Introducción

En este trabajo examinamos los factores que impulsan el cibernacionalismo y la llamada gobernanza digital en las políticas de medios. Como académicos con interés de larga data en las industrias y políticas de medios en América Latina, comenzamos con una simple observación empírica: la curiosa ausencia de debates e importantes esfuerzos para regular las plataformas digitales en la región, basados en argumentos nacionalistas. No es exagerado afirmar que, durante las últimas dos décadas, la región ha adoptado en gran medida un enfoque desregulador de laissez-faire en cuestiones fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento del internet, incluido el desempeño de los conglomerados dueños de las plataformas digitales globales, la moderación y edición de discursos, el tráfico de contenidos, los datos personales de los usuarios, la propiedad de las infraestructuras, su acceso y la tributación económica del sector.

América Latina se ha mantenido en gran medida alejada del tipo de cibernacionalismo que se ha identificado con China, Irán y Rusia, así como de la posición de soberanía digital explorada por la Unión Europea (UE) en temas como la protección de datos, privacidad, derechos de usuarios y consumidores y usos de inteligencia artificial, así como las alternativas en competencia al poder hegemónico y centrado en el mercado del modelo estadounidense. Esta situación contrasta con la tradición de las políticas de medios en la región de hace medio siglo (Fox y Waisbord, 2002; Becerra y Mastrini, 2017) y también se contrapone a las políticas sobre soberanía y ecosistemas digitales en otras regiones del mundo (Van Dijck, 2020).

Históricamente, América Latina ha sido un laboratorio de debates vibrantes, así como de políticas regulatorias sobre medios de radiodifusión y, en menor medida, medios impresos, impulsadas por posiciones nacionalistas y de defensa de la soberanía. Sin embargo, ese “nacionalismo de medios” latinoamericano no ha tenido continuidad en el contexto de la metamorfosis digital de las comunicaciones. Esta tradición pareciera ausente, considerando las políticas y posiciones en la región sobre cuestiones vitales de la sociedad digital, como la moderación y organización de los contenidos por parte de las grandes plataformas (incluyendo la remoción de cuentas y contenidos y la reducción de su alcance sin posibilidad de apelación por parte de sus autores), la defensa de derechos de usuarios y consumidores en entornos digitales (privacidad y datos personales), las denuncias de abusos de posición dominante y las tendencias monopólicas, la tributación en función de la comercialización de servicios y productos realizada en los países de la región, entre otros ejes.

En el presente texto, por nacionalismo mediático entendemos posiciones que justifican políticas regulatorias de carácter proteccionista, apelando a dimensiones políticas, económicas y culturales asociadas al Estado-nación, a la tradición cultural y a la idiosincracia de la población. El nacionalismo de los medios, por su parte, se refiere a los argumentos y políticas que reflejan los intereses de los gobiernos, las corporaciones y la sociedad civil a favor de proteger las industrias y los actores nacionales, así como de promover el contenido local al atenuar la influencia extranjera en la propiedad, la producción, la distribución y el acceso a los contenidos de información y cultura. A menudo, el nacionalismo se ha utilizado de manera intercambiable con soberanía nacional, otro término utilizado para implementar políticas que protegen los intereses nacionales de la influencia de fuerzas internacionales. Este concepto alude a la intención de controlar los flujos de información y las infraestructuras, consideradas como bienes estratégicos, dentro de los límites político-geográficos del Estado, de manera que los gobiernos nacionales determinen los aspectos fundamentales de la infraestructura y el rendimiento de los medios (Grimm, 2015).

Pues bien, estas preocupaciones han estado generalmente ausentes en la región latinoamericana en los últimos años. A diferencia de décadas anteriores, no ha habido intentos ambiciosos de impulsar las empresas estatales y privadas que podrían convertirse en actores decisivos a nivel nacional y regional. Con pocas excepciones, los Estados han adoptado en gran medida posiciones de no intervención con respecto a una variedad de temas, incluida la moderación del contenido (incluso en pleno brote de la pandemia por la covid-19 y fuertes campañas antivacunas, algunas de las cuales tuvieron a presidentes y ministros latinoamericanos como voceros), la protección de datos personales y de la privacidad, la competencia económica y los impuestos.

En América Latina, el proteccionismo digital (Aaronson, 2018) no ha sido la opción política preferida ante los desafíos de un entorno que modifica estructuralmente los procesos económicos y las conexiones informativas de todas las personas. Tampoco el nacionalismo digital (Mihelj y Jiménez‐Martínez, 2021) ha tenido una presencia destacada en los debates y políticas contemporáneos en la región. Mientras que los llamados a reforzar la soberanía nacional en materia de medios dominaron los debates políticos hace medio siglo, no hubo planteamientos similares sobre el ecosistema digital recientemente.

En ese sentido, aquí analizamos por qué los discursos y posiciones nacionalistas y la soberanía digital no son centrales en las políticas de comunicación en América Latina, ya entrada la tercera década del siglo XXI, cuando otras regiones han avanzado adoptando regulaciones, políticas y discursos nítidos en este campo. Creemos que comprender la transición de décadas, desde las regulaciones nacionalistas de los medios hacia el pragmatismo escasamente creativo en la producción de políticas sobre los entornos digitales en América Latina, arroja información valiosa para teorizar las condiciones que fomentan (y desalientan) el nacionalismo y la soberanía en las políticas públicas.

Nacionalismo, soberanía y políticas digitales

La literatura sobre cibernacionalismo comúnmente se refiere a los casos de China (Schneider, 2018) y Rusia (Treisman, 2018). Durante las últimas décadas, ambos países han apelado a la soberanía nacional para justificar y ampliar su control sobre el internet, a la vez que han creado narrativas nacionalistas tradicionales para justificar decisiones regulatorias y de desarrollo industrial, destinadas a reforzar la presencia de intereses domésticos frente a lo que el expansionismo estadounidense presenta como peligros pendientes. Esto incluye el apoyo continuo del gobierno a los “campeones nacionales” digitales en asociaciones público-privadas o corporizados en empresas privadas, incluidos Baidu, Alibaba, Telecent y ByteDance de China y Yandex de Rusia. Las políticas que respaldan la consolidación de estos conglomerados se presentan como estratégicamente necesarias para lograr objetivos nacionales comunes en todo el mundo. De esta forma, en China y Rusia, los gobiernos se han opuesto deliberadamente a la hegemonía estadounidense y dominada por Silicon Valley en el orden digital global (Budnitsky y Jia, 2018).

En el caso de China, sus políticas siguen el llamado modelo de desarrollo de doble circulación, el cual aprovecha la gigantesca escala de su mercado interno y las redes comerciales desplegadas y consolidadas en las últimas décadas. Otra característica refiere a los objetivos expansionistas para afirmar el poder de las empresas privadas chinas en el extranjero, particularmente en el sudeste asiático (Keane y Fung, 2018). El cibernacionalismo chino, así como su expansión global, ha sido resultado de la fuerte presencia del Estado, algo que no es exclusivo del régimen chino, como argumenta Mazzucato (2013) para las potencias occidentales.

El Estado ha sido crucial para muchos aspectos clave del internet en China, incluida la construcción de la infraestructura digital, el cultivo y la dirección de inversiones de capital, el diseño de controles de voz y el fomento de un discurso nacionalista sobre asuntos digitales (Schneider, 2018). El Partido Comunista ha justificado con frecuencia tales decisiones sobre la base de la “soberanía del internet”, que afirma que los países tienen la prerrogativa de ejercer un control total sobre su infraestructura digital de acuerdo con las preocupaciones y prioridades nacionales (Creemers, 2020). En la perspectiva china, más allá de una mayor injerencia estatal en la orientación de la economía general, el proteccionismo también puede detectarse en las políticas estadounidenses a la hora de vetar desarrollos chinos o de presionar a gobiernos de países aliados para la adopción de proveedores de tecnologías de Estados Unidos y no de China.

Por su parte, en China y Rusia, el nacionalismo digital incluye un estricto control del acceso doméstico al internet. De hecho, se ha argumentado que estos casos son ejemplos de autoritarismo de la información para controlar el discurso público, así como de nacionalismo para proteger la economía nacional y de blindarse como defensa ante intereses estadounidenses. Ambos regímenes han apelado a narrativas sobre seguridad nacional y amenazas extranjeras para justificar sistemas de control informativos restrictivos. La información y las estrategias geopolíticas se unifican detrás de objetivos comunes. Con frecuencia, China y Rusia rechazaron los argumentos liberales sobre el libre flujo de información como ataques apenas disimulados a la soberanía nacional que defienden objetivos comerciales, militares y geopolíticos de Estados Unidos. En una versión más sofisticada, también criticaron la posición ambigua de Estados Unidos sobre el libre flujo de información (que contrasta con el veto al uso de la red sociodigital TikTok entre funcionarios públicos, por ejemplo), la megavigilancia digital de la National Security Agency revelada por Edward Snowden en 2013 y las estrategias proteccionistas en pos de respaldar la expansión de los conglomerados desarrollados en ese país y aliviar sus cargas tributarias.

Los gobiernos de otros países han promulgado políticas similares a las de China y Rusia. En Irán, por ejemplo, el proteccionismo nacional ha tenido como objetivo apoyar a las empresas nacionales frente a las corporaciones de redes sociodigitales estadounidenses, manteniendo un control estricto sobre el discurso (Yalcintas y Alizadeh, 2020). India es otro caso en el que el nacionalismo ha sido un componente sólido de las políticas de comunicación e información. Sin embargo, el Estado indio carecía de los recursos para lograr el objetivo por sí solo hasta el momento. Con la desregulación y la descentralización de la economía, y con el control creciente de los contenidos de las plataformas digitales, el gobierno de India colabora con sectores privados para establecer tecnologías de infraestructura básica para administrar el uso del internet por las generaciones más jóvenes (Thomas, 2019), lo cual resulta estratégico dado el ritmo de crecimiento de su población, que en momentos en que se editaba este texto disputaba el liderazgo chino como el país con mayor cantidad de habitantes.

Recientemente, el concepto de soberanía también ha ganado un renovado interés, principalmente en relación con las posiciones de la Unión Europea a favor de ejercer control sobre una multitud de asuntos clave, referidos a los entornos digitales. Los líderes europeos han hecho estruendosas declaraciones a favor de la soberanía digital. La reportera de Science Business Eana Kelly (2020) escribió que “en lo que respecta a los memes políticos, la ‘soberanía tecnológica’ se ha convertido en un fenómeno viral entre los líderes europeos en los últimos seis meses. Desde que comenzó la crisis de[l] covid-19, los políticos de izquierda a derecha han comenzado a presionar para reducir la dependencia de Europa de las tecnologías de origen estadounidense o chino. Desde el desarrollo de vacunas hasta la inteligencia artificial, ahora se están movilizando miles de millones de euros en toda la Unión Europea; y la retórica se ha vuelto nuclear. ‘Si no construimos nuestros propios campeones en todas las áreas: digital, inteligencia artificial’, dijo recientemente el presidente francés Emmanuel Macron, “nuestras elecciones serán dictadas por otros”.

Aquí es importante subrayar la distinción entre nacionalismo digital y soberanía digital. Ambos conceptos hacen referencia a la necesidad de ejercer el poder, de manera que la infraestructura digital en un determinado territorio se organice principalmente de acuerdo con los intereses, principios y legislaciones nacionales. Mientras que el nacionalismo se ha utilizado para describir cierta idiosincracia que históricamente justificaría la adopción de políticas adecuadas a esta en entornos digitales, la soberanía se ha utilizado para describir experiencias y políticas de manera más amplia, centradas en la economía, la seguridad pública y la protección de derechos de la ciudadanía, especialmente en relación con las posiciones de la Unión Europea. Además, el nacionalismo digital suele ser enunciado por gobiernos autoritarios o semiautoritarios (lo cual es obviamente problemático, como muestran las reivindicaciones nacionalistas históricas en Escocia, Cataluña o Irlanda), sin que sea un asunto exclusivo de este tipo de regímenes.

La soberanía digital, en cambio, se refiere al derecho de un Estado a gobernar sus redes, de acuerdo con el interés nacional, en asuntos como el comercio, la cultura, la seguridad y la privacidad. También se refiere al funcionamiento de instituciones de múltiples partes interesadas (multistakeholder) y ciudadanos en el centro de la gobernanza del internet. Tales cuestiones han chocado con los argumentos libertarios sobre cómo el internet volvió obsoletas las nociones modernas de Estado y territorio, así como con críticas más recientes (Mueller, 2020) sobre los problemas de invocar la soberanía para reclamar el control sobre la política de comunicación e información. Como narrativa política para justificar ciertas posiciones y decisiones, la soberanía ha sido utilizada de manera diferente por las potencias mundiales ―a saber, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia e India―, en sus luchas por la primacía y el poder del internet. La soberanía aparece como la justificación del control nacional y regional sobre la recopilación y el análisis de datos, la vigilancia y la manipulación, las políticas industriales y otros asuntos (Couture y Toupin, 2019; Pohle y Thiel, 2020). Los reclamos de soberanía siempre tienen que ver con quién tiene derecho a ejercer el poder en jurisdicciones políticas, económicas, culturales, legales y geográficas.

Los debates sobre la soberanía digital demuestran la importancia persistente del Estado (Morris y Waisbord, 2001) en medio de la globalización de los medios, como lo ilustran las políticas destinadas a dar forma a los mercados nacionales y aprovechar el internet de acuerdo con consideraciones políticas y militares. Como escriben Pohle y Thiel (2020), “la transformación digital y la infraestructura técnica global de internet parecen desafiar la soberanía. Los principios de territorialidad y jerarquía estatal parecen opuestos a las constelaciones difusas, flexibles y en constante cambio” (p. 2) de las redes digitales globales. Además, las aplicaciones digitales y las prácticas de comunicación “parecen desafiar la gobernanza y el control legales”.

Por su lado, la evidencia de escándalos en el tratamiento de datos personales de millones de usuarios de plataformas (más claramente, el caso de Cambridge Analytica) y de manejos discrecionales de contenidos de redes sociodigitales y cuentas de usuarios, sumada a prácticas de vigilancia masiva, ha operado como argumento a favor de la necesidad de defensa de la soberanía y de la autoridad estatal para proteger los “bienes vitales”, que van desde la seguridad hasta la prosperidad, las reglas culturales y el control de los flujos de información y de las operaciones de desinformación. Como resultado, en muchos países, los ciudadanos esperan que sus gobiernos protejan su privacidad en línea o combatan la desinformación y el ciberdelito.

Por consiguiente, los diversos llamados a la soberanía digital en los últimos años, tanto en países centralizados o autoritarios como en democracias liberales, reafirman la autoridad estatal y su mayor intervención en la esfera digital. El concepto de soberanía digital se ha convertido ―señalan Pohle y Thiel (2020)― en un término poderoso en el discurso político, que busca reinstaurar facultades del Estado-nación, incluyendo la economía y los derechos ciudadanos, como una categoría relevante en el gobierno global de las infraestructuras digitales y el desarrollo de las tecnologías digitales.

Mientras que las posiciones de China y Rusia representan discursos nacionalistas y métodos no liberales para reafirmar su soberanía, las posiciones de la UE sobre la soberanía digital apelan a un conjunto diferente de principios, a saber, nociones de seguridad, derechos individuales, competencia económica y estado de derecho.

Como sugiere el caso de la UE, incluso para una comunidad política posnacional, la noción de soberanía se basa en las concepciones modernas del derecho de los ciudadanos en un territorio político-geográfico a ejercer un control con amplios márgenes de autonomía sobre la infraestructura, los datos y los recursos de información.

La soberanía no está necesariamente asociada a regímenes políticos específicos, competencia geopolítica o comunidades político-culturales; en cambio, se utiliza para apelar a la necesidad de influir en las decisiones sobre la sociedad digital. El renovado interés en la soberanía digital refleja la reacción a los acontecimientos recientes, especialmente al escándalo de Cambridge Analytica, el papel de las plataformas estadounidenses en el fomento de la polarización política, la desinformación y el discurso de odio, las prácticas monopólicas y la posibilidad de incrementar la intervención de inteligencia extranjera en los procesos electorales.

Así, la soberanía digital aparece como un espacio de confluencia entre autonomía geopolítica (o baja interferencia de fuerzas externas a las del propio gobierno), control de las infraestructuras tecnológicas, proyección de fortalezas económicas en función de oportunidades globales y un contrato social basado en el pacto democrático que reduzca las brechas digitales y combata la desinformación. Varios informes y declaraciones ilustraron esta posición. Por ejemplo, el informe Sovereignty, Resilience and Trust de Global System Mobile, que representa a los principales proveedores mundiales de telecomunicaciones, afirma que

ahora, mientras la Comisión Europea prevé una Década Digital, la implementación de la estrategia digital de Europa es más apremiante que nunca. Reconociendo la conectividad como “el componente más fundamental de la transformación digital”, la estrategia identifica una serie de medidas para fortalecer la economía digital de Europa, generar valor en consonancia con los valores europeos y establecer una mayor soberanía en la era de Big Tech. La soberanía digital es un principio central; Europa debe garantizar que la infraestructura y los servicios digitales no estén definidos exclusivamente por empresas extranjeras cuyos intereses no son los suyos propios y sobre las que tiene una autoridad limitada. (GSMA, 2021, p. 3)

De las reformas mediáticas nacionalistas al pragmatismo de mercado

El discurso contemporáneo del cibernacionalismo y la soberanía digital hacen eco de los argumentos del nacionalismo mediático y de la soberanía informativa (y tecnológica) de las décadas de 1960 y 1970, que eran comunes en América Latina y otras regiones, en la medida en que apelan a argumentos para contrarrestar el poder sin trabas de gobiernos y corporaciones privadas de los países más desarrollados del planeta, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría con las dos superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética como ejes dominantes de la geopolítica.

La soberanía nacional era el marco retórico para promover tanto las perspectivas centradas en el Estado como las asociaciones entre el Estado y el sector privado, en apoyo del desarrollo de las industrias nacionales y de la capacidad local para la innovación con directrices definidas por los propios actores nacionales en oposición a intereses extranjeros.

Los argumentos contemporáneos sobre la soberanía digital y la libertad en el internet (Powers y Jablonski, 2015) son básicamente una edición renovada de debates de larga data y tensiones latentes que existieron durante la Guerra Fría. En aquel entonces, las alternativas a la política global de medios dominada por Estados Unidos postulaban de manera similar que los gobiernos y los “campeones nacionales” debían colaborar para frenar el poder norteamericano. Detrás de la “cortina de hierro”, había discusiones equivalentes que reaccionaban frente al poder soviético.

La tradición latinoamericana de políticas de medios ilustra el uso de los conceptos de nacionalismo y soberanía para justificar y legitimar políticas de medios que buscan reformar el orden de la información y la comunicación, con un cuestionamiento al statu quo internacional. Estos conceptos fueron desplegados en paralelo a la difusión de teorías desarrollistas en las décadas de 1950 y 1960. Ya en la década de 1970 se asociaba a las políticas de comunicación con tres puntos: la necesidad de garantizar pluralismo, democracia y participación; la acción promotora del Estado, y la orientación hacia la integración regional (Quirós y Segovia, 1996). De manera que la noción de políticas de comunicación ya es portadora de cierto concepto de soberanía y no está alejada, en su germen, de las posiciones propias de los programas de corte “nacionalista”.

A fines de la década de 1960 y durante la de 1970, varios gobiernos de la región propusieron e implementaron políticas nacionales de comunicación que buscaban moderar la influencia de los flujos internacionales de noticias y contenidos, mayormente producidos y comercializados por compañías estadounidenses, a través de una serie de regulaciones y acciones. Los ejemplos incluyen las políticas implementadas durante la presidencia del general Juan Velazco Alvarado en Perú (1968-1975) y la propuesta de Radio y Televisión de Venezuela (Ratelve) en 1974 y 1975. Por varias razones ―que exceden el propósito de este trabajo―, esas políticas no lograron encauzar transformaciones sostenibles en el tiempo.

En ese contexto, entre 1973 y 1978, a nivel internacional, cobró fuerza en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el reclamo de un nuevo orden económico internacional (NOEI) realizado por los gobiernos del Movimiento de Países no Alineados. Y, como complemento del NOEI, y al calor de las evidencias acerca del desequilibrio de flujos simbólicos, informativos y culturales en el mundo, los países No Alineados, primero, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la ONU después, en sendas Conferencias Generales y Asambleas Generales de 1978, aprueban la necesidad de establecer un orden más justo y equitativo en materia de información y comunicación. Es decir que, como complemento del NOEI, nacía el nuevo orden mundial de la información y la comunicación (Nomic). En el fondo, el reclamo del NOEI y del Nomices que no era factible contribuir al desarrollo de la mayor parte de la población del planeta con el esquema concentrado, transnacionalizado y vertical en la economía y en la comunicación, respectivamente.

La consecuente presión del ascendente Movimiento de Países No Alineados logra que la Unesco encargue en 1977 al político irlandés Sean MacBride la conformación de una comisión con representantes de los continentes y con diversidad de perspectivas. En 1980 la Asamblea General de la Unesco aprobó el contenido del informe Un solo mundo, voces múltiples, de la comisión presidida por MacBride, que condensa los principales planteamientos del Nomic e incluye a las políticas nacionales de comunicación como herramientas para revertir los desequilibrios de la información y la comunicación internacional que el propio informe documentó a partir de acumulación empírica inédita hasta el momento.

En efecto, una genealogía de las políticas nacionales de comunicación en América Latina permite comprender la noción de la soberanía nacional como antítesis del imperialismo mediático estadounidense (Beltran y Fox, 1980). Las empresas de medios estadounidenses han tenido una posición dominante de larga data en la región (Fox y Waisbord, 2002), ya que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo inicial de las industrias culturales (noticias, cine, radio y televisión), a través de inversiones de capital, tecnología, publicidad y producción y distribución de contenidos. A raíz de la Revolución cubana de 1959, las ideas y movimientos antiimperialistas cobraron fuerza. Estas ideas influyeron tanto en países con gobiernos democráticos como en otros con regímenes autoritarios, que también estaban vinculados a proyectos de desarrollo nacionalista en diversas áreas de la sociedad, incluidos los sistemas de medios. Las políticas de medios nacionalistas también reflejaron los debates académicos y las posiciones preocupadas por las profundas disparidades en el orden informativo mundial que requerían de políticas más intervencionistas. Asimismo, las demandas de los sindicatos de trabajadores medios también encajaban con políticas que prometían crecimiento laboral y seguridad.

El Informe MacBride criticó el difusionismo desarrollista con que se concebían los cambios en las tecnologías de la información y comunicación en los países del norte. La crítica residía en que el difusionismo omitía en su matriz de argumentación las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas por las cuales países enteros, o sectores sociales dentro de un país, no consiguen integrarse a los patrones de desarrollo establecidos como ideales. No es casual que en la década de 1980 la Unesco, amenazada por los entonces flamantes gobiernos de Ronald Reagan en EE. UU. y Margaret Thatcher en el Reino Unido debido al contenido del Informe MacBride, apoyara el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), cuya matriz conceptual era desarrollista, como una situación de compromiso sostenida por los países del Occidente desarrollado y con el propósito de archivar la tentativa de construcción del Nomic.

Con perspectiva crítica, en su libro América Latina en la encrucijada telemática, Mattelart y Schmucler (1983) planteaban la potencialidad convergente de las tecnologías de información y de comunicación y advertían que el manejo y control de la información se convertía en un factor dinámico fundamental a nivel global.

El giro político e ideológico impuesto por los gobiernos de Reagan y Thatcher y las restricciones económicas de los países latinoamericanos, junto con la falta de arraigo de algunas de las políticas nacionales de comunicación ensayadas, abrieron espacio para el desarrollo de políticas de signo opuesto, con la privatización y la retirada del Estado de los negocios de las comunicaciones en los años ochenta y noventa (excepto para promover regulaciones a favor de la concentración del mercado), cuando el neoliberalismo impuso un credo que abjuraba de los conceptos de soberanía informativa y nacionalismo mediático. Estas políticas favorecieron la expansión de las inversiones extranjeras en varios aspectos de las industrias de los medios, desde la propiedad hasta la producción, y la reducción de la participación estatal (Becerra y Mastrini, 2017). Las políticas de medios beneficiaron principalmente al capital nacional e internacional en la prensa y el sector audiovisual e ignoraron en gran medida la consideración de las emergentes tecnologías digitales. Tecnologías que ya modificaban los procesos de organización de la producción de información masiva y comunicaciones personales en la década de 1990 y cuyo acceso social a través de dispositivos fijos y móviles crecería de modo imparable, aunque desigual, tras el cambio de siglo.

En este contexto, una ola de gobiernos elegidos en varios países a principios de 2000 revisó el ideario neoliberal y prometió políticas de medios “nacional-populares” y “progresistas” para revertir la desregulación y las políticas de mercado. Apodados como la marea rosa en medio de la política cambiante de la región, estos gobiernos incluyeron las presidencias de Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vazquez y José “Pepe” Mujica en Uruguay. En términos generales, varios de estos gobiernos compartieron un enfoque similar sobre los asuntos de los medios en términos de oponer aspectos fundamentales del orden neoliberal y muchos de ellos (no todos) propusieron políticas para diversificar la propiedad de los medios (Becerra y Wagner, 2018).

Además, la mayoría de esas gestiones de gobierno entendía que la propiedad de los medios de comunicación estaba alineada con corporaciones industriales poderosas y que eso resentía la calidad democrática, reduciendo la diversidad de puntos de vista en circulación, lo que a su vez tenía efectos perjudiciales en los debates y en la producción de políticas públicas.

Las políticas y propuestas de comienzos de siglo XXI coincidieron en la necesidad de asignar un tercio de las licencias audiovisuales a organizaciones sin fines de lucro, incluidos barrios, o comunidades y pueblos indígenas, fundaciones y cooperativas y cuotas de producción nacional en los contenidos de los medios. Además, establecieron límites moderados a la concentración de la propiedad de los principales grupos mediáticos y dotaron de mayores recursos a los medios estatales a los que, en algunos casos, se les impuso normativamente el mandato de convertirse en medios públicos no gubernamentales. Todas estas fueron medidas inéditas en la historia de la mayoría de esos países.

Las reformas políticas provocaron confrontaciones directas entre los gobiernos y las corporaciones de medios dominantes. Mientras que Venezuela y Argentina reformaron sus leyes de medios audiovisuales en 2004 y 2009, respectivamente, Uruguay introdujo nuevas normas que rigen los medios comunitarios en 2007 y, en 2014, el parlamento sancionó una ley audiovisual integral. Ecuador aprobó su Ley de Comunicación en 2013 y México impulsó una ambiciosa reforma constitucional ese mismo año (Waisbord, 2014). Bolivia hizo reformas constitucionales que afectaron a la industria de los medios. En Brasil y Chile, la sociedad civil había desarrollado y presentado varias iniciativas para la reforma de los medios, que encontraron un tibio apoyo de los partidos políticos dominantes, pero hubo avances en materia de medios estatales y cuotas de pantalla para producciones nacionales. Los gobiernos conservadores que llegaron al poder a mediados o fines de la década de 2010 frenaron el impulso de los movimientos de reforma de los medios y derogaron las innovaciones políticas en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.

Excepto en Venezuela, donde el chavismo gobernante remodeló el sistema de medios al crear un nuevo orden hegemónico (Korin y Pain, 2021) después de dos décadas en el poder, la serie de reformas no logró garantizar cambios duraderos de tipo estructural en los sistemas de medios. De hecho, uno de los aspectos más llamativos es que, dado que esos gobiernos se centraron principalmente en reformar la propiedad y el contenido de la radiodifusión, fue la revolución digital la que se encargó de alterar radicalmente el panorama de los medios en la región. El otro aspecto llamativo es que tanto los gobiernos de izquierda como los conservadores evitaron en gran medida avanzar en políticas que en otras regiones se agrupan como cibernacionalistas o de soberanía digital. En cambio, en lo que refiere al ecosistema digital, los gobiernos reformistas, al igual que los conservadores que los sucedieron en muchos de los países latinoamericanos, siguieron un enfoque pragmático que básicamente se ajustaba a la presencia dominante de las plataformas y redes sociodigitales estadounidenses.

Economías digitales, datos personales y contenidos

Para analizar la producción de políticas relativas a los entornos digitales basadas en los conceptos de soberanía y nacionalismo digital, consideramos tres aspectos fundamentales que articulan los abordajes de países tan diferentes como los de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia o India: la economía, los datos personales y las reglas de moderación y edición de contenidos. Estas tres cuestiones son fundamentales para los debates contemporáneos sobre la llamada gobernanza de internet (que Pohle y Thiel [2020] asimilan a un enfoque amable con el statu quo de las grandes corporaciones de la red), así como para las negociaciones bilaterales y multilaterales. El análisis centrado en estos tres ejes fue propuesto por el secretario de Economía Digital de Francia, Cédric O. (2021).

Cuando nos referimos a la economía, incluimos cuestiones como la fiscalidad, la falta de competencia en la economía digital debido a la posición dominante de unas pocas plataformas y las distorsiones del mercado debido a los efectos de red, además de la protección de los derechos de consumidores. Abarca también la proyección empresarial en infraestructuras y redes de conectividad. Los datos personales comprenden su protección y las reglas para su procesamiento, almacenamiento, uso, transferencias y comercialización, así como las normas vinculadas a la privacidad. El eje de contenidos y discursos implica moderación y responsabilidad de las plataformas, los derechos de libertad de expresión, no discriminación y otros temas como el discurso de odio y la desinformación, pero también aristas que suelen manifestar problemas con los derechos anteriormente mencionados, como los derechos de autoría y propiedad intelectual.

América Latina no ha implementado políticas ni promovido o protagonizado debates fundados en principios de soberanía nacional sobre el desempeño de la economía digital, la protección de datos personales y el contenido digital. De hecho, ha habido innovaciones políticas limitadas sobre estos temas y mucho menos enfoques integrales y compartidos. El orden digital actual reproduce básicamente el orden centrado en el mercado, con un fuerte dominio de las empresas de Silicon Valley y la emergencia de algunas de origen chino, junto con un enfoque pragmático interesado en buscar acuerdos con empresas proveedoras de tecnologías tanto europeas como estadounidenses o chinas.

En esa medida, los países latinoamericanos básicamente han aceptado la soberanía corporativa digital como el principio fundamental de las políticas digitales, ya que han respaldado la autorregulación corporativa como el principio predeterminado del ecosistema digital. Más allá de los planes de proyección de infraestructuras de conectividad y de las políticas de reducción de las brechas de accesos materiales a dispositivos informacionales, los gobiernos de la región ―independientemente de su signo ideológico― no han abordado la complejidad de los desafíos de los entornos digitales con respecto a la escala, la amplitud y los efectos de red de la economía y su carácter global; tampoco han actualizado las normas antimonopolio frente a una realidad renovada por las características peculiares de la economía digital. Tampoco hay un esfuerzo por vincular la dinámica de los mercados digitales con la necesidad de adecuar las estrategias de protección de datos de la ciudadanía, de manera que podría haber fortalecido el poder de los actores nacionales: el Estado, las corporaciones y la sociedad civil. En cambio, los gobiernos generalmente han adoptado un enfoque favorable al mercado dominado por las Big Tech. Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, las economías más grandes de la región, han ofrecido incentivos de competencia para promover inversiones en las industrias de la información.

La mayoría de los países tiene políticas e iniciativas para abordar la brecha digital, aunque, como esta se estructura en correlación a las fracturas socioeconómicas que surcan las sociedades latinoamericanas, el progreso en la materia es relativo. Asimismo, algunos Estados latinoamericanos participan en las reuniones de la OCDE para lograr reglas articuladas y globales para la tributación en la economía digital (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2018).

Las empresas estadounidenses dominan aspectos clave de las economías digitales (Katz, 2015). Google tiene una posición cuasimonopolística en el mercado de búsqueda del internet. Los gigantes estadounidenses Meta (Facebook e Instagram), LinkedIn y Twitter dominan las redes sociodigitales junto a la emergencia de la china TikTok (ByteDance). Existe una situación similar en el mercado de videos en línea con una limitada pero creciente participación de actores locales. El servicio de mensajería más expandido es WhatsApp de Meta, que en América Latina es particularmente masivo dada la bonificación que aplican las operadoras de comunicaciones móviles, resultando ser una aplicación gratuita para usuarios mayoritariamente apremiados por la economía. Los servicios en la nube tienen también a conglomerados estadounidenses como Amazon en posición de dominio. La única corporación regional que ha ganado un espacio significativo es Mercado Libre, que es la principal plataforma de comercio electrónico en las economías más grandes.

Varios países (entre ellos Brasil, Chile y Argentina) han firmado acuerdos para desarrollar sus infraestructuras y atraer inversiones de empresas estadounidenses y chinas, incluyendo cierta neutralidad tecnológica en la adopción de las comunicaciones móviles de quinta generación (5G) que, a pesar de las presiones de las superpotencias, confirma la marca pragmática recostada en el mercado que es signo de los tiempos en la región.

En cuanto a la soberanía para garantizar la protección de los datos personales de millones de personas y organizaciones usuarias de los servicios digitales, aquella no se ha convertido en una prioridad en América Latina. Este eje, que concentra el reconocimiento de los derechos fundamentales de los interesados (Hummel et al., 2021), se ha convertido en un problema legal y político central a partir de la extracción, acumulación y monetización corporativa de los datos personales, tanto con propósitos comerciales como de vigilancia y control (Zuboff, 2019).

Aunque el tema se ha vuelto central en los debates globales sobre el papel dominante de las empresas privadas y la vigilancia estatal, y Europa actualizó en 2018 su reglamento general, en los países latinoamericanos no hay políticas activas ni debates impulsados por los gobiernos y empresas que prioricen la importancia de la protección del derecho a la privacidad y protección de los datos personales. Hay leyes de protección de datos en la mitad de los países de la región, como Argentina, Chile, Uruguay y México (Cepal, 2020). Sin embargo, todavía existen muchos vacíos legales en una serie de cuestiones que afectan a la protección de datos.

Hay contadas excepciones a esa tendencia. Por ejemplo, las revelaciones de Snowden de 2013 tuvieron un fuerte impacto en Brasil. Impulsaron a la administración de la entonces presidenta Dilma Rousseff a promover resoluciones sobre privacidad en el internet en las Naciones Unidas, así como a convocar debates de múltiples partes interesadas sobre privacidad. Las revelaciones también ofrecieron una oportunidad política para que Rousseff promoviera la aprobación del proyecto de ley Marco Civil da Internet (Santoro y Borges, 2017), un intento verdaderamente innovador de fundamentar la legislación digital sobre la base de los derechos humanos.

En cuanto a la moderación y edición de contenidos que conforman la dieta informativa y de opiniones que performa percepciones e ideas en la ciudadanía, la mayoría de los países latinoamericanos no han implementado regulaciones estrictas para modificar la activa intervención de las compañías dueñas de las grandes plataformas digitales. Por medio de la programación algorítmica de las redes, estas compañías gestionan el acceso, la exposición, la visibilidad o, directamente, la remoción de cuentas y contenidos en las redes, sin que las reglas que utilizan para ello sean siquiera conocidas por los usuarios ni por los gobiernos, autoridades legislativas ni judiciales.

Esto ha sido un obstáculo en las discusiones sobre las operaciones de desinformación inherentes a la masividad de las redes, así como sobre los discursos de odio, discriminación y violencia online. Esta ausencia refleja en parte los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que brindan una amplia protección a la expresión (Zamora et al., 2020), así como la falta de interés en hacer de este un tema prioritario.

América Latina carece, pues, de directrices políticas sobre contenidos arraigados en principios de nacionalismo y soberanía que se asemejen a las que sí poseen ―al menos, en el plano normativo― sobre contenidos audiovisuales (protección al menor, por ejemplo). No existen regulaciones que estipulen que las empresas de internet sean responsables del contenido. Aunque la UE y los países miembros han servido como una fuente frecuente de inspiración para los debates de políticas y varias leyes de medios en la región en las últimas décadas, no ha habido un proceso similar destinado a repensar los controles sobre las corporaciones digitales globales en la región, lo que se diferencia por ejemplo de la Digital Services Act (DSA) aprobada en la UE en 2022 o de los avances legislativos para imponer “deberes de cuidado” (duty of care) a las plataformas en el Reino Unido.

Una excepción a esta tendencia es, nuevamente, Brasil, donde el Congreso tramitaba ―en el momento en que este artículo era escrito― un proyecto de ley (PL 2630) que establecía responsabilidades a las grandes plataformas digitales (no a todas, solo a las más masivas) tanto en materia de competencia económica, de protección de usuarios y consumidores como de datos personales y de moderación de contenidos, por primera vez en la región.

Es hora de considerar por qué las expresiones de soberanía digital y de cibernacionalismo están ausentes en América Latina; estas exigen que los actores estatales y las empresas privadas lleguen a acuerdos fundamentales para promover políticas destinadas a fortalecer la posición de los intereses domésticos (Schneider, 2018). Estos acuerdos pueden cubrir una variedad de temas, como el comercio digital, la construcción de infraestructuras y redes, la propiedad intelectual, la promoción de contenidos y redes locales y la seguridad nacional. En cambio, la mayoría de los países latinoamericanos han adoptado fundamentalmente el pragmatismo político en un sistema de mercado dominado por empresas estadounidenses (Aguerre et al., 2018). Con la excepción de los gobiernos que han impuesto limitaciones al discurso en entornos digitales que son incompatibles con los principios sobre libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba o Venezuela), los Estados en gran medida han tomado posiciones de no intervención, especialmente en asuntos como el comercio electrónico, el control de datos y la moderación y la edición de contenidos. En ningún país de la región hubo enfrentamientos entre las corporaciones globales y los gobiernos y los gigantes de los medios nacionales sobre cuestiones de contenido, acceso e impuestos, a diferencia de lo observado en Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o Alemania. Los gobiernos básicamente han aceptado las reglas de compromiso con las corporaciones estadounidenses, mientras que, en algunos casos, han buscado acuerdos comerciales con empresas chinas.

¿Cómo explicar la ausencia de cibernacionalismo y de soberanía digital en América Latina? ¿Por qué la región se desvió del camino de políticas nacionalistas y soberanistas que trazó hace medio siglo para el entorno de medios tradicionales? En el contexto de profundas transformaciones en las políticas de comunicación y medios, impulsadas por la escala global de la revolución digital (Van Cuilenburg y McQuail, 2003), nuestra respuesta remite a tres aspectos claves: el tamaño comparativamente pequeño de las economías digitales nacionales; la falta de proyectos geopolíticos ambiciosos, y la debilidad de los proyectos desarrollistas que podrían haber reforzado las alianzas entre el Estado y el capital, así como los mercados y actores internos.

En primer lugar, las economías digitales de la región son notablemente pequeñas según los estándares mundiales. Ninguno de los mercados digitales de la región se compara con los gigantes mundiales de Occidente o Asia. La economía digital de América Latina aún está rezagada, pues la región representa menos del uno por ciento del valor de capitalización de mercado de las setenta plataformas digitales más grandes del mundo. En términos de aprovechamiento de datos digitales, América Latina junto con África albergan menos del cinco por ciento de los centros de datos de colocación del mundo. Asumir posiciones de “soberanía” o “nacionalistas” requiere un peso económico significativo, anclado en el tamaño del mercado doméstico o regional.

Numerosos informes documentan la debilidad de los mercados digitales de América Latina en comparación con otras regiones. El Network Readiness Index (NRI) es un punto de referencia mundial que se utiliza con frecuencia para evaluar los entornos digitales. Excluyendo a Estados Unidos y Canadá, el resto del continente tiene un desempeño significativamente inferior al de las economías desarrolladas. Mientras que Chile ocupa el primer puesto de la región (en la posición 42 de 121 economías), las tres economías más grandes de América Latina, Brasil, México y Argentina, ocupan los puestos 59, 57 y 58, respectivamente. La región ocupa un lugar notablemente bajo en términos de preparación para el futuro de las tecnologías digitales.

A pesar del creciente interés en los últimos años, la economía digital sigue siendo un tema marginal en el debate sobre la gobernanza y la política del internet, así como en el régimen comercial (Aguerre, 2019) y, lo que es más sorprendente, en cuestiones tributarias. Además, persisten varios obstáculos como la falta de coherencia normativa (Suominen, 2017). Ciertamente, mientras persistan las brechas digitales en los niveles pasados y presentes, es difícil imaginar que los mercados nacionales en la región se expandirán (Patiño et al., 2018; Robinson et al., 2020), sin su secuela de marginación de mayorías que accede a las redes en condiciones degradadas.

En segundo lugar, la ausencia de políticas de cibernacionalismo y soberanía digital en América Latina refleja la posición geopolítica de la región en el mundo; aquellos son resultado de los cambios en curso de la geopolítica global y la remodelación del orden de la posguerra fría. Ningún país latinoamericano ha albergado esperanzas similares de convertirse en una potencia global, quizá con la excepción de Brasil, que de todos modos ha estado condicionado por la inestabilidad de su régimen político a partir de la destitución de la expresidenta Rousseff en 2016. A diferencia de Europa, de EE. UU., de China o India, ningún gobierno intentó liderar y controlar una reestructuración importante de la economía digital nacional, de manera que se asociara de modo estratégico con intereses extranjeros o aprovechara el desarrollo digital para fortalecer objetivos geopolíticos particulares. En la región, el internet ha evolucionado entre el dominio estadounidense y la reciente incursión de empresas chinas en países y áreas seleccionadas. Más que impulsar ambiciones geopolíticas y buscar niveles relativos de autonomía tecnológica, los Estados y las corporaciones han buscado acomodarse en medio de la competencia tecnológica entre EE. UU. y China.

En tercer lugar, la ausencia de políticas de cibernacionalismo y soberanía digital es fruto de la ausencia de proyectos desarrollistas que podrían haber unido al Estado y al capital en torno a proyectos comunes de desarrollo, expansión y protección nacional. En los casos de las principales potencias globales, el Estado ha jugado un papel fundamental al afirmar políticas de soberanía nacional y conducir el desarrollo de mercados y corporaciones digitales (Mazzucato, 2013). El Estado es esencial tanto como motor del desarrollo digital como regulador de contenidos y discursos, de la marcha de la economía y de la protección de datos (Haggart et al., 2021). El nacionalismo digital exige que los gobiernos gestionen activamente los mercados digitales a través de diversas herramientas: legislación, leyes y políticas económicas con perspectiva holística.

No ha habido ni hay un “desarrollismo digital” en América Latina, es decir, un esfuerzo sistemático y coherente para construir complejos industriales basados en la articulación entre políticas públicas, intereses privados y alianzas sociales amplias. Tales políticas habrían sido necesarias para ofrecer alternativas a la presencia dominante de Silicon Valley, pero no ha habido proyectos de desarrollismo nacional, como existieron (ciertamente en formas variadas y con niveles de concreción heterogéneos) hace medio siglo en la región, especialmente en las economías más grandes (Brasil, México, Argentina). En ese entonces, varios gobiernos propugnaron el desarrollo nacional como el objetivo central de las políticas económicas y sociales, incluidas las tecnologías de los medios de comunicación y su modernización. En cambio, no hay herencia de esa tradición en la región hoy en los entornos digitales. Además, podría argumentarse que las brechas digitales persistentes en la región, así como el subdesarrollo de los mercados y el comercio digitales, reflejan la ausencia de un desarrollismo digital que podría ocuparse de generar políticas para garantizar accesos más amplios, coberturas más integrales y servicios asequibles de mayor calidad, con la consecuente expansión del mercado que ello supondría.

Más aún, los gobiernos que intentaron políticas de reforma de los medios en las últimas dos décadas se han desentendido de la exploración de caminos desarrollistas en materia de soberanía digital. En las últimas dos décadas, los gobiernos de centro izquierda en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador o Uruguay impulsaron agendas políticas ambiciosas para regular los mercados de medios de comunicación tradicionales, para fomentar el pluralismo informativo y así diversificar la alta concentración de la propiedad. Con distinto éxito, intentaron frenar el poder de las corporaciones de medios dominantes y reforzar la posición de otros actores comerciales, así como de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, a través de innovaciones políticas y legales. Ni siquiera los gobiernos autoritarios o semiautoritarios en la región han abrazado el cibernacionalismo. El ejemplo salvadoreño de Nayib Bukele, quien erosionó la capacidad soberana de desarrollar política monetaria con un experimento poco exitoso con el Bitcoin, es contundente.

En resumen, los gobiernos que intentaron reformas mediáticas no recurrieron al desarrollismo digital para fortalecer el liderazgo estatal y la posición del capital nacional en materia de infraestructura digital, seguridad, innovación, producción de contenidos y redes nacionales, inclusión y otros temas (Belli y Cavalli, 2019). Establecer las bases de la independencia digital de la influencia extranjera mediante la expansión del desarrollismo dirigido por el Estado no fue una prioridad política. En cambio, el curso de acción preferido ha sido la acomodación pragmática al actual orden de mercado dominado por los Estados Unidos y la rivalidad global entre las empresas estadounidenses y chinas.

Conclusiones

A diferencia de otras regiones, en particular de países centrales de la economía global, América Latina no ha cultivado políticas de cibernacionalismo o de soberanía digital, que exigen que los Estados dirijan el proceso de infraestructura, gestión y gobernanza digital a través de instrumentos técnicos y legales (Goldsmith y Wu, 2006). Este “camino no tomado” señala una reversión del legado del proteccionismo en materia de cultura y comunicación, con el diseño de políticas de medios y de soberanía informativa.

Las críticas punzantes al colonialismo informativo y los argumentos a favor de un “Estado fuerte” en las políticas de medios, que fueron prominentes hace medio siglo, carecen de una presencia en la era digital. La región puede considerarse como un caso testigo de la disminución del papel del Estado en materia de regulación de las comunicaciones y desarrollo digital.

Las iniciativas de políticas sobre la economía digital, la protección de datos y la privacidad, o la moderación y edición de contenidos y discursos en red que podrían ser germen de ideales de “Estado fuerte” o “el retorno del Estado”, son pocos y están dispersos (Flew y Waisbord, 2015). En algunos casos, los Estados democráticos han tratado de regular aspectos específicos de la sociedad digital, como la extracción y procesamiento de datos, pero esos esfuerzos no han sido parte de políticas integrales orientadas hacia el principio de la soberanía. Algunos gobiernos de signo semiautoritario o autoritario han implementado regulaciones de mano dura para controlar los discursos en redes sociodigitales a través de medidas de vigilancia y seguridad, pero tales políticas no están integradas en objetivos ambiciosos de desarrollo nacional. Si bien justificaban las normas apelando a la necesidad de fomentar la cohesión nacional frente a las “potencias extranjeras”, como en el caso de Cuba y Venezuela, no estaban dirigidas a conformar un internet cerrado, “nacional”.

En resumen, los casos limitados de regulación parcial y tenue de los entornos digitales en la región no encajan exactamente con los casos de nacionalismo digital identificados con China y Rusia ni con las posiciones de Europa sobre la soberanía digital.

La ausencia de proyectos de soberanía digital en la región está relacionada con el pequeño tamaño de sus economías digitales nacionales en comparación con la escala global de la economía digital, la falta de proyectos geopolíticos ambiciosos y la debilidad del desarrollismo digital que podría haber desplegado alianzas entre el Estado y el capital, así como alentado a los mercados y actores nacionales. Los gobiernos ―de diferente ideología― han optado fundamentalmente por aceptar redes comerciales dominadas por los EE. UU. y una concentración global de tráfico y publicidad en el internet, mientras buscan inversiones chinas en infraestructura y redes digitales (Avendano et al., 2017), con respecto a nuevos desarrollos en comunicaciones móviles como 5G.

¿Qué lecciones se pueden extraer para el estudio del cibernacionalismo y la gobernanza digital? La experiencia latinoamericana sugiere que solo los países y regiones que cumplan con ciertas condiciones, como el tamaño del mercado, la ambición de poder geopolítico o fuertes políticas desarrollistas, asumen posiciones políticas de cibernacionalismo y la soberanía digital. Si bien estas políticas eran opciones de política plausibles durante el antiguo orden de los medios de comunicación, la revolución digital, la escala, alcance y efectos de red de la economía han cambiado radicalmente las condiciones. La globalización económica y tecnológica acelerada ha subido la apuesta por las políticas nacionalistas y ha hecho que sea más difícil para los países tener el poder de negociar y establecer los términos del compromiso con los gigantes corporativos globales. Consideradas separadamente, las economías latinoamericanas en cuanto a producto bruto anual son poco significativas comparadas con los ingresos de los principales conglomerados digitales globales. Ello conduce a observar el ejemplo de la Unión Europea como virtuoso, no solo por los avances registrados, sino, además, por la capacidad de asociación y complementación de países, tradiciones, culturas y economías muy diversas.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: aracabecerra@gmail.com

Información adicional

Cómo citar: Becerra, M. y Waisbord, S. (2024). Soberanía y nacionalismo en entornos digitales: la llamativa ausencia de América Latina en el debate mundial. Signo y Pensamiento, 43. https://doi.org//10.11144/Javeriana.syp43.sned

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