Introducción

La interventoría es un mecanismo de vigilancia y control de los contratos al que acude la administración pública para garantizar los servicios prestados por las organizaciones ejecutoras, denominadas firmas contratistas. En términos generales, la interventoría vela por el cumplimiento de las obligaciones establecidas durante el desarrollo de proyectos, planes, programas u obras. Entre sus funciones se encuentran vigilar las actividades desarrolladas por el contratista, hacer seguimiento a las obligaciones de las partes y evitar posibles situaciones de incumplimiento contractual (Sánchez, 2010).

La interventoría se configura como una consultoría cuya función es verificar el desarrollo y cumplimiento de un contrato principal mediante técnicas de vigilancia, control y seguimiento de las actividades y obligaciones pactadas. De esta manera, interventoría y contrato principal se desarrollan simultáneamente, lo que asegura que la primera dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

Esta figura fue creada en la Ley 80 de 1993, que en sus numerales 1 y 5 define al interventor como un experto técnico que garantiza la ejecución idónea del contrato. Así, la entidad pública debe decidir contratar una interventoría cuando no cuenta con la capacidad técnica suficiente para vigilar el desarrollo del contrato principal. La interventoría se recomienda cuando los contratos superan las cuantías mínimas; sin embargo, corresponde a la entidad contratante establecer si la requiere y, en caso afirmativo, justificarlo mediante un concepto (Díaz et al., 2022).

La entidad pública, que actúa como firma contratante y cliente de la interventoría, debe nombrar un supervisor encargado de realizar el seguimiento. Según la Ley 1474 de 2011, el supervisor es un funcionario o una persona natural vinculada directamente a la administración pública. Además, la interventoría puede ser vigilada por los entes de control del Estado. La relación entre entidades se da a través del supervisor y del interventor asignado, quien debe informar cualquier desviación, anomalía o posible incumplimiento del contratista, así como los aspectos positivos y negativos del desarrollo del contrato principal.

Este mecanismo se ha utilizado ampliamente, en especial por su obligatoriedad en licitaciones de obras públicas. Sin embargo, se evidencia poca literatura sobre la gestión de esta actividad, los aspectos del proceso y las prácticas que permiten mejores resultados. También se observa escasa investigación sobre las prácticas que resultan útiles para cumplir con la función asignada, y asegurar ejecuciones contractuales más eficientes. Este estudio busca suplir dicho vacío recurriendo a documentos de investigación publicados en repositorios universitarios de posgrado (especialización y maestría), dada la limitada producción científica en artículos de investigación sobre la temática.

El objetivo de la investigación es realizar una aproximación a las actividades y precauciones que debe tener una interventoría para cumplir con su objeto como mecanismo de control y seguimiento de proyectos ejecutados en entidades públicas.

El documento se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción, el primer apartado presenta una contextualización histórica y conceptual de la interventoría. El segundo expone la metodología y el protocolo seguido para la revisión de literatura. El tercero aborda la evidencia encontrada sobre las principales temáticas discutidas en los documentos analizados: etapas y fases de una interventoría, herramientas utilizadas para el control y seguimiento de las obligaciones contractuales, y riesgos y aspectos legales asociados. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Características de la interventoría

El origen de la interventoría se asocia con los contratos de obra de 1848 (Romero y Vargas, 2015). Inicialmente, los interventores eran designados por el Estado; sin embargo, en reformas recientes las interventorías pasaron a ser asumidas por organizaciones privadas. Desde 1976, la interventoría fue incorporada en la jurisprudencia colombiana con la obligatoriedad de su asignación mediante concurso de méritos y con la adjudicación de responsabilidades civiles y penales a la firma contratista. No obstante, fue en 1993, con la Ley 80, cuando se amplió su alcance dentro de la contratación pública (Romero y Vargas, 2015).

Con la formalización legal de la interventoría, las organizaciones públicas desarrollaron manuales para guiar su labor, clasificando las posibles funciones y modalidades: técnica, administrativa, contable, de materiales, entre otras. Actualmente, la interventoría puede contratarse en una o varias de estas modalidades, o de manera integral. Esta última incluye los tres componentes esenciales que, según Jiménez (2007), son:

• Interventoría técnica: consiste en “verificar que el objeto, los recursos y los procesos técnicos que conducen a su obtención se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato” (p. 92). De esta forma, se controla el cumplimiento del contratista en cuanto a plazos, cantidad, calidad y ejecución del objeto contractual.

• Interventoría financiera y administrativa: se centra en verificar el uso de los recursos financieros conforme a lo estipulado en el contrato y en la ley, así como en las condiciones administrativas, por ejemplo, relacionadas con el personal asociado al contrato.

• Interventoría de cumplimiento: tiene como objetivo “verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales establecidas para el contratista, y de aquellas que, sin estar pactadas, le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato” (p. 93).

Se considera integral porque incluye los aspectos esenciales de verificación y control que permiten la adecuada ejecución del contrato.

A pesar de los manuales de interventoría y de las implicaciones legales derivadas de una ejecución deficiente, se han presentado numerosos casos en los que las interventorías no alcanzan la calidad esperada. Incluso se han reportado presuntos actos de corrupción, lo que ha llevado a cuestionar tanto los requisitos exigidos a las firmas interventoras como las posibles causas de las fallas en su ejecución (Romero-Escudero, 2019).

Estos fenómenos no deseados pueden asociarse a múltiples causas, que incluyen problemas legales, requisitos técnicos y administrativos insuficientes, o falta de experiencia de las firmas interventoras. Así, el dominio del proceso de interventoría por parte de los interventores no puede excluirse como posible causa de las deficiencias, convirtiéndose en un aspecto clave de estudio para mejorar el impacto de la interventoría en proyectos de alto costo y relevancia estatal.

Si bien la mayor experiencia se concentra en interventorías de obras, actualmente también se aplican en proyectos de ciencia y tecnología, agricultura, servicios alimentarios escolares, entre otros (Díaz et al., 2022). Estos escenarios demandan conocimientos técnicos especializados y variados, lo que constituye uno de los principales retos para las firmas interventoras.

Metodología

Se aplicó un método de revisión de literatura. Según Booth (2016), este enfoque garantiza un proceso estructurado y reproducible para identificar, evaluar y sintetizar la evidencia disponible sobre el tema, con base en los pasos de la metodología PRISMA, pero con una aproximación cualitativa al contenido. El propósito fue ofrecer una descripción general de los hallazgos reportados en trabajos de grado de posgrado sobre procesos de interventoría de contratos, identificar aspectos críticos, buenas prácticas y vacíos en la literatura, y orientar futuras líneas de investigación basadas en evidencia.

Las etapas de la revisión sistemática fueron:

1. Identificación de fuentes. Se seleccionaron documentos publicados entre 2015 y 2024. Inicialmente se revisaron Scopus, Google Académico, SciELO y Web of Science (WoS). Finalmente, se eligió Google Académico, ya que allí se reportan los trabajos de grado en repositorios universitarios colombianos. Las palabras clave utilizadas fueron: interventoría, interventoría de contratos, interventoría de obra, interventoría estatal.

2. Criterios de inclusión. Se incluyeron trabajos de grado de posgrado (especialización, maestría o doctorado) publicados en repositorios universitarios, con documentos completos y que reportaran procesos metodológicos claros. También se consideraron artículos académicos con contenido investigativo. Con base en estos criterios, se identificaron 87 documentos. Tras revisar los resúmenes, se excluyeron ocho que no estaban directamente relacionados con el tema.

3. Criterios de exclusión. Se eliminaron trabajos monográficos sin metodología declarada y aquellos que presentaban únicamente guías o manuales sin investigación reportada. Como resultado, se descartaron ocho más, quedando una muestra final de 71 trabajos.

4. Análisis cualitativo. Los documentos seleccionados fueron leídos y analizados para extraer los temas principales. Se identificaron dos categorías generales: aspectos administrativos y del proceso de interventoría, y aspectos legales. Dentro de cada grupo se establecieron subtemas prevalentes y relevantes para el estudio. Con este insumo se elaboró la sección de resultados, basada en los aportes de 30 documentos que contribuyeron directamente al objetivo de investigación.

Finalmente, los documentos se clasificaron en siete categorías de estudio (Figura 1). Algunos textos aportaron en más de una categoría. Información adicional se presenta en los anexos.

Resultados

La revisión de la literatura muestra que se realizan estudios con diferentes metodologías para conocer las formas, procesos y normativas relacionadas. Predominan los estudios de caso (66 %), que se enfocan principalmente en interventorías de obras civiles (65 %), en el análisis de técnicas y otros servicios en los que se realizan interventorías (15 %), en la gestión de contratos (10 %) y en estudios descriptivos en temas administrativos (10 %). Además de los estudios de caso, un 20 % de los documentos trata sobre análisis normativo, con estudios críticos (83 %) y hermenéuticos (17 %). También se identifican otros estudios de aplicación de metodologías o revisión de procesos de interventoría basados en guías o teorías, o en modelos metodológicos para gestión de proyectos (14 % del total). Los estudios publicados proceden de posgrados en temas de obras civiles, construcción, interventoría, derecho o áreas similares, como puede observarse en el anexo 1. Las instituciones que publican los trabajos se encuentran relacionadas en el anexo 2.

Las temáticas incluidas en los trabajos analizados son variadas y se observa una mayor concentración en temas relacionados con aspectos administrativos, características y etapas de la interventoría, así como responsabilidades y normas asociadas a la supervisión. En cuanto a las características técnicas de la interventoría, hay un mayor énfasis en el estudio y análisis de las metodologías de gestión de proyectos como el PMBOK o el modelo BIM, además de técnicas de interventoría para análisis de costos, seguridad en el trabajo, entre otras, como puede observarse en la figura 2

Entre 2015 y 2017, los documentos se centran en aspectos administrativos y en la gestión de los contratos de interventoría. En general, se revisan estructuras organizacionales y procedimientos para garantizar la calidad y mejorar los servicios y productos objeto de la interventoría (Gómez, 2015; Rodríguez, 2017). También se evidencian trabajos sobre buenas prácticas de interventoría y controles, así como algunos que evalúan los procesos de interventoría, las etapas del contrato y los riesgos asociados (Muñoz, 2017). En esta categoría se percibe la preocupación por el adecuado funcionamiento de la interventoría, proporcionando elementos de apoyo para la gestión desde estructuras, procesos y prácticas.

Por otra parte, aparecen temas relacionados con lo jurídico, como las responsabilidades sobre el contrato para lograr aseguramiento y control de su objeto (Sánchez, 2017). En esta etapa se resalta la necesidad de mayor claridad jurídica con el fin de mejorar el cumplimiento de los contratos a partir del conocimiento de los aspectos jurídicos y las responsabilidades.

Durante el periodo 2018-2021, los trabajos de Bustos-Guzmán y Rugeles-Pinto (2018), Prieto (2018), Ruíz-Vasco (2018) y Barreto (2020) se enfocan en proponer o evaluar metodologías que establezcan de una manera más estructurada el proceso a llevar a cabo en una interventoría. Varios trabajos hacen énfasis en herramientas del PMBOK del Project Management Institute (PMI) y de Building Information Modelling (BIM) para la evaluación del grado de avance del contrato principal, especialmente en proyectos de obras civiles e infraestructura, con un mayor énfasis en la interventoría técnica.

Los procesos de PMBOK ¹ se basan en fases o etapas para gerenciar proyectos que, de acuerdo con los trabajos analizados, pueden ser replicadas en el proceso de interventoría. Se nutren de entradas, herramientas, técnicas y salidas que dan lugar al ciclo de vida del proyecto (el conjunto de fases de la interventoría). Por su parte, BIM permite gestionar el proyecto en términos de diseño, especificaciones técnicas y seguimiento a recursos en un espacio en el que intervienen directamente los actores involucrados en el aspecto técnico del contrato.

En otro grupo de documentos, varios trabajos puntualizan etapas que deben surtirse en la interventoría. A manera de ejemplo, el trabajo de Prieto (2018) establece que una etapa previa al control requiere el entendimiento del contrato y de las obligaciones específicas, identificando el bien o servicio a entregar. Mientras tanto, Bustos-Guzmán y Rugeles-Pinto (2018) señalan que en la etapa preliminar se analiza la cultura del cliente para entender sus objetivos con el contrato y se identifican estándares a ser aplicados (por ejemplo, en relación con el cumplimiento de sistemas de gestión) y la documentación necesaria para el proceso de interventoría.

En el periodo 2022-2024 se observa un aumento en el interés por temas específicos de la interventoría. En los aspectos administrativos continúa la aplicación de los lineamientos y las metodologías planteadas por el PMBOK (Domínguez et al., 2022), así como estudios de casos en donde se cometieron errores en la interventoría, se presentaron desviaciones (Mejía y Quintero, 2022) o se aplicaron nuevas tecnologías (Baquero y Lozano, 2024). También aparecen trabajos sobre temas particulares de la gestión de recursos humanos, como la motivación de los interventores o la seguridad social (Guerra-Torres, 2022; Espejo, 2024), la interventoría en la gestión ambiental (Herrera, 2023), la gestión de costos y riesgos (García-López y Sanabria-Amorteguí, 2022) y, en general, revisiones de casos para plantear buenas prácticas (Mejía y Quintero, 2022).

En la aproximación legal a los proyectos de interventoría se plantean trabajos que estudian las responsabilidades contractuales (Castro y Malagón, 2022), problemas de corrupción (Díaz et al., 2022) y aspectos jurídicos asociados a la supervisión de la interventoría ejercida por la entidad pública (Castro y Malagón, 2022).

Etapas del proceso de interventoría

La interventoría es un contrato de consultoría, por lo que se desarrolla en las etapas precontractual, contractual y poscontractual. En la etapa precontractual se concentra en la verificación de obligaciones y el establecimiento de matrices para detectar riesgos y actividades a realizar. En los proyectos de obras civiles se destaca la revisión de los estudios de factibilidad y viabilidad, el análisis de aspectos económicos y técnicos, requisitos legales, documentos contractuales, la experiencia del contratista, su capacidad financiera y el control de la seguridad del proceso de selección (Peñaranda y Ravelo, 2023).

Se aclara que las firmas de interventoría normalmente no participan en las etapas precontractuales, lo que puede originar sesgos y malas proyecciones de pliegos de condiciones, debido al desconocimiento técnico que puede tener la entidad pública. Esto posteriormente puede llevar a modificaciones de los contratos o a incumplimientos. La firma interventora juega un rol fundamental en la revisión de factibilidad y los estudios técnicos previos, así como en la emisión de conceptos y recomendaciones sobre los pliegos de condiciones (Peñaranda y Ravelo, 2023).

En cuanto a la etapa contractual, se plantean como fases de la interventoría las de planeación, ejecución y cierre, o las mencionadas en el modelo PMBOK, que incluyen una etapa adicional de inicio, separada de la planeación (Domínguez et al., 2022; Toro y Durán, 2023). Las fases, en general, se plantean de forma secuencial.

Las principales diferencias entre las interventorías exitosas y aquellas con desviaciones de resultados se relacionan más con los procedimientos, controles e instrumentos empleados que con las fases. Estas diferencias pueden deberse a que las interventorías tienen obligaciones respecto al seguimiento de manuales o guías de entidades públicas, y estos seguimientos exigidos pueden tener menores calidades técnicas que aquellas que implementan guías internacionales comprobadas como PMBOK o BIM. ²

Respecto a la etapa poscontractual, no se encuentran documentos que la evalúen, sino que se explora el rol que tiene la interventoría en esa etapa. La función principal de la interventoría en este caso es recibir el producto final (por ejemplo, la obra construida) y verificar los estándares de calidad y el cumplimiento de las normas, lo que incluye el cierre de procesos sin terminar, como pagos a proveedores del contratista o empleados, o el cumplimiento de garantías, tales como reparaciones o seguros (Peñaranda y Ravelo, 2023).

Actividades de la interventoría en las fases

Domínguez et al. (2022) plantean que antes de empezar la interventoría, se incluye todo lo previo a la firma del acta de inicio y se busca comprender mejor los documentos de entrada, las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Antes de iniciar, se identifican las actividades más importantes, las de obligatorio cumplimiento y los requisitos de los manuales de la entidad contratante, así como las obligaciones y responsabilidades. También se determinan los controles al contratista y otras obligaciones o mecanismos a implementar, los cuales pueden surgir a partir del análisis de riesgos.

En la fase de planeación se incluye la elaboración del cronograma del proyecto, se documentan riesgos identificados al inicio y se establecen los requerimientos de comunicación e información por y para los involucrados, y la periodicidad (dependiendo del término del contrato). En esta etapa también se identifican los equipos, la infraestructura y los materiales necesarios para la interventoría (García-López y Sanabria-Amorteguí, 2022). En ese momento se verifican las pólizas y garantías del contratista en los tiempos establecidos contractualmente (Domínguez et al., 2022).

En la planeación se definen los procedimientos para el control de las actividades del contratista, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto, en particular los mecanismos de control de los recursos empleados, la subcontratación y los pagos que se deriven; el control de la calidad del proyecto y los entregables; las no conformidades; la documentación de los procedimientos y avances; el control de equipos de inspección, medida y de ensayo o de las pruebas que se vayan a emplear, y otros aspectos como la gestión y el manejo ambiental o la seguridad y salud en el trabajo (Domínguez et al., 2022).

En la fase de planeación se pueden prevenir problemáticas que se presenten en la interventoría. Por ello, los estudios recomiendan definir cuidadosamente el alcance del proyecto con su documentación y contar con el acta de constitución, el plan para la dirección del proyecto, la matriz de trazabilidad de requisitos, la estructura de descomposición del trabajo con su diccionario y el enunciado del alcance. En este caso, se pueden seguir las recomendaciones del PMBOK (Mejía y Quintero, 2022). Este plan, junto con el seguimiento del cronograma del proyecto, cubre una buena parte de las obligaciones de la interventoría y de las problemáticas que pueden presentarse.

La fase de ejecución de la interventoría garantiza que el contratista ejecute sus acciones de conformidad con el pliego de condiciones y la minuta. Para interventorías técnicas, esta fase requiere la verificación del cumplimiento de las especificaciones requeridas tanto en la interventoría como en la supervisión. En todos los tipos de interventoría, en esta fase se identifican desviaciones y se generan acciones preventivas y correctivas (García-López y Sanabria-Amorteguí, 2022). Una gran proporción del trabajo de la interventoría se concentra en esta etapa por la documentación de las actividades de control y las herramientas y recursos a usar para la verificación (Bayona y Castillo, 2020).

La fase de ejecución es muy variada en procesos, procedimientos, formatos, actividades, métricas y soportes. En algunos casos, se cuenta con manuales que siguen las entidades públicas para la definición de responsabilidades y funciones de la interventoría; en otros casos, se siguen pautas basadas en la experiencia del interventor (García-López y Sanabria-Amorteguí, 2022) o en lineamientos como los del PMBOK (Domínguez et al., 2022). En todos los casos es necesario manifestar las acciones u omisiones que puedan considerarse como actos de corrupción, incumplimientos, riesgos o desviaciones, así como alertas tempranas que tengan un impacto potencial o real en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Además, los estudios resaltan la importancia de documentar todo lo que ocurra en el proceso (Rubio, 2024; Gutiérrez et al., 2024).

En la fase de ejecución de la interventoría pueden emplearse diversos instrumentos para el seguimiento, verificación y control del cumplimiento del proyecto. Entre ellos cabe destacar el empleo de fotografías, visitas de campo, el uso de listas de chequeo, la verificación documental (licencias, permisos, facturas, normas técnicas, protocolos de salud y seguridad, entre otros), el uso de actas de seguimiento, pruebas de laboratorio y la aplicación de mecanismos de medición para aspectos técnicos y financieros. De la misma forma, se destaca la elaboración de formatos de registro para diferentes situaciones, como el reinicio de la interventoría si se ha suspendido el contrato o la actividad del contratista por algún motivo (Frías y Murillo, 2023).

Dado que pueden presentarse variaciones en los proyectos monitoreados, se resalta la necesidad de mantener un plan de gestión de cambios donde se documenten todas las solicitudes relacionadas con ampliaciones o modificaciones de tiempos, entre otros aspectos del contrato principal, evitando que esas modificaciones se hagan de manera informal (Mejía y Quintero, 2022). Asimismo, se recomienda actualizar el plan de dirección del proyecto si se presentan cambios, conformar un comité de cambios y establecer un procedimiento para determinar las afectaciones de esos cambios en caso de llevarse a cabo. Para ajustar mejor los proyectos es importante contar desde el inicio de la ejecución con las líneas de base, de manera que puedan calcularse las desviaciones de la ejecución respecto al planteamiento inicial, ya sea en costos o en tiempo. También se recomienda usar software especializado en proyectos y diagramas como el PERT para realizar la evaluación del tiempo estimado de duración de las actividades y determinar la ruta crítica (Mejía y Quintero, 2022).

En cuanto a la gestión de costos, además de los costos directos e indirectos, se recomienda revisar la reserva de contingencia, que es única para cada proyecto, y verificar la preparación del contratista para afrontar riesgos desconocidos o imprevistos. También se sugiere contar con un procedimiento para el uso de la reserva, de manera que se pueda tener un control de cambios del proyecto (Mejía y Quintero, 2022). En algunos casos, la interventoría deberá ir más allá del control de costos y asegurar un manejo financiero adecuado de fondos. En tales situaciones, debe hacerse control sobre acuerdos de precios, consignaciones fiduciarias, cierres financieros, entre otros (Luna, 2024).

En cuanto a la gestión ambiental, se identifica la necesidad de evaluar los impactos ambientales en los componentes bióticos (flora, aspectos forestales y siembras), abióticos (suelos, residuos, materiales de desecho) y de manejo de contaminantes. También el interventor puede observar las medidas administrativas de autocuidado del contratista, como el manejo de materiales, señalización, reutilización de materiales y buen uso de herramientas, según el caso (Herrera, 2023). Respecto a la calidad de los productos, se pueden realizar mediciones, auditorías de calidad y verificaciones in situ para establecer el cumplimiento técnico y la identificación de no conformidades. En caso de detectarlas, se recomienda contactar al contratista para que genere un plan de mejora que subsane la situación y permita cumplir lo establecido (Mejía y Quintero, 2022). También se pueden realizar auditorías de calidad para identificar oportunidades de mejora.

Los estudios muestran que una buena práctica de la interventoría es establecer un procedimiento para el tratamiento de no conformidades, definiendo las alternativas para subsanarlas, la forma de priorizarlas, las causas, las acciones a tomar, la verificación y la aceptación de correcciones. También se requiere un procedimiento para tratar las no conformidades que persisten (Mejía y Quintero, 2022).

Otro aspecto relevante es la gestión de riesgos del proyecto. En ese caso, se sugiere no solo elaborar matrices de riesgos y su calificación, sino también contar con personal encargado de la identificación, medición y control de riesgos que apoye al director del proyecto y al personal clave, aportando herramientas a utilizar y coordinando reuniones con el contratista para atender esos hallazgos (Mejía y Quintero, 2022).

Tanto en los estudios en los que se revisan casos de éxito como en aquellos sobre problemas de cumplimiento de los contratistas o fallas de las interventorías, se destaca la necesidad de evaluar a los grupos de interés para tratar las necesidades y problemáticas presentadas durante la ejecución del proyecto, ya sean positivas o negativas, y contar con un plan de comunicación dirigido a esos grupos (Mejía y Quintero, 2022). Una recomendación de buenas prácticas es reunirse con los grupos de interés, especialmente si hay impactos en las comunidades, dado que estas pueden generar sobrecostos y retrasos en los proyectos. La comunicación, en ese sentido, se convierte en una medida preventiva (Casanova y Ortega, 2023).

La fase de ejecución puede presentar muchas variaciones entre proyectos, por lo que la firma interventora debe contar con personal que le permita comprender y diseñar procedimientos efectivos para evitar retrasos o desviaciones en los proyectos, comprometiendo al contratista con las mejoras. En todos los casos, deben detallarse tanto las acciones de evaluación como las de mejora y resultados, y comunicarse constantemente con la supervisión del contrato, que en algunos casos puede originar problemáticas al solicitar cambios no estipulados en los contratos.

Después de la fase de ejecución viene la de cierre, que se realiza una vez finalizado el contrato. Esta fase permite su liquidación y se rinden informes que deben servir al contratante y a los entes de control para tener una idea completa de las actividades realizadas en la interventoría. Avendaño et al. (2020) señalan, con base en diversos hallazgos e informes emitidos por la Contraloría, que los informes de varios interventores carecen de la completitud y claridad esperadas. Por último, se encuentra la terminación y liquidación del contrato. En ocasiones, el cierre puede dificultarse y requerir una etapa poscontractual para atender problemas de cumplimiento. Esta etapa puede ser extensa si la interventoría no da buenos resultados o si se presentan procesos legales.

Una síntesis de las etapas, actividades, herramientas y buenas prácticas identificadas en los estudios analizados se presenta en la tabla 1.

Riesgos de los proyectos que tienen interventoría

Algunos temas resaltan por su reciente interés en los estudios sobre el desempeño de las interventorías; entre ellos, uno destacado es el de los riesgos de incumplimiento o ampliación de contratos de los contratistas. El análisis realizado por Casanova y Ortega (2023) muestra que la falta de análisis y valoración de los propios riesgos del contratista, la escasa documentación y detalle en las especificaciones técnicas de las obligaciones, las malas planificaciones —especialmente en el uso de recursos—, la estimación de costos, el manejo de recursos financieros y las deficientes definiciones del alcance del proyecto son causales prioritarias de bajo desempeño. También se encontró que las obligaciones que conllevan el manejo de fondos, en especial aquellas que implican recaudo, requieren un esfuerzo particular de la interventoría en la revisión de riesgos y en la aplicación de controles financieros especiales (Luna, 2024). Sin embargo, aún falta más investigación sobre el tema.

Gestión de recursos humanos

Otro tema de reciente abordaje es el relacionado con el manejo de los interventores por las firmas. Por ejemplo, se ha encontrado que la motivación de los interventores se ve afectada por aspectos como el salario, la frustración, la falta de seguridad laboral, la forma como se supervisa el trabajo y el manejo de conflictos (Guerra-Torres, 2022). El liderazgo de los equipos de trabajo (desarrollo de equipos y dirección) juega un papel primordial en la motivación. Otro aspecto indispensable es la actividad de capacitación, que, junto con el reconocimiento y otros incentivos, puede convertirse en una fuente de motivación para los interventores. Así, puede ser importante construir equipos con especialistas en recursos humanos que apoyen la gestión de estas problemáticas en las firmas de interventoría.

Cabe destacar que el rol del director de la interventoría se evidenció en los estudios de caso. El liderazgo, las habilidades de comunicación y la negociación son indispensables en quienes participan en estos proyectos. Un rol de dirección débil genera problemas para la interventoría, mientras que un liderazgo sólido facilita la supervisión y evita la pérdida de control frente a la ejecución del proyecto monitoreado (Casanova y Ortega, 2023). Además, la experiencia del interventor líder puede incidir en la calidad de las comunicaciones (Toro y Durán, 2023).

La calidad de la interventoría

Mejía y Quintero (2022) señalan varios aspectos que generan dificultades para realizar una interventoría de calidad. Uno de los principales es elaborar un acta de inicio que contemple puntos como la justificación del proyecto, los objetivos medibles, la descripción del proyecto y sus entregables principales, los hitos y las posibles fechas de entrega, un resumen de los costos, los requisitos de la entidad contratante, la designación del director de la interventoría con su nivel de autoridad, el rol del supervisor con su nivel de autoridad y los riesgos de mayor importancia. Asimismo, resaltan la importancia del registro de lecciones aprendidas a lo largo del proceso y de la documentación y el control de cambios en el proyecto. Sugieren, además, establecer una línea base del alcance aclarando los supuestos, las restricciones y la estructura de desglose del trabajo, con la definición de los entregables, las actividades y la planificación de cada uno de sus componentes.

Respecto a la interventoría financiera, Mejía y Quintero (2022) destacan la importancia de contar con presupuestos detallados y una línea base del costo, de manera que se puedan establecer las variaciones del presupuesto durante la ejecución. En ese mismo sentido, se requiere una estimación de los recursos, los momentos en que serán utilizados y su costo, para que la secuencia de actividades no se vea afectada.

Adicionalmente, es posible que la interventoría deba verificar las aptitudes y habilidades del personal contratado para el proyecto, revisando y aprobando las hojas de vida (Mejía y Quintero, 2022; Toro y Durán, 2023). Esto resulta relevante en caso de dudas sobre la idoneidad del personal o cuando existan figuras de subcontratación.

Por su parte, Toro y Durán (2023) señalan que una práctica habitual consiste en realizar visitas de campo durante la interventoría. En ese caso, el registro de las visitas de cada interventor se convierte en una documentación que refleja un control propio para el buen funcionamiento de la interventoría. En la misma línea, la identificación de posibles fallas de materiales y el uso de pruebas o ensayos de campo son prácticas recomendables para reforzar esas visitas. En todos los casos se deben considerar las regulaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, aplicándolas al representante del interventor. Las visitas de campo permiten evaluar los ajustes de las actividades desarrolladas frente al estándar técnico, detectando anomalías o retrasos y posibilitando la implementación de acciones correctivas. El análisis de los hallazgos se recomienda desde una concepción de puntos críticos, manteniendo informado al contratista.

Otro aspecto que contribuye a mejorar la calidad de la interventoría y, además, previene posibles incumplimientos, es el control de garantías. Antes, durante y después de ejecutado el contrato principal, la interventoría debe recibir y verificar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, e incluir la respectiva resolución de aprobación de pólizas emitida por la entidad contratante en donde se localice el proyecto objeto del contrato (Toro y Durán, 2023).

La calidad de la interventoría también mejora si se anticipan riesgos, como aquellos asociados a la intervención social, los mecanismos de concertación o la escasez de materiales, y si se toman medidas como solicitar planes de contingencia (Casanova y Ortega, 2023), o se gestionan los riesgos de la propia firma interventora frente a posibles negligencias (Arcila, 2023).

Aspectos legales

Dentro de los aspectos legales analizados, se destaca que el papel de una interventoría no se limita a hacer recomendaciones. El interventor es un tercero especializado que ejerce vigilancia y control sobre un contrato, y debe informar las irregularidades presentadas a los entes de control o autoridades competentes para que se tomen las acciones necesarias (Díaz et al., 2022).

Parte de las obligaciones consiste en verificar las garantías contractuales suministradas por el contratista, aunque la entidad pública contratante también debe revisarlas en la etapa precontractual, por lo que la responsabilidad no recae exclusivamente en la interventoría (Díaz et al., 2022).

El problema de lo precontractual en la elaboración de pliegos y análisis previos del contrato principal aún está en discusión. Si la interventoría no participa en las etapas precontractuales, puede verse afectada por esas decisiones, lo que tendrá un impacto directo en las posibles desviaciones o fallas que debe monitorear y controlar (Peñaranda y Ravelo, 2023).

La interventoría cumple deberes de comunicación e información con la supervisión del contrato de la entidad pública. Recibe y genera alertas de las irregularidades o incumplimientos en que puedan incurrir los contratistas; el supervisor tiene la obligación de atender dichas recomendaciones y de aplicar el proceso administrativo sancionatorio cuando sea necesario (Toro y Durán, 2023). La supervisión también podría generar alertas y no conformidades con la firma interventora, de modo que actúa realizando vigilancia y control de la interventoría (Toro y Durán, 2023). Cabe señalar que la supervisión puede ser ejercida por una persona contratada por prestación de servicios (Villamizar y Martínez, 2023).

Otros deberes de la interventoría se originan en las actividades que demuestran la diligencia de su actuación. Entre ellos se incluyen prácticas como retroalimentar al contratista, diseñar instrumentos de evaluación, generar alertas tempranas y, en general, usar la información para la vigilancia y el control o para el reporte en informes (Castro y Malagón, 2022). La gestión de riesgos genera, por un lado, el deber de asesorar a la entidad pública contratante y, por otro lado, la intervención interna con los propios interventores para prevenir responsabilidades (Arcila, 2023).

Respecto a la diferenciación entre supervisión e interventoría, se observa que el contrato de interventoría, al ser adjudicado con base en el cumplimiento de un proceso de selección con requisitos habilitantes y de calificación, presenta un origen distinto a la labor de supervisión (Castro y Malagón, 2022). Sin embargo, debido a las obligaciones adquiridas, la firma de interventoría debe realizar una fiducia mercantil que ampare los riesgos previsibles y derivados de su contrato.

Otra parte de la discusión jurídica se relaciona con la posible inoperancia de la firma interventora ante situaciones de incumplimiento contractual del contratista (Castro y Malagón, 2022), o frente a cambios en las obligaciones o en los requisitos exigidos al contratista que generen costos adicionales, desviaciones, prórrogas o incumplimiento contractual, derivados de la supervisión ejercida por la entidad contratante, ya sea frente a la interventoría o al contratista (Mejía y Quintero, 2022).

En cuanto a las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias, se puede hablar de corrupción en una interventoría cuando no cumple su labor con la debida diligencia, ya que en ese caso el mecanismo pierde efectividad (Díaz et al., 2022). Los profesionales adscritos a contratos de interventoría deben actuar con la misma diligencia y transparencia que los funcionarios de las entidades estatales, por lo que recaen en ellos responsabilidades civiles, fiscales, penales y disciplinarias, que aplican las entidades de control. La interventoría podría recibir sanciones si incumple las obligaciones previamente establecidas en los contratos, además de responder por acciones u omisiones que causen perjuicios o daños a la entidad pública contratante. En tal sentido, una interventoría que no reporta hallazgos actúa con negligencia.

Toro y Durán (2023) señalan, dentro de los deberes de la consultoría, el respeto por los códigos éticos, la vigilancia para evitar acciones de lavado de activos y la prevención de actos delictivos, de corrupción o contrarios a la normativa legal. La interventoría no puede convenir ni omitir hechos que repercutan en la ejecución del contrato; debe mantener la reserva de la información relacionada con la ejecución, cumplir las normas tributarias y acatar las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En lo que respecta a los aspectos disciplinarios, el Estado, mediante una autoridad administrativa, puede imponer sanciones que inhabiliten a los particulares para ejercer funciones y empleos públicos, así como para contratar o prestar servicios a cargo del Estado. En caso de que la conducta cause un detrimento patrimonial, se impondrá, además, una sanción patrimonial hasta por el doble del daño sufrido (Villamizar y Martínez, 2023).

Si el supervisor comete la falta, o alguien que cumpla funciones de apoyo al supervisor, el servidor público facultado para ejercer la supervisión deberá responder disciplinariamente por las acciones u omisiones que generen actos de corrupción en la ejecución del contrato estatal o cualquier otra conducta constitutiva de falta disciplinaria (Villamizar y Martínez, 2023). No obstante, aún existen vacíos legales relacionados con la terminación unilateral del contrato de interventoría cuando se identifican faltas gravísimas o actos de corrupción, así como la ausencia de criterios claros de gradualidad en las sanciones disciplinarias.

Finalmente, un aporte de los estudios realizados es que, para garantizar la calidad e idoneidad en los contratos de interventoría, es indispensable que no existan conflictos de interés. Es decir, los interventores deben operar de manera independiente, sin relaciones cercanas con los contratistas o personas vinculadas al proyecto. Además, la interventoría debe permitir que los ciudadanos denuncien posibles irregularidades y malas prácticas. Esto puede realizarse a través de plataformas en línea o canales de denuncia seguros (Carrillo y Buitrago, 2024).

Los principales resultados de los estudios sobre la mejora de las interventorías se resumen en la tabla 2.

Conclusiones y discusión

Como señalan Rubio (2024) y Gutiérrez et al. (2024), las prácticas de interventoría con las etapas sugeridas por manuales estatales o por el PMBOK pueden generalizarse a diversos contextos, como la interventoría de obras privadas o la contratación de servicios en el sector salud. Aunque en general la interventoría de obras predomina en las publicaciones y los lineamientos para llevarla a cabo están consignados en las guías estatales, se identifica que es una práctica cada vez más común seguir los lineamientos del PMBOK. Sin embargo, dado que la mayoría de las fuentes consultadas corresponden a publicaciones sobre interventoría de obras, no es posible establecer si existen otros lineamientos aplicables a esta práctica que sean de uso amplio para este tipo de consultoría.

Por otra parte, se observa que el avance en el estudio de la interventoría no es uniforme. Se encuentran más trabajos centrados en aspectos como las características del contrato, los elementos técnicos de la interventoría o el proceso administrativo general que causa fallas en su ejecución, que en temas como la interventoría financiera o legal, o los aspectos disciplinarios aplicables tanto al interventor como al supervisor cuando se presentan fallas en la interventoría o en el cumplimiento contractual por parte del contratista. Tampoco los estudios profundizan en la forma de realizar interventorías que no corresponden a obras. Existe muy poca documentación sobre otras modalidades de contrato que requieren interventoría y sobre los procesos a seguir en tales casos; por ejemplo, cuando se hace interventoría en proyectos que implican recaudo de dinero o entrega de bienes o servicios perecederos.

En términos generales, los documentos revisados se centran en la ejecución de la interventoría, pero son escasos los avances en el estudio de la firma interventora. Aunque han surgido trabajos sobre aspectos como la motivación del interventor o su seguridad laboral, no se encuentran investigaciones que aborden cuestiones como la organización interna de las firmas interventoras, la forma en que son administradas, los mecanismos que emplean para identificar fallas tempranas o la gestión de procesos derivados de incumplimientos. Esto puede deberse a la escasez de estudios publicados, pues en su mayoría son trabajos de grado (Anexo 3), que pueden tener dificultades de recursos, desconocimiento técnico, debilidades en la calidad investigativa o no obedecen a líneas de investigación, por lo que se dificulta la construcción de conocimiento en el tópico y su validación. El análisis de estos temas contribuiría a comprender mejor la manera en que pueden funcionar las firmas interventoras para ser más eficientes y garantizar una mayor calidad en sus resultados frente a la función que les asigna el Estado colombiano.

Para investigaciones futuras, podrían revisarse proyectos ejecutados bajo los lineamientos del PMBOK y evaluar cuáles responden mejor a estas metodologías y cuáles podrían ser más eficientes con otras, como el BIM o metodologías de control de gestión, revisoría o distintas modalidades de gestión de proyectos. También sería pertinente estudiar si las guías técnicas estatales presentan puntos de convergencia que permitan usarlas como lineamientos generales de la interventoría o si, por el contrario, son específicas y con altos niveles de especialización técnica que dificultan su generalización.

Asimismo, es necesario documentar y evaluar buenas prácticas de interventoría en proyectos distintos a las obras públicas, identificar tensiones y tipos de incumplimientos que se presentan, y formular recomendaciones técnicas útiles para las entidades públicas en la elaboración de pliegos o en la supervisión de interventorías.

Finalmente, un campo amplio de profundización se relaciona con los aspectos legales de la interventoría, entre ellos los aspectos disciplinarios atribuibles al interventor, a la supervisión del contrato de interventoría y al contratista. Los trabajos existentes aún no logran delimitar con claridad hasta dónde llegan las responsabilidades de cada actor ni cómo establecer su grado de incidencia en casos de incumplimiento contractual. En este sentido, existe un amplio espectro de temas que no se han regulado y que constituyen un campo fértil para estudios en derecho y políticas públicas sobre esta materia.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación.

¹ Project Management Body of Knowledge, procesos y prácticas recomendadas para la gestión de proyectos.

² Building Information Modeling, metodología de trabajo colaborativo para proyectos de construcción.

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: rapatinoj@unal.edu.co

Información adicional

Cómo citar: Forero Rodríguez, D. E., Patiño Jacinto, R. A. y Suárez Rico, Y. M. (2025). El proceso de interventoría: revisión de la literatura. Cuadernos de Contabilidad, 26. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc26.pirl

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