Introducción

La Constitución Política de 1991 presenta como avance significativo el reconocimiento y la reivindicación de las minorías étnicas, pasando de una constitución homogeneizadora a una que definió como ideal la riqueza de la diversidad étnica y cultural (Blanco, 2005).

La Presidencia de la República (1995), mediante el Decreto 1745 de 1995 “Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las .Tierras de las Comunidades Negras. y se dictan otras disposiciones”, consignó, además del procedimiento de titulación de tierras colectivas, la definición y conformación del gobierno propio (Consejo comunitario)^[1] y los mandatos reglamentarios respecto a las funciones de dicha instancia, como ejercicio orientador de la actividad económica del territorio, a partir de la asignación de áreas individuales, familiares y colectivas (Art. 11 numerales 5 y 6). En el citado Artículo 11 (numerales 7, 9 y 10), están definidas las responsabilidades relacionadas con la reglamentación y administración interna para el manejo de los recursos naturales (Reglamento interno), el cual deberá ser avalado y aprobado en el pleno de la Asamblea del Consejo comunitario. Este aspecto es refrendado por González Bonilla, Orobio y Daza (2015), quienes enuncian:

Cada consejo comunitario (CC) está integrado por la Asamblea General (máximo espacio de decisión compuesto por toda la comunidad) y la Junta del CC (máxima autoridad administrativa del territorio colectivo). Además, cada CC cuenta con otras instancias organizativas que definen y orientan el quehacer programático en términos comunitario, organizativo e institucional, tales como los comités veredales, los cuales tienen como función velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales, coordinar acciones, programas, planes y proyectos con instituciones que operen en el territorio, apoyar la resolución de conflictos socioambientales que se presenten dentro del territorio, entre otras. (p. 9)

Es importante mencionar que, desde la promulgación de la Ley 70 de 1993, los diferentes gobiernos han adoptado varios desarrollos jurisprudenciales emanados desde las cortes y tribunales colombianos, especialmente en reconocimiento de orientaciones y mandatos que reafirman lo consignado en la Carta magna y en los vínculos o bloque de Constitucionalidad, a partir de tratados y convenciones internacionales.^[2] No obstante, para la Ley 70/1993, aún hoy (2019) se adolece de la reglamentación de los Capítulos IV, V y VII de esta, los cuales constituyen contenidos sustanciales para la gestión de la opción y pervivencia de las comunidades negras en sus territorios colectivos, en un escenario formal y armónico con los desarrollos del Estado nación colombiano.

Esta situación queda muy explícita en Martínez-Basallo (2014), quien expone:

Si bien, en los años que siguieron a la sanción del Decreto 1745 de 1995 se le dio un impulso decidido a la titulación de territorios colectivos en la región Pacífica, el reconocimiento jurídico de estas poblaciones como legítimas propietarias de los territorios que han venido ocupando ancestralmente no ha estado acompañado de políticas públicas encaminadas a la superación de las precarias condiciones de vida que aquejan a la zona. En contraste, las últimas décadas esta región ha presenciado la implantación de megaproyectos de infraestructura y el establecimiento de plantaciones agroindustriales promovidos por las instituciones estatales que, lejos de fortalecer el proyecto autonómico de las negritudes, representan un notable retroceso con respecto a los derechos que les fueron reconocidos en la Ley 70 de 1993. A esto se suma, la progresiva vinculación de los pobladores locales a las economías extractivas de los recursos naturales que, junto con la agudización del conflicto armado en la zona, el creciente deterioro del medio ambiente y una profunda crisis en la seguridad alimentaria de estas comunidades, impiden la plena realización de los derechos que les fueran reconocidos constitucionalmente. (pp. 5-6)

Como consecuencia de las situaciones de conflictividad observadas entre los Comités veredales de la zona baja, en la comunidad del río Cajambre con relación a la Junta Directiva del Consejo comunitario de la misma cuenca, se plantea abordar en este estudio de caso la siguiente pregunta de investigación: conocer y comprender cuáles son las dinámicas y tensiones sociales, políticas y económicas que configuran la gobernanza del ecosistema manglar en el territorio colectivo de la comunidad negra del río Cajambre – Buenaventura.

Marco teórico y conceptual

La comunidad negra del Cajambre puede ser definida desde varios aspectos teóricos recientes (Barth, 1976; Anderson, 1993; Restrepo, 2001; Bartolomé, 2006; Cardoso de Oliveira, 2007; Rojas, 2014, citados por Martínez-Basallo, 2014), comprendiendo que los debates académicos pueden confluir según los autores en escenarios que van desde la dimensión histórico-cultural y los rasgos de ancestralidad estimados en modo de africanidad, hasta las reflexiones que asumen una construcción identitaria artificial y oportuna a efectos de reclamaciones y reivindicaciones al diseño del Estado nación, por demás centralizados y con matices racializados desde las comarcas poblacionalmente mayoritarias.^[3]

Además de esta noción de comunidad, el proceso de definición de la etnicidad negra ha gravitado en torno a un conjunto de elementos que se consideran constitutivos de la especificidad cultural de estas poblaciones, donde la referencia a un origen compartido, la reivindicación de unos rasgos primordiales comunes, así como la afirmación de una identidad colectiva como grupo étnico diferenciado del resto de la población, sitúan a las comunidades negras como un Otro cultural, portador de unas particularidades culturales e históricas que lo legitiman como diferente (Martínez-Basallo, 2014, p. 10).

Sosa (2012, p. 109) plantea que el territorio está vinculado estrechamente a la identidad y, por consiguiente y desde ahí, a la relación íntima que emana del grupo humano. Así, como afirma Sergio Mendizábal (2007):

Los territorios son parte del conjunto de representaciones colectivas que dan vida a las conciencias étnicas y son marcos, no solo físicos sino también simbólicos, para la experiencia grupal; un territorio es el resultado de la articulación entre una población con su espacio. (p. 54)

El territorio es un elemento de la identidad de un grupo que lo ubica como parte de lo propio y lo diferencia de lo ajeno; lo hace parte de sus componentes, de su ser colectivo en donde, al mismo tiempo, el grupo pertenece al territorio. En el caso de grupos étnicos o pueblos originarios, estos son configuraciones sociales que poseen un conjunto de características que los hacen diferentes a otras colectividades del mismo tipo, características objetivas y sentidas, materiales y simbólicas, que son útiles para marcar fronteras sociales que norman las posibilidades para relacionarse con los Otros. Dichas características sirven para establecer, desde el grupo mismo, su autoidentificación y autodefinición, lo que los diferencia y hace diferentes del Otro o de los Otros (Sosa, 2007, citado por Sosa, 2012, p. 108).

La territorialidad, por su parte, es la producción práctica o discursiva de territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos, etc. La territorialidad propicia el sentido de posesión y pertenencia territorial. Este sentimiento se construye tanto desde la representación física propiamente dicha como desde una representación más intelectual y espiritual. Para los yanaconas ese sentimiento se expresa a través de la agricultura, actividad desde la cual se concibe la tierra como contexto de acción y lazo emocional, y desde donde se define para ellos el proceso de posesión y de pertenencia al territorio (Nates Cruz, 2011).

Villa (1999) y Hoffmann (2007), citados por Martínez-Basallo (2014), en su referencia a los pensadores diacríticos, caracterizan la territorialidad negra con una singularidad a saber:

Se destaca la coexistencia de formas de apropiación colectiva e individual del territorio, donde las parcelas de usufructo individual y familiar se conjugan con el uso colectivo de algunos espacios como los bosques, ciénagas y ríos, los cuales pueden ser utilizados por todos los miembros reconocidos de una comunidad, siempre y cuando se acojan a las normas establecidas consuetudinariamente. Sin embargo, la progresiva vinculación de los pobladores locales a las redes de comercialización de los recursos madereros se ha traducido en una progresiva reducción de los espacios de uso colectivo, cuyo acceso es cada vez más restringido para la comunidad en su conjunto. (p. 11)

Para el caso de los consejos comunitarios, los reglamentos internos constituyen un instrumento de recuperación y vigencia de las prácticas ancestrales y, en particular, del ejercicio de la autoridad interna (encarnada en los mayores), al igual que como consignación explícita de los acuerdos entre personas, familias y grupos de familias con afinidades en el aprovechamiento consuetudinarios de áreas comunes en el territorio colectivo (es el caso de esteros, quebradas, charcos y pozas, lomas, entre otros) (Cárdenas y Ramos, 2006). Por tanto, los reglamentos internos movilizan la revisión y reflexión de manera fundamental al uso, manejo y conservación dinámica de bienes y servicios presentes en el territorio y cuyo acceso pertenece a todos los habitantes de las comunidades que integran el consejo comunitario (Bollier, 2008; Ostrom, 2008).

Actualmente, la concepción y evidencia pragmática del ejercicio social de la gobernanza es uno de los mayores retos y escenarios en los que las sociedades se encuentran inmersas. Esta situación tiene como origen, entre otras razones, la necesidad e importancia de establecer los equilibrios garantistas en la conducción de sus decisiones y las implicaciones esenciales en la autodeterminación y reconocimiento del Otro, como marco de integración entre los diversos actores de una colectividad.

De esta forma, la gobernanza no solamente plantea diálogos entre diferentes, sino que insta a una constante revisión sobre las estructuras mismas de legalidad, legitimidad e integridad, entre las formas de gobierno institucionales, sus transformaciones y adaptaciones a las dinámicas sociales (v.gr., temporales y temáticas); y la formas como estas actúan en consecuencia con los actores disímiles de las comunidades particularmente locales y su contexto.^[4]/[5]

En este sentido, se considera que la gobernanza es un campo activo de disertación en la ciencia de la filosofía política, en los debates sociológicos, en las posturas de interpretación y elaboración de políticas públicas en las instancias de gobierno y, sobre todo, en los movimientos de carácter gremial, comunitario y étnico, en cuya apuesta de paradigma en ciernes se encuentra la invocación a la interculturalidad como postulado de relación con el “otro dominante”.^[6]

Por lo tanto, se observa que:

La gobernanza implica, así pues, una forma nueva y diferente de gobernar caracterizada por la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad civil y la participación en el gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor, sea este político, económico, social o cultural. De aquí que el interés por usar el concepto de gobernanza radique en su capacidad de englobar todas las instituciones y relaciones implicadas en los procesos de gobierno. (Cerrillo, 2005, p. 13)

Reconociendo que sobre el concepto y enfoques de gobernanza existen diversas tesis y, de manera similar, que las precisiones o enfoques^[7] sobre su definición más adecuada motivan la necesidad de fijar un derrotero orientador de la teoría y praxis en la relación gobierno-gobernanza, se presentan diversas definiciones de utilidad para los propósitos de este documento. Así entonces, una definición importante es la de las Naciones Unidas pues, dada su influencia y su rango como organismo internacional, marca cierta pauta para otras publicaciones:

De acuerdo al enfoque prescriptivo, ‘governance’^[8] se refiere a la manera en que el poder legítimo se ejerce en relación con la sociedad y para el bien común. De acuerdo al enfoque descriptivo, el concepto de ‘governance’ señala que la sociedad no es regida únicamente por el gobierno, sino que éste es parte de una red compleja de interacciones entre instituciones y grupos. Sin implicar juicio de valor, se puede decir que, en un sistema de gobierno abierto o democrático, la intensidad de las interacciones puede ser mayor que en uno no democrático. Lo que es claro es que el gobierno es sólo la parte visible del iceberg de governance. (Naciones Unidas, 1995, citadas por Barriga, Campos, Corrales y Prins, 2007).

Por otro lado, interpretando que la gobernabilidad es desde la etimología “la habilidad de gobernar”, lo que en sí es una cualidad de la arquitectura de la gobernanza y según Altman (2001): “Si entendemos a los gobiernos como redes de instituciones políticas, entonces gobernabilidad sería la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas” (p. 385).

La gobernanza está íntimamente relacionada con la gobernabilidad. Esta última como cualidad de la comunidad política en la cual las instituciones del gobierno, junto con la acción legítima de los ciudadanos, actúan en el pleno ejercicio de poder y obediencia por parte del pueblo. La gobernanza es la encargada de generar las condiciones y las capacidades para que los actores no solo interactúen entre ellos, sino también en la manera como lo hacen. Es decir, se forja como una herramienta indispensable en la cual se estudia la manera en que el Gobierno transforma las necesidades de su Estado en políticas, facilitando que la exclusión no haga parte de estas y, por el contrario, actúa como ente equitativo y responsable de su eficiencia (Galeano, 2009).

Es apreciable que el común denominador de los acercamientos conceptuales y tratamientos a la relación gobernanza-gobernabilidad estima la interacción entre actores, instituciones y factores promotores o facilitadores de relación, en torno a un determinado objetivo. En esencia, esta relación invoca una dinámica de gestión social y de la sociedad misma para con sus intereses, en algunos casos delegada a través de instancias representativas y, en otros, mediante demandas formalizadas en los instrumentos que cada colectividad ha definido a lo largo de diversas vivencias, casos y experiencias. Tal como lo establece Molina (2014):

La gobernanza ambiental y los movimientos sociales se hayan relacionados, muchas veces en su accionar, en la práctica, y se responde usualmente a las necesidades de la población de hacer frente a lo que se considera como la vulneración de sus derechos y, en no pocas ocasiones, a daños al medio ambiente. Además, en ocasiones, el propio Estado se muestra inerme, da respuestas lentas o se convierte en una amenaza para las comunidades que debería proteger. (p. 29)

De esta manera, el término gobernanza en materia ambiental no es solo una competencia de un gobierno nacional, ya que requiere la incorporación de otros actores que de alguna u otra forma ejerzan actividades o tengan derecho de propiedad sobre cierto espacio ambiental. De este modo, a través de la gobernanza ambiental, se han dado los procesos no exclusivamente para la toma de decisiones sobre el acceso, sino también con respecto al uso de los recursos naturales que, como se mencionó anteriormente, han tendido a descentralizarse de manera que se van adquiriendo nuevas responsabilidades (Delgado, Bachmann y Oñate, 2007).

Por otro lado, autores como Reyes y Jara (2005) aseguran que la gobernanza ambiental nace como solución a los conflictos sobre quiénes deben tomar las decisiones ambientales, al igual que el uso y la distribución de los recursos naturales. De ahí que los diferentes grupos sociales —las instituciones del Gobierno, la ciudadanía en general y los movimientos sociales— se articulen para llevar a cabo un interés particular, en este caso el uso de los recursos naturales, de manera que exista una especie de estándar para regular o corregir las conductas de la sociedad y proteger los ecosistemas y el medio ambiente. Ello no se realiza simplemente a través de la creación de normativa, sino también mediante valores culturales (Cronkleton, Taylor, Barry Jovicich, Stone-Jovicich y Schmink, 2008, citados por Molina, 2014, p. 30).

Bajo este contexto, se distinguen acciones colectivas por la soberanía de las comunidades que habitan territorios donde puede desarrollarse la acción extractiva por parte del Estado o las empresas multinacionales, y que han recurrido a mecanismos en el marco de la legalidad o a la movilización social para impedir actuaciones sobre los ecosistemas con los cuales tradicionalmente se han relacionado (Montoya-Domínguez y Rojas Robles, 2016).

Por último, es preciso resaltar que la gobernanza de recursos naturales que está en manos de pueblos indígenas y comunidades locales supone la existencia de “áreas donde la autoridad y la responsabilidad de la gestión recae sobre pueblos indígenas y/o comunidades locales a través de diversas formas de instituciones y normas consuetudinarias o legales, formales o informales” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN], 2015, s. p.). Los pueblos indígenas y comunidades locales son propietarios consuetudinarios de extensos territorios con alta importancia para la biodiversidad en diferentes lugares del mundo;^[9] estos espacios les sirven como medio de vida, refugio, culto, etc. Bajo estas condiciones se han ido creando diferentes modelos de conservación basados en conocimientos tradicionales

Metodología

El estudio se realizó en la cuenca del río Cajambre, localizada en la región del Pacífico colombiano, municipio de Buenaventura, al suroccidente del departamento del Valle del Cauca, en el flanco occidental de la cordillera Occidental, aproximadamente a 60 km del puerto de Buenaventura. Posee una extensión de 134.204,26 hectáreas de las cuales, según la Resolución N.° 03305 del 29 de diciembre del año 1999, 75.710 (757,1 Km²) pertenecen al Territorio Colectivo del Consejo Comunitario, que corresponde al 56,41% de la cuenca y, 60.926 pertenecen al Parque Nacional Natural Farallones de Cali. En términos poblacionales, la cuenca del río Cajambre cuenta con aproximadamente 2811 habitantes, siendo las comunidades más grandes los corregimientos de Silva, seguido de Aragón, la Fragua, Barco, Chorro, San Isidro y Pital, estos han sido los sitios más tradicionales en el río. Por un pequeño número, las mujeres son el sector poblacional más grande en todas las comunidades del río Cajambre, representando el 51,12%, mientras los hombres el 48,8%, pero en general se trata de una sociedad balanceada. Mientras el río Timba sigue siendo la zona más despoblada del Consejo. La unidad de trabajo es el ecosistema de manglar localizado en la parte baja de la cuenca, donde se encuentran las veredas de Pital, Punta Bonita y Guayabal-Timba (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca [CVC], Consejo comunitario del río Cajambre y WWF, 2006; CVC, Consejo comunitario del río Cajambre y Fundacofan, 2008; CVC, Universidad del Tolima y Consejo comunitario del río Cajambre, 2015) (figura 1).

El estudio utilizó métodos etnográficos consistentes en entrevistas semiestructuradas, aplicadas a seis pobladores locales (líderes comunitarios y usuarios del manglar); seis grupos focales, representativos de las tres veredas, que incluyeron de manera diferencial a los hombres (corteros nativos)^[10] y mujeres (piangueras)^[11]; talleres grupales, recorridos de campo, registros fotográficos y bitácora. Para el análisis de la información obtenida, el estudio abordó cuatro categorías de análisis que permitieron la comprensión de la relación de gobernanza al interior del Consejo comunitario del río Cajambre. Dichas categorías fueron en su orden: comunidad étnica (negra)-identidad; territorio-territorialidad-territorialización; autonomía-gobernanza, y gestión y uso de bienes colectivos.

Resultados y discusión

Whittingham (2010), con referencia al concepto de gobernanza, expresa que:

Luego de revisar la literatura existente es posible concluir que este es un espacio del conocimiento en construcción y que se requiere mucho más trabajo de investigación e incorporación de los aprendizajes derivados de la praxis. (p. 222)

En dicho sentido, este trabajo reconoce que el concepto de gobernanza, por estar aún en proceso de construcción y aplicaciones multisectoriales y multidimensionales, presenta varias limitaciones en especial en lo referente a la vinculación de variables sociológicas y más significativamente en la comprensión de la dimensión diferencial étnico-cultural y su consolidación desde las particularidades locales. Este aspecto constituye una amplia posibilidad para el desarrollo de procesos que asuman, desde lo general hacia lo específico, temáticas como la relación de la comunidad con los recursos naturales del ecosistema manglar.

Para efectos de este caso, el cual se circunscribe a un escenario de conflictividad interna entre los pobladores de las veredas de la zona baja en la cuenca del río Cajambre y conexas al ecosistema manglar y sus bosques de transición, los cuales conforman comités veredales versus los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la misma cuenca, órgano establecido y formalizado mediante elección de Asamblea según procedimiento establecido en el Decreto 1745 de 1995. Así las cosas, se adopta el concepto de Whittingham (2010), a saber:

Gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema como totalidad.

Como conclusión, podemos asumir que gobierno se refiere básicamente a las organizaciones y/o instituciones a cargo de garantizar que, las decisiones relacionadas con asuntos públicos cuenten con los medios necesarios para ser realizadas en forma exitosa, y que estas decisiones reflejen cierto equilibrio de intereses. Gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones, de negociación de prioridades, de utilización del poder, y a los valores expresados en el proceso mismo. (p. 222)

Dentro del río Cajambre, la existencia del patrimonio y acervo cultural tangible e intangible permite resaltar expresiones como la música, los cantos y los bailes, la gastronomía, las artesanías, los saberes ancestrales de producción agropecuaria y la tradición oral, que son utilizados para la organización de sus fiestas, bailes, ritos fúnebres, entre otros, las cuales caracterizan la identidad propia de la comunidad negra en esta localidad.

La población negra de estas localidades no es ajena a las definiciones y consideraciones desde los académicos en su construcción de aspectos relacionados con la racialización de las colectividades, la etnización del sujeto y por ende la fractura gnoseológica que complejiza la construcción del proyecto de sociedad-nación. Al respecto, Restrepo (2007), reconoce:

Al ‘negro’ se le atribuyen características propias de su ‘raza’ o ‘sangre’ que lo hacen particularmente apto para habitar ciertas zonas (las de las costas y los valles ardientes, las tierras bajas o las zonas tropicales), en las cuales la presencia de otras ‘razas’ tienden a desaparecer ante la influencia demográfica del ‘negro’. (p. 51)

En cuanto a la colectividad, la adjudicación del territorio colectivo y la administración por un órgano que lo representa (llamado Consejo comunitario), la delimitación de espacios de uso por todos los miembros del consejo, la capacidad para la resolución de conflictos a nivel interno, la presentación de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales y las prácticas culturales, dan cuenta de ese aspecto (Hinestroza Cuesta, 2017).

Así, las relaciones entre la gobernanza y la democracia participativa consideran que el principio participativo sería concebido como un instrumento que dotaría de legitimidad y legalidad a las prácticas corporativas y al diálogo silencioso entre los diferentes grupos de la sociedad; por ello, el principio participativo es una herramienta política ideal para que los ciudadanos puedan hacer valer mejor sus aspiraciones (Rosas-Ferrusca, Calderón-Maya y Campos-Alanís, 2012).

Sobre las formas organizativas y toma de decisiones

Si bien la norma formalizó la estructura de gobierno en los territorios colectivos titulados a comunidades negras (González Bonilla et al., 2015, p. 9), en la actualidad se expresan debilidades que ameritan una revisión autocrítica respecto a su funcionamiento. En tal sentido, se observa que la concentración de funciones relacionadas con los mandatos del Decreto 1745 de 1995 (Artículo 11 – funciones de la Junta Directiva del Consejo comunitario) en un reducido núcleo de personas es una constante, evidenciada durante los últimos quince años en prácticamente todas las dinámicas étnico-territoriales de la región Pacífico Valle del Cauca y de otras latitudes. Esta situación no solo implica concentrar información orientadora de la capacidad de gobernanza respecto a las instancias externas (sean estas del Estado, sector privado u otro), sino que también se ha convertido en una práctica lesiva hacia el interior de las comunidades en su propio territorio colectivo. Con tal conducta, se distorsiona de manera negativa el mandato de la Asamblea general y la confianza de los agentes internos como los comités veredales o grupos especializados en alguna labor o función (caso: corteros, piangueras, cazadores, expresiones religiosas etc.). Desde esta situación, el valor de la tradición en los liderazgos ancestrales discurre hacia prácticas clientelares contrarios a las formas identitarias por excelencia, reivindicadas en la diferencia e interculturalidad. Esta situación, coincide con lo expresado por Agier y Hoffmann (1999), respecto a que:

La concentración de funciones en el seno de un pequeño grupo de dirigentes no se limita al ámbito financiero. Son casi siempre las mismas personas quienes poseen la información y participan en las reuniones de representación y/o de negociación con las instancias de nivel superior. Ni los pocos efectivos de líderes potenciales, ni la sobrecarga de trabajo de los dirigentes regionales o la urgencia de las tareas a efectuar justifican por sí solos este fenómeno. Al igual que en muchos procesos organizativos jóvenes y poco consolidados, la información circula poco y mal, según canales en su mayoría oscuros a los cuales sólo acceden ciertos dirigentes y sus aliados (reuniones informales, difusión restringida de documentos, decisiones tomadas en pequeños comités y sin publicidad...). El control de estos canales y la difusión de las informaciones se asimilan prácticamente a una gestión de clientelas y de recursos. Los excluidos de la información sin embargo no tardan en rebelarse, y en Nariño, como en otros departamentos del Pacífico, las divisiones aparecen. (pp. 8-9)

Sobre las prácticas de aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales asociados al manglar (madera e invertebrados marinos)

Los habitantes del Pacífico son descendientes de esclavos africanos (cimarrones y emancipados) y de negros libres que se asentaron en esta zona del país antes de la abolición de la esclavitud, guiados en la mayoría de los casos por la explotación minera (Hoffmann, 2007, citado por Vélez, 2009, p. 77).

Tal antecedente, se referencia para las comunidades negras en la cuenca del río Cajambre por Bermúdez-Rico (2009):

Los pobladores de la cuenca del río Cajambre se reconocen como negros descendientes de esclavos cimarrones. Para ellos, sus ancestros fueron esclavos fugitivos de las haciendas ubicadas al otro lado de la cordillera Occidental; y otros llegaron a Cajambre con el amo Crisanto Barco, a explotar minas de oro, en el año de 1786. (p. 23)^[12]

Las comunidades negras del Pacífico, incluidos los habitantes de los ríos de Buenaventura, se asentaron en la región sin ningún derecho formal de propiedad, aunque los habitantes del territorio reconocían la propiedad informal individual (o familiar) de parcelas agrícolas. Para el gobierno nacional, en cambio, el Pacífico colombiano era considerado hasta la Constitución de 1991 como una reserva de territorios baldíos, ignorando básicamente la presencia de comunidades negras e indígenas (Plant y Hvalkof, 2001). De facto, la región Pacífica estaba bajo un régimen de acceso abierto, donde cualquier persona entraba a explotar los recursos sin ninguna consulta a sus habitantes, y las concesiones del Gobierno a compañías madereras eran prevalente.^[13]

Según el análisis de los principios generales que Ostrom (1990, 2005) propone como determinantes del éxito de los regímenes de propiedad común, citados por Vélez (2009, p. 81), el mayor reto de los Consejos comunitarios titulados de Buenaventura es la definición de un sistema de monitoreo y de sanciones internas para los infractores de las reglas. La definición de los derechos de propiedad y la exclusión de no miembros es el primer paso para el sostenimiento de los recursos. Sin embargo, igual de importante es la regulación de los usuarios internos, y para esto no basta con la definición y formalización de reglas para la extracción de recursos (Vélez, 2009).

El acceso a la tierra en las áreas ribereñas de la región Pacífica descansa en la parentela, cuya posesión ancestral determina el derecho del grupo de descendencia a usufructuar un tramo del río. Cada parentela o partida tiene delimitada su posesión, que se extiende desde el “frente” u orilla del río hacia adentro, hasta tropezar con un límite natural, como puede ser una montaña o un caño. Estos linderos laterales se conocen como “fondo” o “centro”, y tienen como finalidad garantizar a los descendientes sus propias parcelas para trabajar (Martínez-Basallo, 2010, p. 18).

Para las comunidades costeras del río Cajambre, las actividades de la pesca, corte de madera de mangle y el aprovechamiento de la piangua y otros invertebrados marinos, asociados al ecosistema manglar, se han constituido, desde los últimos 40 años, en las principales fuentes de ingreso económico que sustentan las familias de las tres comunidades. La presión de uso sobre estos recursos naturales se incrementó en el momento que la demanda externa de estos productos se hizo cada vez mayor. Esta situación puede interpretarse como resultado de los cambios y transformaciones intergeneracionales asociados a las dinámicas de la economía de enclave, en donde se destaca que los bienes y servicios ambientales del ecosistema manglar ingresaron a suplir la demanda del crecimiento urbano en el Distrito de Buenaventura; tal es el caso del uso del mangle, para el pilotaje y cimientos de las viviendas, y de la piangua, que pasó de ser un alimento usado en temporadas de fiestas (Semana Santa y diciembre), a ser un renglón importante para la economía de las familias, bajo el liderazgo de las mujeres, en razón a la demanda creciente de actores externos a la cuenca, como los compradores del Ecuador, Buenaventura y otros departamentos del litoral Pacífico. Esta realidad se refleja en los relatos de las piangueras y corteros de la zona:

Yo aprendí a pianguar yendo al raicero (manglar) con mi mama, cuando era niña, porque en esa época no había guarderías y ella no tenía con quien dejarnos… Sacábamos la piangua solo en Semana Santa y diciembre, el resto del año no se tocaba, había mucha. Actualmente, está muy escasa porque la población ha crecido demasiado y la mayoría de las mujeres, de las tres bocanas, nos dedicamos a esta actividad… Además, cuando no hay pesca, hay que darle al raicero porque si no de dónde va uno a sostenerse.^[14]

El corte de madera siempre se ha hecho en las comunidades del Pacífico…con el mangle, a la gente le gusta mucho para leña porque da mucho fuego y no se acaba rápido y también para pilotes de las casas, acá en el río… Es una madera que se vende bien y tiene comercio en el puerto y resto del país…^[15]

Tanto las piangueras como los corteros nativos de la zona conocen cuál es la importancia ecológica del ecosistema manglar y, por ende, los efectos de sus actividades intensivas de aprovechamiento sobre la dinámica marino-costera y la calidad de vida de las poblaciones locales. Manifestaron estar de acuerdo con la necesidad de implementar acciones para un uso, manejo y conservación sostenida de la oferta ambiental de bienes y servicios de este ecosistema, y expresaron su interés en participar en iniciativas que promuevan estos cambios.

En este contexto, el proceso adelantado por la CVC-RARE-Fundacion RH Positiva y el Consejo comunitario del río Cajambre, con el apoyo de otras instituciones, a través de la Campaña por el orgullo para la conservación del manglar y su biodiversidad, ha logrado la concertación participativa de un acuerdo comunitario para la conservación del manglar y su biodiversidad, que involucra descansos temporales para la extracción de la piangua, áreas de conservación y restauración del manglar, monitoreos participativos y fortalecimiento organizativo de las comunidades locales. El análisis del proceso de implementación del acuerdo, realizado a la fecha, coincide con los planteamientos de Vélez (2009), respecto a que:

La reglamentación local para el manejo del territorio y sus recursos probablemente no es suficiente. En un contexto de economía extractiva, la definición de proyectos productivos alternativos y de inserción en cadenas productivas regionales es igual de importante. La generación de fuentes alternativas de ingreso debe acompañar las regulaciones para disminuir la presión sobre los recursos naturales.

Aquí hay un reto adicional para las comunidades y las autoridades competentes. Si bien la titulación es colectiva, los proyectos productivos en el interior de las comunidades no son necesariamente colectivos. De hecho, cada familia tiene acceso, dentro del territorio colectivo, a parcelas familiares de producción agrícola respetadas y reconocidas como propiedad individual informal por la comunidad y su respectiva Junta de Consejo. Sin embargo, estas familias no pueden acceder a créditos individuales en el sistema financiero tradicional, pues la tierra no les sirve de garantía colateral (ya que el territorio colectivo es inembargable e imprescriptible). Es necesario desarrollar mecanismos de financiación alternativos o microcréditos que se ajusten a la realidad de estas comunidades. Contrario, todos los proyectos productivos de estas comunidades dependerán de “proyectos de ayuda”, más que de emprendimientos locales. Así mismo, se debe comenzar la discusión sobre el pago por servicios ambientales como una posible estrategia de conservación y desarrollo sostenible, al reconocer las prácticas tradicionales de las comunidades negras en sus territorios. (p. 82)

Sobre las dinámicas y tensiones del ejercicio de la gobernanza en relación con los instrumentos de planificación existentes en las comunidades vinculadas al manglar

Con base en los talleres y diálogos con los grupos focales y actores clave de las tres veredas o bocanas, se identificaron cuatro situaciones que potencialmente explican las dinámicas y tensiones que subsisten en torno al ejercicio de la gobernanza del manglar en el territorio, las cuales son:

• Los procesos de comunicación entre la junta directiva y los comités veredales adolecen de la continuidad en los canales y la oportunidad respectiva, frente a las decisiones y actuaciones que inciden en la aplicación, seguimiento y cumplimiento de lo consignado en el reglamento interno, en relación con las garantías de uso, manejo y conservación del ecosistema manglar. Tal situación se refleja en la descoordinación y relacionamiento con terceros (foráneos-financiadores de la demanda, entre otros), frente a conductas o comportamientos que superan la capacidad de resiliencia del ecosistema.

• La adopción de prácticas políticas que reproducen el modelo centro–periferia con todas sus anomalías como la concentración del poder, concentración de la información, exclusión de las opiniones contrarias a la estructura directiva en la toma de decisiones, entre otros; ha contribuido a la pérdida de credibilidad y gobernabilidad de las directivas, al interior de sus comunidades, para el cumplimiento de los mandatos.

• La falta de esquemas técnicos y administrativos, relacionados con el aprovechamiento del ecosistema manglar, que permitan la toma de decisiones orientadas a la autoregulación (sanción y estímulo), a la búsqueda de alternativas complementarias para proveer condiciones de bienestar para contribuir a la conservación del ecosistema de manglar; este último es uno de los aspectos de mayor demanda, reconocidos por los habitantes de las tres bocanas o veredas.

Se aprecia en la cuenca del Cajambre que el modelo de relaciones de poder centro-periferia también convive en las organizaciones de carácter político-administrativo, aún desde las formas tradicionales de gobernabilidad en las comunidades negras. Esta situación puede explicarse desde la modernidad y la adopción de aprendizajes exógenos, relacionados con el ejercicio de la autoridad en el territorio colectivo. Es decir, en la cuenca existen dinámicas propias de poblamiento y organización político-administrativa nucleada en veredas como Pital, Silva y San Isidro en Cajambre. Son precisamente estas localidades las que han concentrado los liderazgos y la rotación de los mismos en el proceso organizativo, observándose poca inclusión de nuevos líderes en las Juntas Directivas, de un periodo a otro. En síntesis, la crisis y la fractura de las estructuras étnicas invocadas tanto en la Ley 70 de 1993 como en el Decreto 1745 de 1995, reclaman revisionismo autocrítico y nuevas estrategias hacia la recuperación interna de las confianzas y valores. Finalmente, no podemos obviar que los ordenamientos y usos de los espacios del territorio en las cuencas poseen otras lógicas que pueden interferir con las hegemonías formales vía proceso electoral consignado en la norma. A ello se acude cuando de extraer o explotar bienes comunes, como los esteros y las áreas de cacería e incluso tala de madera, se refiere. Subyacen en la cuenca esteros y áreas con nominaciones por apellidos, por relaciones de compadrazgo, por linajes^[16] interfamiliares ancestrales, entre otros, los cuales son respetados para su uso, por el resto de la comunidad. Por tanto, se encuentra coincidencia con los planteamientos de Hoffmann (2002):

Las dinámicas socio-espaciales se asocian a cambios de otro orden, sea económico, cultural o político. En estas interacciones el análisis evidenció procesos de retroalimentación entre los niveles del centro y de las periferias, de lo local y de lo global. Las transformaciones político-étnicas, por ejemplo, suponen procesos creativos por parte de los actores individuales y colectivos que intervienen en ellas, como pueden ser procesos de invención/recuperación de la tradición para algunos, o de elaboración de nuevos esquemas de participación ciudadana para otros. En ambos casos exige de los actores, campesinos de base o dirigentes de organización étnico-territorial, una cierta capacidad para jugar con los distintos niveles y registros de legitimación. (p. 69)

Conclusiones

El estudio realizado permitió identificar que las relaciones consuetudinarias en torno al uso, aprovechamiento y manejo del ecosistema manglar, han facilitado concertar mecanismos para disminuir y controlar la demanda externa de bienes y servicios ambientales de este ecosistema en la zona, que se constituyen actualmente en una amenaza concreta para la sostenibilidad de la oferta ambiental de este ecosistema.

La capacidad de autogobierno y control en el manejo de los bienes y servicios ambientales, en torno al manglar, particularmente la piangua y la madera de mangle, se evidencia de manera positiva en el establecimiento del acuerdo comunitario de conservación del manglar y la piangua, consensuado entre miembros de familias de las diferentes veredas o bocanas, y en particular, de los tres comités veredales articulados al proceso de acompañamiento al proyecto.

De manera similar, el acceso al consumo individual y familiar de los bienes y servicios de los ecosistemas en la comunidad cajambreña corresponden a un abordaje espacial y temporal de la oferta natural en el territorio colectivo. Se coincide por tanto con Martínez-Basallo (2010), cuando plantea que:

El usufructo individual y familiar sobre el “fondo” o “centro” se conjuga con el uso colectivo de los bosques, ciénagas y ríos. Las áreas boscosas, conocidas localmente como “respaldo” o “bosque comunitario”, carecen de delimitaciones, es decir, cualquier persona reconocida como parte de la comunidad puede ejercer las actividades de caza y recolección en ellas, siempre y cuando se acoja a las normas establecidas consuetudinariamente. Incluso el corte de maderas, anteriormente era practicado libremente por todos los integrantes de la comunidad, pero el agotamiento de los recursos forestales y la introducción de nuevas tecnologías para su explotación ha socavado el usufructo colectivo de estos recursos, en favor del aprovechamiento individual. (p. 19)

El estudio muestra que los instrumentos de planificación y acuerdos comunitarios elaborados y consensuados entre todos, como el plan de manejo territorial,^[17] el reglamento interno y el acuerdo comunitario de conservación del manglar y su biodiversidad, son idóneos y pertinentes para las expectativas de gestionar la conservación, uso y manejo de este ecosistema. La dificultad que se aprecia en la interlocución y relacionamiento entre la Junta del Consejo comunitario y los comités veredales de cada una de las comunidades costeras vinculadas al proyecto se presenta por falta de diálogos entre ellos, y la percepción negativa sobre la conducta de algunos miembros de la Junta y otras personas de estas veredas. En virtud de esta situación, es necesario que el empoderamiento de los miembros de cada una de las veredas sea la ruta para redefinir los procesos de conservación tanto con la Junta del Consejo comunitario como con los miembros de la comunidad que incumplen los acuerdos comunitarios.

Un hecho de relevancia en el marco de la Campaña por el orgullo para la conservación del manglar y su biodiversidad, en la cuenca del río Cajambre, ha sido la capacidad de movilizar los liderazgos locales desde los comités veredales, lo cual puede entenderse como respuesta interna de actuación por parte de los líderes locales ante la inercia de la Junta Directiva respecto a su capacidad de atender multiplicidad de compromisos y agendas. No obstante, esta situación también dejó entrever fracturas entre la concentración de las decisiones por parte de la Junta Directiva y las demandas de los actores locales en las veredas. Vale mencionar que, para el río Cajambre, la última transición entre la Junta Directiva saliente y la entrante constituyó un proceso dilatado y traumático,^[18] situación que no necesariamente limitó la introducción en las comunidades costeras del proceso hacia la construcción de nuevas confianzas y apuestas en torno a la concertación de un acuerdo comunitario para la conservación del manglar y su biodiversidad.

Este estudio de caso nos permite convalidar, desde la conflictividad interna identificada en las comunidades cajambreñas, que es importante, para ampliar el debate en torno a la gobernanza, que la institucionalidad adopte las nuevas realidades y, especialmente respecto a la construcción desde las etnicidades y diálogos interculturales, asuma que las prácticas propias de estas comunidades son un aporte para esta construcción conceptual. En tal sentido, estamos de acuerdo con el planteamiento expresado por Whittingham (2010):

Las limitaciones en el manejo del término, tanto desde la teoría como desde la práctica, tienen que ver con la incapacidad para reconocer, fortalecer e incorporar formas alternativas de gobernanza, no lideradas por el Gobierno. Con esto no quiero decir que el Gobierno no tiene una responsabilidad importante en la construcción de gobernanza democrática, pero lo cierto es que en realidades como las de América Latina, donde hay poderosos actores para-estatales, donde el Estado ha sido debilitado persistentemente, y donde los niveles de credibilidad y legitimidad son bastante bajos, es importante e interesante aprender de las formas de gobernanza emergentes. Muchas veces los paradigmas importados, tanto teóricos como prácticos, son insuficientes para capturar la complejidad de realidades sustancialmente distintas de aquellas en las que se han producido las teorías y los modelos de investigación y/o intervención. Lo cierto es que el concepto de gobernanza es una buena excusa para repensar nuestras realidades y tomar decisiones acerca de cómo construir sociedades más modernas en el sentido más antiguo de la modernidad, de libre pensamiento, con igualdad de oportunidades, inclusivas y democráticas. (pp. 233-234)

Finalmente, en la cuenca de Cajambre, el estudio de caso reafirma que la gobernanza del ecosistema manglar, basada en las formas consuetudinarias, se ha visto afectada por los procesos de transición y apropiación por parte de las comunidades locales, de nuevas formalidades como lo establecido en el Decreto 1745 del 1993 y el reglamento interno. Estas formas consuetudinarias, reflejadas en las conductas, valores, y relaciones de parentesco y las formas imaginarias que han construido y sostienen el tejido social, como intangibles, tienen un peso vinculante al ejercicio y condiciones de la gobernanza comunitaria. Evidencia de esto, fue el proceso de participación y fortalecimiento de liderazgos locales que condujo a la concertación y firma del acuerdo comunitario de conservación del manglar y su biodiversidad en la cuenca.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación
Este artículo es producto de la investigación adelantada, entre el 2017 y 2018, sobre El proceso para la formulación e implementación de un acuerdo comunitario de conservación del ecosistema manglar y su biodiversidad, en el que participaron el Consejo Comunitario del río Cajambre - CVC – RARE – Fundación RH Positiva – Conservación Internacional y la Universidad de Manizales, a través de la asesoría al trabajo de tesis de Maribell González Anaya.

[1] Los Consejos Comunitarios (CC) surgen inicialmente como una organización ligada al concepto de propiedad colectiva, sin embargo, con la expedición del Decreto-Reglamentario 1745 de 1995 adquieren la categoría de “la máxima autoridad” de administración interna dentro de las tierras de comunidades negras (artículo 3), pues la Ley 70 de 1993 solo los consagró como una “forma de administración interna” (artículo 5) (Hinestroza, 2006, p. 75, citado por Hinestroza Cuesta, 2017, p. 161).

[2] v.gr. Convención 169 de 1989 OIT ratificado mediante Ley 21 de 1991, Decreto 1320 de 1998 sobre Derecho a la Consulta previa, entre otros.

[3] Miguel Bartolomé distingue cuatro momentos teóricos de dicha discusión que, sin ser categóricos, recogen gran parte del debate que se ha dado en torno a esta noción. Ellos son: el primordialista, el constructivista, el instrumentalista y el enfoque generativo o interaccionista.

[4] El contexto se puede considerar uno de los problemas clave de la antropología social. Uno de sus objetivos centrales, que constituye uno de los rasgos que la definen como disciplina, es interpretar los fenómenos que estudia en la perspectiva de su propio contexto. Desde que Malinowski propuso la posibilidad de aproximarse a lo que llamó the native’s point of view (el punto de vista del nativo), la antropología social se ha preciado de tener la capacidad de situar en el contexto apropiado las realidades que estudia, para poder así interpretarlas de manera adecuada. En esta posibilidad radica precisamente lo que Malinowski llama “la magia de la etnografía” (Serje de la Ossa, 2011, p. 50).

[5] Resulta significativo, sin embargo, que no haya una entrada para el concepto de contexto en el Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie, bajo la dirección de P. Bonte y M. Izard, 1991 (Serje de la Ossa, 2011, p. 50).

[6] Se entiende como el “otro dominante” a la mayoría que acoge una decisión formal (v.gr., de gobierno, legal, etc.), la cual genera dificultad de adopción, adaptación y aceptación por la minoría.

[7] La gobernanza se ha propuesto desde el ámbito académico como un planteamiento novedoso del relacionamiento e interacción interdependiente entre las esferas pública y privada, los grupos de interés y los ciudadanos en la tramitación de los grandes problemas sociales y/o en la búsqueda de un desarrollo económico y social equilibrado.

[8] Sin detenernos demasiado en la prehistoria de governance, es interesante observar que procede del francés antiguo ‘gouvernance’, precisamente el término que adoptaron los franceses hace pocos años cuando detectaron y estudiaron este problema... Gouvernance era hasta hace bien poco una palabra francesa tan en desuso como su equivalente “gobernanza” en castellano; una y otra tenían el mismo significado (gobierno) cuando la primera se introdujo en el inglés en el s. XIV.... (cf. español: Corominas; inglés: Oxford English Dictionary; francés: Dictionnaire historique de la langue française). http://europa.eu.int/comm/traslation/bulletins/puntoycoma/numeros.html

[9] Esta es una realidad en Colombia desde el Decreto 1745 de 1995: “Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las ‘Tierras de las Comunidades Negras’ y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 2164 de 1995 (diciembre 7) “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional”.

[10] Corteros nativos: es el nombre con el cual se identifican localmente los hombres que se dedican al aprovechamiento y corte de maderables. En este caso, especies vegetales asociados al ecosistema manglar.

[11] Piangueras: es el nombre local con el cual se identifican las mujeres que hacen el aprovechamiento de la piangua (Anadara tuberculosa y Anadara similis), especie de invertebrado marino asociado al ecosistema manglar.

[12] Conclusiones del Primer Encuentro de las Comunidades Negras del río Cajambre, Silva, julio 6 y 7 de 1991. Documento constitutivo de la organización por la defensa de los intereses de los habitantes del río Cajambre, p. 1.

[13] Una de las más importantes concesiones fue la de Cartón de Colombia, desde 1974 hasta 1993, en la zona rural de Buenaventura.

[14] Grupo focal de piangueras, cuenca del Cajambre, mayo de 2017.

[15] Grupo focal de corteros nativos, cuenca del Cajambre, abril de 2017.

[16] Se interpreta el término linajes como la relación que se establece entre personas que se relacionan por lazos consanguíneos o civiles y conforman una familia extensa, con acceso al uso de los recursos naturales en un sector específico de la cuenca.

[17] El plan de manejo territorial es el instrumento de planificación del territorio colectivo de la comunidad negra del río Cajambre, elaborado y gestionado entre la comunidad negra de allí, con el apoyo de la autoridad ambiental regional CVC.

[18] De acuerdo a lo establecido por el Decreto 1745 de 1995, el periodo de gobierno de una junta de Consejo comunitario es de 3 años; sin embargo, en ocasiones, el proceso para llevar a cabo el cambio de las juntas se dificulta debido a los costos financieros de las reuniones veredales y la asamblea comunitaria. Esto sucedió en el periodo anterior (2013-2017), a la actual junta directiva.

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: maribellster@gmail.com

Información adicional

Cómo citar este artículo: González Anaya, M., Arroyo Valencia, J. E., y Dávila Cruz, C. A. (2019). Gobernanza del ecosistema manglar en el territorio colectivo de las comunidades negras del río Cajambre, Buenaventura, Valle del Cauca: estudio de caso. Ambiente y Desarrollo, 23(45). https://doi.org/10.11144/Javeriana.ayd23-45.gemt

Descargar