En el complejo escenario de las relaciones internacionales del siglo XXI, el deporte ha dejado de ser percibido como una actividad meramente recreativa para consolidarse como un instrumento estratégico de política exterior. Esta disciplina, conocida como diplomacia deportiva, es definida por Sobrino de Toro (2021) como el uso del deporte como herramienta de diplomacia pública para contribuir a objetivos estatales de forma estructurada, trascendiendo los resultados atléticos. Tradicionalmente, este fenómeno se ha vinculado al soft power o poder blando, concepto desarrollado por Nye (1990) para describir la capacidad de un Estado para moldear las preferencias de otros a través de la atracción de su cultura, valores políticos y legitimidad institucional.

Sin embargo, la realidad geopolítica contemporánea exige una visión más profunda. Las fuentes señalan que el deporte, como una institución de poder, funciona mediante una paradoja: el individuo se somete voluntariamente a un régimen de disciplina rigurosa y normas estrictas (coacción) porque encuentra en ellas un sentido de pertenencia, honor y trascendencia (atracción simbólica) que no halla en otras áreas de la vida moderna. Según exponen Arias Henao et al. (2025), estamos asistiendo a la consolidación del smart power o poder inteligente en el ámbito deportivo, el cual combina los recursos del poder blando con mecanismos coercitivos del poder duro para forzar cambios en el comportamiento de los Estados. Un ejemplo palpable de esta dualidad son las sanciones internacionales y la exclusión simbólica (como la prohibición de himnos y banderas), a través de la cual los organismos de gobierno deportivo actúan como actores políticos con autoridad para imponer castigos que afectan la reputación global de una nación.

En este contexto, la gobernanza global surge como un enfoque teórico fundamental para comprender cómo se ejerce la autoridad en ausencia de un gobierno mundial. Como sugiere Oviedo Hernández (2025), basándose en la propuesta de Michael Zürn, la autoridad en el sistema internacional es reflexiva, pues depende del reconocimiento intersubjetivo, y está sujeta al escrutinio constante de los participantes. En el deporte, esta gobernanza es ejercida por organizaciones como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI), las cuales imponen la lex sportiva y, en ocasiones, fuerzan (trasplantes legales) en las legislaciones nacionales para proteger sus intereses, desafiando el mito de la neutralidad política en el deporte.

La región de Iberoamérica ofrece un campo de estudio excepcional para analizar estas dinámicas. Por un lado, el deporte es un pilar de identidad nacional y cohesión social, utilizado por gobiernos para proyectar imágenes de prosperidad y paz en contextos de posconflicto (Rojas Álvarez, 2024). Por otro lado, la región enfrenta asimetrías institucionales frente a los centros de poder global, lo que se refleja en la recurrencia de medidas disciplinarias internacionales.

Este artículo tiene como objetivo analizar la doble lógica de la diplomacia deportiva en Iberoamérica, examinando la tensión entre la construcción de identidad (enmarcadas en el soft power) y el régimen de sanciones internacionales (en el contexto del smart power). Para ello, el estudio adopta un enfoque cualitativo-descriptivo y longitudinal, fundamentado en la construcción de un dataset a partir de los informes disciplinarios oficiales. A través de este análisis, se pretende evidenciar que las sanciones deportivas no son meros tecnicismos, sino potentes mecanismos de regulación política que condicionan el posicionamiento de los Estados en el sistema internacional.

En el escenario internacional contemporáneo, el fenómeno deportivo ha trascendido su naturaleza lúdica para erigirse como un vector estratégico de la política exterior (Cortes-Fernández, 2023; Simón Sanjurjo, 2024). Esta praxis, denominada diplomacia deportiva, se configura como un instrumento de la diplomacia pública orientado a la consecución de objetivos estatales sistémicos, cuya relevancia jurídica y política desborda el mero resultado competitivo (Sobrino de Toro, 2021; Morales Caicedo, 2016). Históricamente, este despliegue se ha adscrito a la categoría, según la premisa de Nye (1990), como la facultad de un actor estatal para predeterminar las preferencias de terceros mediante la atracción axiológica de su cultura, la legitimidad de su sistema de valores y su arquitectura institucional (Dubinsky, 2019; Raza et al., 2025).

No obstante, la complejidad de la arquitectura geopolítica actual demanda una revisión crítica de dicha concepción. La evidencia empírica sugiere que el deporte constituye un espacio de convergencia híbrida, en el que la persuasión simbólica se articula con mecanismos disciplinarios y regulatorios ejercidos por organismos deportivos internacionales como la FIFA y el COI. Este se define como la articulación estratégica de recursos persuasivos y dominadores para condicionar la conducta soberana de los Estados (Arias Henao et al., 2025; McDuff, 2025). El paradigma fehaciente de esta dualidad es el régimen sancionatorio internacional y la exclusión de atributos simbólicos estatales, como la proscripción de himnos y emblemas patrios, mediante los cuales los entes rectores del deporte operan como actores políticos con potestad punitiva, capaces de infligir un detrimento significativo a la reputación y al capital político de una nación (Grix y James, 2024).

Amparada por este prisma, la gobernanza global se posiciona como el marco analítico indispensable para comprender el ejercicio de la autoridad en un orden internacional fragmentado (Pizarro, 2017; Cucaita Gómez, 2019). Tal como sostiene Oviedo Hernández (2025), la autoridad en el sistema internacional posee un carácter reflexivo y relacional, supeditado al reconocimiento intersubjetivo y al escrutinio de los actores involucrados. En la esfera deportiva, dicha gobernanza es detentada por organismos transnacionales (como la FIFA y el COI) que imponen la lex sportiva como un ordenamiento jurídico autónomo. En diversas instancias, estas organizaciones exigen trasplantes normativos en los ordenamientos jurídicos internos, supeditando la soberanía legislativa nacional a los intereses de la gobernanza privada global, lo que desvirtúa el principio de neutralidad política (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2015; Brand, 2023).

A partir de la explicación de la transición del deporte desde una herramienta de prestigio hacia un mecanismo de sostenibilidad social y de protección de derechos, se concluye que esta relación se articula a través de los ejes fundamentales que se mencionan a continuación.

El análisis comparado de la diplomacia deportiva en Iberoamérica permite afirmar que este campo no puede ser comprendido únicamente como una estrategia de proyección simbólica basada en la atracción cultural (soft power). Por el contrario, las evidencias muestran que las sanciones deportivas internacionales operan como instrumentos híbridos que combinan coerción normativa, presión reputacional y mecanismos educativos, configurando prácticas de smart power en el marco de la gobernanza multinivel.

En primer lugar, se constató que las sanciones disciplinarias impuestas por organismos como la FIFA y el COI no cumplen una función meramente técnica, sino que inciden en la legitimidad internacional de las federaciones y en la narrativa identitaria de los Estados. Las restricciones de aforo, la prohibición de símbolos y las multas económicas afectan tanto la imagen externa como la gestión interna del deporte, revelando la dimensión política de estas medidas.

En segundo lugar, la gobernanza del deporte en Iberoamérica se caracteriza por una estructura compleja y no jerárquica, en la que interactúan actores locales, nacionales e internacionales. Este entramado confirma la tesis de la autoridad reflexiva: las decisiones disciplinarias son aceptadas y cuestionadas simultáneamente, generando dinámicas de negociación y adaptación normativa que desafían la idea de neutralidad política en el deporte.

En tercer lugar, la coexistencia de soft power y smart power en la diplomacia deportiva tiene implicaciones relevantes para la política exterior y la regulación global. Mientras el deporte sigue siendo un vehículo de identidad y cohesión social, las sanciones internacionales evidencian que la atracción simbólica se complementa y a veces se tensiona con mecanismos coercitivos que buscan garantizar estándares éticos y normativos. Este estudio contribuye a la literatura sobre relaciones internacionales y gobernanza global, al demostrar que el deporte constituye un espacio privilegiado para observar la interacción entre poder blando, poder inteligente y autoridad transnacional. Como líneas futuras, se sugiere profundizar en (i) el impacto de las sanciones sobre la diplomacia pública de los Estados, (ii) la relación entre gobernanza deportiva y derechos humanos y (iii) el papel de las audiencias digitales en la legitimación o contestación de estas prácticas.

El análisis de la diplomacia deportiva en Iberoamérica, contrastado con el régimen sancionatorio de la FIFA entre 2019 y 2025, permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales:

La mutación del poder en el sistema internacional: se evidencia que la diplomacia deportiva ha evolucionado de un modelo basado exclusivamente en la persuasión y en la atracción (soft power) hacia un esquema de hibridación coercitiva (smart power). Las sanciones registradas en 2025 demuestran que el prestigio internacional de un Estado no solo se construye mediante el éxito atlético o la organización de eventos, sino que está supeditado a su capacidad de asimilar y de cumplir con los estándares normativos impuestos por los centros de poder transnacionales.

La lex sportiva como desafío a la soberanía: el incremento exponencial de las medidas disciplinarias revela una tensión inherente entre la soberanía legislativa de los Estados y la autoridad de los organismos privados globales. La imposición de trasplantes normativos y la obligatoriedad de planes de prevención con amenaza de exclusión operan como mecanismos de gobernanza por sanción, con los cuales la autonomía de las federaciones nacionales se ve erosionada en favor de un ordenamiento jurídico supranacional de carácter privado.

Disonancia entre identidad y realidad institucional: existe una brecha significativa entre la diplomacia pública de los Estados iberoamericanos que instrumentalizan el deporte como un dispositivo de paz y cohesión y la realidad de sus infraestructuras sociales. La recurrencia de sanciones por conductas discriminatorias (art. 15 del Código Disciplinario de la FIFA) actúa como un indicador de gobernanza fallida en el ámbito local, exponiendo las debilidades del Estado para regular comportamientos que afectan su capital reputacional en el concierto global.

El deporte como campo de disciplina política: en última instancia, las sanciones deportivas no deben entenderse como meros tecnicismos administrativos, sino como potentes instrumentos de regulación política. En el tablero de la gobernanza multinivel, la capacidad de sancionar define quién detenta la autoridad efectiva, convirtiendo al deporte en un espacio donde se renegocian constantemente las jerarquías de poder y los límites de la autoridad estatal frente a la globalización normativa.

Los resultados obtenidos confirman que la diplomacia deportiva en Iberoamérica no puede ser interpretada únicamente como un mecanismo de proyección simbólica basado en la atracción cultural, tal como lo plantea Nye (1990) en su conceptualización del soft power. Si bien la construcción identitaria sigue siendo un componente central, como lo evidencian las narrativas de paz y cohesión social analizadas por Rojas Álvarez (2024), la creciente aplicación de sanciones disciplinarias revela una dimensión coercitiva que se articula con la lógica del smart power (Arias Henao et al., 2025; McDuff, 2025).

Este hallazgo coincide con la tesis de Dubinsky (2019), quien advierte que la diplomacia deportiva ha evolucionado hacia un espacio híbrido, donde se combinan recursos blandos y duros para influir en el comportamiento estatal. En el caso iberoamericano, las sanciones por discriminación, amaño de partidos y violaciones normativas no solo imponen costos económicos, sino que afectan la reputación internacional de las federaciones, reforzando la idea de que el deporte es un instrumento de gobernanza global más que un ámbito neutral (Grix y James, 2024).

Asimismo, la evidencia empírica respalda la propuesta de Pizarro (2017) sobre la complejidad de la gobernanza deportiva, caracterizada por interacciones multinivel entre actores locales, nacionales e internacionales. Las decisiones disciplinarias de la FIFA y la COI, complementadas por la revisión jurisdiccional del TAS, ilustran la noción de autoridad reflexiva desarrollada por Oviedo Hernández (2025): un poder que depende del reconocimiento intersubjetivo y está sujeto a escrutinio constante.

Por su parte, la intensificación de campañas normativas como la reforma del Código Disciplinario de la FIFA (2019, 2023) y la iniciativa “No Racism” (2024-2025) confirma la tendencia hacia una gobernanza más regulatoria y menos declarativa, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos (Unesco, 2015). Este giro normativo plantea interrogantes sobre la soberanía deportiva de los Estados y la capacidad de las federaciones nacionales para adaptarse a exigencias transnacionales.