El sueño de la casa propia: entre la ilusión neoliberal y la resistencia colectiva*

The Dream of One’s Own House: Between the Neoliberal Illusion and Collective Resistance

O sonho da casa própria: entre a ilusão neoliberal e a resistência coletiva

Carolina Quinteros Urquieta, Rodrigo Marcelo Cortés Mancilla

El sueño de la casa propia: entre la ilusión neoliberal y la resistencia colectiva*

Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, vol. 15, 2022

Pontificia Universidad Javeriana

Carolina Quinteros Urquieta a

Universidad Andrés Bello, Chile


Rodrigo Marcelo Cortés Mancilla

Universidad Alberto Hurtado, Chile


Recibido: 07 abril 2020

Aceptado: 19 marzo 2021

Publicado: 15 agosto 2022

Resumen: El problema de acceso a la vivienda en Chile no es un fenómeno nuevo. Si bien la implementación del sistema de subsidio habitacional por parte del Estado, bajo un modelo neoliberal, logró disminuir el déficit habitacional, estas cifras se han revertido y uno de sus efectos ha sido el aumento de tomas de terreno y campamentos. Ejemplo de esto es la ciudad de Viña del Mar, que tiene los dos campamentos más grandes del país y con más familias en estos espacios. A partir del trabajo en co-labor con las y los dirigentes del campamento Felipe Camiroaga, se realiza un análisis del proceso de articulación, así como de las prácticas y trayectoria de sus habitantes en relación a la política habitacional neoliberal chilena y su idea-eslogan del “sueño de la casa propia”. De lo anterior se desprenden los resultados, expresados en estrategias de sus pobladores y pobladoras para resistir a la exigencia neoliberal de lo individual, a través del trabajo colectivo en momentos de la historia del campamento.

Palabras clave:neoliberalismo, asentamiento informal, campamento, casa propia, Chile.

Abstract: The problem of access to housing in Chile is not a new phenomenon. Although the implementation of the housing subsidy system by the State, under a neoliberal model, managed to reduce the housing deficit, these figures have been reversed and one of its effects has been the increase in land seizures and encampments. An example of this is the city of Viña del Mar, which has the two largest camps in the country and with more families in these spaces. From the work in collaboration with the leaders of the Felipe Camiroaga camp, an analysis of the articulation process is carried out, as well as the practices and trajectory of its inhabitants in relation to the Chilean neoliberal housing policy and its idea-slogan. of the "dream of own house". From the above, the results emerge, expressed in strategies of its inhabitants to resist the neoliberal demand of the individual, through collective work at times in the history of the camp.

Keywords: neoliberalism, informal settlement, camp, own house, Chile.

Resumo: O problema de acesso à moradia no Chile não é um fenómeno novo. Embora a implantação do regime de subsidio habitacional pelo Estado, sob um modelo neoliberal, tenha conseguido diminuir o déficit habitacional, esses números foram revertidos e um dos seus efeitos é o aumento das apropriações de terras e favelas. Um exemplo disso é a cidade de Viña del Mar, que possui as duas maiores favelas do país e com mais famílias nesses espaços. A partir do trabalho em co-labor com as e os dirigentes da favela Felipe Camiroaga, realiza-se uma análise do processo de articulação, bem como as práticas e trajetória de seus habitantes em relação à política habitacional neoliberal chilena e sua ideia-slogan do “sonho da casa própria”. Do exposto, emergem os resultados, expressos em estratégias de seus moradores e moradoras para resistir à demanda neoliberal do individual, através do trabalho coletivo em momentos da história da favela.

Palavras-chave: neoliberalismo, assentamento informal, favela, casa própria, Chile.

Introducción

El estado actual de precariedad y desigualdad socio-urbana en Chile tiene su origen en la política urbano-habitacional neoliberal instalada por la dictadura cívico-militar, que se ha sostenido e incluso profundizado como un tipo de gubernamentalidad (Dardot y Laval, 2010; Foucault, 1989), tanto política como de mercado y de subjetivación de las personas. La política neoliberal en la dictadura se enfocó en la disminución de los déficits y en la inclusión del mercado, tercerizando sus prestaciones, con una reducción de derechos al mínimo, enfatizando una política monetaria y un ajuste fiscal para favorecer el flujo del capital financiero (De Paula Faleiros, 2004) e impulsando políticas subsidiarias focalizadas en la población pauperizada.

En los noventa, ya en democracia, la política de vivienda se amplió al déficit cualitativo, pero entró en crisis por la calidad de las viviendas construidas por los privados, el endeudamiento y la crítica de los sectores populares (Ducci, 1997, 2000). El Estado pasó de planificar, organizar, diseñar y asignar subsidios a ejercer solamente la última tarea, dejando lo demás en manos del mercado, mediante entidades patrocinantes (Imilan, 2016). Lo anterior implicó una agudización neoliberal, que facilitó la acción privada, así como la especulación del valor del suelo de las áreas urbanas, y que fue desplazando a los y las más pobres hacia la periferia en condiciones de precariedad urbana, configurando nuevas voluntades colectivas de lucha.

En los últimos veinte años, la precarización de las periferias se ha agudizado, principalmente por la densificación de los centros urbanos. Caso emblemático es la ciudad de Viña del Mar, ubicada en la región de Valparaíso (Chile), la cual, junto con la masiva construcción de edificios de departamentos en el plan de la ciudad, usados principalmente como segunda vivienda, cuenta con la mayor cantidad de campamentos y tomas de terreno del país.

El objetivo de este artículo es dar cuenta de los efectos materiales y subjetivos del modelo neoliberal en el proceso de configuración del campamento Felipe Camiroaga, de la comuna de Viña del Mar, profundizando en las prácticas y relaciones de sus habitantes.

La metodología de trabajo nace desde la creación colectiva del Núcleo de Investigación e Intervención con Territorio y Comunidades de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, en el cual participan organizaciones de distintas tomas de terreno de la comuna de Viña del Mar. El objetivo del Núcleo es proponer acciones de investigación e intervención situadas, desde claves históricas, económicas y sociales, en la trayectoria de las políticas y resistencias colectivas emergentes, que permitan comprender contemporáneamente el habitar urbano. A partir de una estrategia metodológica de trabajo en co-labor (Rivera Cusicanqui, 2010) y descolonizada (Castro-Gómez, 2007; Dussel, 2014) en conjunto con pobladores y pobladoras de la toma, se realizaron durante los años 2017 al 2019 diversas investigaciones e intervenciones sociales que implicaron comprender su proceso. Para ello se desarrollaron entrevistas en profundidad, trabajo etnográfico, cuadernos de campo y mapeos de actores, con permanentes devoluciones a pobladores y pobladoras.

Este ejercicio también permitió consolidar un proceso de transformación de la situación sociopolítica y de resistencias del campamento a las políticas neoliberales, a través del co-diseño de proyectos de radicación, y de la objetivación de información y de prácticas colectivas y organizacionales.

La vivienda, el Estado y el momento fundacional del neoliberalismo en Chile

El problema de acceso a la vivienda en Chile, así como en Latinoamérica, no es un fenómeno nuevo. Las respuestas del Estado chileno se pueden plantear en tres etapas marcadas: la primera de ellas desde 1906 a 1957, con la intervención estatal a través de decretos y leyes; la segunda etapa estaría marcada por la institucionalidad, desde 1958 a 1973, con la creación de las primeras políticas habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cuando además aparecieron ocupaciones fuera del dominio estatal, que el mismo Estado buscó resolver con programas cooperativos; la tercera etapa, finalmente, de 1973 a la fecha, constituye el momento donde se implementaron políticas de carácter neoliberal.

En la primera etapa, los procesos de industrialización surgidos a fines del siglo XIX promovieron la masiva llegada de personas desde zonas agrícolas a zonas urbanizadas, manifestándose problemas de habitabilidad. En general, estas nuevas poblaciones se asentaron en ranchos, conventillos y/o cités en condiciones de hacinamiento y precariedad, como lo fue en el caso de las ciudades de Santiago y Valparaíso. En respuesta a lo anterior, en 1906 surgió la primera respuesta estatal a través de la Ley 1.838 de cuartos redondos (Urbina, 2002), que buscaba mejorar las condiciones sanitarias de los cuartos en arriendo, principalmente los conventillos.

Para el año 1925, en las grandes ciudades de Chile las poblaciones pobres accedían a la vivienda a través del arrendamiento, modelo que entró en crisis ese mismo año como producto de un alza desmedida en los aranceles por parte de los dueños, generándose una huelga que llevaría a la promulgación de una serie de leyes que protegieran a los arrendatarios y que fomentaran el acceso a la vivienda, como el Decreto Ley 308 de 1925, la Ley 5.959 de 1936, la Ley 6.172 de 1937, el D.F.L. 2 de 1958, y a la creación de la Caja de Habitación en la Corporación de la Vivienda y posteriormente del Minvu, que impulsaron la construcción de la vivienda obrera (Sepúlveda, 1998).

Es en este periodo, parte de la segunda etapa, cuando las tomas de terreno, además de buscar una solución al problema habitacional, son entendidas como un movimiento social. El gobierno de Salvador Allende afrontó el problema de la vivienda desde la implementación de programas de radicación de asentamientos irregulares y construcción de nuevos conjuntos en la década de los sesenta (Siclari, 2012), radicalizando su postura al declarar la vivienda como un derecho irrenunciable que debía ser proporcionado por el Estado. Así, las tomas se transformaron en arma de lucha política y de reivindicación habitacional, algo que se vería interrumpido el año 1973 con el golpe de Estado.

Con la dictadura cívico militar empieza el tercer periodo, que se extiende hasta hoy, y durante el cual se impusieron profundas reformas económicas, sociales y culturales, identificadas como neoliberales, que marcaron las décadas siguientes (Cunill, 2009; Harvey, 2007; Moulian, 2002). Una de las principales reestructuraciones que se dieron fue el cambio de las relaciones entre propietarios, privados y el Estado (Moulian, 2009; Sager, 2011).

La política de desarrollo urbano de la dictadura resolvió desde 1979 liberar de toda restricción a la oferta de suelo urbano mediante la eliminación de límites, impuestos y otras disposiciones que afectaban el funcionamiento del mercado (Sabatini, 2000). Así, aquel se consignó como un bien o recurso cuya transacción dependería de las fuerzas del mercado, de modo que operara la libre competencia y la iniciativa privada (Daher, 1991; Trivelli, 1990). Uno de los acontecimientos sociopolíticos que marcó este periodo se configuró en 1983, cuando se establecieron dos principios fundamentales de las políticas neoliberales chilenas: subsidiaridad y focalización.

La subsidiaridad (Alvarado y Galaz, 2015) implicó que las sociedades intermedias (empresas) tuvieran un protagonismo y una práctica desregulada por el Estado, por lo que este había de estar a su servicio y no al revés. La focalización (Pizarro et al., 1995), por su parte, tiene como base la concentración y denominación de gasto en los sectores pobres bajo ciertas condiciones, encauzando los recursos disponibles en una población de beneficiarios potenciales, claramente identificada, para luego diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender un determinado problema o necesidad insatisfecha, teniendo en cuenta las características de dicha población, a fin de elevar el impacto o beneficio potencial per cápita. Esto implicaba para el modelo optimizar el diseño del programa, incrementar su eficacia y su impacto, de modo que operara un necesario mecanismo de exclusión de aquellos que no necesitaban estar incluidos en el mismo.

Estos principios configuraron el hecho de que la vivienda dejara de ser un derecho y se transformara en un bien de consumo. Para su implementación, el beneficiario se transformó en objeto de la política, siendo significado de acuerdo con clasificaciones específicas (Chaterjee et al., 2011; Foucault, 2008) que configuraron a un individuo subjetivado bajo el eslogan de tener “el sueño de la casa propia”, definido por un subsidio habitacional del Estado.

Así, las familias en condición de pobreza podrían pasar a ser propietarios al acceder a un bien raíz mediante la adjudicación de un subsidio habitacional que implicaba un ahorro o copago. Para lograrlo, debían acreditar su nivel de pobreza, a través de la llamada Ficha CAS1, y estar preparados para “ayudarse a sí mismos”, demostrándolo a través de la capacidad de ahorro que contribuyera al costo de la futura vivienda (Gilbert, 2003), estableciendo entonces un nuevo pacto entre propietarios, privados y el Estado (Sager, 2011). De este modo se estableció que la construcción de las viviendas tampoco era responsabilidad directa del Estado, que solo asumía el rol de fiscalizador y garantista de la rentabilidad esperada por las empresas constructoras, las cuales accedían vía licitaciones de proyectos. Consecuentemente, se reforzó la idea de que la vivienda es un bien que se adquiere con esfuerzo y ahorro, acción en la cual la familia y el Estado comparten responsabilidades (Casgrain, 2010).

A inicios de 1990, con el fin de la dictadura y el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, la localización de la vivienda social en áreas de menor plusvalía y valor de la ciudad constituía ya un fenómeno visible, profundizando la lógica neoliberal.

Con la doctrina neoliberal (Harvey, 2007) se desarrollaron nuevos sectores de actividad económica, aprovechando las oportunidades que el Estado favoreció para comprar barato y vender caro. El Estado chileno redefinió su posición, centrándose en crear un marco institucional que debía garantizar sin fisuras el libre mercado y el comercio, siendo una de las principales actividades económicas el uso de suelo urbano y la aplicación de la lógica inmobiliaria en las principales ciudades en Chile, lo que generó transformaciones socio-espaciales profundas.

La implementación de la política urbana, y particularmente del subsidio habitacional, implicó, junto con los procesos de radicación y erradicación de poblaciones, dibujar una nueva geografía urbana segmentada y de clase, de modo que los sectores más pobres fueron concentrados en viviendas sociales construidas en las periferias (Hidalgo, 2005). Estos conjuntos de viviendas se caracterizaron no solo por su uniformidad, monotonía y baja calidad, sino también por la concentración de precariedades y la estigmatización territorial (Ducci, 2009; Imilan, 2016), a pesar de la formalidad entregada por el Estado. Sumado a lo anterior, otros grupos de familias se tomaron terrenos privados y públicos para configurar espacios informales, sin servicios, sin conectividad, ni urbanización. Es así como en la década de 1990 se consolidaron ciudades segregadas, fragmentadas y dispersas (De Mattos, 2002; Sabatini, 2000).

Para aumentar la cobertura de las soluciones habitacionales, el Estado chileno incluyó nuevos subsidios para viviendas, dirigidos a grupos socioeconómicos vulnerables sin capacidad de pago de un crédito hipotecario; a pesar de lo anterior, no se disminuyó el déficit habitacional. Lo anterior, junto con la anunciada escasez de suelo en las zonas centrales del país, no desalentó la expansión habitacional de la zona urbana central del país, ni tampoco contrajo los precios de las nuevas viviendas, al menos desde 1995 en adelante (Salazar y Cox, 2014).

El neoliberalismo, promovido por agentes y aparatos de Estado, configuró un conjunto de acciones institucionales dependientes del gobierno de turno. Por ello, el aspecto espacial en la producción política de viviendas sociales ha sido condicionado por las relaciones de poder que decantan en un producto final, a partir de la focalización de ciudadanos precarizados en un programa social neoliberal, que reviste al Estado con un rostro humano (Oxhorn, 1999), lo cual implica la utilización de mecanismos benevolentes de control social como parte de los dispositivos de estabilidad del modelo (Foucault, 2008). Esto ha significado, por una parte, el reconocimiento de un grupo focalizado de población hacia el que se dirige benéficamente cierta cantidad de recursos, y por otra, la organización de políticas residenciales sobre la propiedad, particularmente de la vivienda social.

Esta política fue tan exitosa, cuantitativamente, que la producción de vivienda durante la década de 1990 alcanzó su mayor nivel en la historia del país. Así, en los años 1995 y 1996 se lograron máximos históricos (cerca de 90 mil unidades anuales), lo que dio como resultado que entre 1990 y 2009 se redujera del 30 % al 7 % el déficit habitacional (Minvu, 2019).

Pese al aumento en la producción de viviendas, la generalización de las políticas neoliberales en Chile provocó la agudización de las desigualdades y la segregación en la estructura socio-espacial de las ciudades, lo que se vio reflejado en la aparición de 657 tomas de terrenos . campamentos en 2011, cifra que pasó a 802 en 2019 a nivel nacional, equivalente a 47.050 hogares2 (Minvu, 2019).

Tomas de terrenos, campamentos y resistencias: aproximación conceptual

Las tomas y los campamentos a nivel latinoamericano, de acuerdo con la Cepal, están clasificados como un tipo de informalidad urbana con dos dimensiones: una dominial y otra de urbanización. El primer ámbito considera que son ocupaciones de tierra pública o privada a través del mercado informal del suelo o de vivienda, diferenciando los asentamientos o tomas que se consideran organizadas, con apoyo técnico y asesoramiento de ONG y trazado regular de terreno, de las “villas”, callampas y favelas que generalmente no poseen organización previa, y que comienzan por la ocupación de una o varias familias, a las cuales se van agregando otras a lo largo del tiempo. La segunda dimensión, sobre la urbanización, considera que las ocupaciones se realizan en tierras sin las condiciones urbano-ambientales para tener un uso residencial, sin infraestructura, con dificultosa accesibilidad a transporte público, centros de salud, educacionales y laborales, y con viviendas que se encuentran fuera de la norma (Clichevsky, 2000).

En Chile, durante la década de 1950, a estos asentamientos se les llamó “poblaciones callampas”, porque “surgían como hongos” (Urrutia, 1972), de la noche a la mañana, definiéndose como conjuntos de viviendas construidas en terrenos de propiedad fiscal, municipal o particular, caracterizadas por no someterse a reglas de saneamiento, urbanización, topografía, ni por respetar normas de ninguna especie (Sepúlveda, 1998).

Durante los primeros años de la década de los setenta, el término cambiaría a “toma de terreno”, lo que se consideró como un movimiento social inicial para la formación de un campamento, constituyendo así una acción política (Sepúlveda, 1998), como forma de organización social y territorial resultante de los asentamientos espontáneos (Santa María, 1973). Así, el gesto inicial de la toma deviene un gesto reivindicativo y de ciudadanía para sus pobladores, quienes dejan de estar separados del sistema institucional, marcando de este modo la entrada de los grupos marginales en el mundo de la negociación institucional (Dubet et al., 2016).

Hoy, el Estado chileno, ante la proliferación de las tomas de terreno, cuenta con una definición operacional e instrumental que permite la gestión de estas (ex post de la toma), como objeto de intervención de las políticas de Estado. Las mismas se definen como “asentamientos precarios de ocho o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado), y cuyas viviendas conforman una unidad socio territorial definida” (Minvu, 2019). Sin embargo, esta definición cuenta con una limitante desde el punto de vista del número de unidades de vivienda, ya que en ciudades como Valparaíso proliferan tomas de terreno con menos de ocho viviendas, que quedan fuera de los catastros realizados por el Estado para el saneamiento de este tipo de asentamientos.

Podemos comprender las tomas de terreno como una expresión o producto de las demandas por una vivienda digna al Estado, pero por sobre todo como una práctica de resistencia ante la larga espera de soluciones a un derecho fundamental, así también como una respuesta a la mala calidad de las viviendas entregadas vía subsidios, sobre todo por la construcción de conjuntos habitacionales de alta densidad y altura, y mínimo metraje, sin equipamientos, alejados de los servicios sociales y ubicados en las periferias o en zonas alejadas de los centros urbanos.

Estas prácticas de resistencia son coextensivas al poder que enmarca el régimen neoliberal. La resistencia no es la imagen invertida del poder, pero es, como el poder, “tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como el poder se organice, se coagule y se cimiente. Que vaya de abajo hacia arriba, como él, y se distribuya estratégicamente” (Foucault, 1994, p.162). En el momento mismo en que la articulación para la toma acontece, se da cuenta de una relación de poder donde existe por tanto la posibilidad de la resistencia.

Los pobladores y las pobladoras de las tomas o campamentos dan cuenta de que no están atrapados por el poder, sino que estas prácticas modifican su dominio en condiciones determinadas y según una estrategia precisa. Puede verse que constituyen un proceso de creación y de transformación, lo que profundizaremos en el siguiente apartado.

Toma Felipe Camiroaga: prácticas de resistencia como respuesta al modelo de política de vivienda neoliberal

La región de Valparaíso concentra 22,56 % de las tomas (181 campamentos y 11.228 familias), conteniendo el mayor número de asentamientos informales a nivel nacional. De acuerdo con los datos producidos por el Catastro Nacional de Campamentos, estos se ubican principalmente en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, y el 90,6 % se sitúa en zonas urbanas (Minvu, 2019).

Uno de los factores que configuraron el aumento de las tomas de terreno en Viña del Mar fue el crecimiento del negocio inmobiliario, que durante la segunda parte de la década de los noventa fue un 18 % mayor en relación con el resto del país (Arellano, 2005), con viviendas que en su mayoría constituían segundas viviendas para el 10 % de familias más ricas del país. Esto generó un alza en el costo del suelo disponible para la construcción, lo que conllevó una disminución en el desarrollo de proyectos habitacionales sociales a través de los programas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu)3, ya que, por el aumento en el valor del suelo, producto de la especulación inmobiliaria, el desarrollo de estos programas fue y es aún inviable cerca del centro urbano.

Para el año 2002, vivían en esta región cerca de 4000 familias en tomas de terreno, en condiciones precarias y sin servicios básicos, la mayoría configuradas en la década de los noventa. Estas tomas se organizaron legalmente a través de comités de viviendas, llegando a existir noventa organizaciones de este tipo (Arellano, 2005), asentadas en la periferia de la ciudad, o en áreas intermedias del crecimiento urbano, rodeadas de áreas urbanizadas y con las complejidades que implica la geografía territorial local (cerros, quebradas, bosques, entre otros). Para el año 2016, en Viña del Mar se localizaban los dos campamentos más grandes de Chile: Manuel Bustos, con 862 familias, y el campamento Felipe Camiroaga, con 740 familias (Techo-Chile, 2016).

El campamento Felipe Camiroaga, ubicado en el sector alto de Forestal, Viña del Mar (figura 1), toma protagonismo en este artículo debido al vínculo con el Núcleo de Territorialidades y Comunidades, pero sobre todo por su aparición mediática en la escena sociopolítica local de la comuna de Viña del Mar. Las primeras familias llegaron en agosto de 2011, y actualmente el campamento se compone de 950 familias4, agrupadas en once organizaciones comunitarias o comités de vivienda. Respecto a la propiedad de los terrenos ocupados por estas familias, el 30 % de la superficie corresponde a terrenos municipales, mientras que el 70 % restante es propiedad de una sucesión familiar privada (figura 2).

Campamento Felipe Camiroaga, en rosa
Figura 1
Campamento Felipe Camiroaga, en rosa


Campamento Felipe Camiroaga, en amarillo área municipal, en celeste lote privado
Figura 2.
Campamento Felipe Camiroaga, en amarillo área municipal, en celeste lote privado


Fuente: Elaboración propia basada en fotografías aéreas. Taller de Arquitectura 2017, UNAB.

La conformación del campamento, de acuerdo con sus pobladores y pobladoras, puede articularse en cuatro momentos: primero se encuentran los detonantes, tanto de orden social como de orden mítico (Torreblanca, 2013); un segundo momento lo constituye el proceso colonizador del territorio en toma; el tercer momento viene dado por la autogestión para el reconocimiento de las demandas básicas del campamento; finalmente, aparecen las estrategias de resistencia y la reivindicación de sus demandas (Jorquera et al., 2018).

Primer momento: los detonantes

Durante años, las familias del campamento esperaron una respuesta desde el Estado a través de programas habitacionales, postulándose individualmente, como establecía la norma, ilusionadas, durante una década, con ese “sueño de la casa propia”, y encontrándose con otras, finalmente doce familias llegaron a tomarse en el año 2010 los terrenos de la sección del cerro Forestal de Viña del Mar, toma que a la semana fue fundada como el campamento Felipe Camiroaga, acto con el cual iniciaron ese actuar colectivo que se enfrentaba al modelo de la responsabilidad individual (Wacquant, 2011).

Estas familias, ante la precarización de la vida y la nula respuesta estatal, pusieron en tensión el modelo de la desregulación, mediante un actuar colectivo frente al nuevo Leviatán que se mostraba ferozmente intervencionista, autoritario y costoso, por lo que la toma aparece en este contexto como una práctica de colectivización, solidaridad y democracia deliberativa directa y desde abajo para organizar el poblamiento del territorio.

Con este acto se dio lugar a un tropos de resistencia colectivo, configurado frente al postulado individualista del neoliberalismo, y que conllevó al advenimiento de un “gobierno chileno pequeño”, es decir un gobierno delgado y ágil, que “invertía” sobre la idea de esfuerzos individuales por el trabajo, la vivienda y la participación cívica a través de organizaciones legitimadas vía Ley 20.5005, apuntando a la autosuficiencia, el compromiso con el trabajo asalariado y el gerencialismo.

Para el caso del campamento Felipe Camiroaga, los detonantes específicos para la colectivización fueron tanto de orden social, relacionados con el allegamiento, el hacinamiento, la sustitución de gastos, y el desgaste por la espera de una solución habitacional, como de orden mítico, en tanto creencia colectiva sobre la idea del proyecto inmobiliario Altos del Palmar, el cual desarrollaría el Serviu pero que no pudo materializarse debido a una redistribución de subsidios luego del terremoto del 27 de febrero del 2010 (Torreblanca, 2013). Todo lo anterior se vincula a las causas que, a nivel nacional, y de acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos, motivan la decisión de habitar un campamento, tales como: alto costo de los arriendos, necesidad de independencia (dejar de ser allegado), bajos ingresos y cesantías, problemas familiares (enfermedad, violencia intrafamiliar, etc.) (Minvu, 2019).

Para las familias del campamento cobró importancia la sustitución de gastos y el desgaste por la espera de una solución habitacional. Lo primero, para evitar el pago de un arriendo, a fin de redestinar este dinero para cubrir otras necesidades básicas o para poder ahorrar lo mínimo exigido para la obtención de un subsidio, exigencia fundamental y necesaria para acceder a la solución habitacional, de acuerdo con la subsidiariedad. El desgaste por la espera de solución habitacional tuvo lugar por el tiempo transcurrido “sin ganarse el subsidio”. Es así que estas familias decidieron colectivamente proveerse de una vivienda, ahorrándose el costo del arriendo y reinvirtiendo lo ahorrado en la construcción de una casa.

Lo anterior resulta paradójico, en la medida en que es tarea de los programas sociales instar a las personas a hacerse responsables de su propio destino en forma gradual (Büchi, 1993), a través del tropos de responsabilidad individual, y a no hacerlo en la ilegalidad y sin el apoyo del Estado subsidiario.

La gente que vivía acá no vivía en situación de calle, la gente que esta acá era gente que arrendaba, principalmente, que estaba viviendo de allegado, que tenía su trabajo, y le faltó el acceso a su vivienda, entonces ahorraron para tener su vivienda, pasó mucho tiempo… hay que pensar que esta zona de Viña es de suelos muy caros, carísimos, por el lugar geográfico, por la topografía, por la plusvalía que tiene Viña del Mar, y vivienda social se hace muy poca, o sea tenemos una oferta pequeña, para una gran demanda que hay de vivienda, entonces claro, ¿Cuál es la idea de lo que va quedando?, es tomarse un terreno, o sea, meterse en la ilegalidad para tener una solución habitacional en el corto plazo, no te queda de otra. (Dirigenta del campamento Felipe Camiroaga, citada en Jorquera et al., 2018, p. 207)

Segundo momento: proceso de apropiación

Las tomas de terreno son representadas en el imaginario social como lugares de informalidad, desorden y carencias, espacios de caos, anomia y atomización, donde se presentan comportamientos disfuncionales o disruptivos frente a los preceptos de la moralidad y la propiedad privada y pública, ya sea por su vinculación a la delincuencia y el narcotráfico o a carencias laborales, familiares o psicosociales (Sepúlveda y Valdebenito, 2018).

Pero es evidente que vivir en tomas es una manifestación de la cuestión social presente y un efecto de resistencia a las políticas neoliberales, que atentan contra el derecho a una vida saludable y el derecho a la ciudad. Además, los y las habitantes de las tomas han sido sujetos estigmatizados y significados como inactivos: “Nos dicen que somos gente que quiere que le regalen las cosas o gente que se salta la fila por encontrarse en un terreno que no es de su propiedad y no postularse a un subsidio habitacional” (dirigente del campamento Felipe Camiroaga).

Esto tensiona la justicia frente a lo decretado en ley, ya que a nivel jurídico las tomas de terreno se realizan mediante el uso de la violencia, por lo que se podría considerar como delito de usurpación, figura que se utilizó durante la dictadura militar (Reyes, 2014). Esta apropiación “justa” desde los y las pobladores se reconoció como un difícil proceso de colonización de los terrenos, que implicó, entre otros factores: la limpieza del terreno, de modo de transformar las condiciones de su entorno; el área de 10 x 20 metros, como medida histórica traspasada de voz en voz desde otros campamentos; y la carpa de tela como recurso y símbolo de la materialización de la vivienda propia (Jorquera et al., 2018).

En este proceso se identifica como primera medida el sufrimiento, relacionado con el sacrificio del cuerpo y la psiquis de los sujetos. Se comprenden las condiciones subjetivas del sufrimiento, el sacrificio por el cual pasan las familias en los campamentos en situación de precariedad, por las producciones y transformaciones tanto de la cotidianeidad como de la concepción propia del sujeto en sí mismo (Jorquera et al., 2018), debido a que los individuos se encuentran fuera de la norma, ya que el buen uso del cuerpo es un bien que se construye desde lo que se considera un comportamiento moralmente adecuado (Bustos, 2010). En el campamento, en cambio, el cuerpo es vulnerado y por tanto es vulnerable ante la pobreza (Cervio, 2010): “Imagínate, no teníamos dónde orinar ni nada, teníamos que andar detrás de los mismos pastos que había por acá haciendo pipi, poh, entonces igual fue harto sacrificio y harto dolor, yo me la lloré muchas noches, yo me la llore toda” (dirigente del campamento Felipe Camiroaga).

Tercer momento: autogestión y visibilización de la resistencia

La colectivización aparece aquí como estrategia de resistencia, siendo la toma una práctica reivindicativa, fuera de lo establecido. Con ella se comienza a articular una identidad común, como proceso de reconocimiento del otro y materialización de prácticas que definen al colectivo:

La toma fue un acuerdo entre las familias, no teníamos nada, solo el rechazo del Estado, la única forma de reclamar y lograr esto era con otros. Así nos tomamos el terreno, porque por separado no lograríamos tener una vivienda digna. Incluso hicimos barricadas al ingreso de la toma, para que los pacos no ingresaran. (Dirigenta del campamento Felipe Camiroaga)

La toma, la barricada y las protestas por la obtención de una vivienda y por servicios básicos corresponden a prácticas de resistencia y visibilización que implican acciones concretas, para instalar su situación en la agenda pública, y que han hecho reconocido a este campamento. Es así que, para que se acogieran sus demandas, pobladoras y pobladores se manifestaron de manera pública y masiva en el Festival de Viña del Mar6, durante el tradicional “piscinazo”7. La emblemática manifestación, realizada el 25 de febrero de 2017, hizo que los carabineros les reprimieran, y que el evento fuera suspendido.

Ahí pensamos, ¿qué hacemos pa que les duela públicamente?… y ahí fuimos tejiendo lo del piscinazo… fue desde diciembre… nosotros queríamos funar el Festival y dijimos “no va a tener mucha relevancia, mejor el piscinazo” y ahí fuimos y nos tomamos la municipalidad primero […] la tuvimos todo el día sin que pudieran atender público… pero nosotros nos organizamos, meditamos para hacerlo. Estábamos todos de acuerdo, porque fue feo lo que hicieron, nosotros teníamos la esperanza de que en diciembre íbamos a pasar la navidad con luz. (Dirigente del campamento Felipe Camiroaga)

Sin embargo, esto tuvo un efecto positivo, ya que visibilizó el fenómeno de la proliferación de campamentos y la lucha de sus habitantes por el derecho a la ciudad y a un hábitat digno, así como aspectos sistémicos del territorio y el paisaje, componentes políticos y sociales, junto con las acciones de los diferentes actores involucrados y sus conflictos, tensiones y oportunidades. En términos prácticos, el municipio conectó a los vecinos del terreno municipal al servicio eléctrico. Sin embargo, dado que la legislación chilena no permite la realización de obras en terrenos privados con fondos públicos, los vecinos del terreno no tuvieron acceso a este servicio de manera formal.

Según palabras de sus dirigentes, más del 90 % de las familias del campamento quieren radicarse en el lugar. Pero esto resulta problemático, ya que los dueños del terreno correspondiente a una sucesión familiar señalan que, aunque desean vender, no lo pueden hacer, porque para entregar el terreno a las familias deben urbanizar primero y esto implica una alta inversión económica. Si bien esta razón suena a primera vista razonable, existe un proyecto inmobiliario llamado Las Palmas de Viña, que se encuentra en los terrenos de esta familia. Aun cuando este se encuentra en nivel de plan maestro o de diseño conceptual, se superpone con parte del terreno ocupado por los habitantes del campamento, por lo que se genera un clima de sospecha y urgencia ante un eventual desarrollo inmobiliario y un futuro desalojo.

Los dirigentes además han señalado que, cuando se acercaron al Serviu, les comunicaron que estarían desarrollando proyectos de vivienda social para erradicarlos, y que sería la única oportunidad que se les ofrecería. Esto dio como resultado que los vecinos no se sintieran acogidos por la autoridad, quienes solo ofrecieron las soluciones tradicionales de subsidio habitacional, y un estándar de viviendas al cual no quieren acceder, por considerarlo negativo social y físicamente. El relato de los vecinos para preferir estar en el campamento es que las viviendas entregadas por el Gobierno no son de buena calidad, que son pequeñas y que se encuentran alejadas de la ciudad, además de que no ofrecen espacios públicos ni patios en las casas. Esto último resulta principalmente relevante, porque muchos de sus habitantes trabajan en condiciones de informalidad, utilizando los espacios exteriores como zonas de producción.

Más aún, los vecinos saben, por la experiencia del campamento Manuel Bustos, que lleva treinta años luchando por ser radicado, que el problema de los asentamientos en situación de precariedad dista de ser transitorio (Contreras y Herrera, 2007), así como tampoco lo es el riesgo de la perpetuidad de la vida en condición de pobreza.

Cuarto momento: estrategias y tácticas por la defensa de la radicación

La colectivización en el campamento se articula en once comités de vivienda desplegados por todo el territorio que, si bien trabajan en conjunto, no siempre tienen la misma agenda. Dentro de las estrategias de un grupo de comités se encontró el vínculo con universidades locales para la preparación de dirigentes a fin de “enfrentar” a la prensa, desarrollar un catastro tipo censo8 y plantear un Plan Maestro Integral con el objetivo de presentarlo a las autoridades del Minvu para ingresar al Catastro de Campamentos9. Otro grupo de comités, por su parte, hicieron una tarea similar en paralelo, presentando un proyecto de radicación y vivienda social que daba solución a las 980 familias del campamento, pero emplazadas solo en el terreno municipal. Esta última propuesta fue presentada al Minvu, aun cuando otros comités no la apoyaban. Como consecuencia, se generó una división dentro del grupo, y la necesidad de presentar una contrapropuesta que acogiera el punto de vista de la mayoría de los comités del campamento.

El primer grupo de dirigentes hizo una invitación/interpelación a la Escuela de Trabajo Social, para que estudiantes y académicos se vincularan al proceso de la voluntad colectiva de los pobladores y las pobladoras, a fin de que “observen, vean cómo vivimos, vean quiénes somos, nosotros los conoceremos poco a poco, vean, escuchen, conversen sin problema, son bienvenidos” (dirigente del campamento Felipe Camiroaga).

Esta relación, que se inició en mayo de 2017, generó un vínculo colectivo que conllevó a una serie de trabajos. Inicialmente, tuvo lugar el censo de población, articulado colectivamente entre comités del territorio, académicos y estudiantes, además se vincularon otras unidades de la UNAB como Psicología, Arquitectura y Sociología, en el curso-taller “Liderazgo y elementos para una comunicación pública”, una de las primeras exigencias del cuerpo dirigencial de la Felipe Camiroaga. Paralelamente, la Escuela de Arquitectura, a través de uno de sus talleres, trabajó directamente con dirigentes para la generación de propuestas de radicación en el territorio.

En el año 2018, los dirigentes interpusieron un recurso de protección, para ser parte del Catastro de Campamentos del Minvu. Patrocinados por un abogado, y luego de apelar incluso a la Corte Suprema, lograron su objetivo: el Ministerio debía registrarlos en el Catastro de Campamentos, iniciándose en febrero de 2019 la aplicación del cuestionario Minvu a los vecinos de la Felipe Camiroaga. Lo anterior es considerado una victoria para los vecinos, ya que no solo han visibilizado su situación, sino que formalmente “existen” ante la autoridad. En este caso, el Estado resultó tensionado por la gestión colectiva de los habitantes del campamento, lo que llevó a que sus dirigentes, entendidos como representantes de una agrupación, fueran convocados por el Serviu para definir una solución habitacional definitiva.

De lo anterior surgen tres aspectos para destacar, que resultan claves para el entendimiento de la formación del grupo y su posicionamiento en la agenda pública. Primero, la defensa de la radicación, cuando los sujetos se apropian del territorio a partir de las experiencias vividas. Se reconoce y valida así al campamento como el único camino para la obtención de la vivienda, de modo que la historia en el territorio, con todos sus padecimientos, se transforma en el “capital” para la radicación:

Yo me vine de Santiago, buscando junto a mi pareja un trabajo, porque en Santiago ya no teníamos posibilidades […] arrancamos de allá, con los niños, nos ubicamos acá, hicimos una pieza y a los tres días llovió y nos voló el techo… así me recibió Viña, pero como todos los días salimos a afirmar el techo y la vida, con todo lo vivido imposible salir de este territorio. (Dirigente del campamento Felipe Camiroaga)

Se reconocen también lo saberes populares de los vecinos de la Felipe Camiroaga y los conocimientos, adquiridos formalmente o través de la práctica, de modo que estos contribuyan a la solución habitacional. En Chile, este reconocimiento existe mediante el Subsidio de Autoconstrucción Asistida, el cual asigna un aporte para autoconstruir una vivienda en un sitio de propiedad del beneficiario, con asesoría técnica asignada por el Serviu. Sin embargo, existen requisitos de tinte neoliberal, como demostrar la propiedad del sitio/terreno/lote donde se va a edificar, junto con la obtención de asesoría técnica mediante un profesional calificado que patrocine el proyecto. Esto pone en tensión la idea de que los habitantes de los campamentos son primero que todo pobres, y luego que lo son porque no tienen redes ni conocimientos (Lewis, 1967): “Tenemos conocimientos, por algo hoy todos los comités tienen agua potable y electricidad, hemos ido en contra de las empresas de servicios y del municipio. Nos miran mal, pero acá estamos en la lucha permanente, contra autoridades que quieren erradicar” (dirigente del campamento Felipe Camiroaga).

Finalmente, se reconoce también la existencia de soberanía popular, o sea que donde el Estado no llega los habitantes son capaces de organizarse. Resulta relevante que, en este caso, dado que los sujetos de la Camiroaga son estigmatizados por vivir en una situación irregular, estos se autoimponen el demostrar que son capaces de realizar una gestión igual o mejor que la del Estado, tanto para tranquilidad de los vecinos como de las autoridades:

Hemos trabajado para tener un campamento organizado, porque sabemos que no podemos dar razones para que planteen de afuera que acá hay problemas, delincuencia, tráfico… algunos comités nos hemos organizado y en asamblea por ejemplo hemos decidido desarmar casas de personas que han traficado drogas… sabemos que nos arriesgamos, pero es la única manera en la que podemos cuidarnos… cuidar a los niños del campamento. (Dirigente del campamento Felipe Camiroaga)

Conclusiones

Lo expuesto a través del artículo nos permite revisar los efectos materiales y subjetivos del régimen neoliberal en el proceso de configuración del colectivo dentro del campamento Felipe Camiroaga de la comuna de Viña del Mar.

Las políticas neoliberales, implementadas durante la dictadura militar y profundizadas en los gobiernos de los partidos por la concertación democrática, generaron profundas divisiones y estratificaciones sociales que se vieron reflejadas a nivel territorial. El encarecimiento del suelo, junto con la competencia por el acceso a la vivienda mediante el uso del subsidio habitacional, ha llevado a miles de familias a buscar una solución autogestionada para concretar el sueño de la casa propia.

La explosión urbana y de uso de suelo en Chile ha mostrado toda su crudeza en las contradicciones producidas por el neoliberalismo en las ciudades. Las crisis han sido respondidas mediante el reforzamiento del carácter autoritario de las políticas aplicadas, con un Estado menos regulador, profundizando la individualización y la exclusión social. De este modo, las tomas de terreno se han configurado como expresiones de resistencia urbana, como una práctica colectiva politizada, situada y situacionalmente articulada.

Así se configura un sujeto colectivo deseante de hábitat propio, con distintas estrategias, con prácticas de autogobierno, que dan paso a una articulación de alianzas con otros actores. Este sujeto colectivo constituye un factor de empuje fundamental para transformar las políticas de lo local, introduciendo no solo prioridades diferentes en la agenda urbana, sino también nuevas prácticas políticas y urbanísticas. Es de este modo como el campamento Felipe Camiroaga, como sujeto colectivo y deseante, ha generado en su trayectoria prácticas de resistencia colectiva en la red de poder del modelo neoliberal imperante.

En consecuencia, desde su articulación con argumento en los detonantes que llevaron a la toma, se configuró el primer momento de análisis, entendiendo que el Estado no respondía a los derechos, y que esto solo era posible generando alianzas, articulaciones y proyectos. En el segundo momento ser materializó y colonizó el terreno, apareciendo aquí dos figuras: la del Estado penal, que califica el acto de la toma como usurpación, y la de colono, quien debe tomar, construir y permanecer en el terreno a la espera de una potencial llegada de la policía, concretando así el proceso de colectivización situada para la demanda de soluciones a sus necesidades.

La colectivización se transforma entonces en técnica de resistencia, de modo que la visibilización mediante acciones concretas, como la aparición pública con difusión en prensa, se constituye en una herramienta para la instalación de su situación y para la exigencia de demandas en la agenda pública, a fin de que las autoridades reaccionen y/o validen dichas demandas, ante la posibilidad de vivir perpetuamente en condiciones de informalidad.

En el cuarto momento, lo colectivo tiene por objetivo la formación de parte de sus dirigentes y la defensa de la radicación a partir de prácticas colectivas-propias en asociación con profesionales externos, que aportan a los saberes de la comunidad del campamento. Es por eso que resulta relevante el vínculo con universidades locales y profesionales independientes, quienes dan soporte para mejorar y potenciar las habilidades de los dirigentes, generando redes de apoyo que permeen a nivel del Estado, y aportando en la co-construcción de material que resulte propositivo ante las autoridades, con el objeto de dar solución a su situación habitacional. Junto con lo anterior, cobran relevancia tres aspectos: la defensa de la radicación, de los saberes y de la soberanía popular, de modo tal que el proceso colectivo termina siendo validado por el resultado de ser incluidos en el Catastro de Campamentos y de poder negociar políticamente con el Minvu y el Serviu para alcanzar un porvenir habitacional digno.

La apuesta de cierre es la de un final abierto, que propone proyectar investigaciones en torno a otras prácticas de resistencia al neoliberalismo, desde lo situado y lo situacional, profundizando en la indagación de alianzas y antagonismos urbanos, con compromiso y responsabilidad política por parte de los espacios académicos. La propuesta del Núcleo de Investigación e Intervención con Territorios y Comunidades de la UNAB se expresa en la intención de dilucidar y poner en cuestión las formas en las que somos todos gobernados hoy.

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Notas

* Artículo de investigación
Producto del trabajo realizado por el Núcleo de Territorio y Comunidades, con financiamiento del Proyecto DEA 201714: Tomas de terreno y asentamientos humanos informales en el Gran Valparaíso Viña del Mar de la Dirección General de Vinculación con el Medio UNAB, y del proyecto Campamento Felipe Camiroaga: Experiencia bidireccional para la sistematización y retroalimentación de la evaluación de impacto interno y externo del modelo de VcM de la UNAB (2017-2018). Investigador principal: Rodrigo Cortés Mancilla.

1 El origen de la Ficha CAS se remonta al año 1979, cuando fueron creados los Comités de Asistencia Social (CAS), instancias de nivel comunal encargadas de la ejecución de los programas sociales del Estado. Los CAS hicieron ver la necesidad de contar con un instrumento estandarizado y único que permitiera focalizar los programas sociales a su cargo hacia los sectores más necesitados. Así, en 1980 apareció la Ficha CAS en su primera versión, en la cual, a través de la información recogida era posible clasificar a los hogares en cinco niveles o índices de pobreza, siendo los tres primeros los que reflejaban las situaciones más severas. La misma se aplicó hasta 1987, cuando fue modificada y se adoptó un nuevo instrumento, la Ficha CAS 2, como herramienta de estratificación socioeconómica utilizada para identificar, priorizar y seleccionar potenciales beneficiarios de programas sociales.

2 Esta investigación utilizó información del Catastro Nacional de Campamentos 2019, de autoría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), propietario intelectual del catastro, quien autorizó el uso de la Base de Datos Innominada. Todos los resultados del estudio son de responsabilidad del autor y en nada comprometen al Minvu.

3 Institución autónoma del Estado, ubicada en cada región del país y dependiente del Minvu. Tiene como misión el contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes en su región asignada, a través de programas de vivienda, pavimentos, equipamientos comunitarios, subsidios, parques y vialidades urbanas.

4 Censo UNAB de 2018. La cantidad de familias reconocidas supera en más de 200 al catastro de Techo.

5 La Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, señala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, al tiempo que el Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar el fomento de las asociaciones, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en los procedimientos de asignación de recursos.

6 El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es un certamen musical anualmente organizado en Viña del Mar desde febrero de 1960. Se transmite por televisión a diferentes países y es considerado el mayor festival de América Latina.

7 Actividad posterior a la elección de la reina del Festival de Viña del Mar, donde esta se lanza a la piscina del hotel O’Higgins. Se transmite por televisión abierta a nivel nacional.

8 El censo fue solicitado por los dirigentes de los comités del campamento a la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAB y a la Escuela de Arquitectura, Campus Creativo Viña de Mar, debido a que el censo nacional no llegó a todos los lugares del campamento.

9 Realizado por el Minvu, el Catastro de Campamentos es un registro sistematizado de los asentamientos irregulares y de la cantidad de hogares que habitan en ellos (Minvu, 2019).

Notas de autor

a Autora de correspondencia. Correo electrónico: ca.quinteros@uandresbello.edu

Información adicional

Cómo citar este artículo: Quinteros Urquieta, C., y Cortés Mancilla, R. M. (2022). El sueño de la casa propia: entre la ilusión neoliberal y la resistencia colectiva. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 15. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu15.scpi

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