Introducción

Singapur representa un caso excepcional en el panorama global. Ubicado en el sudeste asiático, en el extremo sur de la península malaya, este Estado insular cuenta con una superficie de apenas 734 kilómetros cuadrados —gran parte de esta ganada al mar mediante ambiciosos proyectos de reclamación territorial—. Con una población de aproximadamente 5,9 millones de habitantes, cerca del 40 % son residentes extranjeros, muchos de ellos trabajadores migrantes empleados en sectores estratégicos de la economía (Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 2024; “Singapur: economía, política y sociedad en cifras”, 2024). A pesar de su diminuto tamaño, Singapur ostenta uno de los productos internos brutos (PIB) per cápita más altos del mundo, comparable con el de países como Noruega o Suiza, y figura consistentemente entre los primeros lugares en indicadores de competitividad global, gobernanza y desarrollo humano (Statista, 2024).

Este contraste entre su reducida escala geográfica y su peso económico y político a nivel mundial lo convierte en un caso atípico dentro de la región del sudeste asiático, donde predominan desigualdades estructurales, informalidad urbana y limitaciones estatales en la provisión de bienes públicos (Palma y Pincus, 2022). Este desarrollo ha sido impulsado por un gobierno centralizado, conocido por su disciplina férrea y su modelo de gobernanza tecnocrática, que regula con precisión distintos aspectos de la vida cotidiana de sus ciudadanos. En el núcleo de este modelo de gobernanza se encuentra la ideología de la meritocracia. La meritocracia, tal como se define en este estudio, se refiere al principio de que los derechos y recompensas se distribuyen en función del mérito individual—como el esfuerzo y la adaptación a las normas estatales— y no por razón de cuna o privilegio. Este concepto es crucial en el contrato social de Singapur y un hilo conductor de nuestro análisis, pues sustenta la manera en que se estructuran la ciudadanía y el acceso a bienes públicos, como la vivienda, en la ciudad-Estado.

La organización social de Singapur responde a un diseño meticuloso, articulado en torno a una concepción de la meritocracia que premia el esfuerzo individual y la conformidad con normas estatales. Más que un principio retórico, la meritocracia funciona como un criterio central de legitimidad, a partir del cual se distribuyen derechos sociales, oportunidades y formas de reconocimiento. Esta lógica ha sido institucionalizada especialmente en el servicio público y en políticas de bienestar como la vivienda; como señalaba Lee Kuan Yew (2000) —fundador y primer ministro de Singapur durante más de tres décadas—, “Singapur tiene éxito porque hemos sido despiadadamente meritocráticos”. De hecho, el ideal meritocrático ha sido presentado por el gobierno como garantía de eficiencia y justicia, en la medida en que “cada ciudadano debe avanzar según su mérito y no por nacimiento o privilegio” (Tan, 2008). Este ideal meritocrático no solo estructura la movilidad social, sino que actúa como base moral del pacto ciudadano: quienes se ajustan a las expectativas del sistema son premiados con acceso pleno a bienes y servicios, mientras que aquellos que no logran “cumplir” son ubicados en los márgenes del orden urbano. En este marco, el sistema de vivienda pública singapurense emerge como una manifestación paradigmática de dicho modelo: una política estatal que, lejos de ser meramente distributiva, refleja y reproduce una arquitectura social orientada al orden, la productividad y la cohesión según estrictos criterios de merecimiento (Tan, 2022).

El sistema de vivienda pública en Singapur ha sido ampliamente reconocido como un modelo ejemplar de eficiencia estatal, al proporcionar alojamiento a más del 80 % de su población (Cheong, 2012). Desde sus inicios, este sistema se articuló sobre los principios de igualdad procesal, mediante normativas uniformes diseñadas para garantizar el acceso equitativo a viviendas asequibles para todos los ciudadanos. Esta arquitectura institucional buscaba promover un modelo justo y meritocrático en una sociedad profundamente diversa, de acuerdo con el punto de vista étnico y cultural. No obstante, con el paso del tiempo, el Estado singapurense ha reconocido las limitaciones de una igualdad estrictamente formal, incorporando mecanismos compensatorios en el marco de una “meritocracia justa” (fair meritocracy), orientada a nivelar el terreno para aquellos grupos históricamente desfavorecidos.

Entre estas medidas se destacan las políticas de integración étnica —como los límites raciales en los vecindarios (ethnic integration policy)—, así como la creación de asociaciones de autoayuda étnica y esquemas diferenciados de subsidios. Estas iniciativas buscan no solo mitigar divisiones raciales y económicas, sino también fortalecer una identidad nacional compartida y fomentar la cohesión social en la vida cotidiana (Singapore Ministry of Culture, Community and Youth, 2018).

En las últimas décadas, el modelo de vivienda pública ha experimentado ciertos ajustes normativos para adaptarse a transformaciones demográficas y culturales, como el envejecimiento de la población y la diversificación de las estructuras familiares. La inclusión paulatina de hogares unipersonales y, de forma incipiente, de parejas del mismo sexo, da cuenta de una ampliación del espectro de beneficiarios, sin alterar sustancialmente el marco meritocrático del sistema. No obstante, este aparente avance hacia la inclusión convive con una red compleja de tensiones estructurales: a pesar de los ajustes redistributivos, el modelo sigue reproduciendo jerarquías materiales y simbólicas que posicionan a los sectores más vulnerables en los márgenes del ideal ciudadano promovido por el Estado. Para muchas familias de bajos ingresos, la única alternativa viable sigue siendo el alquiler público subsidiado, asociado a condiciones restrictivas y a un estigma social persistente. Estas restricciones (como la prohibición del uso de aire acondicionado en ciertas unidades —a pesar de ser particularmente necesario en el clima subtropical singapurense— o la obligación de asistir a programas de orientación familiar y supervisión social) refuerzan la percepción de que quienes no han “triunfado” dentro del sistema merecen condiciones de vida “inferiores”. Estas medidas no solo limitan el confort material, sino que también envían un mensaje simbólico de vigilancia y corrección. En este marco, la meritocracia no se limita a organizar el acceso a la vivienda (Foucault, 1982), sino que visibiliza al sujeto menos exitoso, responsabilizándolo individualmente por su exclusión y situándolo en los márgenes del ideal ciudadano promovido por el Estado (Housing & Development Board, 2024).

Si bien el sistema de vivienda pública de Singapur ha sido presentado como un ejemplo singular de planificación estatal, su análisis se enriquece al ponerlo en diálogo con experiencias contrastantes en otros contextos del Sur Global, como los de Colombia y Chile. En ambos países, los programas de vivienda social (estructurados en torno a subsidios focalizados y criterios de elegibilidad condicionados) también articulan una lógica de inclusión selectiva, en la que el acceso a la vivienda está mediado por la capacidad de los sujetos para cumplir con estándares de autosuficiencia y esfuerzo individual. Al igual que en Singapur, estos esquemas habitacionales tienden a reproducir segmentaciones urbanas, estigmatizar a los sectores populares y establecer mecanismos implícitos de responsabilización moral frente al fracaso o al escaso éxito material en comparación con otros ciudadanos dueños de su propiedad. Esta perspectiva comparativa no busca establecer equivalencias directas, sino más bien contribuir a una reflexión más amplia sobre cómo diferentes regímenes de vivienda configuran formas de ciudadanía jerarquizada y de control social en contextos urbanos marcados por la desigualdad. Así, la comparación entre Singapur, Chile y Colombia busca extraer lecciones sobre los alcances y límites de las políticas habitacionales basadas en la meritocracia. Estas lecciones, relativas al equilibrio entre eficiencia y equidad, a la prevención de la estigmatización socioespacial y al papel del Estado en la garantía del derecho a la vivienda, son de alta relevancia para los debates urbanos y de vivienda en el ámbito internacional.

Este artículo examina cómo el ideal de meritocracia en Singapur ha sido operacionalizado a través de sus políticas de vivienda pública, revelando un equilibrio tenso entre inclusión formal, diferenciación social y control moral. A partir de una revisión crítica de literatura, documentos oficiales y estudios de caso, se analizan las lógicas normativas, espaciales y simbólicas que estructuran el acceso a la vivienda, así como las formas en que estas políticas producen subjetividades ciudadanas jerarquizadas. De manera puntual, se contrastan algunos de estos hallazgos con experiencias habitacionales en América Latina, con el fin de situar el caso singapurense dentro de debates comparativos más amplios sobre urbanismo, meritocracia y desigualdad. La elección de Chile y Colombia responde a su relevancia como casos representativos de modelos habitacionales en el Sur Global que, al igual que Singapur, combinan retóricas de inclusión con mecanismos de condicionalidad basados en la autosuficiencia individual. Esta comparación permite ilustrar cómo la meritocracia opera en regímenes políticos y económicos diversos para producir ciudadanías diferenciadas y formas de exclusión urbana.

A modo de cierre, el artículo busca demostrar que la vivienda pública en Singapur no es únicamente una política de provisión material, sino un sofisticado instrumento de ingeniería social en manos de un Estado profundamente involucrado en el diseño de su orden urbano y moral. Su carácter excepcional (marcado por una alta capacidad estatal, una planificación territorial centralizada y una noción de meritocracia como principio rector) ha permitido desarrollar un modelo habitacional que garantiza amplios niveles de cobertura, pero también reproduce jerarquías simbólicas y normativas que moldean la ciudadanía de acuerdo con parámetros de rendimiento, obediencia y autosuficiencia.

Al contrastarlo con experiencias en América Latina, como las de Colombia y Chile, se revelan tanto diferencias estructurales como lógicas comunes: en contextos disímiles, la vivienda pública se erige como un dispositivo de inclusión condicionada, en el que el acceso al derecho a la ciudad está supeditado a la capacidad del sujeto para ajustarse a ciertos ideales de conducta y productividad. Así, tanto en el pragmatismo tecnocrático de Singapur como en los marcos focalizados del Sur Global latinoamericano, la vivienda opera como una frontera simbólica que define quién merece habitar el espacio urbano legítimamente.

En este sentido, repensar los modelos de vivienda pública exige trascender la evaluación de su eficiencia material para interrogarnos sobre los valores que estructuran su diseño: ¿qué noción de ciudadanía promueven?, ¿a quién consideran sujeto pleno de derechos? y ¿a quién sitúan en los márgenes? Solo con esta perspectiva crítica será posible imaginar alternativas más inclusivas y justas, capaces de reconocer la diversidad de trayectorias vitales que conforman nuestras ciudades.

Marco teórico

Este artículo se inscribe en una línea de investigación que examina el papel de las políticas públicas urbanas como instrumentos para la producción, regulación y diferenciación de la ciudadanía. En el caso de Singapur, estas dinámicas se articulan particularmente a través del sistema de vivienda pública, que ha operado simultáneamente como una política de redistribución, un proyecto de ingeniería social y un dispositivo de gobernanza (Agarwal et al., 2023; Chua, 1997). Para analizar esta configuración, se retoman cuatro núcleos conceptuales: meritocracia como régimen normativo, gobernanza urbana, justicia espacial y ciudadanía diferenciada.

En primer lugar, se entiende la meritocracia no únicamente como un principio normativo según el cual las oportunidades y recompensas deben distribuirse en función del mérito individual, sino también como una tecnología de gobierno que estructura jerarquías sociales, moraliza la desigualdad y legitima la distribución diferenciada de recursos (Littler, 2017; Poocharoen y Brillantes, 2013). En el contexto singapurense, ha funcionado como pilar del contrato social y como criterio de legitimación estatal, promoviendo valores de autosuficiencia, obediencia normativa y contribución individual al desarrollo nacional (Chua, 2011). Críticos como Littler (2017) han señalado que la meritocracia contemporánea opera como una ideología cultural que normaliza la desigualdad con la ilusión de justicia, pues atribuye el éxito o fracaso individual a méritos personales ignorando condiciones estructurales. De hecho, el término meritocracia fue acuñado de manera distópica por Young (1958) para criticar una sociedad regida por el mérito, poniendo en evidencia cómo un enfoque estrictamente meritocrático puede llevar a la legitimación de jerarquías sociales. En síntesis, la meritocracia actúa como una narrativa que promete movilidad basada en el esfuerzo, pero que también sirve para justificar las posiciones de privilegio y responsabilizar moralmente a los menos favorecidos.

En segundo lugar, este trabajo se nutre de la teoría crítica del urbanismo, particularmente en lo que respecta al papel del Estado en la producción del espacio. De acuerdo con la perspectiva de Lefebvre (1991), la ciudad no es un simple contenedor físico de actividades, sino un espacio socialmente producido que reproduce relaciones de poder. Siguiendo esta línea, Harvey (2008) subraya cómo los procesos de urbanización están íntimamente ligados a la acumulación de capital y a la gestión política de la diferencia. En el caso de Singapur, el sistema de vivienda pública es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado organiza el espacio urbano para moldear subjetividades ciudadanas y gestionar la diversidad étnica y cultural. Además, la meritocracia funciona como una tecnología de gobierno que produce sujetos “meritorios” y “deficientes”, a través de dispositivos de evaluación, disciplina y recompensa. Esta lógica ha sido ampliamente problematizada por autores como Littler (2017), quien la define como una narrativa cultural que legitima la desigualdad con una apariencia de justicia. En la misma línea, Young (1958) conceptualizó el término de manera distópica para criticar un sistema en el cual el éxito individual borra las condiciones estructurales que lo hacen posible.

En tercer lugar, el concepto de justicia espacial (en la línea de Soja [2010]) permite problematizar cómo las políticas de planificación y asignación de recursos configuran distintos grados de acceso, pertenencia y bienestar. En este sentido, el modelo habitacional de Singapur puede entenderse tanto como un esfuerzo por institucionalizar equidad a través del diseño espacial (por ejemplo, mediante cuotas raciales) como un mecanismo de diferenciación que otorga derechos según el grado de conformidad con normas de autosuficiencia y productividad.

Finalmente, se incorpora el enfoque de la ciudadanía diferenciada, propuesto por Ong (2006), para analizar cómo ciertos derechos, beneficios y reconocimientos se otorgan de forma selectiva y condicional. Este marco ayuda a comprender cómo las políticas de vivienda operan como filtros morales que distinguen entre ciudadanos “meritorios” y aquellos considerados “deficitarios”, imponiendo restricciones específicas (como la prohibición del uso de aire acondicionado en viviendas de alquiler) que refuerzan lógicas de control disciplinario.

En conjunto, estos enfoques permiten problematizar la vivienda pública en Singapur no como una política neutral o meramente distributiva, sino como un complejo ensamblaje de racionalidades estatales, dispositivos espaciales y discursos normativos que configuran procesos de inclusión, diferenciación y exclusión ciudadana.

Metodología

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo y analítico, basado en la revisión crítica de literatura académica, documentos gubernamentales y estudios de caso relevantes sobre el sistema de vivienda pública en Singapur. Para ello, se realiza un análisis documental de textos legislativos, declaraciones institucionales y planes estratégicos emitidos por el Housing & Development Board (HDB), la agencia gubernamental responsable de construir y administrar la vivienda pública en Singapur. Entre estos documentos destaca el Annual Report 2022/2023, el cual permite rastrear la evolución normativa y discursiva del modelo habitacional del país (Housing & Development Board, 2023). Asimismo, guías como el HDB Roadmap for Better Living ofrecen una visión más detallada de los principios urbanísticos, sociales y morales que orientan la planificación de los entornos residenciales (HDB, 2011).

Asimismo, se incorporan estudios previos de carácter empírico (Yip y Forrest, 2002; Chua, 2014; Lye, 2020) que permiten contextualizar las dimensiones prácticas y simbólicas del acceso a la vivienda entre distintos grupos sociales. Este enfoque documental se complementa con el análisis crítico del discurso de las políticas públicas, atendiendo especialmente a los conceptos de meritocracia, equidad y autosuficiencia como marcos de sentido que orientan la formulación e implementación de dichas políticas.

Aunque este estudio no se basa en trabajo de campo original, se fundamenta en una estrategia interpretativa que busca desentrañar las lógicas de inclusión y exclusión inscritas en el diseño urbano y habitacional del Estado singapurense. Este enfoque permite explorar no solo los efectos materiales de las políticas habitacionales, sino también su dimensión performativa como dispositivos que configuran subjetividades ciudadanas y reafirman jerarquías sociales.

Evolución del sistema de vivienda pública en Singapur

El sistema de vivienda pública en Singapur constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto estatal de construcción nacional desde la independencia del país en 1965. A través del Housing and Development Board (HDB), fundado en 1960, el Estado adoptó un papel protagónico en la planificación, provisión y regulación de vivienda para la población. Este enfoque respondió tanto a necesidades urgentes (como el hacinamiento, la pobreza urbana y la escasez de infraestructura en los primeros años de posguerra) como a un conjunto de objetivos estratégicos más amplios, que incluyeron la legitimación del nuevo Estado, la consolidación del orden social y la construcción de una identidad nacional cohesiva (Chua, 1997; Phang, 2007).

En sus primeras décadas, el sistema de vivienda pública fue concebido como un mecanismo de redistribución básica que garantizaba condiciones mínimas de vida digna a través de subsidios estatales, producción masiva de unidades habitacionales y una estructura de acceso relativamente equitativa (Housing & Development Board, 2023; Chua, 1997). Sin embargo, desde los años 1980, el énfasis del modelo se desplazó hacia la promoción de la propiedad privada de la vivienda como expresión de autosuficiencia individual y de participación en el progreso nacional. Este giro coincidió con un momento de consolidación económica y de creciente institucionalización del discurso meritocrático como criterio rector de las políticas públicas (Low y Aw, 1997).

La propiedad de la vivienda se convirtió en una señal de estatus y cumplimiento de las expectativas estatales, al mismo tiempo que se vinculaba simbólicamente con la lealtad ciudadana. Durante este período, el Estado implementó políticas de asignación y financiamiento que premiaban el esfuerzo individual, la estabilidad familiar y el desempeño laboral, a través de incentivos por el cumplimiento de ciertos estándares de conducta moral y económica. A la vez, se comenzaron a introducir mecanismos diferenciados de acceso, en función del tipo de unidad, del ingreso familiar, de la composición del hogar y de la elegibilidad étnica. Aunque estos mecanismos han sido presentados como formas de garantizar la armonía social y la sostenibilidad del sistema, también han producido jerarquías implícitas entre ciudadanos “ideales” y sujetos marginales.

Un componente crucial del modelo de vivienda pública ha sido la incorporación de cuotas étnicas obligatorias en los vecindarios (ethnic integration policy, introducida en 1989), cuyo objetivo ha sido prevenir la segregación residencial por raza y fomentar la interacción interétnica en la vida cotidiana. Estas medidas reflejan un entendimiento espacial de la cohesión social, en el que la proximidad física es vista como una herramienta para la integración nacional; al mismo tiempo, han servido como instrumento de vigilancia y control, ya que regulan las posibilidades de movilidad residencial de los distintos grupos.

En años más recientes, el sistema de vivienda pública ha experimentado ajustes que reflejan una cierta apertura frente a transformaciones demográficas y cambios en las normas sociales. A partir de la década de 2000, se han ampliado las posibilidades de acceso para hogares unipersonales, personas mayores solteras y, de forma incipiente, parejas del mismo sexo, en un intento por reconocer nuevas formas de organización familiar y promover una imagen de inclusividad social (Yip y Tan, 2022). No obstante, estas reformas se han implementado de forma gradual y selectiva, manteniéndose dentro de los márgenes de un modelo que sigue valorando la autosuficiencia económica y la contribución individual como condiciones de legitimidad ciudadana.

En conjunto, la evolución del sistema de vivienda pública en Singapur revela un tránsito de un modelo redistributivo y universalista hacia un dispositivo de gobernanza más complejo, en el que la vivienda se convierte en un marcador de mérito, moralidad y pertenencia nacional. Esta transformación no solo ha reconfigurado el paisaje urbano, sino que ha producido subjetividades ciudadanas diferenciadas, moldeadas por las expectativas normativas del Estado y por las posibilidades materiales de cumplirlas.

Meritocracia y vivienda pública

El sistema de vivienda pública en Singapur representa uno de los mecanismos más visibles y estructurantes a través de los cuales el Estado implementa y materializa su concepción de la meritocracia. Más que una política de bienestar neutral, el modelo habitacional funciona como una herramienta normativa que premia ciertos comportamientos, estilos de vida y trayectorias socioeconómicas, articulando una forma de ciudadanía basada en la autosuficiencia, la responsabilidad individual y la contribución al desarrollo nacional (Chua, 2011; Phang, 2018).

Desde la década de 1980, la vivienda pública ha dejado de ser concebida exclusivamente como un derecho universal asociado al bienestar, para transformarse en un bien condicional, al que se accede mediante el cumplimiento de requisitos cada vez más específicos relacionados con el trabajo formal, el ahorro disciplinado a través del Central Provident Fund (CPF) y la formación de un núcleo familiar reconocido por el Estado (Yuen, 2009). Estas condiciones de elegibilidad reflejan una lógica meritocrática en la que el acceso a la vivienda no se define por la necesidad per se, sino por la capacidad de alinearse con los valores normativos promovidos por el régimen: esfuerzo, planificación, responsabilidad y estabilidad.

El énfasis en la propiedad como ideal ciudadano ha sido central en este proceso. El Estado ha promovido la adquisición de viviendas públicas subsidiadas como un medio para consolidar la “autonomía” del ciudadano y su sentido de pertenencia nacional. Como señalan Low y Aw (1997), esta estrategia cumple una función ideológica clave: transforma la dependencia del Estado en una forma de empoderamiento condicional, en la que el ciudadano se convierte en propietario y, por lo tanto, en responsable de su destino. Esta narrativa oculta, sin embargo, las profundas desigualdades estructurales que dificultan a ciertos grupos (como los trabajadores informales, los hogares monoparentales o las personas con discapacidades) cumplir con los criterios exigidos para acceder a la propiedad.

En respuesta a las críticas que señalan la exclusión inherente al modelo, el Estado ha introducido ajustes discursivos y programáticos según la idea de una “meritocracia justa” (fair meritocracy), que reconoce que no todos parten desde el mismo punto de partida. Esto se ha traducido en medidas específicas para nivelar el terreno, tales como subsidios adicionales para primeros compradores, programas de ayuda para ancianos o familias de bajos ingresos y esquemas de reubicación para residentes en situación vulnerable (Sim et al., 2017). No obstante, estas intervenciones no alteran el fundamento meritocrático del sistema, sino que lo reafirman al presentar la ayuda estatal como una forma de corrección temporal que busca reintegrar a los individuos dentro de los marcos normativos del esfuerzo y la autosuficiencia.

Además, esta arquitectura meritocrática se complementa con mecanismos de vigilancia moral. Por ejemplo, los programas de asistencia a hogares alquilados están sujetos a evaluaciones periódicas, orientaciones familiares obligatorias y restricciones materiales (como la ya mencionada prohibición del aire acondicionado en ciertas unidades), lo que sugiere una dimensión disciplinaria del modelo. En este contexto, quienes no acceden a la propiedad no solo enfrentan desventajas materiales, sino también un estatus social diferenciado y, en muchos casos, estigmatizado.

En síntesis, la meritocracia no solo informa los principios de diseño del sistema de vivienda pública en Singapur, sino que opera como una tecnología de ciudadanía que jerarquiza el acceso a bienes urbanos en función del grado de alineación de los sujetos con los ideales del Estado. Esta lógica, aunque flexible en su implementación, reproduce distinciones entre ciudadanos “productivos” y “dependientes”, generando formas sutiles pero persistentes de exclusión simbólica y material.

Mecanismos de inclusión y diferencia

Aunque el sistema de vivienda pública en Singapur ha sido ampliamente reconocido por su capacidad de integrar a una población multiétnica y mantener altos niveles de cobertura habitacional, su funcionamiento revela un entramado complejo de políticas que, si bien promueven ciertos ideales de inclusión, también consolidan estructuras de diferenciación social, cultural y espacial. Lejos de operar como un mecanismo de acceso universal, la vivienda pública funciona como un campo de regulación selectiva, en el que los sujetos son clasificados y diferenciados según su capacidad de encarnar normas de conducta, identidad y desempeño valoradas por el Estado.

Uno de los mecanismos más significativos en este sentido ha sido la ethnic integration policy (EIP), implementada en 1989 con el objetivo de prevenir la formación de enclaves raciales en los vecindarios de vivienda pública. A través de esta política, se establecen cuotas étnicas obligatorias en cada bloque y vecindario, de modo que la composición poblacional de las áreas residenciales refleje, en líneas generales, la distribución étnica nacional. Si bien esta medida ha sido justificada como una herramienta para fomentar la cohesión social y promover la interacción interétnica cotidiana, estudios empíricos han demostrado que también introduce limitaciones prácticas a la movilidad residencial, especialmente para los grupos minoritarios que ya han alcanzado su cuota correspondiente en determinadas áreas (Toh y Tan, 2020). Así, una política concebida como instrumento de inclusión puede, paradójicamente, reforzar formas de exclusión indirecta o segmentación étnica encubierta.

Asimismo, las políticas de inclusión se han extendido en años recientes hacia formas no convencionales de familia y hogar, en un intento por adaptar el sistema a cambios demográficos y transformaciones en las normas sociales. La ampliación del acceso a unidades para hogares unipersonales, personas mayores solteras y, más recientemente, parejas del mismo sexo (en ciertas condiciones) representa un giro significativo en la concepción estatal de quién puede ser considerado sujeto legítimo de las políticas habitacionales (Yip y Tan, 2022). No obstante, estas medidas han sido implementadas de manera gradual, limitada y sin una transformación profunda del marco normativo, que sigue privilegiando la familia nuclear heterosexual como unidad de referencia principal para la planificación urbana y la asignación de recursos.

Por su lado, los esquemas de ayuda a grupos vulnerables (como los programas de alquiler subsidiado o de apoyo a familias de bajos ingresos) introducen formas de clasificación moral que distinguen entre ciudadanos “merecedores de apoyo” y aquellos considerados “deficientes” o “problemáticos”. Estas políticas suelen ir acompañadas de criterios de evaluación continua, orientación familiar obligatoria y controles normativos sobre el uso del espacio y los recursos del hogar. La exclusión de ciertos beneficios (como la instalación de aire acondicionado en unidades alquiladas) constituye no solo una limitación material, sino una señal simbólica que refuerza la posición marginal de estos sujetos dentro del sistema. En este sentido, la inclusión está mediada por una lógica condicional que reproduce una ciudadanía escalonada.

En conjunto, los mecanismos de inclusión en la política habitacional de Singapur se presentan como respuestas progresistas a la diversidad y la desigualdad, pero operan simultáneamente como tecnologías de clasificación. A través de estas políticas, el Estado no solo define quién puede habitar el espacio público y en qué condiciones, sino que también proyecta un orden moral en el que la inclusión se concede de acuerdo con estrictas condiciones de comportamiento, adecuación social y contribución económica. La diferenciación no se basa exclusivamente en la exclusión directa, sino en regímenes de acceso diferenciados que organizan el paisaje urbano según grados de pertenencia y mérito (Figuras 1a y 1b).

Su diseño moderno y mejor mantenimiento refuerzan el ideal meritocrático de autosuficiencia.

Estigma y control social en la vivienda de alquiler

Una de las dimensiones menos visibles pero más persistentes del sistema de vivienda pública en Singapur es la carga simbólica que recae sobre los residentes de los apartamentos de alquiler subsidiado (rental flats), concebidos como la última red de seguridad para quienes no pueden adquirir una propiedad. A pesar de formar parte del mismo entramado de vivienda pública gestionado por el Housing and Development Board (HDB), los rental flats ocupan una posición ambigua dentro del imaginario urbano: si bien aseguran un techo, también marcan y visibilizan una forma de ciudadanía subordinada. Lejos de representar una inclusión plena, estas unidades habitacionales producen, en la práctica, espacios de diferenciación social intensificada, en los que las jerarquías implícitas del modelo meritocrático se materializan en el entorno construido y en las relaciones cotidianas entre personas.

Una de las formas más tangibles de esta diferenciación ocurre en el uso compartido de espacios públicos y amenidades dentro de los vecindarios que combinan unidades de propietarios con apartamentos de alquiler. Parques, áreas de ejercicio, pasillos comunes o ascensores son lugares de interacción cotidiana donde, lejos de disolverse, las fronteras sociales se hacen palpables. Estudios etnográficos han documentado cómo los residentes de los rental flats son a menudo objeto de vigilancia simbólica y juicios morales por parte de sus vecinos propietarios, quienes los asocian con comportamientos considerados indeseables, como el desorden, la pereza o la falta de civismo (Lim y Sin, 2017). En algunos casos, estas percepciones se expresan a través de estereotipos étnicos (Velayutham, 2017), como la figura del “malayo flojo” (Alatas, 1977). Esta imagen reproduce narrativas racistas que presentan desigualdades estructurales como diferencias culturales o comportamentales. En el contexto de Singapur, en el que la población está liderada demográficamente por chinos y seguida por indios y malayos, este estereotipo se dirige de manera recurrente hacia estos últimos, uno de los grupos más significativos del país. Estas narrativas se presentan con frecuencia como observaciones empíricas de la vida cotidiana, lo que contribuye a naturalizar la exclusión. Como señaló Alatas (1977), estos discursos no solo refuerzan jerarquías étnicas, sino que también funcionan como instrumentos ideológicos de dominación.

De acuerdo con una perspectiva analítica, esta dinámica puede entenderse como una manifestación microcotidiana del régimen meritocrático que no solo organiza el acceso a recursos, sino que también expone públicamente al “sujeto fracasado”, haciéndolo responsable de su situación y, en muchos casos, culpable de su exclusión. Al habitar una unidad de alquiler, el individuo queda inscrito en una narrativa de déficit moral: no haber logrado acceder a la propiedad equivale, en este marco, a no haber “hecho lo suficiente” o a haber fallado en sus responsabilidades individuales frente al Estado y la sociedad. Como señala Teo (2018), “la meritocracia se ha convertido en una narrativa poderosa que explica y justifica resultados desiguales” (p. 25). Esta narrativa no solo legitima determinadas posiciones sociales, sino que moldea la forma en que las personas comprenden el éxito y el fracaso, atribuyéndolos a cualidades individuales más que a condiciones estructurales. En este sentido, la meritocracia no opera únicamente como un principio de organización social, sino como una tecnología de subjetivación —en el sentido foucaultiano— que produce ciudadanos diferenciados no solo en lo material, sino también en lo moral. En este marco, los sujetos son moldeados por regímenes de verdad que les imponen formas normativas de conducta, de calificación y autoexamen, constituyendo su identidad en función del cumplimiento de estándares de desempeño establecidos por el Estado (Foucault, 1982).

El propio diseño de las políticas habitacionales refuerza esta lógica. Los residentes de apartamentos de alquiler están sujetos a diversas restricciones específicas. Entre ellas se incluyen la prohibición de instalar aire acondicionado, el acceso limitado a ciertos subsidios estatales y, en algunos casos, la obligación de participar en programas de supervisión social o asesoramiento familiar. Además, los contratos de arrendamiento suelen tener una duración relativamente corta. Esta característica responde a la lógica institucional del Housing & Development Board (HDB), que concibe este tipo de vivienda como una solución temporal destinada a facilitar la transición hacia la propiedad. Según las regulaciones del HDB, el período mínimo de alquiler es de seis meses, con un máximo de tres años si todos los inquilinos son ciudadanos singapurenses o malasios y de dos años si alguno de los inquilinos no es ciudadano o no tiene ciudadanía malasia. Estas limitaciones buscan evitar el uso prolongado de las viviendas de alquiler y fomentar la movilidad ascendente hacia la propiedad, en línea con los valores de autosuficiencia y esfuerzo individual promovidos por el Estado (Housing & Development Board, Renting from HDB, 2024).

Estas condiciones refuerzan la idea de que la ayuda del Estado es un privilegio condicional y no un derecho, al tiempo que disciplinan el comportamiento de los beneficiarios con el mandato de la autosuperación. El entorno urbano se convierte así en un espacio de pedagogía social, donde la distinción entre los que han “triunfado” y los que no es visible, reproducida y validada constantemente.

En este contexto, los rental flats no solo funcionan como una solución habitacional de último recurso, sino como espacios estigmatizados o de pertenencia condicionada, que permiten a la meritocracia estatal externalizar su propia exclusión estructural al convertir la vulnerabilidad en una marca individualizada. La convivencia diaria entre residentes de diferentes estratos, en espacios que fueron concebidos para promover la cohesión social, termina reproduciendo tensiones y barreras simbólicas que refuerzan el orden social que el sistema habitacional dice mitigar. La estigmatización no es un efecto colateral, sino una consecuencia estructural de un modelo que premia el mérito y responsabiliza al individuo por su falta de éxito. Esta lógica ignora, en muchos casos, las condiciones materiales que limitan las oportunidades de movilidad social. Además, diversos estudios han señalado que, en contextos como el singapurense, estas barreras incluyen formas persistentes de racismo estructural, que afectan especialmente a ciertos grupos étnicos en el acceso a la vivienda, el empleo y otros recursos urbanos (Velayutham, 2017) (Figuras 2a y 2b).

Vivienda pública y meritocracia en perspectiva comparada: Singapur y Chile

Aunque distantes en geografía, historia y régimen político, los casos de Singapur y Chile ofrecen un terreno fértil para examinar cómo distintas configuraciones institucionales pueden articular principios similares de meritocracia, autosuficiencia y control social a través de políticas de vivienda (Rodríguez y Sugranyes, 2004; Gilbert, 2004; Hidalgo, 2007). En ambos contextos, el acceso a la vivienda ha sido promovido no únicamente como un derecho, sino como un resultado legítimo del esfuerzo individual, enmarcado en narrativas estatales que privilegian la responsabilidad personal por encima de la redistribución estructural.

Por su parte, el modelo chileno de vivienda social (particularmente con la implementación del esquema de subsidios habitacionales en la década de 1980) también ha promovido el acceso condicionado a la propiedad, enfatizando el ahorro individual y la participación de las familias en la búsqueda de soluciones habitacionales (Sugranyes y Mathivet, 2010; Rodríguez y Sugranyes, 2004). A diferencia de Singapur, sin embargo, el Estado chileno no ha asumido un papel constructor directo, sino que ha delegado esta tarea al mercado inmobiliario, lo que ha resultado en una fuerte segmentación socioespacial y en la consolidación de barrios periféricos de baja calidad urbana.

Estas “urbanizaciones de pobres” han sido ampliamente criticadas por su aislamiento, carencia de servicios y escasa integración social, reforzando estigmas similares a los observados en el caso de los rental flats singapurenses. En ambos contextos, el discurso meritocrático ha servido para justificar no solo el diseño de los programas, sino también sus limitaciones. En Chile, las viviendas sociales mal ubicadas o de baja calidad suelen ser interpretadas por la opinión pública y los medios como “fracasos individuales” o como consecuencia de la supuesta incapacidad de las familias para administrar recursos o cuidar su entorno (Rodríguez y Sugranyes, 2004; Hidalgo, 2007). En Singapur, la permanencia prolongada en apartamentos de alquiler también es vista como una señal de fallo personal y sus habitantes suelen ser objeto de vigilancia moral, exclusión simbólica y estigmatización cotidiana. En ambos casos, el Estado reproduce un régimen de ciudadanía condicional, en el que la vivienda no se distribuye únicamente según la necesidad, sino según la capacidad de los sujetos de cumplir con normas de esfuerzo, disciplina y adecuación moral. No obstante, también existen diferencias significativas.

En Singapur, el papel central del Estado como planificador urbano, proveedor y regulador permite una mayor integración formal de los conjuntos habitacionales, evitando los niveles de fragmentación urbana observados en Chile. Además, el diseño cuidadoso de los espacios públicos, el mantenimiento regular y la mezcla obligatoria de grupos étnicos apuntan hacia una forma de control urbano altamente tecnocrática, pero más cohesionada en términos territoriales. En contraste, la dependencia chilena del mercado como principal oferente de vivienda ha producido una configuración urbana más desarticulada, en la cual la estigmatización se refuerza por la segregación física y la precariedad estructural del entorno. El fuerte papel estatal en Singapur (como planificador, proveedor y regulador) ha permitido evitar la segregación extrema y mantener estándares urbanos cohesivos en el tiempo. Por el contrario, en Chile, la delegación de la construcción al mercado y la concentración de viviendas sociales de baja calidad en la periferia han generado barrios urbanos frágiles, con problemas endémicos de deterioro y exclusión que comprometen su sostenibilidad a largo plazo.

La comparación entre Singapur y Chile revela, por lo tanto, que, aunque las lógicas meritocráticas de acceso a la vivienda se presentan en marcos discursivos y técnicos similares, sus efectos concretos están mediadas por las estructuras institucionales, la intervención estatal en la producción del espacio y la forma en que cada sociedad construye y reproduce la distinción entre ciudadanos “exitosos” y “fracasados”. En este sentido, casos como el de la Población Kennedy en Puerto Montt (construida tras el terremoto de 1960, en la influencia de la Alianza para el Progreso) muestran cómo la arquitectura habitacional puede ser también vehículo de integración urbana y modernización social, aunque no exenta de tensiones y disputas simbólicas (Ojeda, 2021). Esta constatación resalta que, más allá de las particularidades institucionales, las políticas de vivienda pueden operar como mecanismos de diferenciación moral y espacial en contextos muy diversos. En este sentido, la lectura comparativa permite situar el caso singapurense dentro de un panorama más amplio de estrategias de gobernanza urbana en el Sur Global, donde la vivienda pública se convierte en una herramienta central para administrar la inclusión, gestionar la diferencia y organizar el espacio urbano según jerarquías sociales y morales.

Vivienda pública y focalización en Colombia: meritocracia sin integración

El caso colombiano ofrece otro ejemplo revelador de cómo la vivienda social puede operar como una herramienta de inclusión formal pero diferenciación sustantiva, al articular mecanismos de segmentación urbana y discursos de mérito según formas institucionales distintas a las del modelo singapurense. En contraste con la planificación estatal centralizada de Singapur, el sistema de vivienda en Colombia se ha caracterizado por una descentralización operativa, fuerte dependencia del mercado inmobiliario y un uso extensivo de subsidios focalizados dirigidos a sectores considerados vulnerables o de interés prioritario. Durante las últimas décadas, programas como Mi Casa Ya (Bedoya Ruiz et al., 2020), Familias en su Tierra o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) (Blanco, 2023; Bedoya Ruiz et al., 2020) han promovido el acceso a vivienda nueva mediante subsidios combinados con ahorro propio y créditos bancarios, configurando un modelo que, si bien busca facilitar la adquisición de vivienda, establece múltiples barreras de entrada basadas en la formalidad laboral, la bancarización y la capacidad de cofinanciamiento del hogar.

Al igual que en Singapur, este enfoque reproduce una lógica de autosuficiencia individual como criterio de elegibilidad, en la que el Estado no garantiza directamente el derecho a la vivienda, sino que habilita su acceso a quienes puedan demostrar “buen comportamiento” financiero y capacidad de inserción en el mercado (Gilbert, 2004; Bedoya Ruiz et al., 2020). No obstante, a diferencia del modelo tecnocrático de Singapur, en Colombia la falta de regulación del suelo urbano y la lógica de producción masiva de viviendas por parte de promotores privados ha generado una fuerte segregación espacial. Las viviendas subsidiadas suelen estar ubicadas en zonas periféricas, mal conectadas y con escasa provisión de servicios, lo que ha dado lugar a procesos de estigmatización similares a los observados en barrios informales o asentamientos populares. En consecuencia, muchos de estos proyectos habitacionales en Colombia presentan desafíos de sostenibilidad a largo plazo, ya que la combinación de ubicación periférica, déficit de servicios y estigmatización social tiende a producir entornos urbanos que requieren constantes intervenciones y políticas de remediación. Estudios en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han documentado cómo los residentes de estos conjuntos son frecuentemente percibidos por otros sectores como “problemáticos”, “dependientes del Estado” o “desagradecidos”, narrativas que reflejan una moralización de la pobreza urbana (García Ramírez, 2020). La similitud con el caso singapurense radica en que, aunque el Estado ofrece vías de acceso a la vivienda, también construye narrativas que atribuyen la falta de éxito o permanencia en situaciones precarias a una falla individual.

Como en Singapur, el estigma asociado a la vivienda subsidiada en Colombia opera tanto en el plano material (a través de infraestructuras deterioradas o mal ubicadas) como en el plano simbólico (mediante la exclusión discursiva de ciertos ciudadanos del ideal urbano aspiracional). Una diferencia importante, sin embargo, radica en el grado de control que el Estado ejerce sobre el entorno construido. Mientras que Singapur puede regular no solo el acceso a la vivienda, sino también la composición étnica del vecindario, la provisión de servicios y el mantenimiento del espacio público, en Colombia el Estado ha delegado gran parte de estas funciones al mercado. Esto ha tenido como consecuencia la creación de guetos habitacionales institucionalizados, cuya reproducción es difícil de revertir por la falta de articulación entre política habitacional, transporte, salud y educación.

A pesar de que los discursos oficiales promueven la inclusión y la superación de la pobreza, los resultados urbanos tienden a reforzar patrones de desigualdad y exclusión. La comparación con el caso colombiano refuerza el argumento de que la vivienda social (incluso cuando es promovida como una política redistributiva) puede operar como una tecnología de clasificación moral, organizando la ciudad en función de una meritocracia implícita que distingue entre ciudadanos productivos y asistidos. Mientras en Singapur esta clasificación se estructura a través de una arquitectura institucional jerarquizada y disciplinaria, en Colombia la fragmentación y la precariedad resultan de un modelo que transfiere al mercado la carga de la inclusión, sin garantizar condiciones mínimas de equidad urbana.

Conclusión

Este artículo examinó el sistema de vivienda pública en Singapur como una política clave para comprender las formas contemporáneas de gobernanza urbana basadas en la articulación entre meritocracia, inclusión condicional y control social. A través del análisis de sus principios normativos, su evolución institucional y su funcionamiento cotidiano, se ha argumentado que el sistema no opera únicamente como una solución habitacional eficiente, sino como una tecnología de gobierno que organiza el acceso a la ciudad en función de jerarquías sociales, morales y económicas. Lejos de ser un instrumento puramente redistributivo, la vivienda pública en Singapur materializa un régimen de ciudadanía diferenciada, en el que la conformidad con ciertos valores estatales (autosuficiencia, estabilidad familiar, disciplina económica) define quién merece qué tipo de vivienda, en qué condiciones y con qué nivel de reconocimiento social.

El análisis comparativo con los casos de Chile y Colombia ha permitido visibilizar cómo estas lógicas meritocráticas y moralizantes no son exclusivas del contexto singapurense, sino que también estructuran otras políticas habitacionales del Sur Global. En estos países latinoamericanos, los subsidios focalizados y la delegación de la construcción al mercado han promovido la propiedad de la vivienda como ideal de ciudadanía, mientras reproducen estigmas sociales y segmentaciones urbanas profundas. A pesar de las diferencias en institucionalidad, alcance y capacidad estatal, los tres casos comparten una característica clave: la vivienda no se concibe como un derecho universal garantizado por el Estado, sino como una recompensa condicional a la adhesión a determinados comportamientos normativos. En este marco, la meritocracia opera como principio ordenador que no solo regula el acceso a bienes urbanos, sino que también configura subjetividades ciudadanas, señalando a quienes no logran “triunfar” dentro del sistema como moralmente deficitarios o fallidos. Si bien Singapur emplea el arriendo público subsidiado como mecanismo de último recurso para los hogares de bajos ingresos, en Chile y Colombia se ha optado por la promoción de la propiedad subsidiada de interés social (generalmente en la periferia urbana) como estrategia principal. No obstante, aunque estas vías difieren en su instrumento, sus resultados sociales convergen en la creación de estratos ciudadanos relegados a los márgenes del sistema. En los márgenes del ideal habitacional (ya sea en los rental flats singapurenses, en los conjuntos periféricos chilenos o en los proyectos de interés prioritario colombianos), se despliega una forma de ciudadanía degradada, marcada por la estigmatización (Gilbert, 2004), la vigilancia y la exposición pública del “fracaso” individual. Estos espacios, lejos de ser simplemente el resultado de limitaciones técnicas o presupuestarias, son producto de decisiones políticas que naturalizan la desigualdad y trasladan la responsabilidad del bienestar del Estado a los sujetos. El paisaje urbano se convierte, así, en una cartografía moral, en la que la arquitectura, las regulaciones y los discursos estatales operan conjuntamente para delimitar quién pertenece plenamente a la ciudad y quién solo de forma parcial, condicional o subordinada.

De acuerdo con esta perspectiva, la vivienda pública debe ser entendida no solo como una política de infraestructura, sino como un dispositivo de gobierno que define formas de inclusión y exclusión, regula el comportamiento ciudadano y reproduce estructuras de desigualdad con un lenguaje de mérito y justicia. Reconocer esta dimensión permite cuestionar los límites de las soluciones tecnocráticas y avanzar hacia modelos habitacionales que no solo sean eficientes, sino también socialmente equitativos y políticamente conscientes de las formas de poder que inscriben en el espacio urbano. En este sentido, las comparaciones entre contextos como Singapur, Chile y Colombia no solo enriquecen la comprensión del fenómeno, sino que también abren el camino para imaginar formas alternativas de habitar la ciudad, basadas en principios de dignidad, diversidad y derecho colectivo al espacio.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación científica

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: rafael_martinez@sutd.edu.sg

Información adicional

Cómo citar: Martínez García, J. R. (2025). Meritocracia habitacional y fronteras urbanas de la inclusión: el caso de Singapur en diálogo con experiencias de Chile y Colombia. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.mhfu

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