Introducción

La vereda La Sirena se asienta a unos 700 m s. n. m. en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cuenca del río Frío, entre cafetales de sombra y relictos de bosque húmedo tropical (“Labriegos de La Secreta”, 2015; Neira Niño, s. f.).

El río Frío, uno de los más extensos del municipio de Ciénaga, corre en medio de los corregimientos de San Pedro y Siberia entre los 500 y 4200 m.s.n.m. En su parte norte, este río recibe los caudales de las quebradas Cimarrona, La Sirena, Bodelta, La Mucria y Piedras Blancas, mientras que en la parte media recibe el agua de las quebradas La Secreta, La Unión y Nueva Granada. Específicamente, el centro poblado de la vereda La Secreta se ubica en la zona sur de la cuenca. (Vargas et al., 2019)

Históricamente, los suelos fértiles de esta cuenca impulsaron una economía campesina de café, maíz y frutales y también atrajeron cultivos ilícitos durante la bonanza marimbera (1975-1985) y, más tarde, el avance de la palma de aceite en las planicies de Ciénaga (Cinep, 2015). La masacre paramilitar de 1998 forzó el desplazamiento de la población y devastó los sistemas productivos; aun así, treinta años después, los retornados —reconocidos en el 2013 como sujetos de reparación colectiva— apuestan por consolidar la exportación de café de especialidad y la diversificación agroecológica (Neira Niño, s. f.).

En la microcuenca del río Frío, el auge del agroextractivismo en Ciénaga (Magdalena) ha reordenado el paisaje hídrico y avivado disputas por el territorio, al convertir quebradas y acuíferos en insumos de la agroindustria (Garay y Barbier, 2013). La demanda permanente de riego para las plantaciones intensivas, sumada al drenaje de humedales costeros para habilitar nuevas fincas palmeras, ha disminuido el caudal de la microcuenca y ha alterado los patrones de recarga del acuífero costero, lo cual compromete el abastecimiento de veredas altas como La Sirena (Leal, 2019).

Al mismo tiempo, los canales de drenaje construidos por las bananeras han servido como fronteras físicas y simbólicas que restringen el acceso comunitario a nacederos. Esto reconfigura la propiedad y concentra la tierra en sociedades agroexportadoras ligadas a capital transnacional (Gutiérrez Sanín, 2018). De este modo, la pugna por el agua se convierte en la prolongación de la disputa agraria: los cultivos de palma “beben” la humedad que antes sostenía cultivos de pancoger y economías campesinas, mientras la historia de masacres y desplazamientos —como la ocurrida en La Sirena en 1998— expone cómo la violencia armada facilitó la apropiación de suelos y caudales estratégicos para la agroexportación (Comisión de la Verdad, 2022).

Este complejo contexto nacional se experimenta a nivel local como el recrudecimiento de los periodos de sequía y un mayor riesgo de incendios forestales, por lo que la gestión comunitaria del agua fue el reto que los líderes de La Sirena plantearon a MinCiencias cuando, en el 2017, la vereda fue seleccionada como beneficiaria en la convocatoria “Ideas para el Cambio”.

Un conjunto de dispositivos compuesto por tanques, mangueras y filtros para mejorar el almacenamiento y la potabilización fue entregado a la Junta de Acción Comunal, con el fin de asegurar una administración colectiva. Cada sistema se instaló en fincas dispersas donde los beneficiarios asumieron su mantenimiento, lo cual le dio un carácter privado de autogestión. Al mismo tiempo, el proyecto fue impulsado por el Estado a través de la Universidad del Atlántico. Esto imprimió una dimensión experimental e instó a procesos de apropiación social del conocimiento. La zona montañosa en la que se desarrolló el proyecto presentaba una particularidad: el agua era compartida entre varias familias, entonces, en su acceso y en su uso interferían lo privado y lo comunitario, lo que generó fricciones en la administración del recurso.

La implementación del proyecto combinó indicadores científicos —como el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)— con la percepción del riesgo, para identificar preocupaciones comunitarias sobre la escasez y el uso del hipoclorito de sodio. De hecho, este elemento fue parcialmente rechazado por la comunidad, ya que sus experiencias previas con el producto eran diversas.

El predominio de la dimensión privada-doméstica sobre las demás plantea retos al proyecto. Aunque se promovió una gestión comunitaria, en la práctica, la responsabilidad individual sobre el mantenimiento debilitó el compromiso colectivo y la sostenibilidad del sistema. Por su lado, la intervención de una universidad pública activó en los locales las exigencias de la mediación del Estado para proteger su derecho al agua.

Como coejecutores del proyecto financiado por MinCiencias, la descripción de este caso específico en la vereda La Sirena nos permitió comprender diversas implicaciones cotidianas y locales de la gestión del agua en contextos de conflicto. Para obtener una comprensión profunda, la investigación incluyó etnografía, observación participante, entrevistas y encuestas. Nuestro estudio abarcó tanto a los residentes de La Sirena como a los miembros de nuestro equipo interdisciplinar de investigación.

Este artículo describe el sistema de gestión local del agua antes de la intervención del proyecto universitario y, posteriormente, puntualiza esa intervención del sistema para mejorar el almacenamiento y la potabilización, para, en últimas, concluir con la discusión sobre las nuevas interacciones y las recientes encrucijadas que el encuentro entre el Estado, la ciencia y las ciudadanías suscita en el interior de La Sirena, a propósito del manejo del líquido vital.

El sistema de gestión local del agua

La vereda La Sirena, ubicada en el corregimiento de Serena, en Ciénaga (Magdalena), está habitada por alrededor de quinientos campesinos que colonizaron el lugar a partir de los años setenta y ochenta del siglo XX. La procedencia de este grupo de colonos es diversa: los pioneros vienen de la zona bananera, donde eran obreros del campo; la segunda oleada de colonos está conformada por campesinos que vinieron del eje cafetero, recogían café entre octubre y diciembre y algunos terminaban instalándose permanente en La Sirena; mientras que los grupos de personas que empezaron a poblar la vereda entre el 2006 y el 2008 tienen orígenes diversos, algunos vienen de veredas cercanas, como La Unión, otros vienen de cabeceras municipales, como Ciénaga, o incluso ciudades más lejanas, como Barranquilla y Soledad.

Desde los años setenta, cuando sus actuales pobladores ingresaron “en secreto” a La Vereda, ellos se dedicaron a criar animales de granja, al ganado y a cultivar frutas, hortalizas y, principalmente, el café. Las familias se establecieron en cinco sectores seleccionados de acuerdo con las fuentes de agua así: la quebrada de los Perros, la quebrada La Aguja, Guacamayo, San Martín y el sector Centro. Estos habitantes tienen pautas altas de movilidad, conservando una casa en centros poblados cercanos, como Ciénaga, y subiendo estacionalmente a la montaña a trabajar la tierra, algunas veces esta doble residencia coincide con la existencia de dos hogares alternos.

El tipo de poblamiento fue disperso y ha venido cambiando con el tiempo, de modo que se ha conformado un sector con más densidad poblacional conocido como El Centro, ubicado en la zona media de la cuenca, donde instituciones cooperantes —como el Consejo Noruego para Refugiados— empezaron a construir infraestructura de uso común, por ejemplo, se construyeron una cancha de fútbol, una cocina comunitaria, una sala de almacenamiento de herramientas, un baño seco público, un quiosco digital para conectarse a internet, plantas de energía solar y una escuela rural que forma a los niños hasta quinto de primaria. También se realizan trabajos de ampliación y arreglos permanentes a la vía de acceso.

Sin embargo, las zonas más altas de La Vereda, que los locales conocen como los filos, se encuentran con una baja densidad humana y poblamiento extremadamente disperso. Además, actualmente, el sector San Martín cuenta con una población marcada por un fuerte envejecimiento poblacional y dificultades en el relevo generacional de las actividades agrícolas.

La zona baja de La Vereda, el sector La Aguja, es la más cercana a las rutas nacionales y se caracteriza progresivamente por su bajo nivel de agua y la proliferación de incendios forestales. Según la narración de los actores locales, muchos habitantes que ingresaron a esta zona baja han venido trasladándose hacia zonas cada vez más altas y también son los que tienen más movilidad en época de sequía.

Cuando las familias pioneras llegaron a La Vereda, no había tala en las cuencas, así que el bosque denso protegía las fuentes de agua que eran abundantes, incluso en verano. En esa época, que los actuales pobladores recuerdan con nostalgia, la producción agrícola era mayor y la captación de agua se realizaba directamente en las quebradas, las cañadas, las pozas y los manantiales o nacederos, donde la población se bañaba, lavaba y se abastecía, usando baldes y transportando el líquido vital a pie o con la ayuda de mulas. Más recientemente, los carros y las motos ingresan por los caminos veredales y la escasez de agua marca, desde hace al menos veinte años, otra cotidianidad más severa.

Los relatos de aquella época dorada coinciden en describir una vereda donde había agua abundante y buena:

Aquí había agua bastante, uno pasaba por ese filo y había buenas fuentes de agua, […] llenábamos agua en los tanques del caño de la Ahumada, ese caño nunca se secaba, es un caño que está aquí en Luz Marina, el caño de Los Ríos tampoco se secaba, era buena agua, bastante selva, bastante rastrojo. (Señor Urbino, 2019)

A partir de los años noventa del siglo XX, los locales empezaron a usar mangueras que, por gravedad, traen el agua de las fuentes altas hasta las parcelas para el uso doméstico. Algunas parcelas tienen que conectar de 300 hasta 2000 metros de mangueras en una red que vigilan periódicamente y que cuidan de los daños que causan los animales, los humanos y el paso del tiempo. Revisar las redes de mangueras o caminar para cargar el agua puede tardar hasta una hora de camino a pie.

Cada familia las compra y las instala, al punto que, cuando se camina por la vereda, esta red de conexiones puede verse en la superficie. Durante los veranos prolongados, los animales salvajes, principalmente los roedores, aprovechan esto para morder las mangueras y beber agua.

En invierno, las fincas pioneras pueden tener hasta dos fuentes de agua viva en el interior de sus terrenos, ellos las reconocen como propias. Algunas fincas nuevas se encuentran muy lejos de esas fuentes y, entonces, deben conectarse a sus vecinos de arriba o esperar que ellos les pasen agua para llenar los recipientes de almacenamiento. Mientras que, durante el verano, es posible que las cien familias de la vereda dependan de una sola fuente de agua que no se seca.

Los de arriba aparecen en las narraciones como un componente de perspectiva, casi siempre hay otros más arriba, de los que se habla poco, que poseen los nacederos, no los cuidan, los talan o incluso son benévolos y comparten el agua. A veces los mismos entrevistados son los que están arriba de otros, geográficamente hablando, o porque tienen muchos metros más de mangueras y tanques de almacenamiento:

J. Emiro: [Le dije a mi vecino] si tú quieres, puedes instalar una manguera hasta mi casa que yo pongo el agua de mi casa.

Entrevistador: ¿Qué dijeron?

J. Emiro: Nada, porque a él lo manejaron, porque hay otro más arriba que él y lo dejó sin agua. (J. Emiro, 2019)

En otras palabras, la gestión del recurso que se ha constituido implica que las fuentes de agua se encuentran en terrenos privados, pero el acceso se distribuye comunitariamente, los dueños de los predios permiten que sus vecinos se conecten a las fuentes directas o a las mangueras. Aunque al respecto puede haber excepciones como las que se mencionan a continuación.

Por ejemplo, cuando hay algún problema entre las familias, los dueños de las fuentes de agua o los vecinos que están arriba de la cuenca, como forma de retaliación, le interrumpen el suministro a los de abajo, que están vinculados en el conflicto y no tienen fuentes de agua en sus propiedades:

[El agua] venía del vecino, pero, entonces, el vecino se puso rebelde conmigo porque le partieron tres puercos al costado, entonces, dijo que era yo, que era el hijo mío que los había macheteado, que mejor recogiera la manguera, yo le dije: tranquilo yo la recojo, lo único que sé es que nosotros no hemos macheteado puercos. (Señor Urbino, 2019)

También ocurre que algunos “dueños” de las fuentes de agua utilicen una mayor cantidad y dejen sin agua a los que no tienen fuentes en sus predios. Cuando esto ocurre, los perjudicados sufren porque aumenta el tiempo y el esfuerzo necesarios para acceder al líquido vital, pero ellos aceptan con resignación la decisión del “propietario”.

Un tercer escenario consiste en la voluntad individual, compartir el agua depende tanto de la disposición que tiene el vecino en permitir que los de abajo se abastezcan como de los acuerdos entre vecinos para “pasar el agua”, “no malgastarla”, “usar lo necesario”, “no abusar” y hasta “ser recíprocos”:

Aquí va una manguera que la coge un vecino allá y otro lo coge acá y yo le paso el agua al vecino. (Señor Juvenal, 2019)

No solo los conflictos entre familias, la propiedad privada y la voluntad de compartir interfieren en la gestión comunitaria del agua, sino también aspectos muy técnicos, como la altura en la que se encuentran los predios y los materiales que se utilizan para la captación y distribución, especialmente las mangueras, cuyo costo aumenta de acuerdo con la distancia de la fuente y los años de uso:

Entrevistador: ¿Ustedes tienen mangueras?

Señora Rosalía: Ya se deterioró la manguera nuestra, prácticamente [la que uso] ya es ajena. (Señora Rosalía, 2019)

Desde la primera década del siglo XXI se popularizó el uso de las motobombas que funcionan a base de combustible y succionan el agua desde la fuente con mayor eficacia, pero crean desigualdad en el acceso, puesto que no todos los locales pueden comprar motobombas ni combustible para ponerlas en funcionamiento. Además, con la reducción de la cantidad de agua disponible en la vereda, las motobombas agotan en poco tiempo la posibilidad de abastecimiento de cada vez más familias.

Los actores locales también han construido albercas para almacenar agua e igualmente compran recipientes para el mismo fin, el cual, en ocasiones, también llenan con agua lluvia. Se calculó que en promedio las fincas de La Vereda tienen una capacidad de almacenamiento de 2217,9 litros por finca, mientras que su consumo de agua se estimó en un promedio diario de 29,3 litros por día, aproximadamente (Vargas et al., 2019).

Como se observa, los habitantes de La Sirena tenían confianza en la calidad del agua que consumen, de hecho, la identifican con adjetivos como buena, limpia y natural.

Entrados los años ochenta del siglo XX, junto con la incursión de las guerrillas en la zona, la población local empezó a introducirse en una economía basada en los cultivos ilícitos, como la marihuana. Algunos campesinos comentan que participaron por coerción, sin abandonar la siembra de otros productos legales y otros aluden a las costumbres de los viejos, que talaban los árboles sin pensar en el futuro y aprovechando el negocio de la madera:

Mis papás eran de los viejos de antes, en ese entonces muchos no miraban las consecuencias que iban a recaer para un futuro, la tala de árboles […] los fueron tumbando para sacar madera e hicieron negocios de madera. (J. Emiro. 2019)

En esa época, las talas se incrementaron y el ánimo de “progreso” también movió a muchos locales a intervenir el entorno con mayor fuerza: en verano quemaban con fuego controlado y deforestaban para aumentar la producción. Al tiempo, muchas quebradas se empezaron a secar, lo que incidió en la alta movilidad de la población que, en adelante, tuvo que abandonar la vereda de manera intermitente entre los meses de febrero a junio, así como anticipar el riego de sus cultivos en los meses de noviembre y diciembre.

La rutina de los actores locales, como consecuencia de la escasez de agua, se modificó por completo, es decir, en verano no pueden trabajar en la siembra, solo pueden preparar la tierra por medio de la quema. Por su parte, en invierno limpian y lavan el café, siembran maíz y se ocupan de los animales de granja. En sus palabras, se toman el verano como unas vacaciones que cada vez se alargan más porque en La Vereda llueve cada vez menos. El tipo de cultivos también cambió, pues la mayoría remplazó las hortalizas y el tomate únicamente por el café, es decir, privilegiaron aquellos cultivos que no deben regar constantemente.

Los actores locales, en general, reconocen una brusca disminución de la disponibilidad de agua entre 2013 y 2018. Esta época coincide con el más crudo fenómeno de El Niño, que ha atravesado la región Caribe colombiana en los últimos veinte años; con los procesos de retorno de la población, después del recrudecimiento de la violencia; y con el auge de los agronegocios. En ese mismo periodo existe el recuerdo colectivo de un gran incendio que afectó la economía local y, según ellos, terminó de secar las fuentes de agua.

Estos episodios de sequía extrema incidieron en la reflexión colectiva, la preocupación por el acceso al agua a futuro y algunos acuerdos emergentes, como talar menos, no usar el agua para regar los cultivos y evitar que las aguas residuales del café y de las labores domésticas caigan en las fuentes, especialmente en los nacederos.

Sin embargo, no existen muchos mecanismos comunitarios fuertes para vigilar el cumplimiento de los acuerdos, así que estos se adoptan de manera voluntaria so pena de la presión social, de uno que otro corte de agua y como consecuencia de la sensibilización que cada familia tiene alrededor de los grados de escasez de agua que experimentó en el pasado. Algunos argumentos estéticos, sobre la belleza de las fincas con vegetación abundante; morales, sobre la bondad o el egoísmo, la ambición o el conformismo de algunos vecinos; espirituales, a propósito de los designios divinos y mandatos de compartir la naturaleza; y hasta argumentos multinaturales (Martínez-Dueñas y Perafán Ledezma, 2017), que ponen en relación la apicultura y la necesidad de aguas no contaminadas, también se citaron en los testimonios recopilados como formas de arreglo para el uso compartido.

J. Emiro: También como el proyecto de apicultura, también en ese proyecto nos hicieron capacitaciones y también nos exigían la conservación de las aguas y la no contaminación, porque qué sucede, que las abejas que son las que tenemos nosotros como proyecto, ellas van a los caños, a las quebradas a beber agua y esa agua contaminada también las perjudica a ellas, por eso es que en ciertas regiones se han muerto abejas por causa de que han contaminado las aguas. (J. Emiro, 2019)

El trabajo de campo permitió definir los sistemas de captación de agua del sector doméstico (Delgado-García et al., 2017), como se ve en la figura 1.

Si bien este modelo emergente de gestión comunitaria del agua se ha venido conformando progresivamente, su existencia no estuvo aislada de fenómenos que ocurren a otras escalas. En el caso de La Sirena, particularmente, la reaparición de grupos armados y otros desafíos como la agroindustria y la pandemia de la COVID-19 también hacen parte de la historia.

El sistema de potabilización y almacenamiento instalado por la Universidad del Atlántico

Para mejorar el almacenamiento y la potabilización del agua en La Sirena, la Universidad del Atlántico propuso una solución que consistió en dotar de agua potable a una población de al menos 51 familias de la vereda, mediante la implementación de un sistema descentralizado e intradomiciliario. Este se compone de un filtro de vela, de un sistema de desinfección casero, mediante hipoclorito de sodio y vigilancia manual del hipoclorito de sodio y el pH, así como de una capacidad de almacenamiento adicional de 8m. por vivienda para la época de verano (Figura 2).

La vereda estaba dividida en cinco zonas y, en cada una de ellas, los resultados fisicoquímicos del agua eran diferentes, lo que hacía que la dosis de hipoclorito de sodio variara según el lugar, debido a las diferencias en la calidad del agua. Para ilustrar estas variaciones, los científicos del grupo estandarizaron los posibles riesgos utilizando el índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA, Resolución 2115 de 2007) y señalaron que el agua era inviable sanitariamente en todos los sectores. Para mejorar la calidad del agua después de la filtración, se debían agregar entre 1 y 2 gotas de hipoclorito de sodio, lo cual se determinaba mediante una medición de la concentración de este elemento en el agua.

Esta consigna, aunque no tuvo comentarios de oposición en un inicio, después de la instalación de los sistemas de agua, generó incertidumbre y temores:

Nosotros creemos que es mejor lo natural, por eso filtramos el agua y luego la ponemos en la vasija, ahí se pone fría y en el filtro quedan todos los parásitos que antes uno se tragaba. (Un habitante local del sector Guacamayo, 2020)

Esa agua con cloro me enferma, me da dolor de barriga, le dije a la mujer que no le ponga más cloro. (Un habitante local del sector La Aguja, 2020)

La falta de comentarios por parte de la comunidad, previa a la instalación del sistema, se debía —según los informantes— a un temor de quedarse sin la instalación del sistema por rechazar esta parte de cloración. Para ellos, el riesgo mayor era no tener un lugar de almacenamiento de agua en los meses de verano, por lo que podrían aceptar otros riesgos “sobre el papel” para combatirlo.

La comunidad había tenido problemas con otros proyectos de entidades oficiales, por lo cual, en las etapas iniciales de este proyecto, no había una comunicación óptima entre las partes y había cierta desconfianza hacia el grupo de investigación. Y, aunque el proyecto en su primera fase tuvo éxito en sus demás componentes, como la gobernanza del agua, la apropiación social del conocimiento y el cuidado del medio ambiente, fracasó en promulgar la cloración del agua. De la misma forma, fue complejo hacer pasar el mensaje de que el agua de la vereda no era buena, simplemente por ser natural.

En consecuencia, los investigadores se esforzaron por garantizar la comprensión y adopción exitosa del sistema de potabilización intradomiciliario. Se llevaron a cabo talleres participativos que abordaban una variedad de tecnologías disponibles, junto con el uso y mantenimiento de las nuevas instalaciones, así como sus costos asociados. Durante estos talleres, se proporcionó una explicación detallada del funcionamiento del proceso de filtración y desinfección en el hogar. Además, se realizó un seguimiento constante para evaluar la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua en las viviendas.

Sin embargo, la comunidad expresó ciertas inquietudes, particularmente en lo que respecta al uso del hipoclorito de sodio. Los investigadores se esforzaron en abordar estas preocupaciones, incluso mostrando a la población local las placas de Petri que revelaban los resultados de los muestreos de agua. Esta evidencia visual ayudó a respaldar la necesidad de adoptar el sistema de potabilización intradomiciliario y resaltó la importancia de garantizar la seguridad del suministro de agua en la comunidad.

Luego, en la fase de evaluación, al año siguiente de la instalación, se encontró que la razón principal del rechazo al hipoclorito de sodio era una percepción de un mayor riesgo para la salud, al consumir agua tratada con hipoclorito de sodio en comparación con agua sin tratar. Muchos habitantes expresaban preocupaciones sobre posibles problemas intestinales y consideraban que la pureza del agua, tal como la veían antes de la intervención del grupo de investigación, se había visto comprometida por el uso del hipoclorito de sodio. Sin embargo, no se oponían al uso de la filtración y afirmaban que este componente era suficiente, ya que representaba una mejora con respecto al método anterior, que consistía en un tratamiento artesanal con telas de algodón.

De hecho, los tanques demostraron su utilidad, porque en el verano de 2020 la vereda no padeció la tradicional semana seca. No obstante, el monitoreo químico, durante la fase de vigilancia, halló hipoclorito de cloro residual adecuadamente dosificado en apenas 18 % de los sistemas; es decir, la mayoría filtraba y confiaba en la frescura: la pureza ya no la definía un reactivo, sino el tacto del agua en la garganta.

Pese al avance en la gestión del agua, la sombra del conflicto seguía latente: en 2021, un grupo de hombres instaló un retén en la zona de ingreso a La Vereda, les colocaron una manilla a los investigadores visitantes y registraron sus nombres en un cuaderno. Las reuniones posteriores no se hicieron en la montaña, sino abajo en Ciénaga; se habló del reciente ataque, de cómo el tanque también podía ser trinchera simbólica frente a la sed impuesta por las armas. Entre risas, los campesinos contaban cómo tuvieron que correr, quién reaccionó mal, quién quedó paralizado y quién decidió no irse. Los investigadores —perturbados por las risas de un episodio tan terrorífico— entendieron que el agua, antes asunto doméstico, había estallado en una cuestión de dignidad colectiva, lo cual confirmó que la gestión hídrica en el posconflicto es siempre un ejercicio de memoria y de poder.

La aparición de lo público: solicitud comunitaria por el derecho al agua

Los reportes de campo del proyecto universitario denotan que los pobladores de La Vereda ven lo público como algo lejano. La incertidumbre sobre las formas de la intervención del Estado y el sentimiento de abandono incluso en asuntos vitales como el derecho al agua fueron repetitivos:

Nunca yo recuerdo acá que nos hayan puesto normas, ni las entidades, porque de verdad que la corporación CORPAMAG, que es la que riega aquí en el Magdalena, muy poco le prestó atención a eso, ahora es que quieren venir sanciones porque ya están sancionando por medio del Estado, pero yo digo que también es culpa de las corporaciones porque, si ellos hubieran hecho como unas capacitaciones o concientizar y estar con esas normas, ponerle normas a uno y eso, yo creo que no estuviera sucediendo hoy en día. (Señor Joaquín, líder comunitario del proyecto)

Los investigadores, en las mismas condiciones que los campesinos, también encontraron que las responsabilidades estaban distribuidas de una manera desigual, porque la universidad terminaría haciendo el trabajo que le concierne al Estado y con muy pocos recursos:

Nosotros vamos a solucionar un problema que no es de la responsabilidad de las instituciones [educativas] […] por qué esos recursos tan estrechos para algo tan importante. (Investigadora de la Universidad del Atlántico en la reunión de inicio del proyecto, 2018)

Además, la población local conocía otros sistemas comunitarios para el abastecimiento de agua, ellos comparaban los acueductos conectados que distribuyen el agua en cada finca con el sistema intradomiciliario que instaló la universidad. Sus comentarios demuestran que, para ellos, este sistema no era comunitario y en el futuro deberían poder conseguir tanto uno así como un sistema de riego de sus cultivos.

Imputar la responsabilidad del Estado también coincidió con una vaga intención de superar los modelos de gestión del agua privados y comunitarios. De hecho, en algunas reuniones, los actores locales empezaron a sugerir que el manejo del agua comunitaria está perturbado por asuntos morales privados, es decir que existen vecinos de mala fe que interfieren en los arreglos de distribución. Así reiteraban que, para solucionar el problema del agua, no bastan los arreglos comunitarios, según algunos locales había “que entender que el agua es pública”. En otras palabras, aunque algunos locales consideran los arreglos comunitarios como una solución para no caer en escenarios de exclusión para el uso de agua, también sugieren mecanismos que implican la intervención de una autoridad externa para mejorar la distribución.

En resumen, el problema de lo público y la urgencia de la intervención del Estado apareció como reacción a dos componentes principales del proyecto. Por un lado, la calidad del agua. Los actores locales, como hemos explicado, confiaban en el agua de la vereda, le atribuían naturaleza, pureza, dulzura, buen sabor, cristalinidad; sin embargo, los estudios de laboratorio arrojaron resultados como los siguientes:

El valor del IRCA (índice de riesgo en la calidad del agua) calculado en la mayoría de las fuentes de agua durante la época de invierno fue de riesgo medio hasta inviable sanitariamente, lo que pone de manifiesto que estas fuentes no son aptas para el consumo sin un tratamiento previo. Anexo 13. (Vargas et al., 2019)

En consecuencia, algunos habitantes de la vereda empezaron a preocuparse por la calidad del agua que consumen y sus potenciales consecuencias en la salud:

¿Cómo es la calidad del agua de La Sirena?

Grupo 6, ejercicio de prospectiva, 2019: Si nos damos cuenta, nosotros hemos sufrido con el agua; si no se dan cuenta, nosotros los campesinos tenemos la cara cadavérica por la cantidad de parásitos que tomamos. Por eso es que las entidades de salud cuando vienen aquí arriba lo primero que traen delante son los purgantes porque nos ven la cara llena de parásitos.

Señora Rosalía: Yo tenía psicosis, que me daba dolor de barriga. (2019)

Por otro lado, conocer la calidad de su agua y tener informes de laboratorio con los que acercarse a las autoridades y exigir su intervención son asuntos que empezaron a transformar las relaciones entre La Vereda y las instituciones públicas alrededor de los recursos naturales. El surgimiento de ciudadanías ambientales activas, al parecer, se gestó por medio de derechos de petición y reclamo de subsidios:

Antes de venir los de la Universidad, pensábamos que estábamos tomando un agua excelente. Al ellos sacar a la luz lo que estábamos consumiendo, nos dimos cuenta de que nos estábamos haciendo un daño grande, que no sabíamos qué estaba recibiendo el cuerpo de cada uno, entonces, lo sacaría en alto la Universidad, las enseñanzas y ese descubrimiento tan hermoso. (Señor Urbino, 2019)

La conciencia de que el Estado tiene unas responsabilidades que ellos empezaban a exigir fue más fuerte, al mismo tiempo que la convicción de que, en el largo plazo, ya deberían pagar por un sistema de acueducto público, lo que implicaría otros esfuerzos privados como no despilfarrar el recurso porque este costaría peso a peso.

El futuro así se empezó a dibujar con unos contornos más modernizantes, pero la certeza de que todo no depende de ellos como personas ni de la comunidad ni del Estado también se podía escuchar en sus intervenciones sobre la naturaleza, el cambio climático o los designios de Dios, en últimas, agentes externos siempre podían intervenir en sus asuntos sin anticipación ni control:

J. Emiro: Nosotros como personas no podemos decir eso va ser así, pero nosotros no conocemos los tiempos, ya, le damos gracias a Dios porque ahora tenemos buen tiempo, pero nosotros no sabemos cómo será el tiempo, si será más seco, ¿sí me entiende?, o será más lluvioso, ya, porque [por] ustedes nos damos cuenta en el resto del país hay lugares, ríos enteros se han secado, ya, ¿sí me entiende? Yo recuerdo que aun el río Cauca llegó un momento en que se secó, hasta el río Magdalena bajó de cauce, ya, entonces, como cree que por los fenómenos naturales que se están viendo nosotros no sabemos, qué fenómeno puede venir más adelante. (J. Emiro, 2019)

La tensión entre lo privado y lo comunitario

Lo comunitario en La Vereda se vivía de tres formas diferentes. Por un lado, la narrativa de un ingreso común y en secreto a una zona que pertenecía a un terrateniente estableció lazos de solidaridad y confianza muy fuertes entre las familias pioneras. Por otro lado, estos lazos se expresaban en sistemas de trabajo comunitario al estilo de mingas, en las que hasta ocho familias se reunían a preparar los terrenos para la siembra, reparar las vías de acceso, cuidar los nacederos de agua y controlar los incendios cuando se salían de control. Por último, en La Vereda existía una junta de acción comunal (JAC) que, durante los años de la violencia interna en los años noventa del siglo XX, tal como los otros sistemas comunitarios, también se desintegró.

Entre el 2006 y el 2008, durante el proceso de retorno de las víctimas, se retomaron las reuniones de la junta y se fue implementando un nuevo sistema de arreglos y acuerdos que vincula el liderazgo de al menos quince pobladores que, con una mejor comunicación y más trabajo en equipo, superaron el protagonismo que tiempo atrás un solo líder había concentrado.

También ingresó a La Vereda un pastor evangélico que fue aceptado por la comunidad, se casó con una habitante local y ahora sostiene una iglesia a la que asiste gran parte de la población. Además, la influencia de la Federación Nacional de Cafeteros es muy fuerte cuando congrega a su alrededor la atención de los actores locales que requieren su ayuda técnica, particularmente en el manejo del agua, pues ellos han apreciado que se le haya enseñado cómo adaptar los beneficiadores de café en función de gastar menos agua y contaminar menos las fuentes.

En cuanto a la nueva JAC, esta se organiza en diferentes comités, por ejemplo, el Comité de Medio Ambiente se encarga de las actividades de reforestación, así como en insistir sobre los acuerdos de no talar, no utilizar el agua para regar en tiempos de verano y no contaminar las fuentes de agua. Los miembros de la vereda resumen el acuerdo alrededor del agua de la siguiente manera:

Entrevistador: ¿Acá en la vereda hay alguna norma o regla sobre el manejo del agua?

Señor Juvenal: Sí, acuerdo que se ha hecho en la Junta, ya sea por cuidar el agua para no contaminarla y también que el agua que se debe compartir con los demás vecinos, el agua no la puede coger uno en tiempo escaso para uno solo ni tampoco para hacer riego. (Señor Juvenal, 2019)

Además, existen otras instituciones comunitarias. Se trata, por una parte, de un grupo de actores locales que trabaja con el cuerpo de bomberos y ejerce una acción capital para prevenir incendios, informar a las autoridades en caso de observar riesgos, sensibilizar a la comunidad y organizar la acción colectiva a la hora de apagar el fuego. Por otra parte, en la comunidad La Sirena existen tres asociaciones creadas según los distintos cultivos (café, frutas y apicultura). Estas tienen una acogida y participación amplia por parte de la comunidad, y la asociación de café es la que mejor ha funcionado, según los habitantes. A partir de la conformación de estas asociaciones, ellos se ven como una comunidad unida y de mucho liderazgo por parte de todos.

A estas prácticas comunitarias se sumó el proyecto universitario y una de sus contribuciones giró en torno a promover la apropiación del concepto de bien común y su extensión hacia el dominio del agua. Durante la etnografía, se pudo consignar cómo algunos miembros de la comunidad empezaron a manifestar la idea de que el agua es un bien común y no se puede cortar el suministro entre los vecinos:

Ahora hay una polémica de que la señora dijo que no iba a dejar pasar el agua a la otra señora, le dije, vea no, no se puede porque es un bien común, es como el aire o el camino, no se puede porque es un bien establecido y ahora no va a hacer nada y va a dejar pasar el agua. (Señora Rosalía, 2019)

En plena reconstrucción del tejido social posconflicto, el mensaje del agua como bien común funcionó como un apoyo, sobre todo para los habitantes de la vereda que no tienen fuentes en sus predios y cuyas mangueras disponibles para el trasporte del agua sufren el paso del tiempo. Sin embargo, el sistema también sufre tensiones en su propósito comunitario, las más fuertes se relacionan con dos ámbitos, entre ellos, el sostenimiento económico del sistema. El proyecto otorgó tanques, tuberías, filtros, material de potabilización y medición de pH y cloro residual, así como acompañó la formación de un comité del agua, que se concentraría en cobrar un monto de dinero razonable por parcela beneficiada para hacer un fondo y poder renovar los filtros (que deben cambiarse cada año), así como atender la necesidad de transporte y material de reparación que los locales capacitados utilizarían para tal fin.

No obstante, acaeció la pandemia de la COVID-19 y los encargados de recoger los aportes por familia afirmaron sentir vergüenza de pedir dinero en medio de una crisis tan fuerte que les obligó a confinarse en La Vereda, disminuyó sus ventas y, por ende, afectó sus economías domésticas. En una palabra, el fondo para las reparaciones y renovación de los filtros nunca funcionó, los encargados sintieron, primero, vergüenza de cobrar y, luego, sintieron miedo, por lo cual prefirieron no molestar y evitar problemas. Miedo, valga recordar que este periodo coincidió con los inicios de un recrudecimiento de la violencia en toda La Sierra que concluiría, para el caso de La Sirena, con un nuevo episodio de desplazamiento en el 2022.

La segunda fuente de tensión entre lo comunitario y lo privado, a propósito de los sistemas instalados por la universidad, corresponde al mantenimiento que cada familia debe prestarles a los dispositivos. Durante las reuniones, se indicaron los cuidados necesarios para que cada familia le hiciera mantenimiento al sistema; sin embargo, los locales tienen capacidades diferentes para cumplir con estas recomendaciones técnicas. Estas diferencias se profundizan en términos etarios, ya que La Vereda está envejecida, los jóvenes se han ido a los centros poblados cercanos y al menos el 40 % de las parcelas están habitadas por adultos mayores que deben pagar por el mantenimiento del sistema de agua o resignarse a no hacerlo a tiempo. De hecho, la última visita de la universidad durante la fase de vigilancia alarmó por el registro de filtros en mal estado que se hallaron en los sistemas de almacenamiento de los más ancianos de la vereda.

Por último, la tensión que experimenta el uso comunitario del agua se relaciona con las talas y las quemas, puesto que los actores locales insisten en que el acuerdo de no quemar y no talar se incumple, sobre todo por parte de los recién llegados.

Ante todas estas fricciones, también fue posible documentar situaciones de negociación en las que primó lo comunitario para resolver las necesidades de todos, incluso cuando esto implicaba sacrificar los beneficios privados:

Mi vecino quedó sin agua, entonces, qué pasó, yo le dije: vamos a poner una T aquí, una T que salga para mi casa y que el agua corra para allá, a lo que yo llene mi alberquita, yo cierro, y esa agua te llega a ti allá, y yo dejé mi riego, dejé que se perdiera eso, con tal de darle el agua. (J. Emiro, 2019)

Discusión

Esta travesía demuestra que la sostenibilidad de un sistema intradomiciliario no depende solo del manual técnico, requiere anudar la confianza, la memoria y la legalidad. Cuando la ciencia reconoce la poesía que el agua guarda en cada vasija y el Estado escucha la ironía campesina, el líquido deja de ser problema técnico y florece como bien común capaz de reconciliar la montaña, el laboratorio y el cálculo.

Toda intervención hídrica cristaliza peligros materiales —presencia de coliformes, variaciones de caudal, residuos de agroquímicos— y, simultáneamente, configura significados culturales, jerarquías de saber y regímenes de responsabilidad. Desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Jasanoff (2004) denomina coproducción al proceso mediante el cual los ordenamientos sociales y naturales se constituyen mutuamente, de modo que el riesgo nunca es un dato externo, sino el resultado parcial de prácticas de laboratorio, memorias históricas y sensibilidades locales. El giro coproduccionista desplaza la inquietud por la magnitud objetiva de una amenaza hacia la pregunta por quién la define, con qué insumos cognitivos y para qué fines, interrogante que en América Latina se entrelaza con la historia de políticas hidráulicas jerárquicas y con los repertorios de manejo consuetudinario del agua (Ostrom, 2009; Vaidyanathan, 2002).

En La Sirena, el equipo universitario aplicó el índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) para objetivar la contaminación y justificar la dosificación de hipoclorito de sodio. La comunidad, en cambio, activó saberes vernáculos: dolores gástricos asociados al hipoclorito de sodio, el sabor fresco del agua oreada en tinajas de barro y el recuerdo de promesas estatales incumplidas. Esa fricción recuerda la “acción colectiva situada” descrita en los Altos de Chiapas por López Jaimes y García Espinoza (2020), en la cual los pobladores jerarquizan el riesgo según experiencias territoriales antes que parámetros microbiológicos. Los desacuerdos, por tanto, no solo confrontan escalas métricas, sino ontologías divergentes del líquido: para los técnicos, es un fluido universal susceptible de potabilización; para muchos campesinos, es una sustancia viva, cuyo buen sabor es testimonio de su potabilidad (Cárdenas, 2009).

Michel Callon retoma el pragmatismo de Dewey para mostrar que, cuando una controversia técnica desborda a los expertos, los afectados se constituyen como público problemático y reformulan tanto la definición del dilema como el elenco de actores legítimos (Callon et al., 2001). Ese tránsito —la apparition du public— avanza mediante la problematización, la apertura de espacios deliberativos y la creación de forums hybrides, en los que se difuminan los límites entre legos y especialistas en el espejo de agua cosmopolítica (Gramaglia y Mélard, 2019).

Esta irrupción de lo público no suplanta lo comunitario, lo reconfigura bajo nuevos principios de visibilidad y reparto de costos. Estudios mexicanos demuestran que los comités rurales convierten la descentralización neoliberal —que traslada responsabilidades sin recursos— en esquemas público-comunitarios que combinan reciprocidad interna y exigibilidad jurídica externa (Pliego Alvarado y Guadarrama Sánchez, 2019; Nicolas-Artero, 2016). De manera parecida, Hoogesteger (2014) documenta que los “nuevos sujetos del agua” andinos democratizan la toma de decisiones técnicas, mientras Whiteford (1994) observa que la resistencia campesina enriquece la experticia hidráulica al incorporar criterios de equidad. En La Sirena, la movilización comunitaria obligó a renegociar la lógica de kits intradomiciliarios —basada en el ideal del consumidor responsable— e introdujo demandas de subsidios y monitoreo estatal.

Murillo Licea (2012) advierte que catalogar cualquier delegación sanitaria como comunitaria puede encubrir la transferencia de obligaciones sin poder efectivo, fenómeno agudizado en el que la pobreza limita la capacidad de pago. El caso de La Sirena corrobora esa crítica: la estrategia de clorar en casa individualizó el gasto y debilitó la cooperación, lo cual replicó la fragmentación diagnosticada por Matías Arcos (2020). Además, el recuerdo de fumigaciones con glifosato y la presencia de empresas bananeras agregaron un matiz territorial al escepticismo químico y mostraron que la percepción de riesgo se entreteje con memorias de despojo y contaminación (Guzmán Ramírez, 2015).

Conclusiones

En últimas, las evidencias de trabajo de campo permitieron reconocer que el riesgo no se reducía a la carga bacteriana del agua, sino que también estaba atravesado por condiciones de seguridad, temores comunitarios y dificultades para realizar actividades en la vereda. Este entrelazamiento de variables físicas y políticas ejemplifica la gobernanza policéntrica de facto descrita por Ostrom (2009), en la que las normas consuetudinarias de seguridad se yuxtaponen a estándares sanitarios.

Al instalarse el sistema, en medio del taller de reúso del agua surgió una discusión sobre dos predios que, pese a tener los tanques instalados, llevaban varias semanas sin agua. Según los líderes comunitarios, la situación se debía a un conflicto entre vecinos que ocasionó el retiro de la manguera de la cual ambos tomaban el recurso. En la reunión se planteó como posible salida que uno de los sistemas fuera entregado al vecino involucrado en la disputa, para que desde allí pudiera suministrarse agua a los demás habitantes del sector; sin embargo, esta propuesta recibió críticas y la discusión fue aplazada por considerarse un asunto interno de la comunidad. He aquí, de nuevo, la aparición de lo público: un conflicto doméstico por el acceso al agua obliga a discutir colectivamente las reglas de distribución, uso y sostenibilidad del sistema.

El conflicto también moduló la priorización de riesgos. Las evidencias de trabajo de campo muestran que miembros de la comunidad manifestaban temor por la seguridad de la zona, señalaban que realizar eventos en la vereda podía ser poco seguro y que varias reuniones con organismos se hacían en el sector de El Reposo. Estas condiciones llevaron incluso a cancelar actividades y a solicitar una reunión con todo el grupo del proyecto. Esta jerarquía explica la aceptación ambigua del hipoclorito de sodio: la urgencia de permanecer en el territorio eclipsa preocupaciones microbianas, pero, cuando la solución interfiere con la memoria corporal del agua, surge la resistencia.

Durante el periodo de la pandemia de la COVID-19, en el marco de un proyecto de jóvenes talentos orientado a apoyar el proyecto base en La Secreta, el equipo de investigación no pudo acceder de manera regular a la vereda, debido al recrudecimiento de las condiciones de seguridad. Algunas reuniones debieron realizarse en el casco urbano de Ciénaga o en espacios considerados menos riesgosos por los habitantes. En ese escenario, la preocupación dejó de concentrarse únicamente en el hipoclorito de sodio y en el riesgo sanitario asociado al consumo de agua sin tratamiento, para quedar subordinada a una inquietud más amplia por la seguridad, la movilidad y la permanencia en el territorio. Desde esa perspectiva, la cloración podía ser leída por algunos actores locales y extralocales como un requerimiento técnico propio de la intervención científica, antes que como una prioridad inmediata frente a las amenazas que imponía el contexto de violencia. Es así como el riesgo sanitario quedó subordinado, de nuevo, al riesgo de violencia.

Este ir y venir evidencia que la gobernanza del agua en contextos de posguerra es un proceso de ensamblaje quirúrgico entre normatividades estatales, arreglos comunitarios y poderes fácticos (Pliego y Guadarrama, 2019). La aparición de lo público no es lineal: avanza y retrocede según la intensidad de la confrontación armada y la capacidad estatal de sostener presencia. El agua deviene barómetro de la paz territorial.

Origen de esta investigación

Proyecto 3097: Mejoramiento del servicio de acueducto en La Secreta: un estudio prospectivo aplicando TICS (2018) y Mejoramiento del servicio de acueducto de la vereda “La Secreta”: un enfoque prospectivo aplicando TICS. Fase contractual de vigilancia y seguimiento (2021).

Agradecimientos

Reconocemos y agradecemos el aporte y la revisión de la directora del Proyectos 3097 Mejoramiento del servicio de acueducto en La Secreta: un estudio prospectivo aplicando TICS (2018), la doctora Ximena Vargas.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación

Notas de autor

^a Autor(a) de correspondencia. Correo electrónico: kellyescobar@mail.uniatlantico.edu.co.

Información adicional

Cómo citar: Escobar Jiménez, K., Jiménez Sumalave, R. M. y Gutiérrez Campo, R. (2026). El agua como bien común: entre la gestión comunitaria, lo privado y el ensamblaje de lo público. Universitas Humanística, 95. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh95.abcg

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