Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015 establecen, entre otras metas para el 2030, “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”, así como “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Igualmente, en 2016 tuvo lugar la conferencia mundial Hábitat III, en la que se exploraron los desafíos que supone la planificación y gestión de las ciudades en pos de alcanzar los ODS en el marco de poblaciones urbanas cada vez más densamente pobladas, de las cuales las latinoamericanas no son la excepción.

Asimismo, se destaca la promoción de una agenda global en relación al hábitat por parte de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina Panamericana de la Salud (OPS-OMS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa para los Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (UN-Hábitat), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otros.

En particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU establece el derecho al agua y saneamiento (artículos 11 y 12), mientras que la Convención sobre Derechos del Niño (ONU, 1989) plantea un conjunto integral de derechos que se encuentran claramente interconectados. Sin dudas, el hábitat de vida de niños y niñas se relaciona con la estructuración de oportunidades para el juego, el esparcimiento, y la educación, entre otros aspectos fundamentales del desarrollo humano de infantes y adolescentes.

Las condiciones adecuadas y dignas de la vivienda son componentes claves del hábitat infantil que inciden desde una perspectiva objetiva en su bienestar (Ben-Arieh y Frones, 2011) y que refieren, por ejemplo, a la calidad de los materiales, al acceso directo a servicios públicos domiciliarios y a consideraciones de hacinamiento.

De acuerdo con Clair (2019), en la evaluación de la importancia de la vivienda en el bienestar infantil, dos aspectos resultan claves: el hacinamiento, que considera la cantidad de espacio disponible para cada miembro del hogar, y la calidad, que se refiere a los materiales con que está construida la vivienda y al estado de la misma (ausencia de goteras, deterioro de las paredes, etc.), teniendo en cuenta que, justamente, la calidad de los materiales de construcción de la vivienda influye sobre la salud (por ejemplo, en referencia a problemas respiratorios).

El hacinamiento por su parte afecta la privacidad y restringe el espacio personal, factores que influyen en muchas dimensiones del bienestar infantil. Efectivamente, las condiciones de hacinamiento vulneran el derecho a la intimidad y complejizan los procesos de socialización y educación, pudiendo afectar los vínculos interpersonales en el interior de las viviendas como consecuencia de la falta de privacidad y de espacios diferenciados para el desarrollo de actividades independientes entre los miembros del hogar, lo cual puede aumentar la exposición a riesgos como la violencia física y sexual. Ello no solo puede ser detonante de tensiones entre miembros de la familia y en espacial en relación a niños y niñas, sino que también restringe el desarrollo de actividades fundamentales durante la infancia como son el sueño y el descanso, el juego y la realización de tareas escolares, entre otras (Cepal, 2013; Katzman, 2011).

Finalmente, la disponibilidad y el acceso al agua segura mantienen relación directa con la incidencia de morbimortalidad infantil, en tanto que el agua es fuente fundamental de hidratación, e insumo básico para la cocción de alimentos, higiene de utensilios e higiene personal. Las privaciones en el tema del saneamiento aumentan la propensión a enfermedades diarreicas e infecciones en la piel y en los ojos, entre otras afecciones (OMS y Unicef, 2017). La problemática del déficit de infraestructura de saneamiento no se restringe a la conexión particular de cada vivienda, sino que también se constituye en un riesgo para la salud infantil cuando constituye una carencia generalizada de los espacios residenciales (vecindarios). Igualmente, la normativa vigente a nivel internacional establece metas en relación al derecho al agua y el saneamiento, pero no considera las particularidades de los hogares más pobres, que muchas veces no pueden sustentar las obras necesarias para poder utilizar dichos servicios (conexiones de la vivienda con la red de agua y la red de cloacas) o el pago de los servicios. En tal sentido, las metas de los ODS para el 2030, a las que adhieren los países de la región latinoamericana, son muy generales.

En resumen, las condiciones del medio ambiente de vida, tanto en el espacio público residencial del barrio como en el espacio privado de la vivienda, son aspectos primordiales de evaluación, en tanto que situaciones impropias (déficit de acceso a servicios públicos esenciales, hacinamiento, problemas de saneamiento, entre otras) pueden limitar el desarrollo del máximo potencial de niños y niñas. Efectivamente, las situaciones deficitarias en el medio ambiente de vida tienen implicancias diversas según el ciclo vital infantil, siendo particularmente nocivas en edades tempranas, cuando los niños y las niñas son especialmente vulnerables a contraer enfermedades infectocontagiosas y diarreas que contribuyen, cuando son recurrentes, a la desnutrición infantil, constituyendo factores que claramente no facilitan el desarrollo cognitivo, ni los procesos de inclusión educativa y de socialización (Innocenti Research Centre, 2002; OMS, 2006).

Atentos a la importancia de garantizar un medio ambiente adecuado para la niñez y adolescencia, se propone analizar un conjunto de indicadores de déficit de hábitat de vida de niños, niñas y adolescentes en los siete países de América Latina que pertenecen a la Red de Observatorios de la Deuda Social en Universidades Católicas de América Latina (Red Odsal): Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, Perú y México. La aproximación a la descripción de las condiciones del hábitat de vida se realiza a partir de un conjunto acotado de indicadores comparables y pertinentes para todos los países a lo largo de varias mediciones en el tiempo. Como tal, el déficit en el nivel de la vivienda es medido a través de indicadores de saneamiento: estado de conexión a la red de agua corriente (acueducto) y a la red de cloacas (alcantarillado), y exposición a diferentes niveles de hacinamiento.

Estos indicadores del medio ambiente de vida de la infancia, si bien son acotados, ofrecen una perspectiva de los avances, retrocesos y estancamientos que experimentaron dichos países en los periodos 2002-03, 2010-11 y 2017, en aspectos fundamentales del hábitat que constituyen recursos (derechos) de carácter habilitante para el desarrollo de capacidades en la infancia. Además de la evolución de las tendencias, se propone un análisis en clave de las desigualdades socioeducativas de los siete países de la región.

Durante la última década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI se produjeron cambios muy importantes en los países latinoamericanos. Las reformas estructurales de los años noventa, la reactivación del crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la primera década del siglo XXI, más las hipótesis de merma de la desigualdad social en la segunda década, tuvieron efectos diversos en las condiciones de vida y en la pobreza regionales. Si bien es claro que países como Chile, Bolivia, Perú y Colombia experimentaron notables avances en términos de disminución de la pobreza, otros como México, Brasil y Argentina no alcanzaron progresos sostenidos e incluso involucionaron en los últimos años. No obstante, la tendencia en aspectos estructurales de las condiciones de vida asociadas al hábitat y a las desigualdades socioeducativas de los hogares probablemente ofrezca una aproximación diferente y significativa.

Metodología

La construcción de los datos estadísticos que se presentan en el apartado de resultados se basa en las encuestas de hogares de los países miembros de la Red Odsal (https://odsal.oducal.com/): Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México. Más específicamente, las fuentes utilizadas en cada caso fueron las siguientes:

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, México. Años: 1998, 2002, 2010, 2016.

• Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Colombia. Años: 1997, 2003, 2010, 2017.

• Encuesta Nacional de Hogares, Perú. Años: 1997, 2004, 2010, 2017.

• Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Chile. Años: 1998, 2003, 2011, 2017.

• Encuesta de Hogares, Bolivia. Años: 2002, 2011, 2017.

• Encuesta Permanente de Hogares, Argentina. Años: 1998, 2003, 2010, 2017.

• Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Brasil. Años: 1998, 2003, 2011, 2017.

A partir de las bases de datos de referencia se realizó un trabajo de construcción de indicadores comparables entre los países y años considerados, los cuales fueron calculados y analizados a nivel de la población de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años. Dichos indicadores de hábitat, comparables para todos los países y años, están referidos al déficit de acceso a servicios públicos como el agua de red (acueducto) y la red de cloacas (alcantarillado), y a indicadores de hacinamiento, que identifican las situaciones de aquellas viviendas con tres o más residentes por cuarto (lo que involucra tanto los dormitorios como cualquier otro lugar de estar, con exclusión de baños, cocina, y pasillos).

Estos indicadores fundamentales del hábitat de vida en los países de la región son analizados en su evolución en el tiempo, en claves de las brechas de desigualdad socioeconómica y en relación a contextos urbanos y rurales. La desigualdad social se mide a través de un estrato socioeducativo de hogares, construido a partir de cohortes de nacimiento y máximo nivel educación alcanzado por el jefe o la jefa de hogar, categorizado en quintiles.

Más específicamente, la información común entre los países disponibles permite utilizar la educación del jefe de hogar como marcador de estatus del hogar; sin embargo, la comparación directa de esta variable no es posible. El problema es que cada año la composición generacional de la muestra cambia, en la medida en que, en un contexto en el que la educación secundaria y terciaria sigue en expansión, cada año personas más educadas inician una familia y personas mayores, que tuvieron menos oportunidades educativas, fallecen. Por lo tanto, si se toma la población en conjunto, se ve que el promedio de educación tiende a aumentar y que la comparación temporal no es posible.

Por lo anterior se empleó un procedimiento en el cual los estratos son referenciales a la generación a la cual pertenece el jefe o la jefa de hogar. En primer lugar, se separó la muestra de cada país de acuerdo al año de nacimiento, desde 1929 a 1999, en intervalos de diez años, lo que permite realizar una comparación efectiva entre años, dado que el año de nacimiento es una constante en el tiempo. En el interior de cada cohorte de nacimiento se realizó la identificación de los jefes y las jefas de hogar con un quintil de acuerdo a su nivel de educación. De esa forma, una persona que nació en 1929 en Argentina y que culminó secundaria pertenece al segundo estrato más alto, mientras que una persona que nació en 1999 en el mismo país y que tuvo la misma educación se ubica en el segundo grupo más bajo. Este procedimiento fue realizado para cada país, lo que permite capturar las diferencias regionales en el progreso educativo entre generaciones. Los datos muestran que existe estabilidad en el nivel promedio de estudio al interior de cada estrato, con la excepción de las últimas dos cohortes (nacidos entre 1980 y 1999), que muestran una variación mínima. Por su parte, el estrato socioeconómico se presenta en quintiles, de modo que el estrato 1 representa al 20 % más bajo y el estrato 5 al 20 % más alto.

Resultados

A continuación se presenta un análisis descriptivo de la situación sociodemográfica, de hábitat y de acceso a servicios públicos domiciliarios en la población de niños y niñas entre 0 y 17 años de edad en los países miembros de la Red Odsal, a partir de la información suministrada por las encuestas de hogares en estos países para los periodos 2002-03, 2010-11 y 2017.

En su desarrollo, el presente análisis esboza, en primer lugar, una descripción de la población general. Posteriormente se hace foco en la población infantil especificada, identificando a su vez si existen diferencias dependiendo de las zonas en las que habitan (urbanas o rurales) y del estrato socioeconómico al cual pertenecen.

Contexto demográfico

Tal y como lo ha indicado la ONU (2019), la mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. Los países de América Latina no son la excepción a ello, y en los últimos 16 años han registrado una reducción en la proporción de niños y niñas entre los 0 y 17 años en el total de la población.

Concretamente, de acuerdo con la información de las encuestas analizadas, los países de la Red Odsal han registrado reducciones entre 2 y 5 puntos porcentuales en la participación de niños y niñas en el total de la población, independiente del grupo etario (figura 1).

Se destaca que, para el año 2017, Bolivia registró un mayor porcentaje de niños y niñas respecto de su población total que el resto de países analizados (figura 2). Desagregando entre las zonas urbanas y las rurales (figura 3), en general, la mayor concentración de población infantil se encuentra en las zonas urbanas. En los casos de Chile y Brasil, más del 80 % de niños y niñas se ubica en zonas urbanas, mientras que en Colombia, Perú y México, esta cifra es cercana al 75 %; particularmente, Bolivia registró la mayor concentración de niños y niñas en la zona rural (33 % del total).

Hábitat de vida

El hábitat de vida tóxico, el medioambiente insalubre y las condiciones de hacinamiento o construcción precaria no solo comprometen la salud de niños y niñas sanos —ante todo durante los primeros años de vida—, sino que también obstaculizan el desarrollo de actividades claves para la vida, como ejercer su derecho a la privacidad e intimidad, jugar al aire libre, invitar amigos, hacer tareas escolares, etcétera.

Hacinamiento

De acuerdo con la información de las encuestas de hogares de Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, México y Perú, cada vez más, una mayor parte de la población de dichos países vive en hogares sin hacinamiento, con un máximo de tres personas por cuarto. En concreto, el porcentaje de hogares que reportan un máximo de tres personas por cuarto se ha incrementado en los últimos 16 años en los países mencionados, y en 2017 representaba más del 60 % del total de la población (figura 4).

Es de resaltar que, en 2017, Chile, Brasil y Colombia son los tres países que registraron la mayor concentración de población en hogares no hacinados (96 %, 87 % y 86 %, respectivamente). Así mismo, en los últimos catorce años Perú y Bolivia son los países que han dado el salto más grande en el número de personas que viven en hogares no hacinados (38 y 24 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2004 y 2017).

A pesar de lo anterior, en 2017 aún persistía un porcentaje de la población en los países analizados que vivía con algún tipo de hacinamiento. Por ejemplo, en México, Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y Brasil, entre el 10 % y el 26 % de las personas vivía en hogares con un hacinamiento mitigable (entre tres y cinco personas por cuarto), mientras que solamente Chile registró tasas de hacinamiento mitigable menores al 10 %. No obstante, en países como Bolivia y Perú se registraron en 2017 tasas de hacinamiento no mitigable (cinco o más personas por cuarto) de dos dígitos (18 % en Bolivia y 10 % en Perú), mientras que en países como Chile no se registró hacinamiento no mitigable, situación que evidencia la enorme diferencia de hábitat entre los países analizados.

En el caso específico de los niños y las niñas, la situación es similar a la registrada a nivel general. Excepto Bolivia y Perú, en 2017, más del 60 % vivía en hogares de hasta tres personas por cuarto, es decir, en hogares sin hacinamiento. Si bien para Bolivia y Perú este porcentaje es menor al 60 %, se destaca que estos dos países fueron los que más avanzaron entre 2002/2003 y 2017 en relación a dicho indicador (23 y 35 puntos porcentuales de avance, respectivamente).

A pesar de lo anterior, exceptuando Chile, en 2017 los países analizados presentaban entre un 17 % y un 27 % de niños y niñas en hogares con hacinamiento mitigable (entre 3 y 5 personas), mientras que Bolivia, Perú y México (la información de este último corresponde a 2016) tenían más del 10 % de niños y niñas en hogares con hacinamiento no mitigable (25 % en Bolivia, 17 % en Perú y 11 % en México).

Ahora bien, desagregando entre población urbana y rural, se encuentran diferencias considerables en las condiciones de hábitat infantil en los países analizados. En primer lugar, en las zonas urbanas, más del 60 % de niños y niñas en Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México y Perú vivía en 2017 en hogares sin hacinamiento, mientras que para Bolivia la cifra fue de 55 %, la más baja entre todas.

A pesar de estar en zonas urbanas (lo que supone a priori un mayor grado de desarrollo), países como Perú, México, Bolivia y Argentina registraban en 2017 entre un 22 % y un 25 % de población infantil en hogares con hacinamiento mitigable, mientras que en Brasil y Colombia las cifras estaban entre 15 % y 18 %. Así mismo, en Bolivia y Perú vivían, respectivamente, un 20 % y 12 % de población infantil en hogares con hacinamiento no mitigable.

En las zonas rurales¹, en general (salvo el caso de Chile), el porcentaje de niños y niñas que vivían en 2017 en hogares sin hacinamiento fue inferior al registrado en zonas urbanas. Los casos de Chile, Brasil y Colombia registraron más del 70 % de población infantil en zonas rurales en hogares sin hacinamiento, mientras que, en contraste, Bolivia y Perú registraron el menor porcentaje (36 % en ambos casos).

Otro aspecto a resaltar son las diferencias notorias en las cifras de hacinamiento mitigable entre los países analizados en 2017. Por un lado, están México, Bolivia y Perú, en donde cerca de un 32 % de los niños y las niñas viven en hogares con hacinamiento mitigable, mientras que, por otro lado, en Colombia y Brasil esta cifra es cercana al 20 %; finalmente está Chile, en donde la cifra llegó solo al 7 %.

En línea con lo anterior, también existen diferencias notorias en las cifras en hogares con hacinamientos no mitigables. En 2017, 32 % de los niños y las niñas que vivían en zonas rurales en Bolivia y Perú, y 17 % en México, se encontraban en hogares con hacinamiento no mitigable, lo cual contrasta con las cifras registradas por Colombia, Brasil y Chile, cuyos casos no llegaban al 7 %.

Con el fin de revisar si la distribución de la población según su situación de hacinamiento depende de la cantidad de recursos económicos con los que cuentan las familias, se realizó un análisis de asociación entre el porcentaje de niños y niñas, según su condición de hacinamiento, y su estrato socioeconómico.

Al respecto, se obtuvo que, en 2017, sí existían diferencias en el porcentaje de hacinamiento dependiendo del estrato y que, entre más alto este, mayor el porcentaje de población infantil que no vivía en situación de hacinamiento. Se destaca el caso de Chile, en donde, indiferentemente del estrato, el porcentaje de niños y niñas que no vivían en situación de hacinamiento fue superior al 90 %.

Del mismo modo se subrayan los casos de Bolivia, México y Perú, los cuales registraron en 2017 la mayor concentración de población infantil tanto en situación de hacinamiento mitigable como no mitigable. En Bolivia, por ejemplo, en el estrato 1 el hacinamiento no mitigable alcanzó un 34 % entre la población infantil.

Déficit de acceso a servicios públicos

En materia de servicios públicos, la información de las encuestas de hogares de los países analizados en 2017 indicó que la cobertura en energía eléctrica en Argentina, Colombia, Brasil, México y Chile era prácticamente universal, mientas que en Perú y Bolivia estaba cerca de serlo (con un 95 % y un 93 % de cubrimiento, respectivamente).

En cuanto al servicio de acueducto, la cobertura era más baja que en energía eléctrica, aunque en Chile y México abarcaba a más del 90 % de la población. Para los casos de Colombia, Argentina, Perú y Brasil, la cobertura se encontraba entre el 85 % y el 89 %, mientras que para Bolivia solamente llegó al 70%, cifra considerablemente inferior frente al resto de países analizados.

En relación con el servicio de alcantarillado o de cloacas, en 2017 la cobertura fue la más baja entre los servicios públicos básicos analizados. Concretamente, la cobertura más alta la registró Chile (87 %), seguido de Colombia (76 %), México (76 %) y Perú (70 %). En Argentina, Brasil y Bolivia, la cobertura en alcantarillado se registró por debajo del 70 %, destacando nuevamente el caso de Bolivia, en donde la cobertura fue de 44 %, lo que indicó que más de la mitad de la población en este país no contaba con este servicio.

En el caso específico de la población infantil, el porcentaje de acceso a servicios públicos domiciliarios tiene un comportamiento similar al registrado por el total de la población. En todos los países analizados, el porcentaje de acceso a energía eléctrica en 2017 fue superior al 93 %, incluso en Argentina; particularmente, en Colombia, Brasil, Chile y México el acceso fue del 99 % o del 100 %.

En relación al acceso al servicio de acueducto, existen algunas diferencias entre países: mientras que Brasil, Chile, México, Colombia y Argentina alcanzaron una cobertura en niños y niñas de más del 86 % en 2017, en Perú y Bolivia dicha cobertura alcanzó solo el 82 % y 83 %, respectivamente.

Quizás el servicio público que registró la mayor diferencia entre países en 2017 fue el de alcantarillado, porque mientras que Chile registró una cobertura en niños y niñas del 87 %, en Bolivia y Perú se registraron coberturas de 38 % y 59 %, respectivamente.

Desagregando entre población infantil en zonas urbanas y zonas rurales, se pueden observar marcadas diferencias en los accesos a servicios públicos como acueducto y alcantarillado, siendo menor la cobertura en zonas rurales. Concretamente, en 2017 el acceso de niños y niñas al servicio de acueducto en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú en la zona rural estuvo por debajo entre 15 y 58 pp frente a quienes viven en zonas urbanas. En Brasil y Bolivia se registró la mayor diferencia entre lo rural y lo urbano (con 58 pp y 53 pp, respectivamente, de diferencia), mientras que México registró la menor diferencia (15 pp).

La brecha es aún más grande cuando se analiza el servicio de alcantarillado. De acuerdo con las encuestas de hogares, existe una diferencia de más de 50 pp entre la población infantil que habita en zonas rurales frente a las zonas urbanas en Chile, Colombia, Brasil, Perú y México, a favor de las zonas urbanas, lo que pone en evidencia una alta desigualdad en el acceso a este servicio público.

Respecto al servicio de energía eléctrica, la situación es mucho más pareja, y salvo el caso de Perú y Bolivia, en donde aún persiste un alto contraste entre zonas urbanas y rurales, las diferencias en los demás países no superan los 5 pp.

Ahora bien, respecto a si el acceso a servicios públicos varía dependiendo del estrato socioeconómico, los resultados indican que el servicio de energía eléctrica no registra diferencias considerables entre los estratos socioeconómicos en cada país; sin embargo, en lo que refiere a acueducto y alcantarillado sí existen variaciones significativas entre estratos, siendo los más bajos (1 y 2) los que registran las coberturas más precarias en cada uno de los países analizados (tabla 6).

Discusión y conclusiones

En línea con la situación a nivel mundial, los países analizados muestran una tendencia al envejecimiento. En consecuencia, la participación de los niños y las niñas entre 0 y 17 años de edad en el total de la población, indiferentemente del grupo de edad al que pertenecen, fue menor en 2017 que en años anteriores. Concretamente, en ese año Bolivia registró un mayor porcentaje de población infantil en relación al total que países como México, Perú, Colombia, Brasil y Chile. Por otra parte, la mayor concentración de esta población se encontró en las zonas urbanas de los países analizados, si bien en Bolivia y México el porcentaje de niños y niñas en zonas rurales superaba el 25 %.

Una de las conjeturas a las que se arriba en este estudio es que un mayor nivel de urbanización de los países se relaciona con mejores condiciones de habitabilidad para su población infantil en términos de menor hacinamiento y mayores accesos a agua y alcantarillado.

Así, los países de mayor urbanización muestran menores índices de hacinamiento tanto en el área urbana como rural y, en nuestro estudio, los que más progresaron en la merma del hacinamiento no mitigable (más de cinco personas por cuarto) fueron Perú, Bolivia y México (-35 pp, -14 pp y 6 pp, respectivamente). Se constata que la mayor merma se dio en el contexto de la ruralidad y que las brechas de desigualdad alcanzaron los 10 pp en estos países, siendo regresivas para los niños y las niñas rurales.

El hacinamiento no mitigable es el tipo de hacinamiento que está más fuertemente relacionado con el estrato socioeconómico del hogar, y presenta en cada país brechas de desigualdad elevadas: Bolivia (26 pp), Perú (19 pp), Argentina (12 pp), México (8,5 pp), y Colombia (5 pp), si bien Bolivia y Perú siguen encabezando el ranking, con independencia del estrato social.

Aunque puede notarse que las infancias urbanas tienen acceso casi pleno a la electricidad, este tema sigue siendo una deuda relevante en el contexto de la ruralidad, especialmente en Perú y Bolivia (con 23 % y 21 % de cobertura, respectivamente).

El déficit de acceso al agua segura todavía afecta a la población infantil de Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, México y Chile (18 %, 17 %, 14 %, 13 %, 9 % y 6 %, respectivamente); no obstante, son las infancias rurales las que registran índices de privación de 68 % en Bolivia, 66 % en Brasil, 46 % en Chile, 40 % en Colombia y 37 % en Perú.

Mientras la cobertura de los servicios es menor, el estrato socioeconómico del hogar tiene una relación más fuerte con el acceso a ellos, y las brechas entre lo urbano y lo rural se profundizan, lo cual se advierte con claridad en el acceso a la red de cloacas (alcantarillado). Por ejemplo, la infancia boliviana en un 62 % no accede al alcantarillado en su vivienda, pero el 94 % de esta población está en contextos de ruralidad y el 80 % pertenece al estrato social más bajo. Por otra parte, en un país preponderantemente urbano como Argentina, 40 % de la infancia carece de este servicio, con un 52 % en el estrato social más bajo.

Por otra parte, países de mayor urbanización muestran mejor acceso a servicios en áreas urbanas, pero menor progreso en las áreas rurales. Por ejemplo, Chile, el país con mayor urbanización después de Argentina (97,2 %), muestra menor acceso a alcantarillado en áreas rurales que México, el segundo país menos urbanizado.

Ante estas estadísticas, y los fenómenos de desigualdad que evidencian, cabe preguntarse: ¿qué significan estas brechas en el contexto latinoamericano?

En principio, el análisis realizado permite conjeturar efectos directos e indirectos en el desarrollo humano de las infancias de la región. Por un lado, un efecto directo es que la falta de acceso a electricidad dificulta la provisión efectiva de servicios de salud y educación, lo cual puede llegar a componerse, en muchos casos, con falencias en la correcta nutrición de niños y niñas, ya que los servicios de nutrición en la primera infancia son usualmente mediados por el servicio de salud de primer nivel, e incluso, los programas de transferencias condicionadas y el desayuno escolar están vinculados a la asistencia escolar del niño o la niña.

Asimismo, y por otro lado, el menor acceso a recursos como el agua y la electricidad se traduce en un mayor tiempo que destina el hogar a labores de reproducción de lo doméstico. No tener agua por cañería significa que la familia tiene que designar una persona para recolectar agua, que en muchos casos es un niño o una niña; además, la falta de energía eléctrica significa que los hogares deben preocuparse por la obtención de combustible, tareas que también pueden recaer generalmente sobre la niñez (Caro-Molina, 2018).

En otro orden, los problemas de saneamiento implican una mayor exposición a enfermedades infecciosas, considerando que enfermedades como el dengue y el cólera han estado comúnmente presentes a lo largo y ancho de América Central y América del Sur, y más aún, han estado en constante aumento a nivel regional desde la década de los sesenta (Brandling-Bennett y Penheiro, 1996; San Martín et al., 2010). De manera más reciente, el virus zika ha cobrado mayor notoriedad desde la epidemia en Brasil del año 2015 (Colón-Gonzales et al., 2017). Esta infección es especialmente peligrosa para la niñez, pues puede afectar el sistema nervioso y el desarrollo físico de los neonatos (Oehler et al., 2014). Por ende, la falta de acceso a fuentes de agua segura y sistemas de saneamiento implican una sobre-exposición de la población infantil, principalmente en áreas tropicales.

El problema de acceso a agua puede estar en sí relacionado a una menor disposición del recurso debido a eventos climáticos. Si bien los efectos climáticos tienen consecuencias menos frecuentes a nivel general en el continente, existen regiones que son principalmente afectadas y presentan riesgo de degradación de suelos. Los asentamientos rurales cerca de los valles andinos, la zona central de Chile, las poblaciones al noreste de Argentina y el sur de Paraguay y Brasil, han experimentado en los últimos años una caída en su población relacionada al deterioro de la tierra (Barbier y Hochard, 2016); más aún, la extensión de las áreas afectadas por eventos climáticos y la intensidad de estos han aumentado en el tiempo (Erfanian et al., 2017). En el caso boliviano y peruano, estas poblaciones coinciden con aquellas que tienen mayor incidencia de pobreza, lo cual conlleva peores condiciones de hábitat (CEDLAS y Banco Mundial, 2020). Si bien no tenemos conocimiento de evidencia estadística en América Latina, la información proveniente de otros países en vías de desarrollo permite tener una idea de cómo peores episodios de sequía pueden afectar a la niñez. Principalmente, se pone en juego la seguridad alimentaria, la calidad de la nutrición de niños y niñas y por tanto su desarrollo físico (Bahru et al., 2019; Cooper et al., 2019), encontrándose que la población infantil que sufre carencias debidas a condiciones de sequía o inundación durante sus dos primeros años de vida resulta siendo la más afectada (Hoddinott y Kinsey, 2001; Hyland y Russ, 2019; Kumar et al., 2016).

Los países de la región, en mayor o menor manera, se encuentran en un proceso de transición demográfica en el que las juventudes rurales tienden a poblar las periferias urbanas. En el largo plazo, todas estas exigencias adicionales pueden traducirse en un menor desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que reduzca las opciones de cursos de vida y oportunidades de jóvenes rurales en comparación a pares criados en las ciudades.

Las anteriores condiciones exploradas se componen con otras problemáticas presentes en el contexto rural en Latinoamérica, como, por ejemplo, el hecho de que los hogares que derivan sus principales ingresos de actividades agrícolas están más expuestos a riesgos climáticos. Así, una mala cosecha o una baja de precios pueden llevar a postergar mejoras de la vivienda, o a vender bienes duraderos necesarios para viabilizar un mejor desarrollo de los niños y las niñas.

También está el problema de la ausencia de derechos claros sobre los recursos naturales y la debilidad de los Estados para viabilizar las acciones colectivas necesarias para una explotación sostenible. Las brechas en el acceso a agua segura y a condiciones de saneamiento adecuadas pueden estar relacionadas a conflictos sobre el control de tierras y recursos hídricos, los cuales ponen en riesgo la propiedad sobre la vivienda y la consecuente falta de planificación urbana, afectando no solo a poblaciones en el área rural, sino también a las periferias urbanas. La falta de control sobre el uso de fuentes de agua dulce puede además tener consecuencias sobre la calidad del agua consumida. Aunado a ello, la distancia, la conectividad y la geografía de la región muchas veces hacen particularmente costoso el lograr extender las redes de servicios de electricidad y agua.

Por último, cabe señalar que, desde la política pública de aseguramiento de los derechos de la niñez, las condiciones objetivas del hábitat no lucen prioritarias, y no se advierte la heterogeneidad en la que viven diferentes grupos de niños y niñas y el riesgo que corren de sufrir privaciones que afecten su bienestar (Casas y Frønes, 2020; Ceballos, 2018; Lekobane y Roelen, 2020). Al respecto, Londoño (2008), en un trabajo de campo cualitativo con población infantil entre 6 y 8 años de edad en Bogotá (Colombia), encontró que la vivienda constituye una de las “preocupaciones” infantiles vinculada con las categorías conceptuales de privacidad e intimidad, y con la posibilidad de llevar una vida en familia.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación

¹ Para Argentina la encuesta de hogares no incluye la población rural.

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: anao@javerianacali.edu.co

Información adicional

Cómo citar este artículo: Tuñon, I., Aguado Quintero, L. F., Vera Cossío, H., y Osorio Mejía, A. M. (2022). Hábitat e infancias, derechos pendientes e inequidades en Latinoamérica. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 15. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu15.hidp

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