Introducción

Una tarea de los Gobiernos es la obtención de recursos para distribuirlos de manera equitativa y transparente y así incidir en el desarrollo económico de las naciones. En el caso del Estado Mexicano, se recaudan ingresos a través de una combinación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Estas estrategias de recaudación de ingresos son esenciales para el financiamiento de los gastos del gobierno y para poder brindar servicios y programas a la población. Según el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917/2021, artículo 25), todas las personas que se encuentren en México gozan del derecho fundamental al Desarrollo Nacional. Mediante el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal lleva a cabo las disposiciones necesarias para cumplir con este mandato, lo cual exige consolidar el ciclo presupuestario en sus tres fases: obtención, asignación y ejecución de los recursos.

Una de las actividades financieras del Estado con mayor certidumbre para la obtención de recursos económicos es el pago de los impuestos. Ciertamente, la recaudación representa uno de los temas más relevantes para una economía, toda vez que existe la obligación constitucional de contribuir al gasto público. Por su parte, los egresos son las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal, en lo que radica la importancia de su control para mantener un presupuesto equilibrado. En el contexto del Presupuesto de Egresos, no todas las acciones de una administración tienen que quedar identificadas con los Programas Presupuestarios. Existe una serie de atribuciones a las dependencias y entidades que no se realizan con el fin de solucionar una problemática particular, sino que forman parte del quehacer de la función pública.

La asignación del gasto público también es un proceso que está intrínsecamente vinculado a decisiones políticas que determinan las prioridades gubernamentales y la distribución de los recursos; es así como el gasto público, además de cumplir con principios de eficiencia y sostenibilidad fiscal, responde a dinámicas de poder y negociación. La política interviene en la determinación de asignaciones a programas específicos o sectores estratégicos, y puede derivar en partidas presupuestales que no siempre responden a criterios técnicos, sino a estrategias políticas que buscan consolidar alianzas gubernamentales.

Los gobiernos en su gestión siempre advierten restricciones presupuestarias, no obstante, deben considerar que el uso eficiente de los recursos públicos es crucial para garantizar la sostenibilidad fiscal, entendida como las decisiones de ingreso, gasto y deuda tomadas en el pasado y que se reflejan en la posición financiera actual. Por consiguiente, deben tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos disponibles de una manera efectiva mediante una presupuestación eficiente, lo cual implica maximizar los beneficios obtenidos a partir de recursos limitados, evitando el despilfarro y la ineficiencia en el gasto (Olivares, Barraza, Pacheco y Cueva 2023).

El gasto debe ser el eje rector de cualquier administración, teniendo en cuenta la capacidad que tengan los entes públicos para equilibrar las finanzas de un Estado y vinculando los esquemas tributarios establecidos en respuesta a la operación e inversión, se impulsará el crecimiento y desarrollo de una entidad. Los esquemas tributarios no solo contribuyen a dar suficiencia presupuestal a los programas de gobierno, impulsan a las entidades federativas a asumir nuevos retos, así como a afrontar compromisos políticos, sociales y económicos, buscando soluciones a problemas y desigualdades cada vez más lacerantes y agudas; inhibiendo los presupuestos blandos o laxos que conducen a generar gastos superfluos.

La evolución de los ingresos que la federación transfiere a las entidades federativas ha sido significativa. Cada año, en el Presupuesto de Egresos, se dota de recursos a las entidades federativas para hacer frente a sus quehaceres públicos, sin que dichas transferencias sean acordes con el esfuerzo fiscal que cada una de ellas realice.

En este contexto, el federalismo hacendario no ha sido eficiente. En un marco de restricción presupuestal, en el que prevalece una incipiente recaudación motivada por las circunstancias económicas existentes, la actuación de los gobiernos locales se ve limitada cuando su presupuesto depende de las transferencias federales, tensionando la sostenibilidad de las finanzas y debilitando las acciones del desempeño de la administración, generando incluso desequilibrios horizontales y verticales que afectan al bienestar de la sociedad (Ortiz y Rojas 2023).

La obtención equitativa de recursos es un desafío complejo. Por tanto, es indispensable la confección de políticas públicas que puedan influir en el proceso de asignación, vinculadas a la generación de resultados eficientes y equitativos. Bajo esta tesitura, es importante analizar el impacto de la implementación de las políticas públicas que promuevan la estabilidad financiera en los gobiernos subnacionales, desde un escenario que impulse la calidad del gasto, como lo señalan Ruelas e Izquierdo (2021).

Dadas esas circunstancias, nos situamos en un planteamiento del problema que evoca que la sostenibilidad financiera está determinada por la gestión del gasto público y la captación de ingresos fiscales (ingresos propios). Sin embargo, en entidades como Hidalgo, la dependencia de transferencias federales, las restricciones presupuestarias y la influencia política en la asignación de recursos tienden a generar desequilibrios fiscales, impactando en la calidad del gasto y en el desarrollo económico y social. De ahí surge la pregunta: ¿Cómo impacta la estructura y gestión del gasto público en la sostenibilidad financiera del Estado de Hidalgo y en su capacidad para impulsar el desarrollo económico y social?

En este orden de ideas, el objetivo de este estudio es analizar la calidad y sostenibilidad del gasto público en el Estado de Hidalgo, México, en el periodo 2017-2021, evaluando su impacto en la estabilidad financiera y el desarrollo económico-social, con un enfoque en la eficiencia de las asignaciones presupuestarias y la influencia de factores políticos en la distribución de los recursos. Para realizar el estudio, se llevará a cabo un análisis documental basado en teorías de Hacienda Pública, Gasto Público, Elección Pública y Política Fiscal, con el fin de entender los factores que influyen en la asignación presupuestal en el Estado. Asimismo se empleará un análisis de datos financieros del presupuesto de egresos en el periodo 2017-2021, examinando tendencias en la asignación de recursos, su eficiencia y su impacto en indicadores socioeconómicos como crecimiento económico, reducción de pobreza y desarrollo social.

Metodología

Para analizar la calidad y sostenibilidad del gasto público en el Estado de Hidalgo durante el periodo 2017-2021, se utilizará un enfoque metodológico mixto que combine métodos cualitativos y cuantitativos; aplicando un diseño de análisis descriptivo y analítico, orientado a identificar y evaluar las dinámicas de recaudación y gasto público, así como su relación con el desarrollo social y económico del Estado. El eje principal del estudio serán los presupuestos de egresos de Hidalgo de 2017 a 2021 para identificar las asignaciones en cada rubro del gasto.

Es importante mencionar que se analizará la distribución de los recursos en diferentes áreas estratégicas, como educación, salud, infraestructura y desarrollo social, con la finalidad de identificar posibles áreas de mejora y optimización de recursos. Los resultados obtenidos de este estudio, siguiendo los lineamientos de Aguilar Villanueva (2024) y Méndez Martínez (2020), sin duda alguna, proporcionarán información valiosa y relevante para la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos públicos en el Estado de Hidalgo.

Por otra parte, y con la intención de incidir en una evaluación más precisa de efectividad del gasto público, a través de los indicadores, se miden diferentes aspectos como: la eficiencia, la eficacia, la equidad, la transparencia, la austeridad, la disciplina presupuestal y la sostenibilidad. También, se han propuesto metodologías para medir la calidad del gasto público, como el análisis de costo-efectividad y el análisis de impacto presupuestario (Ibarra, 2021), las cuales sin duda han sido un avance para disponer de parámetros que indiquen la efectividad en la distribución presupuestaria de los recursos. No obstante, aún se debe escudriñar y analizar este tema de gran relevancia para el desarrollo económico y social, con el enfoque de lograr que el gasto público pueda promover la igualdad de oportunidades, mejorar la provisión de servicios públicos y fomentar el crecimiento económico, así como el desarrollo humano y social.

Para analizar exhaustivamente cómo las asignaciones presupuestarias en el Estado de Hidalgo han contribuido de manera efectiva y significativa a mejorar los índices de crecimiento económico, desarrollo humano, rezago social y disminución de la pobreza laboral será necesario recopilar, analizar y contrastar una amplia gama de datos relevantes y actualizados.

Al analizar el panorama presupuestario, es posible identificar áreas de mejora y oportunidades para fortalecer el impacto positivo del gasto público que contribuya a disponer de finanzas sanas para el bienestar de la población hidalguense. Se examinan en detalle los montos asignados a cada sector y programa en particular, y se presta especial atención a las fluctuaciones y variaciones que hayan tenido lugar a lo largo de estos años estudiados (Sánchez Vargas, 2021). Además, se deben contrastar estas asignaciones presupuestales con las necesidades y demandas de la población hidalguense (Velásquez, 2020), identificando cuál es el comportamiento de los montos que son destinados a las obras y acciones por cada una de las fuentes de financiamiento. Para ello se calcula la tasa de crecimiento de ingresos propios, utilizando los datos actuales e históricos en la siguiente fórmula, con la que se busca evaluar y determinar si existe una distribución adecuada de los recursos y si se están priorizando los sectores más relevantes para el desarrollo de la entidad:

Es fundamental asegurar que los recursos estén destinados a las áreas que más los requieren y que contribuyan de manera efectiva a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este análisis, además, se pueden identificar posibles desequilibrios en el proceso de asignación de recursos (Tavera, Torres y Sandoval 2024). De igual manera, es fundamental evaluar si las asignaciones presupuestarias están alineadas correctamente con los objetivos de desarrollo y bienestar de la población.

Es indispensable identificar el panorama completo y detallado de las asignaciones presupuestales para saber en qué medida se realizan los ajustes o modificaciones pertinentes y precisas, así como para disponer de un presupuesto alineado a las disposiciones legales y normativas que propicien finanzas sanas para el crecimiento y desarrollo de la entidad (Sánchez Vargas, 2021). Este enfoque se centra en la generación de un impacto positivo y en la contribución al bienestar de la comunidad, a través de políticas y decisiones fundamentadas en análisis rigurosos y precisos.

La estabilidad y crecimiento de las participaciones federales sugieren que la coordinación entre niveles de gobierno será vital para optimizar los recursos disponibles y mejorar la calidad del gasto público (Rojas, 2023). Por esto, es importante determinar el índice de dependencia financiera, que refleja la proporción de los ingresos totales del Estado que provienen de transferencias federales. Para ello utilizaremos la siguiente formula:

Uno de los principales ejes de esta investigación es analizar cómo el presupuesto de egresos impacta en la competitividad de la entidad, entendiendo que un adecuado manejo de los recursos públicos puede contribuir a fortalecer la economía local y generar un ambiente favorable para la inversión y el desarrollo empresarial. Para ello es necesario determinar la relación entre la inversión pública y el PIB estatal, razón que muestra el porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado que se destina a infraestructura y desarrollo económico mediante la siguiente formula:

Marco teórico

La dualidad de las políticas públicas expresa la bidimensionalidad constitutiva de la política pública. Considera que es importante tomar en consideración la disciplina académica que estudia la manera en que las políticas se analizan y desarrollan, así como el ejercicio profesional que se encarga de diseñarlas, promover su decisión y efectuarlas. Según Aguilar Villanueva (citado por Kelly, [2020] p. 119),

el componente político y el técnico de la política pública se articulan bien, sin rispideces ni tensiones, cuando las acciones decididas por el Gobierno cuentan con suficiente aceptación social y producen los resultados esperados. Otras veces los dos componentes de la política no se corresponden, se confrontan y uno trata de prevalecer sobre el otro, cosa que ocurre cuando las consideraciones políticas llevan a prometer situaciones sociales valiosas, pero que no son factibles o son insensatamente costosas, o cuando a los decisores de la política pública no les importan mucho las consecuencias políticas, acaso desastrosas, que provocan sus decisiones técnicamente fundadas.

Aguilar (2024), se ha centrado en el análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Para esto ha desarrollado un marco para el análisis de las políticas públicas enfocado en determinar los problemas públicos, la definición de los objetivos de la política, la identificación de las alternativas de acción y la evaluación de las consecuencias de las alternativas para determinar las más pertinentes.

En este marco resaltan dos enfoques. En primer lugar, el enfoque de análisis de políticas públicas, que se centra en identificar problemas sociales, determinar objetivos de políticas, determinar cursos de acción, evaluar las consecuencias de cada uno y elegir el mejor curso de acción. En segundo lugar, el enfoque de implementación de políticas públicas, que enfatiza la importancia de considerar supuestos, teoremas, conjeturas y recomendaciones del análisis de políticas públicas en la implementación de políticas.

Por su parte, Méndez (2020) considera que es necesario asumir un papel principal en la solución de los problemas del país, como la pobreza y desigualdad. En este contexto, los esfuerzos nacionales deben ser estratégicos, principalmente, deben descansar sobre la base de un marco analítico con el que se puedan identificar claramente los obstáculos al desarrollo, los avances hacia el problema, los actores involucrados y sus intereses, así como las oportunidades, la definición del problema y el alcance institucional.

El análisis de las políticas públicas no abarca únicamente el estudio de las decisiones que toma la administración, es decir, de los resultados de una intervención; al tener un enfoque práctico de las políticas públicas, el analista puede realizar su planeación o planeamiento como lo menciona Méndez (2020). En él, debe incluir el diagnóstico, el pronóstico, el ordenamiento y la recomendación de alternativas.

El análisis de la sostenibilidad y calidad del gasto público no puede circunscribirse solamente a su nivel y composición. Se necesita una mirada más amplia de las finanzas públicas en la medida en que estas juegan un rol crucial en los objetivos del desarrollo. Se requiere analizar la calidad del gasto desde su triple función: su contribución a los objetivos de política económica y a la estabilización macroeconómica; su eficiencia asignativa (si los gastos están basados en la efectividad de los programas públicos conforme a las prioridades de política), y su eficiencia operacional (la capacidad con la que se utilizan los recursos, es decir, si una vez asignados entre los distintos programas y proyectos, estos son utilizados de la mejor manera para alcanzar los resultados [Escudero, 2020]). Con este fin, es necesario respaldar el estudio en las teorías descritas en las siguientes líneas.

La teoría de la hacienda pública

El análisis de las políticas públicas tiene su origen en la construcción científica de alternativas que pueden contribuir, mejorar y guiar las decisiones que el Estado toma respecto a los problemas que pretende resolver. Sin embargo, es necesario analizar el papel fundamental que desempeña el gasto público para consolidar las finanzas sanas que permitan la evolución favorable en rubros de mayor impacto para una entidad.

Generalmente, en el marco de la teoría de la Hacienda Pública, la parte menos desarrollada es la que estudia el Gasto Público, cuya evolución contrasta con el desarrollo adquirido por el estudio de los Ingresos Públicos. Esta mayor preocupación por la teoría de los Ingresos Públicos, frente a la de los Gastos Públicos, arranca de los tiempos de la concepción clásica, en la que, el papel que se le asignó a los gastos públicos era paradójico. En esta concepción, los gastos públicos tenían una importancia considerable, ya que eran el punto de partida para lograr el equilibrio presupuestario, en la medida en que primero se determinaban los gastos y después los ingresos necesarios para hacer frente a ellos (García, 2023).

De ahí la importancia de consolidar mecanismos que mejoren el ciclo presupuestario, garanticen una asignación eficiente del gasto y permitan medir el impacto de los recursos públicos. La eficiencia administrativa es una tarea clave en este proceso. Vargas y Zavaleta (2020) destacan enfoques centrados en la calidad del gasto, subrayando la relevancia de la eficiencia, la efectividad y la transparencia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. Sin embargo, también advierten sobre la necesidad de fortalecer la gobernanza y la capacidad institucional para alcanzar una gestión del gasto público de alta calidad. Todo ello evidencia la urgencia de aplicar los recursos de manera eficiente, mediante mecanismos de evaluación rigurosos y acciones orientadas a maximizar los beneficios sociales.

Es de considerar que la calidad del gasto público está estrechamente relacionada con la asignación de recursos y la eficiencia en la entrega de servicios públicos. Según Heras (2020), es tarea prioritaria que los gobiernos de cualquier nivel basen sus decisiones en criterios técnicos y prioricen las acciones con asignaciones presupuestales responsables para lograr un mayor impacto social.

Con lo ya descrito, se reafirma que la teoría de la hacienda pública de Musgrave (citado por Villalobos, [2023]), se enfoca en analizar y mejorar la gestión de los recursos públicos, garantizando un uso óptimo y responsable de ellos en beneficio de la sociedad. Además, considera la importancia de evaluar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, principalmente, los Estados deben tratar de mejorar la distribución de los recursos productivos, mientras estabilizan la coyuntura mediante el manejo discrecional en la obtención y aplicación de los recursos.

La problemática de la eficiencia del gasto público está relacionada con las características de los procesos de decisión en el marco de las políticas públicas y de producción de este sector. Sin embargo, es necesaria la introducción de cambios institucionales que modifiquen los incentivos de los distintos agentes que intervienen en los procesos políticos (Barrutia, 2021). La mejora de las técnicas de evaluación y control del gasto público es indispensable para lograr el objetivo de esa eficiencia en el gasto.

La teoría del gasto público

Stiglitz (2020) en su teoría del gasto público se refiere al importante papel que desempeña el Estado en la promoción del bienestar y la corrección de las fallas del mercado. Se enfoca en en la redistribución, la inversión en capital humano y la estabilización macroeconómica a través del gasto público como mecanismo para lograr una economía más equitativa, sostenible y estable. En esta teoría también se destaca la importancia de una asignación eficiente del gasto, y se señala la importancia de evaluar su calidad para garantizar eficiencia.

Se hacen presentes los desafíos y oportunidades para lograr una correcta asignación presupuestal, enfocándose en la efectividad del gasto público, a través de una asignación óptima de los recursos, una vigilancia permanente en su aplicación y la evaluación como herramienta de monitoreo.

Esta teoría propone también la existencia de mecanismos a través de los cuales el Gobierno puede obtener el máximo beneficio de los recursos disponibles, minimizando los costos de operación, y procurando la asignaciones presupuestales en gasto de infraestructura. Heras (2020) enfatiza en la necesidad de implementar soluciones que permitan la consecución de los objetivos señalados en las agendas públicas, y donde no se permita el mal uso de recursos, disminuyendo las acciones superfluas o burocráticas. Desde luego, inhibiendo actos de corrupción. Para ello es necesario que las políticas públicas diseñadas para alcanzar las metas planteadas sean efectivas y consideren la importancia de evaluar la capacidad con que se utilizan los recursos públicos, y si las políticas y programas implementados logran los resultados esperados, es decir, determinar la calidad de los proyectos y programas financiados con recursos públicos, así como el impacto real de obras y acciones en la sociedad (Stiglitz, 2024).

La teoría de la elección pública

La teoría de la elección pública, se enfoca en la toma de decisiones públicas y en cómo se pueden mejorar los procesos de toma de decisiones para incidir de manera positiva en la asignación del gasto. Esta teoría actúa como un agente del análisis económico de la política, se enfoca en los incentivos, así como en las restricciones que afectan la eficiencia del gasto y en la toma de decisiones públicas, su principal enfoque radica en la importancia de una asignación óptima del gasto y de evaluar su calidad para garantizar su efectividad. Al evaluar esta última, se puede determinar si los recursos públicos se están utilizando de manera adecuada para lograr los objetivos del sector público (Paniagua, 2022).

La teoría de la elección pública se enarbola sobre la base de una serie de parámetros que Buchanan y Tullock asumen como comunes e inherentes a todo sistema político y/o económico. Uno de estos parámetros establece que toda sociedad sostiene su existencia, entre otros, en el intercambio voluntario entre individuos, por lo que, las decisiones políticas, como cualquier otra decisión, deberían responder a un marco de intercambio mutuamente beneficioso (Galán, 2024, p.139).

Esta teoría concede un marco analítico para concebir los desafíos que gesta la sostenibilidad del gasto, toda vez que muestra cómo los incentivos de los actores políticos y las restricciones de las instituciones impactan en la asignación de los recursos. Bajo esta tesitura, el gasto público no siempre coincide con los criterios de eficiencia o bienestar social, sino que puede estar enfocado en atender intereses individuales. Esto compromete su sostenibilidad, por lo que para poder lograrla es necesario consolidar instituciones que inhiban las distorsiones en la asignación de los recursos e impulsen la responsabilidad fiscal. De este modo, la aplicación de los principios de la teoría de la elección pública busca que los procesos de toma de decisiones concatenen mecanismos que minimicen los incentivos al gasto ineficiente, por lo que es neceario definir reglas fiscales claras, mayor transparencia en la gestión presupuestaria y una supervisión efectiva de la calidad del gasto.

Política fiscal

La política fiscal del Gobierno también es un factor importante que puede influir en la sostenibilidad del gasto público. Si el Gobierno implementa políticas fiscales responsables, como un sistema tributario justo y eficiente, aparejadas a una política de gasto prudente, entonces es más probable que el gasto público sea sostenible a largo plazo. Por el contrario, si el Gobierno no implementa políticas fiscales responsables, puede ser difícil mantener un nivel de gasto sostenible a largo plazo (Mejía y Reyes, 2023). Así, para determinar si el gasto es sostenible, es necesario realizar un análisis exhaustivo del comportamiento de las finanzas, examinando la relación entre los ingresos fiscales y el gasto público, la evolución de la deuda pública, el desempeño económico de la entidad así como la eficiencia del gasto público.

Además, también es importante considerar la perspectiva a largo plazo y evaluar cómo la política fiscal puede afectar la sostenibilidad (Rojas, 2023), toda vez que se considera que el gasto es sostenible si la entidad puede mantener un equilibrio entre sus ingresos y gastos a largo plazo, sin comprometer su estabilidad financiera en equilibrio con su capacidad para cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras. Por ello, tanto la calidad del gasto como la sostenibilidad del gasto son importantes para evaluar la gestión de las finanzas públicas. La calidad del gasto es importante para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y lograr los objetivos de política, mientras que el gasto sostenible es importante para garantizar que el Gobierno pueda atender su gestión y el cumplimiento de sus planes y programas (Polo y Romero, 2022).

Resultados y discusión

El análisis de políticas es perfectamente adecuado para cuestiones tales como: eficiencia operativa, asignación de recursos, evaluación de programas, planeación y presupuestación y la toma de decisiones estratégicas (Deubel, 2020) Para evidenciar el contexto del ciclo presupuestal en el Estado es preciso demostrar cómo ha sido la asignación de los recursos (Méndez, 2020).

La evolución de los ingresos revela datos significativos. En 2017 y 2018 se presenta un ligero aumento tanto de los ingresos tributarios como no tributarios, indicando una base económica diversificada que necesita fortalecerse para poder ser más sostenible, para 2019 se observa que existe adaptabilidad de las finanzas estatales a los cambios económicos. La irrupción de la pandemia en 2020 generó una disminución generalizada, especialmente en los ingresos tributarios, exponiendo la vulnerabilidad de ciertos sectores e indicando la necesidad de la implementación de estrategias fiscales más resilientes. Esto aunado a la implementación de políticas públicas acordes a la situación económica del Estado. En la tabla 1 se observa el comportamiento de los ingresos en el periodo de 2017-2021.

En 2017, se recaudaron $1,113,142,897.82, y esta cifra aumentó gradualmente hasta $1,654,828,526.53 en 2021. Sin embargo, el comportamiento de otras categorías, como las contribuciones de mejoras y derechos no fue tan consistente. Las contribuciones de mejoras, que alcanzaron su máximo en 2020, reflejan posiblemente proyectos de infraestructura que generaron ingresos en ese año. En contraste, los derechos presentaron fluctuaciones significativas con un mínimo en 2020.

La estabilidad de los ingresos propios es un indicador clave del esfuerzo fiscal. En Hidalgo, la evolución de los ingresos propios ha mostrado altibajos significativos, lo que indica volatilidad en la capacidad de recaudo. En el 2018, el crecimiento fue del 24.13 % respecto a 2017, y en 2019 la reducción presentó un descenso del 3.31 %. No obstante, para el 2020, la caída fue del 14.19 % debido a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Finalmente, en el 2021 hubo una recuperación del 13.12 %, aunque sin alcanzar los niveles de 2018.

Esta volatilidad en la recaudación indica que el esquema fiscal no permite resistir crisis económicas (Pérez y Rodríguez, 2023). Es necesario fortalecer la fiscalización tributaria para evitar evasión fiscal y, desde luego, modernizar los sistemas de recaudación para reducir costos administrativos y fomentar el crecimiento de la base impositiva mediante incentivos para la formalización de actividades económicas.

Según (Olivares, Barraza, Pacheco y Cueva 2023), una estructura tributaria eficiente no solo genera mayores ingresos, sino que también reduce la incertidumbre presupuestaria y permite una planificación efectiva del gasto público.

Las participaciones del Estado, que comprende un porcentaje importante de los ingresos, se mantuvo en un rango estable pero alto, oscilando entre $15,874,524,383.64 y $18,776,925,655.26. Estas cifras reflejan la dependencia del Estado de las transferencias federales que representan aproximadamente el 60 % de los ingresos totales en 2017 y 2018. A partir de 2019, esta proporción comenzó a disminuir, reflejando un cambio en la política fiscal del Gobierno federal o la necesidad de los Estados de diversificar sus fuentes de ingresos (Sánchez Ramírez, 2020).

De acuerdo a las cifras antes consideradas, la dependencia del Estado de Hidalgo de las transferencias federales y la fluctuación de los ingresos propios destacan la importancia de implementar políticas fiscales que diversifiquen las fuentes de ingresos (Ibarra, 2021). Esto es crucial para asegurar la sostenibilidad financiera del Estado y enfrentar futuros desafíos económicos.

En Hidalgo, el Índice de Dependencia Financiera ha sido consistentemente alto durante el período de estudio, representando más del 50 % de los ingresos totales cada año. Para el 2017, fue de 60.82 %; para 2018, 59.03 %; en 2019, 54.82 %; en 2020, 57.68 %, 53.80 %, y para 2021 fue del 53.80 %, lo que indica una alta dependencia de recursos federales. A pesar de la ligera reducción en la dependencia de recursos federales entre 2017 y 2021, el Estado de Hidalgo sigue mostrando una capacidad limitada para generar ingresos propios, lo que lo hace vulnerable a cambios en la política fiscal federal y a recortes en el presupuesto de transferencias (Ramírez y Hernández, 2022).

Esta dependencia limita su autonomía financiera, restringiendo su capacidad de diseñar políticas de gasto público sin estar sujeto a las disposiciones del Gobierno federal (Olivares, Barraza, Pacheco y Cueva 2023). Para fortalecer la sostenibilidad financiera, es necesario que la entidad federativa implemente estrategias de diversificación de ingresos, fomentando una mayor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, mediante la mejora en la eficiencia tributaria y la ampliación de la base fiscal.

La reducción de ingresos propios en 2020, que pasó de $4,979,505,153.39 en 2019 a $4,271,808,696.11 en 2020, representa una caída del 14.19 %. Esto coincide con una contracción del PIB estatal del 10.39 % (INEGI, 2021), que sugiere que la recaudación es altamente sensible a las variaciones del crecimiento económico. La razón de ingresos propios sobre ingresos totales en 2020 fue del 8.04 %, mostrando una reducción con respecto al 9.80 % de 2018.

Referente a los gastos públicos, como se aprecia en la tabla 2, se visualiza la agilidad en la gestión de recursos. A pesar de las presiones económicas desatadas por la pandemia, ciertos sectores críticos, como la salud y la educación, mantuvieron asignaciones presupuestarias considerables. La capacidad de reasignar recursos hacia necesidades emergentes, como la adquisición de equipo médico y medidas de mitigación económica, demuestra una respuesta estratégica y adaptativa ante crisis imprevistas (Sánchez Vargas, 2021).

Esta evaluación comprende si la asignación presupuestal fue la necesaria para hacer frente a la problemática, (Ibarra, 2021), aunado a que la eficiencia administrativa estuvo ausente al observar que los recursos fueron ejercidos de manera discrecional sin que existieran esquemas que transparentan la aplicación de esas asignaciones. Es aquí donde la contabilidad gubernamental juega un papel fundamental porque permite ordenar las finanzas públicas, producir información financiera oportuna, facilitar la fiscalización y el control, así como promover una administración eficiente de los recursos. A través de la implementación de técnicas contables específicas y la adopción de normas contables uniformes, la contabilidad gubernamental facilita la comparación y el seguimiento del uso de los recursos públicos, lo que contribuye a una mejor gestión y a la prevención de la corrupción (Canto, 2021).

Por otra parte, se observa que la ampliación de la deuda pública, aunque moderada, compromete la sostenibilidad financiera (Bellia, 2023), sus datos históricos dan cuenta de cifras que fueron contraídas desde administraciones anteriores y que han exigido una amortización tanto a intereses como a capital, que obliga a disponer de recursos para la amortización del pasivo.

Según la información financiera en 2017, el gasto público en Hidalgo se caracterizó por una asignación significativa a servicios personales, representando el 6.29 % del presupuesto total. Este gasto refleja una inversión considerable en salarios y beneficios para empleados públicos. Sin embargo, la sostenibilidad del gasto se ve cuestionada por el bajo porcentaje destinado a materiales y suministros (0.84 %) y a inversión pública (1.42 %), lo que sugiere una limitada inversión en insumos y proyectos de infraestructura. La mayor parte del presupuesto (64.17 %) se destinó a transferencias y subsidios, indicando un fuerte enfoque en apoyo social y financiero, aunque esto podría comprometer la sostenibilidad a largo plazo si no se acompaña de inversiones productivas (Rojas, 2023).

En 2018, se observó una reducción en el gasto en servicios personales al 5.61 %, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia del gasto en personal. Sin embargo, el gasto en materiales y suministros también disminuyó al 0.71 %, manteniendo un nivel bajo de inversión en insumos. El gasto en servicios generales se redujo ligeramente al 5.11 %, mientras que las transferencias y subsidios aumentaron al 65.30 %, reforzando el enfoque en apoyo social. La inversión pública incrementó al 2.06 %, lo que sugiere un mayor enfoque en proyectos de infraestructura. Esto es positivo para la sostenibilidad del gasto a largo plazo. Finalmente, la deuda pública aumentó al 1.71 %, lo que podría ser una señal de alerta si no se gestiona adecuadamente.

En 2019, el gasto en servicios personales se mantuvo estable en 5.29 %, mientras que el gasto en materiales y suministros aumentó al 0.75 %, reflejando una mayor inversión en insumos. El gasto en servicios generales incrementó al 5.51 %, sugiriendo un aumento en gastos operativos. Las transferencias y subsidios se mantuvieron altos en 64.66 %, consolidando el enfoque en apoyo social. La inversión pública aumentó significativamente al 3.51 %, demostrando un mayor enfoque en infraestructura (Galán, 2024). Por su parte, la deuda pública se mantuvo estable en 1.64 %, lo que indica una gestión prudente del endeudamiento.

En 2020, el gasto en servicios personales aumentó ligeramente al 5.15 %, mientras que el gasto en materiales y suministros incrementó al 0.77 %, continuando la tendencia de mayor inversión en insumos. El gasto en servicios generales disminuyó al 4.70 %, reflejando una reducción en gastos operativos. Las transferencias y subsidios aumentaron al 65.52 %, manteniendo el enfoque en apoyo social. La inversión pública incrementó al 3.94 %, sugiriendo un fuerte enfoque en proyectos de infraestructura. Esto es positivo para la sostenibilidad del gasto (Sánchez Vargas, 2021). Finalmente, la deuda pública disminuyó al 1.39 %, indicando una reducción en el endeudamiento y una gestión fiscal más sostenible.

En 2021, el gasto en servicios personales aumentó al 5.46 %, reflejando un incremento en el gasto en personal. El gasto en materiales y suministros se incrementó al 0.88 %, continuando la tendencia de mayor inversión en insumos. El gasto en servicios generales aumentó ligeramente al 4.95 %. Las transferencias y subsidios aumentaron al 66.65 %, consolidando el enfoque en apoyo social. La inversión pública disminuyó al 3.59 %, sugiriendo una ligera reducción en proyectos de infraestructura que podría afectar la sostenibilidad del gasto a largo plazo (Heras, 2020). La deuda pública disminuyó al 1.10 %, indicando una reducción continua en el endeudamiento y una gestión fiscal más sostenible.

En Hidalgo, la proporción de Inversión Pública/PIB ha variado significativamente durante el período analizado. En 2017 fue de 2.04 %, en el 2018 representó el 3.13 %, en el 2019, alcanzó su máximo histórico de 5.96 %, y en 2020, fue de 8.11 % debido a políticas contracíclicas para mitigar el impacto de la pandemia, y finalmente en 2021 hubo reducción significativa en comparación con los dos años anteriores quedando en 3.60 %.

Un aumento en la inversión pública generalmente se asocia con el crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura (López y Camacho, 2020). Sin embargo, la reducción de la inversión en 2021 sugiere que Hidalgo podría estar enfrentando restricciones presupuestarias que limitan su capacidad de seguir invirtiendo en proyectos estratégicos.

Según información de INEGI (2024) y las cuentas públicas, en Hidalgo la tasa de crecimiento del PIB para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 ha sido de 0.48 %, 2.55 %, -1.64 %, -10.39 % y 2.99 % respectivamente. De igual forma destacan una tasa de crecimiento respecto a la inversión pública de 12.83 %, 57.24 %, 87.30 %, 21.82 %, y -8.78 % en correspondencia para cada año, lo que implica que en ese mismo orden de los años la proporción respecto del PIB fue de 2.04 %, 3.13 %, 5.96 %, 8.11 % y 7.18 %.

Estos resultados permiten inferir que no fue posible lograr la autonomía financiera, ya que los datos reflejan que menos del 10 %, fue recaudado por ingresos fiscales (Galán, 2024); o al menos no se logró reducir la dependencia de los recursos transferidos dada la laxitud de los mecanismos para eficientar la recaudación tributaria al prevalecer la discrecionalidad en los esquemas de captación de los recursos fiscales. Esto se adhiere a la debilidad en los esquemas de vigilancia efectiva que conducen a tener como eje central el esfuerzo recaudatorio (Ibarra, 2021).

Debe prevalecer la premisa de que con una hacienda pública fortalecida es posible darle sostenibilidad al gasto (Rojas, 2023), y así cumplir con los planes y programas propuestos; desde luego infundiendo la confianza de incorporar esquemas de evaluación vinculatoria que promueva la eficiencia gubernamental en cada uno de los programas presupuestarios a los que son destinados los recursos.

Conclusión

La implementación de técnicas presupuestales y de registro contable del gasto son parte de una obligada metodología cuya finalidad es mejorar la asignación de los recursos públicos en el presupuesto de egresos, por lo que los ejecutores de gasto cada vez se obligan a identificar con claridad sus objetivos, metas y acciones así como transparentar sus programas. No obstante, la complejidad en la elaboración de los presupuestos públicos persisten a través de los métodos clásicos, atados al sistema del incrementalismo, destinados solo a cumplir con los objetivos financieros del Gobierno, sin que se constituyan en el eje rector para elaboración de políticas y la única vía para traducir los objetivos de desarrollo de la entidad en resultados.

Esta situación de presupuestos deficientes está inscrita en varios factores que debilitan la calidad y la sostenibilidad del gasto. Entre ellos se destacan la ausencia de políticas públicas enfocadas a la administración eficiente de los recursos, la falta de planeación para la ejecución del gasto, la debilidad en las evaluaciones de los programas, las estructuras administrativas obesas y la opacidad en el manejo de la hacienda.

Para fortalecer la sostenibilidad financiera se requiere una estrategia de diversificación de fuentes de ingresos y mayor eficiencia en la recaudación tributaria (Madrigal, 2023). Los resultados indican que la autonomía fiscal del Estado de Hidalgo sigue siendo limitada. La razón de ingresos propios sobre ingresos totales no ha superado el 10 %, el Índice de Dependencia Financiera (IDF) en 2021 fue del 53.80 %. Además, la inversión pública como porcentaje del PIB disminuyó al 3.60 %, lo que podría afectar el crecimiento económico a largo plazo.

La gestión pública obliga a disponer de los recursos suficientes para cumplir con las funciones inherentes al quehacer gubernamental. No obstante, el hecho de contar con una hacienda pública cuyos recursos financieros pudieran atender las demandas de la población no asegura que su distribución presupuestaria e incluso su aplicación dé respuesta a las necesidades de los gobernados.

Es necesario fortalecer la gobernanza fiscal para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y recuperar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno. Sin el desempeño del sector público y una buena gestión de las finanzas públicas, los gobiernos no podrán prestar servicios de calidad ni hacer frente a la creciente presión y demanda del gasto público. En aras de mejorar la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas, la gobernanza fiscal se debe centrar en procesos de gestión presupuestaria y financiera pública más eficientes, transparentes y participativos, impulsando el desarrollar una visión más estratégica del gasto público, alinear mejor los objetivos presupuestarios y políticas a través del Presupuesto Basado en Resultados y modernización de los marcos de auditoría y control público (Vargas y Zavaleta 2020).

Bajo esta postura, el balance presupuestario sostenible debe ser el indicativo de la capacidad del Gobierno para la ejecución de los recursos, teniendo como una tarea pendiente el reconocer que la asignación de los recursos se haya realizado con la diligencia que garantice la gestión presupuestaria, es decir, prevalece la evaluación presupuestaria ex post y no ex ante.

Por otra parte, el fortalecimiento hacendario se debe gestar desde la perspectiva de que los recursos de que dispone un Gobierno se apliquen de manera eficiente, sin que existan desequilibrios presupuestales. Esto conlleva a la inexistencia de recursos excedentes u ociosos, pero sin sobrepasar la capacidad financiera con presupuestos sobregirados, que generen déficit presupuestario, de manera que el fortalecimiento hacendario se debe dar desde la perspectiva de dotar de más recursos a aquellas acciones o programas que representen mayor impacto a la sociedad.

Los Gobiernos deben evitar los presupuestos inerciales o incrementalistas en donde prevalezcan partidas presupuestales destinadas a acciones que no tengan aparejada una visión prospectiva o de desarrollo, en las cuales se denote una asignación de recursos similar a la de ejercicios anteriores en donde no existió un impacto positivo con la aplicación de esos recursos, o incluso donde se generaron subejercicios que demuestran la falta de capacidad administrativa para su ejecución.

En México, con la Ley de Disciplina Financiera se ha buscado romper con estos esquemas que debilitan la sostenibilidad del gasto y que hacen ineficientes a la hacienda públicas. No obstante, se deben concatenar la aplicación de políticas públicas orientadas al gasto público a fin de lograr que cada vez más los presupuestos sean la columna vertebral de las administraciones pues, como señala Alcázar (2023), su asignación eficiente en el gasto de inversión y operación son fundamentales para incidir de forma positiva en el ámbito de la economía y la gestión gubernamental.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación

Notas de autor

^aAutora de correspondencia. Correo electrónico: ra079962@uaeh.edu.mx

Información adicional

Cómo citar: Ramírez Vargas, R., Vargas Vega, T. de J., García Saavedra, M. L. y Villegas González, E. (2025). Impacto de la sostenibilidad y calidad del gasto en las finanzas públicas del Estado de Hidalgo. Cuadernos de Contabilidad, 26. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc26.iscg

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