La Organización Internacional del Trabajo y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OIT - Rolac, 2025) indica que los jóvenes se ven más afectados por las condiciones laborales y las dinámicas cambiantes de los mercados de trabajo actuales. Este hecho genera falta de oportunidades en el acceso e inserción al empleo, informalidad y brechas entre grupos poblacionales, lo que agudiza la precarización y flexibilidad laboral en sus trayectorias de trabajo. Sumado a esto, en los últimos años, los jóvenes –así como otros grupos vulnerables como mujeres y adultos mayores– recibieron el mayor impacto de los efectos de la pandemia por COVID-19, en lo referente al desempleo y la inactividad económica. En países como Colombia esto ha llevado a que las políticas nacionales generen una serie de iniciativas y programas que promuevan la inserción laboral de la juventud.

En este contexto, la pregunta que guía este artículo es ¿cuál es el significado de jóvenes y trabajo en las políticas de empleo juvenil en Colombia, posteriores al estallido social de 2021? Para dar respuesta a esta interrogante, este artículo se organiza de la siguiente manera: primero, se presenta el referente teórico-conceptual sobre la juventud y el trabajo que orienta el análisis, así como el estallido social en Colombia en 2021 como marco contextual para situar la investigación. Segundo, se describe el método y la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD) aplicado a políticas públicas. Tercero, se ofrecen los principales resultados sobre la configuración de un joven desde la carencia y la vulnerabilidad que debe, a través de ciertas tecnologías, incorporarse a trabajos precarios. Por último, se plantean las principales discusiones y conclusiones acerca de los significados y discursos sobre el trabajo y la juventud, que surgen en las políticas de empleo juvenil en Colombia después del estallido social y sus implicaciones para la Psicología del Trabajo y las Organizaciones; considerando también las principales limitaciones de este análisis.

Con relación al trabajo, las juventudes se han conceptualizado como una parte del ciclo vital asociado a un espacio-tiempo de tránsito de la adolescencia o infancia (la formación) a la adultez (la producción), así como un punto de referencia para la inserción a la vida social y el trabajo (Agulló, 1998; Blanch, 2014; Obispo y Rentería, 2021; Paulino et al., 2021; Ribeiro, 2011). Sin embargo, cada vez más, los patrones de transición hacia la adultez no cumplen parámetros cronológicos tradicionales; por el contrario, coexisten en una diversidad de papeles, donde las personas llegan a la edad adulta, sin dejar de ser jóvenes, complejizando la delimitación de la juventud netamente a su dimensión etaria (Ribeiro, 2011).

El trabajo en el mundo occidental y urbano se ha configurado para iniciar después de un periodo de formación, lo que supone una secuencia de etapas: primero de preparación y educación de las personas jóvenes, y luego su inserción en actividades económicas-productivas, tradicionalmente en modalidad empleo. Sin embargo, este hito en la trayectoria de vida de las personas se ha visto complejizado e inestable, no solo por las dinámicas macroestructurales y globalizadas –como el desempleo estructural, la pandemia del COVID-19 o las crisis económicas (OIT, 2024a; b)– como por las transformaciones en el mundo del trabajo, que obedecen a lógicas epistemológicas y ontológicas de la relación persona-trabajo, en la cual, la liquidez reta a dinámicas transitorias, a la innovación y a los proyectos de corto plazo, siendo cada vez más diverso, espaciado o intermitente el ingreso de los jóvenes al trabajo (Bauman y Leoncini, 2017; Paulino et al., 2021).

Para ganar experiencia y “obtener un empleo”, muchos jóvenes en América Latina y el Caribe usan la precarización, la flexibilización, la informalidad y la ilegalidad como estrategia o plataforma para la inserción a los mercados de trabajo (Castillo et al., 2022). Este fenómeno se presenta en un contexto donde los discursos predominantes sobre las trayectorias individuales y el éxito personal tienden a invisibilizar las demandas y dificultades sociales que enfrentan los jóvenes para lograrlo.

Por su parte, la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, que se ha mantenido históricamente en una perspectiva del empleo y las industrias (Sato, 2011), ha tenido una visión dicotómica de la relación jóvenes-trabajo (pobre/problemas-no pobres/sanos, ociosa-ocupada, futuro-fracaso). En esta lógica, se instrumentalizan sujetos para hacerlos aptos al mundo del trabajo, mientras que quienes están fuera de este son estigmatizados, sin considerar que ha existido una visión hegemónica del trabajador que toma decisiones con absoluta autonomía, control y responsabilidad sobre dónde, cómo y por qué trabajar.

Lo anterior lleva a repensar el lugar de los jóvenes y el trabajo en contextos de América Latina y el Caribe, así como su relación con el campo de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, para abordar de manera plural las realidades laborales de todas las personas que trabajan o desean hacerlo, incluidas aquellas que trabajan con poca o ninguna voluntad, debido a condiciones del mercado e influencias externas (Blustein, 2011).

En esta línea, la mirada sobre jóvenes es desde una perspectiva psicosocial (Gallardo, 2011), que aborda la diversidad social y psicológica de las juventudes, trascendiendo de lo meramente etario o estructural, para abordar la relación entre la subjetividad y el mundo, así como la coexistencia de papeles en esta población. Si bien cumplen con características etarias relativamente homogéneas, en el cotidiano coexisten con papeles tradicionalmente asignados a ser adultos (por ejemplo, ser proveedores económicos), sin dejar de ser jóvenes (por ejemplo, vivir con padres o familiares); siendo difícil establecer una delimitación meramente cronológica, específica y universal sobre estos (Gallardo, 2011; Miranda y Corica, 2018; Ribeiro, 2011).

La presente investigación tomó como punto de referencia el estallido social de 2021, considerado uno de los más importantes de la historia del país (Comisión de la Verdad, 2023), que dio inicio el 28 de abril de 2021, aunque se venía gestando a través de otras acciones colectivas, debido al descontento social y a diversas problemáticas sociales, económicas y políticas que ha vivido Colombia (Cifuentes-Leiton et al., 2023).

Este estallido, que se mantuvo por alrededor de 50 días, tuvo como algunas de sus causas, el rechazo a los proyectos y políticas del Gobierno –encabezadas por el expresidente Iván Duque– principalmente sobre la reforma tributaria, la reforma a la salud, así como la solicitud de la matrícula cero para el ingreso a universidades, entre otros reclamos y descontentos sociales (Álvarez-Rodríguez, 2022; Cifuentes-Leiton et al., 2023). Una de las demandas principales del estallido estuvo asociada a la falta de oportunidades laborales y educativas de los jóvenes, agravadas luego de la pandemia por COVID-19, esto en un contexto colombiano donde el ingreso al mundo del trabajo se caracteriza por dinámicas de informalidad y precariedad, y la participación de jóvenes en actividades delictivas se expresa como resultado de la falta de oportunidades laborales y educativas (Chavarro et al., 2021).

Este movimiento colectivo, y otros que se han dado en Latinoamérica en los últimos años, como el estallido social en Chile, en 2019, se han distinguido por ser los jóvenes protagonistas y utilizar la protesta como su principal modo de acción (Rivera-Aguilera et al., 2021). Uno de los aspectos más destacados de este fenómeno fue la presencia de la “primera línea”, en la cual, grupos de jóvenes y movimientos sociales se organizaron y generaron un aire renovado a la protesta social y de resistencia (Álvarez-Rodríguez, 2022), en el cual, en varias ciudades, se obtuvo amplio apoyo popular, confrontando política y socialmente la acción del Estado (Ramírez y Vargas, 2023).

Como respuesta a este proceso, el gobierno nacional implementó acciones para atender las necesidades de los jóvenes. Se llevaron a cabo mesas de diálogo con el Comité del Paro Nacional y se iniciaron diversas acciones; entre ellas, el gobierno del expresidente Iván Duque creó la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven, bajo el Decreto 2647 de 2022, con la función principal de diseñar, implementar, ejecutar, realizar seguimiento, evaluar y coordinar las políticas públicas relacionadas con la generación de oportunidades para la juventud (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022).

En este sentido, se consideró analizar cómo la política pública configura la concepción de jóvenes y trabajo, posterior al estallido social en Colombia. Entendiendo estos documentos como actores, los cuales tienen poder legitimando la autoridad, influenciando la interacción social y los esquemas de organización social (Rivera-Aguilera, 2017), por lo que las políticas públicas sobre empleo y jóvenes no solo determinan hojas de ruta de intervenciones o acciones concretas frente a la problemática del desempleo juvenil, sino que también configuran discursos sobre lo que debe ser o no un joven, así como las características del trabajo que estos deben tener, en el marco de una realidad de empleo pleno cada vez más reducida.

Los discursos en las políticas públicas construyen una realidad determinada sobre lo que son los jóvenes y los trabajos por los que deben optar; siendo estos significados asignados por las personas para crear una realidad a través de los discursos (Jäger, 2003). Por lo tanto, los significados de jóvenes y trabajo en las políticas públicas están cargados de principios y valores que promueven el libre comercio y la flexibilización de los derechos laborales, logrando modificar los derechos por bienes y servicios, transformando al sujeto de derechos en sujeto de privilegios (Boron, 2001), que desde un modelo neoliberal multidimensional (Puello-Socarrás, 2014) configura social y discursivamente la relación jóvenes-trabajo.

El ACD aplicado a políticas públicas se convierte en una herramienta esencial para comprender y estudiar la relación entre lenguaje y sociedad (Fairclough, 2002), ya que este, de acuerdo con Peña (2019), es el “campo teórico-práctico que genera interrelaciones complejas entre categorías lingüísticas y sociales” (p. 34), proporcionando herramientas valiosas para analizar de manera transdisciplinar las dimensiones discursivas, semióticas y lingüísticas de la realidad social, enfocándose específicamente en los usos y funciones del lenguaje en los procesos y eventos que estructuran las sociedades actuales (Flowerdew y Richardson, 2018).

Lo crítico en el análisis del discurso es entendido como una reflexión crítica dentro del ámbito científico (Fairclough y Wodak, 2000), no se considera una ciencia social imparcial y desinteresada, no se limita a describir cómo se usan las palabras, sino que expone las conexiones subyacentes entre el discurso y las estructuras sociales, lo cual implica alejarse de los datos, situarlos en un contexto social, adoptar una postura política explícita y enfocarse en la autocrítica (Wodak, 2003). Lo anterior permite entender cómo las palabras y los discursos no son neutrales, sino que están intrínsecamente vinculados con las relaciones de poder y las ideologías que prevalecen en una sociedad, desnaturalizando el sentido y la significación de los intercambios lingüísticos (Raiter, 2007), y es aquí donde está el valor de la crítica, en hacer consciente lo que aún no es.

En este sentido, el ACD proporciona un marco teórico y metodológico pertinente para comprender cómo los discursos oficiales y las políticas configuran los significados de juventud y trabajo en el contexto del estallido social colombiano. Al poner al descubierto las ideologías y relaciones de poder presentes en estas políticas, el ACD facilita la identificación de contradicciones y tensiones entre las aspiraciones de las políticas y las realidades vividas por los jóvenes, ofreciendo una comprensión más completa de los desafíos y oportunidades en el ámbito del empleo juvenil.

Este tipo de análisis es especialmente relevante en el contexto colombiano, donde las dinámicas de desigualdad socioeconómica y violencia impactan de manera significativa la vida de los jóvenes y su inclusión en el trabajo, por lo que la lectura de las políticas surgidas en sus demandas –durante y posterior al estallido social de 2021– permite develar las múltiples formas de precarización y exclusión que enfrentan los jóvenes y cómo se validan en las políticas.

Esta investigación se situó desde una metodología cualitativa (Denzin y Lincoln, 2011), en una perspectiva discursiva centrada en el ACD de las políticas públicas de empleo juvenil en Colombia, surgidas del estallido social de 2021. Se emplearon las cajas de herramientas de Rivera-Aguilera (2017) y Jäger (2003) como estrategia analítica, las cuales permiten no solo analizar el discurso en sí mismo, sino también explorar la ideología y las formas en las que perpetúa la dominación a través de la instalación de sentidos. Con estas herramientas se entiende, por un lado, la realidad social en clave de estructuras sociales, y por el otro, el lenguaje como práctica social en sus contextos de uso y conexión con relaciones de poder, en tanto hace visible la interacción de las cosas (Fairclough, 1992; Palacios, 2020).

Esta ley es la segunda política de Estado en la cual se define la juventud y la perspectiva que adopta, y desarrolla las modalidades de trabajo que son priorizadas para los jóvenes, en una lógica de “atención integral que fortalezca el desarrollo y el curso de vida de la juventud en Colombia” (p. 1).

En concreto, la estrategia “Sacúdete” se desglosa en varias iniciativas: (a) “Inspírate”, que busca detonar el talento juvenil mediante el fortalecimiento de la ciudadanía y las habilidades del siglo XXI; (b) “Enfócate”, que tiene como fin estructurar proyectos de vida a través de asesoría para el desarrollo de vocaciones, y (c) “Transfórmate”, que apoya la materialización de iniciativas juveniles mediante alianzas, promoviendo la educación, el empleo y el emprendimiento. Además, la ley reconoce la diversidad de las juventudes y garantiza escenarios de participación para que los jóvenes sean agentes transformadores en sus territorios (p. 2).

Estas iniciativas presentan dos elementos para el análisis, en semejanza con la anterior política. El primero es la relación discursiva entre problematizaciones y tecnologías, en la cual se presenta un problema y una solución para el mismo (Peña, 2019). El segundo elemento es la significación de jóvenes y trabajo para esta política, vista desde el empleo y el emprendimiento.

De acuerdo con esta ley, las problematizaciones son los desafíos relacionados con el ejercicio “activo” de la ciudadanía y el acceso a los mercados de trabajo “formales” tipo empleo. Las tecnologías empleadas para abordar estas problematizaciones reafirman discursivamente la individualización y responsabilización del sujeto, presentando estos desafíos como proyectos individuales para ser conquistados en el corto plazo. Esto refuerza una lógica donde los jóvenes en carencia deben estar en constante innovación, siendo “nuevos” o “modernos”, para adquirir nuevas y mejores habilidades que les permitan adaptarse con “flexibilidad” a los cambios del mercado (Druck, 2011).

Expresiones como “detonar el talento”, “megatendencias”, “creatividad”, “innovación” y “mentalidad emprendedora” configuran lo que Fairclough y Wodak (2000) consideran los tres dominios de la vida social en el discurso: (a) representaciones, (b) relaciones y (c) identidades. Presentando habilidades y acciones que representan lo esperado por los jóvenes productivos, que, a su vez, los asume como carentes de “habilidades para la vida”, identificándolos como jóvenes vulnerables que no podrán sobrevivir en el mundo del trabajo (Rivera, 2020) sin las tecnologías otorgadas y exaltadas bajo el emprendimiento como el camino individual y único para alcanzar niveles de vida deseables o determinados por la capacidad de consumo (Torres y Rentería-Pérez, 2021).

Ambas políticas públicas representan a los jóvenes desde sus carencias y problemáticas asociadas, sin embargo, la Ley 2231 de 2022 (Congreso de Colombia, 2022) logra avanzar en discusiones más contemporáneas sobre el grupo de interés, utilizando expresiones claves como “las juventudes”, o “los y las jóvenes”, lo que cambia el lenguaje de unicidad y homogeneidad que estaba presente en el Decreto 866 de 2021 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021) por uno que resalta la diversidad. Esto refleja cómo lo cotidiano y el conocimiento científico se expresan en el discurso de la política (Jäger, 2003), reconociendo la heterogeneidad de la juventud.

Lo anterior se puede explicar desde la expedición de cada política pública, el Decreto 866 de 2021 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021) surgió luego del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, donde la manifestación estaba centrada en la mala administración del gobierno de turno, y el estallido social, con la manifestación del 28 de abril de 2021. En este escenario surgieron las principales demandas de los jóvenes, partían del reconocimiento de las brechas y dificultades de orden económico, social, político y territorial que vivían de manera diferenciada, y sumando exigencias de otros grupos sociales (indígenas, afrodescendientes, firmantes del Acuerdo de Paz, entre otros). A lo que los hacedores de política respondieron abordando sus repertorios del lenguaje, usando argumentos y conceptos tomados de la academia para describir y significar a los jóvenes, pero sosteniendo las mismas tecnologías para mantenerlos ocupados.

La relación de los jóvenes con el trabajo se marca en ambos textos desde un significado del trabajo formal y estable en un discurso vinculado y producido anteriormente sobre la centralidad del empleo (Antunes, 2007); aludiendo a unas relaciones dicotómicas del trabajo, como lo son empleo-desempleo, legal-ilegal, formal-informal, las cuales expuestas en las políticas públicas se vuelven acciones concretas y creadoras de conciencia (Jäger, 2003) que establecen, primero, una visión moralista sobre el lado bueno y malo de trabajar, y la exclusión de casi el 50 % de la población en países latinoamericanos que se dedica a la informalidad y a otras formas no reguladas, que también desarrolla habilidades, crea redes sociales y configura una identidad en el trabajo (Garcés-Ascuntar y Rentería, 2017).

Esta ausencia de las márgenes difusas o zonas grises entre las dicotomías del trabajo se expresa, según Jäger (2003), como estrategia de negación o tabú en los discursos presentados en estas dos políticas públicas. Primero, porque no se habla de las experiencias que los jóvenes adquieren en el trabajo informal, o en el voluntario o familiar. Y segundo, porque mediante el nombre que lleva la política, usando la metáfora de “sacúdete”, es decir, mover violentamente algo, se expresa la visión de los jóvenes que requieren desplazarse o movilizar porque “está carente de experiencias”, desconociendo el lugar de las trayectorias sociales, culturales, políticas y de trabajo que anteceden a su inserción al mercado formal.

Por otro lado, el emprendimiento y la innovación, como discursos de la lógica y modelo neoliberal en el joven trabajador, operan como “salidas novedosas” para insertarse al mundo del trabajo, que se sostiene cada vez más en la fragilidad, la precarización y la incertidumbre como parámetro no solo de la relación laboral, sino de la sociedad (Antunes, 2007; Druck, 2011). Estos discursos configuran y legitiman lo que Rivera (2020) denomina un sujeto empleable, es decir, un joven que explota o potencia sus talentos, que participa en las tecnologías diseñadas para tal fin, y que elabora proyectos de vida, basado en un modelo neoliberal donde, según Druck (2011), “la competencia y la división entre los propios trabajadores garantiza la sumisión y la subordinación del trabajo al capital, como única vía de sobrevivencia para los trabajadores” (p. 41).

El trabajo, como forma de gobierno de los jóvenes, determina las características de un “sujeto empleable”, es decir, un sujeto capaz de explotar y potenciar sus talentos a través de la participación en tecnologías diseñadas para tal fin, además de elaborar proyectos de vida esperados. Esta visión reconoce discursivamente a los jóvenes como un “otro” que necesita y debe ser guiado o conducido por un camino específico, determinado por la política pública (Rivera-Aguilera, 2018).

Debido a las dinámicas actuales del mundo del trabajo, la cronología de la juventud como grupo etario se ha prolongado y difuminado. Por un lado, la OIT (2019) ha actualizado y ampliado la definición de juventud hasta los 29 años, derivado de la prolongación de los tiempos de permanencia en el sistema educativo y las dificultades persistentes para ingresar al mercado de trabajo. Por otro lado, han emergido conceptos como adolescencias alargadas (Coelho et al., 2014) o adultos emergentes (Arnett, 2000; Paulino et al., 2021), que intentan retratar la diversidad social y psicológica de los jóvenes, trascendiendo de lo meramente etario o estructural, para abordar la relación entre la subjetividad y el mundo.

Lo anterior, sumado a la relación de los jóvenes con el trabajo en países como Colombia, donde los mercados y condiciones laborales son inestables y precarios, implica que la experiencia de inserción al mundo laboral no sea de “libre elección” sobre dónde, cómo y por qué trabajar. Por el contrario, estos jóvenes trabajadores se mueven por necesidades y condiciones socioeconómicas que los llevan a entrar en un laberinto de opciones disponibles para vivir o sobrevivir, en lugar de tener posibilidades de elección. La inactividad o el desempleo se perciben como un castigo por la falta de proactividad.

Las tecnologías expresadas en los documentos analizados muestran cómo, a partir de estrategias “novedosas e innovadoras”, el neoliberalismo, como proyecto social y político de clase, no puede reducirse a un programa específico de políticas públicas económicas o sociales (Puello-Socarrás, 2013). Dado lo anterior, estas tecnologías regulan a los jóvenes como sujetos políticos y sociales, manteniéndolos ocupados y evitando así su participación en actividades como las protestas sociales. Sin embargo, esa “ocupación” no necesariamente ofrece posibilidades para construir o desarrollar proyectos de vida.

Por su lado, la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, vista de manera crítica, ha contribuido a la homogeneización global de la fuerza laboral a través de sus discursos y prácticas, disciplinando al trabajador (Pulido, 2021). Desde la perspectiva de los jóvenes, esta disciplina ha perpetuado una visión unidimensional del trabajo, basada en la dicotomía empleo-desempleo, limitándolos a ser sujetos empleables, autónomos y responsables. Esto ignora las diversas realidades de los jóvenes y estigmatiza a aquellos que no encajan en las categorías preestablecidas, como en el caso de la adopción de la categoría “ninis”.

Una cuestión clave para continuar analizando las políticas públicas desde el ACD, y con una perspectiva desde la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, es que no cualquier tipo de trabajo gobierna a los jóvenes. Son el empleo y el emprendimiento, como categorías amplias, las que se validan como trabajo. Estas categorías, con incentivos y relevancia en los discursos, buscan en el fondo el aseguramiento del libre mercado por parte de las políticas públicas (Peña, 2019), y promueven la individualización y responsabilización del sujeto por su desarrollo o desempeño en el mercado, exponiendo a las personas a la pérdida de colectividades y a la competencia permanente (Druck, 2011). Esto implica repensar la Psicología del Trabajo y las Organizaciones desde perspectivas más amplias y situadas en/desde los países “periféricos”, actuando como un campo que reconoce la coexistencia de múltiples roles y la diversidad psicosocial dentro de las juventudes.

Además, es crucial que se incorpore al ejercicio de las políticas públicas un enfoque que refleje las complejas condiciones de los mercados de trabajo, las dinámicas macroeconómicas y las diversas experiencias juveniles en el mundo del trabajo. El ACD permite situar los discursos en su contexto histórico y social. En el caso de Colombia, el estallido social de 2021 proporciona un marco crucial para entender las demandas de los jóvenes y cómo estas han sido respondidas (o no) por las políticas de empleo, develando cómo las políticas actuales se alinean o se distancian de las demandas expresadas durante este periodo de movilización social.

En términos de limitaciones y preguntas emergentes en la intersección entre Psicología del Trabajo y las Organizaciones, ACD y la relación jóvenes-trabajo, es crucial seguir analizando cómo se construyen los discursos que subyacen a las políticas públicas. Ello debido a que estos discursos configuran un tipo específico de joven trabajador y reflejan las ideologías y modelos económicos subyacentes. A través del ACD, es posible identificar qué voces y experiencias son excluidas o marginalizadas en los discursos de las políticas de empleo juvenil, evidenciando cómo las políticas actuales no abordan adecuadamente las necesidades de los jóvenes en sectores más vulnerables o aquellos que trabajan en la informalidad.

Al revelar las limitaciones y contradicciones en los discursos de las políticas públicas, el ACD no solo ofrece un diagnóstico crítico, sino que también puede orientar propuestas para políticas más inclusivas y justas. En el caso de las políticas de empleo juvenil en Colombia, esto implica proponer enfoques que reconozcan y aborden las diversas formas de precarización y exclusión que enfrentan los jóvenes. Además, es crucial ampliar el espectro de análisis para entender cómo estas tecnologías no solo afectan el ámbito laboral, sino también otros aspectos como la seguridad y la cultura.