Introducción

En la década de 1990, se observó el renacimiento del interés de los investigadores en la comprensión de la corrupción pública¹, lo que produjo un incremento significativo en las investigaciones al respecto. En este mismo periodo, se avanzó en la recopilación de información y en el surgimiento o consolidación de metodologías para la medición de la corrupción² (subjetivas a través de encuestas de percepción y objetivas incorporando procesos judiciales y denuncias). Estas mediciones permitieron realizar comparaciones entre países, y obtener resultados sobre bases razonables.

Las investigaciones posteriores mostraron, salvo pocas excepciones, las consecuencias negativas que tenía la corrupción pública sobre los aspectos económicos, políticos y sociales. Sin embargo, algunos estudios limitaban su alcance a zonas geográficas específicas, impidiendo la generalización de los resultados; y otros, al incorporar solo variables de interés del investigador terminaron fragmentando las complejas relaciones que se construyen alrededor de la corrupción. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es construir un mapa coherente de relaciones de causalidad, multicausalidad y retroalimentación entre las distintas agrupaciones conceptuales como guía para futuros estudios sobre corrupción pública. Para ello se analizaron 156 documentos extraídos de la base de datos Scopus en enero de 2020 que respondían a la búsqueda del término public corruption.

En este sentido, el documento presenta inicialmente la metodología utilizada para la selección de la muestra y los criterios de búsqueda usados, para plantear posteriormente las categorías que emergen de la revisión de los textos que se denominaron explicaciones y corresponden a: 1) la explicación económica a partir de los efectos de la corrupción sobre el gasto público; 2) la explicación política a partir de los efectos de la corrupción en la elaboración de las leyes y marcos regulatorios; 3) las explicaciones desde la administración, que abordan los efectos de la corrupción en la arquitectura organizacional de la administración pública, y 4) la explicación que desde las ciencias humanas se abordan las prácticas sociales y culturales construidas a partir de la corrupción y su génesis histórica. En cada una de las categorías se muestran las relaciones causales identificadas entre estas, posteriormente, se exponen las principales conclusiones obtenidas, y por último, se presenta un breve apéndice que aborda una descripción de las principales teorías sobre la corrupción pública que tienen un impacto indudable en el abordaje epistemológico de las investigaciones, aunque no se presentan en los artículos científicos más citados.

Pese a que el alcance de esta revisión puede presentar una visión simplista de la riqueza de las investigaciones abordadas, es un buen punto de partida para comprender la complementariedad de los trabajos, y dar luces sobre los enfoques que podrían observarse para las nuevas investigaciones sobre el tema. Adicionalmente, es importante revisar esta temática desde una perspectiva transdisciplinar que trasciende campos específicos de la economía, la administración pública y las ciencias humanas, así como expandir la comprensión de la corrupción pública para explorar nuevas posibilidades de acción estatal para su prevención, detección y sanción.

Metodología

La búsqueda se realizó en enero de 2020 a partir de las palabras clave public corruption en la base de datos Scopus, limitada a las categorías de ciencias sociales, economía econometría y finanzas, negocios administración y contabilidad, artes y humanidades, ciencias de la computación, ciencias del desarrollo, ingeniería, matemáticas, ciencias de la decisión, psicología y multidisciplinar.

De acuerdo con los datos de procedencia de la fuente de publicación de estos documentos, se encontró que el 68.9 % de los textos publicados están concentrados en 19 países, como se observa en la figura 1. Por este motivo, se definió como población para el análisis 4 906 documentos que corresponden a las publicaciones de los 19 países.

La muestra de 156 documentos³ se calculó con un 99 % de significancia y un 10 % de error, y fue distribuida porcentualmente de acuerdo con el número de investigaciones de cada país de origen de la publicación, seleccionando en cada caso los textos más citados hasta completar la totalidad de documentos requeridos por país, como se presenta en la tabla 1. Cuando se encontraron documentos que no correspondían con la definición de corrupción pública, se reemplazaban con el siguiente en orden de citaciones.

Una vez establecida la muestra, se realizó la revisión de los artículos utilizando el primer paso de la metodología para lectura de artículos de Keshav (2007), que exige abordar el título, resumen, introducción, subtítulos y conclusiones. Esta lectura fue la base para la realización de la codificación abierta, lo que permitió establecer 33 agrupaciones conceptuales o familias que se convirtieron, a partir de sus relaciones de causalidad, en las 4 categorías emergentes que se exponen en el aparte de resultados de este documento. Lo anterior posibilitó identificar las áreas en las que se dan los principales debates académicos y los supuestos teóricos que los investigadores usan para la construcción de sus estudios.

Resultados y discusión

A partir de la revisión realizada, emergieron 33 agrupaciones conceptuales, asociadas a 4 categorías emergentes que fueron construidas desde las relaciones de causalidad entre sus conceptos, como se muestra en la tabla 2.

Explicaciones desde la economía

Los investigadores postulan que la corrupción política (captura del estado), en conjunto con otros factores como la gobernanza y la concentración del poder político, distorsionan la composición del gasto público (Delavallade, 2006; Liu, Mikesell, 2014; Mauro, 1998; Orloff y Skocpol, 1984), al desviar recursos hacia los sectores en donde es más sencilla la captura de rentas, lo que reduce el gasto público social, e incrementa el destinado a infraestructura, servicios públicos, capital, sueldos y salarios totales (d’Agostino et al., 2012; 2016). Adicionalmente, la corrupción burocrática afecta la eficacia de los programas públicos y la eficiencia en la ejecución de los recursos (Del Monte y Papagni E, 2001; Olken, 2006).

Esta distorsión e inefectividad del gasto público reduce o anula el efecto de las políticas públicas (Del Monte y Papagni, 2001; Olken, 2006), y por ende, alienta la desigualdad económica, la cual es considerada una de las raíces de la corrupción (Rothstein y Uslaner, 2005). Esto permite fortalecer las relaciones clientelares en la administración pública y la política, acentuando las jerarquías sociales y reduciendo la confianza en el gobierno (Kim, 2010; Morris y Klesner, 2010; Seligso, 2002). A su vez, las prácticas clientelares refuerzan la lealtad hacia el grupo y aumentan la desigualdad (Rothstein y Uslaner, 2005; Glaeser y Saks, 2006). Adicionalmente, una baja confianza en los gobiernos exacerba las preocupaciones por la injusticia social y redistributiva, alienta la evasión fiscal y provoca economías informales, lo que debilita a las instituciones (Wallace y Latcheva, 2006; Osipov et al., 2018; Williams y Shahid, 2016).

Además de generar desigualdad económica, la corrupción afecta el crecimiento económico (Nguyen y van Dijk, 2012; Blackburn et al., 2003), probablemente por la distorsión del gasto público (Dzhumashe, 2014; d'Agostino et al., 2016), e impide el desarrollo económico (Sandholtz y Koetzle, 2000; Montinola y Jackman, 2002; Treisman, 2000; Del Monte y Papagni, 2007; Charron et al., 2014). Esta situación se refleja en la disminución del desempeño de las empresas en el conjunto de la economía (Hellman et al., 2003), porque genera costos sociales (Dobers y Halme, 2009; Fan et al., 2008), reduce el espíritu empresarial (Aparicio et al., 2016), afecta la toma de decisiones corporativas (Martin et al., 2007; Rodriguez et al,. 2005; Rothschild y Miethe, 1999), y aumenta los costos de operación mediante sobornos (Argandoña, 2005; Dal Bó y Ross, 2007).

Lo anterior crea un círculo vicioso en el que los países con bajos ingresos tienen altos niveles de corrupción, lo cual distorsiona y hace poco efectivo el gasto público. Esto, a su vez, reduce el crecimiento, genera desigualdad y afecta el desarrollo económico de los mismos. No obstante, Charron et al. (2014) advierten que la corrupción no es el único determinante del desarrollo, los servicios públicos imparciales, el estado de derecho y la fortaleza de las instituciones son elementos para tener en cuenta.

Los factores asociados a la corrupción pública en esta categoría son: a) la educación, ya que se parte de la premisa de que los países más educados y no los más ricos, son los menos corruptos; y b) el bajo nivel salarial de los funcionarios públicos que los haría más susceptibles a conductas como el soborno y la apropiación.

Sobre la educación, los investigadores coinciden en que un mayor nivel educativo reduce los efectos negativos de la corrupción (Treisman, 2000). Así mismo, una alta calidad de formación a la ciudadanía (Hauk y Saez-Marti, 2002), sumado a una apropiada información del electorado, se asocian a niveles de desempeño favorables del aparato gubernamental, y una menor presencia de corrupción (Adsera et al., 2000). Sin embargo, es importante señalar que la educación se refiere a la transmisión de valores sociales (Hauk y Saez-Marti, 2002; Denisova-Schmidt et al., 2016), por lo que en sociedades corruptas se pueden terminar reproduciendo valores negativos a través de la familia o la escuela. Además, en países donde los niveles de corrupción son altos, se tiende a reducir el gasto público en educación, lo cual disminuye la capacidad para garantizar la cobertura y calidad del sistema.

Por otro lado, pese a que no hay consenso sobre la relación entre los salarios de los funcionarios públicos y la corrupción, la mayoría de las investigaciones apuntan a que los salarios bajos en el sector público respecto a los del privado son un incentivo para que se den sobornos, y los funcionarios actúan como discriminadores de precios (Klitgaard R., 1989; Alatas et al., 2009; Liu, Tang T, 2011; Ameh y Odusami, 2010; Di Tella y Schargrodsky, 2003; Gorodnichenko y Sabirianova, 2007; Svensson, 2003). Estas actuaciones coadyuvan a la inefectividad del gasto público. La figura 2 muestra el diagrama de las relaciones inferidas.

Como puede observarse, la explicación económica se basa en el efecto que la corrupción tiene sobre el gasto público, provocando distorsión, ineficiencia y magnitud del gasto. En muchos casos se asigna de manera no óptima los recursos públicos, priorizando el gasto militar en lugar de destinarlos al gasto social. En este contexto, dentro de la lógica de la racionalidad económica, la corrupción política pretende maximizar la extracción de rentas, y permite las prácticas clientelistas que buscan preservar el poder político de los grupos dominantes. Estas prácticas de distorsión del gasto público generan desigualdad económica y bajo crecimiento, debido a que afectan la competencia entre las empresas y las condiciones de contexto en que estas operan, como la educación, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, salarios, debilidad institucional, entre otros.

Este enfoque también observa los efectos de la corrupción burocrática, la cual causa la ineficiencia de las empresas públicas y la inefectividad en el despliegue de programas públicos. La corrupción burocrática se expresa comúnmente en la extracción de rentas de acuerdo con los sobrecostos en los contratos públicos y los sobornos. No obstante, aunque se considera que la corrupción política es más perjudicial que la burocrática⁴, en términos económicos, la corrupción burocrática incide en la pérdida de la confianza social que favorece el círculo vicioso entre la desigualdad y la corrupción. Esto ocurre especialmente a través del clientelismo y la evasión de impuestos

Explicaciones desde la política

Esta categoría se refiere al impacto que la corrupción política tiene sobre la regulación de las actividades económicas y sociales. Las investigaciones apuntan a que un nivel alto de corrupción política y contextos con estructuras políticas poco competitivas favorecen regulaciones laxas (Grzymała-Busse, 2003), en especial en sectores económicos en los que prevalecen los intereses del gran capital privado. Estos estudios se han realizado específicamente para el sector energético, en el que se encuentran políticas poco estrictas (Fredriksson et al., 2004), y en el sector medioambiental, donde la corrupción afecta el diseño óptimo de políticas ambientales y obstaculiza las capacidades del regulador para controlar las actividades que provocan la degradación del medio ambiente, así como la expansión de las fronteras agrícolas (Damania, 2002; Barbier et al., 2005; Lesnikowski et al., 2013). Es así como la presencia de sectores poco regulados atrae la inversión extranjera directa (Fredriksson et al., 2003; Cuervo-Cazurra, 2006; 2008), y con ella, las acciones de cabildeo de los inversionistas internacionales, lo que genera oportunidades para la corrupción política.

Por el contrario, en otros sectores como el de la salud (Lindelow y Serneels, 2006), el agrícola (Ding, 2003), y el de la construcción (Le et al., 2014) se concluye que la corrupción política genera legislaciones excesivas (Sandholtz y Koetzle, 2000) que resultan en diseños institucionales defectuosos (Golden, 2003). Estos obstaculizan el desempeño eficiente de las acciones estatales y fortalecen la corrupción burocrática, especialmente las prácticas clientelistas que afectan la calidad de la democracia y la competencia política. Lo anterior propicia un círculo vicioso porque estructuras políticas menos competitivas aumentan la corrupción pública y favorecen el establecimiento de regulaciones que restringen la participación de la ciudadanía en los procesos de control social (Warren, 2006).

De esta forma, existe un consenso en el que estructuras políticas más competitivas, las cuales involucran un grado mayor de participación del electorado; el tamaño de la coalición ganadora y las posibilidades de reelección se asocian con una menor corrupción pública (Warren, 2004; McCann y Domínguez, 1998; Montinola y Jackman, 2002; Del Monte y Papagni, 2007). Se observa, además, una clara relación entre el tamaño del electorado y la coalición ganadora con los niveles de corrupción. Se ha identificado que una coalición ganadora pequeña tendrá incentivos para dirigir sus esfuerzos a proporcionar bienes privados a su pequeño grupo de partidarios, a expensas de la provisión de bienes públicos (De Mesquita et al., 2002). El único argumento negativo sobre la competencia política lo ofrece Davis (2006), quien advierte que la transición hacia una competencia democrática en México se convirtió en un obstáculo para hacer reformas en la Policía, la cual se percibe como significativamente corrupta.

Por otra parte, como lo sugieren las investigaciones de Goldsmith (1999) y Treisman (2000), la democracia política se asocia con niveles más bajos de corrupción política si se mantienen periodos largos de exposición continua. Sin embargo, esto requiere de normas e instituciones sólidas, así como el establecimiento de restricciones a la discrecionalidad de los gobiernos (Sandholtz y Koetzle, 2000; Bresser-Pereira, 2004; Alence, 2004). De manera que no se genere una discrepancia entre las decisiones formales (legales) y las prácticas informales (ilegales) (Polterovich et al., 2007).

Otro elemento relevante del análisis se da en la relación entre los ciclos políticos y la corrupción en Rusia, en la que Sidorkin y Vorobyev (2018) encuentran que al final del mandato del gobernador, la corrupción tiende a aumentar si no se tienen expectativas de reelección, mientras que se suaviza si se tiene mayor probabilidad de permanecer en el cargo. Con respecto a la arquitectura del sistema electoral, Chang y Golden (2007) establecen que la lista abierta se asocia con mayores niveles de corrupción en distritos electorales más grandes, mientras que en distritos electorales pequeños ocurre con la lista cerrada.

Por otra parte, uno de los elementos más importantes para comprender las interacciones entre la regulación y la corrupción se relaciona con la desigualdad jurídica asociada a la inequidad procesal (Uslaner, 2008; Treisman, 2000; Della, 2001). Esta desigualdad puede surgir debido a la colusión entre el poder legislativo y judicial, y también se presenta como intrínseca al derecho continental. Además, su percepción se acentúa por la corrupción en los cuerpos policiales (Tankebe 2009; 2010).

De acuerdo con Gerber y Mendelson (2008), cuando los agentes de policía presentan conductas corruptas abusando de su autoridad en beneficio propio (policía depredadora), se presenta una pérdida de confianza tanto en la institución como en el sistema jurídico en general. Esto reduce la cooperación con la fuerza policial (Kochel et al., 2013) y la denuncia de delitos (Soares, 2004).

Como se observa, la desigualdad jurídica tiene efectos perjudiciales en la confianza social, lo cual promueve la falta de denuncia de las conductas delictivas por parte de la ciudadanía. También genera discrepancia entre las condiciones formales (legales) y las prácticas informales (ilegales), así como da lugar al surgimiento de economías informales y al fortalecimiento de prácticas clientelistas. Como se mencionó anteriormente, tienen efectos negativos sobre la competencia política.

Con respecto a la regulación de los intercambios comerciales internacionales, las investigaciones indican que la libre competencia es favorable, ya que la corrupción incurre en unos costos de transacción difíciles de solventar en mercado abiertos. Es por esta razón que los países con altos niveles de corrupción suelen tener una escasa apertura económica (Sandholtz y Koetzle, 2000; Sandholtz y Gray, 2003; Djankov et al., 2002; Lambsdorff, 2002; Goldsmith,1999; Treisman, 2000; Nwabuzor, 2005). La figura 3 muestra el diagrama de las relaciones inferidas.

Se observa que la explicación desde la política parte de la incidencia de la corrupción en la formulación de las leyes y la regulación de los sectores económicos, en este sentido, se pueden distinguir dos efectos. Por un lado, se generan regulaciones laxas en los sectores económicos que son de interés para el gran capital, que cuenta con los recursos económicos para sobornar o influir en estos marcos regulatorios. Por otro lado, se asocia principalmente al gasto público social, donde el estado promueve legislaciones excesivas que dan lugar a diseños institucionales defectuosos. Lo anterior impide el desempeño eficiente de las acciones estatales y fortalece la corrupción burocrática. Esta explicación, al igual que la económica, lleva a un círculo vicioso en el cual la prestación ineficiente de los servicios públicos y la desigualdad jurídica impactan negativamente la confianza social y la disposición a denunciar la corrupción. Esto, a su vez, fomenta prácticas clientelistas y el surgimiento de economías informales, las cuales favorecen el lavado de activos, la evasión de impuestos y el debilitamiento de las instituciones.

Explicaciones desde el diseño de la administración pública

La explicación basada en la administración pública como disciplina se enfoca en los efectos de la corrupción en el diseño y funcionamiento de las organizaciones públicas. En este sentido, se analizan tres elementos claves. El primero es el talento humano, en el que se advierte que una estructura organizacional con un elevado número de niveles jerárquicos y deficiencias en la selección, políticas de rotación y salarios es más propensa a la corrupción. El segundo son las selecciones no objetivas de los contratistas, y el tercero es la existencia de sistemas de información que no permiten niveles apropiados de transparencia. El anterior abordaje de la corrupción integra los diseños institucionales defectuosos que son propiciados tanto en la corrupción política como en la burocrática. Esta última puede supeditarse a la primera o funcionar de manera independiente a través de incentivos como los bajos salarios de los funcionarios públicos. Las investigaciones indican el agotamiento del modelo burocrático y la poca efectividad de las medidas de la Nueva Gestión Pública (NGP).

Con respecto al talento humano, los investigadores coinciden en que la selección de los funcionarios según procesos meritocráticos se asocia con una menor corrupción (Dahlström et al., 2012), al igual que la rotación del personal (Abbink, 2004). No obstante, en ambos casos, estos mecanismos se ven limitados por las características de los incentivos creados dentro de las organizaciones, los cuales pueden ser utilizados por parte de los políticos gobernantes para presionar a los funcionarios a cometer u omitir conductas corruptas (Das, 2012; Lambert-Mogiliansky y Kosenok, 2009; Wade, 1985). Otro elemento importante es que un mayor número de niveles gubernamentales o administrativos, así como de empleados públicos locales se asocian a significativos índices de corrupción.

La baja remuneración se ha identificado como una de las motivaciones que llevarían a los funcionarios a incurrir en conductas corruptas (Alatas et al., 2009), sin embargo, solamente es significativo en contextos intermedios de control, donde se llevan a cabo auditorias constantes. En otros casos, no parece tener impacto en la ejecución de conductas corruptas (Di Tella y Schargrodsky, 2003). Por otra parte, se plantean otros elementos que podrían incidir en las acciones no deseadas de los funcionarios, como la creencia de que la corrupción es un mal necesario (Alatas et al., 2009), la oportunidad, la presión y la autojustificación⁵ (Bowen et al., 2012).

Es importante destacar que existe una amplia unanimidad en relación a que la participación de la mujer en la burocracia y el poder legislativo está asociada a menores niveles de corrupción, debido a que las mujeres muestran mayor aversión al soborno y a la evasión (Swamy et al., 2001; Torgler y Valev, 2010).

Al abordar los problemas en la contratación pública, los investigadores sugieren que el mecanismo de subasta es el más transparente. Además, se menciona que cuando se emplea este mecanismo, la continuidad de las contrataciones con un mismo oferente garantiza la eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que no ocurre si la selección no es objetiva (Tkachenko et al., 2017; Yakovlev et al., 2016; Celentani y Ganuza, 2002). Por otro lado, la vigilancia de terceros que restrinja la discrecionalidad de los contratantes es un elemento que puede reducir la corrupción, así como la incorporación de la legislación internacional en las grandes compras públicas (Auriol, 2006; Ameh y Odusami, 2010).

La exploración de nuevos mecanismos de contratación, como las alianzas público-privadas para construir y financiar obras públicas, han sido objeto de interés para los investigadores en China, quienes han concluido que la corrupción pública es uno de los principales riesgos para el éxito de este tipo de cooperación. Además, se han identificado otros riesgos, como la intervención del gobierno y los deficientes procesos de adopción de decisiones públicas (Xu et al., 2010; Chan et al., 2011; Ke et al., 2011;Chan et al., 2015).

El tercer elemento abordado por las investigaciones sobre la administración pública son los sistemas de información. Estos se presentan como una herramienta clave para implementar una estrategia integral que sea anticorrupción, así mismo, proponen como elementos importantes la calidad de los sistemas de información, la calidad de la información y la calidad del servicio (Abdulbaqi y Ahmad, 2011; Ameen y Ahma, 2013).

La producción y divulgación de información como parte de la Rendición de Cuentas (RC) se consideran herramientas fundamentales para combatir la corrupción. Se ha comprobado que la RC posibilita construir, operar y mantener una calidad y cantidad adecuada de infraestructura sobre una base más sostenible (Sohail M y Cavill, 2008). Sin embargo, se advierte que las etapas de supervisión, investigación y sanción que conforman el proceso deben estar adecuadamente articuladas, ya que su efectividad puede verse afectada por arreglos institucionales. Esto también explica la poca efectividad de las agencias de control de la corrupción (Taylor y Buranelli, 2007; de Sousa, 2010). Con el fin de mejorar la RC y fomentar mayor confianza y satisfacción de los ciudadanos, se considera aumentar los niveles de transparencia (Park y Blenkinsopp, 2011; Djankov et al., 2010; Tabish y Jha, 2011), por lo que se propone fortalecer una profesión contable sólida (Iyoha y Oyerinde, 2010) para la producción de información financiera y no financiera. Así mismo, se destaca la importancia de un proceso de divulgación libre respaldado por una supervisión equilibrada entre poderes (Tangri y Mwenda, 2001), y la implementación de sistemas de gobierno electrónico exitoso (Shim y Eom, 2008) que incrementen el control social.

Las investigaciones revelan la estrecha relación entre el gobierno electrónico como facilitador del control social y la RC. El éxito del gobierno electrónico se asocia a la calidad del sistema, la calidad de la información, la calidad del servicio, la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida, la satisfacción percibida, el riesgo percibido y la intención de comportamiento. Cabe resaltar que estos beneficios están condicionados por el acceso que tenga la población a la tecnología (Rana y Dwivedi, 2015; Rana et al., 2014; Asogwa, 2013). El gobierno electrónico fortalece el control social, no obstante, no todos los usos de las tecnologías de la información y comunicación contribuyen a este objetivo. Las redes sociales se presentan como un mecanismo frágil debido a los riesgos de difamación y manipulación a los que están expuestas, además de la existencia de las regulaciones que restringen el acceso de los ciudadanos a los escenarios de control (Levi, 2006; Alexander, 2014; Sullivan, 2014). La figura 4 muestra el diagrama de las relaciones inferidas.

Explicaciones desde las ciencias humanas

Existe consenso entre los investigadores acerca de la influencia del contexto histórico en la corrupción, en este sentido, Julius-Otusanya (2011) analiza el efecto de la corrupción como un obstáculo social para el desarrollo. Su análisis revela que la política, el poder, la historia y la globalización han reproducido y transformado las estructuras y los agentes institucionales que han facilitado las prácticas corruptas en los países en desarrollo, lo que tiene un efecto devastador sobre el desarrollo sociopolítico y económico de dichos países. Según Lodge (1998) y Hyslop (2005), en Sudáfrica una proporción sustancial de la corrupción moderna se produce en las administraciones regionales. Ciertamente, este fenómeno encarna un legado de las administraciones históricamente corruptas, las cuales interactúan con los nuevos dirigentes políticos, y dan lugar a diversos tipos de corrupción. En consecuencia, los contextos históricos pueden generar estados que carecen de la capacidad necesaria para realizar sus funciones normales e impulsar el desarrollo. Estos estados se caracterizan por instituciones débiles, niveles de pobreza, desigualdades sociales, corrupción, luchas civiles, conflictos armados y guerra civil (Osaghae, 2007).

Esta construcción histórica de la corrupción tiene un impacto en dos vías, como lo muestra la investigación de Becker et al. (2016), quienes establecen que la historia del imperio de Habsburgo, reconocido por su eficiente administración pública, se relaciona con una mayor confianza de los ciudadanos en los servicios públicos, y una menor incidencia de corrupción en los tribunales y la policía. Un ejemplo claro de lo anterior se presenta en la investigación de Whyte (2007), en la que examina la intensidad y escala de la apropiación de recursos en Iraq después de la invasión. El estudio muestra la institucionalización de la corrupción empresarial, donde priman los intereses económicos sobre los de la población iraquí.

En suma, las administraciones públicas históricamente eficientes generan mayor confianza social y menor corrupción (Lodge, 1998; Hyslop, 2005; Becker et al., 2016). Por el contrario, si esta construcción histórica se asocia con el arraigo del soborno como práctica social (Gupta, 1995) y la corrupción es un mecanismo que moldea el discurso sobre el estado (Ogundiya, 2009), se generan estados frágiles que carecen de la capacidad para desempeñar sus funciones normales e impulsar el desarrollo (Osaghae, 2007).

En los contextos culturales donde predomina la corrupción, se ha observado que las jerarquías sociales priman, las cuales pueden estar influenciadas por la cultura religiosa. Las investigaciones han demostrado que el protestantismo, en contraposición al catolicismo o al islam, se asocia a menores niveles de corrupción (Treisman, 2000; Sandholtz y Koetzle, 2000).

Por otro lado, la ética se destaca como uno de los factores del individuo que más influye sobre las conductas corruptas. Los estudios identifican diversos factores que determinan las prácticas poco éticas, como la capacidad de sentir culpa o vergüenza, la avidez por el dinero para mejorar la condición social, las presiones económicas, las prácticas sociales y las prácticas organizacionales. Estos elementos han sido abordados en las investigaciones de Cohen et al. (2011), quienes presentan una escala de medición de la culpa y la vergüenza. Estas dos emociones morales se encuentran altamente correlacionadas con la ética al momento de decidir, lo que sugiere que la medida propuesta tiene potencial de convertirse en una herramienta importante de medición para detectar individuos susceptibles de participar en comportamientos corruptos y poco éticos.

Desde esta perspectiva, Alutu y Udhawuve (2009) han identificado que las razones más usuales detrás de las prácticas poco éticas son que las personas desean adquirir riqueza por todos los medios para mejorar la condición pública, y las personas que se dejan llevar por su inherente avidez de dinero. Así mismo, identifican como factores que influyen en las prácticas poco éticas las presiones económicas, prácticas sociales, los intereses creados de aquellos involucrados en los contratos y las prácticas organizacionales. La figura 5 muestra el diagrama de las relaciones inferidas.

Las explicaciones desde las ciencias humanas, en especial la sociología y la historia, muestran cómo las conductas corruptas son mecanismos que median las relaciones sociales, y que se construyen en y desde los sujetos, quienes son producto de su propia historia. De la misma manera, se identifica la presencia de elementos históricos como la pobreza, la desigualdad económica, la desigualdad jurídica, la naturalización del soborno como práctica social, la confianza social sobre la administración pública construida a partir de su eficiencia histórica, la presencia de conflictos armados y la propia concepción de estado. Estos elementos permiten y probablemente dan lugar a las prácticas sociales que propician las dinámicas de la corrupción expuestas en las otras explicaciones.

Conclusiones

La identificación de las relaciones causales entre las subcategorías temáticas que se encuentran en las investigaciones más relevantes sobre la corrupción publica muestran que este fenómeno debe entenderse como algo inherente a la condición humana. La corrupción se forja a partir de los contextos políticos, económicos y socioculturales que históricamente han moldeado las relaciones sociales de poder. En el presente, se manifiesta en esos mismos contextos a través de la distorsión, ineficiencia y magnitud del gasto público; las prácticas clientelistas que buscan preservar el poder político de los grupos dominantes; la desigualdad y el limitado crecimiento económico; las políticas laxas o excesivas con diseños institucionales defectuosos; la inefectividad de los programas públicos, los sobrecostos, la inoperancia de las organizaciones estatales; la pérdida de la confianza social; la desigualdad jurídica, y muchos otros efectos planteados en este documento.

No obstante, aunque el fenómeno de la corrupción pública parece encontrarse bien documentado, aún existen limitaciones y desacuerdos en puntos fundamentales que pueden modificar su comprensión. Los aspectos más importantes y que requieren mayor atención por parte de los investigadores se relacionan con: la dificultad de medir fiablemente la corrupción; la inclusión de las emociones en su análisis; la poca observancia de los entornos políticos, culturales y organizacionales en su estudio; la inequidad procesal; las discrepancias en la verdadera utilidad de proveer salarios altos a los funcionarios públicos; la poca evaluación de la capacidad real de los sistemas de control y de auditoría para detectar y mitigar los riesgos de corrupción; la eficacia de la rendición de cuentas en estados cooptados con estructuras al servicio de grupos dominantes; el papel de la educación como trasmisor de valores sociales, y el predominio de la racionalidad económica como piedra angular de los modelos que explican la corrupción.

Por otro lado, las categorías identificadas se construyeron a partir del análisis de causalidad de las agrupaciones conceptuales, y se codificaron sin sesgo hacia o desde los paradigmas científicos o disciplinares, sin embargo, los entramados teóricos identificados están compartimentados. La economía, la política, la administración y las ciencias humanas abordan la corrupción desde sus perspectivas epistémicas sin prestar atención o integrarse con otras aproximaciones, a excepción de la economía y la política que comparten algunos conceptos en común.

Esto también se identifica a partir de la distribución de la muestra analizada, en la que no se identifica una línea de pensamiento diferente o disruptiva, a pesar seleccionarse documentos de 19 países con ubicaciones geográficas distintas, historia, cultura y formas de interacción diversas, salvo algunas excepciones como el interés de los investigadores chinos en las alianzas entre el estado y los particulares. Lo anterior puede atribuirse a que la selección de la muestra se realizó a través de una única base de datos, lo cual limita el alcance y genera el riesgo de no considerar esas otras miradas. Además, la selección de la muestra abordó los artículos más citados, lo que pudo favorecer la inclusión de textos que se alinean en la corriente dominante, la cual acepta con una actitud funcionalista el a priori paradigmático.

Apéndice

Teóricamente, la corrupción pública ha sido abordada desde dos enfoques, el primero se centra en el acto de corrupción inherente a la condición individual, y es representada por la teoría del crimen propuesta por Gary Becker (1968). Según esta teoría, el delito es el resultado de una evaluación de costos y beneficios por parte del individuo, teniendo en cuenta al valor esperado del ilícito, los costos tanto de la realización de la acción corrupta y el valor esperado de las posibles sanciones (penas, multas, etc.). En este enfoque, la corrupción se combate a través de leyes que promueven el aumento de penas, el fortalecimiento de las herramientas de detección y la disminución de la ganancia esperada del delito. Si bien este enfoque ha producido innegables avances en la comprensión del fenómeno, también ha sido criticado debido a que en la práctica, los delincuentes no poseen toda la información para calcular con certeza la probabilidad de éxito o fracaso de la actuación ilegal. Incluso si la obtuviera, no se puede determinar si tiene la capacidad para procesarla exitosamente, es decir, no reconoce la racionalidad limitada como un elemento fundamental del comportamiento humano. Dentro de este enfoque, también se pueden identificar aquellos que analizan la decisión del individuo en función de su adecuación normativa. En este caso, el individuo realiza una valoración moral subjetiva en contraste con las normas, valores y creencias de su grupo social (Palmer, 2008).

El segundo enfoque denominado Teoría de la corrupción colectiva (Ashforth y Anand, 2003; Brief et al., 2001; Palmer, 2008) aborda la corrupción como un fenómeno en el cual los individuos no actúan solamente mediados por su decisión individual, sino que forman parte de construcciones sociales en las que sus decisiones pueden ser influenciadas e incluso manipuladas. La normalización de estos comportamientos poco éticos hace que los individuos disminuyan o eliminen la disonancia cognitiva, permitiéndoles tolerar o participar en dichas acciones incluso sin ser plenamente conscientes de sus actuaciones, hasta que el resquebrajamiento del capullo social y la exposición a un entorno moral hace evidente el carácter reprochable de sus actuaciones. Por lo tanto, esta teoría se enfoca en analizar los procesos de institucionalización de la corrupción en las organizaciones sociales, lo que ha llevado a importantes avances en temáticas disciplinares de la administración pública.

Bibliografía

Notas

* Artículo de investigación.

¹ Nye (1967) propone que la corrupción pública es el uso o abuso de la función pública, cargo público o poder público para el beneficio o ganancia privada. En su definición, presenta la corrupción como un comportamiento que se desvía de los deberes formales de la función pública, y que incluye el soborno, el nepotismo y la apropiación indebida.

² Los indicadores más usados por las investigaciones sobre corrupción pública son: International Country Risk Guide (ICRG), Global Competitiveness Report Index (GCRI), Corruptión Perception Index (TI), Investment Climate Surveys, International Crime Victim Surveys (ICVS), The World Business Environment Survey (WBES index), Country Policy and Institutional Assessment (CPIA), The Worldwide Governance Indicators (WGI) e Index of corruption, perceptions in US state and as average anual.

³ Para población infinita
Ajuste para población Finita

⁴ Auriol E. (2006) muestra para el caso de la contratación pública que la captura del estado tiene un costo de entre 1.2 y 2.88 veces el de los sobornos.

⁵ En referencia al triángulo del fraude de Donald Cressey (1961).

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