Introducción

“A un campesino no se le puede despojar de la tierra […], porque es un símbolo de vida, es como quitarle el agua a un pez. ¿Un campesino sin tierra qué vale?”, afirma Absalón Arias (Rodríguez, 2020), líder del movimiento campesino colombiano que, desde 2017, pide una política de crédito que priorice su protección sobre las estrategias bancarias de recuperación de cartera que los lleva al despojo de la tierra (Arias, 2022).

La relación entre la financiarización del campesinado, el despojo de tierras y el levantamiento popular para la condonación de deudas comenzó en Eurasia hace más de cinco mil años y han marcado históricamente las dinámicas de distribución de la riqueza y las relaciones sociales (Toussaint, 2025). A pesar de esta larga historia, la deuda es una causa subestimada de conflictos económicos (Gerber, 2021). En Colombia, no se ha hecho un estudio detallado sobre los entrecruzamientos entre el crédito bancario rural campesino (en adelante, crédito), el cambio de modelo económico agrícola y el conflicto armado de finales del siglo XX. Los estudios sobre el crédito se han enfocado en su relación con la pobreza de los campesinos, como instrumento de financiación (Manrique et al., 2018) o en sus dinámicas de colocación a las clases sociales rurales (Cala, 2019).

En el país, el despojo ha sido el principal elemento de conformación de la estructura de propiedad rural y sus mecanismos canalizan las pugnas por el control y regulación de las relaciones sociales en el territorio (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR] e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales [IEPRI], 2009), por lo que el crédito puede actuar para fines que trascienden los del mercado financiero y ante lo cual es una cuestión vigente dilucidar su grado de intervención y estrategias (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2012; Sánchez, 2022).

El despojo a través del endeudamiento está relacionado con la transformación de las relaciones de producción y de reproducción social de los campesinos, para convertir sus espacios e identidad cultural en objeto de explotación y facilitar la transferencia de valor hacia las economías de bienes y especulativas, a partir de los principios morales que impone la deuda, mientras exacerba las inequidades en la ruralidad (Cavallero y Gago, 2020; Green, 2022).

El estudio de este fenómeno en el sur global es objetivo interdisciplinario entre la ecología política y la geografía del desarrollo (Green, 2002), dado que la tendencia a estudiar la financiarización desde la globalización financiera ha limitado el entendimiento de la evolución del crédito junto con las formas coloniales y de gobernanza del capitalismo en los territorios (Bernards, 2021; Escobar, 2013).

La presente investigación se ocupa en examinar cuál ha sido el papel del crédito rural en el despojo de tierras campesinas en Colombia. Para ello, se identifican actores, relaciones de poder, estrategias y patrones del fenómeno para el periodo 1990-2023, mediante el análisis documental de experiencias de campesinos que registran tanto el mecanismo de despojo, como las diversas formas de organización social que lo enfrentan.

Se concluye que, por un lado, el crédito ha sido mecanismo de despojo en procesos económicos y del conflicto armado mediante el embargo y venta forzada de tierras, lo que favorece a agroindustriales y otras élites rurales, y, por el otro lado, que la heterogeneidad de agentes que adquieren poder sobre el crédito amplía las formas de pérdida de control de la tierra, la explotación financiera y la erosión de derechos de los campesinos.

El artículo se desarrolla en cinco secciones. La primera corresponde a la introducción; la segunda presenta los elementos conceptuales que permiten comprender de despojo a través del crédito; la tercera explica la metodología de análisis documental; y la cuarta y quinta presentan los resultados y conclusiones que permiten identificar una alianza de actores alrededor del crédito que ha sido instrumental al despojo.

Despojo, crédito y transformación de la vida campesina

El despojo es un proceso coercitivo que, mediante el uso de mecanismos violentos, legales o ilegales, rompe la relación de propiedad o de acceso de un sujeto con un bien con el que existen vínculos económicos, sociales o afectivos. Así, la relación estrecha entre tierra, territorio y territorialidad se afecta negativamente por el despojo, lo cual causa a los campesinos daños psicosomáticos y socioculturales. En consecuencia, el despojo se comprende en dos categorías: el despojo de la propiedad del bien y la erosión de derechos humanos relacionados con este (Bernards, 2021; CNRR e IEPRI, 2009; Yie, 2016).

La financiarización, como un proceso en el que actores financieros y sus prácticas transforman las relaciones de producción social, es una de las principales características de la más reciente era de despojo de tierra que marcó un punto de inflexión en la crisis financiera global de 2008 (Borras et al., 2011) y en la que se han complejizado los mecanismos mediante los cuales la tierra agrícola se convierte en activo financiero (Ouma, 2020).

En general, el mercado financiero está controlado por los Estados y por los bancos. Mientras los Estados apoyan al andamiaje capitalista de producción global, los bancos irrumpen en las economías locales para orientar el desarrollo económico y liderar reformas sociales, dada su facilidad para relacionarse con los hogares a través de la inclusión financiera (Kitay, 2022; Lapavitsas y Soydan, 2022). Sin embargo, la ecología financiera señala que en el mercado financiero rural emergen otros actores que se relacionan por su nivel de poder alrededor del crédito, cuando realizan acuerdos distintivos enmarcados por el conocimiento, prácticas y subjetividades financieras de cada territorio, y cuyas dinámicas afectan simultáneamente las economías campesinas, de bienes y especulativas, lo que logra trascender en el tiempo y espacio (Green, 2022).

La financiarización ha sido reconocida como un fenómeno de disciplinamiento de las estructuras agrarias y la perpetuación de las vulnerabilidades del campesinado de los países periféricos (Suescún et al., 2024). El disciplinamiento que genera el pago crediticio impone a los campesinos el principio de solvencia sobre el de subsistencia, transformando sus formas de vida durante el tiempo de la deuda (Gerber, 2021).

Su efecto en las dinámicas laborales los lleva a aumentar tiempos de trabajo, el nivel de producción y a optimizar el uso de los recursos del hogar para alcanzar tasas de ganancia, lo cual convierte al crédito en un mecanismo de proletarización oculta gerenciada por los bancos (Bernards, 2021; Gerber, 2021). Igualmente, la búsqueda de recursos para el pago impulsa el encadenamiento de los cultivos campesinos a la agroindustria. Las consecuencias de estos cambios en las formas de producción incluyen la aceleración de la degradación de suelos y la pérdida de la agrodiversidad, lo que aumenta la vulnerabilidad socioecológica de los campesinos (Green, 2022).

A medida que se agudizan las crisis socioecológicas, se reduce la capacidad de los Estados para aliviar los impactos en la población campesina con políticas integrales de protección de la vida rural. Este abandono biopolítico (Prasse-Freeman, 2022) ha llevado a los campesinos a recurrir al crédito para mantener su independencia o solventar su costo de vida en un mundo económicamente globalizado (Soo, 2000). En paralelo, el cambio climático es causa de endeudamiento cuando los cultivos se afectan por malas condiciones climáticas y, a su vez, es uno de los principales motivos de incumplimiento de pago por la dificultad para generar ingresos (Gerber, 2021). Así, el crédito ha trasladado a los campesinos el pago del costo de la crisis del capitalismo (Cavallero y Gago, 2020).

La transferencia de valor desde economías no asalariadas, como las campesinas, hacia los bancos se conoce como explotación financiera (Lapavitsas y Soydan, 2022) y perdura porque los bancos prolongan el tiempo de la deuda para incrementar el cobro de intereses, mientras los campesinos resisten al despojo renegociando incesantemente (Green y Bylander, 2021). Esto incrementa la presión psicológica para el cumplimiento del pago y reduce la capacidad de agencia de los campesinos cuando experimentan sentimientos que dificultan la gestión comunitaria de la crisis (p. ej., vergüenza o depresión) o eligen sobreendeudarse, lo cual permite la entrada de agentes extraeconómicos al mercado financiero rural (Cavallero y Gago, 2020; Green y Bylander, 2021; Ramprasad, 2019).

La explotación financiera se agota con el despojo. Al respecto, el crédito privilegia el despojo oculto al incentivar la venta de tierras y, en última instancia, ejerce despojo directo mediante embargo, lo que dificulta su medición y control. Adicionalmente, su carácter legal permite que la reasignación de la propiedad se dé bajo una percepción de legitimidad que difumina la noción de justicia para quienes no son despojados bajo este mecanismo y así dificulta su evaluación (Green y Bylander, 2021).

En Colombia, el crédito es el principal instrumento gubernamental de fomento campesino. Las estadísticas (Banco Agrario de Colombia, 2023; Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario [Finagro], 2023; MinAgricultura, 2024) muestran que la colocación de créditos a pequeños productores es creciente para el periodo 2004-2023 por parte del Banco Agrario, principal entidad crediticia, y del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), entidad financiera de segundo piso (Figura 1). En comparación con medianos y grandes productores, el Banco Agrario ha otorgado el 47,3 % de sus préstamos a pequeños productores y Finagro, el 16,2 %, aproximadamente.

Metodología

Para examinar el papel del crédito rural en el despojo de tierras campesinas en Colombia, se empleó el análisis documental (Martínez et al., 2023), metodología que han aplicado Hurtado et al.(2024) y Bernards (2021) para reconstruir patrones de despojo de tierras y explotación financiera de campesinos.

Se analizaron documentos que tienen como tema central la experiencia de campesinos con el crédito y el despojo. Estos fueron elegidos a partir de la presencia de testimonios de campesinos (entrevistas o grupos focales) para disminuir el riesgo de reinterpretación y de información sobre el contexto socioeconómico. Adicionalmente, el criterio de confiabilidad fue el rigor académico, profesional o gremial de las fuentes. Se seleccionaron cincuenta documentos publicados entre 2012 y 2024, que incluyen investigaciones académicas, tesis de maestría, libros o informes de organizaciones enfocadas en el conflicto por la tierra y entrevistas o reportajes en medios de circulación nacional, de asociaciones campesinas y de referentes del tema rural (Tabla 1).

Las categorías analíticas fueron despojo (fines del despojo, ecología financiera, tipo de despojo, erosión de derechos), transformación productiva (cambio en las formas de producción, cambio en las formas de trabajo), transformación de la reproducción social (abandono biopolítico, proletarización oculta, pérdida de agencia) y resistencia social de los campesinos. El análisis se orientó a identificar los escenarios sociales y políticos donde ocurrieron el despojo, los patrones y los hitos que marcaron sus dinámicas.

Escenarios sociales y políticos del despojo

Para el periodo 1990-2023, el crédito ha operado como mecanismo de despojo en dos procesos sociales en Colombia: el económico y el conflicto armado. En cada uno, el crédito se articuló con sucesos económicos, políticos y ambientales que determinaron las dinámicas de operación del despojo. La identificación de estos procesos y eventos permitió construir la línea temporal que explica la función del crédito en el despojo de tierras campesinas (Tabla 2).

Estos resultados concuerdan con los aspectos sociales que, según Bautista (2022), han marcado el cambio rural y la movilización campesina desde finales del siglo XX; a saber, durante la apertura económica de 1990, cambiaron las dinámicas de uso de la tierra y hasta 2013 recrudeció la violencia sociopolítica hacia los campesinos, lo que lleva a la movilización campesina a centrarse en el abandono del Estado. Posterior a esta fecha, los campesinos se enfocan en la reivindicación de sus derechos holísticos y los temas ambientales.

Despojo en el proceso económico

El Estado ha orientado el crédito, principalmente, a la titulación de tierras y compra de semillas. Desde la reforma agraria de Carlos Lleras en 1961, el crédito ha sido una de las estrategias para la entrega de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) a los campesinos. La aprobación del crédito que cubre el valor de la UAF se da con previo aval de un proyecto productivo que, en algunos casos, se condiciona a monocultivos que requieren semillas especiales, lo que lleva a los campesinos a solicitar préstamos adicionales para adquirirlas (Pensar et al., 2016). La relación entre acceso a la propiedad de la tierra, compra de semillas y sobreendeudamiento es un elemento central de los patrones de despojo a través del crédito (Tabla 3).

Apertura económica 1990-2003

Desde la apertura comercial de 1991, en el gobierno de César Gaviria, los créditos se condicionaron a la compra de semillas importadas para monocultivos competitivos. Los campesinos redujeron el área destinada a cultivos de pancoger para dedicarla a estos monocultivos, aprovechar la apertura y saldar antiguos créditos (CNMH, 2014b). Sin embargo, la desprotección a los campesinos con débiles políticas de precios justos, de fomento de capacidades comerciales y el desmonte de los sistemas estatales que garantizaban la venta de cosechas desestabilizó las economías campesinas y esto generó sobreendeudamiento y embargos masivos (Acero, 2016; Arango, 2020).

En consecuencia, algunos caficultores se desplazaron como fuerza laboral hacia los cultivos industriales de azúcar en el Valle del Cauca o cultivos de coca en Caquetá y Putumayo o hicieron la transición a la ganadería y a plantaciones forestales en Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, con el fin de obtener recursos para pagar los créditos (Acero, 2016; Comisión de la Verdad, 2022b; CNMH, 2014b).

También, los arroceros de Bolívar desmontaron sus cultivos comunitarios y arrendaron las tierras a empresarios de palma de aceite, para usar el total de los cánones para pagarle a la Caja Agraria de Colombia, con quien tenían entre tres y cuatro créditos por familia (Pensar et al., 2016). A esta situación, se sumaron problemas de salud por la presión del pago de los créditos, que derivó en infartos, depresión y suicidios (Acero, 2016; Bautista, 2022).

Para 1994, la reforma agraria cambió el sistema crediticio para la adjudicación de tierras: un porcentaje del valor de la UAF (del 50 % al 60 %) era subsidiado y el restante debía ser entregado en efectivo para completar el pago. Del efectivo, una parte era entregada en préstamo a los campesinos por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) a través de la Caja Agraria y el restante debía ser aportado por cuenta propia (Ley 60 de 1994). La dificultad de los campesinos para aportar la parte por cuenta propia y acceder a créditos adicionales hizo posible que terratenientes, que habían vendido predios improductivos al Incora en Bolívar, Córdoba y Sucre, fungieran como prestamistas para la titulación de esas tierras a los campesinos. Sobreendeudados y sin cosechas rentables, los campesinos fueron embargados por los terratenientes mientras la Caja Agraria presionaba por los pagos (CNMH, 2010b).

La crisis de endeudamiento provocó el paro cafetero de 1995, liderado por la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Asopema) y la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), en el que participaron 18 000 campesinos del Tolima, Huila, Valle del Cauca y Antioquia. Como resultado, se lograron condonaciones que incluían a familias que habían sufrido embargos y desalojos (Bautista, 2022; Comisión de la Verdad, 2022a, 2022c, 2022e).

El paro se diluyó por intervención policial cuando el gobierno de Ernesto Samper lo acusó de infiltración por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), quienes se adjudicaron falsamente la generación de conciencia social en los campesinos. Esto inició una persecución militar (desplazamiento y exterminio) de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el periodo 1999-2001, hacia Asopema y ACA (Bautista, 2022; Comisión de la Verdad, 2022c).

Seguridad democrática 2003-2010

Para 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el Banco Agrario reemplazaron al Incora y a la Caja, al encontrarse que los principales beneficiarios de programas de crédito para los campesinos fueron industriales de diversos sectores. No obstante, programas de los siguientes mandatos presidenciales (Agro Ingreso Seguro y Colombia Agro Produce) fueron investigados judicialmente por las mismas causas (Osorio, 2020) y, también, se mantuvo la concentración del crédito en agroindustriales (Cala, 2012).

Simultáneamente, la política de seguridad democrática articuló la erradicación del cultivo de coca, con la titulación de UAF y con condiciones especiales de crédito para incentivar la transición de cocaleros hacia la agroindustria. En Norte de Santander, la tierra se entregó subsidiada y condicionada al cultivo de palma de aceite, mediante el modelo de Alianzas Productivas, que exige a los campesinos crear cultivos comunitarios encadenados a la industria.

Para ello, el Banco Agrario les financió la adaptación de la tierra con créditos asociativos pagaderos durante 12 años y las empresas les proveyeron insumos pagaderos con las cosechas de 25 años (CNMH, 2018a; “La encrucijada de los pequeños palmeros”, 2015). Este sobreendeudamiento significó para los campesinos la pérdida del control de la tierra y de agencia en la gestión de la deuda. Según un campesino del Catatumbo, una sola empresa controlaba el monocultivo de palma y fijaba bajos precios a las cosechas (equivalentes al 17 % de su valor real), lo cual disminuía las posibilidades de abonar a las deudas (“La encrucijada de los pequeños palmeros”, 2015).

Así, los campesinos pagaron el derecho a una vida no estigmatizada con sobreendeudamiento y formas contemporáneas de peonaje por deuda, garantizadas con la adaptación de dos iniciativas que los campesinos usaron para enfrentar el sobreendeudamiento en la década de los setenta: los cultivos comunitarios y el pago con cosechas. En algunos casos, el modelo de Alianzas Productivas derivó en venta forzada de tierras; la utilidad del cultivo de palma se da cuatro años después de la siembra, por lo que la pobreza y la violencia paramilitar orilló a los campesinos a vender sus UAF a palmeros industriales para obtener el dinero y así pagar los créditos (Comisión de la Verdad, 2022d).

En paralelo, en Caquetá y Putumayo la aspersión aérea con glifosato para erradicar la planta de coca fue indiscriminada y desestabilizó las economías campesinas, mientras el condicionamiento del crédito impulsaba el monocultivo de cacao (CNMH, 2017). Las aspersiones provocaron que los cacaoteros perdieran las cosechas, se emplearan como jornaleros y vendieran sus animales para obtener dinero y pagar los créditos. En comparación, quienes diversificaron la siembra entre cacao y coca saldaron los créditos con las rentas de la coca (Acero y Thomson, 2022; Thomson, 2024).

En 2015, el acuerdo de paz les permitió a los campesinos de Bolívar presentar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reclamaciones por daños y perjuicios por parte del Estado, por la quiebra causada por la aspersión con glifosato sobre sus cultivos legales y que derivó en embargos por parte de los bancos (Comisión de la Verdad, 2022a).

Cambio climático 2010-2023

Desde 2010, la crisis de endeudamiento en Boyacá, Huila, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Tolima se profundizó por la pérdida de cultivos a causa del cambio climático (Sneider, 2021; Cambioin, 2023; Rodríguez, 2020; TVAgro, 2023; “Entre heladas y créditos”, 2023). No obstante, el Estado usó este factor como incentivo crediticio para la transición a la agroindustria.

En Santander, el monocultivo de cacao se impulsó con créditos condicionados a la adquisición de semillas más resistentes al clima, pero, en 2018, la caída de precios llevó a los cacaoteros a un sobreendeudamiento que alcanzó un promedio de tres préstamos por familia. La crisis rompió las estructuras familiares cuando los hombres migraron como jornaleros, lo que intensificó su ritmo de trabajo para obtener pagos extras y cubrir las necesidades básicas de su hogar (Arango, 2020).

Al ser una situación generalizada, en 2017, el movimiento campesino buscó la creación de una ley de protección financiera que reconociera los factores económicos, ambientales y sociales que desestabilizan las economías campesinas, para protegerlos de embargos y remates por parte de los bancos (Arias, 2022). Se movilizaron campesinos del Tolima, Boyacá, Cesar, Cauca, Caquetá, Eje Cafetero y Huila, y lograron que el gobierno de Iván Duque aprobara la Ley 2071 de 2020, que otorga alivios financieros, lo cual benefició a 34 641 campesinos. No obstante, ellos afirman que los decretos reglamentarios de la ley privilegian la recuperación de cartera sobre su protección y reactivación económica (Arias, 2022; García, 2024; La Nación Digital, 2018).

Los campesinos boyacenses atañen la falta de protección financiera a una estrategia de desmonte de la protección campesina a los ecosistemas que facilite la entrada de multinacionales al territorio. Para 2021, por la pérdida de cultivos a causa del cambio climático, los paperos se redujeron a la mitad al hacer la transición a jornaleros para obtener dinero y evitar embargos que alcanzaban un promedio anual de 4000 predios (“Campesinos de Boyacá conformaron comité”, 2015; El Diario Boyacá, 2021; “Más del 50 % de los productores”, 2022).

La desestructuración familiar por la migración de quienes buscan trabajo ha vulnerado a la mujer campesina, de manera que la posiciona como cabeza de hogar a cargo del cultivo, del trabajo doméstico, del trabajo del cuidado, de enfrentar el acoso de los bancos y de optimizar los recursos para pagar los créditos (Arango, 2020; Arias, 2022; Cambioln, 2023).

A esta situación se suma el declive de la salud de los campesinos a causa de la presión del pago de la deuda, con presencia de gastritis, infartos, depresión y suicidios (Arias, 2022; Arango, 2020; Rodríguez, 2020; Rojas, 2019). La situación se agudiza cuando perciben maltrato por parte de trabajadores bancarios y el uso del estigma del analfabetismo para reinterpretar las normas por ellos. Si bien líderes campesinos han socializado la Ley de 2020, manifiestan que gerentes bancarios los señalan como proselitistas (Arias, 2022; Cambioln, 2023; “Campesino, con ‘deudas hasta el cuello’”, 2017).

Aunque para 2023, en el gobierno de Gustavo Petro, el crédito continúa siendo el principal instrumento para enfrentar los problemas rurales (Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos de Gabriel López de Totoró (ACUC-GL), 2013; Bermúdez, 2015; “En marcha plan estratégico”, 2024), los campesinos se adaptan para resistir a la crisis de endeudamiento: las zonas de reserva campesina en Caquetá suplen las necesidades de crédito con cooperativas que otorgan préstamos transando con recursos agrícolas (CNMH, 2017).

Asimismo, arroceros de Casanare y Tolima han buscado alianzas con casas comerciales que compran las cosechas y pagan directamente la deuda al banco (Altamar, 2023; TVAgro, 2023). Sin embargo, los arroceros tienen dificultades para que los comercializadores fijen precios justos. Los campesinos se han movilizado para solicitar decretos reglamentarios de la Ley 2071 de 2020 que identifiquen y sancionen a cooperativas y casas comerciales que tengan relación con el sobreendeudamiento por créditos rurales (Cambioln, 2023).

Despojo en el conflicto armado

De acuerdo con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, “son dos las maneras de quitar la tierra a los campesinos: el plomo o el endeudamiento” (Padilla y Sampietro, 2013, p. 15). La apertura económica se acompañó del escalamiento de la guerra. El desmonte de las políticas de bienestar de los campesinos y la crisis económica dieron posibilidad a los grupos armados de disputar el control rural para establecer actividades bélicas y el cultivo de coca, lo que reorganizó la vida de los campesinos (Bautista, 2022).

Paramilitarismo 1990-2006

En la década de 1990, la violencia paramilitar de las AUC aumentó el desplazamiento de los campesinos propietarios de UAF en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Sucre y Valle del Cauca. En este escenario, el crédito sirvió como mecanismo para la venta forzada de tierras (Tabla 4), actuando en patrones emergentes del esquema de corrupción entre Estado, empresas y paramilitares.

Cuando los campesinos desplazados no encontraron oportunidades en las urbes y se atrasaron con los pagos a la Caja Agraria, esta continuó con los procesos de cobro y de embargo que venían en marcha por la desestabilización de las economías campesinas durante la apertura económica (Instituto Popular de Capacitación (IPC), 2010; CNMH, 2010b; CNMH, 2018a; “María La Baja, un retorno sediento”, s. f.). Ante la situación, campesinos del Catatumbo (Norte de Santander) y del Urabá (Antioquia) se movilizaron en 1994 para solicitar alivios financieros.

Como resultado, el gobierno de Ernesto Samper creó en 1996 el programa Fondo de Solidaridad Agropecuario (Fonsa), para otorgar ayudas financieras y suspender el embargo a 160 000 campesinos. También creó la Ley 387 de 1997 para prevenir el desplazamiento, promover la estabilización económica de los desplazados y velar por condiciones especiales de crédito (CNMH, 2018a; Comisión de la Verdad, 2022e).

A pesar de su prohibición en la ley de 1997, durante el periodo 2000-2006, el Banco Agrario vendió a empresas de cobranza parte de la cartera asociada a los predios objeto de desplazamiento paramilitar. Posteriormente, las empresas buscaron a los campesinos para renovar los pagarés que —en algunos casos— buscaban generar compromiso sobre deudas que habían prescrito o eran inexistentes por fallas en la documentación de la titulación de tierras. De esta manera, las empresas de cobranza aprovecharon la falta de asesoría legal y financiera a los campesinos para crear deuda falsa (CNMH, 2010b; CNMH, 2018b; Mercado, 2020; Sánchez, 2022; “La larga lista de víctimas”, 2010).

A su vez, la información sobre campesinos morosos con el Banco Agrario y las empresas de cobranza llegó a terratenientes, empresarios y paramilitares interesados en comprar las tierras. La estrategia para concretar las compraventas a cargo de comisionistas comenzaba con la escalada de violencia para imposibilitar el retorno de los desplazados, mientras las empresas de cobranza enviaban cartas en las que ofrecían asesoría jurídica para la venta de los predios a fin de evitar embargos y los bancos continuaban con el cobro jurídico de la cartera que tenían bajo su control (CNMH, 2010b; CNMH, 2012; CNMH, 2016; CNMH, 2018a; CNMH, 2018b; Mercado, 2020; Sánchez, 2022).

De esta forma, los campesinos eran seleccionados para el despojo bajo tres criterios: “La imposibilidad de retornar, ser parcelero del Incora/Incoder y por endeudamiento” (CNMH, 2010b, p. 162). Los campesinos aceptaron vender para salir del cerco de violencia física de los paramilitares y psicológica de las entidades financieras. El precio de venta era equivalente al monto de la deuda pendiente de pago y que los comisionistas iban a pagar directamente a las entidades crediticias. En algunos casos, se estableció un pago adicional para alcanzar el precio de mercado de la tierra. No obstante, en la práctica solo se abonaron parte de los créditos y se entregaron sumas irrisorias de dinero a los campesinos (CNMH, 2010a; CNMH, 2010b; CNMH, 2014b).

Las zonas objeto de despojo fueron aquellas donde las economías campesinas estaban en transición hacia el monocultivo de banano, azúcar y palma de aceite (CNMH, 2014b). Esta última industria se estableció en Bolívar, Sucre, Antioquia y Norte de Santander, donde el Banco Agrario negó créditos a campesinos que buscaban sobreendeudarse para evitar vender. También, el despojo facilitó la transición hacia ganadería extensiva, minería de carbón y de materiales de relleno en el Cesar. Mientras tanto, narcotraficantes y paramilitares se apropiaron de algunas UAF (CNMH, 2010b; CNMH, 2014b; CNMH, 2018a; Mercado, 2020; “La restitución de tierras que aún no llega al Cucal”, 2018; “María La Baja, un retorno sediento”, s. f.; “La encrucijada de los pequeños palmeros”, 2015; Volckhausen, 2018; Sánchez, 2022).

Por ley, la compra de UAF estaba limitada a dos unidades para una misma actividad económica, por lo que las parcelas fueron adquiridas por testaferros que trasladaron la propiedad a los despojadores, mediante la creación de fiducias mercantiles que englobaron los terrenos y que se usaron para solicitar hipotecas a bancos conocedores de la situación (CNMH, 2010b; CNMH, 2012; CNMH, 2016; CNMH, 2018a; Forero, 2022; Fundación Forjando Futuros, 2020a, 2020b, 2023; “La restitución de tierras que aún no llega al Cucal”, 2018; Sánchez, 2022). Así, el crédito fungió como mecanismo de legitimación de la propiedad de las UAF despojadas. Este factor, combinado con la continuidad de los cobros jurídicos a los campesinos, convirtió el crédito en una barrera para el retorno estable de los desplazados a sus tierras después de la desmovilización de las AUC en 2006 y el comienzo de la restitución de tierras en 2011. Si bien durante el periodo 2011-2022 fallos judiciales eliminaron deudas falsas, cobros jurídicos, embargos e hipotecas ilegalmente constituidas, muchos de estos casos se encuentran en litigio (IPC, 2010; Bolívar, 2012; CNMH, 2014a, Forero, 2022; Fundación Forjando Futuros, 2020a, 2020b, 2023; Sánchez, 2022).

Otro caso del crédito como barrera para el retorno estable es el de campesinas desplazadas que recibieron como reparación UAF en Córdoba y se sobreendeudaron para cultivar tierras que resultaron improductivas. Ante la amenaza de embargo, se rehusaron a pagar y a abandonar las tierras, reclamando su derecho a protección y reparación (CNMH, 2010b; CNMH, 2012).

Guerrillas y bandas criminales

Para el caso de las guerrillas (FARC, Ejército de Liberación Nacional [ELN] y las disidencias de las FARC) y las bandas criminales (Bacrim), no se encontró evidencia concluyente para identificar patrones del uso del crédito como mecanismo de despojo. Se requieren estudios que empleen otro tipo de metodologías de investigación para esclarecer las estrategias que emplean estos grupos armados en torno al crédito. En contraste, la estrategia paramilitar está mejor documentada al ser más explícita.

Sin embargo, se encontraron algunos indicios de la relación crédito, despojo y guerrillas: para 1990, se evidencia una relación de sobreendeudamiento en campesinos de Bolívar que solicitaron créditos para pagar secuestros al ELN y las FARC (Comisión de la Verdad, 2022a); para el periodo 1990-2010, se documentan embargos y presión psicológica por el pago de créditos a campesinos desplazados (IPC, 2010; Bolívar, 2012). Aun así, no son claras las implicaciones del despojo mediante créditos relacionados con el accionar de las guerrillas, debido a que las narrativas en los documentos analizados mezclan la problemática con el paramilitarismo y redirigen la evidencia hacia la estrategia empleada por ellos.

Conclusiones

En Colombia, para el periodo 1990-2023, el crédito rural ha fungido como mecanismo de despojo en procesos económicos y del conflicto armado que facilitaron el establecimiento de la agroindustria, la minería, la ganadería extensiva y el narcotráfico.

Cuando el crédito actúa en procesos económicos sigue patrones de despojo que parten de la desestabilización de las economías campesinas para acelerar la crisis de endeudamiento y culminan en el embargo de tierras o acentúan la explotación financiera a través del encadenamiento industrial, la cesión del control de la tierra o el sobreendeudamiento. En comparación, cuando el crédito actúa en procesos del conflicto armado, sigue patrones de despojo que parten del desplazamiento forzado de campesinos para acelerar la crisis de endeudamiento y culminan en la venta forzada de tierras o la legitimación de apropiación de los despojadores.

Aunque la ecología financiera rural está compuesta principalmente por el Estado y los bancos, esta se vuelve heterogénea ante las particularidades del despojo: en aquellas zonas donde hay mayor influencia de las políticas públicas, los terratenientes y agroindustriales emergen como prestamistas que aprovechan la dificultad de los campesinos para acceder al crédito. En tanto, donde hay más resistencia a las acciones del Estado las operaciones de crédito son controladas por los campesinos a través del cooperativismo.

En escenarios de conflicto armado, terratenientes, agroindustriales y agentes ilegales emergen como actores dispuestos a asumir la deuda de los campesinos para acelerar ventas forzadas de tierras. Por tanto, el poder de (contra)reforma social rural de los bancos se descentraliza cuando la gestión del crédito se transfiere a agentes con poder sobre la cartera bancaria.

En cuanto a las formas de despojo, el embargo es la principal e identificamos modelos de despojo oculto adicionales a la venta forzada, basadas en la pérdida del control de la tierra: el sobreendeudamiento que orilló a los campesinos a arrendar sus predios y destinar los cánones para el pago del crédito, cuando el crédito fue garante de la sesión de control de la tierra mediante el Modelo de Alianzas Productivas y cuando el crédito se convirtió en barrera para el retorno estable de campesinos desplazados.

Los impactos del crédito en la transformación productiva de los campesinos son diversos: cuando el crédito incentiva la adquisición de semillas específicas, la transición a monocultivos se da de forma parcial o total desde el inicio de la explotación financiera; cuando el crédito se relaciona con condiciones de difícil control, como el cambio climático, hay abandono forzado de las actividades tradicionales de las economías campesinas, y cuando el crédito se relaciona con el conflicto armado, hay reemplazo de las economías campesinas después de la venta forzada de las tierras.

Asimismo, las políticas públicas han hecho del crédito el medio de acceso a derechos como la propiedad de la tierra, la sostenibilidad de las economías campesinas en ambientes competitivos, a una vida no estigmatizada o a un ambiente sano. El costo de acceso se eleva por la ausencia de políticas públicas integrales que generan sobreendeudamiento y se agravan cuando se vulneran los derechos financieros de los campesinos.

Esto ocasiona que el principio de subsistencia sea reemplazado por el principio de solvencia desde el inicio de la explotación financiera y no durante el pago de la deuda, observable en el caso de la política de seguridad democrática y el encadenamiento industrial de los campesinos al cultivo de palma de aceite.

En esa vía, los cambios en las dinámicas del trabajo campesino pasan por la plusvalía relativa o la optimización de recursos del hogar para disponer de dinero para pagar la deuda. También, la proletarización oculta ha influido en la reducción del cultivo de subsistencia y promovido formas contemporáneas de peonaje por deuda o el cambio a jornalero.

Si bien los campesinos han resistido a través de la asociatividad y la movilización, la heterogeneidad de los agentes en la ecología financiera y sus mecanismos de coerción dificultan la gestión de la crisis de endeudamiento. Máxime, si considera que los procesos económicos y del conflicto armado que enmarcan el despojo se entrelazan en los territorios. La estigmatización también es elemento clave en la pérdida de agencia: el señalamiento de subversión ha servido para deslegitimar los movimientos sociales y el señalamiento de analfabetismo ha servido para debilitar el acceso a los derechos financieros o generar sobreendeudamiento. A este agravio se suma la presión psicológica para el pago de créditos que provoca problemas de salud, la desestructuración de las familias por la migración de personas en busca de dinero y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y de los adultos mayores que permanecen al frente de las economías campesinas.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: ar.pena10@uniandes.edu.co

Información adicional

Cómo citar: Peña-Cortés, A. R. y Roa-García, M. C. (2026). Despojo a campesinos colombianos a través del crédito rural. Universitas Humanística, 95. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh95.dccc

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