La mirada fracturada de los procesos de gestión de conocimiento termina por tener implicaciones desafortunadas en las políticas nacionales e institucionales relacionadas con ellos. A su vez, estos derivan en decisiones con consecuencias que profundizan las desigualdades de los países que tienen pocos recursos financieros, tecnológicos, de información y de formación. Por esta razón es necesario buscar miradas ecosistémicas que permitan tener una perspectiva integral.

La Figura 1 evidencia como cualquier lectura de producción de conocimiento pasa por el contexto internacional y nacional que incide en los procesos de apropiación académica, social y tecnológica del conocimiento, así como en los procesos que comprometen a los actores principales del sistema ―investigadores, editores, comunidades, gestores, gobierno y empresas. A su vez, estos actores se relacionan a través de procesos de formación, investigación, comunicación, desarrollo e innovación, que, finalmente, terminan por comprometer los recursos, la gobernanza y la ética tanto institucional como nacional.

En primer lugar, el análisis del contexto permite probar las asimetrías entre países en términos de sus condiciones socioeconómicas, políticas, jurídicas e incluso histórico-culturales. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Japón y China, que son países que tienen más de dos siglos de consolidación de las infraestructuras de conocimiento, la inversión en ciencia y tecnología es vista como un capital que sostiene supervivencia y competitividad de estas naciones. Es decir, es una inversión estratégica en vez de ser vista como un costo, ya que, adicionalmente, impacta en las empresas de alimentos, biomedicina (farmacéuticas y equipos médicos), energía, movilidad, comunicaciones e información, armamentos e incluso en las que controlan temas sociales.

Esto es contrario a países que por sus condiciones históricas de dependencia han sido obligados a detener procesos de desarrollo estratégico en áreas como la energía nuclear o la biomedicina. Sin mencionar que una parte de los investigadores que no retornan de los centros de formación de excelencia en el exterior, sino que pasan a formar parte de los denominados “cerebros fugados” pues terminan por ser reclutados por estas instituciones. Por no hablar de otras áreas en donde la inversión en tecnología para investigar se hace inalcanzable por los costos de los equipos, o, como ha ocurrido en los últimos años, que los costos en las infraestructuras de información son tan altos que los países tienen que pagar cifras descomunales, que, incluso, han hecho que las naciones más ricas se hayan levantado contra estos monopolios de información. Esto se ve reflejado en el Manifiesto de Leiden (2014) y la declaración DORA (2012), solo por mencionar dos de estas iniciativas.

Es evidente que estas asimetrías hacen absurdo trasladar políticas como formas de gobernanza de contextos como estos a otros donde no existen condiciones similares o comparables. Tampoco es sostenible tratar de incorporar exigencias de evaluación a grupos, investigadores y editores de esos contextos a los nuestros, y menos aún apropiarnos de sus métricas.

Por otro lado, los actores responsables de la formación y la investigación son centrales en los ecosistemas de conocimiento. Estos incluyen, además de a los investigadores, a los administrativos que, en el caso de las universidades privadas están sujetos a las presiones de los mercados, en especial al marketing derivado de los rankings y a los sistemas de acreditación. En el caso de las universidades públicas, estas están sujetas a los recursos de financiación de acuerdo con estándares que, en general, son impuestos por políticas que privilegian los intereses políticos y económicos de los gobiernos de turno.

La gestión de estos ecosistemas se expresa, como se mencionó anteriormente, en relación con las comunidades, las empresas y el gobierno, que son usuarios y demandantes de conocimiento que actúan como reguladores del sistema.

Las regulaciones del sistema están asociadas fundamentalmente a recursos que son los que orientan y determinan, y no en pocas ocasiones, la financiación de investigadores (salarios e incentivos), investigaciones (temáticas privilegiadas o eliminadas de las agendas de investigación), innovaciones (patentes y registros), formación doctoral, tecnologías para la investigación (laboratorios e instrumentos de investigación), y la infraestructuras de conocimiento (bibliotecas y bases de datos de revistas). Esto puede asegurar o sesgar los diversos tipos de apropiaciones.

El ecosistema de conocimiento, el acceso abierto y las métricas

Es evidente que América latina está sometida a las presiones del contexto internacional y debido a que es considerada una fuente de recursos emergentes, también está en la mira de las empresas de información. Desafortunadamente, las asimetrías asociadas a la desigualdad no permiten que la gobernanza se centre en los intereses locales o nacionales que permitan un ecosistema auto sostenible que privilegie lo nacional y local.

Por otro lado, es necesario mencionar que en los últimos años han surgido múltiples iniciativas en el contexto internacional consistentes con la idea de modificar algunos de los procesos de evaluación y medición que debaten que sean las métricas las que orienten el destino de los recursos de investigación. Las declaraciones de Berlín (2003), Leiden (2014) y DORA (2012) asumen el compromiso con el acceso abierto al conocimiento y enfatizan la crítica a la evaluación de las revistas como un todo, proponiendo como alternativa las métricas centradas en la evaluación de cada producto.

Instituciones prestigiosas como la Royal Society, el Instituto Pasteur, el CNRS Francés, la National Institute for Health Research (NIHS), las universidades de Oxford, el Imperial College de Londres, además de revistas como Nature, el consorcio PlosOne, directorios como DOAJ y, este año, la Asociación Europea de Universidades y la European Science, entre otras 800 instituciones más, se han sumado en una coalición para impulsar el denominado Plan S, el cual busca lograr que todas las publicaciones científicas se encuentren en acceso abierto antes del 2021 (Science Europe, 2019).

El Plan S asume diez principios entre los que se destaca el 10: “Los financiadores se comprometen a que, al evaluar los resultados de la investigación durante las decisiones de financiamiento, valorarán el mérito intrínseco del trabajo y no considerarán el canal de publicación, su factor de impacto (u otras métricas de la revista) o el editor” (Science Europe, 2019). Esta condición, por ejemplo, genera paradojas por cuanto los sistemas nacionales de América Latina centran sus procesos de evaluación y reconocimiento en métricas como los factores de impacto de WoS y SCOPUS con indicadores como el Journal Citations Report (JCR), el Scimago Journal Rank (SJR) y el CiteScore, que están basados en este tipo de análisis. Medidas como estas han provocado, en nuestro caso, la profundización de las asimetrías e inequidades y la devaluación del conocimiento local; incluso ha provocado la desaparición de la producción regional de conocimiento (López-López, 2019a; López-López, 2019b).

Una mirada al ecosistema del conocimiento resulta fundamental para asumir una toma de decisiones que proteja, financie y produzca sistemas sostenibles de conocimiento regional, nacional y local.

Referencias

Información adicional

Para citar esta editorial: López-López, W. (2019). Ecosistema del conocimiento en América Latina: el acceso abierto, métricas, paradojas y contradicciones. Universitas Psychologica, 18(4), 1-3. http://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-4.ecal

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