Introducción

Los asentamientos informales constituyen una de las expresiones más persistentes de la desigualdad urbana en América Latina (Fernandes, 2011; Roy, 2005). Lejos de ser transitorios, se han consolidado como forma estructural de acceso al hábitat para sectores excluidos del mercado formal de vivienda (Ortiz, 2012; Roy, 2011; Turner, 1976). Según UN-Habitat (2025), más de mil millones de personas habitan en estos asentamientos a nivel global, un tercio en América Latina, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y las limitaciones estructurales de los Estados para garantizar un acceso equitativo a la vivienda y ciudad.

En Chile, los asentamientos informales, denominados localmente como campamentos, constituyen una expresión de un fenómeno extendido en América Latina, que adopta distintas denominaciones como villas(Argentina), favelas (Brasil) o colonias populares (México), y que da cuenta de procesos estructurales de urbanización desigual (Di Virgilio, 2015; Jiménez Huerta, 2010; Ward, 2004). El Catastro Nacional de Campamentos identificó 1428 asentamientos en 2024, con 120 584 familias, más del doble que en 2011, concentrados principalmente en el área metropolitana de Valparaíso, conocido como Gran Valparaíso, asociados a restricciones estructurales de acceso a la vivienda formal, el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la falta de alternativas habitacionales (TECHO-Chile, 2025), en continuidad con el debate sobre el déficit habitacional en Chile (Rodríguez y Sugranyes, 2004). Estos asentamientos constituyen formas de producción del espacio tensionadas por procesos institucionales de relocalización, de desplazamiento y de desposesión que reconfiguran sus condiciones de permanencia urbana.

En este marco, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Programa de Asentamientos Precarios, enfrenta desafíos de integración socioespacial (Matus et al., 2019) e implementa, desde el año 2011, estrategias de radicación, orientadas a la permanencia de las familias de asentamientos informales en el lugar de origen, y de relocalización, que implican su traslado a nuevos conjuntos habitacionales. No obstante, su evaluación se ha centrado en la reducción del déficit habitacional, relegando su contribución a la justicia socioespacial, especialmente desde enfoques que incorporen la experiencia de los habitantes (Dirección de Presupuestos [DIPRES], 2019).

A partir de esto, la investigación examina en qué medida las estrategias estatales de radicación y relocalización habitacional han contribuido a promover la justicia socioespacial de las familias provenientes de asentamientos informales en el Gran Valparaíso entre 2011 y 2024. Para ello, se adopta un enfoque cualitativo basado en grupos focales con familias radicadas en el conjunto habitacional Villa Cumbres, en Viña del Mar, y relocalizadas en el conjunto Roberto Bravo I y II, en Quilpué. Los casos se seleccionan por su valor analítico, al representar experiencias contrastantes de radicación en un área peri-central y de relocalización en la periferia urbana. El caso de radicación corresponde a uno de los asentamientos informales más antiguos y de mayor tamaño de la región, lo que permite analizar procesos consolidados de permanencia y organización territorial. Por su parte, el caso de relocalización se ubica en un área periférica, distante de los principales centros urbanos, y reúne familias provenientes de distintos asentamientos informales. En ambos casos se priorizó la profundidad analítica y la calidad de los relatos por sobre la representatividad estadística, en línea con enfoques orientados al valor explicativo más que a la generalización (Flyvbjerg, 2006).

El estudio se sustenta en un marco teórico que comprende los asentamientos informales como formas de producción social del hábitat (Harvey, 1976, 2008; Ortiz, 2012; Turner, 1976), los cuales emergen en contextos de exclusión socioespacial. En este marco, las prácticas de organización y autogestión se configuran como expresiones de ciudadanía insurgente (Holston, 2008), desde las cuales se reclama el derecho a la ciudad (Harvey, 2008, 2012; Lefebvre, 1968, 2017; Marcuse, 2009), entendido como una reivindicación sobre el acceso, uso y transformación del espacio urbano. Su materialización puede analizarse desde un enfoque de justicia socioespacial (Fainstein, 2012, 2013; Soja, 2014), que integra dimensiones de redistribución, reconocimiento y representación, en línea con Fraser (2008).

Marco teórico

Informalidad urbana y producción social del hábitat en América Latina

El estudio de los asentamientos informales en América Latina ha transitado desde enfoques que los concebían como anomalías hacia perspectivas que los reconocen como una dimensión estructural de la ciudad. La noción de informalidad, desarrollada desde los años setenta (Hart, 1973; Tokman y Souza, 1976), reforzó una lectura dualista entre ciudad formal e informal (Roy, 2005, 2011), posteriormente cuestionada por enfoques críticos que evidencian su articulación en la configuración contemporánea de la ciudad.

Desde la geografía crítica, estos asentamientos pueden entenderse como parte de un proceso social atravesado por relaciones de poder y acceso desigual al suelo (Harvey, 1976, 2008), así como por marcos institucionales que limitan la formalización de la propiedad (De Soto, 2000). En él interactúan distintos agentes: el mercado organiza el acceso al suelo según su valor; el Estado regula mediante políticas urbanas (Abufhele, 2019), y los sectores populares desarrollan estrategias de autoproducción del hábitat, entendidas como formas de producción social, orientadas al acceso a la ciudad (Roy, 2005, 2011) y al reconocimiento y construcción de vínculos sociales (Matus et al., 2019; Morales Martínez et al., 2017).

En América Latina, este fenómeno remite a procesos de urbanización en los márgenes de los canales formales (Di Virgilio, 2015; Jiménez Huerta, 2010; Ward, 2004), caracterizados por acceso precario al suelo, construcción progresiva y centralidad de redes sociales (Imilán et al., 2020; Moreno Crossley, 2021). Los aportes de Turner (1976, 2018) y de Ortiz (2012) permiten comprenderlas como prácticas colectivas que producen entorno urbano y capacidades organizativas, integrando saberes situados en la gestión del hábitat (Carroza, 2020; Cáceres-Seguel, 2025; Torreblanca, 2013). Asimismo, constituyen espacios de agencia colectiva y de disputa por el espacio urbano (Ossul-Vermehren, 2018; Zenteno et al., 2020), tensionados por intervenciones estatales y dinámicas de mercado que, mediante relocalización, desplazamiento y desposesión, reconfiguran sus condiciones de permanencia (Janoschka, 2016). La relocalización, aunque puede implicar mejoras materiales, conlleva la pérdida de vínculos, dificultades de integración e insatisfacción residencial (Marín-Villegas et al., 2023; Torreblanca y Álvarez de Andrés, 2024), así como tensiones asociadas al desarraigo (Berroeta et al., 2017).

Derecho a la ciudad y disputas por el espacio urbano

Reconocer la informalidad como producción social del hábitat implica situarla como una forma de disputa por el espacio urbano. Desde Lefebvre (1968, 2017), el derecho a la ciudad se entiende como una reivindicación colectiva orientada no solo al acceso a bienes urbanos, sino a la posibilidad de participar en la producción y transformación del espacio. Harvey (2008, 2012) plantea que este derecho supone la capacidad de cambiar la ciudad en función de necesidades sociales, en el marco de procesos de urbanización capitalista que producen desigualdades socioespaciales (Soja, 2014), mientras Marcuse (2009) advierte que políticas urbanas aparentemente inclusivas pueden reproducir subordinación si no transforman las estructuras que generan desigualdad, configurando el derecho a la ciudad como una demanda política situada.

En este marco, las prácticas en asentamientos informales constituyen formas concretas de disputa por el espacio urbano. Holston (2008) muestra cómo los sectores populares construyen formas alternativas de pertenencia, derechos y legitimidad urbana mediante la ocupación, organización y defensa del territorio. Estas prácticas no solo resuelven necesidades habitacionales, sino que interpelan el orden urbano y cuestionan los límites entre formalidad e informalidad, configurando conflictos en torno al uso y la apropiación del espacio en contextos de reestructuración urbana (Cuberos-Gallardo y Díaz-Parra, 2018).

Así, el derecho a la ciudad se materializa como práctica situada que articula permanencia territorial, reconocimiento y capacidad de incidencia, vinculándose con procesos más amplios de desigualdad espacial, segregación y acceso diferencial a oportunidades urbanas (Israel y Frenkel, 2018).

Justicia socioespacial y evaluación de políticas habitacionales

La justicia socioespacial permite analizar de forma concreta cómo se distribuyen las ventajas y desventajas en la ciudad, constituyendo un marco útil para la evaluación empírica de políticas habitacionales. En este marco, recientes debates han problematizado el carácter de la justicia espacial, discutiendo si se trata de un concepto autónomo o derivado de formas más amplias de justicia social (Moroni y De Franco, 2024). A diferencia del derecho a la ciudad —de carácter principalmente normativo—, este enfoque permite observar en qué medida dichas aspiraciones se traducen en condiciones efectivas de acceso a bienes urbanos y ejercicio de derechos. Desde esta perspectiva, la injusticia se expresa territorialmente a través de la distribución desigual de recursos, servicios, oportunidades y cargas ambientales, lo que se traduce en diferencias cotidianas en acceso a infraestructura básica, proximidad a empleo y educación, y calidad del entorno (Soja, 2014). De este modo, el espacio no actúa como un soporte neutral, sino como una dimensión constitutiva en la producción de desigualdades.

En el ámbito de la planificación urbana, las políticas pueden ser evaluadas a partir de criterios de equidad, diversidad y democracia, lo que implica considerar tanto la distribución de beneficios urbanos como la inclusión efectiva de distintos grupos sociales en los procesos de toma de decisiones (Fainstein, 2012). Estos criterios permiten traducir la noción de justicia en orientaciones operativas para la acción pública (Fainstein, 2013). En este marco, Fraser (2008) ofrece una perspectiva multidimensional de la justicia que resulta especialmente pertinente para su operacionalización en el análisis de políticas habitacionales, al distinguir entre redistribución, reconocimiento y representación como dimensiones interrelacionadas.

En conjunto, estas aproximaciones permiten analizar la justicia socioespacial en términos de condiciones concretas de acceso, permanencia y participación en la ciudad. En el caso de los asentamientos informales, estas dimensiones se entrelazan en formas de exclusión material, estigmatización territorial, barreras institucionales y limitaciones en la participación, configurando patrones complejos de injusticia socioespacial (Cuberos-Gallardo y Díaz-Parra, 2018; Hildebrand, 2021; Irazábal, 2021; Moya y Álvarez de Andrés, 2023; Pereira et al., 2017; Zuluaga y Grisales, 2018).

Metodología

Diseño de investigación y casos de estudio

El estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter comparativo, orientado a analizar los efectos de estrategias estatales de radicación y relocalización en asentamientos informales desde la experiencia de sus habitantes. Se estructura como un estudio de caso, priorizando la profundidad analítica y el valor explicativo de estos, por sobre la representatividad estadística (Flyvbjerg, 2006). El área de estudio corresponde al Gran Valparaíso, territorio que concentra más de 240 asentamientos informales y 20 000 familias en ellos, evidenciando altos niveles de fragmentación socioespacial (TECHO-Chile, 2025). La figura 1 muestra la localización de estos asentamientos y los casos seleccionados.

Los casos corresponden a dos experiencias implementadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre 2011 y 2024, seleccionadas mediante un muestreo intencional orientado a capturar configuraciones contrastantes de intervención habitacional.

El primer caso corresponde al proceso de radicación en el conjunto habitacional Villa Cumbres, inaugurado en 2016 en el sector de Forestal Alto, en Viña del Mar, sobre terrenos previamente ocupados por el campamento Parcela 11, uno de los asentamientos más grandes y consolidados de la ciudad, con más de dieciséis años de ocupación. En la figura 2 se presenta la localización del conjunto, en Viña del Mar.

El proyecto contempló la construcción de 560 viviendas, 278 en una primera etapa (158 casas y 120 departamentos) y 282 en una segunda, con una inversión pública superior a los 5000 millones de pesos. Las viviendas unifamiliares, de 44 m^² ampliables, se emplazan en lotes de 160 m^², mientras que los departamentos alcanzan los 58 m^² y consideran tres dormitorios, baño, cocina, logia y estar-comedor. Esta intervención permitió la permanencia de las familias en su territorio de origen, lo que la convierte en un caso clave para analizar. Las características de las viviendas y del entorno se presentan en la figura 3.

El segundo caso corresponde al conjunto habitacional Roberto Bravo I y II, entregado en 2017 en el sector de Belloto Norte, en la comuna de Quilpué, que implicó la relocalización de familias provenientes de distintos asentamientos del Gran Valparaíso. En la figura 4 se presenta su localización.

El proyecto consistió en la construcción de ocho edificios de cuatro pisos, con un total de 256 departamentos de 60 m^², distribuidos en tres dormitorios, baño, cocina, logia y estar-comedor, además de áreas verdes, juegos infantiles y dos sedes comunitarias, con una inversión pública superior a los 5000 millones de pesos. A diferencia del caso anterior, esta intervención supuso el traslado hacia un entorno periférico, generando procesos de reconfiguración de redes sociales y cambios en el acceso a oportunidades urbanas, lo que permite analizar los efectos de la relocalización en términos de integración territorial y justicia socioespacial. Las características de las viviendas y del entorno se presentan en la figura 5.

Producción y análisis de información

La investigación contempló, en una primera etapa, la recogida de información mediante grupos focales, técnica idónea para explorar percepciones y experiencias colectivas a través de la interacción entre participantes (Hall, 2020; Morgan, 1997). Los grupos se realizaron con familias radicadas en el conjunto habitacional Villa Cumbres y con familias relocalizadas en el conjunto habitacional Roberto Bravo I y II. En cada caso participaron entre ocho y doce personas, seleccionadas mediante un muestreo intencional orientado a incorporar diversidad en términos de género, edad y trayectorias residenciales, con el fin de capturar distintas experiencias asociadas a los procesos de radicación y relocalización. No obstante, la asistencia final estuvo compuesta principalmente por mujeres (Figura 6).

El análisis se estructuró a partir del enfoque tridimensional de justicia social de Fraser (2008), que distingue redistribución, reconocimiento y representación como dimensiones analíticas interrelacionadas. Estas categorías permitieron operacionalizar la justicia socioespacial en el estudio, articulando dimensiones económico-materiales, simbólico-culturales y político-institucionales. Se aplicó un proceso de codificación temática, organizando los relatos según estas dimensiones para identificar patrones, convergencias y tensiones. La tabla 1 sintetiza el marco analítico utilizado.

La interpretación de los resultados se desarrolló mediante triangulación entre los discursos de los participantes, el marco analítico y la literatura especializada en políticas habitacionales y justicia socioespacial. Este proceso permitió identificar tanto avances como tensiones en las estrategias analizadas. Se resguardaron principios éticos de investigación, incluyendo participación voluntaria, consentimiento informado y confidencialidad de los participantes.

Resultados

Dimensión de reconocimiento: identidad territorial, estigma y reconfiguración del tejido comunitario

En esta dimensión emergen tensiones entre las expectativas generadas por la política habitacional y la experiencia residencial efectivamente vivida, así como transformaciones en las identidades colectivas construidas en los asentamientos de origen. Si bien las familias radicadas en Villa Cumbres (Viña del Mar) reconocen mejoras en infraestructura y acceso a servicios, también expresan nostalgia por las formas de sociabilidad y ayuda mutua que caracterizaban la vida en el campamento:

Pasamos del barro a la calle pavimentada, eso nadie lo niega. Pero antes éramos todos unidos: si se cortaba la luz, salíamos todos a arreglarla, si alguien no tenía gas, se lo prestábamos. Ahora cada uno vive encerrado en su casa. Hay menos conversación, menos confianza. (Participante grupo focal Villa Cumbres)

En el caso de las familias relocalizadas en el conjunto habitacional Roberto Bravo I y II, estos procesos se intensifican y se asocian a experiencias de desarraigo y estigmatización territorial. Las familias describen dificultades para integrarse en el nuevo entorno, tanto por conflictos en la convivencia cotidiana como por la forma en que son percibidas desde fuera. En particular, señalan que son vistas como personas conflictivas o asociadas a asentamientos informales, lo que afecta la valoración del lugar donde viven y de ellos mismos.

Aquí la gente no ha cambiado la mentalidad. Hay peleas, bulla, basura. A veces una se aburre y quiere irse, porque no es lo que nos prometieron. […] Y afuera también te miran distinto: dicen que somos conflictivos. Hasta el transporte no quiere venir. (Participante grupo focal Roberto Bravo I y II)

Estos relatos muestran que la relocalización no implica solo un cambio de lugar, sino también la pérdida de formas de vida construidas en los asentamientos de origen. En particular, las familias relocalizadas perdieron sus rutinas compartidas y los espacios de encuentro, lo que afecta la vida comunitaria y genera sentimientos de aislamiento y encierro. Las mejoras materiales no siempre compensan estos cambios, ya que la experiencia cotidiana se vuelve más individual y menos conectada con otros: “Ya tenía depresión, y esto la empeoró, porque antes salía al pasaje, conversaba, hacía vida, y ahora me quedo adentro sin querer abrir la puerta” (participante grupo focal Roberto Bravo I y II). En el caso de la radicación, si bien las familias mantienen su ubicación y parte de sus redes, también se observan cambios en la forma de organizar la vida cotidiana. Las prácticas comunitarias que antes surgían de manera espontánea son reemplazadas por reglas más formales, lo que reduce la capacidad de decisión colectiva sobre el entorno: “Antes uno se organizaba sola, decidíamos entre todos si hacíamos aseo o arreglábamos algo; ahora todo son papeles, reuniones y multas” (participante grupo focal Villa Cumbres). A esto se suma que los nuevos conjuntos no cuentan con espacios adecuados para sostener la vida comunitaria. La falta de áreas de recreación limita las posibilidades de encuentro, especialmente para niños y niñas, lo que refuerza dinámicas de encierro en la vida cotidiana: “La plaza no es proporcional a los niños que hay; los chicos no tienen dónde jugar y los tenemos encerrados todo el día” (participante grupo focal Villa Cumbres). En conjunto, estos resultados muestran que, aunque la radicación permite mantener parte de los vínculos y el arraigo territorial, la relocalización tiende a generar mayores rupturas en la vida comunitaria, junto con dificultades de integración y experiencias de estigmatización. Estas diferencias influyen en la forma en que las familias viven y se reconocen en su nuevo entorno urbano.

Dimensión de redistribución: condiciones materiales, habitabilidad, servicios y accesibilidad

En la dimensión redistributiva, los resultados muestran diferencias claras entre la radicación y la relocalización en el acceso a vivienda, servicios y oportunidades urbanas.

En Villa Cumbres (radicación), las familias valoran poder acceder a una vivienda formal sin salir de su entorno. Permanecer en el mismo lugar les permitió mantener la cercanía con redes familiares, servicios y trabajo, evitando cambios bruscos en su vida cotidiana. Como señalan, esto facilitó la continuidad de rutinas como la atención en salud y la escolaridad de los hijos. Sin embargo, estas ventajas se ven tensionadas por problemas en la calidad de las viviendas y por gastos imprevistos que deben asumir directamente. En algunos casos, las familias relatan haber recibido viviendas con deudas asociadas o con fallas que requirieron reparaciones costosas, resueltas sin apoyo institucional:

Cuando nos entregaron las casas, yo me encontré con tres boletas de agua vencidas… y después empezó a salirse el agua por la pared; tuvimos que pagar retroexcavadora para arreglarlo. Lo hicimos entre los vecinos, porque nadie vino a hacerse cargo. (Participante grupo focal Villa Cumbres)

Esto muestra que, aunque mejora el acceso a la vivienda formal, parte de los costos de mantención y reparación se trasladan a familias con recursos limitados.

En el caso de las familias relocalizadas, la evaluación es más crítica. Si bien al inicio valoran la calidad de las nuevas viviendas, esta percepción cambia rápidamente debido a fallas constructivas y altos costos de mantención. Los relatos dan cuenta de problemas persistentes en la infraestructura y de la ausencia de respuestas institucionales, lo que obliga a las familias a asumir gastos elevados: “Al principio nos alegramos… pero después empezaron los problemas… las paredes filtran, el alcantarillado se tapa… y la institución nunca respondió” (participante grupo focal Roberto Bravo I y II). A esto se suma un deterioro en la accesibilidad a servicios, empleo y educación. El aumento en los tiempos y costos de traslado afecta directamente la economía de los hogares y su organización cotidiana. Las familias también reportan dificultades para continuar tratamientos de salud o mantener sus redes laborales, debido a la distancia y a la necesidad de cambiar de servicios. En palabras de los participantes, la nueva localización implica mayores gastos y una sensación de inestabilidad económica, pese a contar con una vivienda formal: “Es como seguir endeudada, pero ahora con una casa” (participante grupo focal Roberto Bravo I y II). Además, en ambos casos, pero especialmente en la relocalización, aparece una preocupación por el deterioro del entorno y la falta de mantención del espacio público, lo que refuerza la sensación de abandono.

En conjunto, estos resultados muestran que, aunque ambas estrategias mejoran el acceso a la vivienda, sus efectos son distintos. La radicación permite mantener condiciones previas de acceso a servicios y redes, mientras que la relocalización tiende a generar mayores costos, pérdida de vínculos y dificultades de acceso a oportunidades, lo cual limita su impacto en una distribución más equitativa de los recursos urbanos.

Dimensión de representación: participación, agencia y responsabilidad institucional

En la dimensión de representación, los resultados muestran desigualdades en la relación entre las familias y las instituciones encargadas de implementar la política habitacional, especialmente en su capacidad para participar en decisiones y obtener respuestas frente a problemas.

Las familias radicadas en Villa Cumbres recuerdan haber tenido un rol activo en las etapas iniciales de organización y postulación. Sin embargo, identifican una ruptura una vez finalizado el proyecto. La participación se concentra en el acceso a la vivienda, pero no continúa en la etapa posterior, cuando surgen problemas asociados al habitar: “Nos organizamos, hicimos reuniones, firmamos papeles… pero después de la entrega, nadie volvió… cuando fuimos al SERVIU a reclamar por las filtraciones, nos dijeron que ya nos habían dado la casa, que agradeciéramos y listo. Sentimos que ya no tenemos derecho a reclamar” (participante grupo focal Villa Cumbres). La falta de acompañamiento institucional y de canales efectivos de respuesta deja a las familias con pocas herramientas para resolver problemas, limitando su capacidad de incidir en las condiciones de su vivienda y su entorno.

En el caso de las familias relocalizadas en el conjunto habitacional Roberto Bravo I y II, estas dificultades son aún más marcadas. Las decisiones sobre el tipo de vivienda, la localización y la forma de administración se tomaron sin una participación efectiva de las familias. Además, el régimen de copropiedad les exige asumir responsabilidades económicas y técnicas para las que muchas veces no están preparadas: “Nunca nos preguntaron si queríamos departamentos, ni dónde. Fue así no más… cuando reclamamos, nos dicen que es cosa del comité de administración, pero no tenemos plata ni conocimientos para resolverlo” (participante grupo focal Roberto Bravo I y II).

A esto se suma la falta de respuesta institucional frente a problemas estructurales, lo que genera frustración y desgaste en la organización comunitaria. Las familias relatan haber recurrido a distintas instituciones sin obtener soluciones, lo que debilita la confianza y la disposición a participar: “Fuimos al SERVIU, al municipio, a todos lados. Nadie respondía… al final, uno se cansa de pelear” (participante grupo focal Roberto Bravo I y II). En este contexto, también se observa una pérdida de las formas de organización que existían en los asentamientos de origen. Las familias señalan que antes tenían mayor capacidad para organizarse y gestionar su entorno, mientras que en el nuevo contexto estas prácticas pierden espacio o no son reconocidas: “Nosotros allá teníamos calles con nombre, hacíamos aseo, todo limpio. Era más ordenado que esto” (participante grupo focal Roberto Bravo I y II).

En conjunto, estos resultados muestran que la posibilidad de participar y hacerse escuchar es limitada en ambos casos, aunque de manera más evidente en la relocalización. Mientras la radicación permite cierta participación inicial, la relocalización reduce más fuertemente la capacidad de las familias para incidir en decisiones y resolver problemas, lo que afecta su posibilidad de influir en las condiciones en que viven.

Síntesis comparativa de justicia socioespacial

Los resultados evidencian que las estrategias de radicación y relocalización producen efectos diferenciados en la justicia socioespacial. Mientras la radicación tiende a preservar el reconocimiento territorial, la accesibilidad y ciertos espacios de participación, la relocalización se asocia a desarraigo, pérdida de redes y menor capacidad de incidencia, configurando distintas formas de desigualdad socioespacial. La tabla 2 sintetiza los principales patrones identificados en cada dimensión, permitiendo comparar los efectos de las estrategias de radicación y relocalización en la justicia socioespacial.

Discusión

Los resultados permiten interpretar las estrategias de radicación y relocalización más allá de su dimensión técnica, situándolas como dispositivos de producción del espacio urbano que inciden en la configuración de la justicia socioespacial. En esta línea, siguiendo a Harvey (1976, 2008), estas transformaciones pueden entenderse como expresiones de relaciones de poder que estructuran la producción del espacio, donde el Estado, el mercado y las prácticas sociales interactúan de manera desigual. En este sentido, los hallazgos confirman que los asentamientos informales constituyen formas de producción social del hábitat, en las que la autogestión, la organización comunitaria y el arraigo territorial configuran no solo soluciones habitacionales, sino también formas de producción de ciudad (Ortiz, 2012; Turner, 1976, 2018). En línea con Roy (2005, 2011), estos procesos no pueden entenderse como anomalías, sino como parte constitutiva de la urbanización contemporánea, articulada a dinámicas estructurales de exclusión.

Desde esta perspectiva, la radicación aparece como una estrategia que, aunque limitada, reconoce parcialmente estas dinámicas al permitir la permanencia en el territorio y la continuidad de redes y formas de organización. En cambio, la relocalización tiende a interrumpir estos procesos, desarticulando las condiciones sociales y territoriales que sostienen la producción del hábitat, lo que evidencia una tensión entre las lógicas institucionales de provisión de vivienda y las prácticas sociales de producción urbana. En este punto, los resultados muestran que no se trata solo de un cambio de localización, sino de una transformación más profunda en las condiciones que permiten a los habitantes sostener su vida cotidiana y sus formas de organización. En este sentido, los hallazgos pueden leerse, en términos de Holston (2008), como una interrupción de formas de ciudadanía insurgente, en las que los habitantes no solo acceden a la ciudad, sino que la producen activamente mediante prácticas colectivas.

Este contraste se vincula con lo planteado por Fernandes (2008, 2011) y Abufhele (2019), quienes advierten que las políticas habitacionales pueden reproducir desigualdades cuando no reconocen las trayectorias territoriales. En esta línea, la relocalización puede entenderse como un proceso de desposesión (Janoschka, 2016), en tanto implica la pérdida de recursos sociales, territoriales y organizativos construidos previamente, no compensados por la mejora en la vivienda formal.

Estos resultados dialogan con el derecho a la ciudad de Lefebvre (1968, 2017) y Harvey (2008, 2012), en tanto muestran que el acceso a la vivienda no garantiza la posibilidad de participar en la producción y transformación del espacio urbano. En términos de Harvey (2008, 2012), este derecho no se reduce al acceso a bienes urbanos, sino que refiere a la capacidad efectiva de incidir en la producción del espacio, lo que aquí se distribuye de manera desigual. Esto se refleja especialmente en la relocalización, donde las familias, pese a acceder a una vivienda formal, ven reducida su capacidad de decisión, control del entorno y mantención de redes sociales. En este sentido, los hallazgos refuerzan la crítica de Marcuse (2009), quien advierte que políticas aparentemente inclusivas pueden reproducir subordinación si no transforman las estructuras que generan desigualdad.

En este marco, el enfoque de justicia socioespacial permite avanzar en la evaluación de estas políticas al operacionalizar estas tensiones en dimensiones concretas. Siguiendo a Soja (2014), los resultados muestran que las injusticias no solo son sociales, sino también espaciales, al expresarse en patrones diferenciados de acceso a recursos, servicios y oportunidades. Sin embargo, es a partir de Fraser (2008) que estos resultados adquieren mayor profundidad analítica, al permitir comprender cómo estas desigualdades se articulan simultáneamente en distintas dimensiones de la justicia.

Desde esta perspectiva, los hallazgos muestran que la justicia socioespacial no puede evaluarse solo en términos de redistribución, como acceso a vivienda, sino que requiere considerar también el reconocimiento de las trayectorias sociales y la capacidad de participación. En los casos analizados, la radicación logra sostener parcialmente estas dimensiones, al mantener redes, prácticas y cierta capacidad de incidencia inicial. En cambio, la relocalización produce una ruptura simultánea en las tres dimensiones planteadas por Fraser (2008): debilita la redistribución al aumentar costos de accesibilidad, afecta el reconocimiento al desvalorizar las trayectorias de autogestión y limita la representación al restringir la participación efectiva.

En términos de redistribución, la mejora en el acceso a la vivienda coexiste con efectos negativos en movilidad y accesibilidad, especialmente en contextos de relocalización, en línea con Hildebrand (2021). En cuanto al reconocimiento, se evidencia que las políticas tienden a invisibilizar las trayectorias de autogestión y los saberes comunitarios, reproduciendo formas de estigmatización (Cuberos-Gallardo y Díaz-Parra, 2018; Irazábal, 2021; Moya y Álvarez de Andrés, 2023). Esto resulta consistente con Fraser (2008), en tanto la falta de reconocimiento implica una forma de injusticia que afecta la posibilidad de participar en condiciones de igualdad. Finalmente, en la dimensión de representación, se constata una participación limitada y concentrada en etapas iniciales, sin continuidad en la toma de decisiones, lo que restringe la capacidad de incidir en las condiciones del hábitat. En términos de Fraser (2008), esto da cuenta de un déficit de representación, en el que los sujetos no son plenamente considerados como actores válidos en decisiones que afectan sus vidas.

En coherencia con Fainstein (2012, 2013), estos resultados evidencian que la evaluación de las políticas habitacionales no puede limitarse a su provisión material, sino que debe considerar su contribución a la equidad, el reconocimiento de la diversidad y la democratización de la toma de decisiones. En los casos analizados, si bien hay avances en acceso a vivienda, persisten limitaciones en reconocimiento y participación, especialmente en contextos de relocalización.

En conjunto, la evidencia sugiere que las políticas habitacionales, cuando no integran estas dimensiones de manera articulada, tienden a reproducir formas de injusticia socioespacial. Desde Fraser (2008), esto implica que las intervenciones estatales pueden mejorar condiciones materiales sin modificar las estructuras que producen desigualdad, generando formas parciales de justicia. En este sentido, la radicación y la relocalización no solo constituyen estrategias técnicas, sino que configuran formas diferenciadas de producir ciudad, con implicancias en la forma como se distribuyen recursos, se reconocen comunidades y se garantiza, o limita, la participación de sus habitantes.

Conclusiones

Los resultados evidencian que las estrategias estatales de radicación y relocalización producen efectos diferenciados en la justicia socioespacial. Mientras la radicación tiende a preservar el reconocimiento territorial, la continuidad de redes sociales y la accesibilidad urbana, la relocalización se asocia a desarraigo, pérdida de redes y deterioro en el acceso a oportunidades, junto con una menor capacidad de incidencia en las decisiones que afectan el hábitat.

En este sentido, los hallazgos muestran que la reducción del déficit habitacional no garantiza por sí misma mayores niveles de justicia socioespacial, en la medida en que persisten limitaciones en las dimensiones de reconocimiento y representación, en línea con la propuesta de Fraser (2008).

A partir de lo anterior, los resultados sugieren la necesidad de priorizar estrategias de radicación en contextos donde existan condiciones de consolidación territorial, no solo por su capacidad de mantener la localización, sino también por su contribución a la preservación de redes de apoyo, prácticas de sociabilidad y formas de organización comunitaria. En aquellos casos donde la relocalización sea inevitable, se vuelve fundamental incorporar criterios de localización que aseguren proximidad efectiva a servicios, empleo y sistemas de transporte, así como condiciones reales de acceso al empleo que permitan sostener los mayores costos de movilidad observados. En este sentido, la accesibilidad no puede entenderse únicamente como proximidad física, sino también como la capacidad de los hogares para generar ingresos y sostener su reproducción cotidiana, lo que plantea la necesidad de articular la política habitacional con estrategias de inserción laboral en coordinación con el sector productivo, así como con sistemas de salud y educación que aseguren continuidad en las trayectorias de los hogares relocalizados. Además, resulta necesario incorporar estándares adecuados de calidad constructiva y mecanismos de acompañamiento sostenido en la etapa post-ocupación, que eviten la transferencia de costos de mantención a los hogares y que mitiguen los efectos de ruptura territorial observados.

Asimismo, los resultados evidencian la necesidad de avanzar en el reconocimiento de las trayectorias y saberes construidos en los asentamientos informales, particularmente en relación con las prácticas de autogestión, organización y producción del hábitat. Esto implica incorporar en el diseño de las políticas habitacionales dispositivos que valoren estas experiencias, evitando su invisibilización y la reproducción de estigmas asociados a la informalidad, especialmente en contextos de relocalización.

En relación con la dimensión de representación, los hallazgos muestran la necesidad de fortalecer mecanismos de participación que no se limiten a las etapas iniciales de los proyectos, sino que aseguren continuidad en la fase posocupación. Esto supone avanzar hacia modelos de gobernanza habitacional que permitan a las comunidades incidir efectivamente en la gestión, mantención y resolución de problemas en sus territorios, evitando la sobrecarga de responsabilidades sin apoyo institucional y reduciendo la brecha observada entre participación formal y capacidad real de incidencia.

Finalmente, los resultados sugieren la importancia de incorporar marcos de evaluación basados en la justicia socioespacial en la política habitacional, que permitan trascender indicadores centrados exclusivamente en el déficit, integrando de manera articulada las dimensiones de reconocimiento, redistribución y representación. Esto implica no solo medir acceso a vivienda, sino también considerar condiciones de accesibilidad, integración territorial, continuidad de redes sociales y capacidad de participación como criterios fundamentales para orientar la acción pública. En este marco, resulta igualmente relevante incorporar en la evaluación la experiencia y percepción de los propios habitantes, en tanto esto permite comprender cómo son vividas las políticas en el territorio.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación científica

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: rodrigo.torreblanca@uvm.cl

Información adicional

Cómo citar: Torreblanca Contreras, R. y Álvarez de Andrés, E. (2026). Justicia socioespacial y política habitacional en asentamientos informales: dos casos en el Gran Valparaíso, Chile. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 19. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu19.jsph

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