murcia se encuentra ubicada en el sudeste de España (figura 1). Es una zona marcada por el clima mediterráneo, en la que una parte de su desarrollo industrial se sustenta sobre referentes agrarios a partir del siglo XIX, cuando la conserva vegetal comenzó a arraigarse en los pueblos inmediatos al curso del río Segura, que irriga sus vegas.

Molina de Segura se destaca por la fuerte implantación e irradiación que tuvo esta actividad durante la centuria siguiente. La eclosión de esta labor coincidió a su vez con una continua evolución de su población y la necesidad de disponer de viviendas para diversos grupos de trabajadores que incluían agricultores, operarios de fábrica y personal de la administración.

Para construirlas, promotores locales, privados y públicos se acogieron a las medidas incentivadas por el Gobierno nacional, cuyo fin era impulsar la edificación por medio de ayudas que revirtieran en la reducción de sus costes finales. Sin embargo, a veces era difícil convertir en realidad lo deseado, debido a numerosas dificultades que postergaron la realización de lo planificado. Aquello dejó un rastro documental de proyectos no ejecutados en la forma de barrios y colonias que ejemplifican una forma propia de concebir el espacio residencial y adaptar los nuevos modelos habitacionales a las necesidades de sus habitantes.

Esto se observa en los elementos sobre los que se sustenta este trabajo: las iniciativas que la Corporación municipal de esta localidad impulsó entre 1939 y 1946 para tratar de proveer viviendas dignas a su clase obrera, apoyada en las medidas nacionales que, tras unos intentos fallidos, comenzaron a desarrollarse en 1911 por medio de una primera Ley de casas baratas, que fue sustituida por una nueva en 1921. En 1939 se instituyó la Ley de viviendas protegidas, vigente hasta 1954, la cual coincidió con la Ley de viviendas bonificables (1944) (De Terán, 1999). Con base en esto se pretende analizar la aplicación de estas leyes en un espacio concreto, sometido a una proyección particular que marcó su futuro progreso urbano.

Hasta el momento, los estudios sobre las cuestiones urbanas de esta localidad se han centrado en aspectos históricos (Abellán, 1980), así como en revisar las promociones incentivadas a partir de la década del cincuenta por parte de su élite industrial (Palazón, 2008) y por la Obra Sindical del Hogar (Palazón, 2015, p. 101), organismo creado por el Gobierno franquista en la década del cuarenta para impulsar la construcción pública de vivienda.

En los últimos años, estas viviendas están siendo objeto de interés por parte de profesionales de diversas áreas, puesto que han comenzado a revalorizarse (Sambricio, 2003). Parte de ello atiende a ejemplos significativos cuya transcendencia los ha convertido en elementos a proteger, conservar y mantener (Moya, Monjo y Díez, 2017). En otros casos, la dependiente de modelos industriales conforma una de las bases sobre las que se asienta el patrimonio industrial. Además, a menudo su proyección estuvo en manos de importantes y notables arquitectos que atendían estos encargos sin considerarlos obra menor, dado que era una cuestión de alta demanda y necesidad de la que dependían como profesionales. La suma de todo ello torna a estos espacios en un campo de trabajo de la historia del arte. No en vano la ciudad es una de sus materias de estudio y en ella se sustentan las políticas urbanas, de las cuales la vivienda es núcleo.

Hipótesis y objetivos

La hipótesis que marcó este trabajo sostuvo que el municipio de Molina de Segura es ejemplo de la aplicación práctica de los supuestos legislativos impulsados por la Administración nacional para favorecer la construcción de viviendas destinadas a la clase trabajadora.

De las actuaciones emprendidas se destacaba un proyecto promovido por la Corporación local; si bien su materialización partía de los principios teóricos, su ejecución tuvo que hacer frente a una problemática realidad que no podía superarse con las medidas activadas. Por tal motivo, se convierte en un estudio de caso para conocer parte de las dificultades que frenaron la proyección de vivienda obrera a mediados del siglo XX en municipios de tamaño medio en España.

A partir de esta premisa se fijó que el objetivo prioritario del estudio: analizar la iniciativa municipal en materia de vivienda obrera entre 1939 y 1946. Se complementó con unos objetivos secundarios, desglosados en los siguientes puntos: estudiar la legislación sobre vivienda obrera que se impulsó en España, para vincular su desarrollo a las propuestas que se plantearon para Molina de Segura y comparar el caso analizado con los abordados en otros municipios, para ver la efectividad de las propuestas emprendidas.

Metodología

Este trabajo se sustentó en el estudio de un bloque de fuentes primarias: actas municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura de 1936 a 1946 que aludían a la temática de la vivienda obrera, en las que se encontraron las iniciativas municipales abordadas para solventar esta cuestión y se enmarcaron las actuaciones que derivaron en el proyecto encargado a los arquitectos Ros y Dicenta, que luego pasó a Ramírez; expediente con el proyecto planteado por los arquitectos Ros y Dicenta para Molina de Segura; documentación con motivo del contencioso entre los arquitectos y el Ayuntamiento de Molina de Segura; correspondencia entre el arquitecto Ramírez y la Corporación municipal para enmarcar una reformulación del proyecto inicial.

Se complementó con el estudio y el análisis de la legislación nacional en materia de vivienda obrera entre 1911 y 1944. Esta normativa, junto con la bibliografía, permitió enmarcar el contexto nacional y local en el que se insertó en el trabajo. La metodología usada correspondió a la investigación histórica analítica-sintética, para poner de relieve los motivos que subyacían a cada propuesta y examinar su relación con las directrices instauradas en cada momento.

Los resultados obtenidos se distribuyeron en tres bloques que parten de una contextualización que revisa los antecedentes urbanos y residenciales de esta localidad. A continuación se examinó la situación hasta 1936 y se terminó con la progresión de las iniciativas impulsadas durante los primeros años de la dictadura franquista. Para finalizar se exponen las conclusiones, en las que se manifiesta que cada actuación se vio postergada, sin frenar el déficit de viviendas hasta la década del sesenta del siglo XX.

Molina de Segura: contextualización de su desarrollo urbano

Molina de Segura ejemplificó la progresión de un sistema económico sustentado en el paso de la agricultura a un modelo industrial erigido sobre su capacidad agraria, pues fueron sus frutos la base de su industria agroalimentaria. De su mano, esta villa se transformó en una ciudad que renovó por completo su estructura urbana, la cual hasta el siglo XVIII había mantenido los rasgos de un núcleo medieval ubicado tras las murallas que limitaban su perímetro urbano, a lo que se sumaba un gran número de asentamientos inferiores dispersos por sus campos y huertas.

Fue entonces cuando comenzaron los primeros cambios: sus vecinos pasaron de 1260 a 3128, situación que impulsó su crecimiento fuera de la muralla y se expandió hacia las calles que habían surgido con la construcción de la iglesia de la Asunción (1765), próximas al camino real de Castilla. Por el Catastro del Marqués de la Ensenada sabemos cómo era su caserío en esos momentos: muestra que estaba compuesto por 232 casas y 51 barracas (López, 1982) ¹ . Su estructura económica se basaba en la agricultura, complementada con pequeñas manufacturas de esparto, molinos de harina y cría del gusano de seda (Abellán, 1980).

En el siglo XIX, pese a algunos momentos críticos, su población aumentó hasta doblar el número de habitantes (Abellán, 1980); a la vez, se implementaban fórmulas laborales en telares, molinos de harina y pimentón, almazaras y fábricas de materiales de construcción (Monreal, 1992). El siglo siguiente fue el de la verdadera eclosión demográfica, pues en 1900 su padrón reflejó 8615 vecinos y comenzó su despegue industrial de manos de la industria conservera (Monreal, 1992), actividad que en pocos años fue la más importante. Así quedaría testimoniado, una vez más, el binomio entre urbanismo e industrialización, como también quedó reflejado en Alcoy (Alicante) (Ponce y Dávila, 1998) o en Calahorra (La Rioja) (Mateos, 2003) ² (figuras 2 y 3).

De pueblo a ciudad: el problema de la vivienda

La progresión demográfica e industrial que comenzó a materializarse en Molina de Segura en los inicios del siglo XX derivó en un desigual crecimiento residencial y urbano que coincidió con la promulgación de las leyes de casas baratas, cuyo surgimiento estuvo auspiciado por la necesidad de dar una solución eficaz a la problemática de la vivienda en España ³ .

En 1911, el rey Alfonso XIII firmó la primera Ley de casas baratas (España, 1911). En ella se definían las viviendas que quedaban sujetas a esta denominación: aquellas que fueran construidas o se intentaran construir por particulares o colectividades para alojar solo a trabajadores con ingresos modestos. Para impulsar su edificación abogaba por la creación de sociedades benéficas y cooperativas que podían acogerse a un programa de ayudas económicas, ya que se destinaba un presupuesto anual de 500.000 pesetas que, sumado a una política de gestión de préstamos y exenciones fiscales, estimulaba a los promotores para que abordaran la tarea. Además, consideraba la cesión de terrenos por parte de las Administraciones públicas como una forma de facilitar su impulso y contemplaba el derecho de expropiación de terrenos previamente declarados de utilidad pública, aspectos que claramente revirtieron en una reducción del precio de la vivienda. Los Ayuntamientos adquirían un papel protagonista, dado que podían acogerse a los preceptos de esta legislación para abordar la construcción de viviendas y obtener los mismos beneficios que el resto de entidades, pero a su vez les instaba a vigilar aquellas viviendas que no reunieran las condiciones mínimas de habitabilidad e incluirlas en este plan, para lo cual debían informar a sus dueños y, en el caso de que ellos se negaran a asumir las reformas indicadas, podrían expropiarlas y decidir si se apostaba por su derribo y reconstrucción o por su rehabilitación.

Diez años después fue cambiada por una nueva Ley de casas baratas (España, 1921) que fuera más efectiva. El real decreto en el que se enmarcó introdujo la exposición de motivos que llevó al ministro de Trabajo, don Carlos Cañal y Migolla, a abordar esta modificación: la vivienda era un problema social primordial que llevaba aparejadas otras cuestiones.

[…] pues la habitación es el complemento de la efectividad del derecho a la vida, inherente a la personalidad humana, base inmediata de todos los derechos fundamentales del hombre, y elemento esencial para la afirmación de las instituciones familiares, que reconocen su más firme asiento en el hogar doméstico. (España, 1921)

Para solucionarlo se proponen tres vías prioritarias de actuación: facilitar el crédito, impulsar tanto la compra como el alquiler de las viviendas y expropiar terrenos por motivos de necesidad. Tales aspectos se añadieron a una nueva consideración de casa barata: aquella que reuniera “las condiciones técnicas, higiénicas y económicas” (España, 1921) recogidas en la legislación. Sus promotores podrían ser particulares, corporaciones oficiales y sociedades diversas. En el caso de proyectarse un número importante de ellas, era obligatorio acometer las obras de urbanización necesarias para dotar al lugar de todos los servicios necesarios. De nuevo los Ayuntamientos obtuvieron protagonismo, pues tenían capacidad para ceder o vender a bajo precio terrenos adecuados para edificarlas o abordar directamente su construcción y atender las denuncias por viviendas insalubres. Además, podían constituir una junta de casas baratas, conformada por el alcalde y una serie de vocales, en donde tenían cabida concejales, médicos, arquitectos, constructores, residentes en estas viviendas y otros asignados por los poderes públicos.

Pese a la proyección constructiva que estas leyes impulsaron, los resultados no fueron efectivos en Molina de Segura. Así, mientras las fábricas se asentaron en el casco urbano, sobre el curso de sus acequias Subirana y Mayor (Griñán, López y Palazón, 2007), sus habitantes continuaron ubicándose en las inmediaciones del casco histórico en viviendas que iban de una a tres plantas y algunas tenían cámaras para guardar los frutos del campo. Las clases más desfavorecidas se veían obligadas a vivir en cuevas, lo que muestra que en esos momentos ya había infravivienda (Abellán, 1980). Por eso, la petición que formuló en marzo de 1936 la Cooperativa española de casas baratas Pablo Iglesias, surgida en la cuenca minera de Peñarroya-Pueblonuevo del Terrible (Arias, 2003), para construir un grupo de viviendas para obreros locales fue atendida por la Corporación municipal. Para llevarla a cabo demandaban solares o subvenciones, pero la proximidad del conflicto bélico impidió que la propuesta prosperara (Comisión Municipal Molina de Segura, 1936).

La proyección de viviendas para obreros: anhelos y realidades

La guerra civil (1936-1939) supuso una etapa de declive para la industria conservera que, si bien al final del conflicto mantenía un número elevado de instalaciones, no podía alcanzar las cifras de producción anteriores. Ello no hizo otra cosa que agravar el problema de la vivienda, el cual venía haciéndose evidente y era común al que se vivía en el resto del territorio nacional: la destrucción sufrida y la difícil situación económica por la que atravesó el país en sus años posteriores, con una dura posguerra, mermaron la capacidad para reconstruir lo perdido e impulsar obra nueva.

Para revertir esta situación, el régimen dictatorial establecido por el Gobierno franquista anuló disposiciones legislativas anteriores e impuso un nuevo marco legal para patrocinar el desarrollo de viviendas entre las clases más desfavorecidas. Iniciaron con la Ley de régimen de protección a la vivienda (España, 1939a; 1939b), que creaba el Instituto Nacional de la Vivienda (Pérez y Gutiérrez, 2013), dependiente del Ministerio de Organización y Acción Sindical, cuyas atribuciones eran numerosas y que podemos resumir en bloques: fijar las normas a cumplir por las viviendas protegidas; crear planes de construcción para colonizar zonas internas del país; fijar los tipos de viviendas que debían ser modelo según sus destinatarios (labradores, artesanos, etc.); limitar el valor de las viviendas alquiladas y vendidas, dado que el importe máximo de la construcción de cada una de ellas no podría superar las 30.000 pesetas; intervenir para conseguir los fondos económicos, supervisar los concursos y las subastas de proyectos y vigilar que lo aprobado se cumpliera.

En cuanto a los preceptos que en materia de vivienda recogía esta normativa, sobresale en primer lugar que ya no empleaba la denominación de casa barata y la sustituyó por vivienda protegida. Tal cambio iba más allá de una mera cuestión terminológica, porque supuso la inclusión de un matiz de amparo y protección que estaba en consonancia con la nueva posición política por la que el Estado tenía que velar por el cuidado de los ciudadanos.

Estas viviendas fueron de renta reducida, es decir, su importe mensual no debía superar el de seis días de jornal o la quinta parte del salario mensual y estaban incluidas en los planes generales que redactaba el Instituto Nacional de la Vivienda. Este debía aprobar los proyectos con la máxima consideración de que cumplían con los preceptos higiénicos, técnicos y económicos recogidos en las ordenanzas comarcales, en los que se tenían en cuenta los elementos a desarrollar, pues había diferencias entre las viviendas urbanas y las rurales. Todas ellas obligatoriamente debían ser capaces de albergar a una familia con hijos, por lo cual tenían que incluir tres dormitorios de dos camas, dado que la política de fomento de la familia y la natalidad fue otro de los elementos en los que insistió el franquismo.

Aquellas cuya proyección estaba asentada en terrenos urbanos debían dotarse de las obras de urbanización y de los servicios elementales sin oponerse a los planes municipales. Sus promotores podían ser Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, sindicatos, organizaciones del movimiento, empresas para otorgar viviendas a sus obreros, sociedades benéficas, cajas de ahorros, particulares que construyeran su propia casa o se agruparan en cooperativas, entidades y particulares que construyeran para lucrarse y destinaban una parte a alquiler reducido y el propio Instituto Nacional de la Vivienda, así como patronatos de casas para funcionarios tanto civiles y militares para ser habitadas por ellos mismos, venderlas, cederlas o alquilarlas. A cambio recibían exenciones fiscales, anticipos y primas que suponían una importante ayuda en un momento de acuciante penuria económica. Su vigencia se mantuvo hasta 1954 y coincidió en el tiempo con la Ley de viviendas bonificables (1944).

Fue en este nuevo período cuando la Corporación municipal de Molina de Segura planificó un ambicioso plan de propuestas que enunció tras finalizar la guerra. Incluyó la elevación de un grupo de casas baratas, así denominadas pese al cambio introducido, conformado por catorce edificios pensados para albergar cada uno a cuatro familias (Comisión Municipal Molina de Segura, 1939), pero la realidad económica del municipio impidió gestionar su construcción en esos momentos y por eso abogó por incentivar el alquiler de las casas vacías en 1941 (Comisión Municipal Molina de Segura, 1941). Esta fue una medida de dudosa efectividad, debido a la negativa de sus propietarios a participar de ella, lo que llevó a recuperar el proyecto ideado y se encargó a los arquitectos Joaquín Dicenta Vilaplana (1887-1960 ⁴ ) y Lorenzo Ros Costa (1890-1988).

Dicenta era valenciano, estudió arquitectura en Barcelona y se trasladó a Cartagena para servir como arquitecto del Estado en la sección del catastro. Desde ese puesto accedió al de arquitecto municipal de Murcia en 1928 (Nicolás, 1993). Su obra se circunscribe al núcleo de Murcia y municipios próximos, donde reflejó su capacidad para adaptarse a la envergadura de los proyectos que se le encargaron. Así, mientras en los trabajos del municipio de Alcantarilla sus viviendas para industriales y edificios públicos disponían de elementos modernistas y tradicionales (López y Griñán, 2003), estos se fueron sustituyendo por los ideales del movimiento moderno, como demostró en su proyecto de viviendas para funcionarios de la Delegación de Hacienda (García, 1955).

Por su parte, Ros nació en Cartagena, se formó como arquitecto en Madrid y en 1914 ejerció como arquitecto municipal en Figueras, lugar de origen de su familia (Soler, 2015). Dos años después fue nombrado arquitecto municipal de Cartagena, en donde desarrolló la mayor parte de su actividad (Nicolás, 1993). Inicialmente su obra atendió criterios clasicistas, con decoración barroca y elementos decó; tras la guerra pasó a un estilo racionalista, imbuido del movimiento moderno en línea con las nuevas necesidades, rasgos que dejó patentes en su propuesta para urbanizar el Molinete y en las viviendas obreras que proyectó en Cartagena (Ródenas, Ros y Juan, 2015).

Ambos son referentes de la arquitectura contemporánea murciana y de manera conjunta participaron en un proyecto que puede resultar minúsculo, pero ejemplifica la realidad problemática a la que debían enfrentarse promotores y arquitectos en unos tiempos complicados para el impulso de cualquier actividad profesional.

Dicenta y Ros: proyecto de viviendas para trabajadores

La propuesta que se les planteó a los arquitectos consistía en planificar un proyecto que recogiera un grupo de cuarenta viviendas protegidas y “un bloque para casas-habitación de funcionarios” (Comisión Municipal Molina de Segura, 1942), que debían elevarse en una parcela ubicada en las proximidades del futuro paseo de España, actual paseo Rosales, con doce viviendas (Comisión Municipal Molina de Segura, 1942). Debían proyectar 52 viviendas, así: ocho en dos plantas; doce en igual modelo al anterior, pero en dos subtipos —unas tenían distribuidas las estancias en las dos plantas y otras dejaban la superior como cámara para guardar las cosechas, propuesta ideal para los agricultores—; veinte en planta baja, destinadas a empleados modestos y doce en un bloque de pisos para los maestros nacionales que, por su continua movilidad, precisaban de viviendas en alquiler y para otros empleados que no desearan tenerlas en propiedad, mientras el resto tenía régimen de propiedad (Comisión Municipal Molina de Segura, 1942).

Esta planificación afrontaba un grave problema y es que el espacio reservado no era amplio. Ante esta situación, los arquitectos manifestaron que era preciso disponer de uno mayor, pero la Corporación no podía aportar ni ampliar el ya delimitado. Este motivo hizo que el alcalde formulara una modificación: el mínimo a construir era de treinta viviendas y no recogía el edificio (Gil, 1945).

En mayo de 1942, el anteproyecto fue depositado en el Colegio de Arquitectos de la zona de Valencia, en la delegación de Murcia, pero tuvo una serie de desviaciones con respecto a lo definido, puesto que acopió cuarenta viviendas en total. Sus modelos se ajustaban a los solicitados, si bien presentaban variaciones por la necesidad de adaptarse al espacio, que ya se había considerado escaso. Se planificaron siete modelos: el bloque inicial para doce viviendas se dividía en dos, con seis en cada uno de ellos; las viviendas de dos plantas se reducían a dos para las que debían tener sus espacios entre las dos alturas, mientras las que debían tener cámara se fijaron en ocho. Las restantes dieciocho se distribuyeron en una planta con cuatro propuestas que atendían a diverso número de estancias (Ros y Dicenta, 1942) (tabla 1).

Los arquitectos concibieron modelos de viviendas diferentes que se basaban en una interpretación de las disposiciones dadas, las cuales se ubicaban de manera armoniosa e interrelacionadas en el espacio del que se disponía para tratar de obtener el mayor rendimiento. Sus referencias arquitectónicas apostaban por ofrecer una construcción funcional y utilitaria; las viviendas C, D y F contaban con un porche externo flanqueado por pilares sencillos al que daban las ventanas de las estancias internas, lo que también facilitaba momentos de descanso y recreo entre las familias. Al margen de este aspecto, los elementos estéticos no tenían lugar, pues seguían las disposiciones del movimiento moderno.

Las viviendas se distribuían en tres manzanas, en un entramado viario propio conformado por sus calles y aceras que comunicaban los grupos de casas entre sí. Se incluían zonas verdes al norte y sur del grupo, así como filas de árboles frente a una sección de las casas B1 y C, algo que propiciaría su posterior conexión con una zona privilegiada de la ciudad: el paseo de España, zona de recreo. Como se aprecia, cumplían con la cantidad de habitaciones fijada por la Ley de 1939, aunque el tipo C superaba el precio establecido (figuras 4 y 5). Sin embargo, su realización fue inviable, debido a un desencuentro entre el Ayuntamiento y los arquitectos.

El anteproyecto de Dicenta y Ros incluía cada una de las cuestiones definidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, pero presentaba algunas diferencias en los tipos de viviendas acordadas. Así fue depositado en el Colegio de Arquitectos, dado que de este modo se obligaba al promotor a tener que abonar la cuantía por sus honorarios para proceder a la retirada del mismo. Ello repercutió negativamente en su ejecución, pues la Corporación, tras la revisión del anteproyecto, manifestó que este solo recogía veintiocho viviendas y un bloque, sin señalar el número de viviendas que tendría y únicamente se apostaba por las que se desarrollaban en planta baja del tipo máximo. Ello se consideró un gran inconveniente porque repercutía en los criterios urbanísticos, de ornato y belleza que se querían impulsar. Además, reducía su número en doce y no tenían baño (Comisión Municipal Molina de Segura, 1942).

Como se puede comprobar, esta descripción no correspondía a la del proyecto presentado, lo que hace considerar la posibilidad de que estudiara uno diferente o fuera interpretado de forma incorrecta. Estos motivos hicieron que la Corporación dictaminara que los arquitectos debían modificar su propuesta para adaptarse a lo establecido inicialmente. Por su parte, ellos entendieron que habían actuado de manera correcta al cumplir con lo demandado, ya que así se conjugaban los intereses del promotor con el espacio consignado, seguían las formas establecidas con variaciones para conseguirlo y reclamaban el pago de sus honorarios, fijados en 9552 pesetas.

Así comenzó un pleito entre ambas partes que se intentó solucionar de manera amistosa, pero ante la falta de un acuerdo fue precisa la intervención del Colegio de Arquitectos, del director general de Administración local y del gobernador civil, quien recurrió a la Dirección General de Arquitectura para analizar la postura de los profesionales (Gobierno civil de la provincia de Murcia, 1944). La documentación de este contencioso puso de manifiesto que el anteproyecto se ajustaba a lo demandado y que el Ayuntamiento debía afrontar el compromiso adquirido. Mientras no se zanjara esta cuestión, era inviable autorizar a otro arquitecto para que lo abordara, aunque el Ayuntamiento había comenzado a proyectar una nueva iniciativa que convergía con esta.

Consecuencias de un proyecto diferente

A pesar de que esta contrariedad seguía sin solucionarse, el Ayuntamiento proseguía en su interés por desarrollar un proyecto que era una necesidad local. No concretarlo agudizó el problema social de acceso a la vivienda, que se vio agravado con la penalización económica que debía afrontar un Ayuntamiento al que no le parecía realista la propuesta presentada.

En enero de 1944, ante un derribo que Juan Antonio Prieto, uno de los industriales conservero más destacados de estos años, acometió en su propiedad de la calle Padilla, se consideró necesario atender esta cuestión al posibilitar la ejecución de un plan de urbanización. Este aspecto suponía una novedad, al apostar por una planificación inicial destinada a marcar unas líneas de crecimiento urbano que facilitaran la obtención de un suelo sobre el cual abrir nuevas calles, articular manzanas y construir viviendas y otros equipamientos municipales (Comisión Municipal Molina de Segura, 1944).

El plan ideado pretendía intervenir en dos áreas: la primera comprendía la denominada zona de la Consolación, limitada por plaza de San Roque, avenida de José Antonio, calle del Sepulcro y plaza de la Inmaculada, calle de D. Antonio Lacarcel (2.^o trozo), calle de la Consolación, Vereda, vía del ferrocarril de Murcia a Caravaca, Molino del Cubo, camino de la Consolación y calle de Atenza hasta la plaza de San Roque. La segunda zona se denominó sector urbano del noroeste y abarcaba el área limitada por plaza de la Iglesia, calle de Ramón y Cajal, plaza del Caudillo, avenida de José Antonio, calle Nueva y acequia Subirana, avenida del General Primo de Rivera, vereda de la Huerta, calle Ruiz de Alda hasta la plaza de la iglesia (figura 6). Para facilitar su ejecución se creyó que era preciso declarar de utilidad pública los terrenos afectados por este plan de urbanización, lo que implicó su expropiación forzosa (Comisión Municipal Molina de Segura, 1944).

Un mes después se constituyó la Comisión Gestora, entidad que también se encargó del problema de la vivienda, así como de facilitar el acceso a ella por parte de los funcionarios de la localidad y los dependientes de la Administración local (Comisión Municipal Molina de Segura, 1944). Por ello se vio que era viable abordar la construcción de viviendas destinadas a estos grupos dentro de las áreas del nuevo plan de urbanización que se había activado, a las que se añadieron un mercado y un grupo escolar.

Se encargó este proyecto al arquitecto Fernando Ramírez de Dampierre y Sánchez (1909-1999). Este profesional se había asentado en Madrid, donde se había formado en la Escuela de Arquitectura. Allí abrió oficina técnica con Antonio Vallejo Álvarez (Arias, 2000), con quien ejecutó obras de corte civil y religioso, tarea a la que se sumó su labor como titular del Ministerio de Vivienda (Núñez, 2014).

El inicio del nuevo proyecto derivó en que Ros y Dicenta recurrieran a la justicia en febrero de 1945 e interpusieron una denuncia ante el juzgado de primera estancia de Murcia, que lo pasó al de Mula, por la que reclamaban el pago de la deuda pendiente al Ayuntamiento. La apertura del proceso hizo que se comenzara a abonar el dinero reclamado en varias cuantías (Comisión Municipal Molina de Segura, 1945a; 1946b). De este modo ya era posible retomar el proyecto concebido para solucionar un problema que se iba a agravando y es que la década de los cuarenta vivió una pirámide poblacional que no dejaba de ascender en número de nuevos habitantes, la cual contaba con pocas opciones para acceder a una vivienda.

Nueva propuesta, mismos errores: proyección irrealizable

En 1944, Ramírez de Dampierre había recibido el encargo de adelantar un proyecto similar al de Ros y Dicenta con cuarenta viviendas protegidas, ahora distribuidas en tres tipos: tipo medio (subdividido en vivienda normal y agrícola) y un bloque para doce, cuyo fin era servir de albergue —así se le denominó— para maestros y funcionarios que no pudieran adquirir una vivienda protegida. Las obras tendrían un coste de 883.000 pesetas (Ramírez, 1945).

A finales de ese año llegó a la Alcaldía José Antonio Espallardo, otro destacado industrial de la localidad, quien ratificó el interés por esta propuesta y planteó una serie de cuestiones a tener en cuenta. Los solares en donde se proyectaba construir en la zona de la Consolación no eran baratos, debido a que estaban ubicados próximos al centro urbano y, aunque la expropiación era una de las medidas adoptada por la gestora del proyecto, había que sumar los costes del movimiento de tierras para adecuarlos a la construcción. Por ello consideró la posibilidad de trasladar las obras a otro lugar, sin indicar a cuál, postura que contrastaba con su deseo de dotar la propuesta con parques y jardines (Espallardo, 1945).

En octubre de 1945, al tratar el tema de las dos zonas de urbanización, la comisión municipal manifestó que en ellas se iban a levantar varios grupos de viviendas protegidas y en la Consolación se habían contemplado 175. Esta cifra era muy superior a la considerada inicialmente; es más, resulta curioso que ellos mismos indicaran que les era imposible saber cuántas podrían construirse, debido a que las medidas destinadas a saber con certeza de cuánto espacio se disponía no se habían acordado todavía, pues no se había comenzado a expropiar los terrenos. Además, apuntaron que era necesario tener en cuenta que en esa zona había grupos fabriles establecidos, situación que obligaba a dejar una reserva de suelo para posibles ampliaciones (Comisión Municipal Molina de Segura, 1945b).

Desde Madrid, aunque visitó Molina al menos una vez, Ramírez seguía con el proyecto encargado y remitió los planos de urbanización para el área de la Consolación, donde fijaría el emplazamiento de las viviendas protegidas, proyectadas ahora en tres grupos unifamiliares: vivienda mínima o de bracero, vivienda media o de agricultor/empleado, vivienda mayor para agricultor acomodado o familia numerosa (Comisión Municipal Molina de Segura, 1946a). Para proseguir necesitaba saber qué espacio tenía realmente. Ante la importancia de este asunto, la gestora creada para este tema decidió que fuera estudiado por la Comisión de Fomento, para que se informara a los propietarios que se iban a ver afectados y medir la cuantía económica que ello tendría.

Advertidos los dueños, sobre todo industriales conserveros, de que se iban a ver perjudicados por las expropiaciones, hicieron patente su disconformidad y se negaron a colaborar, pues las propiedades que se les reclamaban eran necesarias para algo igual de importante y transcendente: aumentar sus réditos industriales, ya que los espacios donde la Corporación preveía llevar a cabo su plan estaban destinados a ampliar sus actividades industriales, de las que dependía la economía local (Comisión Municipal Molina de Segura, 1946c). Así acabó condenado el intento municipal de proyectar viviendas protegidas en ese momento.

Disponer de esas viviendas habría permitido paliar un problema que no solo fue recurrente desde la década del treinta, sino que se agravó cuando la industria conservera local resurgió plenamente a partir de la década del cincuenta. Al amparo de ella emergieron industrias auxiliares que elaboraban los productos que precisaba la conserva en la forma de envases, cartonajes y plásticos (Pastor, 2004). De su mano, Molina de Segura se convirtió en un polo industrial que empezó a demandar altas cuotas de mano de obra, lo que derivó en una nueva eclosión demográfica protagonizada por obreros originarios tanto de otros municipios regionales como de comunidades limítrofes. Todos ellos tuvieron que hacer frente a un problema común: la falta de viviendas. Si hasta entonces los beneficiarios de viviendas comprendían empleados públicos y agricultores, ahora emergía con fuerza la clase obrera fabril, parte de la cual estaría conformada por procedentes del ámbito agrario que pasaron a este nuevo campo laboral.

Esta situación hizo que desde la década del cincuenta hasta la del sesenta no hubiera viviendas de ningún tipo para alquilar y vender, lo que llevó a que los trabajadores ­­—sobre todo las mujeres, la mano de obra por excelencia de las conserveras— se vieran obligados a residir en lugares inhóspitos, como barracones o almacenes, donde se ubicaban camastros para su descanso. En otros casos, los habitantes que tenían viviendas alquilaban las dependencias de las que disponían e incluso destinaban para tal cuestión cualquier espacio que hubiera libre en la casa (cámara, terraza, patio), incluidos los propios suelos de la casa en las diversas estancias (Palazón, 2008).

Para corregir esta situación se impulsó la actividad constructora desde varios frentes con base en las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno, como la Ley de viviendas de renta limitada (1954), los planes nacionales de vivienda (1955), la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana (1956) y la creación del Ministerio de la Vivienda (1957).

Con estas medidas, los promotores particulares vieron en la construcción de viviendas un negocio a tener en cuenta y se activó la Constructora benéfica san Vicente de Paúl (1957), que promovió la construcción del barrio de Fátima junto con la Obra Sindical del Hogar (1957) (Palazón, 2015). A ello se sumaron los industriales locales, quienes intervinieron acogiéndose a la legislación vigente para dotar de vivienda a su mano de obra, tanto en viviendas unifamiliares en hilera o en altura como en residencias para las obreras que trabajaban por temporadas (Palazón, 2008). Así se gestaron nuevos barrios alejados de su centro urbano, el cual se modificó a partir de la década siguiente, con altos edificios que borraron la huella de su pasado histórico en aras de una modernidad que atestiguó su evolución con nuevos modelos arquitectónicos por estudiar y reconocer.

Pese a ello, en el Plan Molina de Segura de 1972 ⁵ siguió indicándose que la localidad disponía ya de viviendas libres destinadas a la venta, pero que no correspondían a las subvencionadas o de renta limitada que contemplaba la legislación nacional. Se constata que en esta fecha todavía perduraba el déficit de vivienda, aunque el documento recogió, en el mismo párrafo en el que daba cuenta de esta cuestión, que ello no era de un síntoma alarmante ni debía verse como un problema grave, como lo fue la situación ocho años atrás.

Discusión de resultados

Con este trabajo se pretendió analizar la realidad de la vivienda obrera en Molina de Segura. Después de estudiar las iniciativas proyectadas por la Corporación municipal, junto con las medidas legales destinadas a potenciarlas, se observó que la problemática social siguió existiendo hasta mediados del siglo XX. Ello condujo al agravamiento de una situación inicialmente controlable, debido a varios factores.

En primer lugar, como ha apuntado Vaquer (2017), pese a que la legislación nacional intentó dar soluciones, hizo que la vivienda fuera un derecho desatendido. Este autor lo explica porque las medidas para convertir en un derecho a la vivienda se sustentaron en un derecho de la vivienda, en lugar de un derecho a la vivienda, es decir, se impulsaba su construcción con medidas económicas, pero no se tenía en cuenta a quién debía destinarse de forma precisa y concisa. En el caso de este municipio, esto quedó enrolado en los ámbitos laborales que se estaban viendo afectados por la falta de vivienda, aunque ese aspecto se fue desvirtuando conforme avanzó el proyecto.

Con este elemento confluye el de una incapacidad constante por financiar proyectos de este tipo entre los Ayuntamientos más pequeños. La Corporación municipal gestionaba un pueblo que se estaba transformando en una ciudad, con una población que no podía afrontar tasas e impuestos excesivos que se hubieran revertido en una serie de mejoras urbanas. Es más, en España no se consideró financiar la actuación en materia de vivienda con impuestos sobre determinados productos como el alcohol (Hidalgo, 2002). Esta cuestión mermaba la capacidad de actuación que las leyes daban a los Ayuntamientos.

Por otro lado, no disponer de espacio para llevar a cabo el proyecto fue el motivo que condujo a que no se pudiera abordar en ninguna de sus variantes. Ello contrasta con la posición de las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, pero también de focos cercanos como Cartagena, cuyo impulso industrial también fue destacable a lo largo del siglo XX, las cuales confeccionaron planes para ensancharse y consiguieron nuevo espacio constructivo (Pérez, 1993). Aquí, esta propuesta resultaba inviable, pese al auge industrial y su constante crecimiento demográfico.

La decisión de ubicar las viviendas para obreros en una zona privilegiada, situada en las inmediaciones del casco urbano y su proximidad a los principales referentes industriales de la localidad fue un error en el que los promotores persistieron. No era la tónica general, pues se preferían zonas que quedaran alejadas del centro urbano, también por un interés en mantener bajo control a las clases obreras (Pallol, Vicente y Carballo, 2007). No contemplaron la posibilidad de apostar por la vivienda en altura, pues en todas las propuestas se destacaba el modelo unifamiliar en hilera, lo que consumía mayor cantidad de un espacio que no se tenía, pese a las disposiciones legales. La falta de una proyección urbanística emanada de no saber en esos momentos cuál iba a ser la tendencia urbana de la localidad llevó a que no se asumiera su traslado a un área que pudiera presentar menos problemas, aunque ello acarreara otro: no disponer de servicios públicos básicos, elemento destacable que hubiera mermado su elección a la hora de acceder a las ayudas oficiales y también era difícil de solventar.

Las viviendas proyectadas por Ros y Dicenta cumplían con los criterios higienistas impuestos por los congresos de arquitectura moderna, pues contaban con numerosas dependencias, incluidos los baños, que a veces se obviaban. Además, no solo concibieron su espacio urbano, sino que lo acompañaron con una vertiente paisajística; toda una novedad en el panorama local que recogía modelos cercanos en los cuales inspirarse, como el barrio de Benalúa en Alicante (Pérez y Gutiérrez, 2013).

Conclusiones

La vivienda en Molina de Segura fue una necesidad derivada de la incapacidad para proyectarla según el aumento de población y sus necesidades. Esta situación motivó que, desde la década del treinta del siglo pasado, en este municipio se ensayaran todas las opciones planteadas por los organismos gubernamentales, cuyos resultados fueron aportaciones que pretendían facilitar el acceso a la vivienda a dos grupos de trabajadores claramente diferenciados: los de la Administración pública y los operarios de fábrica y agricultores.

La Corporación municipal trató de llevar la iniciativa en este tema a partir de 1941, por medio de un impulso constructivo de viviendas que atendieran las necesidades de ambos, acción que recayó en los arquitectos Ros y Dicenta, quienes diseñaron una colonia residencial que seguía solo en parte las disposiciones demandadas por los representantes locales, debido a las reducidas dimensiones del espacio del que se disponía. Tal aspecto fue el motivo por el que nunca se pudo abordar este proyecto ni el de Ramírez de Dampierre, porque no se tenía la capacidad suficiente para contar con un espacio que permitiera llevar a cabo la construcción de las propuestas sucesivas.

El contencioso entre los arquitectos y los representantes del Ayuntamiento de Molina de Segura muestra la difícil relación que enmarcaba los encargos de obras en la década del cuarenta en España. Ambos tenían posturas comunes y disposiciones contrarias que les impidieron llegar a un entendimiento sobre la propuesta, lo que llevó a un pleito en donde todos los apercibimientos previos se postulaban del lado de los primeros.

Los funcionarios de la Administración, en el caso de los maestros, tuvieron que conformarse con ayudas para el alquiler de sus residencias. Los dependientes de la localidad con asistencias puntuales que paliaran los ingresos de su mermado sueldo nunca pudieron verse beneficiados por una política de construcción de vivienda propia. Fue en la década del cincuenta cuando se comenzó a aminorar el déficit de viviendas que sufría la localidad, acción que fue promovida por diversos grupos locales, entre los que destacaron los industriales conserveros, quienes de este modo aseguraron el asentamiento de la mano de obra que necesitaban. Ellos sí que disponían de los medios económicos suficientes para llevar a cabo estos proyectos y optaron por construirlas en los nuevos barrios que habían empezado a desarrollarse en los límites del casco urbano y no dentro de él.

Todo ello convierte a Molina de Segura en un ensayo de las políticas de construcción de viviendas para trabajadores dentro de las disposiciones instituidas durante la época franquista, pues de su mano fue creciendo hasta convertirse en una ciudad, aunque algunas de las iniciativas como las aquí analizadas se quedaron en un rastro documental que demuestra las dificultades que tenían entidades de este tipo para llevar a cabo sus propuestas. Pese a las ayudas y medidas impulsadas, no todos los promotores que podían participar de ellas tenían la capacidad para abordarlas y utilizarlas para atajar el problema de la vivienda.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación
El trabajo forma parte de las investigaciones sobre la estructura urbana e industrial del municipio de Molina de Segura, iniciadas en el Doctorado en Historia del Arte, “Arte, mito e historia”, de la Universidad de Murcia, España.

¹ Solo se han recogido los rasgos de las viviendas ubicadas en el casco urbano y no en el campo.

² Estos ejemplos son significativos, dado que Alcoy presentó una estructura urbana e industrial similar al caso estudiado y es un municipio ubicado en una provincia limítrofe, mientras Calahorra fue otro foco de la industria conservera nacional.

³ Tema que ya se había tratado en 1881 en el Congreso Nacional de Arquitectos, donde se debatió sobre los pros y contras de la construcción de barrios obreros (Pérez, García y Serrano, 2016).

⁴ Fecha facilitada por la doctora Nicolás, a quien agradezco sus aportaciones para la realización de este trabajo.

⁵ Este documento es fruto de una visita del gobernador civil y del jefe provincial del Movimiento de Murcia junto con otras autoridades municipales a Molina de Segura para ver los nuevos barrios obreros que habían surgido en la ciudad. En el transcurso se constató una serie de deficiencias que los afectaban, lo que dio lugar al desarrollo de un estudio que analizaba la situación del municipio y planteaba propuestas de mejora.

Notas de autor:

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: mdolorespb@um.es

Información adicional:

Cómo citar este artículo: Palazón Botella, M. D. (2019). Proyección y realidad de la vivienda obrera municipal en Molina de Segura (España) entre 1939 y 1946. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 12(23). https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu12-23.prvo

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