En la actualidad, las ciudades chilenas se enfrentan a la tensión entre los avances modernizadores y la necesidad de los habitantes de determinados barrios de conservar su espacio, en tanto eje central de su memoria e identidad social. Los sistemas urbanos viven períodos de alta fragmentación por la expansión, el desarrollo inmobiliario y el deterioro ambiental, lo que los sitúa en un momento de transformación crítica. Una forma de pensar la ciudad desde una perspectiva más integrada, lleva a una revalorización de los espacios construidos en el pasado.

El espacio urbano corresponde a un sistema complejo, en el cual interactúan múltiples fuerzas de tipo económico, político o social; y que, en distintos tiempos, modifican su forma para mejorarla o, en el peor de los casos, para que desaparezca. Así, “la forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad y hay muchos tiempos en la forma de la ciudad” (Rossi, 1995). Bajo esta premisa es que las denominadas zonas industriales son de sumo interés en la vitalidad y el desarrollo de la ciudad, ya que por la diversidad de los modelos políticos-económicos han desencadenado cambios en las formas de habitar colectivo e individual, lo que ha generado nuevas prácticas en el espacio de la vivienda y de su entorno.

Es en ese contexto que recuperar el patrimonio industrial en el sur de Chile cobra relevancia, ya que su conservación “interesa crecientemente, en relación al desarrollo regional y con la identidad” (Capel, 2014, p. 42). El patrimonio industrial es un patrimonio emergente, el cual comprende tanto los componentes de la cultura material arquitectónicos, técnicos, simbólicos, artísticos, funcionales; como los inmateriales, es decir, las culturas del trabajo (Álvarez, 2008).

Debido a que estos bienes y prácticas culturales son albergados en un espacio específico, se vuelve cada vez más importante el análisis integral del patrimonio industrial. Así, el estudio de dicho patrimonio requiere un estudio del patrimonio urbano, siendo entendido éste como el conjunto de elementos, edificios, paisajes urbanos y estructuras espaciales que poseen un valor documental de los procesos históricos que generaron (Cano, 2007). Esto debería impactar en la revitalización de todo un entorno local.

Desde esta perspectiva, nos insertamos en la preocupación nacional sobre la conservación patrimonial, dando cuenta de la conformación y despliegue de una dinámica industrial y socio-productiva que adquirió relevancia y protagonismo en la zona sur de Chile, particularmente asociada a casos emblemáticos, susceptibles de identificar en momentos históricos específicos. Se reconoce en el proceso de industrialización momentos diferentes: industrialización temprana, a finales del XIX y principios del siglo XX (textil, carbón, lecheras, cerveceras, etc.); industrialización planificada, conducida desde el Estado a partir de los años 30 y 40 (acero, electricidad, etc.); y la industrialización tardía, con industrias de nuevo tipo dentro de un proceso de desindustrialización a partir de 1973 con la dictadura militar (celulosa, forestal, etc.).

Por ello es que se desarrolla un estudio de casos que mediante un proceso exploratorio y cualitativo releva cuatro conjuntos habitacionales generados por la industria fordista, promovida por el Estado chileno a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¹ El primer paso es un estudio histórico que levanta información a partir de la revisión de fuentes documentales. El segundo, se centra en la descripción y análisis de su configuración urbana, profundizando en su espacialidad. El registro y la observación directa de los recintos habitacionales permiten explorar sus valores como patrimonio industrial.

Desde una perspectiva territorial, en Chile, la valoración como patrimonio de los espacios productivos construidos por la industria es un proceso relativamente reciente, tanto como práctica de puesta en valor, como objeto de investigación. Esta última se ha enfocado principalmente en el período de industrialización temprana, con énfasis en el legado minero del salitre (Garcés, 1999), del cobre (Garcés, 2003; Garcés, Cooper y Baros, 2007) y, en menor medida, del carbón (Pérez, 2008; Ganter y Brito, 2017), aunque ha avanzado hacia las posibilidades del turismo para su valoración (López, 2010). También ocurre que se ha prestado mayor atención a aquellos espacios de mayor escala, que fueron creados directamente por la gran industria durante la primera mitad del siglo XX, siguiendo el modelo de company town. Respecto de la vivienda en específico, Garcés, Rioseco y Guerra (1992) y Godoy (2015) estudiaron, respectivamente, las estructuras morfológicas del habitar en el campamento cuprífero de Sewell, y las relaciones entre paternalismo y construcción de espacio habitacional en la ciudad de Lota, e identificaron prácticas empresariales y control social traducidos en una habitación regulada por la empresa.

En síntesis, las investigaciones sobre el patrimonio industrial se desarrollan fundamentalmente a partir de la década de 1980 (López y Pérez, 2013), en torno al legado de la minería, cuando ya contaban con un respaldo conceptual del ámbito de la preservación patrimonial, y particularmente de la valoración del patrimonio industrial, desarrollado a partir de los años sesenta.

Sin embargo, mucho menor ha sido la valoración como patrimonio industrial del espacio productivo y social del modelo fordista chileno, en especial la vivienda y los conjuntos urbanos asociados a las fábricas, que han tendido a quedar opacados –incluso excluidos– de los registros que han centrado su mirada en la influencia y efectos económicos de las nuevas factorías. Entonces, ¿qué cambios e interacciones urbanas introdujeron aquellos enclaves habitacionales y sus espacios sociales construidos por la industria a partir de la segunda mitad del siglo XX?

En el marco del proceso de Industrialización Sustitutiva de Importaciones, y para el sur de Chile, Monsálvez, Jaña y Ruiz (2014) enfatizan la influencia y presencia norteamericana en el desarrollo y la ejecución del proyecto siderúrgico chileno, particularmente la creación de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la construcción de la usina de Huachipato en Talcahuano; pero también destacan que los efectos de esta política económica pueden ser percibidos a nivel local en las comunidades que recepcionaron estas nuevas formas de industria a gran escala, lo que cambió definitivamente el paisaje urbano del Gran Concepción.

En efecto, a partir de la década de 1950, y con el apoyo del Estado, comenzó un proceso de consolidación de este polo industrial con la instalación de otras industrias (químicas, metalmecánicas y pesqueras), refinería de petróleo, obras de infraestructura de apoyo a la producción y conjuntos residenciales para los trabajadores. Fuentes y Pérez (2012) demostraron cómo la consolidación de la zona como área industrial de importancia estratégica nacional tuvo entre sus principales consecuencias espaciales el emplazamiento de una cantidad importante de conjuntos habitacionales desarrollados partir de la instalación de dichos enclaves industriales. Asimismo, destacan que estas agrupaciones propusieron una nueva lectura del espacio público, y la aparición de espacios verdes como articuladores de los conjuntos; y afirman que este ordenamiento habitacional, fundamentado en los principios de la arquitectura y el urbanismo moderno, llegaría a ser característico del Gran Concepción hasta los años setenta.

Más al sur, para el territorio austral de Chile, Domínguez (2011) tuvo el mérito de relevar el campamento petrolero Cerro Sombrero, construido en Tierra del Fuego por la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) a partir de 1958, como uno de los proyectos de arquitectura y urbanismo moderno más relevantes edificados en Chile, lo que evidenció la relación morfológica establecida por una planificación y un trazado en torno al cerro Side y al río homónimo. El autor destaca, además, su complejidad funcional y localización geográfica, las cuales supusieron un gran esfuerzo técnico y logístico para la materialización de una de las company town más australes del mundo. En síntesis, el trabajo aporta al reconocimiento y a la difusión de este enclave habitacional como un patrimonio local asociado a la actividad petrolera de la región de Magallanes.

Estos dos últimos textos aportan dos dimensiones que se consideran relevantes para el análisis del espacio residencial y el habitar colectivo. Fuentes y Pérez (2012) informan sobre la importancia del Análisis de la interacción conjunto-ciudad, destacando complejos de dimensiones controladas con accesos y límites usualmente determinados y específicos, lo que ayuda a su identificación urbana, y fomenta la idea de unidad vecinal o barrio. Asimismo, proponen una escala dimensional intermedia, cuyos emplazamientos en zonas periurbanas, en ese entonces, han servido de suturas espaciales que tejen el espacio metropolitano. Domínguez (2011), en tanto, acentúa la trascendencia del Análisis morfológico de las estructuras urbanas de los conjuntos habitacionales, para este caso, un poblado. En las nuevas estructuras habitacionales derivadas de la lógica industrial de mediados del siglo XX, se advierten nuevas parcelaciones, presencia de usos peatonales junto a los vehiculares, espacios públicos amplios junto a otros controlados e incorporación de áreas verdes en todas las escalas. En síntesis, se trata de una adaptación y apropiación de los principios del urbanismo moderno sobre un contexto regional.

Adicionalmente, ¿qué valores sociales revela el espacio residencial generado por la industria fordista en tanto que patrimonio? Brito y Ganter (2014), a partir del caso del histórico sector de Higueras, creado por la Siderúrgica Huachipato a partir de la década de 1940 del siglo XX, comprobaron la “conformación de un inédito y emblemático modo de habitar el espacio en la escala del Gran Concepción” (pp. 49-51), advirtiendo la existencia de un potente arraigo donde el territorio se convierte en un espacio vivencial y experiencial. Para Lefebvre (2013), el primero se trataría del espacio percibido, en tanto que es más cercano a la vida cotidiana, ya que el habitante desarrolla la experiencia del espacio; mientras que el segundo, se trataría del espacio de representación que alberga imaginarios, pues los habitantes desean seguir viviendo en los lugares en los que han ido forjando su memoria social y su identidad colectiva, lo que desprende un importante sentido afectivo respecto del barrio. Esto resulta significativo en un contexto actual, en el cual la tendencia es al desarraigo de las relaciones sociales y la fragmentación del espacio urbano.

Más recientemente, Acevedo y Rojas (2015) han puesto en valor el patrimonio asociado a la experiencia histórica que vivieron los trabajadores de ENAP, quienes habitaron cuatro de los campamentos petroleros ² construidos en Tierra del Fuego, Chile, y lograron tanto un registro de la historia de la empresa estatal, como de la construcción y urbanización de esta isla, pero siempre a partir de los sujetos, lo que releva la experiencia de vida en los campamentos. A partir de ello, Acevedo, Ciselli y Rojas (2016) compararon el Campamento Central, creado por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina), con el Campamento Cerro Sombrero, emplazado en Tierra del Fuego (Chile), indagando en las relaciones entre patrimonio e identidad de las comunidades de ambos espacios urbanos –barrio en el caso argentino y poblado en el caso chileno– formados en la década de 1970 por las dos empresas petroleras estatales. En ambos trabajos, se hace énfasis en el valor y las potencialidades que asumen estos espacios residenciales en tanto que patrimonio industrial, desde que poseen reconocimiento oficial relacionado con su pasado petrolero y su arquitectura.

En estos trabajos se enfatiza implícitamente en dos aspectos: el rescate de memoria en los habitantes y los tipos de tejido social. Respecto al primero, el rescate de la memoria colectiva opera recuperando las significaciones del espacio construido por las empresas, lo que ha posibilitado la conformación de una identidad territorial. El segundo aspecto intenta identificar lógicas de gestión mediante las cuales la industria contribuyó a crear conjuntos habitacionales y poblados; y concluye, en términos generales, que el tejido social va íntimamente relacionado con la concepción del espacio urbano.

En este sentido, siguiendo a Waisman (1990), en el caso de la habitación obrera amparada por la industria, se puede establecer que si se asigna trascendencia a la consolidación de la identidad cultural del grupo social que la habita, el patrimonio urbano arquitectónico incrementará su valor por su capacidad de identificación y apropiación como componente de ese grupo. En consecuencia, tanto para los bienes patrimoniales como para su tratamiento, las operaciones de rescate, o refuncionalización, estarán determinadas por vías altamente creativas, más allá de las meramente estéticas. Así, los valores a reconocer concurren vinculados a las vivencias sociales en concomitancia con el papel que el objeto arquitectónico desempeña en la historia social, a su interpretación, a su capacidad de conformar un entorno significativo y a su papel de fragmento urbano; sin descuidar, ni su valor estético, ni su originalidad.

El río Biobío ha sido determinante en la historia chilena, ya que su anchura, caudal y longitud lo instalan como uno de los principales cauces de agua dulce en el territorio (Parra, 2018). En la Conquista, tuvo una decisiva vocación de frontera; su cauce sirvió para frenar la ocupación española sobre el territorio nacional, la cual luego fue resistida por el pueblo mapuche, lo que explica la proliferación de fuertes defensivos en ambas orillas. En 1861, a partir de la violenta anexión del territorio sur, llamado eufemísticamente “Pacificación de la Araucanía”, se fundaron a su vera numerosos asentamientos, y la instalación de diversas factorías junto a él en el siglo XX propició el desarrollo económico e industrial. Los desafíos urbanos determinaron dos formas de aproximación sobre el río: por una parte, ameritó la necesidad de cruzarlo, cuestión de gran relevancia para la ingeniería de carreteras y ferrocarriles; y por otra, la posibilidad que diversos asentamientos urbanos se situaran en sus orillas.

El río Biobío, que nace de la laguna Galletué y del lago Icalma, posee una longitud de 380 kilómetros y es el segundo más largo de Chile; solo lo supera el río Loa, con 440 kms. Su desembocadura al mar Pacífico en Concepción, lugar donde sus aguas vierten al mar, conforma la conurbación regional más importante de Chile, integrada por una serie de ciudades intermedias de gran desarrollo en el siglo XX. La desembocadura es un lugar amplio, donde el río alcanza un ancho máximo, que medido en el puente Juan Pablo II, el puente carretero más largo de Chile que une a Concepción con San Pedro de la Paz, alcanza a 2310 m.

A mediados del siglo XX, cuando el proceso intensivo de industrialización se desencadenó en Chile, motivado, entre otros, por las necesidades impuestas por el entorno político económico de la posguerra, una serie de industrias transcendentales para el desarrollo nacional se ubicó en sus orillas en emplazamientos estratégicos (figura 1).

Figura 1 Figura 1 Localización de industrias y conjuntos habitacionales en torno al río Biobío Fuente: ilustración de P. Miranda, con base en información de los autores de la investigación

Para entonces, el modelo político de modernización nacional privilegiaba con urgencia el incremento de la actividad industrial como soporte del progreso económico y social. Para el caso, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), cuya consigna política era “gobernar es educar”, impulsó a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) ³ , la actividad productiva nacional.

Tal objetivo debió abordarlo en sus inicios ejecutando directamente las acciones que permitieran echar las bases de la industrialización del país, para lo que creó grandes empresas, indispensables para el desarrollo de Chile, como la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la Industria Azucarera Nacional (Iansa), entre otras. (Corporación de Fomento de la Producción [Corfo], s. f.).

Inmediatamente a continuación, este impulso tuvo correspondencia con el gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946) –el cual aconteció en coincidencia con el fin de la Segunda Guerra Mundial– cuyo lema transmutó en gobernar es producir (Echeñique y Rodríguez, 1990, p. 72)

La Corfo pretendía apoyar la industria privada otorgándole crédito barato y subvenciones en un intento por consolidar las políticas de sustitución de importaciones, que en las décadas anteriores funcionaron con relativo éxito para los bienes de consumo, como la alimentación y el vestuario, en relación con los bienes de capital. Corfo apoyó, directa o indirectamente, diversos proyectos nacionales de inversión privada ligados a múltiples sectores de la industria y variados actores económicos. Según Rosenblitt y Nazer (2002), “entre ellos, destaca la promoción de la reforestación con pino, que además de pretender recuperar los suelos erosionados, persigue como objetivo la creación de empresas que tuviesen como principal insumo la madera y la celulosa” (p. 25).

En torno a la desembocadura del río Biobío, se instalaron en sus bordes diversas industrias características del desarrollo industrial regional, a saber: la Población Obrera Caupolicán-Chiguayante (1946), la Villa Presidente Ríos (1949), de la Siderúrgica Huachipato de la CAP ⁴ ; la Población Papeles Bío-Bío (1955) de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A. (CMPC) ⁵ , y la Villa Spring Hill (1971) de la ENAP ⁶ . Varias de ellas asociaron la instalación fabril con colectivos habitacionales para sus trabajadores como un modo mancomunado de asociatividad productiva.

Temporalmente, los primeros antecedentes que vinculan fábrica y residencia en los márgenes del tercio final del río Biobío, se deben a la Población Obrera Caupolicán-Chiguayante (1946) y a la Villa Presidente Ríos (1949). La primera, mediante un concurso habitacional, desarrolló incipientemente las primeras ideas funcionales del urbanismo moderno aplicadas a los conjuntos de vivienda colectiva generadas por la industria en el sur de Chile. Por su parte, el proyecto para la Villa Presidente Ríos (1949), encargado a los arquitectos Sergio Larraín G. M. y Emilio Duhart, premios nacionales de arquitectura, como complemento de la Industria Siderúrgica Huachipato, constituye la primera ciudad moderna en Chile. Fue concebida no como un barrio, sino como una ciudad obrera independiente, ⁷ una opción que reflejaba una aspiración de complejidad funcional, espacial y social promovida por la visión modernizadora del Estado (Fuentes y Pérez, 2007).

Bajo el gobierno de Jorge Alessandri (1958-64), se promueven leyes que facilitan la construcción y el financiamiento para la vivienda, lo que favorece a diversas industrias. La CMPC, por ejemplo, resultó una industria modelo en este sentido. Previamente, bajo casi dos décadas de presidencia de Alessandri, iniciadas en 1938, CMPC había comenzado a liderar y asumir, desde el sector privado, un proceso de modernización desde lo agrícola a lo industrial: “en el plano forestal, ya en 1940, la Papelera había dado un paso importante al adquirir el predio Los Pinares, cerca de Concepción, con una de las reservas más importantes de pino insigne de la región…” (González, 2005). Esto explica otra de las razones para proporcionar vivienda para los trabajadores.

A comienzos de la década de 1950, CMPC toma la decisión de construir una fábrica de papel y otra de celulosa, por lo cual inició la búsqueda de terrenos para las plantas industriales en ubicaciones estratégicas en San Pedro, sector entonces perteneciente a Coronel, emplazado en la mitad de una franja industrial costera del Gran Concepción; y en el poblado de Laja, aprovechando la confluencia de los ríos Laja y Biobío, de líneas férreas fundamentales para el transporte ferroviario, y de la presencia de recursos vitales como agua y bosques. Así, CMPC tiene un carácter refundacional consolidando asentamientos incipientes en territorios poco habitados. Hacia 1958, para los 2407 trabajadores que laboraban en las plantas de operación, la empresa había construido 1013 habitaciones (González, 2005) en las fábricas emplazadas en centros poblados.

A mediados de 1950 surge, en el seno de la Universidad de Concepción, la idea de establecer dentro de la zona una empresa dedicada a la producción de papel periódico, utilizando como principal insumo la madera de pino (Industrias Forestales [Inforsa], 2010; Cifuentes, 2012) ⁸ . Esta fue fundada en 1956 como Industrias Forestales S. A (Inforsa) ⁹ , y comenzó a operar en 1964. El capital necesario para impulsar su proyecto industrial lo obtienen con la venta directa de acciones de la sociedad (marinos, carabineros, mineros y profesores, todos jubilados, y en menor número un pequeño grupo de obreros), a la que se incorporan inversionistas canadienses, con aval de Corfo.

A mediados de la década de 1980, concretamente en 1986, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones adquiere Inforsa y vende Papeles Bio Bio. Así mismo, la CMPC toma la decisión de dejar de producir en dicha planta papelera en noviembre de 2013, asegurando que los costos de la energía eléctrica hacían inviable seguir operando. Una muestra de preocupación y de los efectos de esta la decisión se expresaba así: “(…) el año pasado despidieron a 100 personas, a las que se sumarán otras 202 el 30 de noviembre, último día en que operará…hay otros 300 trabajadores contratistas que prestan servicio a la planta…que también se verán afectados” (Vargas, 2013). Papeles Bio Bio ha seguido produciendo en manos de diversos conglomerados empresariales privados hasta la actualidad. De este modo, el rol de CMPC resulta central en las transformaciones económicas, urbanas y sociales ocurridas en este territorio a lo largo del río Biobío.

En cuanto a su gestión, los cuatro conjuntos residenciales responden a dos estrategias productivas diferentes: una es una opción de origen privado (recinto Facela y conjunto Papeles Bio Bio), y la segunda es mixta (conjuntos Coinac y J. Durán). En el primer modo, en ambos casos comparece una dependencia corporativa directa; y sobre los dos últimos –por su origen cooperativo– una autonomía espacial y de propiedad de la vivienda, lo que a mediados del siglo XX consolida el sueño de la casa propia como patrón ideológico de las políticas asociadas al Estado.

En relación a la interacción conjunto/ciudad, la mayoría de los conjuntos residenciales se construyeron extramuros de la ciudad tradicional. Tanto las poblaciones J. Durán y Coinac, como el recinto Facela, son proyectos fundacionales pero interiores, en los cuales el río Biobío es apenas un instrumento del sistema fabril, una dependencia del agua dulce como recurso territorial. El Conjunto Papeles Bio Bio es un proyecto colonizador del borde, donde el río juega un papel estructurador haciendo de límite del sistema industrial donde la población es parte componente. El río es límite y frontera, de percepción amplia y de escala descontrolada, potencialmente amenazante.

La morfología de las estructuras urbanas de los conjuntos habitacionales fue diversa. Los conjuntos Papeles Bio Bio y Facela dan cuenta de una estrategia industrial privada pero avalada por el Estado, que incluye el proyecto residencial como parte del ciclo productivo, ocupándose de construir recintos de autonomía relativa y limitada de notorio control socioespacial, en forma de enclaves. En cambio, la acción habitacional de Papelera Inforsa, probablemente por su origen como empresa mixta, despliega una acción constructora de ciudad con base en tejidos urbanos abiertos que tendió, posteriormente, a la coproducción del espacio residencial, lo que en el conjunto Coinac en Nacimiento se expresa claramente en el cofinanciamiento de urbanización y edificación.

Lo anterior se relaciona directamente con el tipo de tejido social que fomentan. En términos generales, se encuentran distintos tipos de construcciones: el enclave habitacional cerrado expresado en el impulso privado y paternalista de CMPC; la gestión cooperativa de producción de vivienda operaria, lideradas por los trabajadores de Inforsa, en la cual predomina la relación operario-gestor-propietario y conjuntos abiertos insertos o vinculados con el resto de la ciudad, subsidiados por la fábrica con apoyo del Estado. El tejido social va íntimamente relacionado con la concepción del espacio urbano, por lo que el primer tipo se desarrolla al interior del espacio productivo, omitiendo o regulando el contacto urbano; mientras que en el segundo tipo sobresale el interés por fundar tejido urbano abierto, de amplia cobertura espacial y poblacional.

Con respecto a las tipologías arquitectónicas del habitar obrero, en los cuatro casos analizados se detonaron nuevas periferias con innovadoras soluciones arquitectónicas y urbanas que interpretaron diversas formas de habitación contemporánea. El diseño de tres tipos edificatorios –aislado, pareado y continuo– tiene como trasfondo la estratificación política de mediados del siglo XX, a saber, clase baja, media y alta. La industria privada, en el caso de Papeles Bio Bio y FACELA, intenta corromper esta estigmatización a través de viviendas dignas organizadas entre articulaciones ambientales y funcionales en un espacio homogéneo cerrado, evidentemente dependiente de la industria. Se trata de soluciones residenciales que hacen de cada conjunto una pieza propia del engranaje industrial y productivo.

En términos generales, es posible consignar que la ideología empresarial imperante a mediados del siglo XX establecía un paternalismo industrial determinado en el hábitat residencial como forma de fidelidad productiva. Esta modalidad iba más allá de la mera forma privada de la gestión industrial sobre la habitación, la cual había tenido auge en la zona desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX, y que parecía superada por la idea de que el trabajador era un componente más del aparataje industrial, para quien su hábitat era una determinante más de la organización espacial. En otras palabras, establecía que el trabajador, y por extensión su familia, era un factor componente del sistema productivo y que la calidad de su bienestar estaba en directa relación con el éxito empresarial.

También, grosso modo, puede señalarse que las experiencias de cooperativismo operario, en lo referido a la producción residencial vinculada a la industria del papel y la celulosa asentada en torno al río Biobío, posteriormente tuvieron una propagación en sus aplicaciones prácticas, motivada principalmente por el cambio de modelo político y económico impulsado por la dictadura chilena a partir de 1973, y por el “sueño de la casa propia”, instalado como discurso. Se alcanzaron alianzas colaborativas entre industria y trabajadores, determinadas por un interés colectivo emanado de los propios trabajadores de las empresas, precisamente cuando estas últimas comienzan abandonar su tuición habitacional. Estas experiencias tuvieron mayor aplicación hacia la década de 1970, no solo en la acción de los trabajadores de Inforsa en Nacimiento –población Coinac, Villa Maitenrehue y otras–, sino también en la de los operarios de Papeles Bio Bio, en el sector Candelaria de San Pedro de la Paz –Poblaciones Candelaria I y Candelaria II– o el emprendimiento de la Población W. Schultz, en Laja, la cual fue promovida por trabajadores de la papelera Facela. En todos los casos, estas alianzas entre trabajadores e industria contaron con importantes aportes de las empresas y del Estado.