La verdad histórica de 6402 jóvenes engañados con falsas promesas de trabajo, secuestrados en sus casas y veredas, o asesinados después de ser detenidos, que nunca volvieron, está documentada en miles y miles de folios de expedientes judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos y veredictos judiciales que la mayoría de la sociedad colombiana no conoce. Por eso, quiso saltar a la calle encabezada por una pregunta que hoy es común y que sigue sin respuesta por parte de la justicia: “¿Quién dio la orden?”. Debajo de la pregunta emergen los rostros de los presuntos responsables: comandantes de unidades militares donde esta práctica se volvió habitual, estimulada, premiada e, incluso, obligatoria.

Para el diseño, se tuvieron en cuenta referentes de la gráfica social caracterizada por tener una composición a simple vista sencilla que presenta información de manera simplificada y precisa. Se escogió el color amarillo de fondo que simboliza advertencia, acompañado de retratos en altos contrastes que permitieran dar una lectura rápida y fácil de la imagen y la hiciera apta para sacar en esténcil, que la gente se pudiera apropiar de esta para replicar en diferentes espacios.

Una vez consolidada la pieza, fue necesario buscar un lugar donde pudiera ser expuesta. La calle era el escenario ideal entendiendo el mural, no como una simple imagen, sino como un mensaje que irrumpiera en la cotidianidad de transeúntes y del mismo Ejército. El sitio que se escogió para elaborarlo, la calle 80 con carrera 30 de Bogotá, fue un lugar con gran afluencia de vehículos y transeúntes, ubicado, además, al frente de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

El 18 de octubre de 2019, empezó su elaboración sin mayores contratiempos hasta la noche del 19 de octubre, cuando ya se alcanzaban a reconocer los rostros de los altos mandos del Ejército. Entonces, la tarea se vio interrumpida cuando un militar vestido de civil se bajó de un carro a tomar algunas fotografías y 40 minutos una tropa acompañada por otros hombres vestidos de civil aislaron a los artistas para exigirles documentación e interrogarles.

Debido a que los artistas, amparados en la ley, no accedieron a los requerimientos, los militares llamaron a la Policía que les retuvo los documentos, los fotografíó y les impuso comparendos. Simultáneamente, llegaron dos camiones militares con soldados y materiales, que acordonaron la zona y borraron el mural con pintura blanca.

La censura quedó plasmada en un video del momento en que, ante la mirada de todo un país, el Ejército Nacional destinaba un pelotón a borrar con pintura blanca una expresión artística de las víctimas. El video saltó de inmediato a las redes sociales junto con la versión digital del mural, y así se hizo viral.

La verdad viral

La simplicidad y versatilidad de la imagen permitió que personas del común se apropiaran de ella, lo que resultó en una reinterpretación de la pieza en otras regiones y países, haciendo de esta una imagen mediática de enorme repercusión. Hoy día, la búsqueda de la pregunta “¿Quién dio la orden?” alcanza los 407 millones de resultados en Google. Así, el mural logró su propósito, se posicionó en el imaginario colectivo con la pregunta incesante que tanto intranquiliza a la institución militar y a los sujetos retratados.

En sus múltiples versiones digitales e impresas, también incidió en la forma de entender la responsabilidad en relación con estos crímenes, pues antes de ella solo se hacía alusión a una responsabilidad individual, que recaía sobre soldados de bajo rango presentados como manzanas podridas dentro de una institución.

Al respecto, la pieza plasmó de manera sencilla un debate complejo y es la aplicación o no del artículo 28 del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional (CPI). En él, es claro que la responsabilidad de los superiores es amplia y no se reduce a la participación directa en un hecho; por el contrario, también abarca situaciones como la falta de adopción de medidas eficaces para detenerlos, cuando tuvieron o debieron tener conocimiento sobre crímenes cometidos por sus subalternos.

Traducir este mensaje para circularlo de manera masiva se logró desde la concepción misma de la pieza, donde se pensó que las personas hicieran parte del mensaje, lo completaran dando respuesta al gran interrogante y a la vez comprendiendo la noción de una línea de mando detrás de los hechos.

¿Por qué un mural?

Por años la única verdad a la que han accedido las víctimas, en particular las de crímenes de Estado, ha sido la de sus propios testimonios y los informes de organismos internacionales u organizaciones de derechos humanos. La única justicia, unas pocas y sacrificadas sentencias judiciales, y la memoria de estos hechos ha quedado reducida a la narrativa de los medios de comunicación, cuya agenda política y económica filtra los sucesos de nuestra historia reciente, y minimiza u oculta la responsabilidad estatal.

Por esta razón, las víctimas, los artistas y las organizaciones defensoras de derechos humanos parte de la #CampañaPorLaVerdad acudimos al escrache, o manifestación popular de protesta contra una persona, funcionario público o agente estatal, vinculado con algún tipo de delito, pero a quien la justicia no ha alcanzado. También han usado este recurso las organizaciones feministas ante una justicia patriarcal que rara vez condena las violencias machistas. El escrache tuvo su origen en las dictaduras del Cono Sur, donde las víctimas, hartas de impunidad, iban hasta las casas o vecindarios de militares torturadores para ponerlos en evidencia.

En Colombia, ante la imposibilidad de acciones directas del mismo tipo, el mural se convirtió en esa expresión del escrache (rasguño, herida, dice una de las traducciones de la palabra en inglés) a la imagen de quienes aún siguen libres y en la impunidad, pese a haber comandado unidades donde se cometieron estos crímenes.

Para las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), el mural se ha convertido en parte de su identidad, una pieza muy significativa que encarna la pregunta que han hecho en muchos espacios. La respuesta que siempre han anhelado tener por parte de la justicia.

“Lo hicimos visible a través de las camisetas, posteriormente a través de los tapabocas, cuando inició la pandemia, cuando nos tenía guardados, y luego cuando empezamos a tener espacios para salir pensamos que, a pesar de estar calladas, con el tapabocas podíamos visibilizar estos hechos”, señala Yakellin Castillo, integrante de esta organización de víctimas que hizo suyo este mural.

Las reacciones que ha generado en el estamento militar son para ellas como víctimas la constatación de que estaban enviando el mensaje correcto: “Nos dio cierta satisfacción porque sentimos que de alguna manera estábamos logrando que ellos sintieran algo de ese dolor, que supieran que hubo dolor en el momento en que nosotras supimos que nuestros familiares habían sido asesinados por miembros de la fuerza pública”.

Censurar la memoria, encubrir la verdad

La censura del mural se convirtió en su propio eco. Al acto arbitrario de borrarlo, se le sumaron una serie de actos hostiles contra artistas, víctimas y organizaciones, como el allanamiento del 19 de noviembre al artista que le dio forma, Felipe Carsal, los repetidos actos de censura de las réplicas y actualizaciones del mural, y las posteriores acciones judiciales que invocaban la honra y el buen nombre, en contra de las víctimas y organizaciones que idearon, construyeron colectivamente y pusieron en marcha el mural.

El primero en buscar la censura por vías judiciales fue el brigadier general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, hoy retirado del Ejército y quien, a pesar de estar involucrado en 45 de estos crímenes cometidos bajo su mando, llegó a ser comandante de la Segunda División del Ejército hasta que la justicia transicional lo llamó rendir cuentas.

La pretensión no podía ser más extraña: mediante tutela, el militar esperaba que el mural “¿Quién dio la orden?”, convertido en millones de murales y piezas alusivas, desapareciera de las redes sociales empezando por el trino publicado en la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para denunciar la censura. La ofensiva judicial pretendía que la pintura blanca se extendiera a las cuentas de Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram de millones de usuarios que la replicaron, la adaptaron e hicieron suya.

Amén de la posibilidad o no de cumplir tal orden, la Corte Constitucional acaba de cerrar el tema negando la tutela al brigadier general y dando la razón a las víctimas: no se trata solo de una pieza artística de memoria, sino de un discurso protegido que hace referencia a la función pública que cumplen los militares y por la cual deben responder ante la sociedad. También la Corte señala que la pieza “no se traduce en afirmaciones vejatorias o desproporcionadas”, sino que es un reclamo basado en acciones judiciales, a la vez que un reclamo ante la inoperancia de una justicia que sigue sin responder a la pregunta después de más de una década de que el país conociera de este horror.

“La verdad reconstruida mediante mecanismos extrajudiciales refuerza su dimensión colectiva, pues contribuye a la construcción de memoria histórica, e igualmente, reivindica su valor autónomo para las víctimas. Las narraciones públicas que estas realizan, además de ser una manera de inclusión, restauran a su vez su derecho a la honra y permiten materializar la garantía de contar su propia verdad. Por tanto, se puede afirmar que un intento de censura puede resultar en la revictimización de los afectados por los respectivos crímenes”, señala la Corte en su sentencia.

Ahora protegida por una decisión judicial, la denuncia y la pregunta siguen creciendo. Para las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el mural es también un movimiento social con alcance internacional. “Es poder mostrar que fueron crímenes de Estado, que están ahí los responsables, que esto venía de altos mandos”, añade Yakellin.

¿Y la respuesta? Yakellin, Mafapo, las 6402 familias, todas las demás que fueron víctimas y aún no lo sabemos, y cada vez un mayor porcentaje de la sociedad colombiana la conocen. Es la misma que retumba cada vez que el mural es censurado.

Notas de autor

* Campaña por la verdad es una coalición de once organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia que históricamente han representado víctimas de crímenes de Estado ante la justicia ordinaria. Esta iniciativa busca hacer seguimiento a la comparecencia de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de presentar informes conjuntos sobre los hechos que han conocido para generar el debate público sobre la verdad de los crímenes cometidos con participación de agentes estatales o en complicidad con grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado, los más extendidos y los menos reconocidos por la opinión pública.

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