Según Datosmacro (2020), en el 2005 residían en México 712 487 extranjeros (359 642 hombres y 352 845 mujeres); en el 2010, 969 538 (490 691 hombres y 478 847 mujeres); en el 2015, 1 028 803 (515 917 hombres y 512 886 mujeres); y en el 2019, 1 060 707 (531 912 hombres y 528 795 mujeres). Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el número de residentes llegó a 968 271 (INEGI, 2010); en el 2015 fueron 1 007 063 (INEGI, 2015), y en el 2020, 1 212 252, de los cuales había 593 502 (49 %) mujeres y 618 750 (51 %) hombres (INEGI, 2020b).

La mayoría de los inmigrantes que residen en México son de Estados Unidos⁶; seguidos de ciudadanos de Guatemala, España, Colombia, Venezuela y Honduras (INEGI, 2010; 2015). Según el censo de 2020, 797 266 extranjeros proceden de Estados Unidos, 56 810 de Guatemala, 52 948 de Venezuela, 36 234 de Colombia, 35 361 de Honduras y 25 976 de Cuba, siendo los centroamericanos el grupo mayoritario después de Estados Unidos (INEGI, 2020a).

De estas poblaciones, los centroamericanos residen más en Chiapas y Quintana Roo, pero también tienen presencia importante en Campeche, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tamaulipas. Los estados donde los guatemaltecos ocupan el segundo lugar son Chiapas (33 177) y Quintana Roo (7116), pero también están en Campeche (3990), Baja California (1651), Ciudad de México (1450), estado de México (1267), Nuevo León (702), Chihuahua (624), Veracruz de Ignacio de la Llave (622) y Tamaulipas (555) (INEGI, 2020b).

Entre los inmigrantes internacionales en edad escolar en México se encuentran los hijos de: a) los retornados de Estados Unidos; b) los residentes (permanentes o temporales) no nacidos en México y que no están nacionalizados (documentados o indocumentados); y c) los inmigrantes en tránsito (documentados o no), cuyas cifras son fragmentadas e incompletas.

En el 2000 residían en México 492 617 extranjeros (249 337 hombres y 243 280 mujeres) (INEGI, 2006). Entre niños y jóvenes había 290 000, de los cuales 47 000 estaban en edades entre los 6 y los 14 años; 55 000 entre 15 y 24 años, y 188 000 tenía de 25 años en adelante. En el primer grupo (6 a 14 años), el 89,9 % asistía a la escuela, mientras el 9,1 % no lo hacía; en el segundo grupo (15 a 24 años), el 44,2 % asistía; y entre los mayores de 25 años lo hacía un 5,3 %. El 38,3 % de las personas con 15 años o más tenía educación superior, pero el mismo porcentaje no contaba con una instrucción media superior. El 19 % tenía solo preparatoria o bachillerato, estudios técnicos o comerciales; el 4 % había terminado la secundaria y el 0,4 % tenía apenas educación básica (INEGI, 2006). Un dato importante de Pardo & Dávila (2017) muestra que más del 70 % de los venezolanos, peruanos y chilenos tenían licenciatura o más, al igual que los franceses y los alemanes, que presentaban alta calificación, y a diferencia de los centroamericanos, que apenas si habían estudiado la primaria. Sin embargo, hay vacíos en los datos o son incompletos entre 2005 y 2020, por lo que no se tiene una información precisa sobre este periodo⁷.

Según género, en el 2015 los inmigrantes extranjeros en México fueron 50,4 % hombres y 49,6 % mujeres. Los menores de 15 años alcanzaron un 52 % y 40,7 % tenían entre 5 y 14 años, esto es, “una estructura por edad joven, con una mediana de 14 años, mientras que la edad mediana de toda la población es de 27 años. […] los nacidos en Estados Unidos representan el 73,5 % del total de extranjeros en el país” (INEGI, 2015 citado en Pardo & Dávila, 2017, pp. 39-40⁸). Estos datos indican de qué modo la población en edad escolar es mayoritaria.

La inmigración procedente de Estados Unidos o de mexicoamericanos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2 Fuente: Vargas & Aguilar (2017), elaborado con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010, publicado en 2011, y la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2011; 2015).

Se observa, de acuerdo a las edades, que del 2005 al 2010 la cifra de personas entre 6 a 17 años fue de 156 144, mientras que del 2010 al 2015 fue de 100 127, lo que indica un decrecimiento significativo. Para Vargas & Aguilar (2017), esto se debió a la protección a la deportación desde 2012 a través del Programa Deferred Action for Chidhood Arrivals (DACA) para estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años y hasta el año 2017. Aunque el periodo de 2016-2020 no se analizó, es esperable un aumento de retornados, debido a la política contra-inmigrante en Estados Unidos en dicho periodo.

Las entidades federativas con mayor proporción reciente de inmigrantes de 6 a 24 años provenientes de Estados Unidos son: Baja California (11,9 por cada por mil habitantes), Colima (8,5), Nayarit (8,1), Michoacán (7,3), Sonora (7,1), Zacatecas (7,1), Chihuahua (7,0), Jalisco (5,5), Aguascalientes (5,0) y Morelos (4,9) (Vargas & Aguilar, 2017; INEGI, 2020b).

Estas personas pueden catalogarse como inmigrantes transnacionales, no como extranjeros, porque son de nacionalidad mexicana (por ascendencia si nacieron en Estados Unidos o porque migraron desde niños). No se comunican en español y su problemática escolar es similar a los que nacieron en Estados Unidos, pero tienen menos problemas de inserción escolar por trámites de documentos.

De los inmigrantes del norte de Centroamérica que migran a México, el 30 % no ha terminado estudios de primaria, mientras el 38 % sí lo ha hecho; solo el 12 % completó su preparatoria y tiene entre 6 a 12 grados de escolaridad (Canales et al., 2019).

Entre el 2010 y 2015, la cantidad de inmigrados menores de edad que residían en México y los que nacieron en México hijos de extranjeros creció en 25,5 %, alcanzando un total de 56 368 individuos, de los cuales el 80 % había nacido en México. En el 2010, de los nacidos en el extranjero, había más mujeres que hombres; de los nacidos en México, la distribución fue en partes iguales. En el 2015, en el primer grupo (inmigrantes) permaneció esa relación; para el segundo grupo (nacidos en México), la cifra aumentó ligeramente para los hombres. Esta es una población en edad escolar que vive en hogares con escolaridad baja y se constata que los nacidos en el extranjero tienen la economía más baja en la región que habitan, mientras que los nacidos en México tienen similares condiciones económicas que los hijos de los mexicanos; un 17 % de ellos habla una lengua indígena y vive principalmente en la región sur-oeste de México (Aguilar & Giorguli, 2016). En el siguiente cuadro se observan las brechas escolares:

Tabla 3 Fuente: elaboración propia con datos de Aguilar & Giorguli (2016), elaborados con base en la encuesta intercensal de INEGI (2015).

La brecha negativa entre los inmigrantes (centroamericanos) con relación a los mexicanos en edad escolar para la educación básica es alta. También lo es en relación con los hijos de inmigrantes extranjeros nacidos en México. Esto demuestra un impacto relacionado con la nacionalidad. Entre los 6 y 12 años, la asistencia escolar es más alta, aunque escasa a partir de los 16 años. Esto apunta a que el interés entre los inmigrantes centroamericanos es por terminar la educación básica.

Bautista & Giorguli (2019) encuentran que tener un documento mexicano (por naturalización o nacimiento) es esencial para acceder a diferentes recursos que favorecen el ejercicio de derechos como educación, atención médica, empleo y vivienda; asimismo, señalan como obstáculos para el acceso a las escuelas: las barreras estructurales (administrativas y económicas), que dependen de la falta de cupo, documentos y antecedentes escolares; las barreras culturales (idioma, escaso bilingüismo docente), que marcan diferencias socioculturales curriculares y en los ambientes escolares; y las barreras sociales, determinadas por separación familiar, ausencia de conexiones sociales en las escuelas y falta de integración escolar.

En su artículo primero, la CPEUM garantiza a los extranjeros los derechos humanos en los tratados ratificados por México. Esto favorece una protección más amplia, cuya interpretación se sujeta a la Constitución y a los tratados internacionales que obtienen rango constitucional y se ubican por encima de las leyes generales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021), para cuyo cumplimiento, el mismo artículo establece que las autoridades tienen “la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad […]. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional”.

En su artículo tercero, el texto afirma que “toda persona tiene derecho a la educación”, que el Estado, en todos sus niveles de gobierno “impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”, y agrega: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Además, se enfatiza la protección de los derechos a la educación, alimentación, salud y sano esparcimiento para todos los niños y niñas y, por lo tanto, de los inmigrantes. Por último, establece que: “El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad para las familias en condición de pobreza, con el fin de garantizar, con equidad, el derecho a la educación”.

En esa misma perspectiva, la Ley de Migración (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2022) precisa, en su artículo 6, que: “El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales […], con independencia de su situación migratoria”; y el artículo 66 confirma: “La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos”, mientras que el artículo 8 señala que:

Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. […] En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Sin embargo, en el Reglamento de la Ley de Migración (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014) se omite el derecho de los extranjeros a la educación⁹. Asimismo, es importante aclarar que la ley restringe el derecho cuando anota: “conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”, porque los requisitos legales impiden el acceso a la educación, como constatan los estudios de Cortez et al. (2015), Jacobo-Suárez (2017a), Vargas (2018) y Zúñiga & Carrillo (2020).

La LGE, por su parte, garantiza en su artículo 1 “el derecho a la educación, reconocido en el artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019). En su artículo 2, la misma ley específica que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional”, y añade en su artículo 5:

Toda persona tiene derecho a la educación […]. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, […] con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana.

Se confirma así el derecho para los extranjeros, que refrenda el artículo 6: “Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior”; sin embargo, en la práctica del derecho a la educación persiste la discriminación a los extranjeros, en particular de los irregulares, si bien disminuye.

Adicionalmente, el artículo 7 establece que la educación es universal y respeta las culturas particulares, por lo cual no discrimina a nadie, siendo pública, gratuita y laica cuando la ofrece el Estado; el artículo 8 precisa la obligación estatal de ofrecer servicios con equidad y excelencia, con prioridad en las medidas para los grupos y regiones con rezago educativo o en situación de vulnerabilidad, lo que incluye condición socioeconómica, origen étnico o nacional y situación migratoria. A su vez, el artículo 56 confirma la inclusión de los inmigrantes en un marco de respeto a su cultura, afirmando que: “El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes¹⁰ y jornaleros agrícolas”, lo cual provee elementos legislativos para una pedagogía intercultural, inclusiva y de complejidad.

La LGE de 2019 obliga también al Estado mexicano a respaldar este derecho en los ámbitos federal, estatal y municipal; el artículo 9-I establece políticas incluyentes, transversales, con perspectiva de género y becas; el 9-IX garantiza el acceso al servicio de educación, aún si los solicitantes carecen de los documentos académicos y de identidad; y el 9-X legisla la no discriminación por nacionalidad o condición migratoria de las niñas, niños, adolescentes o jóvenes en su acceso a los mismo servicios educativos públicos, derechos y beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, “instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Nacional”. Finalmente, el artículo 48 asegura la educación superior para las personas que cumplan los requisitos solicitados por las instituciones educativas; sin embargo, en este caso, los requisitos legales incluyen la estancia legal y el apostillado de los documentos, trámites que con frecuencia impiden a los migrantes ejercer su derecho a la educación.

En el 2011 se garantizaron constitucionalmente los derechos de los migrantes. No obstante, en las políticas públicas los inmigrantes extranjeros no tienen el mismo estatus y atención que otros grupos, como por ejemplo los indígenas. Entre 2007 y 2018 se constata la ausencia de programas y políticas públicas que garanticen la educación como derecho humano para los extranjeros, igual que a los mexicanos, si bien se contemplan becas para quienes estudian licenciaturas. Aunque ha empezado un proceso de integración más igualitario, las becas en las universidades públicas del país son preferentemente para mexicanos, concentrándose sobre todo en los Se refiere a nacionales y extranjeros que migran a México, dentro de México o hacia Estados Unidos. migrantes mexicanos agrícolas, y se carece de políticas dirigidas a integrar a los irregulares en edad escolar, siendo marginal el apoyo a los inmigrantes centroamericanos, sin embargo, se contempló un modelo pedagógico intercultural para los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes¹¹ y emigrantes¹² (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, 2007; SEP, 2007; Gobierno de la República, 2008; 2013a; 2013b).

En lo que refiere al análisis de las políticas públicas en el periodo 2019- 2024, durante el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional, el PND especifica que: “El objetivo central de esta política no es […] resolverle a Estados Unidos el problema de la llegada de migrantes, sino garantizarles a estos los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la educación y la salud que el país les ha negado por décadas” (Gobierno de la República, 2019, p. 15), si bien dicha política está fundamentalmente dirigida a emigrantes mexicanos y extranjeros en tránsito.

Las becas ofrecidas para la educación básica (Beca Benito Juárez, Escribiendo el Futuro y Beca AMLO) no especifican la nacionalidad como requisito (Gobierno de la República, 2020a), pero se desconoce si se han otorgado a extranjeros; por su parte, las becas para estudios de licenciatura de la UNAM (UNAM, 2020) y otras universidades son fundamentalmente para mexicanos (Gobierno de la República, 2020b).

Aunque en el PND 2019-2024 se reconoce que hasta el 2018 “mientras abogaban por un trato digno y justo a los mexicanos en Estados Unidos, las autoridades migratorias mexicanas sometían a toda suerte de atropellos a los migrantes extranjeros en el territorio nacional” (Gobierno de la República, 2019, p. 30), no existe hasta ahora un cambio sustantivo. Es cierto que se muestra interés en la protección contra la violencia y violación de derechos migratorios, así como la atención en educación y salud, como en los planes nacionales de 2007 al 2018, pero no se plantea una real política de integración ciudadana que garantice el derecho a la educación en igualdad de condiciones con los mexicanos. Se enfatiza que “la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con […] el régimen anterior [… con…] instrumentación de mecanismos de acogida, México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones” (p. 32), pero todo se queda hasta el momento en el discurso político.

El PND 2019-2024 también busca garantizar la seguridad y la libertad de tránsito en el territorio, lo que aún no se ha logrado porque, en la práctica, la política de inmigración mexicana se centra en el control migratorio y en el marco de las directrices de seguridad estadounidense, a la vez que no quedan aún claras las pautas de respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos, todo lo cual impide la educación inclusiva que se pretende en el Plan. Por su parte, en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 los siguientes objetivos buscan garantizar el derecho a la educación, aunque no se menciona a los extranjeros:

1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. […] 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte […] con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. (SEP, 2019a, p. 18.

En términos generales, el Programa se orienta a la población que vive en México y se reconoce entre los grupos marginados, al afirmar que la “exclusión ha afectado de manera persistente a los grupos históricamente discriminados como […] migrantes¹³” (p. 19), lo que se precisa con acciones puntuales:

1.2.5. Diseñar mecanismos conjuntos con otras dependencias e instituciones gubernamentales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes migrantes en los centros escolares, donde se les brinde educación, salud y alimentación, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. […] 6.4.9. Articular acciones interinstitucionales que faciliten la incorporación al Sistema Educativo Nacional de las niñas, niños y jóvenes repatriados, solicitantes de asilo o migrantes extranjeros, con pleno apego a sus derechos humanos. (p. 38)

Se reconoce también que la educación, la salud y la alimentación son para los repatriados y migrantes extranjeros que viven en el país, pero falta su ejecución como ciudadanía vivida.

El Reglamento de la Ley de Migración, si bien integra veinte veces el término derechos humanos, con relación al respeto y a la protección de los mismos, legisla, fundamentalmente, sobre el control y trámite de los flujos migratorios, y el funcionamiento y reglamentación del organismo migratorio; los derechos humanos no se conceptualizan y la educación, como derecho, carece de mecanismos y estrategias para su ejercicio, y ni siquiera se menciona.

Entre los programas operativos que se traducen en ayuda al migrante está el Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante para el ejercicio fiscal 2020, centrado en migrantes mexicanos, que incluye:

- Diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo; así como jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o culturales que promuevan la inclusión educativa y la educación intercultural de niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes y la comunidad educativa. - Viáticos, transporte y/o gasolina para figuras educativas de educación para niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes que participen en procesos de formación, convocadas por las AEL y/o la DGEI, que por su ubicación geográfica se encuentran alejadas de las zonas urbanas. (SEP, 2019b, p. 11)

Lo anterior contribuye a la concientización y a la capacitación de docentes, ayudando a visibilizar el problema, pero no logra garantizar en la práctica la educación como derecho ni para las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos y mexicanas.

El Acuerdo sobre las Reglas de Operación del Programa Educativo Inicial y Básica Comunitaria para el 2019 (SEP, 2019c), que abarca desde preescolar hasta secundaria, incluye a los migrantes y a los jornaleros agrícolas migrantes (mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos agrícolas). El Acuerdo número 04/02/19 (Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal, 2019) incluye servicios de educación para migrantes en zonas agrícolas, fincas y zonas de alta marginación, y abarca la educación básica, desde preescolar a secundaria, sin precisar si incluye a los extranjeros (SEP, 2019d).

Es un avance importante que las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020 incorporen como beneficiarios a migrantes y refugiados (SEP, 2019e), aunque esto no es novedad, porque en el programa nacional de becas que operó en el periodo 2013- 2018 se incluía a extranjeros de escasos recursos económicos, aunque no se conocen las cifras de beneficiarios que permitan constatar si hubo extranjeros entre ellos y cuántos fueron.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reportó en el Directorio de Programas Institucionales Dirigidos a la Población Migrante del 2018 treinta acciones y programas de educación (CONAPRED, 2019); no obstante, se focalizan en los mexicanos de retorno y en los migrantes agrícolas mexicanos, por lo que no existe una política integral de atención educativa para los inmigrantes extranjeros, sino solo programas aislados. Las acciones obligatorias del Gobierno, como la revalidación e información sobre procesos educativos y protección de los derechos de migrantes en relación con su estancia o tránsito en México, no constituyen programas o políticas de educación para inmigrantes, a pesar de que son incluidos por este organismo. Se pueden rescatar de esta lista y de la del 2017 (INMUJERES, 2017): el Programa Nacional de Becas (incluyendo las de posgrado), el Programa de Mecanismos para facilitar la Inscripción o Reinscripción en el Sistema Educativo Nacional, el Programa Binacional de Educación Migrante México -Estados Unidos (PROBEM) y el Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), aunque ninguno de estos programas responde a una política de integración ciudadana para extranjeros, y se carece de programas específicos para la educación de los irregulares.