Introducción

Existe un creciente interés académico por analizar el papel que desempeña el deporte como vector de política exterior (Murray, 2020). Tradicionalmente, la literatura especializada y la práctica diplomática se han centrado en la capacidad de los Estados para proyectar una imagen positiva y ganar prestigio a través de dos vías principales: la consecución de medallas y la organización de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos (JJOO), los Mundiales o los juegos regionales (Grix y Houlihan, 2014; Grix et al., 2015). Sin embargo, la diplomacia deportiva también opera en esferas menos visibles pero determinantes (Simon-Sanjurjo, 2024). En un ecosistema deportivo global cada vez más tecnificado y regulado, han cobrado importancia la diplomacia de las instituciones y la capacidad técnica institucional (como la que ejercen los laboratorios y las agencias nacionales), que operan, entre otros mecanismos, a través del cumplimiento de estándares internacionales.

En este contexto, la lucha antidopaje ha emergido no solo como un imperativo ético, sino como un espacio de posicionamiento político. En el sistema internacional actual, la adhesión a las normativas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés) es un requisito casi de obligatorio cumplimiento (Zubizarreta y Demeslay, 2021). Si bien la WADA no puede imponer leyes a los Estados, su alianza estratégica con el Comité Olímpico Internacional (COI) le otorga un poder coercitivo indirecto, puesto que el incumplimiento puede derivar en la imposibilidad de organizar eventos internacionales o incluso podría resultar en la exclusión de los deportistas de una nación en las grandes citas olímpicas. Ningún país parece estar dispuesto a pagar el coste político y reputacional de quedar fuera del sistema (Zubizarreta y Demeslay, 2021). Es una realidad que se evidencia incluso en contextos de conflicto extremo, donde países en guerra civil han priorizado el mantenimiento de sus compromisos antidopaje para no perder su validación internacional; por ejemplo, Siria en 2013, en plena guerra civil (Unesco, 2005b).

El marco regulatorio se sostiene sobre dos pilares: la ratificación de la Convención Internacional de la Unesco contra el Dopaje en el Deporte (2005a) —que dota de base legal internacional al compromiso— y la adopción del Código Mundial Antidopaje en la legislación nacional. Para la mayoría de los Estados, esto implica la creación de una Organización Nacional Antidopaje (ONAD), encargada de toda la labor antidopaje a nivel nacional: la prevención, la recolección de muestras, la gestión de autorizaciones de uso terapéutico (AUT), la ejecución de sanciones, etc. Cuando un Estado cumple satisfactoriamente con las exigencias mínimas que recoge el Código, la WADA le otorga el estatus de compliant (‘en cumplimiento’).

No obstante, una vez alcanzado este umbral, los Estados pueden decidir hasta qué punto desean desarrollar su sistema. Esta elección depende de múltiples factores, como la situación financiera del país, la visión y la comprensión del deporte o la estrategia diplomática y política del país. Un Estado, al posicionarse como un frontrunner o líder de la lucha antidopaje, puede obtener réditos políticos significativos, por ejemplo, una mayor competitividad a la hora de postularse para albergar grandes eventos o más posibilidades para obtener asientos o puestos representativos en los comités de federaciones internacionales y de la WADA. En este sentido, el estatus de un país en la jerarquía antidopaje global depende directamente de la robustez de su aparato de lucha contra esta práctica: por ejemplo, su trayectoria institucional, el desarrollo de protocolos antidopaje, su volumen de controles y el rigor en la gestión de resultados.

Los controles antidopaje constituyen la piedra angular de este sistema. Las muestras biológicas deben ser analizadas en laboratorios acreditados por la WADA, de los cuales existe una treintena en todo el mundo. Lograr y mantener esta acreditación es una tarea técnica de extrema complejidad que exige una inversión económica millonaria y un personal científico de alta cualificación. Sin embargo, poseer un laboratorio nacional otorga ventajas sustanciales: reduce significativamente los costes logísticos de envío de transporte de muestras, ya que no hay que mandarlas al extranjero, asunto que puede actuar como un activo geopolítico de primer orden. Para el país organizador de un evento internacional, contar con un laboratorio acreditado en su territorio agiliza los procesos y garantiza la rapidez del análisis de las muestras. Es por ello por lo que los países que cuentan con un laboratorio cuentan con un ventaja en los procesos de atribución de grandes eventos deportivos (Zubizarreta, 2021).

Solo existen 35 laboratorios acreditados en el mundo y apenas cinco en el continente americano en este momento, pero, debido a las pérdidas de las acreditaciones, pocos han operado de forma permanente en los últimos veinticinco años. El nivel de infraestructura científica y de conocimiento necesarios es elevadísimo. Un laboratorio acreditado por la WADA no es un laboratorio clínico común: requiere, entre otros, tecnología de punta y protocolos muy precisos para poder detectar sustancias en concentraciones infinitesimales. Conseguir la acreditación es muy complicado, pero mantenerla también es una tarea muy exigente, ya que la WADA los somete frecuentemente a pruebas, algunas “ciegas”, y los laboratorios no tienen margen de error. Por tanto, poseer una infraestructura de este tipo se puede convertir en un factor de distinción para los países de América Central y de Sudamérica y eso, junto con un sistema nacional robusto, puede ser una carta de presentación fundamental para navegar la gobernanza deportiva antidopaje

Así pues, este artículo propone desplazar la mirada de los podios y de los grandes eventos deportivos a las oficinas y laboratorios, analizando cómo la infraestructura técnica y humana del antidopaje puede funcionar como fuente de legitimación y de liderazgo regional. El presente trabajo examina el caso de Colombia, un país donde la relación entre política y lucha antidopaje muestra un claro ejemplo de uso diplomático de las instituciones que van en contra de esta práctica. El argumento central es que la política antidopaje colombiana evolucionó de ser una condición exógena impuesta por organismos internacionales a principios de los años noventa a convertirse en una estrategia proactiva de diplomacia científica y de liderazgo regional en la década de 2010.

El análisis se estructura en torno a dos momentos históricos clave. En primer lugar, se aborda el periodo iniciado en 1992, en el que la creación del sistema antidopaje y de la Comisión Nacional surgieron como una condición impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para otorgar a Colombia la sede del Mundial de Ciclismo de 1995. En esta etapa, el antidopaje fue un requisito técnico asumido reactivamente para poder conseguir los objetivos políticos del momento en el deporte: mejorar la imagen de Colombia en el extranjero.

En segundo lugar, se analiza la década de 2010, cuando se observa un cambio de paradigma: Colombia buscaba ser un referente deportivo en la región apoyándose en su Laboratorio de Control al Dopaje de Bogotá y en la consolidación de su ONAD altamente especializada. Se argumenta que el país instrumentalizó esta capacidad técnica para “exportar” conocimiento a sus vecinos y seguir mejorando la imagen del país mediante la organización de un gran número de eventos deportivos internacionales y ganar influencia en la WADA y en la Unesco. Finalmente, se aborda el declive de esta etapa a partir de 2016, cuando la pérdida de la acreditación del laboratorio evidenció la fragilidad de una diplomacia técnica carente de sostenibilidad política a largo plazo.

Marco teórico

Para comprender cómo la lucha antidopaje se transforma en un activo de política exterior, es necesario articular tres dimensiones: la evolución de la diplomacia deportiva, el auge de la diplomacia científica (sciencediplomacy) y la estructura de gobernanza técnica impuesta por el sistema global antidopaje.

La evolución de la diplomacia deportiva

La conceptualización clásica de la diplomacia deportiva se ha cimentado sobre el concepto de poder blando .soft power), definido por Joseph Nye (2004) como la capacidad de un Estado para obtener los resultados deseados en la política mundial a través de la atracción en lugar de la coacción. En este marco, el deporte actúa como una vitrina de la fuerza, del éxito o incluso de los valores de una nación. Tradicionalmente, la literatura ha identificado dos vías principales de ejercicio de este poder: el éxito atlético (las victorias importantes o la suma de estas: el conteo de medallas como indicador de vigor nacional, por ejemplo) (Haut et al., 2017) y la organización de megaeventos deportivos como los Juegos Olímpicos o los Mundiales, utilizados para proyectar una imagen de modernidad y capacidad organizativa (Grix y Houlihan, 2014).

Sin embargo, autores como Stuart Murray (2020) proponen una evolución hacia la nueva diplomacia deportiva. Esta perspectiva reconoce que, en un mundo globalizado, el poder no solo emana de la visibilidad mediática, sino de la capacidad de influir en las redes de gobernanza. Mientras que la diplomacia tradicional se centraba en el prestigio, la nueva diplomacia deportiva incluye la diplomacia administrativa e institucional. Esto implica que los Estados no solo pugnan por ganar competiciones, sino por figurar en los espacios de decisión que regulan el deporte global.

Diplomacia científica y nichos técnicos en el sur global

La perspectiva mencionada es particularmente interesante para los países que no están en las primeras posiciones del medallero deportivo. Para muchos es difícil competir en la “carrera” por las medallas, ya que el éxito deportivo requiere casi siempre de una gran inversión, pero además hay muchos otros factores que cuentan, lo que hace que la inversión económica tampoco sea sinónimo de buenos resultados. Aquí es cuando cobra relevancia la diplomacia científica (Constantinou et al., 2016). Según el marco S4D4C (The Madrid Declaration on Science Diplomacy, 2019), la ciencia puede servir a la diplomacia de tres formas: la ciencia en la diplomacia (asesoría técnica en las labores diplomáticas), la diplomacia para la ciencia (facilitar la cooperación entre investigadores, proyectos, etc.) y la ciencia para la diplomacia (uso de la colaboración técnica para mejorar la posición internacional).

Para la mayoría de los países, la diplomacia científica se manifiesta a menudo a través de nichos técnicos. Como señalan Echeverría-King et al. (2021) y Gual Soler (2021), ante la imposibilidad de liderar en todas las áreas de la ciencia, los Estados “periféricos” identifican campos específicos en los cuales pueden alcanzar la excelencia internacional. Al dominar un saber técnico complejo (como la biotecnología o, en este caso, el control antidopaje), un país puede transformar un área compleja y técnica que exige mucho trabajo y que podría traer quebraderos de cabeza en una fortaleza, convirtiéndose en un ejemplo o referente indispensable para sus vecinos regionales y para los organismos internacionales. Además, cuando un Estado logra consolidar un nicho técnico —como un sistema antidopaje de alta complejidad—, puede convertirse en referente regional o incluso llegar a generar cierta “dependencia técnica” en su región. Esto puede hacer que la ciencia deje de ser un gasto para convertirse en un activo geopolítico que permita al país actuar como nodo de conocimiento, ganando interlocución directa con organismos globales como la Unesco o la WADA.

La especificidad técnica del sistema antidopaje

Para comprender el alcance del antidopaje como herramienta de diplomacia, es imperativo desglosar su carácter profundamente tecnocrático. Este sistema no se limita a un acuerdo de voluntades políticas, sino que exige un despliegue de conocimiento especializado en tres niveles de complejidad creciente: el normativo, el administrativo-operativo y el científico-infraestructural.

En primer lugar, el sistema impone un marco legislativo de actualización constante. Los Estados deben ratificar la Convención Internacional de la Unesco contra el Dopaje en el Deporte (Unesco, 2005a) y, simultáneamente, trasponer el Código Mundial Antidopaje (WADA, 2021) y los estándares internacionales a sus marcos legales nacionales. Este proceso no es estático: el Código se revisa íntegramente cada seis años, mientras que los estándares internacionales se actualizan más a menudo y la Lista de Sustancias Prohibidas (WADA, 2025), anualmente. La creación y el actualización de estas herramientas reglamentarias constituyen, por sí mismos, un desafío jurídico de primer orden que requiere de expertos en derecho deportivo capaces de armonizar la normativa global con el ordenamiento jurídico interno.

En segundo lugar, la implementación sobre el terreno demanda una maquinaria administrativa altamente especializada: las Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONAD). Estas entidades son responsables de gestionar procesos que van mucho más allá de la recolección de muestras. Una ONAD eficaz debe poseer el conocimiento (know-how) para administrar las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) —un proceso médico-legal complejo—, gestionar los sistemas de localización de atletas (whereabouts) para controles sorpresa y diseñar planes de distribución de controles “inteligentes” basados en la evaluación de riesgos. Esta fase incluye además la gestión de la cadena de custodia de las muestras, su transporte nacional o internacional, la imposición de sanciones y la defensa jurídica ante posibles apelaciones. El dominio de esta “burocracia técnica” no es simple y no todos los Estados aplican cada uno de estos puntos con la misma profundidad.

Finalmente, lo más exigente es la creación y la manutención de los laboratorios antidopaje. Sin embargo, hay que señalar que este punto no es necesario, puesto que un Estado se considera “en cumplimiento” si consigue alcanzar las exigencias legislativas y administrativas que ya hemos explicado; solo los Estados que quieran contar con un laboratorio tienen que hacer frente a este desafío y son solamente una veintena en el mundo entero. A diferencia de otros componentes del sistema, el laboratorio implica una inversión económica masiva en equipamiento técnico (como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas) y en la formación de un capital humano de élite. Además, mantener la acreditación exige una actualización continua de protocolos químicos y una capacidad analítica de última generación para detectar sustancias en concentraciones infinitesimales. Los controles de calidad de la WADA son continuos, por lo que es relativamente fácil que a un laboratorio se le suspenda la acreditación por un periodo para que mejore sus protocolos o que, finalmente, pierda la acreditación por no conseguir responder al nivel de calidad exigido. Debido a este elevado coste de entrada y de mantenimiento, el laboratorio se suele ver como un activo que otorga estatus a los países que los tienen y los posiciona en la vanguardia de la lucha antidopaje.

Precisamente por este alto grado de especialización y por las barreras de entrada que supone la infraestructura científica, el régimen antidopaje deja de ser una cuestión puramente procedimental para convertirse en una arena de competencia geopolítica. No obstante, la literatura académica ha tendido a analizar el antidopaje de manera aislada, limitándolo a una cuestión de ética médica, de derecho deportivo o de política pública interna, ignorando a menudo su alcance como herramienta activa de política exterior. Existe, por tanto, un vacío en la comprensión de cómo la infraestructura técnica y científica puede ser utilizada deliberadamente por un Estado para transitar desde una posición de cumplimiento normativo hacia una de referencia regional, con la que se exporta conocimiento, se presta servicio a terceros y se gana influencia en la gobernanza deportiva global.

En el caso de Colombia, veremos cómo esta transición es particularmente reveladora de las dinámicas de poder en la diplomacia deportiva iberoamericana. El país permite observar un arco evolutivo que comienza con la necesidad de organizar el Mundial de Ciclismo de 1995 como una vía para mitigar el estigma internacional de la época; en ese momento, Colombia se vio obligada a crear un sistema antidopaje como condición para conseguir organizar un campeonato internacional de primer nivel. Sin embargo, dos décadas después, ese mismo sistema fue instrumentalizado para posicionar al país como el principal referente técnico en Sudamérica y en América Central. Por consiguiente, este artículo se propone desentrañar esa evolución estratégica de la política antidopaje en Colombia, centrándose en esos dos periodos. Examinaremos cómo el desarrollo institucional, el papel estratégico del Laboratorio de Bogotá y la presencia del Estado en organismos internacionales (la Unión Ciclista Internacional [UCI], la WADA, la Unesco) permitieron al país transformar una obligación técnica en un activo de prestigio y liderazgo diplomático.

Metodología

La presente investigación se inscribe en un enfoque cualitativo de corte histórico-político, utilizando el estudio de caso como estrategia para analizar procesos sociales complejos que no son capturados por el discurso institucional formal (Taylor y Bogdan, 1987). Para abordar la evolución de la política antidopaje en Colombia, la investigación se rigió por dos principios metodológicos: la heterogeneidad de las fuentes y la simetría en el tratamiento de los actores (Trabal y Le Noé, 2019).

Recolección de información y de fuentes documentales

En una primera fase, se utilizó la prensa como puerta de entrada cronológica, lo que permitió identificar hitos, tensiones y actores clave antes de realizar el trabajo de campo. En una segunda fase, se recopilaron documentos institucionales y normativos para analizar la “traducción” de las exigencias internacionales (WADA/UCI) al marco legal colombiano. A continuación, se detallan las noticias y los documentos recopilados y analizados (Tablas 1 y 2).

Trabajo de campo y entrevistas

Aunque el trabajo documental fuera importante, el núcleo de la investigación reside en un extenso trabajo de campo realizado en Colombia durante cuatro meses en 2017, complementado con visitas de seguimiento en 2024 y 2025. En total, se realizaron 42 entrevistas semiestructuradas en condiciones de estricto anonimato: una decisión metodológica necesaria dada la sensibilidad del tema y para evitar posibles consecuencias negativas para las personas entrevistadas. Cabe señalar que, por esta misma razón, para la escritura de este artículo hemos decidido no apoyarnos tanto en las entrevistas, ya que la mayor parte de la información proveniente de estas se ha reforzado con otras fuentes, por lo que no es posible identificarlas durante la lectura.

La selección de estas buscó equilibrar la visión de gestores políticos con la de actores técnicos y sujetos afectados por las normas (deportistas y entrenadores) (Tabla 3).

Análisis de datos y periodización

Las entrevistas fueron transcritas íntegramente y sometidas a un proceso de codificación para identificar categorías emergentes relacionadas con la labor antidopaje o la experiencia con esta práctica, además de la soberanía técnica o la resistencia institucional. La validez de los hallazgos se aseguró mediante triangulación (Torres, 1988), contrastando los testimonios orales con los datos documentales y las observaciones de campo.

Resultados

Los años noventa: el antidopaje como condición de acceso al primer nivel del deporte internacional

Contexto global y nacional: la urgencia de una nueva narrativa

En el plano global, a principios de la década de 1990, la lucha antidopaje global se encontraba en una fase de transición crítica. Aún no existía la Agencia Mundial Antidopaje (creada finalmente en 1999) y, por tanto, no había una armonización normativa internacional, aunque ya existían iniciativas que tenían como objetivo homogeneizar las regulaciones existentes. La gobernanza del “juego limpio” estaba fragmentada en dos frentes principales: las instituciones públicas (lideradas por el Consejo de Europa y su Convenio contra el Dopaje de 1989) y el movimiento olímpico, con el que el Comité Olímpico Internacional (COI) y las grandes federaciones internacionales (la Unión Ciclista Internacional [UCI], la Federación Internacional de Fútbol Asociación [FIFA], Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo [IAAF], etc.) dictaban sus propias reglas de juego. En esa época, fue común que las federaciones internacionales negociaran con países candidatos a la organización de sus Mundiales para que estos crearan o desarrollaran su sistema antidopaje como condición para acogerlos, convirtiendo así la normativa técnica en un requisito de elegibilidad política.

En el plano nacional, Colombia presentaba una situación paradójica: una “época dorada” de resultados internacionales que contrastaba con una institucionalidad deportiva incipiente (Leandro-Gómez, 2020). En el plano del rendimiento deportivo, en la década de los ochenta, los colombianos habían conseguido ser parte del circuito europeo de ciclismo con equipo propio y con un rendimiento espectacular y victorias muy importantes. Al mismo tiempo, en el plano político, Colombia estaba marcada por una profunda crisis de legitimidad y de seguridad derivada del auge del narcoterrorismo y de la hegemonía de los carteles de Medellín y Cali.

La violencia extrema había generado un estigma internacional que devoró la imagen del país. Esta realidad había además permeado el ecosistema deportivo mediante la inversión masiva de capitales ilícitos en clubes profesionales, situación que no solo permitió la contratación de estrellas internacionales, sino que infiltró las estructuras de poder del deporte, derivando en una violencia sistémica que tuvo como consecuencia, entre otros sucesos, el asesinato del árbitro Álvaro Ortega en 1989 y la posterior suspensión del torneo nacional de fútbol.

En este escenario de estigmatización sistémica, el ciclismo emergió no solo como un fenómeno deportivo, sino como un complejo proyecto de Estado y un exitoso ejercicio de publicidad nacional (nation branding) destinado a proyectar una contranarrativa de resiliencia, laboriosidad y pureza campesina. El núcleo de esta estrategia diplomática no se gestó en los ministerios tradicionales, sino en la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Fundada en 1927, la FNC operaba como una entidad gremial de carácter privado, pero con unas funciones paraestatales determinantes. La FNC manejaba los excedentes de las bonanzas cafeteras para financiar infraestructura, salud y, fundamentalmente, la proyección internacional de la marca país a través del deporte.

A principios de los noventa, en este contexto, el Estado colombiano —que con la Constitución de 1991 había elevado el deporte a la categoría de derecho y función social y había puesto en marcha un proyecto ambicioso para mejorar el conocimiento deportivo y la formación de los técnicos colombianos— reforzó esa política de construcción de la contranarrativa en el deporte. El alto rendimiento y, específicamente, el ciclismo por su arraigo popular y su imagen de pureza campesina se convirtió en el activo estratégico para intentar mejorar la imagen del país. Esa política no se resumía a la participación en competiciones internacionales y tras la llegada a Coldeportes (entidad pública a cargo del deporte en Colombia) de Miguel Ángel Bermúdez —que venía de presidir la Federación Colombiana de Ciclismo y tenía los contactos necesarios— se buscó organizar el Mundial en Colombia. No era solo una ambición deportiva, sino un estrategia de política exterior para demostrar que el Estado era capaz de garantizar orden, modernidad y cumplimiento técnico frente a la mirada fiscalizadora del norte global.

El Mundial de 1995 y la condicionalidad técnica

El punto de inflexión en la institucionalización del antidopaje en Colombia se dio a finales de 1992, cuando Miguel Ángel Bermúdez, tras su llegada a la dirección de Coldeportes, cerró las negociaciones con la Unión Ciclista Internacional (UCI) para organizar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 1995. Este evento poseía una carga simbólica sin precedentes: sería la primera vez que la máxima cita del ciclismo salía de Europa, consolidando a Colombia como una potencia emergente no solo en el rendimiento atlético, sino en la capacidad logística. No obstante, como nos indicaba un trabajador de Coldeportes de la época, la UCI condicionó la adjudicación de la sede a un requisito técnico estricto: la creación de una comisión nacional para el control de dopaje y, fundamentalmente, la puesta en marcha de un laboratorio analítico en territorio colombiano.

La lógica detrás de esta exigencia era tanto económica como operativa. A principios de los años noventa, América Latina carecía de laboratorios que pudieran realizar ese tipo de análisis. La ausencia de infraestructura local obligaba, sino a enviar las muestras a laboratorios en Europa o en América del Norte, lo que supondría costes logísticos elevados y tiempos de respuesta mucho mayores a los que quería la organización. Coldeportes recibió la propuesta con cautela, dado el elevado coste de inversión que se preveía para la creación del laboratorio.

Para afrontar este desafío, el Estado colombiano puso en marcha varias acciones en paralelo. En marzo de 1992, Coldeportes organizó el primer Congreso de Medicina Deportiva en el país, un foro que permitió el contacto con expertos internacionales como el brasileño Eduardo De Rose, figura prominente en la medicina deportiva global de la época. Una de las personas entrevistadas nos indicó que fue él quien asesoró a las autoridades colombianas en el diseño de su arquitectura antidopaje.

La construcción del andamiaje normativo y administrativo

Tras terminar las negociaciones, Colombia se puso manos a la obra con el desarrollo del marco legislativo necesario para cumplir con las exigencias de la UCI. Este proceso de creación legislativa y administrativa fue un proceso fluido y carente de fricciones políticas significativas. Aunque la Ley 18 de 1991 ya había sentado las bases generales para el control de sustancias prohibidas, la organización del Mundial de 1995 exigía una reglamentación mucho más específica y operativa. Este proceso de “traducción normativa” fue descrito por los actores implicados como “bastante mecánico”, ¹ al estar influenciado notablemente por la legislación española y facilitado por un consenso parlamentario inédito, como nos indicaba el jurista especializado a cargo de la adaptación. La urgencia por cumplir los plazos para el campeonato internacional actuó como un catalizador que inhibió todo debate crítico posible en el Congreso de la República, acelerando la aprobación de las normas en un ambiente en el que, según el entrevistado, “todo el mundo estaba de acuerdo” por el prestigio que el evento representaba para el país.

El primer hito de esta fase fue la aprobación de la Ley 49 de 1993, mediante la cual se estableció el régimen disciplinario para el deporte. Esta ley pretendía institucionalizar la justicia deportiva a través de la creación del Tribunal Nacional del Deporte como instancia de segunda apelación, mientras que las federaciones mantenían la primera instancia de sanción. No obstante, este tribunal nació con una fragilidad estructural que la Corte Constitucional señalaría años más tarde en la Sentencia C-226 de 1997, declarando su inconstitucionalidad, al considerar que la presencia de delegados de Coldeportes en el tribunal vulneraba la autonomía necesaria del movimiento olímpico. A pesar de este revés jurídico posterior, la ley cumplió su función inmediata de dotar al Estado de un marco punitivo formal frente al dopaje antes de la cita mundialista.

La consolidación administrativa definitiva se alcanzó en enero de 1995 con la aprobación de la Ley 181, conocida como la “Ley del Deporte”, que creó el Sistema Nacional del Deporte. En el amparo de esta ley, se emitió el Decreto 1228 de 1995, el cual dio vida a la Comisión Nacional Antidopaje y de Medicina Deportiva. Esta entidad no solo fue el órgano encargado de diseñar los protocolos de control, sino que demostró su operatividad inmediata al ejecutar de manera efectiva los controles antidopaje durante el Mundial de Ciclismo de ese mismo año. Así, el país ponía a punto el andamiaje burocrático y legal, cumpliendo con las exigencias de la UCI, mientras lidiaba con el retraso de su infraestructura científica, como mostraremos a continuación.

La creación del laboratorio antidopaje

La creación del Laboratorio de Control al Dopaje supuso un reto de dimensiones geopolíticas y técnicas inéditas para el Estado colombiano. La génesis del proyecto se apoyó en una operación de diplomacia científica mediada por la delegación colombiana ante la Unesco, que facilitó el vínculo con el Laboratorio de Madrid. Esta relación permitió que las primeras analistas colombianas recibieran formación especializada en España, en un esfuerzo por asimilar las técnicas de detección de sustancias prohibidas y definir la compleja lista de insumos y maquinaria necesaria. No obstante, el proyecto enfrentó una resistencia interna inicial por parte de Miguel Ángel Bermúdez, director de Coldeportes, quien, tras conocer los elevados costes derivados de la compra de material, se mostró reticente, según una de las responsables del laboratorio. Según ella, tampoco ayudaba la incertidumbre que generaba el hecho de no existir precedentes de infraestructuras similares en países vecinos.

El impulso definitivo al laboratorio no llegó hasta el relevo en 1994 de la dirección de la institución deportiva. Tras la salida de Bermúdez —marcada por denuncias de acoso sexual dentro del estamento deportivo—, su sucesor, Luis Alfonso Muñoz, asumió el laboratorio como una prioridad estratégica. Por lo tanto, en 1994, el proceso se aceleró con la contratación de un equipo técnico dedicado y la orden de compra de material científico de alta complejidad. Sin embargo, el país se topó con barreras logísticas insalvables: las rigurosas normas de contratación pública y las dificultades para importar insumos críticos (como las enzimas de hidrólisis producidas exclusivamente por Roche en Europa) dilataron los plazos de manera considerable. Así, este proceso resultó ser mucho más costoso y complejo de lo previsto, alcanzando un presupuesto anual cercano a los 900 000 dólares de la época.

El desfase entre la ambición política y la capacidad técnica culminó en una situación paradójica durante el Mundial de Ciclismo de 1995. A pesar de contar con la legislación lista y la Comisión Nacional operativa, el laboratorio no pudo recibir los equipos a tiempo, lo que obligó a Colombia a asumir un costo adicional: el del envío de las muestras recolectadas durante el campeonato por avión a Madrid para su análisis. A pesar de este “error de cálculo” que no consiguió poner en marcha el laboratorio para el Mundial, el Ministerio del Deporte decidió sostener la inversión según la lógica de que la infraestructura científica sería un activo de largo plazo. El laboratorio finalmente abrió sus puertas en 1997, consolidando a Colombia como referente tecnológico de la lucha antidopaje en la región andina.

La década de 2010: el sistema antidopaje colombiano como activo de influencia regional

Tras el análisis del periodo fundacional marcado por la organización del Mundial de 1995, esta sección examina la transformación del sistema antidopaje colombiano en un activo de influencia regional durante la década de 2010. Para comprender este salto cualitativo, es preciso situar brevemente la trayectoria del sistema en los años de transición. Entre 1997 y 2009, el compromiso político con la lucha antidopaje en Colombia fue variando y tuvo mejores y peores momentos. En cuanto a la normativa, se adaptó el sistema a la normativa internacional: se ratificó la Convención de la Unesco (2005a) y se alineó la legislación al primer Código Mundial Antidopaje (2009). En lo que a la institución se refiere, el Laboratorio de Bogotá finalmente abrió sus puertas en 1997, inició sus funciones y consiguió la acreditación de la WADA en 2004, siendo el primer laboratorio antidopaje acreditado en América Latina. No obstante, como hemos mencionado, este periodo intermedio no estuvo exento de fragilidad; el laboratorio carecía de una visión estratégica de Estado y llegó a enfrentar una amenaza real de cierre en 2008 debido a recortes presupuestales que fueron la consecuencia de la dirección de Coldeportes, que cuestionaba la utilidad de mantener una infraestructura tan costosa en un país con otras prioridades sociales, según su directora de la época. El presidente de Coldeportes de entonces, Everth Bustamante, comparó en reuniones internas al hecho de mantener el laboratorio en marcha con “tener un Cadillac en una barriada”. Aunque no lo cerró, rebajó el presupuesto del laboratorio a mínimos montos, cosa que hizo que fuera difícil trabajar en las condiciones que exigía la WADA. Sin embargo, el laboratorio consiguió seguir funcionando con presupuesto limitado y no perder la acreditación.

El cambio de paradigma: la búsqueda de liderazgo regional

El inicio de la década de 2010 marcó una ruptura profunda en esta tendencia. Con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, el deporte fue elevado a la categoría de herramienta de política exterior y de cohesión social (Leandro-Gómez, 2020). Según la premisa de que el deporte podía generar entornos de convivencia en un país en proceso de paz y mejorar la imagen de Colombia en el extranjero, se produjo un giro en la gestión de Coldeportes (Leandro-Gómez, 2020). Este cambio se materializó en una transformación administrativa decisiva en 2011: Coldeportes dejó de estar adscrito al Ministerio de Cultura para convertirse en un departamento administrativo independiente. Este nuevo estatus otorgó a la institución una independencia presupuestaria y legislativa sin precedentes. Al no depender de la agenda de un ministerio, Coldeportes pudo gestionar sus propios recursos —los cuales aumentaron drásticamente— y presentar proyectos de ley directamente al Congreso, agilizando la actualización del marco reglamentario ante las exigencias de la WADA (Figura 1).

En este contexto de fortalecimiento institucional, los directores de Coldeportes Jairo Clopatofsky (quien asumió el cargo en 2010) y Andrés Botero (su sucesor, desde 2012) impulsaron un cambio de mentalidad respecto al laboratorio de Bogotá. Se abandonó la idea de la institución como una carga fiscal para proyectarla como un activo estratégico y económico. La nueva directriz fue clara: para que el laboratorio fuera sostenible, debía “vender” sus servicios al resto de la región. De esta forma, comenzó a procesar muestras de gran parte de los países de América del Sur y a gestionar los programas antidopaje de eventos internacionales de gran envergadura organizados en la región, como los Juegos Mundiales de Cali (2013) o los Juegos Sudamericanos de Chile (2014).

Es preciso aquí entender el funcionamiento financiero del laboratorio y de la venta de sus servicios: mientras que los ingresos generados por la venta de servicios analíticos a otros países se dirigían directamente al Tesoro Nacional (Hacienda), los costes operativos del centro recaían íntegramente sobre el presupuesto de Coldeportes. Por esa razón, para algunos dirigentes de la entidad, el laboratorio no era un activo rentable, sino un gasto masivo que competía por recursos con otras iniciativas de fomento deportivo. No lo había sido para Clopatofsky y Botero, que habían recibido una clara directriz en este aspecto, pero lo fue más adelante y esto llevó al sistema a enfrentar de nuevo una situación de austeridad fiscal que derivó en la pérdida de acreditación en febrero de 2017 (WADA, 2017), como veremos más adelante.

Volviendo al inicio de la década 2010, la estrategia de Botero fue justo la contraria y estuvo apoyada en su red de relaciones internacionales, lo que permitió que el laboratorio alcanzara un equilibrio financiero inédito: mediante el cobro de tarifas competitivas a clientes extranjeros (aproximadamente 180 euros por muestra), se lograba subsidiar el programa nacional. En 2014, el laboratorio alcanzó su cénit operativo analizando más de 5500 muestras anuales en total, lo que permitía a la ONAD colombiana realizar cerca de 2000 controles nacionales a coste casi cero. Esta autonomía técnica no solo abarató el sistema nacional, sino que convirtió a Colombia en referente antidopaje del continente, capaz de ofrecer rapidez y análisis de alta complejidad (incluyendo el pasaporte biológico ² desde 2012) que antes debían realizarse en Estados Unidos o Europa.

El sistema antidopaje como ventaja competitiva

La consolidación del sistema antidopaje colombiano durante la década de 2010 no se limitó únicamente a la excelencia de su laboratorio, sino que se fundamentó también en el fortalecimiento operativo y técnico de su ONAD. Esta dualidad institucional —una ONAD con capacidad de ejecución de alto nivel y un laboratorio acreditado en el mismo territorio— se convirtió en el pilar de una estrategia de competitividad para la captación de grandes eventos deportivos. Poseer esta infraestructura integral permitió al Estado colombiano ofrecer condiciones que sus vecinos regionales no podían igualar: mientras que otros países necesitaban formación o incluso debían contratar misiones extranjeras para la recolección de muestras, además de mandar al extranjero las muestras para su análisis en laboratorios acreditados, Colombia garantizaba una gestión de mayor calidad y más controles al mismo precio.

Esta sinergia entre la ONAD y el laboratorio supuso una ventaja determinante en las licitaciones internacionales. Por un lado, la experticia de la ONAD en la planificación de programas de control inteligentes y la formación de los oficiales de control de dopaje aseguraba estándares internacionales de integridad. Por otro lado, la cercanía del laboratorio nacional permitía reducir drásticamente los costes de transporte especializado y asegurar una respuesta analítica casi inmediata. En competiciones de alto nivel, en las que se busca una gestión de resultados ágil que pueda incluso evitar comprometer la entrega de medallas, la capacidad de la ONAD para coordinar procesos con el laboratorio de Bogotá se convirtió en un sello de garantía para federaciones internacionales y organismos deportivos.

Colombia como epicentro regional

La fiabilidad técnica y la sinergia institucional descritas en el apartado anterior no tardaron en traducirse en un capital reputacional que Colombia supo aprovechar políticamente. El país dejó de ser un actor que simplemente “cumplía” con las normas para convertirse en un actor central de la lucha antidopaje en el continente. Este liderazgo se manifestó en tres vertientes complementarias: la consolidación como sede de grandes eventos, el reconocimiento como socio estratégico para la formación regional y la ocupación de asientos clave en los centros de decisión global.

La capacidad de ofrecer un control antidopaje de alta calidad y a bajo coste resultó en una densa agenda de eventos en territorio nacional. La década inició con un hito de gestión en los IX Juegos Suramericanos de Medellín (2010), evento en el que el laboratorio procesó la totalidad de las muestras (Coldeportes, 2012). A este éxito le siguieron los Juegos Mundiales de Cali (2013), en los que el Programa Nacional Antidopaje recibió una placa de reconocimiento de la International World Games Association (IWGA) por su excelencia operativa (Coldeportes, 2019); los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta (2017), y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (2018). Colombia también fue elegida sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 (2011), la Copa Mundial de Futsal (2016) y el Campeonato Mundial Juvenil de la IAAF en Cali (2015), lo que muestra la confianza de organismos como la FIFA y la IAAF (actualmente, World Athletics). En ambos certámenes, el laboratorio nacional actuó como el garante técnico de la integridad de la competición.

Adicionalmente, Colombia pasó de ser receptora de asistencia internacional a consolidarse como un socio estratégico en la región para la WADA y la Unesco. Este cambio se debió al conocimiento y a la experiencia antidopaje de las entidades colombianas. Por poner un ejemplo: la ONAD había recibido formación de la agencia estadounidense (Usada) en 2006 para la realización de controles antidopaje; la experiencia adquirida después hizo que Colombia lograra madurar sus procesos hasta organizar en 2011 su propio curso de formación para Oficiales de Control al Dopaje (ACA) para entidades de países vecinos, creando un modelo pedagógico adaptado al contexto regional. Además, la ONAD se actualizó y puso a la última con el sistema Adams, el sistema de localización de deportistas o whereabouts o la prevención antidopaje, todos elementos importantes del sistema.

Este dominio técnico permitió a Colombia actuar como un nodo de formación para los países hispanohablantes, una función que contó con el respaldo e incluso con el financiamiento de la WADA. La agencia mundial identificó en el sistema colombiano una plataforma eficiente para la exportación de conocimiento (know-how) hacia Estados vecinos con infraestructuras menos desarrolladas. En la práctica, esto se tradujo en misiones de asesoría técnica lideradas por expertos colombianos para consolidar y profesionalizar las agencias nacionales antidopaje de Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina o Ecuador.

El prestigio técnico acumulado por el binomio GNA-Laboratorio permitió al Estado colombiano posicionarse en el centro de la gobernanza regional y, en menor grado, en la gobernanza mundial. Esto se puede ver reflejado en los hitos de representación política obtenidos, antes reservados a potencias tradicionales (mayormente países europeos y norteamericanos). Este posicionamiento estratégico fue validado internacionalmente en 2015 con la elección de Colombia para la vicepresidencia de la Conferencia de las Partes de la Unesco, el órgano máximo de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Esta influencia en los organismos globales se profundizó en 2016, cuando el médico colombiano Orlando Reyes (director de la época de la ONAD colombiana) fue elegido para integrar el selecto Comité de Salud, Medicina e Investigación de la WADA. Este grupo de apenas trece expertos mundiales informa e influye directamente en la redacción de las normativas internacionales y en la actualización de la Lista de Sustancias Prohibidas, por lo que es considerado un comité muy importante.

Paralelamente a su ascenso en las esferas globales, Colombia aseguró una hegemonía técnica en las comisiones regionales de Iberoamérica. El país obtuvo representación permanente en las comisiones médicas de los organismos rectores de los grandes eventos del continente, tales como la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y, la más importante, la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). Esta presencia garantizó a los técnicos colombianos una posición de primera línea en los organismos antidopaje y tuvo como consecuencia una mayor experiencia en la lucha antidopaje, lo que al mismo tiempo reforzó esa posición de referencia.

Finalmente, la madurez del sistema alcanzó su máxima validación en la élite del movimiento olímpico durante los Juegos de Río 2016. En dicha cita, el personal técnico colombiano asistió en la ejecución operativa y, en cierto modo, ejerció como garante de la integridad del sistema al desempeñar funciones de jefes de estación y observadores independientes de la WADA. Esta participación marcó un cambio de paradigma definitivo: Colombia había dejado de ser un actor bajo observación que buscaba el aval de la WADA para convertirse en una autoridad capacitada para asistir en la mayor cita del deporte mundial. En conjunto, estos beneficios concretos otorgaron al país una notable visibilidad.

El declive (2016-2017): la fragilidad de la hegemonía técnica ante la inestabilidad política

El liderazgo regional de Colombia en materia antidopaje sufrió un punto de inflexión crítico en 2017, revelando que la diplomacia deportiva basada en nichos técnicos es altamente vulnerable a la discontinuidad de las políticas públicas. El declive comenzó con un relevo administrativo en la dirección de Coldeportes, que alteró la visión estratégica del sistema. Con la salida de Andrés Botero en 2016 y la llegada de Clara Luz Roldán, se produjo un cambio de paradigma que dejó de percibir al laboratorio como un activo de prestigio internacional para tratarlo como una carga presupuestal excesiva. Esta regresión se apoyó en la persistente paradoja financiera del sistema: dado que los ingresos por servicios a terceros se dirigían al Tesoro Nacional y no directamente a la entidad deportiva, la nueva administración optó por reducir la actividad y la inversión en el centro, priorizando el ahorro operativo sobre la proyección exterior. Según una persona empleada en Coldeportes, se pretendía que el laboratorio funcionara casi exclusivamente para analizar las muestras de deportistas colombianos y que se redujeran así gastos en personal.

Esta política de mínimos resultó fatal para la calidad técnica del sistema. En febrero de 2017, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) anunció la suspensión de la acreditación del laboratorio de Bogotá tras detectar dos errores analíticos graves en menos de un año, como la incapacidad de identificar correctamente metabolitos de sustancias prohibidas. Sin embargo, las consecuencias de este fallo desbordaron el ámbito científico y provocaron un efecto dominó que desestabilizó la totalidad de la política antidopaje del país. Colombia se encontró en una situación paradójica: habiéndose comprometido previamente a organizar eventos de gran envergadura como los XVIII Juegos Bolivarianos (2017) y los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2018), el Estado se vio obligado a cumplir con los estándares internacionales de control, pero sin contar con la infraestructura local para procesarlos.

La pérdida del laboratorio transformó la eficiencia económica en un lastre financiero insostenible. Al no poder realizar los análisis en Bogotá, la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) tuvo que enviar las muestras a laboratorios acreditados en el extranjero, principalmente a Salt Lake City en Estados Unidos. Este cambio no solo disparó los costes por muestra, debido a los precios internacionales y a la logística de transporte especializado, sino que asfixió el presupuesto operativo de la propia ONAD. Como resultado directo, la capacidad de vigilancia sobre los deportistas nacionales se vio drásticamente mermada, como se puede ver en la figura 2: el número de pruebas de orina cayó de aproximadamente 1900 en 2016 a tan solo 444 en 2018. Esta reducción del 75 % en la capacidad de control evidencia cómo el colapso del laboratorio terminó por desmantelar la integridad del sistema nacional en su conjunto.

Finalmente, el sistema entró en una fase de déficit estructural crónico. Mientras la ONAD sufría para financiar controles mínimos en el exterior, el laboratorio (que no fue clausurado) seguía generando gastos significativos en mantenimiento y en la búsqueda de renovar protocolos para recuperar la acreditación. Se produjo así una situación de asfixia económica: el centro consumía recursos públicos para mejorar procesos internos sin posibilidad de generar ingresos externos, al estar inhabilitado por la WADA.

Discusión

De la condición impuesta a la oportunidad aprovechada

Como se observó en el primer periodo analizado (1995-1999), la creación del sistema antidopaje en Colombia no fue un proceso de armonización formal, sino una estrategia diplomática de necesidad. La organización de la Copa Mundial de Ciclismo de 1995 actuó como catalizador, en el que las exigencias de la federación internacional funcionaron como una condición sine qua non para el desarrollo institucional. En un contexto previo a la existencia de la WADA, Colombia supo capitalizar este “gasto” inicial, dándole continuidad operativa. Este aprovechamiento estratégico permitió que, para 1999, el país se situara como el único actor regional con la infraestructura (comisión y laboratorio) necesaria para dialogar con el sistema global emergente, transformando una imposición externa en una ventaja competitiva temprana. Sin embargo, cabe preguntarse qué tanto fue este un conjunto de acciones bien planificado.

La diplomacia de los nichos técnicos: más allá del poder blando

La consolidación del sistema en la década de 2010 demuestra que el prestigio internacional de un país no solo emana de los grandes eventos o los éxitos deportivos (el poder blando tradicional [Grix y Houlihan, 2014]), sino de lo que podemos denominar la diplomacia de los nichos técnicos. Colombia demostró que el poder en el sistema deportivo global también reside en los procesos técnicos: la gestión de laboratorios acreditados y la participación en comisiones de expertos.

Este dominio técnico generó un círculo virtuoso: la capacidad científica atrajo eventos internacionales, lo que a su vez produjo una retroalimentación positiva de organismos como la WADA y la Unesco, derivando finalmente en la ocupación de asientos en órganos exclusivos de decisión. Así, el antidopaje se revela como un activo estratégico que otorga una visibilidad y una capacidad de influencia política que el éxito atlético por sí solo no puede garantizar.

La paradoja de la sostenibilidad y la soberanía científica

El declive observado a partir de 2016 pone de manifiesto la paradoja de la sostenibilidad en la ciencia diplomática. Siguiendo a autores como Gual Soler (2021) y Echeverría-King et al. (2021), los nichos técnicos en el sur global son activos altamente estratégicos, pero extremadamente frágiles. La ruptura de la política de Estado —evidenciada en el cambio de dirección entre Botero y Roldán— y la desconexión presupuestaria con el Tesoro Nacional demuestran que, sin una visión coordinada, el prestigio técnico puede desmantelarse rápidamente.

El caso colombiano ilustra un ciclo de dependencia volátil: de la tutela de Madrid en los años noventa, el país ascendió a ser el mentor de vecinos como Perú, Paraguay y Ecuador en 2010, para finalmente regresar a una posición de dependencia externa de centros como Salt Lake City en 2017. Este hallazgo sugiere que la autonomía técnica no es un logro permanente, sino un flujo constante que requiere validación internacional y, sobre todo, una planificación estatal a largo plazo. Como señalan Grix y Houlihan (2014), el éxito en términos de poder blando requiere una inversión coordinada que no puede quedar supeditada a las fluctuaciones de las administraciones de turno; de lo contrario, el país se vería obligado a ceder su soberanía científica, enfrentando una debilidad institucional que marca el fin de su posición como referente regional.

Conclusión

Esta investigación ha permitido trazar la trayectoria del sistema antidopaje colombiano como una herramienta de política exterior, evidenciando su evolución desde un requisito técnico impuesto en los años noventa hasta convertirse en un activo de liderazgo regional en la década de 2010. Los hallazgos demuestran que Colombia logró capitalizar la infraestructura científica del laboratorio de Bogotá y la experticia operativa de su ONAD para proyectar una imagen de modernidad e integridad técnica, logrando una calidad científica que le permitió influir en la gobernanza deportiva global. Sin embargo, el posterior declive y la pérdida de la acreditación de la WADA en 2017 subrayan la fragilidad de la diplomacia basada en nichos técnicos cuando esta carece de una planificación estatal coordinada a largo plazo y de una sostenibilidad presupuestaria que trascienda los cambios de administración.

Como limitación de este estudio, cabe señalar que no ha sido posible analizar en mayor profundidad la totalidad de los efectos de las diversas estrategias de diplomacia deportiva empleadas por Colombia a lo largo de estas décadas. Si bien el impacto positivo en la imagen internacional del país es evidente a través de la captación de eventos y de la obtención de asientos en organismos internacionales, el concepto de poder blando sigue siendo, como advierten Grix y Houlihan (2014), un fenómeno difícil de medir con precisión científica. La percepción de prestigio es multidimensional y está sujeta a factores geopolíticos que exceden el marco de la regulación deportiva.

Finalmente, este trabajo abre la puerta a futuras investigaciones que comparen la efectividad de los distintos modelos de diplomacia deportiva colombiana. Sería de especial interés académico contrastar si la estrategia de visibilidad directa y emocional de los años noventa (basada en el patrocinio de equipos ciclistas y en la organización del Mundial de 1995) generó réditos políticos más duraderos que la estrategia técnica y normativa de los años 2010, centrada en el sistema antidopaje. Determinar cuál de estas vías ofrece una mejor relación entre inversión estatal y retorno en términos de prestigio internacional permitiría a países emergentes optimizar sus limitados recursos en la arena de las relaciones internacionales contemporáneas.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación

¹ La palabra mecánico hace referencia solamente al acto jurídico como algo rutinario, que no necesitó de grandes reflexiones o debates.

² El pasaporte biológico es una herramienta que compara los resultados de todos los análisis realizados a un/una deportista en particular con el objetivo de identificar posibles prácticas dopantes, aun cuando no haya habido un positivo a una sustancia prohibida. El objetivo es identificar variaciones en la fisiología que no podrían ocurrir de manera natural y que solamente podrían explicarse como resultado del uso de sustancias prohibidas.

Notas de autor

Acerca del autor Profesor ayudante del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad del País Vasco, miembro del grupo de investigación AKTIBOki y miembro asociado del grupo de investigación Análisis de las Políticas Públicas y de la Gestión Pública (APPGP) de la Universidad Nacional de Colombia.

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: ekain.zubizarreta@ehu.eus

Información adicional

Cómo citar: Zubizarreta, E. (2026). De la condición técnica al liderazgo regional: auge y declive del sistema antidopaje colombiano como activo diplomático (1995-2018). Papel Político, 31. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo31.ctlr

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