Este es precisamente el problema que surgió en Petro Urrego vs. Colombia. En diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación de Colombia decidió responsabilizar a Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en la gestión de los servicios de recolección de basura en la ciudad. En consecuencia, fue destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por quince años. Petro argumentó que esta sanción disciplinaria vulneraba sus derechos políticos conforme al artículo 23 de la Convención Americana, así como las garantías del debido proceso y el derecho a la protección judicial durante el procedimiento administrativo. La Comisión Interamericana emitió medidas cautelares a favor de Petro, solicitando que Colombia suspendiera los efectos de la destitución para proteger sus derechos políticos mientras se examinaba el caso. Sin embargo, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, no cumplió con estas medidas, argumentando que Petro todavía tenía recursos legales para impugnar internamente la sanción y que el papel del Sistema Interamericano era “complementario”. ⁵⁸ Eventualmente, el Consejo de Estado de Colombia también dictó medidas cautelares y, un mes después de la inhabilitación, Petro regresó a su cargo. En 2017, después de que Petro terminara su mandato, el Consejo de Estado invalidó la decisión de la Procuraduría, apelando al “control de convencionalidad” y a la aplicación directa del artículo 23. ⁵⁹ También fue compensado por el salario que no recibió durante su destitución. A pesar de las medidas internas tomadas para proteger los derechos de Petro, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH en 2018, argumentando que la sanción inicial violó la Convención Americana y que los recursos internos no abordaron plenamente sus causas.

En Petro Urrego, la Corte IDH dictaminó que el proceso disciplinario contra Petro violó los principios de jurisdicción, imparcialidad, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Además, la Corte analizó la controversia sobre el artículo 23(2), señalando que en ninguna circunstancia la Convención permitiría que “órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido”. ⁶⁰

Además, aunque el Consejo de Estado restauró los derechos políticos a Petro y la Corte IDH parece tratar de entablar un diálogo tanto con la jurisprudencia de este tribunal como con la de la Corte Constitucional, finalmente reiteró que la interpretación de las disposiciones relacionadas con las facultades de la Procuraduría General por parte de la Corte Constitucional y otras autoridades del Estado colombiano debe alinearse con los principios convencionales sobre derechos políticos establecidos en el artículo 23. ⁶¹ El único esfuerzo para conciliar las normas convencionales y constitucionales está en la parte de la decisión en la que la Corte IDH señaló que la Constitución colombiana —arts. 277 y 278— permite una interpretación compatible con la Convención, entendiendo que la autoridad del procurador General sobre los funcionarios públicos electos se limita a supervisar su conducta, sin implicar sanciones de suspensión o inhabilitación. ⁶²

En Petro Urrego, la Corte IDH aplicó una interpretación textual del artículo 23(2.) ⁶³ Adoptar tal método de interpretación no es algo que la Corte haga con mucha frecuencia. Como se mencionó anteriormente, una de las principales características de su práctica judicial se basa en una interpretación amplia y expansiva de la Convención, en particular del principio pro persona. Sin embargo, la regla parece muy clara en este caso. La Corte incluso destaca la opinión experta presentada durante la audiencia pública de este caso por el constitucionalista Roberto Gargarella, quien señaló que “el Artículo 23(2) es ‘muy claro’ en el sentido de que las palabras ‘condena’, por un ‘juez competente’ en ‘proceso penal’, significan exactamente lo que todos entendemos por eso”. ⁶⁴

Dicho esto, la discusión parece terminar ahí. Sin embargo, esta no es toda la historia, por al menos dos razones. Primero, en cuanto a la comprensión general del artículo 23, la modalidad textual de interpretación resulta problemática al examinar las implicaciones de los derechos políticos en el contexto de una democracia representativa. Segundo, con respecto a Petro Urrego, no hay una disfunción democrática identificable que la Corte IDH haya encontrado en este caso.

En cuanto al primer punto, la Corte IDH ha enmarcado su concepción de los derechos políticos en el marco de una democracia representativa. La Corte se ha basado en la Carta Democrática Interamericana de 2001, según la cual, los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. ⁶⁵ En consecuencia, la sujeción de los detentadores del poder al estado de derecho conlleva necesariamente un cierto grado de rendición de cuentas (accountability). ⁶⁶ La rendición de cuentas abarca mecanismos disciplinarios que impiden que los actores políticos involucrados en ciertas conductas se postulen o ejerzan cargos mientras se adelantan procesos penales. Además, una concepción funcional de la separación de poderes requiere mecanismos para excluir a funcionarios y candidatos en circunstancias extremas, como cuando quienes ocupan cargos intentan socavar el sistema político. Un ejemplo reciente es la decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil de inhabilitar a Jair Bolsonaro para participar en política. ⁶⁷

Por lo tanto, entender la democracia representativa también requiere considerar el concepto de rendición de cuentas. La Corte IDH ha reconocido que las acciones corruptas del Estado pueden erosionar los derechos humanos. Por ejemplo, en Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, citó la Convención Interamericana contra la Corrupción, señalando que la democracia representativa requiere una “batalla” contra todas las formas de corrupción en el servicio público, ya que tal corrupción disminuye la confianza en el proceso democrático. ⁶⁸

El valor de la rendición de cuentas en una democracia representativa nos invita a pensar más allá de una lectura textual del artículo 23. En términos de Dixon, a explorar “valores constitucionales o políticos más amplios como parte de un proceso de elección interpretativa”. ⁶⁹ En numerosos casos, la Corte ha desempeñado una labor que precisamente requiere “elecciones sobre la mejor manera de interpretar el lenguaje mucho más abierto de las garantías constitucionales escritas”. ⁷⁰ La Corte ha examinado la relación entre la independencia judicial y la democracia, así como los requisitos de integridad electoral y los límites a la reelección presidencial, entre otros. En todos estos casos, la Corte ha identificado disfunciones específicas dentro del sistema democrático que a menudo conducen a diversas formas de monopolio antidemocrático del poder. Por ejemplo, en 2021, la Corte IDH emitió una opinión consultiva en la que concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho autónomo y que permitir la reelección presidencial sin límites de mandato es contrario a los principios de la democracia representativa y, por tanto, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ⁷¹ En ese sentido, la prohibición de tal reelección, más allá de lo prescrito por el artículo 23, es compatible con los compromisos normativos del Sistema. ⁷²

Esto nos lleva al punto sobre la disfunción democrática en Petro Urrego. La Corte IDH señaló que la sanción impuesta a Petro “también constituyó una afectación de los derechos políticos de sus electores y del principio democrático” ⁷³ e instruyó a Colombia a modificar su marco legal. Sin embargo, la Corte IDH prestó poca atención a la disfunción democrática específica de este caso. La Procuraduría General es una de las instituciones más significativas establecidas por la Constitución de 1991 para abordar la corrupción generalizada en el sector público. El procurador general es elegido cada cuatro años por el Senado de una terna: uno propuesto por el presidente, otro por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Estado. Esta institución tiene la autoridad para suspender y destituir de sus cargos tanto a funcionarios no electos como a electos que se compruebe que violan el Código General Disciplinario en el desempeño de sus funciones oficiales. ⁷⁴

Esta competencia fue impugnada en los tribunales nacionales de Colombia incluso antes de Castañeda Gutman. En la Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional señaló que el artículo 23, cuando se interpreta en conjunto con otros instrumentos internacionales y regionales anticorrupción recientemente adoptados, no impide que los Estados adopten medidas complementarias. Si bien estas medidas no implican penas de prisión, pueden imponer sanciones diseñadas para proteger los fondos públicos y abordar un problema que la Corte Constitucional considera un obstáculo grave para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales, como se detalla en el Protocolo de San Salvador. ⁷⁵ La Corte empleó la doctrina del “bloque de constitucionalidad” para enfatizar la necesidad de una interpretación coherente y sistemática de la CADH, en conjunto con el marco constitucional interno y otros tratados ratificados por el Estado, incluso aquellos no explícitamente relacionados con los derechos humanos. ⁷⁶

Después de López Mendoza, la supuesta incompatibilidad fue nuevamente planteada ante la Corte Constitucional colombiana. En la Sentencia SU-712 de 2013, la Corte falló en el caso de un senador que fue destituido de su cargo y a quien la Procuraduría le prohibió participar en el gobierno por dieciocho años como parte de una sanción disciplinaria. ⁷⁷ Para la Corte, el trasfondo fáctico de este caso difería del de López Mendoza porque la interpretación de la Corte IDH del artículo 23 no resultaba aplicable en el contexto colombiano. También enfatizó que, mientras la Constitución venezolana requiere una “sentencia judicial” para que procedan las inhabilitaciones, el caso colombiano no tenía tal requisito constitucional, como era el caso de la competencia otorgada al procurador general para ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluidos los elegidos por voto popular. ⁷⁸ Cabe destacar que la Corte Constitucional citó casos de la Corte IDH, confirmando que tanto las sanciones administrativas como las penales constituyen la potestad punitiva del Estado, y que, bajo ciertas circunstancias, las sanciones administrativas se podrían equiparar a las penales. ⁷⁹ En ese momento, para la Corte Constitucional, el poder disciplinario del Procurador General se alineaba con la definición de proceso penal del artículo 23(2). ⁸⁰

La Corte Constitucional enfatizó la importancia de una interpretación sistemática de la Convención Americana en este contexto, e hizo referencia al voto concurrente del juez Diego García-Sayán en el caso López Mendoza para resaltar la necesidad de armonizar las restricciones de la cláusula de derechos políticos con otros instrumentos internacionales y con la legislación nacional, que considera que tales restricciones constituyen “una estrategia legítima en la lucha contra la corrupción”. ⁸¹ Esta interpretación del artículo 23 persistió en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ⁸² Antes de Petro Urrego, en la Sentencia C-111/2019, la Corte volvió a evaluar la constitucionalidad del Código Disciplinario respecto de este asunto. La Corte sugirió que la interpretación del artículo 23, centrada en el contenido “mínimo de los derechos políticos” empleada por la Corte IDH en Castañeda Gutman, también se aplica a los casos que involucran sanciones disciplinarias que equivalen a una restricción de los derechos políticos. La Corte fue más allá, afirmando que “pese a reconocer su importancia, […] los pronunciamientos de la Corte Interamericana no pueden ser trasplantados automáticamente al ordenamiento jurídico interno”. Una declaración que cuestiona el fundamento de la doctrina del “control de convencionalidad”, tal como lo desarrolla la Corte IDH. ⁸³ Este esfuerzo jurisprudencial armonizador de la Corte Constitucional sobre el artículo 23 de la Convención y su interpretación por la Corte IDH no fue considerado por esta última en el caso Petro Urrego.

Es bien sabido que el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, mostró un sesgo partidista y albergó una hostilidad particular hacia Petro. De hecho, Ordóñez se desempeñó como embajador ante la Organización de los Estados Americanos durante la administración de Iván Duque, uno de los principales rivales políticos de Petro. ⁸⁴ Esto podría explicar las violaciones al debido proceso durante los procedimientos disciplinarios contra Gustavo Petro identificadas por la Corte IDH. Ciertamente, esta podría haber sido una forma más fácil de entablar una conversación con las autoridades nacionales, es decir, de reforzar las disposiciones judiciales emitidas previamente por el Consejo de Estado en 2013, mediante una medida provisional, y, en 2017, con la sentencia que anuló las sanciones. Este enfoque podría verse como una forma de apoyo mutuo o, como lo describe Dixon, una “garantía cruzada” (cross-collateralization) institucional.

La Corte IDH identifica acertadamente el derecho a participar en el gobierno, tal como se establece en el artículo 23, como parte de un compromiso fundamental con la democracia, o un “núcleo mínimo democrático”. Sin embargo, situó la cláusula convencional en contradicción con su propia jurisprudencia anterior —particularmente Castañeda Gutman. y con la comprensión del derecho constitucional colombiano sobre el artículo, que ciertamente ofrecía argumentos que valía la pena analizar y hacía eco de uno de los votos concurrentes de uno de los jueces interamericanos. La elección interpretativa de la Corte IDH fue descartar las consideraciones nacionales e imponer su lectura no solo de la Convención, sino también de la jurisprudencia constitucional colombiana, que ha servido de referencia para otros casos en el Sistema Interamericano. ⁸⁵ Además, al estimar innecesario referirse a consideraciones basadas en valores democráticos, la Corte IDH adoptó un enfoque no responsivo que pasó por alto las características específicas de esta institución y el principio más amplio de rendición de cuentas como parte del marco normativo que sustenta la democracia regional. De hecho, la falta de sensibilidad a menudo está vinculada a un razonamiento formal, que corre el riesgo de eclipsar el significado funcional de los valores constitucionales involucrados. ⁸⁶

En el capítulo seis de su libro, Dixon sostiene que incluso los tribunales altamente competentes, cuando tratan de ser democráticamente responsivos, corren el riesgo de fomentar una reacción adversa (backlash), cargas de inercia inversas o debilitamiento democrático. Estos fenómenos distintos surgen de la incapacidad de los tribunales para acceder a información o perspectivas pertinentes, o de errores al evaluar los matices de la opinión democrática o el grado en que una acción legislativa específica (o la inacción) amenaza con socavar los valores constitucionales democráticos, y de una falta de capacidad para prever los efectos de una decisión determinada. ⁸⁷ Estos riesgos de la intervención judicial reflejan el tipo de revisión pragmática y basada en principios que conlleva la teoría RJR. Mientras se ocupan del trasfondo del “núcleo mínimo democrático” y de las variaciones de los principios políticos de libertad, igualdad y dignidad, los tribunales deben reconocer las limitaciones que podrían llevarlos a recurrir a mecanismos que difieran su intervención y así vivir para “luchar otro día”. ⁸⁸

Una reacción democrática adversa (backlash) suele surgir cuando el fallo de un tribunal provoca una respuesta significativa y adversa del público o de figuras políticas que no proviene de un desacuerdo democrático legítimo, lo que lleva a acciones que socavan la autoridad del tribunal. Según Dixon, este tipo de reacción se clasifica en dos tipos. Las formas de reacción “específicas para un tema” se centran en reclamos o causas constitucionales específicas, impulsando iniciativas legislativas o constitucionales para anular los derechos o valores constitucionales reconocidos por los tribunales. ⁸⁹ Por su parte, las formas de reacción “centradas en la institución” se manifiestan en el incumplimiento de la decisión de un tribunal o en el ataque a la capacidad institucional misma para tomar decisiones. ⁹⁰

Por su parte, el concepto de cargas de inercia inversas se refiere a una situación en la que el control judicial, en lugar de corregir la disfunción democrática, obstruye inadvertidamente el proceso democrático. Esto sucede cuando hay un desacuerdo razonable generalizado con una decisión judicial y los legisladores no pueden expresar su disenso o entablar un diálogo significativo con el tribunal. El debilitamiento democrático es un fenómeno interconectado con los anteriores que se debe a la participación de los tribunales en casos específicos que deberían resolverse mediante procedimientos democráticos. Esto socava los incentivos para que los legisladores participen en el proceso de implementación constitucional, más allá de lo decidido por los tribunales. ⁹¹

Las consecuencias de Petro Urrego vistas a través de la teoría RJR revelan matices interesantes en la discusión sobre la interacción entre los tribunales supranacionales y los sistemas nacionales. Después de que la Corte IDH dictó su sentencia y tras una propuesta de la entonces procuradora general, el Congreso aprobó una ley para modificar el Código Disciplinario (Ley 2094/2021). ⁹² Sin embargo, en lugar de restringir la autoridad de la Procuraduría, este estatuto amplió su competencia. Específicamente, en lugar de limitar a los jueces la capacidad del Estado para suspender y destituir a funcionarios electos, el Congreso facultó a la Procuraduría General para actuar como juez en casos disciplinarios y estableció una Sala Disciplinaria dentro de la institución. Además, la ley establecía que las decisiones de la Sala Disciplinaria podían ser revisadas por el Consejo de Estado a petición de los funcionarios públicos sancionados. ⁹³

Esta ley fue impugnada ante la Corte Constitucional bajo el argumento de que era incompatible con la decisión de la Corte IDH en el caso Petro Urrego. En la Sentencia C-030/2023, la Corte Constitucional afirmó que, aunque esta decisión afectaba directamente a Colombia, no generaba un conflicto directo e irreconciliable con la Constitución. La Corte reconoció que la decisión de la Corte IDH tenía peso normativo en la interpretación de la competencia sancionadora del Procurador General respecto de los funcionarios públicos electos, pero también reafirmó los propósitos legítimos de dicha competencia, en particular la lucha contra la corrupción. Nuevamente, la Corte Constitucional adoptó una interpretación sistémica del artículo 23, alineándola con otros instrumentos internacionales, como la Convención de la ONU contra la Corrupción. ⁹⁴

Al tiempo que anulaba las secciones del nuevo Código Disciplinario (Ley 2094/2021) que otorgaban poder judicial a la Procuraduría, ⁹⁵ la Corte Constitucional reafirmó que Petro Urrego no tenía efectos erga omnes ante los tribunales nacionales. La Corte Constitucional ideó una solución de término medio que consiste en lo que Dixon llamaría un remedio débil. En contravención de la sentencia de la Corte IDH, no invalidó la autoridad de la Procuraduría para imponer sanciones a funcionarios elegidos popularmente. No obstante, la Corte Constitucional determinó que todas esas sanciones quedarían sujetas automáticamente a una revisión judicial por jueces administrativos, que finalmente ascenderían al Consejo de Estado como autoridad final. Al mismo tiempo, “exhortó” al Congreso a idear un mecanismo legislativo para armonizar la sentencia de la Corte IDH con los sistemas constitucionales y legales colombianos. ⁹⁶ A pesar de que la Corte Constitucional enmarcó sus decisiones en términos dialógicos, reiteró firmemente que la Corte IDH no es su superior jerárquico en la interpretación de las normas constitucionales colombianas. La Convención, argumenta la Corte Constitucional, es igual, pero no superior, a la Constitución. ⁹⁷ En ese sentido, la Corte Constitucional también reafirmó explícitamente su escepticismo hacia la doctrina del control de convencionalidad y estableció una regla híbrida que combina principios constitucionales y convencionales:

[La Procuraduría General] en tanto autoridad que cumple funciones administrativas, no puede imponer con carácter definitivo a este tipo de servidores las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad, sin la intervención de un juez. Estas restricciones solo pueden ser decididas por los jueces de la República, con independencia de su especialidad, siempre que brinden garantías del debido proceso, semejantes a aquellas que ofrece el proceso penal. ⁹⁸

Tras este caso, muchos funcionarios electos previamente destituidos por la Procuraduría presentaron sus casos ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, reclamando la aplicación de la sentencia Petro Urrego. En uno de esos casos, en octubre de 2024, el Consejo reiteró que el artículo 23(2) debe interpretarse conforme al derecho interno colombiano, en particular, las disposiciones legales y constitucionales relativas a las sanciones disciplinarias para funcionarios electos. ⁹⁹ Además, enfatizó que, en caso de conflicto entre la interpretación de la Convención y la Constitución, la Corte Constitucional, no la Corte Interamericana, es la autoridad final responsable de conciliar ambos cuerpos normativos. Esta decisión fue acompañada por Humberto Sierra Porto, quien era juez de la Corte IDH en ese momento y actuó como conjuez del Consejo de Estado en el caso. A pesar de los desacuerdos internos entre la Sección Segunda del Consejo de Estado, que tradicionalmente sigue la doctrina del “control de convencionalidad” (incluso después de la Sentencia C-030/2023), y otras secciones del Consejo, en diciembre de 2024, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó la postura de la Corte Constitucional en esta materia. ¹⁰⁰

Ciertamente, esta secuencia de eventos no parece ejemplificar un caso de debilitamiento democrático en los términos de Dixon. La decisión de la Corte IDH no impidió que los actores políticos y judiciales nacionales se ocuparan de la cuestión de excluir a los funcionarios electos (y posibles candidatos) a través de mecanismos distintos a los procesos penales. Por el contrario, la decisión amplió una discusión que ya era exhaustiva en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, e incluso preparó el escenario para la plena participación de la rama legislativa en esta discusión. Por las mismas razones, esta decisión no produjo cargas de inercia inversas entre los actores judiciales y legislativos nacionales en Colombia. Como se describió, la Corte Constitucional entabló lo que se llamaría una interacción constitucional dialógica con el legislativo. Si bien anuló parte de la ley emitida en respuesta a Petro vs. Colombia, proporcionó algunas pautas para que el Congreso alcanzara una solución integradora.

Sin embargo, sería plausible preguntarse si este caso produjo o tiene el potencial de producir una forma de carga de inercia inversa en la relación entre los tribunales colombianos y el poder legislativo, por un lado, y la Corte IDH, por otro lado. Petro Urrego deja poco espacio para que las autoridades colombianas entablen un diálogo significativo con la Corte IDH. Ni la solución propuesta por el Congreso ni la respuesta de los tribunales nacionales han cumplido con los estándares exigentes y las obligaciones específicas establecidas por la Corte IDH. Como se mencionó, la Corte IDH, basándose en la doctrina del control de convencionalidad, impuso una interpretación de la Constitución colombiana que despoja al procurador general de su competencia y ordenó cambios legislativos específicos al Código Disciplinario. La lectura de la Corte IDH de la Convención Americana como una forma de supraconstitucionalidad contrasta fuertemente con la lectura de la Corte Constitucional de las normas internacionales e internas, que aboga por una integración que nivele el terreno para una aplicación efectiva y sistemática de todas ellas.

El enfoque de la Corte IDH carece de un mecanismo para entablar una conversación realmente significativa con las autoridades colombianas y así desarrollar soluciones mejoradas alineadas con los estándares constitucionales tanto interamericanos como nacionales. ¹⁰¹ Lo que la Corte IDH planteó en este caso se asemeja más a un monólogo que a un diálogo. ¹⁰² De hecho, durante la fase de supervisión del proceso, el Estado informó sobre las reformas al Código Disciplinario (Ley 2094/2021) y señaló que esta ley había sido demandada ante la Corte Constitucional. ¹⁰³ El Estado también indicó que la decisión estaba pendiente en ese momento y solicitó que la Corte IDH permitiera que los tribunales internos determinaran la mejor manera de armonizarla con el marco constitucional nacional. ¹⁰⁴ No obstante, en noviembre de 2021, la Corte IDH emitió un informe de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las órdenes en Petro Urrego y concluyó que, mientras autoridades distintas a un “juez en un proceso penal” tengan la competencia para destituir a funcionarios electos e inhabilitarlos para postularse a cargos, el Estado no cumplirá con el fallo. En este informe, la Corte IDH no consideró que la revisión constitucional de la reforma legal aún no se hubiera decidido. ¹⁰⁵

Este caso resalta ciertas áreas para refinar la tipología de Dixon sobre los riesgos para la democracia derivados de la intervención judicial, particularmente al diferenciar entre las cargas de inercia inversas y la reacción adversa (backlash) “específica de un tema”. Si bien el indicador distintivo para identificar lo primero es si existe un desacuerdo democrático razonable con la decisión del tribunal, en el caso de los tribunales supranacionales puede suceder que lo que parece pertenecer al entendimiento constitucional mayoritario desde la perspectiva de los actores nacionales aparezca como una disfunción democrática a través de la lente de un poder judicial supranacional. El sesgo del punto de vista, en este caso, aumentaría. Este es precisamente el caso en Petro Urrego. Si la Corte IDH considera que las respuestas del poder judicial y de los legisladores colombianos son irrazonables y carecen de fundamento bajo su lectura integradora del Sistema Interamericano, más que una carga de inercia inversa, para la Corte, este sería un caso de reacción adversa, en forma de contestación a la forma en que el tribunal aplica el artículo 23(2). Por el contrario, para las autoridades nacionales, esta contestación se asemeja a una carga de inercia inversa que, si la Corte IDH hubiera decidido de otra manera, habría sido una oportunidad para articular la Convención y la Constitución de manera contextual y dialógica.

El riesgo en este caso es que si la Corte IDH no aprovecha su competencia de supervisión para fomentar un compromiso dialógico y más horizontal con las características institucionales de Colombia, la supuesta reacción adversa a un tema específico (a ojos de la Corte IDH) podría convertirse en una resistencia real y en una reacción adversa contra la propia institución. Esto, en el caso de que el tipo de argumentos articulados por los tribunales colombianos se extienda a otros campos, como la justicia transicional, las garantías del proceso penal, etc. Si bien es prematuro afirmar que existe una “oposición popular” a Petro Urrego, no resulta irreal sugerir que tal decisión, combinada con las respuestas judiciales y la potencial mayor participación de los actores políticos, podría influir en las actitudes y agendas públicas hacia la Corte IDH. Esto podría contribuir, en última instancia, a un cambio a largo plazo en la legitimidad legal, política y sociológica de esta. ¹⁰⁶

Además, este caso introduce un aspecto menos examinado en la teoría RJR: la interacción entre tribunales de distintos niveles. Aunque el poder judicial colombiano sostiene que la Corte IDH no es su superior directo, considerar enfoques responsivos al control judicial en contextos supranacionales nos anima a mirar más allá de las relaciones Corte-Ejecutivo y Corte-Legislativo. Nos impulsa a imaginar cómo un tribunal responsivo podría relacionarse con otros tribunales dentro del mismo sistema. Esto es especialmente relevante en países como Estados Unidos, donde los tribunales inferiores desempeñan un papel decisivo en la ejecución de los fallos de la Corte Suprema. ¹⁰⁷ El caso discutido aquí resalta cómo los enfoques no responsivos de los tribunales supranacionales, como la Corte IDH, pueden conllevar serios riesgos de reacción adversa cuando entran en conflicto con los enfoques responsivos de los tribunales nacionales colombianos. Esto también arroja dudas sobre la idea de que la “garantía cruzada” (cross-collateralization) de la autoridad institucional conduciría naturalmente al “apoyo mutuo”, lo que el caso parece sugerir que no es así. ¹⁰⁸

Ahora bien, la pregunta es ¿cómo debería haber decidido la Corte IDH este caso desde la perspectiva de la teoría RJR? ¿Había espacio para un enfoque responsivo en Petro Urrego vs. Colombia? Dixon sugiere que los tribunales deben ser conscientes de su capacidad institucional y de su legitimidad. En este sentido, al decidir un caso, el tribunal puede identificar un desacuerdo democrático razonable sobre un tema en particular o cuando se espera una reacción violenta contra el tribunal, lo que socava su capacidad y autoridad. Para ello, Dixon propone un conjunto de mecanismos que permitan que los tribunales “debilitar” la finalidad de sus decisiones. Estas son formas de modular la amplitud del razonamiento de un tribunal, el tipo y el momento de los remedios empleados, y el uso de la fuerza del precedente en un caso particular. Por lo tanto, el control judicial podría imponer límites sustantivos a la legislación, pero con decisiones diferidas o sin fuerza de precedente (control fuerte-débil), o con un enfoque debilitado de los derechos, dejando espacio para la discusión democrática sobre los contornos de su contenido, mientras se permiten remedios judiciales más fuertes, como los “sanciones subsidiarias” (penalty defaults), o una inconstitucionalidad diferida en casos de inacción legislativa (control débil-fuerte). ¹⁰⁹

El tipo de control que la Corte IDH ejerció en Petro Urrego fue robusto tanto en el razonamiento como en los remedios. En cuanto al primero, la Corte IDH aplicó una interpretación textual del artículo 23(2), que está en evidente contradicción con el derecho constitucional y la legislación colombiana, sin considerar cuidadosamente las razones expresadas por el Estado con respecto al papel que desempeña el procurador general en la lucha contra la corrupción. Este tema fue planteado no solo durante el proceso judicial específico en Petro Urrego, sino también antes de ello, en los fallos de la Corte Constitucional con respecto al artículo 23, tanto antes como después de López Mendoza. La Corte IDH no intentó entablar un diálogo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre este tema, a pesar de que este tribunal es uno de sus principales aliados en la región.

La Corte IDH parece no tener otra opción que adaptarse al entorno hostil que enfrenta, derivado ya sea de intentos iliberales de socavar el sistema o de desacuerdos legítimos y razonables. Los desafíos reales que enfrenta la Corte IDH sugieren que lo que la Corte presenta como una forma de control judicial de razonamiento y remedios fuertes usualmente termina siendo una forma de control judicial débil de facto. ¹¹⁰ Las decisiones de la Corte IDH rara vez son definitivas. En su lugar, las legislaturas y los poderes judiciales nacionales conservan la autoridad para responder o anular las decisiones judiciales, facilitando un diálogo continuo entre el poder judicial y el legislativo (u otras ramas). La Corte IDH y el Sistema Interamericano están sujetos constantemente a limitaciones administrativas y financieras. ¹¹¹ Si la Corte IDH no reconoce sus limitaciones, aumentan las posibilidades de producir cargas de inercia inversas y, finalmente, reacciones adversas en casos como Petro Urrego.