El conflicto puede entenderse como una condición propia del ser humano y un fenómeno universal, que surge en diversas etapas de la historia y puede desarrollarse, ya sea a partir de la individualidad y el libre albedrío de las personas, o a través de las manifestaciones de desacuerdo por parte de grupos (Castro, 2018; Illera, 2022). Lo anterior cobra sentido al tener en cuenta que este tipo de procesos parte de un hecho social, en el que existe una disputa entre personas o grupos, caracterizada por ideales e intereses divergentes y por generar dinámicas de exclusión, inestabilidad y lucha, entre otras (Ander-Egg, 1995; Progresar – Fundación para el Desarrollo Social, la Democracia y la Paz, 2000).

Dentro de diversas tipologías, el conflicto armado, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2008), Cañadas et al. (2008) y Amnistía Internacional (2024), puede ser comprendido como un enfrentamiento violento, continuo y organizado, protagonizado por grupos armados regulares e irregulares, que trae como consecuencia la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este tipo de conflictos genera efectos significativos tanto en la población como en el territorio, provocando pérdidas de vidas humanas, desplazamientos forzados, actos terroristas, desapariciones forzadas, pérdidas de bienes muebles o inmuebles, confinamiento, secuestro y abandono o despojo de tierras, entre otros hechos victimizantes que afectan el tejido social del territorio y sus comunidades (Registro Único de Víctimas, 2025).

En Colombia, el conflicto armado se ha presentado como un fenómeno prolongado, complejo y violento durante más de sesenta años. Sin embargo, no puede definirse como homogéneo, debido a su naturaleza política y social, que ha generado una compleja interacción entre diversos actores y grupos al margen de la ley (como guerrilla y grupos armados ilegales) y el Estado, dejando como consecuencia profundas desigualdades y crisis sociales, económicas, políticas y territoriales (Ayala et al., 2016).

Su marcada historia beligerante ha promovido dentro del país un proceso de violencia sistematizada, que ha sido definido por autores como Egea y Soledad (2008) en función de su prolongación casi tradicional y de baja intensidad, lo que lo diferencia con respecto a otros territorios como Ruanda o Bosnia, caracterizados por conflictos armados concentrados en un corto periodo de tiempo, pero con un alcance de destrucción más intensa.

El conflicto armado interno se ha caracterizado así mayoritariamente por la apropiación y el control de los territorios rurales que presentan grandes potencialidades estratégicas y productivas, dentro de los cuales se destacan zonas del Chocó, los Llanos Orientales, Bolívar, Sucre, Meta, el Putumayo y el Catatumbo (Ibáñez et al., 2006).

Para autores como Ayala et al. (2023), desde su génesis en las décadas de 1940 y 1950, el conflicto armado interno se centró en aspectos de violencia política y social, constituidos a partir de una violación sistemática de derechos humanos que incluyen hechos victimizantes como el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado de la población civil. Luego del surgimiento de los grupos paramilitares de extrema derecha en la década de 1980, el país sufrió una intensificación de la violencia con una marcada presencia en sus áreas urbanas, a lo cual se sumó el fortalecimiento de las economías ilegales y del narcotráfico como fuente de financiación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Consecuentemente, entre la década de 1990 y el 2015 los efectos de la guerra y el conflicto se agudizaron, con pérdidas considerables e impactos negativos tanto para el territorio como para las personas, de la mano del incremento de hechos victimizantes que incidieron en el tejido social de las comunidades y el desarraigo territorial (Ruiz, 2011). Es importante mencionar que, en este mismo periodo, tuvo lugar el proceso de desmovilización y reincorporación de los grupos paramilitares agrupados bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia, entre los años 2003 y 2006, que si bien redujo la intensidad del conflicto en algunas regiones, también dejó múltiples desafíos en términos de justicia, reparación y garantías de no repetición (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015a).

Posteriormente se inició el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que culminó con la firma del Acuerdo Final en 2016, tras varios años de negociaciones formales. Ese mismo año, en su informe mundial, Human Rights Watch (2016) destacó que entre 1985 y octubre del 2015 alrededor de siete millones de colombianos fueron víctimas del desplazamiento interno en razón del conflicto armado. Igualmente, el CICR (2017) documentó a partir de su acción comunitaria en el país en el año 2015 un total de 812 posibles infracciones al derecho internacional humanitario y otras normas humanitarias, contabilizando alrededor de 19 000 víctimas.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se inició la transformación de la guerrilla en un movimiento político y, en consecuencia, su proceso de entrega de armas con el fin de promover la reintegración de excombatientes y la construcción de una paz sostenible y duradera. No obstante, es importante tener en cuenta que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC no se sumaron al marco de este acuerdo y, por el contrario, intensificaron la confrontación territorial y la violencia a través de prácticas como el reclutamiento forzado, la minería ilegal, el cultivo y procesamiento de coca y los asesinatos selectivos, entre otras (Rincón et al., 2024).

A esto se suma la persistencia del fenómeno del paramilitarismo, que tras el proceso de desmovilización y reincorporación formalizado en la Ley 975 de 2005 (“para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”), ha mutado en una proliferación de bandas criminales emergentes (conocidas como Bacrim) y otras formas de presencia armada ilegal, que continúan operando de manera organizada en distintos territorios del país, disputando el control social, económico y político en aquellas regiones (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

Hacia el año 2021, el gobierno nacional retomó los diálogos con el ELN sin aparente éxito o conclusión; por el contrario, las dinámicas asociadas al conflicto continúan generando repercusiones en las comunidades y el territorio nacional. En este sentido, el periodo comprendido entre el 2022 y el final del 2024 fue un momento particularmente álgido para las áreas rurales en determinadas regiones del país como el Catatumbo, Nariño y Cauca, en donde el narcotráfico se consolidó como una fuente de ingreso, lo que trajo como consecuencia el incremento de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el homicidio, el secuestro y la extorsión, entre otros, así como la precarización del bienestar y la calidad de vida de la población (González et al., 2025).

El concepto de bienestar territorial hace referencia a la satisfacción que manifiesta una población, comunidad o sociedad, con respecto al cumplimiento de necesidades materiales o inmateriales como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la infraestructura, la seguridad, la calidad del entorno físico y el acceso a los servicios básicos, entre otras, teniendo en cuenta que tales elementos presentan una incidencia significativa con respecto a la experiencia de vida de las personas y su relación con el entorno que habitan (Cuadra y Florenzano, 2003). El bienestar territorial no solo comprende los aspectos materiales, sino que aborda la percepción subjetiva que tienen las personas sobre su calidad de vida, logrando establecer interrelaciones propias entre las variables que acompañan las dinámicas territoriales y las formas en las que estas inciden en las comunidades locales. A continuación, en la tabla 1 se muestra una lista de dimensiones fundamentales a considerar dentro de la construcción del bienestar territorial.

Tabla 1. Tabla 1. Dimensiones fundamentales que inciden en el bienestar territorial Fuente: elaboración propia a partir de Miguel et al. (2022) y Navarro (2024).

Por otro lado, el concepto de calidad de vida se encuentra relacionado a la percepción y satisfacción, tanto material como emocional, que tienen las personas y las comunidades con respecto a las condiciones y el bienestar que experimentan dentro de los entornos que habitan o hacen parte de su cotidianidad. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la calidad de vida no solo está relacionada con la disponibilidad de recursos, sino también con indicadores que van más allá de lo material, como el sentido de pertenencia y de bienestar emocional, derivados de las experiencias frente a las condiciones del entorno (Martínez et al., 2016). En la tabla 2 se referencian las dimensiones que componen la calidad de vida, según la relevancia e interconexión que se presenta entre los individuos, las comunidades y el entorno.

Tabla 2. Tabla 2. Dimensiones que componen la calidad de vida Fuente: elaboración propia a partir de Jiménez y González (2014) y Yáñez y Albacete (2020).

El empleo de la configuración del territorio en el abordaje del bienestar y la calidad de vida posibilita una comprensión integral del mismo, ya que el análisis de estudios que no solo incorporen indicadores económicos, sino que contemplen los índices de satisfacción de necesidades materiales (empleo, vivienda e infraestructura), así como de necesidades inmateriales (salud, educación seguridad y acceso a servicios), fomenta una mirada holística que integra la experiencia subjetiva del ser humano y su relación con el entorno que habita (Bayres, 2022; Navarro, 2024).

Lo anterior favorece además la identificación de las vulnerabilidades y las desigualdades derivadas de las dimensiones física, social, medioambiental y económica del territorio, ya que resulta factible establecer información con respecto a indicadores asociados a la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la cohesión social. Esto determina la posibilidad de establecer estrategias específicas de intervención a corto, mediano y largo plazo, que asociadas a la propuesta y el seguimiento de políticas públicas, puedan generar respuestas efectivas y puntualizadas en pro del bienestar de la comunidad (Ayala et al., 2020).

La historia de Colombia ha estado marcada en gran parte por las consecuencias y los efectos del conflicto armado en el territorio nacional, teniendo en cuenta que algunas zonas se han configurado como epicentros de violencia. Autores como Ibáñez et al. (2006) señalan que los actores responsables de las dinámicas internas de violencia han centrado su actuación en la apropiación estratégica de territorios como el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Chocó, Nariño, Cauca, Sucre, Bolívar, Putumayo y Meta, así como de sus riquezas potenciales, considerando que sus posiciones fronterizas son estratégicas para el tráfico de armamento y cultivos ilícitos, además de que son fuentes potenciales de recursos como el petróleo, la coca y minerales valiosos, entre otros (González, 2001; Murad Rivera, 2003).

En este sentido, el conflicto armado conlleva una destrucción física, pero también una desestructuración o desequilibrio social, económico y ambiental, que a su vez impacta negativamente sobre la calidad de vida de los habitantes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). En Colombia, el control de los territorios —sobre todo los rurales— y de sus recursos se ha convertido en una apuesta significativa (Aysa-Lastra, 2011), por la cual la población civil ha sido foco de múltiples hechos victimizantes, tales como la desarticulación familiar o el abandono de sus viviendas y sus territorios.

Estas grandes afectaciones que han destruido la infraestructura física en el territorio y socavado el tejido social de la población civil (Bozzoli et al., 2012) conllevan una disminución del bienestar y la calidad de vida en los territorios donde la población civil ha sido víctima sistemática de violación de derechos humanos, de la mano de afectaciones territoriales derivadas de explotación ilegal y cultivos ilícitos.

Para autores como Malguesini y Giménez (2000), una de las razones por las que la población civil se ve obligada a abandonar o huir de su territorio se asocia a la destrucción, sobreexplotación y degradación ambiental que originan los actores armados en sus lugares de origen. Consecuentemente, es importante tener en cuenta que los daños relacionados a las afectaciones del tejido social se ligan también a aspectos de segregación social, ambiental y espacial, fragmentación económica y al aumento en las brechas y desigualdades sociales. La falta o el difícil acceso a la prestación de servicios básicos en los territorios fortalece las vulnerabilidades preexistentes en los mismos, hecho que sumado a ciclos de violencia, pobreza, desigualdad y desarraigo territorial determina la precariedad en la satisfacción de los índices de calidad de vida (Villa e Insuasty, 2016).

Desde esta perspectiva, los estudios de Aysa-Lastra (2011), Carrillo (2010), Machado-Duque y Calderón-Flórez (2014), Mogollón Pérez y Vázquez (2006) y Hernández Bello y Gutiérrez (2008) muestran cómo el aspecto emocional derivado de hechos victimizantes, tanto de los grupos como de los individuos, así como de la pérdida de capital, la fragmentación de las economías familiares y locales, la inseguridad en términos físicos, sociales y alimentarios y otros aspectos asociados al acceso a la justicia, la salud y la educación, ha generado impactos negativos en la población colombiana con respecto a su calidad de vida.

Por su parte, para Calderón (2016), el conflicto armado colombiano tiene una incidencia negativa que afecta el bienestar territorial desde aspectos como el acceso a los servicios básicos, el deterioro de la infraestructura y la percepción de inseguridad. Esto se ve reflejado en dificultades para el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, desde lo cual se contemplan problemáticas asociadas a: la precariedad de recursos, como el empleo informal de las víctimas; las dificultades geográficas, por la distancia física que debe recorrer la persona hasta un equipamiento de salud o educación; las dificultades administrativas, por el proceso burocrático y el desconocimiento del mismo; y las dificultades culturales, por las creencias y valores de las personas en cuanto a diversos aspectos de carácter social, como puede ser la consideración de la medicina tradicional frente a medicamentos convencionales (Carrillo, 2010; Hernández Bello y Gutiérrez, 2008; Mogollón-Pérez y Vázquez, 2008; Prada Gómez et al., 2008; Sánchez Isaza et al., 2016).

En cuanto al acceso de educación, las personas víctimas del conflicto armado no solo se ven expuestas al desarraigo de su territorio, de su identidad, de su vivienda, sino también al de la educación, ya que, dependiendo de las nuevas circunstancias en los lugares o territorios de acogida, muchas veces deben sacrificar temporalmente la escolaridad, mientras adelantan los procesos que implica reestructurar la vida nuevamente en un espacio desconocido (Aysa-Lastra, 2011; Bozzoli et al., 2012; Carrillo, 2010; Hernández Bello y Gutiérrez, 2008; Muggah, 2000).

Los hechos anteriormente mencionados representan pérdidas con respecto al ámbito social, así como en el desarrollo económico-territorial y comunitario, que se ven reflejadas en aspectos como la inversión, el comercio y el turismo, debido a la percepción de inseguridad derivada del conflicto armado. Al respecto, en el informe general Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) se evidencia cómo las víctimas del conflicto en Colombia debieron suspender sus actividades económicas y de producción, debido a que los grupos armados instalaron nuevas actividades propias de la guerra.

Un caso representativo de esto se dio en el Chocó, en el medio Atrato, donde la población tuvo que cambiar su actividad de pesca y siembra en razón de las nuevas normas de navegación fluvial y tránsito terrestre impuestas por los actores ilegales. Asimismo, se expone el caso de los campesinos de San Carlos, Antioquia, quienes debieron abandonar el cultivo de sus tierras por la presencia de minas antipersona y las amenazas constantes de los grupos armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). En este sentido, Egea y Soledad (2008) refieren la siembra de minas como una de las problemáticas referente a los territorios y las poblaciones, ya que dificulta la reestructuración de las actividades económicas y productivas de la población civil.

Desde esta perspectiva, autores como Vallejo Bravo (2011) y Barboza Sierra y Guerra Chamorro (2024) señalan la importancia de reseñar cómo la satisfacción del bienestar territorial y la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia se ha visto ampliamente deteriorada con el paso de los años, puesto que la violencia del conflicto armado no solo ha impactado la integridad física de las personas, las infraestructuras y el enfoque de desarrollo territorial, sino que progresivamente ha alterado el tejido social de las comunidades, en las cuales se han perpetuado fenómenos de pobreza, desigualdad, segregación social y espacial y exclusión.

Como señalan Pérez (2021) y Vargas (2021), la persistencia del conflicto armado conlleva serias implicaciones psicosociales, tales como desórdenes mentales, dificultades en las relaciones interpersonales, alteraciones en la percepción del entorno y problemas de adaptación. Según este último autor, la falta de bienestar social se traduce en una reducida integración comunitaria, vulnerabilidad psicológica y deficiencias en aspectos cruciales como la aceptación y la contribución social, la actualización personal y la coherencia en la visión del mundo. Hay que tener en cuenta que las comunidades víctimas de hechos de violencia, desplazamiento e inseguridad han experimentado episodios de ansiedad y estrés que han impactado su salud mental, generando sensaciones de desesperanza y vulnerabilidad (Ayala et al., 2023).

En la tabla 3 se presenta un análisis de la interdependencia entre el bienestar territorial y la calidad de vida en el contexto del conflicto armado colombiano. Su construcción se basa en la identificación de las interrelaciones entre las dimensiones de ambos conceptos, partiendo de un análisis de las consecuencias y de los impactos negativos del conflicto armado en cada una de las dimensiones previamente definidas, incluyendo revisión de la literatura y la incorporación de datos.

Posteriormente, se establecieron las interrelaciones, determinando sus conexiones y consecuencias. El cruce de las dimensiones de bienestar territorial y calidad de vida pretende reflejar la naturaleza sistémica del impacto del conflicto armado, y el hecho de que este no produce efectos aislados, sino una red interconectada de consecuencias que afectan múltiples aspectos de la vida social y territorial. El desarrollo del cruce de variables aquí expuesto permite identificar las posibles interrelaciones causales, determinando cómo los impactos influyen en diferentes ámbitos de manera simultánea.

Tabla 3. Tabla 3. Cruce de variables entre las dimensiones de bienestar territorial y calidad de vida

Fuente: elaboración propia.

A partir de la tabla 3 se puede evidenciar cómo el conflicto armado en Colombia ha generado un tejido interconectado de impactos negativos que afectan de manera simultánea y recurrente las dimensiones propias de la calidad de vida y el bienestar territorial, intensificando la vulnerabilidad social, la pobreza, la violencia y la inseguridad.

Se destaca que la dimensión material de la calidad de vida presenta afectaciones asociadas a la destrucción de infraestructura y la inseguridad generalizada en razón del conflicto armado, lo cual impacta directamente a la dimensión económica del bienestar territorial, toda vez que en este contexto se limita el acceso a los bienes y servicios básicos, reduciendo las oportunidades de desarrollo tanto para las comunidades como para el territorio, hecho que se ve reflejado en un incremento en el índice de pobreza y en la incapacidad de sostenimiento productivo territorial. Como se evidencia en la tabla 3, este impacto económico también incide negativamente en la dimensión física construida, ya que la falta de recursos en los territorios y en las comunidades limita la posibilidad de suplir el déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas, así como de la infraestructura, prolongando la vulnerabilidad material.

Sin embargo, tal y como se menciona en el Informe nacional de desplazamiento forzado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015b), es relevante tener en cuenta que la violencia y el temor generados por el conflicto armado no solo impactan negativamente la dimensión material, sino que consecuentemente se reflejan y afectan la dimensión social del bienestar territorial y la calidad de vida.

En ese sentido, hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el homicidio y el secuestro, entre otros, son determinantes en el debilitamiento de la cohesión y el tejido social.

Las comunidades que se enfrentan a la violación sistemática de derechos humanos presentan una pérdida del sentido de pertenencia, de lugar, y un profundo deterioro de las relaciones sociales. Esto trae consecuencias en la salud mental y genera impactos negativos en la salud física, una de las dimensiones fundamental para la calidad de vida, cuya afectación también se incrementa en razón del deterioro ambiental y a causa de la percepción de inseguridad (Instituto Nacional de Salud, 2018).

Al respecto, es posible evidenciar el impacto negativo que presenta la dimensión ambiental del bienestar territorial, algo directamente relacionado con la violencia y la falta de control estatal. En el territorio, esto es evidente a través de la explotación ilegal e informal de recursos naturales que afecta consecuentemente la calidad del aire y el agua, trayendo consecuencias negativas a la salud física y mental de la población e impactando su calidad de vida. Sumado a ello, la degradación ambiental y la inseguridad física generan un impacto negativo en la percepción que tienen las comunidades sobre su entorno y su sostenibilidad.

En la tabla 4 se presentan las interrelaciones entre el bienestar territorial y la calidad de vida en zonas afectadas por el conflicto armado colombiano, con el fin de comprender su impacto en el territorio y en las poblaciones en el territorio nacional. Su construcción se fundamentó en la utilización de una metodología de corte documental, deductiva y sintética, como se indicó previamente.

Las relaciones presentadas en la tabla 4 no fueron asumidas directamente como dadas por las fuentes, sino que fueron interpretadas a partir de un cruce analítico de variables, con base en un marco teórico previamente definido (Tablas 1 y 2). Se identificaron y definieron las dimensiones clave del bienestar territorial y la calidad de vida (económica, física construida, social, medioambiental, material; salud física y mental, relaciones sociales, entorno) a partir de la interpretación y lectura de la literatura especializada de documentos oficiales, estudios de caso, informes institucionales y literatura científica —muchos de los cuales abordan por separado los impactos del conflicto armado, el bienestar territorial o la calidad de vida—, y se articularon desde una visión sistémica e interpretativa del conflicto como fenómeno transversal que asume los elementos recurrentes y más relevantes en los diferentes enfoques teóricos.

Esto implicó la sistematización de las dimensiones claves a partir de autores como Miguel et al. (2022), Navarro (2024), Jiménez y González (2014) y Yáñez y Albacete (2020), entre otros. Los impactos del conflicto armado en cada dimensión fueron extraídos de fuentes primarias como el Registro Único de Víctimas, el Instituto Nacional de Salud, e informes de la Procuraduría, el CICR y Human Rights Watch.

El establecimiento de relaciones entre dimensiones se llevó a cabo a través de patrones de impacto coincidente o encadenado (por ejemplo: destrucción de infraestructura productiva-pérdida de empleo-disminución de ingresos-deterioro en salud y alimentación). Este análisis generó relaciones causales, a partir de evidencia documental, que mostraba un vínculo directo para la identificación de mecanismos a través de los cuales el conflicto afectaba la interrelación de las dimensiones, y relaciones correlativas, cuando el vínculo era concurrente. Para ello se identificaron asociaciones o patrones en la literatura, asumiendo que, si bien no se podía probar una causalidad directa, la síntesis de estos hallazgos sugería una relación significativa.

Se destaca aquí que el cruce de variables presentado en la tabla 4 es un ejercicio de interpretación original, sustentado en la metodología sintética, ya que las fuentes documentales no presentan explícitamente estas interrelaciones aquí planteadas. En ese sentido, este artículo, desarrollado como un avance del proyecto a partir de resultados parciales de la investigación en una etapa documental, propone una lectura interdimensional del impacto del conflicto, que articula datos dispersos para dar cuenta de su carácter sistémico.

El proceso de cruce de variables se llevó a cabo mediante un análisis interpretativo derivado de la evidencia documental disponible para cada celda de la matriz. Este correspondió a la interpretación de la información, así como a la búsqueda de patrones, conexiones y mecanismos de interacción entre los diferentes impactos del conflicto armado en el bienestar territorial y la calidad de vida. El cruce fue desarrollado mediante una matriz de doble entrada, donde las filas representan las dimensiones del BT y las columnas las dimensiones de CV. Cada fila se relacionó con una o varias columnas a partir de aspectos como la evidencia de impacto recurrente y documentado, la coincidencia temática en los factores estructurales afectados, y la lógica territorial y poblacional común en el análisis.

Posteriormente, se establecieron vínculos en función de los siguientes clasificadores: ¿cómo ocurre?, que describe, desde la interpretación y la evidencia, el mecanismo de interacción entre dimensiones y la influencia del conflicto; ¿por qué ocurre?, que explica la causalidad desde el análisis de los datos en el contexto territorial colombiano; e impacto en el territorio o la población, que identifica el efecto en la población o el territorio resultante del cruce de las variables.

Es importante tener en cuenta que las interrelaciones producto de este cruce de variables no solo suministran una comprensión referente a los impactos negativos del conflicto, sino que establecen información base e insumos para la comprensión y futuro desarrollo de intervenciones más específicas y contextualizadas en el territorio nacional. A partir de ello, desde un enfoque territorial se pueden evidenciar los impactos derivados del conflicto armado asociados a la infraestructura, los recursos naturales y el desarrollo económico y social del territorio, y desde un enfoque poblacional, los impactos asociados a la salud (física y mental), la seguridad, las relaciones sociales, el acceso a servicios básicos, las condiciones de vida y el desarrollo humano.

Tabla 4. Tabla 4. Interrelaciones entre el bienestar territorial (BT) y la calidad de vida (CV) en zonas de conflicto armado

Fuente: elaboración propia.