Introducción

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), han promovido la medición al Valor Razonable (VR) para una gran variedad de activos y pasivos, lo que beneficiaría la información relevante para la toma de decisiones de los inversores (Staubus, 1961; Barlev & Haddad, 2003; Herrmann, Saudagaran, & Thomas, 2006; Navarro & Peréz, 2009). Algunos autores argumentan sobre la conveniencia del VR, privilegiando los precios de mercado como un tipo de medición fundamental (Chambers, 1966). Este es un tema controversial (Beaver & Demski, 1979; Ball, 2013), porque hay argumentos académicos y empresariales que reprochan este criterio de medición, en especial para aquellas magnitudes donde no hay mercados activos (Ballwieser, 2004; Gómez & Álvarez, 2013).

Los activos fijos, tales como las propiedades planta y equipo (PPYE), las propiedades de inversión, los activos biológicos no corrientes y los activos intangibles, donde se exige o se permite la medición al VR, se ven comúnmente afectados por la ausencia de mercados activos y profundos. Ante esto, la medición al VR no solo permite el uso de precios de mercado, sino que, a falta de estos, se podrían utilizar costos de reposición o cálculos de valores futuros, lo que implica el uso de variables no observables para establecer magnitudes contables a partir de pronósticos o modelos (Foundation IFRS, 2019e).

La información basada en pronósticos, sobre todo la dirigida hacia la toma de decisiones en mercados de valores, se enfoca en las necesidades de un tipo particular de inversionista (stockholders¹), dejando por fuera a otros inversores (owners o shareholders) (Gómez-Villegas, 2016), así como a stakeholders que requieren información para la gestión y el control (Glover, Ijiri, Levine et al., 2008; Biondi, 2011). La información que resulta relevante para los inversionistas, al basarse en expectativas subjetivas de variables no observables, podría afectar la confiabilidad de la información para el control de otros usuarios (Gómez-Villegas, 2004).

No todas las empresas que cotizan en los mercados de capitales actúan en sectores económicos con mercados competitivos. Hay sectores regulados, tales como los monopolios naturales, donde la contabilidad juega un papel importante en el establecimiento de tarifas, el control, la supervisión y la rendición de cuentas (Newbery, 1997; Küpper & Pedell, 2016). Los servicios públicos domiciliarios son mayoritariamente monopolios naturales. Las empresas en este sector, por su importancia para el bienestar social y el interés público, son vigiladas por organismos estatales y se encuentran expuestas al escrutinio por parte de la ciudadanía (Brickley, Smith, & Zimmerman, 2005).

Las tarifas de los servicios públicos domiciliarios son reguladas para garantizar la inversión y la infraestructura adecuadas para proveer los servicios con calidad, “las cuales deben responder a la consecución de los principios de eficiencia y equidad” (Silva, 2010, pp. 96-97). Las tarifas se clasifican en: sometidas a mercados regulados y no regulados. En el caso de los mercados regulados, las tarifas se sustentan en los costos medios, donde predominan las inversiones en activos fijos, dada la intensidad de la infraestructura requerida para la prestación del servicio. Por ello, la elección de la política contable para la medición de activos fijos es importante tanto para determinar los resultados financieros como por su relación con el excedente social.

La literatura académica que aborda las elecciones de políticas contables en empresas de esta industria es marginal en el contexto internacional y latinoamericano (Conrad, 2005; Orellana & Azúa, 2017), y prácticamente inexistente en Colombia (León & Suárez, 2018). Por ello, es indispensable aportar investigaciones contextuales que permitan conocer las características y efectos del proceso de adopción, propósito en el que se inscribe este trabajo.

El objetivo de este trabajo es describir y analizar las elecciones e implicaciones de la política contable para la medición de los activos fijos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en sus estados financieros, por la adopción por primera vez de las NIIF, así como en la medición posterior. Esto es importante porque la elección de la política contable, debida a la transformación del marco normativo, ayudaría a comprender la profundidad de los cambios en la información financiera fruto de la ‘modernización’ de la regulación, así como los incentivos de los agentes para implementar una u otra opción. Asimismo, proveer evidencia empírica de las primeras elecciones en las políticas contables por parte de las empresas, siguiendo las NIIF, ayudará a comprender el cambio o continuidad en las prácticas contables (Nobes, 2013, 2015), tema de interés para reguladores, supervisores, gestores, académicos y practicantes.

El artículo se estructura en siete secciones, de las cuales esta introducción constituye la primera parte. En segundo lugar, se expone la dicotomía entre relevancia y confiabilidad en la elección de la política de medición de los activos fijos (VR vs. costo). En la tercera parte, se presenta la condición dual de la contabilidad: su utilidad para la toma de decisiones y su papel en el control. Como cuarto punto, se discute la importancia de la contabilidad financiera en las ESPD. En quinto lugar, se exponen los cambios de la normatividad colombiana a las NIIF plenas y las posibilidades de medición de los activos fijos. En la sexta sección se presentan la metodología y los resultados del trabajo empírico, consistentes en la descripción exploratoria y en el análisis de la elección de la política contable de medición en los activos fijos de las ESPD cotizadas en la BVC. Finalmente, en el séptimo apartado se presentan las conclusiones y el horizonte de investigación.

La dicotomía entre relevancia y fiabilidad: la elección entre el valor razonable y el costo

Las NIIF promueven la medición a VR para incrementar la relevancia de la información contable y apoyar la toma de decisiones de los inversionistas (Biondi, 2018; Gómez-Villegas, 2004). Las mediciones a VR no son nuevas en la contabilidad, porque antes de la gran depresión de 1929, se usaban recurrentemente los precios de mercado en la información financiera. No obstante, dada la carga de incertidumbre y luego de la crisis, los reguladores y practicantes se inclinaron por la medición al costo, como un acto de conservadurismo, para evitar reincidir en otras crisis financieras, por la preeminencia de pronósticos y subjetividad en la información contable (Georgiou & Jack, 2011).

Para la década de 1960, Staubus (1961), Chambers (1966) y otros académicos contables plantearon que la contabilidad debía satisfacer las necesidades de los usuarios; además, manifestaban que la medición al costo no entregaba información que fuera relevante para la toma de decisiones de los inversionistas. Sin embargo, otros académicos, practicantes y reguladores, plantearon que la información a valores de mercado podría incorporar incertidumbre en los estados financieros, lo que conduciría a posibles crisis financieras (Georgiou & Jack, 2011). No obstante, en el contexto de las crisis de la década de 1980, que estuvieron asociadas con la inflación y con la calidad de la valoración de los activos bancarios (Amieva & Urriza, 2000), se alentó de nuevo la discusión y ello generó el surgimiento institucional del VR en la regulación contable (Casta & Ramond, 2016).

Para los defensores del VR, este criterio de medición es superior al costo por su capacidad predictiva, oportunidad, relevancia y por su alineación con la representación de la imagen fiel (De Vicente-Lama, Molina-Sánchez & Ramírez-Sobrino, 2013; Gómez & Álvarez, 2013; Herrmann et al., 2006; Palavecinos, 2011). La única fortaleza que reconocen los críticos de la medición al costo es la confiabilidad, en tanto, verificabilidad. Esta es, a la vez, la mayor fragilidad admitida del VR (Herrmann et al., 2006; Navarro & Peréz, 2009). De esta manera se ha dado continuidad al debate entre relevancia y confiabilidad. Los defensores de la relevancia priorizan la información para la toma de decisiones basada en las necesidades de los inversionistas y, por ende, están a favor de las mediciones al VR (Biondi, 2011). Por su parte, los defensores de la confiabilidad, plantean que el VR abarca información subjetiva, lo que implica propensión a la volatilidad y a errores, generando informes poco fiables (Bignon, Biondi, & Ragot, 2009; McDonough & Shakespeare, 2015).

A partir de 1980 el VR ha venido ganando espacio hasta instaurarse como un criterio distintivo de los reguladores contables contemporáneos, especialmente del IASB, pese a que ha sido señalado como un criterio de medición fuertemente correlacionado con las crisis financieras de los años 2001² y 2008³, (Bignon et al., 2009; Škoda y Sláviková, 2015). Esto se debe a que el VR no sólo asume precios de mercado, sino que en caso de inexistencia de mercados activos emplea modelos donde se recurren a variables no observables que promueven asimetrías de información (Liao, Kang, Morris et al., 2013; Sellhorn & Stier, 2019). Por su parte, los defensores del VR argumentan que este modelo permitió develar los problemas de las crisis, los cuales podrían haber sido peores sin la existencia de esta medición. Sin embargo, admiten que se requiere mayor revelación de información sobre las metodologías utilizadas en las mediciones a VR para mejorar la transparencia (McDonough & Shakespeare, 2015).

Para legitimar el marco normativo, en términos de relevancia, el IASB sustituye el principio de confiabilidad del marco conceptual, por el de representación fiel. “While these two concepts are in several respects similar to one another, a defining difference is in the role played by the notion of verification” (Barker & Schulte, 2017, p. 57). Para algunos autores la transformación de la confiabilidad afecta la relevancia, pues informes poco verificables y con mayor incertidumbre influirán la toma de decisiones de los inversionistas, por lo tanto, podrían ser engañosos (Castellanos, 2010; McDonough & Shakespeare, 2015).

El VR que se alinea con el paradigma económico neoclásico, basado en supuestos ideales, entre ellos, que la información es gratuita y completa y que es conocida por todos los agentes (Beaver & Demski, 1979). Para Beaver & Demski (1979) esta perspectiva no reconoce que los mercados son incompletos, que existe incertidumbre, y que los resultados de los cálculos de la utilidad ex ante, no son iguales a los cálculos del resultado ex post (Biondi, 2018).

Para diversos autores “la contabilidad ha sido concebida predominantemente como un sistema de información y control” (Gómez Villegas, 2009, p. 149). Por ello, debe servir a la función de la memoria social de las transacciones y proporcionar una explicación de la manera en que se administraron los recursos. Por ejemplo, Casta & Ramond (2016) sostienen que el costo histórico es más objetivo y confiable que los métodos alternativos que supuestamente son más relevantes, excepto en períodos de inflación.

Para Georgiou & Jack (2011) ninguna de las perspectivas de medición solucionan de manera adecuada las necesidades de revelación para todos los usuarios, por lo que sugieren una mixtura según categorías y contextos. No obstante, este argumento es criticado por el detrimento de la comparabilidad, requerimiento importante para los inversionistas (Herrmann et al., 2006). Glover et al. (2008), plantean como solución a la discusión, que la contabilidad debería revelar de manera desagregada información tanto de hechos (costo), como de expectativas (pronósticos), y proponen un estado financiero con varias columnas. Para Bignon et al. (2009) esta propuesta, aunque seductora, acarrea varios riesgos porque la revelación de información al valor razonable seguiría presentando información poco confiable, debido a que los pronósticos son volátiles y podrían dar señales equivocadas.

El debate sobre la conveniencia de la medición al VR o al costo se ha centrado en las dificultades de medición de los activos fijos: PPYE, propiedades de inversión y activos intangibles. Generalmente, para estos activos no hay mercados líquidos y completos (Véron, 2008). Con ello “se pasa así del market to market al market to model” (Aglietta & Rebérioux, 2009, p. 164).

Para Herrmann et al. (2006) las mediciones al costo de los activos fijos introducen un sesgo conservador y no permiten que la información sea relevante, oportuna, consistente, ni comparable para la toma de decisiones, planteando que la medición a VR mejora la representación fiel (Navarro & Peréz, 2009). En cambio, Landsman (2007) y Liao et al. (2013) encuentran que valoraciones al VR con datos no observables y con alto nivel de incertidumbre carecen de relevancia para los inversores, los cuales están preocupados por los errores, la manipulación de las estimaciones, la poca confiabilidad y los sobrecostos para auditar estas partidas ( Glover et al., 2008; Biondi, 2018; Sellhorn & Stier, 2019).

Aunque las NIIF pretenden la medición a VR de los activos fijos, diversas investigaciones muestran que, en la práctica, hay una preferencia de las empresas por el método del costo, dada la inexistencia de mercados líquidos (Bertolino, Chiurchiú, & Grisolía, 2016; Christensen & Nikolaev, 2013; Demaria & Dufour, 2008; Plantin, Sapra, & Song Shin, 2008; Suardi et al., 2015; Suardi et al., 2017). Asimismo, se identifica que la implementación de políticas contables de medición de activos fijos tomando el modelo revaluado y el VR, está más presente en sectores como el inmobiliario, el financiero y el minero; Oil & Gas (Nobes, 2013, 2015; Sellhorn & Stier, 2019). Algunos trabajos muestran que, en promedio, menos del 5% de las grandes empresas cotizadas en los principales mercados de valores utilizan el VR en la PPYE y en los intangibles (Nobes, 2015). Esto muestra una brecha entre lo que conciben los reguladores y las elecciones de las empresas. Se debe tener en cuenta que en los resultados de investigaciones sobre la elección de la política contable de medición de activos fijos, se identifican múltiples factores determinantes en esta elección, especialmente cuando se usa el VR: la búsqueda de presentación de mejores indicadores financieros (como la reducción del endeudamiento o el incremento de la rentabilidad), el perfil de los inversionistas, los mecanismos de gobierno corporativo para maximizar el valor de la firma y los esquemas de incentivos para la gerencia (Christensen & Nikolaev, 2013; De Vicente-Lama et al., 2013; Quagli & Avallone, 2010; Sellhorn & Stier, 2019).

Por ende, para Gómez-Villegas (2009) la contabilidad es una simplificación de la realidad, por lo que ningún criterio de medición por sí mismo permite una exactitud fundamental. No hay una perspectiva de medición que sea superior a otras a priori, por lo que las normas contables han terminado adoptando una mixtura de criterios (Georgiou & Jack, 2011).

La función de la contabilidad: dualidad entre el control y la toma de decisiones

Para Sunder (1997) las organizaciones “son un conjunto de contratos”, y la contabilidad media entre los conflictos y la cooperación coexistente en las relaciones y los intercambios, proporcionando información común para que las partes puedan llegar a la negociación, creando confianza y facilitando el desarrollo y el cumplimiento de los contratos. Por ello, es necesario entender la dinámica organizativa y productiva al interior de la empresa (Biondi, 2018).

Sunder en Demski et al. (2002) trata las tensiones que existen entre las dos funciones centrales de la contabilidad: la toma de decisiones y el control. Desde este punto de vista dual, la información requerida para la toma de decisiones, posiblemente, no sirva igual para el control y viceversa. Mientras la toma de decisiones es un acto individual, el control es una función social. La información más relevante para la toma de decisiones de los inversionistas es aquella que se anticipa a los resultados futuros, por tanto, es información cargada de incertidumbre; esta información es menos útil para evaluar y controlar la gestión pasada y presente del gerente.

Intentar satisfacer a los inversionistas con más información relevante implicará más información sobre el futuro, la cual podría sacrificar la precisión de la información de los hechos. Por lo tanto, la información contable se encuentra inmersa en una dualidad porque ambas funciones son primordiales y dedicar más importancia a una tiene como consecuencia disminuir el equilibro en otra función.

Para Bignon et al. (2004) la contabilidad para el control es más integral y también es potencialmente importante para los inversionistas, pues la valoración del futuro requiere conocer los hechos del pasado. Como plantea Sunder en Demski et al. (2002), la contabilidad no es una simple recolección de la historia o de los hechos pasados, sino que ella selecciona y organiza los hechos que se requieren para las decisiones futuras.

Las NIIF asumen la perspectiva de los mercados perfectos, donde los precios recogen toda la información disponible en el mercado, por lo tanto, no hay costos de transacción. De esta manera la información contable soportaría los precios del mercado y los precios del mercado soportarían la información contable. El VR se convierte entonces en un concepto tautológico: “the questions underlying the acceptance of FVA or any other single basis as the principal basis for financial reporting is not just whether fair value has legitimacy as a practice but who and what is legitimized in this process” (Georgiou & Jack, 2011, p. 313).

Biondi (2011), señala que el cambio de la contabilidad hacia la perspectiva del valor razonable, implica una reducción de su alcance como mera “informadora” para los mercados de capitales y limita su importancia principal como “representación” del sistema socioeconómico, institucional y organizativo de la empresa.

Gómez-Villegas (2004) argumenta que el control es una de las funciones primordiales de la contabilidad. “El control que promueve la contabilidad es el de la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y la riqueza según los fines y propósitos de los agentes y la sociedad” (p. 114). La información contable juega así un rol social, de transparencia y confianza, impulsando el sistema económico. La información especulativa enfocada en los mercados financieros ha promovido una crisis de confianza, surgida por los problemas financieros, los fraudes y quiebras empresariales.

Dada la dualidad en la función de la contabilidad “es evidente que una regulación contable centrada en la provisión de información para la toma de decisiones no garantiza el éxito mismo de las decisiones” (Gómez-Villegas, 2004, p. 125). El análisis simplificador de la información financiera para los mercados de capitales ignora la capacidad de la contabilidad para el desarrollo de otras funciones, las cuales son necesarias para la estructuración de un gobierno corporativo que satisfaga los requerimientos de control de múltiples interesados.

La importancia de la información contable de las ESPD

Una industria es un monopolio natural cuando la oferta de un bien o servicio no tiene sustitutos competitivos y en la que, dada la alta inversión en infraestructura, el suministro del servicio es realizado por una sola empresa, debido a la economía de escala y alcance^[4], en un mercado cautivo (Greer, 2011). Las ESPD que prestan servicios de electricidad, gas natural, agua, alcantarillado, aseo y telecomunicaciones se estructuran como monopolios u oligopolios naturales, que durante mucho tiempo fueron gestionados y de propiedad estatal. No obstante, debido a problemas de eficiencia, corrupción y a reformas del sector público, después de la década de 1980 se planteó la privatización de las ESPD, lo cual las haría más competitivas (Boehm, 2005; Wright, 1989); pasando de monopolios públicos a privados.

Los monopolios tienen el poder para dominar los precios, la tecnología y la calidad de los servicios (Tirole, 2017). Así se promueve una transferencia indebida de riqueza de los consumidores a los inversionistas, afectando el interés público. Esto se conoce como una falla de mercado, razón por la cual se establece que una autoridad debe regular este tipo de servicios y velar por disminuir el poder monopólico.

La regulación de tarifas es un aspecto central en los servicios públicos domiciliarios (Greer, 2011). En las empresas estatales la tarifa equivale a la recuperación de las inversiones realizadas y proyectadas. En cambio, en las empresas privadas, debe además incluir la rentabilidad de los inversionistas. En las empresas estatales el costo puede aumentar por la ineficiencia en el manejo de los recursos, lo cual produce un aumento de las tarifas y una disminución de la calidad, por ende, tales tarifas están también reguladas. Las empresas privadas son reguladas, de tal manera que las ganancias no sean excesivas, planteando una relación adecuada entre inversión y retorno. El Estado debe velar porque las ESPD amplíen la cobertura, disminuyan las tarifas y los costos en la prestación de servicios, mejoren la tecnología y aumenten la calidad, objetivos que no se concilian fácilmente porque el aumento de la calidad y la cobertura no necesariamente está relacionado con la disminución en costos y tarifas (Boehm, 2005, p. 251).

Para controlar los costos, el regulador establece contratos que se pueden dividir en altos o bajos incentivos (Tirole, 2017). Altos incentivos significa que la empresa tiene una tarifa fija, independiente de sus costos, o sea, la ESPD responde por los costos en que incurre. Esto incentiva a la empresa para disminuir los costos, lo que puede afectar la calidad del servicio y, por lo tanto, también se requiere la regulación de la calidad. Asimismo, este tipo de contrato no motiva la expansión o prestación de servicios en zonas donde no se dan las tasas de rentabilidad esperadas, lo que produce desprotección del bienestar de la comunidad que no resulta rentable para el prestador del servicio (Boehm, 2005). Cuando el regulador desea evitar este tipo de situaciones se establece el contrato de bajos incentivos, definido como aquel basado en la recuperación de costos por retorno de inversiones vía tarifa o subvenciones; este contrato permite que el prestador de servicios realice mayor inversión en zonas de desprotección y no mitigue en gastos de calidad de la prestación del servicio, porque ello influye en el aumento posterior de las tarifas. Una tarifa fija, sin la información contable apropiada, puede crear excesivas ganancias en las ESPD. Una tarifa fija adecuada puede beneficiar a los usuarios en términos de precios, pero afectarlos en condiciones de calidad. En cambio, una tarifa variable en los costos puede beneficiar a los usuarios en calidad, pero afectarlos en precios (Tirole, 2017, p. 494).

Cuando la tarifa se establece en términos de los costos, los registros contables son utilizados como soporte para incrementarla. Por lo tanto, las políticas contables con las que se calculan los costos son importantes porque pueden limitar o permitir la posibilidad de manipular los elementos que se reconocen como costos o gastos, incluir o prohibir pronósticos en el cálculo de la tarifa, entre otras (Conrad, 2005). Esto puede ser esencial, dependiendo del contrato, si la fórmula con la que se establece la tarifa es fija o variable, incluye o excluye subvenciones, contiene solo costos de producción o administrativos y si reconoce elementos relacionados con la calidad. Cualquiera que sea la fórmula crea un tipo de incentivos que genera ventajas y desventajas para los usuarios, dependiendo de las dificultades para supervisar a las ESPD.

La asimetría de información es uno de los mayores problemas que enfrenta el regulador de forma previa y posterior al contrato. Si la ESPD es ineficiente preferirá un contrato de bajos incentivos, basado en el retorno de los costos. En cambio, si es eficiente optará por un contrato de altos incentivos, de tarifa fija (Castaño, 2015). En cualquiera de los tipos de contrato, los costos serán un elemento clave para calcular el valor de la tarifa. Para Tirole (2017) los contratos son incompletos, no hay receta universal que se adecue a todos los casos, pero hay estrategias que se pueden asumir dependiendo de cada contexto, que podrían mitigar algunos conflictos (Llobet, 2014).

El supervisor se encarga de vigilar y mitigar las posibles desviaciones que podría asumir la ESPD para aumentar su rentabilidad o responder por sus equivocaciones, en perjuicio de los consumidores, limitando el posible riesgo moral. Pero el regulador puede ser influido por los grupos de presión industrial o ser objeto de captura por medio de sobornos (Brickley et al., 2005; Tirole, 2017), lo que puede llevar a mediar en la formulación de la normatividad, los contratos y la vigilancia a favor de las ESPD (Boehm, 2005). “Es decir, que aunque lo deseable sería la búsqueda de la maximización del bienestar social o de aspectos redistributivos, en ocasiones priman otros intereses” (García, 2004, p. 96).

Los consumidores y las comunidades pueden influir en la protección del interés público, cuando consideran que el regulador es ineficiente en el cumplimiento de su labor. Esto puede suceder cuando “los propietarios de la industria están desorganizados y no ofrecen ningún apoyo político, las autoridades reguladoras se enfrentan a una función de apoyo horizontal y fijan el precio en el nivel competitivo, en el que los beneficios son nulos” (Brickley et al., 2005, p. 436).

Los contratos se dan en el espacio de la cooperación, pero los intereses personales, la asimetría de la información y la posibilidad de riesgo moral hacen del intercambio un espacio de conflicto. “Los sistemas de contabilidad y control son diseñados para asegurar que las fuerzas centrífugas del conflicto no dominen el instinto de cooperación” (Sunder, 1997, p. 28). Las cifras contables también pueden ser vistas como instrumentos de control social. La divulgación abierta de la información en las que se fundamentan las decisiones de tarifas ayudaría a mejorar la responsabilidad de los reguladores (Conrad, 2005). La cifra de ganancias o los gastos (costos) para regular las tarifas de los sectores económicos que son monopolios u oligopolios, entre otros, son ejemplo de consecuencias económicas que podrían derivarse de la adopción de un determinado modelo contable por medio de la regulación de la información contable financiera.

Cambios de la normatividad colombiana por la convergencia a las NIIF

Las NIIF modifican las políticas de medición en diferentes partidas, con clara incidencia en los activos fijos de las ESPD (especialmente en la PPYE). Las NIIF incluyen la medición al VR y el deterioro del valor de los activos, criterios que no aplicaban previamente a su adopción en la normatividad colombiana (Decreto 2649 de 1993 y otras normas específicas, en adelante COLGAAP). Asimismo, el proceso de adopción por primera vez de las NIIF se podía realizar implementando el costo atribuido, el cual permitía la opción de ajustar las partidas de los activos fijos al VR o la revaluación como costo inicial en el punto de adopción.

La PPYE y los activos intangibles bajo COLGAAP eran medidos bajo el método de costo menos la depreciación. Además, se realizaban ajustes por valorizaciones, partida que se reconocía en una categoría separada de la PPYE, partida específica para este tipo de ajustes. Por el contrario, bajo las NIIF se permiten dos modelos de medición: al costo menos la depreciación y menos el deterioro, o al modelo revaluado (Foundation IFRS, 2019b). El valor revaluado permite los ajustes de depreciación, deterioro y VR; los ajustes por VR se reconocerán en otro resultado integral. En COLGAAP el gasto por depreciación solo tomaba en cuenta el costo activado de los desembolsos realizados, mientras que el nuevo gasto por depreciación bajo NIIF es afectado por los pronósticos en el caso del VR, los cuales no son montos fruto de un esfuerzo financiero de inversión.

También en las NIIF se incluyen las categorías o partidas de activos biológicos, propiedades de inversión y se transforma la categoría crédito mercantil en plusvalía (Foundation IFRS, 2019a). Los activos biológicos, que en la normatividad previa se reconocían como inventarios (aquellos de corto plazo), o como PPYE (los de largo plazo), bajo las NIIF se presentan dichas partidas separadas y se miden al VR menos los costos de venta, con impacto en los resultados del ejercicio. En el caso de que no se pueda medir con fiabilidad el VR se medirán al costo menos la depreciación menos el deterioro. Las propiedades de inversión, bienes inmuebles que se tienen para generar rentas o plusvalías, deberán medirse al VR, o al costo menos la depreciación y el deterioro, también impactando el resultado (Foundation IFRS, 2019c). La plusvalía, surgida en una combinación de negocios, se medirá al VR en la fecha de adquisición, después del reconocimiento inicial se medirá al costo menos las pérdidas por deterioro.

Metodología

Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo, de corte exploratorio, analítico y descriptivo (León & Suárez, 2018). La investigación exploratoria indaga y rastrea información que facilita abordar un objeto de estudio o fenómeno, generalmente problemas o contextos no explorados o analizados desde distintas perspectivas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Después, de forma analítica se descompone el fenómeno partiendo de lo más complejo a lo más simple, para luego reconstituir, comparar, analizar y describir los resultados (Aktouf, 2011).

Para esta investigación se eligieron las empresas cotizadas, dado que es probable que presenten mayor divulgación de información financiera y guíen los procesos contables y financieros en el país de estudio (Fuertes-Callén, Cuellar-Fernández, & Pelayo-Velázquez, 2014). De las 210 empresas que se encuentran cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 18 hacen parte de la industria de servicios públicos domiciliarios (Bolsa de Valores de Colombia, 2019). Además, son vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios). Según McLaughlin & Safieddine (2008) se esperaría que las empresas vigiladas y reguladas presenten menos asimetría de información y, por lo tanto, mayor obediencia de la normatividad contable.

Las ESPD cotizadas en Colombia comenzaron a publicar en sus sitios web los informes bajo NIIF a partir del año 2015, que incluían un comparativo bajo NIIF de los estados financieros consolidados de los años 2013 y 2014. Las políticas contables bajo NIIF utilizadas para la medición de los activos fijos: PPYE, propiedades de inversión, activos biológicos no corrientes, intangibles y plusvalía (presentadas en la tabla 1), se obtuvo de las notas de los estados financieros consolidados de los años 2015 al 2018.

Sin embargo, la aplicación del método de medición en el punto de conversión, reconocida como costo atribuido, no fue publicada en las páginas web corporativas por las empresas investigadas, ni por las entidades de vigilancia. Esto llevó a que el método de medición del costo atribuido se tomara de la diferencia de los activos fijos entre los estados financieros (EEFF) en el punto de conversión del año 2013 de las USGAAP y las NIIF, el primero tomado de los EEFF 2013, y el segundo de los reportes comparativos presentados en el año 2015 bajo NIIF.

Para observar la elección de la política contable y el impacto de los ajustes de la adopción por primera vez en los activos fijos, se presentan de manera exclusiva los resultados de la partida de PPYE, por ser la categoría de mayor relevancia (ver tabla 2). La diferencia entre la partida de PPYE de USGAAP a NIIF puede estar referida a varios ajustes, entre ellos, reclasificación de partidas, reconocimiento y eliminación de valores, cambios en los modelos de medición. No obstante, el mayor efecto en el punto de conversión se deriva de los cambios en los modelos de medición (Orellana & Azúa, 2017). Por ello, en los EEFF bajo USGAAP se descompone el valor de la PPYE entre el costo y las valorizaciones. Cuestión, que después se compara con el valor de la PPYE en NIIF (ver tabla 3). El mayor valor de la PPYE de un modelo contable a otro se deriva principalmente en la sumatoria de las valorizaciones y del recalculo del valor razonable para el costo atribuido. Por otro lado, la equivalencia o disminución del valor se toma como elección del método del costo en el punto de conversión. Dado que las ESPD no publicaron los detalles del costo atribuido, el método seleccionado de comparación entre EEFF del mismo año con normatividad distinta es una estrategia adecuada para exponer con evidencia empírica sobre el efecto de los cambios en la elección de la política de medición de PPYE en el punto de conversión.

Resultados

Análisis de la aplicación de las NIIF en las ESPD en Colombia

Aunque las NIIF promueven la medición al VR, los resultados sintetizados en la tabla 1 muestran que en la medición de la PPYE de las ESPD cotizadas hay una tendencia mayoritaria por la medición al costo; solo dos ESPD toman el VR para la medición de las propiedades de inversión. Esto concuerda con las investigaciones llevadas a cabo por Bertolino et al. (2016), Christensen & Nikolaev (2013), Demaria & Dufour (2008), Plantin et al. (2008); Suardi et al. (2015), Suardi et al. (2017). De las 18 ESPD estudiadas, cuatro presentan activos de inversión, de la cuales dos aplican el VR y dos el costo; solo una empresa presenta activos biológicos, los cuales son medidos al VR menos los costos de venta. Para el caso de los intangibles la medición al costo menos depreciación y deterioro prevalece en la mayoría de las ESPD. Solo existen dos empresas que señalan que el costo de los activos intangibles se reconoce a su valor razonable a la fecha de la adquisición y en la medición posterior al costo menos amortización y deterioro. Siete empresas presentan plusvalía, la cual se mide según las notas de manera mayoritaria al costo menos amortización y deterioro; dos empresas presentan la medición solo realizando el deterioro, y una mide la plusvalía al VR en la medición inicial.

La tabla 2 presenta el porcentaje del valor de los activos totales para las partidas de PPYE y las valorizaciones de 17 ESPD (los datos de la empresa Gases de Occidente no estaban publicados en su página web ni fueron accesibles en la información pública de la Supersociedades), a partir de los estados financieros siguiendo las normas COLGAAP, al 31 de diciembre de 2013. En promedio, la PPYE equivalía al 38% del valor total de los activos y las valorizaciones al 22% del valor de los mismos en el periodo señalado. Más del 91% del valor de las valorizaciones proviene de los ajustes a la PPYE, por lo que el valor de la sumatoria de la PPYE ajustada por valorizaciones equivale a más del 50% del valor total de los activos. Las valorizaciones equivalen al 58% de valor de la PPYE, este dato es relevante porque en la adopción por primera vez de las NIIF se podía esperar que las valorizaciones fueran tomadas como mayor valor de la PPYE, como costo atribuido. En consecuencia, impactaría en el aumento de los costos por depreciación, pudiendo influir en la justificación de los datos con el que se calcula la tarifa; lamentablemente, la ausencia de información pública por parte del supervisor no facilita corroborar esta conjetura.

La tabla 3 presenta una comparación de la partida de PPYE, siguiendo los criterios COLGAAP (estados financieros a 31/12/2013) y NIIF (Estado de Situación Financiera de Apertura, al 1/1/2014), en el período de adopción, donde se puede observar la variación de la adopción de NIIF en la PPYE. Con estos datos se logró deducir la elección de la política contable del costo atribuido que asumió cada una de las empresas. La información presentada corresponde a 16 de las 18 ESPD cotizadas, dada la ausencia para este período de la publicación de los estados financieros en las páginas web de las empresas Gases de Occidente e ISAGEN.

De las 16 ESPD, 12 probablemente tomaron como costo atribuido el VR y cuatro al costo; estas últimas dieron de baja el monto de las valorizaciones asociadas con PPYE reconocidas en sus estados financieros previos. El valor ajustado por el valor razonable en el costo atribuido (pronósticos o estimaciones) equivale a un incremento de $16’172.767 millones de pesos de la PPYE, cuestión que aumenta el valor de los gastos por depreciación y, por lo tanto, puede aumentar los costos que soportan el valor de las tarifas. Este valor equivale a un aumento del 35% del valor de la PPYE bajo COLGAAP; este incremento se asemeja a aportar toda la PPYE de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), empresa con la mayor partida PPYE de las 16 ESPD cotizadas para las que se disponía información.

Resultados similares a estos fueron encontrados en investigaciones para otros países de Latinoamérica. Orellana & Azúa (2017), en el contexto de la adopción de las NIIF en Chile, muestran que de las 80 compañías que iniciaron la transición, 47 aplicaron la revaluación para la PPYE, de las cuales 15 eran ESPD. Estos autores encuentran que el mayor impacto de las ESPD se observa en el momento de la adopción por primera vez, “por aplicación del valor razonable para determinar el costo atribuido: generó un aumento promedio del 57%” en PPYE (Orellana & Azúa, 2017, p. 106).

En la presentación de las notas del año 2015^[5], siete de las 12 ESPD que aplicaron el VR como costo atribuido para la PPYE en el año 2014 (tabla 3) revelaron este ajuste. Sin embargo, ninguna reveló las técnicas de valoración, ni la jerarquía de VR como lo requiere la NIIF 13 (Foundation IFRS, 2019e) y la NIIF 1 no tienen exenciones de revelación en el punto de adopción sobre este tema^[6], afectando la confiabilidad de la información. En las notas de los estados financieros de los años 2016 y 2017, 15 ESPD revelan que la política de medición de la PPYE es el costo menos la depreciación y el deterioro, y tan solo una asume el VR para las propiedades inmobiliarias. Cabe indicar que, por lo menos 12 ESPD^[7] han contaminado la medición del costo en el punto de adopción por primera vez con el ajuste al VR.

Los resultados de este trabajo muestran que la adopción de las NIIF, por medio de las opciones en las políticas contables, no permite visibilizar el ajuste de las mediciones basadas en pronósticos en el punto de adopción, perjudicando la transparencia y la confiabilidad de la información. La adopción de las NIIF puede impactar procesos regulatorios vitales, al introducir subjetividad y volatilidad en partidas de los activos que son clave en la regulación de industrias monopolísticas. La industria de ESPD es intensiva en infraestructura, por lo tanto, los ajustes al VR impactan en la estructura de costos de la provisión del servicio, de conformidad con la estructura tarifaria. Los ajustes en el costo atribuido, retomando el VR de la PPYE, impactan en un mayor valor del gasto por depreciación, lo que tiene un impacto en los indicadores de rentabilidad y esto podría generar opacidad.

La opacidad de la revelación de los estados financieros para las ESPD produce una asimetría de información que puede dificultar la inspección y vigilancia por parte del supervisor, y que obstaculiza la rendición de cuentas para los stakeholders.

De esta manera, el proceso de adopción de las NIIF profundiza las tensiones existentes en la concepción y uso de la información contable. Las tensiones y dicotomías entre control y toma de decisiones y entre relevancia y confiabilidad se reproducen por la dominancia del modelo del IASB. Esto se hace evidente en el caso de ESPD cotizadas. Muestra también que pese a la vocación modernizadora que el regulador contable (IASB) ha expresado con tales normas, la aplicación del VR enfrenta problemas, costos y obstáculos. Por ello, es más la retórica del contenido informativo del VR que su uso concreto por parte de las grandes empresas cotizadas.

Conclusiones

Las ESPD se encuentran reguladas por una autoridad o el Estado y, dada su importancia para el bienestar social y el interés público, se espera que el regulador establezca reglas que beneficien tanto al consumidor como a los inversionistas. Dado que el regulador enfrenta asimetrías de información respecto al manejo interno y a la prestación del servicio, las ESPD pueden utilizar esta ventaja en beneficio propio y en perjuicio de los consumidores. Por lo anterior, se requiere mayor revelación de información para desarrollar las funciones de regulación y supervisión. Ante esto, la información contable se vuelve un importante instrumento de control de eficiencia y eficacia económica. Sin embargo, la existencia de opcionalidad en ciertas políticas contables podría ser un factor de riesgo moral u oportunismo.

La elección del criterio de medición del costo atribuido de la PPYE en el punto de adopción por primera vez de las ESPD cotizadas en la BVC, en su mayoría fue al VR, capitalizando las valorizaciones previamente reconocidas en los estados financieros al año 2013. Esto produjo un incremento de por lo menos 35% del monto de la PPYE, que no representan inversiones reales y que podrían afectar el gasto por depreciación, aumentando los costos contables con los que se justifican las tarifas y se calculan los indicadores de gestión. Las notas de los estados financieros bajo NIIF de las ESPD muestran que para la medición de la PPYE predomina el criterio del costo menos la depreciación y el deterioro; argumento que es discutible porque la mayoría de las empresas han mezclado el costo histórico con los ajustes de revalorizaciones y mediciones al VR (pronósticos) que se realizaron en el momento de adopción por primera vez. Considerando que la inversión de las ESPD es intensiva en infraestructura, los ajustes de medición en la implementación por primera vez (la transformación de sus políticas contables) y las políticas de medición posterior inmediatamente implementadas, pueden impactar los EEFF por varias décadas.

Los resultados de este estudio contribuyen con evidencia empírica sobre la elección y el impacto de las políticas contables fruto de un cambio normativo estructural en una industria importante de la economía; además, presenta información y hallazgos que permiten comprender algunas implicaciones del cambio en la regulación, más allá de la prescripción genérica que las políticas de las NIIF promueven. Por ello, estos resultados son útiles para reguladores, supervisores, productores de la información y practicantes.

El alcance de este estudio no permite correlacionar ni identificar causalidad explicativa en los incrementos de los costos con las variaciones de las tarifas reguladas de las ESPD, cuestión que amplía nuestro horizonte de investigación futura. Este trabajo aporta evidencias al debate de la elección de la política contable de medición y del impacto de la conversión a NIIF, en el contexto de las ESPD en un país latinoamericano. Esta es una línea de investigación en marcha, que reclama esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales.

Consideraciones éticas

Esta investigación se basa en información contable y financiera de acceso público. Su interpretación y análisis no entraña consideraciones éticas especiales, por lo que no se requirió un aval ético.

Contribución de los autores

Carlos Augusto Rincón-Soto: concepción del trabajo, planteamiento metodológico, ejecución empírica, redacción. Mauricio Gómez-Villegas: concepción del trabajo, planteamiento metodológico, redacción y revisión.

Financiación

El trabajo no requirió financiación adicional a la destinación de tiempo en las actividades académicas de los dos autores.

Conflictos de interés

Los autores no presentan conflicto de interés

Referencias

Notas

* Artículo de investigación

¹ Los stockholders son agentes tenedores de títulos que negocian con ellos, buscando utilidades por su comercialización (Gómez-Villegas, 2016).

² “La adopción de la contabilización del ‘valor razonable’ en los últimos decenios (por el FASB y la IASB) ha sido inoportuna y una de las principales razones de las falsedades en Enron y otros desastres financieros” (Mattessich, 2004, p. 13).

³ “El criterio de valoración de activos y pasivos a valor razonable, (…) incidió de manera determinante en la crisis económica ocurrida en Estados Unidos en el sector inmobiliario en 2008” (Perea-Murillo, 2016, p. 776).

⁴ Escala: A mayor producción menor costo unitario. Alcance: cuando los servicios se pueden prestar a un menor costo, por un solo proveedor, que cuando lo prestan varios (Solanes, 1999).

⁵ La divulgación en internet de la adopción NIIF año 2013 de las ESPD, únicamente se encuentra en los estados financieros comparativos del año 2015.

⁶ La NIIF 1.20 dice: “Esta NIIF no contiene exenciones a los requerimientos de presentación e información a revelar de otras NIIF” (Foundation IFRS, 2019d, p. A65).

⁷ En los impactos no se suma Isagen y Gases de Occidente, porque no tenían publicados en internet los reportes iniciales de NIIF.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. E-mail: carlos.augusto.rincon@correounivalle.edu.co

Información adicional

Sugerencia de citación: Rincón-Soto, C., & Gómez-Villegas, M. (2021). La medición a valor razonable en activos fijos. Caso empresas de servicios públicos domiciliarios cotizadas en Colombia. Cuadernos de Contabilidad, 22. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc22.actc

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