“VIDA DIGNA” Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ACTORES Y LUCHAS POR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA CIUDAD*

“Dignified Life” and Land Use Planning. Actors and Struggles for Recognition of the Right to the City

“Vida digna” e ordenamento do território: Atores e lutas pelo reconhecimento do direito à cidade

Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, vol. 11, núm. 21, 2018

Pontificia Universidad Javeriana

Susana Valencia Cárdenas a

Universidad de San Buenaventura, Colombia


Fecha de recepción: 16 Mayo 2016

Fecha de aprobación: 31 Julio 2017

Resumen: Este artículo se basa en un trabajo de campo de tipo etnográfico que, mediante entrevistas y observaciones participantes de un proceso social de la ciudad de Medellín, se propuso desentrañar posiciones, tensiones y luchas por el reconocimiento del derecho al territorio y a la ciudad, a partir de la lucha por el reconocimiento de vínculos políticos y sociales. El texto presenta el urbanismo social, su fundamento cívico y la contestación social que emprenden algunas comunidades inconformes con el impacto generado por grandes proyectos de infraestructura urbana en la ciudad de Medellín.

Palabras clave territorio, urbanismo social, vida digna, ciudadanía.

Abstract: This article is based on fieldwork ethnographic, based on interviews and participant observation of a social process Medellin, to unravel positions, tensions and struggles for recognition of the right to territory and ultimately, the right to the city, from the struggle for recognition of political and social links. The text presents the social planning, its civic foundation, and social protest as a way of meaning of political action of some communities dissatisfied with the huge impact caused by large urban infrastructure projects in the city of Medellin.

Keywords: territory, social planning, dignified life, citizenship.

Resumo: O artigo está baseado em um trabalho de campo de tipo etnográfico. A proposta foi realizada com entrevistas e observações a participantes de um processo social em Medellín. Desentranharam-se tensões e lutas pelo reconhecimento do direito pelo território. Em outras palavras, o direito pela cidade, partindo da luta pelo reconhecimento de vínculos políticos e sociais. No texto, apresenta-se o urbanismo social, seu fundamento físico, e a contestação social que dá sentido à ação política empreendida por algumas comunidades descontentes com o efeito gerado por grandes projetos de infraestrutura urbana em Medellín.

Palavras-chave: território, urbanismo social, vida digna, cidadania.

Introducción

La ciudad no deja de ser el espacio de producción, de reproducción y de transformación de las relaciones sociales (Isin, 2009). Medellín ofrece un panorama relevante que evidencia múltiples procesos de transformación. Un factor determinante de su crecimiento urbano acelerado fue la intensificación de los procesos de desplazamiento forzado del campo a la ciudad durante y después de la ola conocida por todos como La Violencia (1948-1953), que tuvo como consecuencia “la ocupación ilegal del suelo, con asentamientos subnormales, la formación de tugurios en zonas y calles centrales y la dificultad de enfrentar grandes demandas para las cuales ni la ciudad ni sus instituciones estaban preparadas” (Alcaldía de Medellín y Banco Interamericano de Desarrollo, 2011, p. 37).

Esta ocupación alcanzó su culmen en una época de complejos procesos que llevaron a la ciudad a desbordarse tanto en el plano económico como en el espacial, por el aumento en la informalidad de las fuentes de empleo e ingresos y en el ámbito del ejercicio político por la toma de decisiones marcadas por prácticas clientelistas o de maquinarias electorales.

El desbordamiento alcanza su grado más alto en la década del ochenta, que quedan en la memoria colectiva como el período de mayor degradación social, política y económica, marcado por el auge del cartel de Medellín. Esto llevó a la descalificación de la ciudad como la más violenta del mundo durante la década del noventa, tal como muestran algunos medios de comunicación de lejanos países de Europa, como Francia, los cuales retoman el pasado violento de la ciudad para destacarla como un reciente ejemplo latino-americano de “lucha contra la violencia urbana” y de “lucha contra la desigualdad social” por medio de inversiones público-privadas en infraestructuras, sobre todo educativas y de transporte público (Kowal, 2014).

A pesar de la situación de violencia generalizada durante las décadas del ochenta y del noventa, algunas asociaciones culturales, políticas y académicas independientes de los partidos continuaban reuniéndose y proponiendo proyectos e iniciativas de solución colectiva a los desafíos de la violencia y de las graves problemáticas de planificación urbana, como el Programa integral de mejoramiento y desarrollo de asentamientos subnormales (Primed), ya que la ciudad se caracterizaba por la insuficiencia de infraestructuras urbanas, redes de servicios públicos y claridad en los límites de expansión de la ciudad, así como ausencia de espacios públicos seguros, entre otros (Alcaldía de Medellín y Banco Interamericano de Desarrollo, 2011).

Para comprender los aspectos conflictuales más recientes derivados de estas graves problemáticas, en el presente artículo se hará referencia, en un primer momento, al contexto de Medellín desde 2004, pues en mi lectura, a partir de ese año hay un cambio importante en el tipo de gestión pública de la ciudad, de la cual hay que destacar la puesta en marcha de un discurso de transformación social, pensada o formulada fuera de los márgenes de los partidos políticos tradicionales. Enseguida, se retomarán algunos aspectos en relación con la contestación política a los discursos y las prácticas del urbanismo social, en particular, de un sector o grupo de actores políticos detrás de la escena de los actuales grandes proyectos de infraestructura urbana, autodenominados ‘los desconectados’. Para concluir, se reflexionará sobre cómo este tipo de contestación propone pistas para reconfigurar concepciones de ciudadanía y acción colectiva.

El urbanismo social o el ordenamiento territorial “hacia abajo”

El movimiento triunfante en las elecciones de 2003 tomó como bandera de acción pública el “pago” de una “deuda social” de parte de las instituciones locales estatales con la sociedad más empobrecida de Medellín. Bajo la égida de principios de gestión como la transparencia, la equidad, la inclusión, la competitividad, la cultura, la seguridad ciudadana y la convivencia, se unen conceptos, propuestas y proyectos calificados como audaces y capaces de integrar aspectos socioeconómicos para “intervenir la ciudad” (Alcaldía de Medellín y Banco Interamericano de Desarrollo, 2011, p. 107).

Desde 2004, año de inicio de esa gestión, se puso en marcha en Medellín el modelo de planificación urbana de la ciudad “compacta, moderna y educada” (Alcaldía de Medellín, 2007). Se trata de un modelo que se atribuye la capacidad de aportar beneficios y rendimientos económicos y sociales al conjunto de la población por medio de la construcción de proyectos de ordenamiento territorial y propone la transformación del espacio público. El discurso oficial del urbanismo social se convierte en uno de los principales bastiones de gestión de la Administración pública municipal para que, mediante la transformación física del espacio público, se salde la ‘deuda social acumulada’ durante años de descuido y de ausencia de toda intervención estatal (Alcaldía de Medellín y Banco Interamericano de Desarrollo, 2011).

La negligencia en las intervenciones estatales para enfrentar los fenómenos derivados de la pobreza extrema de los habitantes de la periferia urbana se identifica como la causa de la “deuda social acumulada”. Estos fenómenos son: la falta de acceso al empleo formal, a la salud, a la educación, al entretenimiento, a la prestación de servicios públicos esenciales para la supervivencia en las zonas urbanas y a la titulación de tierras, entre otras graves problemáticas.

La deuda social acumulada aparece entonces como forma de acción asociada con el discurso movilizador de la planificación urbana-social. Esta fórmula marca pautas para guiar las prácticas estatales que se presentan como transformadoras de las vivencias cotidianas de los habitantes de la “ciudad marginalizada”. El objetivo principal de estos conceptos y sus prácticas relacionadas es proporcionar directrices para la acción e intervención del entorno social signado por la violencia y las desigualdades socioeconómicas agudas (Alcaldía de Medellín y Banco Interamericano de Desarrollo, 2011).

Aunque estas directrices también fomentan la participación ciudadana en el control de la gestión pública, la cultura de la convivencia pacífica y la creación y renovación del “espacio público”, la deuda social acumulada aparece en el discurso de la Alcaldía como si se tratara de una fórmula de confianza explícita en las proyecciones arquitectónicas del espacio público como bien común y útil. Al final de su mandato en 2007, Sergio Fajardo argumentaba:

[Frente] a cada disminución de la violencia, se produjo una intervención social, lo que ayudó a reducir aún más la violencia y abrir nuevos espacios [públicos] destinados a ser recuperados con nuevas intervenciones. Avanzamos en la construcción de una sociedad más justa, hemos avanzado en la recuperación de la convivencia y la civilidad, hicimos la apuesta por la innovación y el emprendimiento, organizamos una ciudad más competitiva y productiva y con todas las acciones, mejoramos la calidad de vida de la ciudadanía (Alcaldía de Medellín, 2007, p. 28).

Este discurso deja entrever la existencia de un diseño específico del espacio público como objeto que el Estado debe (re)apropiarse de modo gradual. Diseñado exclusivamente como un espacio físico, como una “cosa” o un lugar donde “buenos ciudadanos” actúan y pueden sentirse seguros, es un lugar al cual se le atribuye un valor cívico al que las instituciones del Estado dotan de sentido, después de largas décadas de violencia. Sergio Fajardo declaraba:

Lo mejor para los más humildes de manera que lo público [el espacio público] sea lo mejor de esos lugares […]. Allí donde hubo destrucción es ahora lo bello […] así mandamos un mensaje político que tiene que ver con la dignidad del espacio, porque supone un reconocimiento, reafirma la autoestima y crea un sentido de pertenencia (citado en Martí, 2009).

En esos términos, la transformación social mediante el sesgo del diseño urbano le restituye valores de ‘lo cívico’ a los procesos de (re)apropiación de lugares susceptibles de ser mejor apreciados por los buenos ciudadanos —es decir, aquellos que se adhieren a los principios de la educación cívica— y a los turistas. Este tipo de planificación social marca un cambio significativo en el enfoque de la planificación urbana de la Administración pública municipal.

Bajo la impresión del nuevo rostro de Medellín, útil en el escenario internacional, debido a un proceso de dignificación de sus habitantes por medio de las intervenciones de planificación social estatal, se propone un modelo de organización física de los espacios públicos conocido como “ciudad compacta”. Tal concepción del espacio público, al que se le atribuyen unos valores cívicos per se, lo plantea como objeto que debe ser (re)apropiado por el Estado.

Ahora bien, mientras las construcciones arquitectónicas en Medellín se han multiplicado en la última década, se ha cristalizado la confianza en su capacidad de transformar la sociedad. Sin embargo, durante los últimos cinco años, diversos procesos sociales han nacido como contestación a la puesta en marcha del urbanismo social dado que el acceso al empleo formal, a la salud, a la educación, a la recreación, a la conexión permanente a los servicios públicos domiciliarios y a la titulación de predios, entre otros aspectos, han formado parte de las reivindicaciones de las poblaciones pobres de Medellín desde la década del setenta y han sido insuficientemente atendidas por el sistema político local.

En Medellín, la movilidad social, la fragmentación de la ciudad y la lenta privatización de servicios públicos para transferirlos a actores privados evidencian hoy la puesta en escena de un doble proceso de mundialización/globalización que impacta y comprime la espacialidad urbana, como lo advirtió el filósofo inglés Engin Isin (2009) para el caso de las ciudades europeas. Este proceso acelerado implica la pérdida del sentido político de las luchas sociales en la ciudad y la convierte en un objeto de negociación de múltiples actores en disputa, al crear nuevas movilidades sociales y geográficas que hacen emerger conflictos locales y generar divisiones y profundas desigualdades en ciudades donde se presenta una mutación del sistema económico (Isin, 2009).

Esta se caracteriza por la acumulación de la plusvalía de capital y de trabajo que resulta del desequilibrio entre el ‘valor de uso’ y el ‘valor de cambio’ generado por la renta urbana (Lefebvre, 1968), proceso denominado por Harvey (2011) como '“acumulación por desposesión” (p. 23), resultante de los procesos jurídicos de expropiación y compensación o pagos por mejoras realizadas sobre predios no titulados a algún particular.

Aunque estos resultados representan un enorme costo en términos sociales y económicos (desplazamientos, desalojos forzados y segregación de familias, entre otros), caracterizan, en términos de Harvey (2011), un aparato de “destrucción innovadora” que rompe vínculos de pertenencia social, simbólica y política de las comunidades marginales en las ciudades en proceso de globalización. De ahí que, por ejemplo, la geógrafa francesa Cinthia Ghorra-Gobin (2007), proponga el término “ciudad global” para referirse a la estructura urbana compatible en su sistema económico con las dinámicas de atracción, el control de flujos de capital y la concentración de ganancias.

Estas dinámicas permean las mutaciones económicas de Medellín con mayor intensidad desde el año 2004, lo cual repercute en su política de ordenamiento territorial. Inclinada hacia la planificación de megaproyectos de ciudad, esta política hace énfasis en mecanismos jurídicos y administrativos de compensación a las mejoras que los habitantes han hecho en sus predios, en muchos casos posesiones irregulares a la luz del derecho civil, como el único recurso de la Administración municipal para evitar conflictos con las comunidades presentes en los territorios. Si bien a escala nacional e internacional esta estrategia de planificación urbana sitúa a Medellín en una plaza privilegiada de notoriedad, en el plano local, en comunas, barrios y asentamientos, la vida dista de ser digna para sus habitantes.

De hecho, las nuevas movilidades sociales y geográficas crean conflictos socioespaciales diversos, frente a los cuales cabe preguntarse si el modelo que se impuso como planificador de la ciudad desde el año 2004 es capaz de transformar la vida cotidiana de los barrios pobres cambiando su espacio público, ¿cómo se explica la persistencia de desafíos, aspiraciones y reivindicaciones por la vida digna de las comunidades más desfavorecidas de Medellín?

La “civilización del suelo” para formar un territorio

La ocupación de la tierra es parte de las prácticas a menudo generalizadas en América Latina en las décadas del setenta y del ochenta y consiste en la apropiación de tierras sin documentos como escrituras públicas inscritas en el registro de la propiedad. Esta práctica alude más bien a una manera diferente de producir espacio urbano, opuesta a las prácticas de la ciudad formal.

Cuando la gente invade las tierras, “no diseña mapas, pero a medida que lo habita, produce el espacio habitado” (Zibechi, 2008, p. 54). Esta forma de producir un nuevo espacio no es pasiva. Consiste en relaciones de fuerza y tensiones que muestran la naturaleza contingente de la realidad social que subyace a la ciudad. Estas relaciones de fuerza consisten en conflictos derivados de las tensiones entre los valores de uso y valores de intercambio en el marco del espacio urbano: “La ciudad y la realidad urbana ponen de relieve el valor de uso. El valor de cambio, la generalización de las mercancías por la industrialización, tiende a destruir, subordinándoselas, la ciudad y la realidad urbana” (Lefebvre, 1968, p. 4).

Henri Lefebvre (1968) considera la existencia de un doble aspecto en conflicto: la industrialización-urbanización, de un lado y, del otro, la vida social presente o subyacente en la ciudad; sin embargo, ambos componen una misma unidad. En estas relaciones de fuerza por producir el espacio, los sujetos se hacen visibles, los habitantes y sus líderes —con sus propias percepciones del territorio, con los sentidos que le dan a la producción del espacio para satisfacer las necesidades de un techo y establecer un territorio rico en tejidos simbólicos, políticos y en vínculos sociales— permiten ver cómo estos espacios ocupados o invadidos devienen en territorios o hábitats (Echeverría, Múnera y Mesa, 2012). Habitar no solo es la acción, sino también la trama; entendido así el territorio, se comprenden sus dinámicas y procesos de construcción sociocultural múltiple e histórica. De ahí que la noción de la construcción social del hábitat sea un enfoque necesario y útil para comprender las luchas por el derecho a la ciudad, en estos términos:

[…] la construcción social del hábitat es] el conjunto de dinámicas y acciones orientadas por intencionalidades y horizontes de sentido compartidos por los mismos habitantes organizados y sus representantes directos, líderes y/o gestores, tendientes a mejorar sus condiciones de habitabilidad […] a partir del conocimiento y la comprensión de las lógicas del habitar humano en territorios específicos, teniendo en cuenta las posibilidades, expectativas, requerimientos e imaginarios de sus habitantes (Echeverría et al., 2012, p. 5).

Por lo tanto, la construcción del territorio es un proceso colectivo, espontáneo u organizado según las condiciones del momento, por el cual los habitantes se convierten en los creadores de los territorios y no solo en pasivos ocupantes de espacios. Por esta razón, la expresión “civilizar los suelos” —acción referida por los entrevistados en desarrollo del trabajo de campo— designa un proceso aún más profundo, fundamental para la comprensión de las prácticas significativas de procesos colectivos con los que los habitantes dan forma, significado, contexto y contenido al lugar a donde han llegado. El mero espacio físico se convierte en un territorio lleno de significados políticos y culturales, tiene un pasado “salvaje” y ahora es un escenario coronado por la comunidad mediante la organización.

Velásquez (2009) describe que en la construcción del barrio Las Independencias, situado en la comuna 13 de Medellín, puede apreciarse una de las experiencias más destacables de autoconstrucción de un barrio a partir de un proceso de “toma”. Refiere algunas palabras de sus entrevistados:

A nosotros vinieron a atropellarnos y a tumbar los ranchos y nosotros volvimos exactamente el 15 de abril de 1979, llegando gente hasta de Ituango. Después nos informaron que iban a traer el ejército. En ese tiempo todavía se respetaban los signos patrios y nos conseguimos varias banderas de Colombia que se colocaron por todas las entradas de la invasión y pusimos un equipo en la parte de abajo del barrio […] en donde avisaban lo que estaba pasando a la comunidad y empezaban a sonar el himno nacional en varias partes a la vez; esta fue una acción de resistencia que permitió tomarse el sector y luego se pensó la toma de la Alcaldía. Luego de estas acciones, el alcalde no volvió a mandar a “control de obras” que eran los que atropellaban a los invasores. Nos dejaron quietos pero nos tenían como “ladrones de terrenos” (p. 13).

En el repertorio de acción del proceso social Mesa interbarrial de desconectados vida digna, organización que agrupa algunos colectivos de derechos humanos conformados por habitantes de las comunas 3, 4, 5, 8 y 13 de la ciudad, el territorio es la materialización de los proyectos de vida de las comunidades, es decir, es un objeto digno de defender y frente al cual sus habitantes demandan el reconocimiento de que lo han construido como su propio hábitat.

Así lo expresa Patricia 1 , miembro de la Mesa:

Son las personas las que han civilizado el suelo porque antes fueron rastrojos. ¡Todo el trabajo de las personas para convertir un basurero en un barrio! Debe haber un reconocimiento de esta domesticación de la tierra. Esto tiene que ver con la reforma urbana, con el reconocimiento de “quién” realmente ha construido esta ciudad. Uno habla también de la defensa del territorio de los que construyeron, independientemente de si tienen una condición de invasor, ocupantes ilegales o cualquier nombre que usted quiere darles, pero ellos son quienes llegaron a construir la ciudad (Patricia, comunicación personal, 6 de septiembre de 2013).

El territorio, entonces, no se reduce a la casa, sino que comprende la otredad, se extiende a las relaciones con los vecinos, a la utilización de equipamientos del barrio, a los espacios de la vida en común. Tampoco se restringe al espacio físico: mediante las prácticas comunes, sus habitantes han construido una comunidad que le da su sentido como lugar donde “por excelencia hay una aspiración de transformación” (Patricia, comunicación personal, 6 de septiembre de 2013).

El territorio y sus desafíos: la desconexión de servicios públicos domiciliarios

Lugar de pertenencia, el territorio es escenario de desafíos. El conjunto de sus habitantes lo ha conquistado y aprehendido, “domesticándolo” lentamente para satisfacer sus necesidades esenciales y poner en marcha su ingenio y sabiduría práctica para proveer un techo, agua y luz. Tal cual han llegado a la ciudad, desplazados, desvinculados, despojados de sus tierras y de sus derechos, los pobladores son quienes hoy enuncian y denuncian la desconexión de servicios públicos domiciliarios como problemática permanente y afrentosa para la vida cotidiana.

Para la Mesa interbarrial de desconectados vida digna (2012), hay una diferencia entre la “desconexión por acceso” y la “desconexión por prestación”. Los desconectados por acceso son los residentes de los hogares en zonas clasificadas de alto riesgo para la protección del ambiente fuera del ámbito formal del límite urbano, donde la Secretaría de Planeación de la ciudad prohíbe la construcción o el acceso a redes de electricidad y agua. Los desconectados “por prestación” son los habitantes de casas equipadas con todas las instalaciones de redes de servicios públicos domiciliarios, situadas dentro de los límites urbanos, pero que debido a las altas tasas de desempleo se vuelven incapaces de pagar sus cuentas cada mes.

Aunque hoy la cobertura de acceso alcanza casi un 100 % de la red urbana formal, gran parte de los barrios marginales se ubica en y más allá del llamado borde periurbano —el límite formal—, lo que ha supuesto la caracterización de grandes sectores como zonas de alto riesgo ambiental y la prohibición de construcción y mejoramiento de redes de prestación de servicios públicos domiciliarios. Esto conlleva a que persistan los problemas de altos precios de la energía, incluso su venta en modo “pago anticipado” o prepago, mala facturación de agua en pilas públicas y varios barrios sin líneas de agua y alcantarillado.

Esto hace de la desconexión una problemática aguda, persistente y generalizada, en especial en los estratos 0, 1 y 2 de la población de la ciudad de Medellín (Mesa interbarrial de desconectados vida digna, 2012). Sin embargo, las comunidades agrupadas en la Mesa muestran cada vez más que la desconexión no es más que “la punta del iceberg” de grandes conflictos ligados al ordenamiento territorial y ponen con insistencia en la agenda política local el debate de las políticas públicas de cara no solo a la desconexión y a la invocación del derecho al agua como un “bien común y básico derecho humano, relacionado con la satisfacción de otras necesidades” (Mesa interbarrial de desconectados vida digna, 2013, p. 2), sino también frente a las reformas al Plan de Ordenamiento Territorial que la Alcaldía preparaba desde el año 2013.

Para las comunidades, el debate también pasa por admitir que las políticas de vivienda y ordenamiento territorial fueron temas olvidados en las discusiones políticas locales (Alberto 2 , comunicación personal, 18 de septiembre de 2013). Así lo expresa el entrevistado: “[…] nos dimos cuenta que es inútil tener servicios públicos, si no había vivienda propia. Si luchábamos por reconexión de alguien, algunos días después, la persona debía abandonar el hogar. La labor se quedaba en la mitad”. Pero implicaba crear conciencia de un “aumento” en la escala de demandas o reivindicaciones: del hogar estrictamente individual, singularizado, “se entendió que la problemática también afectaba a todo el barrio, a la comuna, a la misma ciudad” (Alberto, comunicación personal, 18 de septiembre de 2013).

Reflexiones sobre los desafíos de los procesos de ciudadanía y la acción colectiva ante la planificación del territorio

La Mesa interbarrial de desconectados vida digna plantea una lucha en términos de derechos, que toma su lugar no solo por medio de la invocación de la acción de tutela como estrategia ante jueces y tribunales, sino también con estrategias políticas, de comunicación, de movilización y de desobediencia civil. Esto es, hay un considerable énfasis en la aplicabilidad de los derechos, pero también en las exigencias de reconocimiento político y de consulta previa para acordar soluciones, sobre todo frente a proyectos de desarrollo urbano en los territorios de la acción colectiva de la Mesa.

Estas exigencias por el reconocimiento de la ciudadanía, en el sentido más fundamental del término, develan que la situación subyacente es la negación de la ciudadanía formal, aquella de los ciudadanos libres e iguales en derechos que a todos da un estatus dentro de la civitas, como lo recuerdan Borja y Muxí (2003). Solo el proceso de contestación política se ha convertido en la vía por la cual los “desconectados” construyen sus propias y particulares prácticas de subjetivación política, su propia “cultura participativa”, según el enfoque francés de la antropología de la ciudadanía (Neveu, 2007), que encuentra como marco de acción y de reivindicación una cierta significación moral por medio de la exigencia de la “dignificación de la vida”, es decir, de devolver la “vida digna” a “aquellos que han construido realmente la ciudad” (Patricia, comunicación personal, 6 de septiembre de 2013).

La configuración de prácticas, relaciones y procesos de las “culturas participativas” (Neveu, 2007) en el interior de las periferias de Medellín evidencia la existencia de espacios público-políticos “otros”, con sentidos de pertenencia “otros”, con necesidades “otras”, diversas de aquellas de la ciudadanía que ostenta los beneficios del consumo. Por esto, hay mucho más que un proceso homogéneo de reivindicaciones y actores movilizados por el reconocimiento de los mínimos de ciudadanía. Se trata de una ciudadanía “otra”, en disputa por los bienes esenciales de la vida en común, que pone en marcha procesos de subjetivación política por medio de la experiencia colectiva a partir de la cotidianidad, crea, renueva, negocia y redefine sus propias concepciones y prácticas de participación y de democracia y sus propios sentidos de lo político. La ciudadanía tendría que ser leída más como un proceso que como un estatus: como un proceso relacional y consensual.

Conclusiones

La discusión y los consensos sobre lo que los habitantes quieren de las intervenciones urbanas es una práctica eminentemente política en sus comunidades, que con frecuencia contrasta y a veces es sofocada por un conjunto de prácticas institucionalizadas. Estas apelan a la participación de las comunidades con el objetivo de legitimar las decisiones que ya han sido tomadas detrás de los escritorios de grandes planificadores 3 .

El conocimiento técnico sobre el riesgo ambiental y sobre el tipo y uso de suelo entra en este juego de legitimaciones y proposiciones. No obstante, lo que queda claro para algunos habitantes con quienes se dialogó durante el trabajo de campo es que las prácticas urbanísticas actuales en Medellín implican medidas regresivas en términos de derechos y de garantías de “vida digna”, como nombran al conglomerado de prestaciones o derechos cuya materialización imaginan, dado que se ha convertido en el referente de la mayor parte de los discursos y acciones de la Mesa interbarrial de desconectados vida digna (2012).

La “vida digna” es, entonces, un referente de acción política por el que las comunidades agrupadas sueñan con gozar de mínimos básicos para la subsistencia en el entorno periurbano, al cual muchos no pidieron llegar y los deja por fuera del juego de beneficios y ventajas de la productividad y de la competitividad económica urbana, dado que la eficacia y la rentabilidad de ciertos sectores de la ciudad y de sus comunas son el propósito casi exclusivo de intervención estatal, acorde con la internacionalización del espacio público urbano de Medellín, útil y llamativo para el turismo y los negocios.

En conclusión, para algunos de los habitantes entrevistados, el problema no es solo la existencia del riesgo ambiental, sino también que los mecanismos, las acciones y las recomendaciones para su mitigación no se han ejecutado o terminan mal porque, después de todo, “¿a cuál turista se le va a ocurrir tomar una foto de los trabajos de mitigación en la comuna tal o cual o le va a interesar conocer el muro de contención instalado en alguna casa?” (Alberto , comunicación personal, 18 de septiembre de 2013).

Agradecimientos

Artículo producto de la tesis de Maestría 2 en Ciencias Sociales, mención Estudios Políticos, titulada “Les territoires et leurs luttes pour la ‘Vie Digne’. L’aménagement urbain à l’encontre de la citoyenneté en Medellin Colombie”, financiada con recursos de la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París, Francia. Agradezco a los líderes, lideresas y activistas que amablemente concedieron entrevistas. Las opiniones y análisis aquí expresados son mi exclusiva responsabilidad.

Referencias

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Zibechi, R. (2008). América Latina: periferias urbanas, territorios en resistencia. Bogotá: Desde Abajo.

Notas

1 Nombre modificado por seguridad de la fuente.

2 Nombre protegido por seguridad de la fuente.

3 Observaciones consignadas en diario de campo, agosto-octubre de 2013.

* Artículo de investigación científica.

Notas de autor

aAutora de correspondencia. Correo electrónico: susana.valencia@usbmed.edu.co

Información adicional

Cómo citar este artículo: Valencia, S. (2018). “Vida digna” y ordenamiento territorial. Actores y luchas por el reconocimiento del derecho a la ciudad. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 11(21). https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu11-21.vdot

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