El presente artículo tiene como objeto la descripción de una de las instituciones procesales más relevantes en la tradición del common law, especialmente en Estados Unidos y Canadá, y que no ha tenido prácticamente ninguna recepción por parte de su contraparte del derecho continental. Se trata del denominado, o en estricto rigor denominados —pues son variados— Standars of Review, los que preliminarmente conceptualizaremos como estándares de revisión, sin perjuicio de intentar una descripción que permita dar mayor autosuficiencia al concepto.

En general, la literatura y jurisprudencia anglosajona ha definido al estándar de revisión como el nivel de deferencia que existe entre dos tribunales que tienen competencia para el conocimiento de una cuestión en el que entre ellos existe una relación jerárquica que posiciona a uno como el revisor de las decisiones del otro¹. El vehículo o mecanismo que hace posible esa revisión es un recurso, entendido en términos amplios como appeal, que eleva el conocimiento desde un tribunal de base a un tribunal superior, al que se solicita la revisión de lo resuelto².

Como puede comenzar a vislumbrarse, se trata de una cuestión relevante para diversos aspectos del proceso civil, que van desde la orgánica del sistema y su estructura más o menos jerárquica, la existencia de recursos de apelación o segundas instancias y su alcance, el nivel de acceso a dichos recursos y, especialmente, la competencia funcional de la que dispone el tribunal superior para modificar la sentencia impugnada³.

Lo anterior ha permitido que alguna parte de la doctrina procesal civil en Estados Unidos haya dado al estándar de revisión un rol tan importante que le permite posicionarse como la piedra angular de toda la maquinaria de recursos y revisiones en todo el sistema de justicia⁴, y que su diagramación es, al mismo tiempo, la del propio diseño del sistema completo en función de cumplir una función de émbolo respecto de las apelaciones y su contenido de cara a la revisión de los tribunales superiores.

En tal sentido, parece evidente que la teorización sobre la existencia —a mi juicio indiscutible— de estándares de revisión en un sistema de recursos caracterizado por la doble instancia en el derecho continental y, en específico en el caso de Chile, resulta un ejercicio atractivo y, hasta cierto punto, necesario para problematizar ciertas cuestiones procesales, que la doctrina tradicional consideraría tanto “orgánicas como funcionales”⁵, en torno al papel que desempeña la apelación y su rol como elemento de vinculación entre dos decisiones judiciales relacionadas en un nivel jerárquico, así como ayudarnos a establecer el modelo de recurso de instancia que queremos adoptar como sistema, al tenor de las facultades más o menos amplias que la revisión por la vía de la enmienda entregada a las cortes de apelaciones.

Lo anterior supone unir cuestiones relevantes no siempre vistas como relacionadas, aun de manera secante, como son la procedencia de la apelación respecto de ciertas resoluciones judiciales, los requisitos de esa apelación, las facultades de la Corte en la revisión, la posibilidad de modificación de los hechos y el derecho, la rendición de prueba en segunda instancia, las facultades oficiosas o inquisitivas del tribunal superior en perspectiva a las peticiones concretas de las partes, y la función de la revocación como resultado de la revisión en el sentido de modificar o reemplazar la sentencia originalmente dictada por el tribunal inferior.

En el derecho del common law, especialmente en Estados Unidos se ha esbozado una definición de estándar de revisión, entendiéndolo como la “medida o grado de deferencia que el tribunal revisor (de segunda instancia) tiene para con el de grado inferior y las resoluciones que este ha dictado⁶. En ese sentido, dicho nivel de deferencia puede transitar desde uno particularmente alto, en el que la Corte revisora solo revocará o modificará una resolución del inferior en casos de errores manifiestos o evidentes; hacia niveles muy bajos o casi inexistencia de deferencia, en la que no existe mayor respeto por el contenido fáctico o normativo de la sentencia impugnada, siendo la Corte revisora proclive a una revisión integral y, eventualmente, a la modificación completa si lo estima necesario, no entendiéndose comprometida con las conclusiones de su inferior jerárquico.

Se trata del prisma a través del cual las cortes lidian con el error —o la posibilidad de error— de sus inferiores y como se aproximan a su potencial corrección. Como señala Peters, se trata de un baremo que establece el equilibrio y balance de poder entre los tribunales, promoviendo la economía procesal y estandarizando los procesos de revisión por la vía de la apelación al establecer medidas uniformes de revisión⁷.

Por su parte, el mismo autor continúa señalando que en la revisión de una sentencia las cortes buscan el error que pudiere haber cometido el inferior, pero cada cuestión que es apelada puede tener un nivel de error tolerado diverso, es decir, las cuestiones de hecho y derecho pueden responder a diversos parámetros de tolerancia, e incluso dentro de cada una de esas premisas —fáctica y jurídica— haber, a su vez, parámetros diversos, según los intereses en liza⁸. Para esto, los estándares de revisión se utilizan como guía o referencia de “cuan equivocada” ha estado la decisión de la Corte, y, finalmente, si ese quantum supera el parámetro del estándar, permitir revocar la sentencia⁹.

Así, un estándar de revisión es fundamentalmente un mecanismo que describe, y tal vez media, la relación entre el tribunal de revisión y el tomador de decisiones bajo revisión. Representa un medio tangible de medir la autoridad y competencia de los dos órganos de toma de decisiones¹⁰.

En el Reino Unido no ha existido una teorización equivalente de estos umbrales, pero existe consistencia, tanto en jurisprudencia como en doctrina, sobre la idea de distinguir una apelación revisora (review) de una de tipo re-audiencia (re-hearing)¹¹, siendo la primera de estas dos la regla general, consagrada de forma explícita en el CPR en la regla 52.11(2) Asimismo, la jurisprudencia ha comprendido que existe un “apropiado espectro de respeto” en relación con las decisiones tomadas por los tribunales inferiores¹², lo que supone la construcción de criterios similares a los de su contraparte americana al otro lado del atlántico

En general, desde una perspectiva cognoscitivista, la fijación de umbrales de suficiencia para una determinada toma de decisión suele justificarse en razones que no suelen ser exclusivas, sino que, por el contrario, responden a una incardinación de motivos que operan de forma simultánea y concatenada, que sirven conjuntamente como pilares sobre los cuales se erige dicho umbral o listón. En el caso de los estándares de revisión existen principalmente cuatro razones descritas en la literatura y jurisprudencia que justifican su existencia e implementación, permitiendo considerárseles como uno de los pilares sobre los que se estructura el sistema de revisión vertical del sistema de justicia¹³.

En el estudio de la literatura, respecto del estándar de revisión, es posible distinguir una gran cantidad de formulaciones diversas, tanto dentro de un mismo tipo de procedimiento, o que atienden al mismo tipo de intereses, así como entre diversos órdenes jurisdiccionales. Sin embargo, históricamente, se ha señalado que son tres los que con más frecuencia son usados y que los otros que se han formulado podían subsumirse en aquellos. A continuación, se presentarán dichos cuatro baremos.

El denominado abuse of discretion es el estándar de mayor deferencia que entrega a las decisiones de los tribunales inferiores, y, en general, existe consenso en que sea aplicable a cuestiones meramente procedimentales determinadas por el juez de instancia. Asimismo, si se considera a las cuestiones relativas a la prueba como meramente procedimentales, este será el baremo para utilizar³². Al respecto, se ha señalado, por la jurisprudencia de Estados Unidos, que por “procedimental” se entiende el conjunto de actuaciones que llevan a la rendición de la prueba, como el procedimiento del discovery, o la forma en que se presentan los documentos, más que a cuestiones como carga o valoración, muchas veces consideradas sustantivas y no procesales³³.

Sin perjuicio de ser relativamente pacífico a qué cuestiones aplica, no es igualmente conteste la opinión de qué constituye realmente el estándar y cuándo realmente se entendería superado, ya que existe una gran dispersión de criterios, a su respecto, de diversas jurisdicciones, tanto dentro de Estados Unidos, como en otros países de tradición anglosajona. Por ello se ha llegado a decir que “resulta tan amorfo, ya que significa todo […] y nada a la vez, por lo que carece de utilidad como herramienta analítica”³⁴. En general, ante este dividido escenario, en su construcción de contenido, sí ha podido establecerse que es un esquema que fija la deferencia a un nivel tan alto que puede definirse en negativo, es decir, la regla general es que este estándar no permita la revisión de lo resuelto “a menos” que exista un “abuso” —de ahí su denominación—,que puede ser asociado a una decisión, “claramente arbitraria o derechamente irracional”, o que simplemente no aplica el derecho vigente o el tribunal actúa en la manifiesta ilegalidad³⁵.

Asimismo, la noción del precedente vinculante ha permeado la discusión, existiendo quienes sostienen que se produce el abuso de discreción cuando el juez de instancia se aparta de las posibilidades que el caso presenta. Es decir, ante un determinado asunto, se plantea que existe una cantidad abierta pero limitada de soluciones posibles, y que, por lo tanto, cualquiera de ellas, aplicada discrecionalmente al caso concreto, puede considerarse adecuada, pero en caso de que el juez decida por una posibilidad que no es parte de ese rango de posibilidades estará sobrepasando sus facultades e incurriendo en el abuso³⁶.

De cualquier manera, y pese a que se trata de una discusión abierta, por ser un estándar de tan alta deferencia, suele ser muy difícil de superar, por lo que, desde una perspectiva estratégica, no suelen apelarse aquellas cuestiones que la jurisprudencia entiende caen bajo el marco del abuse of process³⁷.

De acuerdo con lo tratado, corresponderá ahora reflexionar sobre cuál es la utilidad de la recepción de los estándares de revisión en el derecho procesal civil de tradición continental, y, en lo específico, en el caso chileno como ordenamiento tributario de dicha tradición. Atendida la naturaleza de este estudio, aun preliminar, por motivos metodológicos, parece pertinente dividir la exposición en dos hebras, en función de lo que podemos considerar repercusiones orgánicas del sistema de justicia de cara a los tribunales que intervienen; y repercusiones funcionales asociadas a la configuración y forma de los recursos procesales, especialmente el recurso de apelación.

Como se ha expresado, la aparición de los estándares de revisión en el derecho anglosajón va íntimamente ligado a la falta de distinción —tanto lingüística como conceptual— que existe entre “recurso” y “apelación”, los que, al considerarse dentro del concepto de appeal⁴⁸, impiden la distinción clásica de origen francés referida a la casación y su sempiterna diferenciación con los denominados recursos de “enmienda”, típicamente categorizados así en atención que constituirían “instancia”, debido a las facultades del tribunal de conocer y fallar tanto los hechos como el derecho⁴⁹.

En ese contexto, la necesidad de baremos de suficiencia para poder establecer qué es aquello que los tribunales superiores pueden conocer y fallar, y qué nivel de deferencia deben observar respecto de lo decidido en los tribunales de base se hace indispensable, pues no existen recursos que estén estrictamente abocados al conocimiento exclusivo de la premisa normativa, como sería supuestamente la casación civil continental⁵⁰, de manera tal que la forma en que se lidia con las conclusiones del juez de instancia en el tribunal superior debe estar sujeto a un control por la vía de los mencionados umbrales.

De lo anterior podría colegirse que en un sistema de recursos en el que existe una normativa y tradición dogmática, que ha diferenciado claramente los recursos, sus clasificaciones y funciones, especialmente, entre apelación y casación, no hace necesario siquiera la reflexión sobre dichos estándares, pues es la diferencia de recursos, su procedencia contra ciertas resoluciones y las facultades que la ley le otorga al tribunal en conocimiento de cada recurso quien reemplaza dicha tarea⁵¹.

Pues bien, nuestra idea en este artículo es precisamente señalar lo contrario, a saber, que existe en toda configuración normativa del aparato impugnativo de un sistema de justicia una decisión político-legislativa respecto al nivel de deferencia que se entregará a los hallazgos de hecho y a la aplicación del derecho por parte de los tribunales de primera instancia. Dicha decisión, nos parece, va implícita en la decisión de incluir o no recursos “extraordinarios” en un determinado orden jurisdiccional, así como establecer la procedencia de la apelación de forma más o menos amplia, o respecto de ciertas —y no todas— las resoluciones judiciales⁵². Lo anterior es fácilmente detectable en los procesos de reforma procesal que ha observado nuestro ordenamiento durante los últimos 20 años, considerando la reforma procesal penal (2000), la reforma a la justicia de familia (2005) y la reforma a los tribunales y procedimientos laborales (2008), así como la pendiente reforma procesal civil.

A continuación, intentaremos sistematizar la explicación desde una perspectiva de organización y diseño del sistema de justicia (a) y desde su operatividad (b):

La forma en que un sistema de justicia diseña y configura las vías de impugnación puede ser considerada como una de las más distintivas vías de caracterización de dicho sistema, siendo habitual que se hable de un “sistema de única instancia” por alteridad a un sistema de “doble instancia”, casi en los mismos términos que se habla de un sistema adversarial y dispositivo respecto de uno inquisitivo y oficioso⁵³. Por ello, el nivel de deferencia que se entrega por parte de las cortes revisoras a las decisiones de los tribunales de base puede ser muy relevante para dicho diseño⁵⁴.

La relevancia orgánica redunda en que, si se plantea un sistema con muy poca deferencia para los tribunales inferiores, tanto para questio facti como para questio iure, deberá existir un sistema vertical de revisión extenso y robusto, caracterizable como una verdadera “cultura de la apelación”⁵⁵.

Por otro lado, si existe una mayor deferencia (en el sentido amplio) existirán menores vías verticales, restringiendo la apelación, y dejando los recursos para casos específicos. La consecuencia orgánica (y hasta cierto punto funcional) es que las vías de impugnación se vuelven horizontales, generalmente, por medio del debate y los recursos de reposición⁵⁶. El control de calidad, entonces, pasa a la audiencia, lo que va de la mano de la instauración de un conjunto o “set” de principios —realmente reglas o formas procesales— como la oralidad, la inmediación y la “libertad de prueba” que pretenden dotar a las partes de una relación más directa con el juez, y, por lo tanto, generar una instancia inicial enriquecida, respecto de la cual existe una gran inversión de recursos y tiempo en los que el Estado busca agotar la discusión, especialmente sobre los hechos, dejando la revisión para casos excepcionales.

Si esta excepcionalidad se asocia al nivel de tolerancia del error, no queda otra posibilidad que situarnos nuevamente en el ámbito de los estándares de revisión, pues cuál es la entidad del error que el sistema está dispuesto a tolerar para permitir la impugnación y cuanto error parece tolerable por las cortes, conociendo de tal impugnación no son sino aplicaciones de umbrales de tolerancia y, por lo tanto, de deferencia, hacia las decisiones inferiores.

Por ello, la decisión política de reformar los procedimientos y fortalecer la base de la pirámide tiende a repercutir en un aumento de los niveles de deferencia, indiscutiblemente respecto de los hechos y, potencialmente, respecto del derecho, por parte de las cortes, lo que se traduce en menos resoluciones recurribles, menos recursos y menos casos en las cortes (y eventualmente un modelo y composición de la Corte adecuado a ese nuevo escenario)⁵⁷.

Establecer estándares de revisión en los recursos en Chile supone una tarea aparentemente difícil, pero esto en función de lo “novedoso” y ajeno que puede parecer el concepto, no porque en realidad no sean aplicables. En materia civil, el recurso de apelación se presenta como un medio vertical de impugnación de resoluciones judiciales que es procedente, cumpliendo ciertos requisitos, contra todo tipo de resoluciones judiciales⁵⁸. Sin perjuicio de ello, su núcleo principal de actuación está referido a las sentencias definitivas, respecto de las cuales incluso se plantea ser “el recurso propio” y “natural”⁵⁹.

En ese contexto, nuestra apelación civil consagrada en el CPC de 1903 supone la consagración de una doble instancia caracterizada como amplia respecto de su procedencia, pero “limitada”, de acuerdo con nuestra doctrina⁶⁰, respecto a las facultades revisoras entregadas al tribunal superior, diciéndose, por ejemplo, que no se trata de una repetición de la primera instancia, sino que de un control del cometido del juez inferior. Para ello, se suele esgrimir, como argumento, la posibilidad “meramente excepcional” de rendición de prueba en segunda instancia, como dicta el artículo 207, así como la inexistencia de un contradictorio propiamente tal en la tramitación del recurso ante la Corte. Si ese fuera el panorama, corresponde entonces preguntarse, partiendo de la premisa planteada de que los estándares de revisión existen y son aplicables a nuestro proceso civil, ¿cuál es el nivel de deferencia de la Corte de Apelaciones respecto de las decisiones de los tribunales de primera instancia?

Al respecto, primero, parece necesario señalar que en nuestro sistema no se distinguen las facultades de las cortes de apelaciones respecto de cuestiones de hecho o derecho, quedando comprendidas ambas bajo el concepto de enmienda. Sin embargo, la constante noción de que existen facultades probatorias menores en segunda instancia, como se ha hecho referencia más arriba, y la existencia del denominado “primer grado de competencia”, como dicta el artículo 208, como regla general en materia civil dan una luz respecto a que el enfoque principal de la apelación civil es la enmienda en la aplicación del derecho o, al menos, una preminencia de dicha enmienda respecto a la de aquello considerado questio facti. No se trata, empero, de señalar —tal como ocurre en la discusión en el common law— de que la Corte revisora no tenga facultades para modificar los hechos, pues ciertamente las tiene, sino que el foco del recurso es la búsqueda de la aplicación correcta del derecho, y que, en función de ello, dispone de facultades respecto de la premisa fáctica.

Abona a esta posición el que la competencia funcional de la corte, en virtud del principio de congruencia —artículo 160—, está dada por las peticiones concretas de las partes respecto a aquello estrictamente contenido de la sentencia de primera instancia, es decir, el referido primer grado de competencia, el que se ha definido de forma mucho más normativa que fáctica, centrándose en los conceptos de “acciones y excepciones”, más que determinaciones sobre los hechos.

En el contexto de los procedimientos reformados, la apelación ha visto disminuido su ámbito de aplicación de forma drástica, especialmente en materia penal y laboral. En el CPP solo es procedente cuando existe norma expresa —sin perjuicio de la cláusula abierta del artículo 370— y está asociada a sentencias interlocutorias específicas de particular relevancia —como las medidas cautelares— y solo excepcionalmente respecto de la sentencia definitiva en el procedimiento abreviado, en el que resalta la poca dedicación que la Corte destinará a los enunciados sobre los hechos, pues estos requieren ser aceptados como “los hechos que consten en la investigación”⁶¹, para siquiera permitir la aplicación del procedimiento mismo, por lo que el trabajo de la Corte quedará inevitablemente centrado en la revisión de cuestiones normativas, es decir, en el error de derecho que hubiese podido cometerse, teniendo presente la improcedencia del recurso de nulidad respecto de dicha sentencia.

Su contraparte laboral presenta una apelación aún más restringida, pues no existen sentencias definitivas que puedan ser apeladas, ni siquiera en los procedimientos monitorios, quedando relegada solo a las hipótesis expresas respecto de ciertas sentencias interlocutorias⁶².

De lo que se ha venido expresando, nos parece que puede concluirse que, en la configuración de nuestro sistema de apelación, especialmente civil, existe un grado diferenciado en cuanto a la importancia que se da al error, es decir, se presenta a la segunda instancia como una forma principal de corrección del error en el componente jurídico, sin perjuicio de que en cuanto a facultades conferidas por el recurso a la Corte se puedan también enmendar los hechos. Si aceptamos esta diferencia, deberemos entonces resolver si la diferencia significa, entonces, deferencia. Lo dicho redunda en que sí existe un grado mayor de deferencia por las conclusiones sobre los hechos a las que ha arribado el tribunal inferior y un grado menor de deferencia respecto de su aplicación del derecho.

Si tal fuera la conclusión, no parece este el momento de señalar, de forma categórica, cuál sería dicho estándar de revisión, más no parece dudoso que respecto de los hechos será más alto que respecto del derecho, respecto del cual es posible aventurar, incluso, una postura cercana al umbral de novo, mientras que respecto de los hechos fijados en la instancia sería, en nomenclatura del derecho anglosajón un umbral intermedio, como el “claramente erróneo”.

Asimismo, la configuración de la casación en el fondo —y con ciertos matices en la forma— supone otra pregunta relevante, respecto a si la imposibilidad, salvo hipótesis excepcionales construidas por la jurisprudencia⁶³, de pronunciarse sobre los hechos y no constituir instancia presenta a este recurso como el de mayor grado de deferencia para con el o los inferiores.

Los motivos que han llevado a la consagración de recursos de casación, como mecanismos de revisión de la aplicación correcta del derecho, son variados y se encuentran ampliamente tratados en múltiples fuentes⁶⁴; pero la idea de esta reflexión es señalar si, entonces, es posible considerar a la casación como la hipótesis de mayor deferencia sobre los hechos, más aún que cualquier estándar de revisión del common law, pues tal es el grado de esta deferencia que no resulta siquiera posible revisarlos, quedando por completo fijados por las facultades de los jueces inferiores, máxime si suele señalarse como característica de su aplicación el denominado principio de protección o trascendencia, en el que solo procede la casación como vía de nulidad cuando exista un perjuicio solo reparable por la vía de la invalidación —artículo 768 CPC), de forma tal que existe un reconocimiento expreso a la tolerancia a “errores menores” que se entiende pueden ser cometidos por los tribunales aguas abajo, pero respecto de los que existiría una determinada deferencia que no permite su anulación sin que medie un perjuicio irreparable.

Lo anterior vale también para los recursos de nulidad en materia laboral y penal, que tienen una configuración análoga respecto de los hechos, donde, incluso, es más visible esta hipótesis, pues no existe doble instancia, y los recursos son conocidos por las cortes de apelaciones, salvo casos excepcionales del artículo 373 del CPP, directamente desde los tribunales de base.

En ese sentido, puede sostenerse, como un camino intermedio, la tesis de la equivalencia funcional. Desde un punto de vista comparativista cabría la crítica sobre si en el derecho chileno existen equivalentes funcionales de los estándares de revisión y que, por lo tanto, no harían útil su importación, y, por consecuencia, su particular análisis. Por equivalencia funcional entendemos la existencia de instituciones diversas, en este caso, entre sistemas jurídicos, que respondan a la misma necesidad, pese a sus distintas configuraciones, es decir, que cumplan la misma función⁶⁵, entonces, el estándar de revisión en sí mismo no es relevante sino la función que cumple en el esquema del proceso, y como dicha función es recogida por otras estructuras en Chile (y en el derecho continental). Un estándar alto de deferencia, como el que atiende a los recursos de nulidad (como las casaciones), supondrá que, en vez de declarar un estándar de deferencia como el “abuso de discreción”, nuestro sistema codifica lo que considera intolerable como error del tribunal inferior en una causal específica del recurso, entendida como error en la aplicación de ley procesal, por ejemplo, las causales del 768 N° 9 en relación con el 795 del CPC.

Así, se llega a los mismos resultados, pero no como una construcción de la discrecionalidad de la jurisprudencia, como sería el caso del common law, sino como un mandato definido por el legislador, concordante con el sistema de fuentes formales de cada familia o tradición jurídica⁶⁶.

De la misma manera, respecto del estándar “claramente erróneo” podrían señalarse como equivalentes causales del recurso de nulidad laboral relativas al control de los hechos⁶⁷, o la configuración de la premisa fáctica en la justificación de la sentencia penal⁶⁸. Se trata de controles caracterizados como excepcionales, de derecho estricto y que se presentan ante una equivocación manifiesta⁶⁹. De esa guisa, podría señalarse que se trata de una causal que pretende cumplir la misma función de deferencia intermedia para con los tribunales inferiores, dejándoles amplio margen de resolución, pero controlando aquellas cuestiones que se consideren lo suficientemente relevantes y que dan origen a que el legislador haya incluido la causal.

Con todo, pese a que podría establecerse que existen una equivalencia funcional entre los estándares de revisión y las causales o grupos de causales de los recursos en el sistema procesal chileno (y continental), habría que transitar, en opinión de este artículo, hacia cuál es el nivel de deferencia que el legislador considera aplicable a cada decisión al establecer las respectivas causales. En ese contexto, los estándares de revisión seguirían existiendo radicados en la voluntad del legislador, es decir, aunque no los construya, la jurisprudencia, siguen operando⁷⁰.

Asimismo, no puede dejarse de tener presente que la decisión sobre la admisibilidad de esos recursos sigue estando entregada a la decisión de las cortes, y que en la toma de esa decisión va envuelto, más que un mero examen formal, un umbral de tolerancia a la posibilidad del error del tribunal inferior.

El presente trabajo ha presentado, de forma inicial y todavía muy preliminar, la discusión sobre estándares de revisión en tanto umbrales de deferencia de los tribunales superiores al revisar las sentencias de sus inferiores. En tal cometido, se han explicado los diversos estándares que la doctrina y jurisprudencia del derecho del common law ha señalado, de acuerdo con cada aspecto de la sentencia, pudiendo dividirse de forma clara el nivel de deferencia entre el componente fáctico y el normativo. A tal respecto, se sostiene que la deferencia por las conclusiones sobre los hechos es mucho mayor, incluso casi total y salvo casos de abuso, mientras que existe mucho menos sobre las conclusiones jurídicas y la aplicación del derecho, donde se permite una revisión exhaustiva, asociada al baremo de novo.

La discusión prácticamente inexistente en Chile supone un ejercicio necesario para problematizar sobre la configuración del sistema de justicia de cara a su régimen vertical de recursos, particularmente, respecto de la noción de segunda instancia y la amplitud del recurso de apelación. Se sostiene, asimismo, que, en el actual régimen de recursos de apelación, la ley entrega una mayor deferencia por las conclusiones sobre los hechos, reservando una intención, no necesariamente explícita, de mayores facultades respecto del derecho, y que las causales de derecho estricto de los recursos de invalidación podrían contener decisiones legislativas respecto a estos estándares.