Introducción

La integración de la perspectiva de género en la investigación sobre temas de planificación urbana ha sido un proceso lento y tardío. Los estudios existentes en la región sobre mujer y género son eminentemente de corte pragmático. En esta línea se encuentra la producción sobre ciudad y género, la cual tiene además la característica de ser disciplinariamente deslocalizada en las ciencias sociales y, por tanto, heterogénea e interdisciplinaria (Soto, 2018). No obstante, esta perspectiva de análisis de los temas de ciudad ha implicado un cambio de paradigma que permite explicar la construcción diferencial (femenina y masculina) en las formas de habitar, y cómo la vida cotidiana de las mujeres ha sido moldeada por los espacios que habitan y que ellas a su vez “construyen material y simbólicamente” (Soto, 2018, p. 17).

En tal sentido, para acercarse al concepto de habitabilidad, este artículo parte de la premisa de trascender el hecho arquitectónico y el espacio doméstico, para vincular al análisis los factores que desde el entorno urbano condicionan la comprensión de la vivienda y todas las actividades que a ella están ligadas. Por tal motivo, se asume la categoría analítica habitabilidad desde una concepción multiescalar que vincula todos los factores que permiten dar respuesta real a las necesidades de las personas. Asimismo, bajo la pretensión de analizar el proceso de integración de la vivienda con la ciudad, este artículo asume una postura basada en la apuesta por el derecho a la ciudad de las mujeres, reconociendo que la apropiación, goce y transformación de la ciudad debe darse con perspectiva de género, lo que implica superar dos obstáculos: 1. Las oposiciones binarias que resencializan el lugar de la mujer; 2. La concepción del espacio como neutral (Molina, 2006), lo cual invisibiliza la distribución desigual de los espacios públicos y privados.

No obstante, el peso de los determinantes de género en las condiciones de habitabilidad, goce y disfrute de la ciudad adquieren unos contornos particulares cuando de mujeres desplazadas por la violencia se habla, pues, como afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia T025 de 2004, la población desplazada se enfrenta a la imposibilidad de acceder a viviendas adecuadas en los lugares de reasentamiento por sus limitaciones económicas y, por tanto, requiere la satisfacción de este derecho para el goce efectivo de otros como la salud, la integridad física y el mínimo vital. (Corte Constitucional, 2004). Es por ello que con este artículo se busca comprender los determinantes de género presentes en dichas condiciones de habitabilidad y para ello, se toma como unidad de análisis a las familias que habitan el asentamiento La Primavera, las cuales dan claves para la comprensión del problema, a partir de un ejercicio cuali-cuanti que tuvo como eje rector una encuesta de habitabilidad aplicada a 72 hogares y que se describirá en detalle en el apartado metodológico.

Así, el artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se hace un acercamiento teórico al concepto de derecho a la ciudad de las mujeres y sus implicaciones en los procesos de planificación urbana. En segundo lugar, se analiza el concepto de habitabilidad, desde una perspectiva holística, como un escenario de transición entre lo doméstico y lo público; en tercer lugar, se describen los criterios generales para vincular la perspectiva de género en el derecho a la ciudad, a partir de los determinantes de género presentes en esa noción de habitabilidad, desde tres escenarios: la vivienda, los equipamientos, y la amenaza y riesgo de desastres, criterios que serán la base del análisis de los datos obtenidos en el estudio de caso y que se asumen como transversales y complementarios. En cuarto lugar, se realiza una descripción del método utilizado para la construcción del dato en el estudio de caso y se caracteriza el proceso en particular. En quinto lugar, se describen los resultados a partir de los tres escenarios y sus determinantes de género. Finalmente, se cierra con una conclusión que permite, desde el caso de estudio, reafirmar los determinantes desde la perspectiva de obstáculos y entender cómo han sido analizados por la literatura hasta el momento; pero a su vez señalar como potenciadores de la capacidad de las mujeres para mejorar sus condiciones de habitabilidad en asuntos en los cuales tienen cierto margen de maniobra: vivienda y entorno inmediato.

Marco teórico

El derecho a la ciudad para las mujeres y los cambios de paradigma que conlleva en los procesos de planificación urbana

El derecho a la ciudad parte de una preocupación por la libertad, el hábitat y el habitar, la construcción de ciudad y su apropiación, es decir, el derecho a vivir ciudades incluyentes, sustentables, responsables, diversas, solidarias, participativas y creativas (Lefebvre, 1969; Park, 1999; Ortiz Flores, 2008; Valencia Londoño, 2021). Por ello, el derecho a la ciudad, más que la consagración positiva de un derecho colectivo, es una forma de acción, una razón para la movilización y un mecanismo de empoderamiento, pues abre la puerta para una reflexión profunda sobre la ciudad que construimos y habitamos: la vida urbana y los procesos de marginación y exclusión que esta genera, pero además, sobre los mecanismos para romper esas inequidades a partir del goce efectivo de derechos, el empoderamiento y la acción colectiva (Valencia Londoño, 2021).

En el caso de las mujeres, este supra derecho colectivo se enfrenta con una serie de obstáculos para su realización. El primero de ellos centrado, como reconoce Soto (2016), en el uso extendido de oposiciones binarias para entender las relaciones de género en la ciudad. En tal sentido, se enlaza la dicotomía femenino y masculino con otras representaciones espaciales como: privado-público, inmovilidad-movilidad, periferia-centro, reproductivo-productivo; frente a las cuales lo femenino estará asociado a lo privado, periférico, inmóvil y reproductivo.

Otro obstáculo es el identificado por Molina (2006): la concepción neutral del espacio, que pretende concebirlo con escenario libre de toda influencia social, es decir “un espacio concebido como un ente sin características sociales” (Molina, 2006, p. 12). Sin embargo, afirma McDowell (2000), que en la práctica lo que tenemos es “un espacio sexuado” a partir de la distribución desigual de los espacios públicos y privados, derivada de la división sexual del trabajo, que se traduce en la asignación de roles específicos a hombres y mujeres, y que está representado en uno de los principios básicos del diseño arquitectónico: “el lugar de la mujer es su casa” (Hayden, 1980). En tal sentido, incorporar la perspectiva de género en la planificación urbana, y más aún pensar en un derecho a la ciudad para las mujeres, implicaría como condición necesaria, como afirman Segovia y Rico (2017), un cambio en el paradigma urbano, que parta de “la no neutralidad del espacio de la ciudad —en particular, la no neutralidad de género— en cuanto a su planificación y construcción, así́ como respecto de su percepción, uso y simbolización, lo que lleva a reconocer la diversidad y a dar cuenta de la multiplicidad de caras y habitantes que tiene la ciudad” (Segovia y Rico, 2017, p. 41).

En tercer lugar, y claramente emparentadas con el anterior obstáculo, se evidencian las barreras que genera una planificación y gestión urbana sexista, que ha ignorado “las experiencias y las necesidades específicas de las mujeres” (Ortiz, 2007, p.15) y puede llegar a profundizar las condiciones de desigualdad (Ortiz, 2007). De ahí la importancia del escenario público para el proceso de inclusión, construcción ciudadana, ejercicio de derechos y configuración de subjetividades políticas de las mujeres.

Es por ello que, autoras como McDowell (2000) sugieren que, para la superación del mencionado “espacio sexuado”, trascender las visiones dicotómicas entre lo público y lo privado, esto con el fin de que las mujeres puedan ocupar ambos espacios y renegocien sus posiciones. No obstante, es fundamental tener presente que en muchos casos las mujeres priorizan, desde su posición de subordinación, las necesidades de sus hijos, de la familia o de los hogares. En tal sentido, según afirma Soto (2018), se ha generado una contrapropuesta desde algunos colectivos de arquitectas, urbanistas y sociólogas feministas: sustituir el discurso sobre la incorporación de la planificación y el diseño urbano con perspectiva de género como un eje fundamental del derecho a la ciudad, por una real preocupación por la generación de procesos participativos que identifiquen y mitiguen el impacto del diseño masculino del entorno urbano en la vida de las mujeres (Soto, 2018).

La habitabilidad en sentido amplio: muestra de la transición de lo doméstico a lo público

El concepto habitabilidad ha sido utilizado de forma privilegiada tanto en la arquitectura como en otras disciplinas interesadas por su estudio, para hacer referencia a las condiciones internas de la vivienda. Es el caso de la psicología, que define la habitabilidad como el agrado que existe por la vivienda, valorado a partir de su capacidad de respuesta a las necesidades y expectativas de sus habitantes (Mercado y González, 1991; Mercado et al., 1995). No obstante, este concepto, que evalúa la habitabilidad a partir del acceso a una vivienda digna, parte de una limitada aproximación, restringida al enfoque arquitectónico, que ignora dos factores básicos: 1. Que la comprensión de la vivienda y todas sus actividades relacionadas está condicionada por factores urbanos, y 2. Que las necesidades reales de la persona, y por tanto, a las que tiene que darse respuesta para alcanzar niveles óptimos de habitabilidad, trascienden el ámbito doméstico y están ligadas a actividades propias de la vida urbana (Arcas- Abella et al., 2011).

Es por ello que, en respuesta a estas limitaciones, actualmente una parte de la literatura sobre el tema aboga por la necesidad de una ampliación conceptual, pues como dicen Arcas-Abella et al. (2011) la habitabilidad debe superar la idea de la vivienda como ámbito de aplicación y abarcar la escala urbana para comprender la capacidad de los espacios construidos para satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos que los ocupan (Castro, 1999; Landázuri y Mercado, 2004 y Moreno Olmos, 2008). En tal sentido, Mercado et al. (1995), y Landázuri y Mercado (2004) invitan a examinar la habitabilidad desde dos perspectivas: 1. La habitabilidad interna, que está orientada a valorar las condiciones al interior de la vivienda y 2. La habitabilidad externa, la cual haría alusión al entorno urbano inmediato y comprendería la relación entre vivienda, vecindario (Moreno Olmos, 2008), equipamientos urbanos, y la manera como se hace uso de estos espacios (Páramo et al., 2018). Por tanto, la habitabilidad comprendería la escala urbana y con ella el conjunto de recursos que permiten la satisfacción de necesidades tanto en el ámbito doméstico como en el espacio urbano (Arcas-Abella et al., 2011).

Determinantes de habitabilidad en las formas de habitar de las mujeres

Para comprender los determinantes de género presentes en las condiciones de habitabilidad de la vivienda de la población desplazada por la violencia en Colombia, ubicada en asentamientos informales, este artículo articula dos tipos de clasificaciones: La primera está relacionada con los cinco criterios generales sintetizados por Buckingham (2011), para vincular la perspectiva de género en el derecho a la ciudad, estos son: 1. Seguridad en ambientes urbanos, 2. Infraestructura y transporte públicos, 3. Proximidad entre viviendas, servicios y empleo. 4. Romper la dicotomía de esferas públicas y privadas, 5. Participación en la toma de decisiones, gobernanza y planificación.

La segunda se refiere a las seis variables propuestas por Muxí Martínez et al. (2011) para analizar la realidad urbana desde la perspectiva de género, estas son: 1. Espacios públicos o de relación, 2. Equipamientos, 3. Movilidad, 4. Vivienda, 5. Participación y 6. Seguridad. Estas seis variables son clasificadas por las autoras en dos tipos: unas que definen el apoyo físico sobre el cual se desarrolla la red cotidiana, en las que estarían los espacios públicos o de relación, los equipamientos, la movilidad y la vivienda; y otras que se constituyen en conceptos que influyen en la definición física, donde se ubicarían la participación y la seguridad (Muxi Martínez et al., 2011).

A pesar de que Buckingham (2011) afirma que estos criterios deben considerarse interconectados y esenciales para la realización del supraderecho a la ciudad, en este análisis por razones de extensión solo se abordan tres criterios (Seguridad en ambientes urbanos- desde la perspectiva de amenaza y riesgo, proximidad entre viviendas y servicios, e infraestructura), los cuales serán resumidos en cuatro de las seis variables descritas por Muxi Martínez et al. (2011): 1. Vivienda, 2. Equipamientos y espacios públicos, 3. Seguridad (solo abordada desde la perspectiva de amenaza y riesgo). Esto hace que el análisis que se presenta a continuación tenga un alto énfasis, como dirían Muxi Martínez et al. (2011), en las variables que definen el apoyo físico sobre el cual se desarrolla la red cotidiana. A continuación, se revisan los determinantes en materia de género de estas variables, los cuales luego serán analizados en función de los datos obtenidos en el estudio de caso.

Vivienda

En el orden normativo internacional del criterio rector para valorar las condiciones de la vivienda, es el concepto de la vivienda adecuada, el cual “debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte (…), significa disponer de un lugar donde poderse aislar, si se desea, un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas; una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable (OACNUDH, 1991, p. 2). Este concepto rector ha sido amparado desde 1966 por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y reafirmado en 2002 por la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda como la guía para comprender el derecho a la vivienda como un derecho vinculado a los demás derechos humanos. No obstante, por su carácter genérico y su pretensión de universalidad adolece de un gran defecto: desconoce los determinantes de género que tiene este derecho.

Igual ocurre en el caso colombiano en materia de seguimiento al indicador de goce efectivo del derecho a la vivienda digna de la población desplazada por la violencia. En tal sentido, la Corte Constitucional colombiana, con el fin de establecer condiciones para el monitoreo del avance en la superación del estado de cosas inconstitucional declarado a través de la Sentencia T025/2004, definió una serie de indicadores básicos para el seguimiento al goce efectivo de dicho derecho, los cuales comprenden: espacio suficiente, servicios públicos, materiales apropiados, ubicación y seguridad jurídica de la tenencia. A estos indicadores básicos, la Corte le sumó unos indicadores sectoriales asociados, entre los cuales incluye uno específico para las mujeres: Mujeres cabeza de familia beneficiarias de subsidio de vivienda urbana o rural. A pesar del interés de la Corte en el logro del derecho a la vivienda para la población desplazada, para el caso de las mujeres el indicador agota la garantía de derechos en las facilidades para la tenencia, olvidando los impactos diferenciales que la situación del desplazamiento forzado genera en las mujeres (ya reconocidos por la Corte en el Auto 042) y cómo estas condiciones de habitabilidad agravan tal situación.

Por ello, es fundamental acercarse a la discusión planteada por las teóricas feministas, entre ellas Massolo (2004), quien identifica una serie de factores para el abordaje de la vivienda, cuando se pretende realizar un análisis con perspectiva de género, en particular si la población sujeta de análisis son mujeres de escasos recursos, sumidas en las labores reproductivas y claramente afectadas por las condiciones ambientales del entorno. Estos factores serían: la carencia, el financiamiento, la tipología y las características de la vivienda, así como la habitabilidad y la seguridad del entorno físico y social.

Estos factores no varían sustancialmente de los indicadores genéricos determinados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, para el caso colombiano, por la Corte Constitucional, pero al leerse transversalizados por la perspectiva de género el análisis toma otros contornos. Como afirma Massolo (2004), en estas situaciones las actividades cotidianas y, en particular la labor de cuidado, se dan en precarias situaciones de habitabilidad doméstica, representadas en el acceso a servicios públicos y las condiciones de la vivienda. Esto hace que el tiempo dedicado a las labores de cuidado se incremente de manera proporcional a las precarias condiciones habitacionales, en gran parte, por el mayor número de integrantes de la familia, que son dependientes (Scuro y Vaca-trigo, 2017). Paradójicamente, estos son los hogares que mayor necesidad tienen en materia de provisión de ingresos. Por tanto, “existe una estrecha relación entre la distribución del tiempo y los ingresos, y se da un círculo vicioso en el que las privaciones de tiempo hacen que la pobreza se agudice o se reproduzca” (Scuro y Vaca-Trigo, 2017, p. 126).

Es por ello que el eje fundamental para examinar el goce efectivo del derecho a la vivienda de las mujeres, en particular de las mujeres empobrecidas, migrantes o desplazadas por la violencia, además del acceso diferencial y afirmativo a la seguridad jurídica de la tenencia, se haya en cómo las condiciones de habitabilidad se convierten en obstáculos o facilitadores de sus actividades cotidianas, en general, y de las labores de cuidado, en particular.

Espacio público y equipamientos

El espacio público, como afirma Grundström (2005), es un escenario para el encuentro y el intercambio social, pero además para la acción política y la participación en la vida pública. Siguiendo a esta autora, es importante reconocer cómo el uso y las experiencias en el espacio público están mediadas por determinantes de género, clase, edad, raza y etnia. Situación que adquiere unas características particulares en países en desarrollo como Colombia, donde la población más pobre habita, en muchos casos, en la periferia de la ciudad, lejos del empleo y las infraestructuras de servicios, lo que limita sus actividades productivas y las posibilidades de interacción social y política en el entorno inmediato, en especial para las mujeres, quienes deben ejercer el triple rol (reproductivo, productivo y comunitario), lo que complejiza su relación con el hábitat construido (Grundström, 2005).

Debido a esto, el entorno inmediato, como escenario preponderante para el desarrollo de las actividades cotidianas de las mujeres, cobra un papel privilegiado, pues contribuye a satisfacer las necesidades de pertenencia, identidad y sociabilidad femenina (Ducci et al., 1996), de ahí la importancia que adquiere el barrio como escenario de referencia espacial para la vida de las mujeres en el ámbito público y territorio de transición para el proceso de apropiación de la ciudad.

Es por ello que, analizar el rol del vecindario en materia de habitabilidad, a partir de la satisfacción de necesidades de las mujeres, implica reconocer la facilidades que propician infraestructuras básicas para el ejercicio de su rol reproductivo como los centros educativos, los centros de salud y los escenarios recreativos, además de infraestructuras orientadas a favorecer el ejercicio de su rol comunitarios como lugares de encuentro, reunión y socialización, y en escenarios que permitan cercanía y mayor flexibilidad en el rol productivo, entre ellos, la configuración mixta del espacio a partir de la mezcla de usos del suelo, buscando reducir los tiempos de traslado, incorporar actividades productivas y acercar a la mujeres a los servicios comerciales básicos.

En términos generales, es importante reafirmar, con Segovia y Rico (2017), como los ejes orientadores de un urbanismo con perspectiva de género son las labores de cuidado y la autonomía de las mujeres. La identificación de los vínculos entre estos dos criterios es la que permite hacer una valoración cualitativa del funcionamiento de los espacios de la ciudad para las mujeres.

Amenaza y riesgo de desastres

Como afirma Massolo (2004), en las familias de escasos recursos las mujeres experimentan mayores dificultades para el desarrollo de las actividades relacionadas con el rol reproductivo, esto debido a la estrecha relación que existe entre estas actividades y los problemas ambientales que derivan en limitaciones , por ejemplo, al acceso al agua, la escasa o nula provisión de sistemas de alcantarillado, la disposición informal de basuras, el escaso o intermitente acceso a la energía eléctrica, y un problema adicional evidenciado por la pandemia, el limitado acceso a la conexión digital, bien sea por la poca cobertura de internet o la falta de dispositivos electrónicos, lo que imposibilitó a niños y niñas de escasos recursos acceder de forma continua a la educación virtual. Estos problemas derivados de las situaciones de pobreza afectan de forma drástica a las mujeres, incrementando su vulnerabilidad social, generado niveles inferiores de salud y bienestar debido al proceso de confinamiento espacial que hace que sus actividades diarias se circunscriban a la vivienda y el entorno inmediato (Schteingert, 2009; Vega, 1996, Soto, 2018).

Paradójicamente, los estudios de Dankelman y Davidson (1989), Cohen, R. y Ferguson, A. (1991) y Rico (1996a, 1996b) han evidenciado que las mujeres cuentan con una mayor cultura ambiental, pues son ellas quienes deben hacer una gestión del riesgo permanente debido a su reclusión en el territorio y al ejercicio constante de las labores domésticas.

Las mujeres deben ser creativas para sobrepasar las dificultades de acceso a servicios públicos y, siendo conscientes de las condiciones de amenaza y riesgo a las que están expuestas, intervenir con medidas de mitigación de la condición de amenaza con los recursos con que cuentan.

Metodología

Los resultados que se presentan a continuación responden a un modelo de triangulación metodológica, lo que Bryman (1988) llama “argumento técnico”, es decir, una combinación de técnicas cuanti y cuali para indagar por las relaciones entre casos micro, soportados en un ejercicio de encuesta de hogares, observación directa y grupos focales; y los procesos macro, vinculados con las prácticas sociales de las que se derivan determinantes de género para la planificación urbana, la habitabilidad, y en términos generales, el derecho a la ciudad de las mujeres.

Para el análisis de los procesos macro se realizó una revisión documental de la producción científica de alto impacto existente alrededor de las categorías de análisis: habitabilidad, derecho a la ciudad de las mujeres, género y planificación urbana, y género y vivienda.

Para el análisis de los procesos micro se eligió cómo caso de estudio la comunidad del asentamiento informal rural La Primavera del municipio de Barbosa, departamento de Antioquia. En esta comunidad se aplicaron técnicas mixtas, en una combinación de instrumentos cuali- cuanti. Sin embargo, el elemento estructurante del análisis fue el cuantitativo, representado en una encuesta de hogares que constaba de 58 preguntas de opción múltiple con única respuesta, dispuestas a partir de los ejes análisis: tiempo de permanencia en el territorio, localización de la vivienda, condiciones de tenencia de la vivienda, amenaza y riesgo, hacinamiento, uso, confort interior, servicios públicos, áreas de servicios, y entorno.

En total, se aplicaron 72 encuestas a una muestra a oportunidad de sujetos cabezas de familia, de los cuales 46 eran mujeres, 25 eran hombres, un individuo no quiso dar su información personal. El rango de edad de los encuestados puede dividirse en tres grupos básicos: 26 encuestados tenían entre 18 y 40 años, 33 individuos entre 40 y 60, y 13 personas mayores de 60 años. 28 de los entrevistados se declararon desplazados, 20 dijeron no serlo y 24 optaron por no responder a esta pregunta.

Para el análisis estadístico de los datos se realizó una segmentación de los resultados de la muestra por género. Esto con el fin de establecer una relación entre los resultados individuales de mujeres y hombres. Ambos segmentos tuvieron una participación representativa para sus respectivos análisis. Adicional a ello, las preguntas se agruparon en las subcategorías: habitabilidad interna y habitabilidad externa, esto como el fin de lograr el objetivo de comprender los determinantes de género que subyacen a las condiciones de habitabilidad de estas mujeres.

Adicionalmente, desde el componente cualitativo se levantaron fichas de observación para el espacio público y los equipamientos, las cuales se elaboraron a partir de recorridos de campo realizados por diferentes profesionales del equipo de investigación. Estas fichas arrojaron una síntesis de las condiciones de habitabilidad externa (oferta de equipamientos de educación, salud, comunitarios y educación, espacios públicos, entre otros); y a la par de la encuesta de habitabilidad, se realizó un estudio esquemático de las condiciones al interior de la vivienda, acompañado de un registro fotográfico. Además, se realizó un taller de cartografía social con habitantes del asentamiento para identificar con ellos los factores de amenaza de origen natural y antrópico y, los factores de contaminación ambiental. Dichos atributos fueron localizados en la cartografía, sintetizando sus causas en las relatorías que recogieron la discusión de cada mesa de trabajo.

El Caso de estudio: la comunidad de La Primavera en el municipio de Barbosa, Antioquia

El origen de la conformación del asentamiento La Primavera puede ubicarse en el año 1978 cuando llega el primer poblador a la zona, sin embargo, para la descripción de su proceso de consolidación y expansión es importante hacer un recorrido por los cuatro periodos básicos de su historia (Corporación Región, s.f.):

En el primer periodo, que va del año 1978 a 2001, se dio la conformación inicial del asentamiento, la cual se consolida en el año 2000 cuando se instala el servicio de agua. Sin embargo, este periodo cierra con un hecho que marcó la historia de sus habitantes, una masacre perpetrada en el territorio en el año 2001.

El segundo periodo se puede ubicar entre los años 2002 y 2013, cuando se da continuidad a la consolidación del reasentamiento con acciones como la instalación del servicio de energía eléctrica en el año 2007. Para el año 2012, 83 viviendas conformaban La Primavera y esto permite en 2013 crear la Asociación de Víctimas y Desplazados Los Meandros Nuevo Amanecer.

El tercer periodo puede ubicarse entre los años 2013 y 2018, y se caracteriza por el paso de las oportunidades derivadas de las acciones de consolidación del territorio, a la incertidumbre debido a la densificación del asentamiento, producto del anuncio de la construcción del tren de cercanías, anuncio al cual se sumaron los rumores de un posible reasentamiento. En este periodo de las 83 viviendas existentes se pasó en cinco años a 168 viviendas.

Según datos del último censo realizado en el año 2015 por la Corporación Región, el asentamiento contaba, para esa fecha, con 570 habitantes, de los cuales 392 era población en situación de desplazamiento (o segunda y tercera generación de hijos de la población desplazada, pues eran familias que tenían en promedio 18,3 años de residencia en el asentamiento); sin embargo, solo 83 familias (302 personas) estaban incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). El mayor porcentaje (49,6 %) de las familias desplazadas reasentadas en La Primavera provenían de municipios del departamento de Antioquia, y un 45 % de municipios del Área Metropolitana, entre ellos, el mismo municipio de Barbosa, el cual ha tenido una importante dinámica en materia de desplazamiento interno.

Un cuarto y último periodo se puede ubicar desde el año 2018 a la fecha. Aquí continúa el aumento desmedido de la población y las viviendas, además de la oferta de vivienda en arriendo para población migrante venezolana. Asimismo, se evidencian una serie de riesgos naturales y antrópicos para el territorio, entre ellos: 1. la capacidad portante territorio, que ha derivado en el socavamiento de la ribera del Río Aburrá, que se ha agravado por la explotación de los recursos del rio, 2. La llegada de nuevos pobladores, que redunda en dificultades para la convivencia, lucha por los recursos escasos y la ausencia del Estado, 3. El temor por un posible proceso de desplazamiento por obra pública al iniciarse la construcción del tren de cercanías, 4. Nuevas amenazas por la presencia en el territorio de nuevos actores armados.

Resultados por el caso de La Primavera

Tanto desde la apuesta teórica de Buckingham (2011) ninguno de los cinco criterios puede hacerse realidad completamente si no se incorpora a los otros de manera simultánea, como para Muxi Martínez et al. (2011), para quienes las seis variables no pueden entenderse si no como temas a trabajar necesariamente de manera transversal; como se verá a continuación en el caso de análisis, los indicadores favorables en algunas dimensiones no permiten lamentablemente dar cuenta de unas condiciones de habitabilidad más adecuadas para las mujeres de La Primavera, simplemente dan cuenta de unos mayores esfuerzos de estas por mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, y de mitigar los riesgos naturales y antrópicos a los que están expuestas, en una clara perspectiva de ética del cuidado donde es evidente cómo ellas siguen siendo las responsables del cuidado y la reproducción de la vida, con todas las implicaciones que esto tiene en la asignación, por ejemplo, de dobles y triples roles, a pesar de su limitado poder en la gestión comunitaria.

La vivienda y sus condiciones físico- espaciales

Con concordancia con los casos estudiados internacionalmente, las mujeres que habitan La Primavera reúnen la triple condición descrita por Massolo (2004): son de escasos recursos, sumidas en las labores reproductivas y claramente afectadas por las condiciones ambientales del entorno.

Por ello, en ellas cabe analizar como plantea Massolo (2004), los factores de carencia, financiamiento, tipología y características de la vivienda, así como la habitabilidad y la seguridad del entorno físico y social. Como afirma la autora, en estas situaciones las actividades cotidianas y en particular la labor de cuidado, se dan en precarias situaciones de habitabilidad doméstica, representadas en el acceso a servicios públicos y las condiciones de la vivienda.

En cuanto a carencia y financiamiento, leídos desde la permanencia en el territorio y la propiedad de la vivienda, los hogares liderados por mujeres en La Primavera tienen en promedio 14 de años de habitar en el territorio, en contraste con los 12 años en promedio que llevan allí los hombres (tabla 1).

Además, el 46% afirman ser propietarias (porcentaje similar al de los hombres que asciende al 47%), seguido de las que afirman que son poseedoras (29%) (33% para el caso de los hombres), y un 17% (11% para los hombres) que afirma que están en arrendamiento (figura 2). Esto da cuenta de la seguridad jurídica de la tenencia que permite a las mujeres, como se verá a continuación, preocuparse de forma clara por la mejora de las condiciones físicas de la vivienda.

Sin embargo, el área promedio de las viviendas lideradas por mujeres es inferior a las masculinas, las viviendas lideradas por mujeres tienen 50 m² en promedio, las lideradas por los hombres 59 m², y el nivel de hacinamiento es mayor para las viviendas lideradas por mujeres, pues en ellas habitan en promedio seis personas; las viviendas lideradas por hombres tienen en promedio tres habitantes (tabla 2). Lo que además se traduce en una alta dependencia económica en las viviendas lideradas por mujeres, pues, a pesar de la diferencia en el número de habitantes por vivienda, tanto en el caso de las viviendas lideradas por mujeres como en el caso de los hombres, solo una persona del grupo familiar trabaja.

En cuanto a la tipología y características de la vivienda, sorprende observar que las viviendas lideradas por mujeres cuentan con mejores condiciones físicas en servicios, ventilación, iluminación, piso, estructura y cerramiento. En tal sentido, las viviendas lideradas por mujeres cuentan con un mayor porcentaje de áreas de servicios como: sanitario (94% para las mujeres, 89% para los hombres), lavamanos (43% para las mujeres, 44% para los hombres), ducha (81% para las mujeres, 69% para los hombres) y zona de ropas (63% para las mujeres, 58% para los hombres) (figura 3).

Además, el 81% de las viviendas de las mujeres cuentan con ventilación natural frente al 64% de las viviendas lideradas por hombres; el tipo de piso con que cuentan las viviendas muestra un mayor acabado en el caso de las mujeres, pues el 67% tiene piso en mortero, en comparación con el 58% de las de los hombres; además el 13% usa baldosa cerámica frente al 8% de los hombres que usan este material, y solo un 7% de las mujeres tienen piso en tierra frente a un 11% de los hombres (figura 4).

Igual ocurre con la estructura de la vivienda, la mampostería es utilizada por el 46% de las viviendas lideradas por mujeres y el 44% de las de los hombres. El 11% de las viviendas de las mujeres utilizan pórticos y prefabricados, y un 7% tiene muro vaciado. Además, en las viviendas lideradas por las mujeres se privilegia el uso exclusivo residencial, 89% para el caso de ellas frente al 81% en el caso de los hombres (figura 5).

Las mejores condiciones físicas de la vivienda en el caso de las mujeres son el reflejo de su búsqueda por una adecuada habitabilidad interna y en condiciones de confort, ya que su permanencia en ella implica garantizar una espacialidad que favorece el desarrollo de las actividades domésticas y productivas y una mirada atenta a los factores que al interior de la vivienda puedan afectar la salud.

En la figura 6 se observa una vivienda liderada por una mujer, que a pesar de presentar áreas mínimas se observan condiciones de materialidad (piso en suelo cemento y mampostería en ladrillo), iluminación y ventilación que favorecen el desarrollo de actividades domésticas y productivas al interior de la vivienda.

Sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de las altas coberturas en servicios públicos reportadas en las encuestas, como es el caso de la energía (93% mujeres y 100% hombres) y el agua (94% mujeres y 86% hombres), las precarias condiciones habitacionales representadas en el acceso a servicios públicos persisten, pues el agua es provista por el acueducto veredal sin el mínimo tratamiento previo y las coberturas de alcantarillado (36% para las mujeres y 39% para los hombres) y recolección de basuras (40% para las mujeres y 31% para los hombres) hacen referencia a la prestación informal del servicio, que finalmente resulta en una disposición a cielo abierto de las aguas residuales y de una parte de los residuos sólidos en los patios traseros de las casas o en el río. Por su parte, las coberturas de internet (23% para las mujeres y 17% para los hombres) y telefonía (1% para las mujeres y 3% para los hombres) evidencian las problemáticas en acceso digital visibilizadas por la pandemia en los sectores rurales y semirrurales de Colombia, y las cuales afectaron de manera drástica el acceso a la educación virtual de sus hijos e hijas (figura 7).

En la figura 8 se observa como algunas viviendas del caso de estudio no cuentan con alcantarillado, y depositan sus aguas residuales a campo abierto en la misma zona donde crían sus animales y realizan actividades recreativas, lo mismo sucede con los residuos sólidos que se depositan a campo abierto en la misma vega.

Equipamientos y espacios públicos de relación

El caso de La Primavera es un ejemplo claro de cómo, en los países en desarrollo, la población más pobre, en este caso particular, la población migrante y desplazada por la violencia, debe habitar en la periferia de la ciudad, lejos del empleo y la infraestructura de servicios (Grundström, 2014). Esto se evidencia claramente en la forma como las mujeres resaltan la ausencia de equipamientos; el 59% de las mujeres dicen que no existe ninguno cercano a su vivienda, frente a un 42% de los hombres que afirma lo mismo (figura 9).

Y entre los más reconocidos están: el centro educativo, el cual se considera cercano para el 20% de las mujeres y para el 28% de los hombres; el centro de salud, cercano para el 16% de las mujeres y el 28% de los hombres; el centro cultural reconocido como cercano por el 13% de las mujeres y el 19% de los hombres; y centros deportivos, cercanos para el 14% de las mujeres y el 33% de los hombres.

En la figura 10 se muestra el único espacio de encuentro con que cuenta la población del caso de estudio, su estado en términos de materialidad es muy crítico, no cuenta con un cerramiento adecuado. Además, en temporadas lluviosas no es posible hacer uso del espacio y no cuenta con condiciones de seguridad, por lo cual no es posible dejar ningún equipo o material que se requiera para el trabajo comunitario, es insuficiente en área para la población que atiende y no cuenta con el mobiliario adecuado.

Esta ausencia de equipamientos limita las actividades productivas y las posibilidades de interacción social y política, pues el ejercicio de dobles y triples roles complejiza su relación con el entorno construido, expresada en los bajos niveles de uso de dichos espacios. En tal sentido, el 63% de las mujeres dice que no usa ninguno en comparación con un 67% de los hombres. El equipamiento más usado por las mujeres es el centro educativo con un 17%, seguido por el centro de salud con el 11% (figura 11).

Esto evidencia la priorización que hacen las mujeres, desde su posición de subordinación, de las necesidades de sus hijos, de la familia o de los hogares, pues las infraestructuras para el disfrute propio, como las zonas deportivas, el salón comunal, incluso las cabeceras del corregimiento El Hatillo y del municipio de Barbosa, son escasamente frecuentadas.

En la figura 12 se observan los puntos de encuentro; el de mayor uso y con mayor área es la caseta comunal, los demás puntos de encuentro son espacios sobre la antigua vía férrea que separan las viviendas entre sí, pero que no han sido planificados, ni pensados como lugares de encuentro, solo resuelven de manera informal la carencia del asentamiento.

En la figura 13 se observa cómo debido a la condición de ilegalidad del asentamiento, por encontrarse en zona de alto riesgo (como resultado de un desarrollo espontaneo producto de procesos de invasión), todos los equipamientos están por fuera del territorio. La administración municipal no ha dotado el asentamiento de equipamientos destinados a la salud o la educación, las mujeres deben acudir a un corregimiento cercano denominado el Hatillo o a veredas cercanas, exponiéndose por la localización de estos, a riesgo de accidentalidad, al tener que cruzar una vía de alto tráfico y velocidad.

Amenaza y riesgo

En el caso de La Primavera, el impacto de la problemática ambiental sobre las mujeres es evidente, a partir de la estrecha relación que existe entre actividades de cuidado y los problemas ambientales.

Como se habló en el apartado sobre vivienda, el acceso al agua en términos de calidad es precario y no existe provisión de sistemas de alcantarillado y recolección de basuras, lo que ha obligado a los habitantes del territorio a buscar alternativas informales para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos; esto ha redundado en problemáticas de contaminación del agua (en particular del río) y el suelo. Por ello, los principales focos de contaminación identificados por los habitantes son: los olores ofensivos, los cuales son reconocidos como el principal contaminador por el 69% de las mujeres y por el 56% de los hombres; seguidos de las aguas residuales, para el 43% de las mujeres y el 28% de los hombres; y las quebradas sucias, para el 39% de las mujeres y el 42% de los hombres. Además, existe una preocupación por la acumulación de residuos, el vertimiento de químicos y las emisiones de gases (figura 14).

En la figura 15 se observan los diferentes factores de riesgo a los cuales está expuesta la población del asentamiento, en particular las mujeres.

En particular, se evidencia desde el análisis técnico que las viviendas lideradas por mujeres están ubicadas en riesgo alto por inundación 44% (frente a un 36% de los hombres); hundimiento en el 37% de las viviendas (28% para los hombres) y deslizamiento, 27% (el 25% para los hombres), (tabla 3).

En la figura 16, se muestran los niveles de afectación de las viviendas en relación con la amenaza por inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales.

Sin embargo, como ya lo habían observado Dankelman y Davidson (1989), Cohen, R. y Ferguson, A. (1991) y Rico (1996a, 1996b), las mujeres son las que mayor conciencia tienen del riesgo y quienes participan más activamente de su gestión. El 19% de las mujeres reconoce que existen lugares de atención, encuentro y alojamiento ante posibles desastres, frente a al 17% de los hombres; ambos sexos en un 50% reconocen que existe una infraestructura asociada a la red de alerta temprana, pero la gran diferencia radica en que el 49% de las mujeres (frente a un 39% de los hombres) reconoce la alarma como infraestructura de alerta (figura 17).

Conclusión

El caso de La Primavera, con sus múltiples afectaciones por el conflicto armado, el riesgo de desastres y la vulnerabilidad social que conlleva a los asentamientos informales permitió confirmar los determinantes de género recurrentemente analizados con respecto a las condiciones de habitabilidad en la vida de las mujeres, los cuales se ven exacerbados cuando de población desplazada por la violencia se habla.

Partiendo de las tres variables seleccionadas para el análisis, se puede afirmar que el caso de estudio corroboró el supuesto de las precarias condiciones de habitabilidad doméstica en las que las mujeres, en especial de escasos recursos, realizan la labor de cuidado (Massolo, 2004), pues si bien las condiciones de la vivienda de los hogares liderados por mujeres son similares, y en algunos casos, mejores que las de los hombres (por ejemplo en materiales de piso, estructura y áreas de servicio), el acceso a servicios públicos en el caso de estudio es precario, lo cual conlleva un incremento en el tiempo dedicado al cuidado por las dificultades de acceso a agua potable, las difíciles condiciones de salubridad debido a la inadecuada disposición de aguas residuales y basuras, y la limitada conectividad. A esto se suman, al igual que como se observó en el corpus teórico, el mayor número de integrantes de la familia dependientes (Scuro y Vaca-trigo, 2017), el cual en el caso de las mujeres de La Primavera es el doble del de las familias lideradas por hombres.

Por su parte, en cuanto a las variables espacio público y equipamientos, la literatura invita a centrar la mirada en las restricciones que genera la ubicación periférica de los asentamientos para el acceso de las mujeres a actividades productivas, equipamientos y posibilidades de interacción social y política. La Primavera es un buen ejemplo de ello, pues da cuenta de la ausencia de equipamientos, infraestructuras de servicios, espacio público y espacios de encuentro que caracteriza a los asentamientos informales en Colombia. Esta carencia, como se observó en las respuestas de las encuestadas, a su vez impacta las posibilidades de interacción social y política de las mujeres por las limitaciones derivadas del hábitat construido (Grundström, 2014) para el ejercicio del triple rol (Reproductivo, productivo y comunitario), haciendo que las mujeres privilegien las infraestructuras relacionadas con su labor de cuidado, como las escuelas y los centros de salud, en detrimento de los espacios lúdicos o de encuentro que les permitan satisfacer sus necesidades de pertenencia, identidad y sociabilidad femenina (Ducci et al., 1996) .

Por último, desde la variable seguridad del entorno, leída desde la perspectiva de amenaza y riesgo, la estrecha relación existente entre problemas ambientales y limitaciones a la labor de cuidado evidenciada desde la literatura, se expresa en el caso de La Primavera en la nula provisión de sistemas de alcantarillado, la disposición informal de basuras y el escaso o intermitente acceso a la energía eléctrica ya mencionado, que finalmente se traducen en un incremento de la vulnerabilidad social expresada en riesgos para la salud y el bienestar de las mujeres y sus familias, quienes a su vez, se encuentra en una situación de confinamiento espacial, como la descrita por Schteingert (2009), Vega ( 1996), Soto (2018), y que se expresa en la realización, casi que de forma exclusiva, de las actividades diarias en la vivienda y el entorno inmediato. No obstante, la esperada complementariedad que otorgan los factores de habitabilidad externa en relación con las carencias que presentan las viviendas en su interior, en el caso de este asentamiento, no se logra observar. El entorno no aporta al bienestar de las mujeres en el nivel colectivo, no propician el encuentro, la recreación, ni la interacción social.

Sin embargo, el caso de La Primavera también permitió incorporar al análisis elementos adicionales que tienen que ver con los esfuerzos permanentes que realizan las mujeres por mejorar sus condiciones de habitabilidad y su cultura ambiental, y que ante igual panorama de vulnerabilidad que los hombres, hacen que las viviendas habitadas por ellas muestren (en ciertos indicadores en los que tiene mayor margen de maniobra, como las condiciones físicas de la vivienda) unos mejores niveles, que dan cuenta de los esfuerzos realizados en su gestión constante de la vida cotidiana.

Como afirman Segovia y Rico (2017), asumir las labores de cuidado y la autonomía de las mujeres como ejes orientadores de un urbanismo con perspectiva de género implica mejorar el acceso a servicios públicos y las condiciones de la vivienda, haciendo que la habitabilidad, tanto interna como externa, se convierta en facilitadora de sus actividades cotidianas, para así contribuir a la reducción del tiempo dedicado a las labores de cuidado. En particular, en cuanto a habitabilidad externa es necesario mejorar las condiciones del entorno inmediato para que cumpla con su función de satisfacer las necesidades de pertenencia, identidad y sociabilidad femenina (Ducci et al., 1996).

Así pues, esta transformación en las condiciones de habitabilidad exige, como se mencionó en el apartado teórico, contar con infraestructuras básicas para el ejercicio del rol reproductivo (centros educativos, los centros de salud y los escenarios recreativos), infraestructuras orientadas a favorecer el ejercicio de su rol comunitario (Lugares de encuentro, reunión y socialización); y la configuración mixta de usos del suelo que permita a las mujeres acercarse al rol productivo a través de la reducción de los tiempos de traslado y a los servicios comerciales básicos. Esto permitiría, a partir de la generación de procesos participativos que identifiquen y mitiguen el impacto del diseño masculino del entorno urbano (Soto, 2018), superar la idea de la concepción neutral del espacio que trae como resultado un “espacio sexuado” (McDowell, 2000), para conseguir una planeación urbana que contribuya a la realización del derecho a la ciudad de las mujeres.

Por esta razón, es fundamental reafirmar la necesidad de una aproximación holística al concepto de habitabilidad, entendiendo que los indicadores, tanto relacionados con la habitabilidad interna como la externa, leídos desde una escala urbana, deben trabajarse necesariamente de manera transversal para reconocer la importancia no solo de incorporar la perspectiva de género en premisas sobre el derecho a la ciudad, sino que hacen imperiosa la necesidad de vincular a las mujeres en los procesos de planificación urbana, para con ello lograr que sus necesidades y satisfacciones sean comprendidos y que se evite subvalorar las actividades ligadas a la labor del cuidado, las cuales producen el mayor impacto negativo en la vida de las mujeres, si no se cuenta con las condiciones necesarias para facilitar su ejercicio.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica
Este artículo es resultado del proyecto de investigación Vulnerabilidad, resiliencia y riesgo de comunidades y cuencas abastecedoras afectadas por fenómenos de deslizamientos y avalanchas, código 1118-852-71251, contrato 80740-492-2020, celebrado entre Fiduprevisora y la Universidad de Medellín con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, Fondo Francisco José de Caldas.

Notas de autor

^aAutora de correspondencia. Correo electrónico: pvalencia@udemedellin.edu.co

Información adicional

Cómo citar este artículo: Valencia Londoño, P. A., y Valencia Londoño, D. (2023). Habitabilidad de las mujeres desplazadas por la violencia en Colombia: caso de La Primavera. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 16.https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu16.hmdv

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