“A un campesino no se le puede despojar de la tierra […], porque es un símbolo de vida, es como quitarle el agua a un pez. ¿Un campesino sin tierra qué vale?”, afirma Absalón Arias (Rodríguez, 2020), líder del movimiento campesino colombiano que, desde 2017, pide una política de crédito que priorice su protección sobre las estrategias bancarias de recuperación de cartera que los lleva al despojo de la tierra (Arias, 2022).

La relación entre la financiarización del campesinado, el despojo de tierras y el levantamiento popular para la condonación de deudas comenzó en Eurasia hace más de cinco mil años y han marcado históricamente las dinámicas de distribución de la riqueza y las relaciones sociales (Toussaint, 2025). A pesar de esta larga historia, la deuda es una causa subestimada de conflictos económicos (Gerber, 2021). En Colombia, no se ha hecho un estudio detallado sobre los entrecruzamientos entre el crédito bancario rural campesino (en adelante, crédito), el cambio de modelo económico agrícola y el conflicto armado de finales del siglo XX. Los estudios sobre el crédito se han enfocado en su relación con la pobreza de los campesinos, como instrumento de financiación (Manrique et al., 2018) o en sus dinámicas de colocación a las clases sociales rurales (Cala, 2019).

En el país, el despojo ha sido el principal elemento de conformación de la estructura de propiedad rural y sus mecanismos canalizan las pugnas por el control y regulación de las relaciones sociales en el territorio (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR] e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales [IEPRI], 2009), por lo que el crédito puede actuar para fines que trascienden los del mercado financiero y ante lo cual es una cuestión vigente dilucidar su grado de intervención y estrategias (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2012; Sánchez, 2022).

El despojo a través del endeudamiento está relacionado con la transformación de las relaciones de producción y de reproducción social de los campesinos, para convertir sus espacios e identidad cultural en objeto de explotación y facilitar la transferencia de valor hacia las economías de bienes y especulativas, a partir de los principios morales que impone la deuda, mientras exacerba las inequidades en la ruralidad (Cavallero y Gago, 2020; Green, 2022).

El estudio de este fenómeno en el sur global es objetivo interdisciplinario entre la ecología política y la geografía del desarrollo (Green, 2002), dado que la tendencia a estudiar la financiarización desde la globalización financiera ha limitado el entendimiento de la evolución del crédito junto con las formas coloniales y de gobernanza del capitalismo en los territorios (Bernards, 2021; Escobar, 2013).

La presente investigación se ocupa en examinar cuál ha sido el papel del crédito rural en el despojo de tierras campesinas en Colombia. Para ello, se identifican actores, relaciones de poder, estrategias y patrones del fenómeno para el periodo 1990-2023, mediante el análisis documental de experiencias de campesinos que registran tanto el mecanismo de despojo, como las diversas formas de organización social que lo enfrentan.

Se concluye que, por un lado, el crédito ha sido mecanismo de despojo en procesos económicos y del conflicto armado mediante el embargo y venta forzada de tierras, lo que favorece a agroindustriales y otras élites rurales, y, por el otro lado, que la heterogeneidad de agentes que adquieren poder sobre el crédito amplía las formas de pérdida de control de la tierra, la explotación financiera y la erosión de derechos de los campesinos.

El artículo se desarrolla en cinco secciones. La primera corresponde a la introducción; la segunda presenta los elementos conceptuales que permiten comprender de despojo a través del crédito; la tercera explica la metodología de análisis documental; y la cuarta y quinta presentan los resultados y conclusiones que permiten identificar una alianza de actores alrededor del crédito que ha sido instrumental al despojo.

El despojo es un proceso coercitivo que, mediante el uso de mecanismos violentos, legales o ilegales, rompe la relación de propiedad o de acceso de un sujeto con un bien con el que existen vínculos económicos, sociales o afectivos. Así, la relación estrecha entre tierra, territorio y territorialidad se afecta negativamente por el despojo, lo cual causa a los campesinos daños psicosomáticos y socioculturales. En consecuencia, el despojo se comprende en dos categorías: el despojo de la propiedad del bien y la erosión de derechos humanos relacionados con este (Bernards, 2021; CNRR e IEPRI, 2009; Yie, 2016).

La financiarización, como un proceso en el que actores financieros y sus prácticas transforman las relaciones de producción social, es una de las principales características de la más reciente era de despojo de tierra que marcó un punto de inflexión en la crisis financiera global de 2008 (Borras et al., 2011) y en la que se han complejizado los mecanismos mediante los cuales la tierra agrícola se convierte en activo financiero (Ouma, 2020).

En general, el mercado financiero está controlado por los Estados y por los bancos. Mientras los Estados apoyan al andamiaje capitalista de producción global, los bancos irrumpen en las economías locales para orientar el desarrollo económico y liderar reformas sociales, dada su facilidad para relacionarse con los hogares a través de la inclusión financiera (Kitay, 2022; Lapavitsas y Soydan, 2022). Sin embargo, la ecología financiera señala que en el mercado financiero rural emergen otros actores que se relacionan por su nivel de poder alrededor del crédito, cuando realizan acuerdos distintivos enmarcados por el conocimiento, prácticas y subjetividades financieras de cada territorio, y cuyas dinámicas afectan simultáneamente las economías campesinas, de bienes y especulativas, lo que logra trascender en el tiempo y espacio (Green, 2022).

La financiarización ha sido reconocida como un fenómeno de disciplinamiento de las estructuras agrarias y la perpetuación de las vulnerabilidades del campesinado de los países periféricos (Suescún et al., 2024). El disciplinamiento que genera el pago crediticio impone a los campesinos el principio de solvencia sobre el de subsistencia, transformando sus formas de vida durante el tiempo de la deuda (Gerber, 2021).

Su efecto en las dinámicas laborales los lleva a aumentar tiempos de trabajo, el nivel de producción y a optimizar el uso de los recursos del hogar para alcanzar tasas de ganancia, lo cual convierte al crédito en un mecanismo de proletarización oculta gerenciada por los bancos (Bernards, 2021; Gerber, 2021). Igualmente, la búsqueda de recursos para el pago impulsa el encadenamiento de los cultivos campesinos a la agroindustria. Las consecuencias de estos cambios en las formas de producción incluyen la aceleración de la degradación de suelos y la pérdida de la agrodiversidad, lo que aumenta la vulnerabilidad socioecológica de los campesinos (Green, 2022).

A medida que se agudizan las crisis socioecológicas, se reduce la capacidad de los Estados para aliviar los impactos en la población campesina con políticas integrales de protección de la vida rural. Este abandono biopolítico (Prasse-Freeman, 2022) ha llevado a los campesinos a recurrir al crédito para mantener su independencia o solventar su costo de vida en un mundo económicamente globalizado (Soo, 2000). En paralelo, el cambio climático es causa de endeudamiento cuando los cultivos se afectan por malas condiciones climáticas y, a su vez, es uno de los principales motivos de incumplimiento de pago por la dificultad para generar ingresos (Gerber, 2021). Así, el crédito ha trasladado a los campesinos el pago del costo de la crisis del capitalismo (Cavallero y Gago, 2020).

La transferencia de valor desde economías no asalariadas, como las campesinas, hacia los bancos se conoce como explotación financiera (Lapavitsas y Soydan, 2022) y perdura porque los bancos prolongan el tiempo de la deuda para incrementar el cobro de intereses, mientras los campesinos resisten al despojo renegociando incesantemente (Green y Bylander, 2021). Esto incrementa la presión psicológica para el cumplimiento del pago y reduce la capacidad de agencia de los campesinos cuando experimentan sentimientos que dificultan la gestión comunitaria de la crisis (p. ej., vergüenza o depresión) o eligen sobreendeudarse, lo cual permite la entrada de agentes extraeconómicos al mercado financiero rural (Cavallero y Gago, 2020; Green y Bylander, 2021; Ramprasad, 2019).

La explotación financiera se agota con el despojo. Al respecto, el crédito privilegia el despojo oculto al incentivar la venta de tierras y, en última instancia, ejerce despojo directo mediante embargo, lo que dificulta su medición y control. Adicionalmente, su carácter legal permite que la reasignación de la propiedad se dé bajo una percepción de legitimidad que difumina la noción de justicia para quienes no son despojados bajo este mecanismo y así dificulta su evaluación (Green y Bylander, 2021).

En Colombia, el crédito es el principal instrumento gubernamental de fomento campesino. Las estadísticas (Banco Agrario de Colombia, 2023; Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario [Finagro], 2023; MinAgricultura, 2024) muestran que la colocación de créditos a pequeños productores es creciente para el periodo 2004-2023 por parte del Banco Agrario, principal entidad crediticia, y del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), entidad financiera de segundo piso (Figura 1). En comparación con medianos y grandes productores, el Banco Agrario ha otorgado el 47,3 % de sus préstamos a pequeños productores y Finagro, el 16,2 %, aproximadamente.

Figura 1.

Nota. La cifra del Banco Agrario agrega las líneas de crédito a pequeño productor ($3,6 billones), mujer rural ($1,2 billones) y joven rural ($0,384 billones).

Para examinar el papel del crédito rural en el despojo de tierras campesinas en Colombia, se empleó el análisis documental (Martínez et al., 2023), metodología que han aplicado Hurtado et al.(2024) y Bernards (2021) para reconstruir patrones de despojo de tierras y explotación financiera de campesinos.

Se analizaron documentos que tienen como tema central la experiencia de campesinos con el crédito y el despojo. Estos fueron elegidos a partir de la presencia de testimonios de campesinos (entrevistas o grupos focales) para disminuir el riesgo de reinterpretación y de información sobre el contexto socioeconómico. Adicionalmente, el criterio de confiabilidad fue el rigor académico, profesional o gremial de las fuentes. Se seleccionaron cincuenta documentos publicados entre 2012 y 2024, que incluyen investigaciones académicas, tesis de maestría, libros o informes de organizaciones enfocadas en el conflicto por la tierra y entrevistas o reportajes en medios de circulación nacional, de asociaciones campesinas y de referentes del tema rural (Tabla 1).

Tabla 1. Tabla 1. Documentos seleccionados Fuente: elaboración propia.

Las categorías analíticas fueron despojo (fines del despojo, ecología financiera, tipo de despojo, erosión de derechos), transformación productiva (cambio en las formas de producción, cambio en las formas de trabajo), transformación de la reproducción social (abandono biopolítico, proletarización oculta, pérdida de agencia) y resistencia social de los campesinos. El análisis se orientó a identificar los escenarios sociales y políticos donde ocurrieron el despojo, los patrones y los hitos que marcaron sus dinámicas.

En Colombia, para el periodo 1990-2023, el crédito rural ha fungido como mecanismo de despojo en procesos económicos y del conflicto armado que facilitaron el establecimiento de la agroindustria, la minería, la ganadería extensiva y el narcotráfico.

Cuando el crédito actúa en procesos económicos sigue patrones de despojo que parten de la desestabilización de las economías campesinas para acelerar la crisis de endeudamiento y culminan en el embargo de tierras o acentúan la explotación financiera a través del encadenamiento industrial, la cesión del control de la tierra o el sobreendeudamiento. En comparación, cuando el crédito actúa en procesos del conflicto armado, sigue patrones de despojo que parten del desplazamiento forzado de campesinos para acelerar la crisis de endeudamiento y culminan en la venta forzada de tierras o la legitimación de apropiación de los despojadores.

Aunque la ecología financiera rural está compuesta principalmente por el Estado y los bancos, esta se vuelve heterogénea ante las particularidades del despojo: en aquellas zonas donde hay mayor influencia de las políticas públicas, los terratenientes y agroindustriales emergen como prestamistas que aprovechan la dificultad de los campesinos para acceder al crédito. En tanto, donde hay más resistencia a las acciones del Estado las operaciones de crédito son controladas por los campesinos a través del cooperativismo.

En escenarios de conflicto armado, terratenientes, agroindustriales y agentes ilegales emergen como actores dispuestos a asumir la deuda de los campesinos para acelerar ventas forzadas de tierras. Por tanto, el poder de (contra)reforma social rural de los bancos se descentraliza cuando la gestión del crédito se transfiere a agentes con poder sobre la cartera bancaria.

En cuanto a las formas de despojo, el embargo es la principal e identificamos modelos de despojo oculto adicionales a la venta forzada, basadas en la pérdida del control de la tierra: el sobreendeudamiento que orilló a los campesinos a arrendar sus predios y destinar los cánones para el pago del crédito, cuando el crédito fue garante de la sesión de control de la tierra mediante el Modelo de Alianzas Productivas y cuando el crédito se convirtió en barrera para el retorno estable de campesinos desplazados.

Los impactos del crédito en la transformación productiva de los campesinos son diversos: cuando el crédito incentiva la adquisición de semillas específicas, la transición a monocultivos se da de forma parcial o total desde el inicio de la explotación financiera; cuando el crédito se relaciona con condiciones de difícil control, como el cambio climático, hay abandono forzado de las actividades tradicionales de las economías campesinas, y cuando el crédito se relaciona con el conflicto armado, hay reemplazo de las economías campesinas después de la venta forzada de las tierras.

Asimismo, las políticas públicas han hecho del crédito el medio de acceso a derechos como la propiedad de la tierra, la sostenibilidad de las economías campesinas en ambientes competitivos, a una vida no estigmatizada o a un ambiente sano. El costo de acceso se eleva por la ausencia de políticas públicas integrales que generan sobreendeudamiento y se agravan cuando se vulneran los derechos financieros de los campesinos.

Esto ocasiona que el principio de subsistencia sea reemplazado por el principio de solvencia desde el inicio de la explotación financiera y no durante el pago de la deuda, observable en el caso de la política de seguridad democrática y el encadenamiento industrial de los campesinos al cultivo de palma de aceite.

En esa vía, los cambios en las dinámicas del trabajo campesino pasan por la plusvalía relativa o la optimización de recursos del hogar para disponer de dinero para pagar la deuda. También, la proletarización oculta ha influido en la reducción del cultivo de subsistencia y promovido formas contemporáneas de peonaje por deuda o el cambio a jornalero.

Si bien los campesinos han resistido a través de la asociatividad y la movilización, la heterogeneidad de los agentes en la ecología financiera y sus mecanismos de coerción dificultan la gestión de la crisis de endeudamiento. Máxime, si considera que los procesos económicos y del conflicto armado que enmarcan el despojo se entrelazan en los territorios. La estigmatización también es elemento clave en la pérdida de agencia: el señalamiento de subversión ha servido para deslegitimar los movimientos sociales y el señalamiento de analfabetismo ha servido para debilitar el acceso a los derechos financieros o generar sobreendeudamiento. A este agravio se suma la presión psicológica para el pago de créditos que provoca problemas de salud, la desestructuración de las familias por la migración de personas en busca de dinero y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y de los adultos mayores que permanecen al frente de las economías campesinas.