Introducción

La segmentación socio-espacial en grandes y medianas ciudades se ha exacerbado por la incursión de un neoliberalismo de tipo urbanístico y su énfasis en el mercado de vivienda orientado hacia grupos sociales más pudientes económicamente (Sassen, 2015); para los más pobres, la opción extrema es la conquista de un espacio y la toma de tierra para intentar resolver la carencia de vivienda. En esta dinámica de exclusión por el mercado y de respuestas populares a tal situación, surge el Bajo Andes (Manizales), oficialmente denominado como “asentamiento humano informal”, negando así su condición de barrio, hecho que arrastra implicaciones en términos de autonomía, asignación de recursos del presupuesto municipal, exacerbación de la vulnerabilidad, la exclusión y la estigmatización. De este modo, comprender el origen y formación de los denominados barrios de invasión, esclarecer el sentido político en la construcción de territorio y lugar, cuestionar el quehacer gubernamental en la disputa con su contraparte y acoger este tipo de barrios como actores legítimos en las problemáticas de ciudad justifican los esfuerzos investigativos y su difusión, con el propósito de interpelar la política pública relacionada con el desarrollo urbanístico.

En la síntesis del problema, se propone al Bajo Andes como una comunidad de invasión originada desde la iniciativa de la gente para sortear la imposibilidad de acceder a una vivienda en las condiciones que plantea el mercado inmobiliario; la respuesta desde las instancias oficiales es considerar tal comunidad como asentamiento humano informal y negarse a aceptarla como barrio. Esta posición oficial conlleva a decisiones agravantes de la vulnerabilidad y la exclusión: dificultades para materializar iniciativas de organización y participación, limitaciones a la autonomía, privación de recursos del presupuesto municipal y de ejecución de obras públicas. Así pues, los avances hacia la inclusión pasan por descifrar las posturas de los actores en controversia, lo cual reclama mayor comprensión de sus actos a partir de considerar el sentido político que estos conllevan.

Según lo expuesto, los esfuerzos investigativos están guiados por la idea general de que, en el Bajo Andes, la construcción de lugar (locus de relaciones) y de territorio realizada por sus habitantes plantea controversia con actores de gobierno; de este forcejeo surgen representaciones territoriales que configuran al barrio (al asentamiento humano informal) como actor dentro de la geopolítica local.

La referida tesis sugiere algunas aristas conceptuales aptas para guiar el análisis de los hallazgos. En efecto, se acoge el lugar y el territorio como construcciones sociales a partir de la relacionalidad entre el entorno material y las prácticas culturales, las relaciones sociales y los procesos político-económicos. Como lo postula Harvey (2017), lugar y territorio son construcciones logradas mediante un diálogo entre las cualidades inherentes de los espacios y las aspiraciones y acciones humanas. También se acude a la ampliación del concepto de geopolítica y sus actores en la línea de Rosière (2007), toda vez que este autor considera situaciones contemporáneas favorables a la proliferación de actores como potenciales interesados en la disputa por el territorio, quienes en la cotidianidad de sus actos realizan representaciones territoriales, lo cual descentra la geopolítica como cuestión exclusiva del Estado y la ubica también en jurisdicciones locales.

La tesis también incorpora un componente de discusión para cuestionar la posición oficial de nominar al Bajo Andes como “asentamiento humano informal”, denominación que correspondería a la representación territorial planteada desde la praxis dominante para negar recursos, debilitar formas de organización, excluir y, de paso, exacerbar la desigualdad social.

Los hallazgos soportan la conclusión acerca de la presencia de un conjunto de representaciones territoriales dispuestas por los ciudadanos, para plantear alternativas a las praxis dominantes que establecen un orden único para la construcción de barrio, comunidad y ciudad. En el interés por el territorio como representación, se descubre el esfuerzo de los ciudadanos del Bajo Andes por configurarse como barrio en la búsqueda de alguna forma de organización territorial/geográfica para realizar sus capacidades humanas.

Contexto específico del estudio. Bajo Andes, expresión de la segmentación socio-espacial en Manizales

El proceso de urbanización de Manizales arrastra una historia de segmentación socio-espacial, la cual ayuda a entender el surgimiento de barrios de invasión, entre ellos el Bajo Andes. Para Ocampo (1972), la segmentación socio-espacial arranca desde el reparto fundacional de tierras a favor de unos pocos, quienes además se aseguraron el poder político. Luego, en el hilo de la dinámica económica surgieron rasgos de tugurización para quienes quedaron excluidos de las precarias ofertas laborales alentadas por comerciantes, empresarios cafeteros y la naciente industria.

A mediados del siglo pasado, según Satizábal (2012), la inestabilidad económica y la violencia en áreas rurales forzaron la migración hacia la ciudad y aceleraron el avance de asentamientos informales en sus periferias. Con el advenimiento de la urbanización neoliberal se exacerbó la segmentación socio-espacial, debido al desmonte de las instituciones de apoyo a los carentes de vivienda, al tiempo que se alentó un mercado inmobiliario excluyente de los más pobres y favorable para los económicamente pudientes (Villegas y Villegas, 2017).

Es en un contexto como el esbozado que se comprende el devenir del “asentamiento humano Bajo Andes”¹. Este se configuró a partir de una invasión en los años setenta que desató el pulso con la administración de la ciudad, la cual ordenó la reubicación en otro sector. Después se presentó un fenómeno de repoblamiento, de modo que en la actualidad el denominado asentamiento humano expresa a plenitud la segmentación socio-espacial de la ciudad, en la medida en que sigue siendo habitado por grupos familiares de raíces campesinas, desplazados, trabajadores informales, desempleados y personas pobres sin capacidad económica para comprar una vivienda. Se identifica así el predominio de aquello que Noguera (2004) llama rizoma rural-urbano-agrario, por la confluencia de elementos del campo, de la ciudad y de prácticas agropecuarias.

Referente teórico-conceptual

En coherencia con la perspectiva del hábitat como construcción social, según la proponen Ortiz Flores (2004) y Echeverría (2009), se enmarcan los conceptos de lugar y territorio atribuibles a Yori (2009) y Raffestin (1993), respectivamente.

La configuración del lugar, una obra de seres espaciantes

La comprensión de una idea de lugar requiere asumir la dimensión espaciante de los seres humanos. Yori (2009) advierte sobre la forma generalizada, coloquial y sencilla como se define el lugar, ya que para muchos, es un espacio que simplemente está ahí, dispuesto para ser ocupado, si bien resulta ser algo mucho más complejo. En ese sentido, es exclusividad de los humanos asumirse en la dimensión espaciante, esto es, poner en acción “la facultad […] de ‘abrir el espacio’ (espaciar) que en consecuencia nos hace […] seres dotados de sentido gracias a la dimensión simbólica […], histórica y social con que abordamos nuestra particular relación con el espacio” (Yori, 2009, p. 102, nota 187). Es decir, el espacio es pre-esencia para tener un lugar, y se va configurando en la medida en que se procede a coparlo de signos en el transcurso de su apropiación social, cuando se le imprime sentido, sentimiento, y desata emociones. Así, el lugar viene a ser el resultado inacabado de una construcción propiciada por seres espaciantes, quienes realizan significadamente su empeño de aprehender el espacio.

Construido el lugar, de él emanan elementos constitutivos. Interpretando a Yori (2009), el lugar es: i) encuentro de tiempo y espacio en un ahora abierto en oportunidades para proyectar “un espacio con-sentido”; ii) articulación de espacios donde se realiza el anclaje del devenir de cada vida; iii) escenario y mediación donde se puede exponer cada existencia en mutualidad con el otro y se ubica una cierta idea de los contextos; iv) reto político que invita a participar, individual y colectivamente, en la construcción de convivencia; v) co-construcción de contextos socio-espaciales ampliados, llámense barrio, vereda, comuna, ciudad, país, etc. Del anterior desglose, se deduce la idea de lugar como locus de relaciones para llevar la cotidianidad, para construir la identidad, para afianzar la lucha, para pactar la convivencia.

El territorio, su construcción social o territorialización

Raffestin (1993) plantea distinciones entre espacio y territorio, toda vez que el primero adquiere la connotación de despensa natural de recursos, mientras que el territorio se configura a partir de un proceso de construcción social (territorialización), que con el paso del tiempo va cambiando por la acción creativa a partir del deseo personal. Así pues, este “se traduce en información que continuamente transforma el entorno, de modo que deja de existir un único entorno y aparecen entornos potencialmente infinitos tanto en número como en variedad” (Schmidt et al., 2018, p. 101). Es decir que la información, devenida del deseo o de los intereses, antecede al territorio y moviliza la construcción del mismo.

La idea de territorio como construcción social se refrenda en otros autores, tales como Pecqueur (1998), con su distinción de territorio construido vs. territorio-espacio; también en Tizon (1996), quien define el territorio como ámbito de comunidad, convergencia de vida, acción y pensamiento en procesos espontáneos de construcción de identidad; y se incluye por último la sinopsis de Flores (2007), en donde se establecen conclusiones acerca del territorio surgido de un espacio geográfico, aprehendido de manera física y simbólica mediante la acción social, en un proceso permanente e inacabado de transformación animado por la relaciones sociales, incluidas las de poder, tras el acceso, uso y control del patrimonio local.

En resumen, se interpreta que la aprehensión del espacio geográfico mediante el signo revelador de intereses y deseos (la información) es condición para la construcción de territorio, lograda mediante el despliegue de la acción social expresada en el inter-juego de relaciones entre diferentes actores. Es la diferencia de intereses y de poder la que le da a este juego una connotación política.

Territorio y geopolítica

Para Rosière (2007), cuando el territorio se asume como objeto de contienda, controversia, disputa e incluso de coordinaciones y mediaciones democráticas, alianzas y fidelidades, se está en el espectro de la geopolítica, la cual requiere de actores específicos, definidos por el autor como “toda entidad que elabora representaciones territoriales […], que expresa esas representaciones (o según el caso sus reivindicaciones) que hace sobre el espacio, estructurando redes y territorios” (p. 284).

En la actualidad, cuando los Estados, en el fluir del poder, deben competir con otras fuerzas internas y del espacio extraterritorial (Bauman, 2008) en la consolidación de ciudadanía y la realización de los derechos, a los actores geopolíticos clásicos (Estado, iglesias y fuerzas armadas) se suman otros venidos de la sociedad civil: partidos políticos, ONG, agentes económicos, medios de comunicación, organizaciones populares.

Los intereses geopolíticos de los actores populares son desplegados por vías de estructuras representativas: asociaciones culturales, partidos políticos, organizaciones diversas. Incluso en situaciones de resistencia a la institucionalidad, las guerrillas y otras fuerzas irregulares se vinculan al panel de actores de la geopolítica. En ese sentido, Sassen (citado en Harvey, 2017, p. 105) amplía:

[…] las teorías siguen centrándose en la lógica de las relaciones entre Estados […], en una era en la que vemos proliferar agentes no estatales, procesos transfronterizados y todos los cambios que eso lleva asociados en cuanto al alcance, la exclusividad y la competencia de la autoridad del Estado sobre su territorio […] además es importante el papel desempeñado por las nuevas tecnologías digitales. Internet también ha hecho posible una nueva clase de política transfronteriza que puede saltarse la política interestatal.

Para Rosière (2007), las representaciones son constitutivas del comportamiento de los actores porque preceden y explican sus acciones. Así pues, la representación más simple es la manifestación del interés por el territorio, para ser reivindicado, defendido, amenazado, expandido, sesionado, anexado. Las fronteras constituyen otra representación territorial, junto con el modo de organización del territorio, las visiones del mundo, los mapas y por último el nombre, con los cambios y complementaciones que este asuma.

Notas metodológicas

La investigación estuvo dirigida a destacar el sentido político incorporado en la construcción social del hábitat en un barrio de invasión. La aceptación de la premisa del hábitat como una permanente construcción a partir de la interacción social orientó el estudio hacia un enfoque cualitativo con el apoyo en técnicas como la observación, la conversación ocasional y, según lo sugiere Doré (2008), mediante el diálogo en cualquier sitio donde se pueda conversar con las personas dispuestas a hacerlo. También se incluyeron entrevistas a profundidad y con especial énfasis se levantó una cartografía social con la marcada intención de indagar la memoria colectiva e identificar las dinámicas forjadoras del lugar y el territorio. La validación de la información, para efectos de la generalización de hallazgos, requirió de actividades de puesta en común, resaltando un conversatorio con la participación de personas del asentamiento, complementado con una exposición fotográfica abierta al público en general², más los comentarios recopilados que apoyaron el análisis.

Análisis de hallazgos. Bajo Andes: lugar, territorio y su configuración como actor de la geopolítica local

Según el tratamiento oficial, el Bajo Andes es un asentamiento humano formado a partir de la invasión de una ladera, situación que plantea controversia entre los habitantes y las instancias administrativas de la ciudad. La historia de este pulso podría resumirse así: toma inicial de tierras, avances del poblamiento, desalojo con reubicación en otro sector de la ciudad, repoblamiento de la ladera acompañado de una estrategia oficial de exclusión y negación del reconocimiento como barrio. Esa ladera, antes un baldío, ahora adquiere una doble configuración, como lugar o locus de relaciones, tras la acción espaciante de sus habitantes, y también como territorio, por el sentido político inmerso en la construcción social de este (territorialización). De la conjunción de estas configuraciones se despliegan signos, bajo la forma de representaciones territoriales que se enumeran a continuación, para hacer de la controversia un asunto de geopolítica.

Defensa del territorio construido vs. lugar negado

La vindicación de la subsistencia y de los derechos moviliza el interés de los habitantes del Bajo Andes por consolidar un territorio, hacerse a un lugar, y defenderlo ante una eventual acción de desalojo. La motivación para agregarse a un proceso colectivo de toma de terrenos dimana de la pobreza y del desmonte de instituciones de apoyo, todo lo cual exacerba las luchas colectivas, según lo refieren Abramo (2005), Romero (2003) y Wiesenfeld (1998). La insuficiencia de recursos monetarios para acceder al mercado inmobiliario y el alejamiento del Estado constituyen el detonante para muchos, que ven incrementadas sus posibilidades de hacerse a un pedazo de suelo y tener una vivienda propia mediante la participación en una acción colectiva. Esto lo manifiesta el ‘abuelo’, partícipe en la decisión y acción de tomarse un lote para empezar un barrio³:

A mi padre le ofrecieron una mejora en lote de invasión pero había que rehacer el rancho, hacer la letrina, acarrear agua, piratear electricidad. No obstante, él supo ver que la falta de vivienda era más que un problema individual […] y que todos estaban dispuestos a dar la lucha, a no dejarse desalojar; se le hizo más clara la posibilidad de tener casa propia.

No solo el interés por el territorio se sustenta en su defensa para realizar la subsistencia; también se arguye la lucha por los derechos y la inconformidad frente a la desigualdad propiciada por un mercado inmobiliario orientado por el lucro.

‘Juan Albañil’⁴, antes agricultor, luego desplazado y ahora aprendiz de construcción, enfatiza en la necesidad de hacerse a un lugar para desde allí buscar la realización de sus derechos:

Vine a Manizales a “guerrear la ciudad”; esto significa estar dispuesto a trabajar en lo que sea; en la calle hay oportunidades; significa buscar dónde vivir, si es en una invasión toca piratear los servicios; significa reclamar por la escuela, por la salud. Ahora trabajo en construcción y aprendo para mejorar la casita. Uno vive en un rancho mientras hay personas que se compran hasta cuatro apartamentos y luego salen a arrendarlos o a revenderlos. Esto que yo veo lo conversamos entre nosotros.

Se descubre en el testimonio aquello que Lombard (2015) denomina ciudadanía como acto performativo, manifestado en el afán de las personas de poseer un lote como asiento para extender su trama de relaciones (hacerse a un lugar), siguiendo el sentido vindicativo en la realización de sus derechos. Dicho de otra forma, a partir de los aportes de Nussbaum (citada en Harvey, 2017), las personas buscan una forma de organización territorial (barrio, vereda, etc.) para realizar sus capacidades en torno a la vida, la salud física (incluidas vivienda y alimentación ), la libertad para moverse y explorar sin recibir ataques por ello, la libertad de los sentidos, imaginación y pensamiento, el desarrollo de apegos, amor y cariño, la capacidad adquirida mediante la educación para el desempeño según las potencialidades, la afiliación y las relaciones sociales, la dignidad y el respeto por sí mismos, la capacidad para el relacionamiento con el mundo natural, la libertad para jugar y el control sobre el propio entorno político y material.

Además se intuye, desde la evidencia, la postura de compartir con otros la voz privada, lo cual significa politizar el problema, algo que ocurre, según lo plantea Wiesenfeld (1998, p. 44),

cuando la emoción se transforma en acción, lo privado se hace público […] el problema […] se instala en el nivel de la conciencia individual, pero las prácticas sociales tendientes a satisfacer el problema suscitan encuentros, intercambios, negociaciones, con otros que comparten la misma carencia.

El interés de los habitantes del Bajo Andes por el territorio es respondido desde las instituciones administrativas del Estado con la negación o, para plantearlo como paradoja, el interés estatal por el territorio está, en este caso, ubicado en el espectro del desinterés. Se comprueba lo anterior a partir del hecho de que en los mapas georreferenciados consultados en Google Maps, los cuales se nutren de información oficial, se excluye el Bajo Andes, no aparece como barrio ni como parte alguna de la ciudad, con lo que queda la idea de una especie de lugar negado, como un lugar de “aquellos que reivindican nuevas socializaciones y nuevas localizaciones” (Auge, 1993, p. 114), ante las cuales se esgrime la normatividad para declarar la no legalidad y así ubicar la controversia en el campo de las nominaciones, según se verá más adelante.

El interés por el territorio desde instituciones del Estado también pasa por los partidos políticos y los personajes que los representan. En el Bajo Andes hay huellas del paso de políticos que en campaña transaron votos por obras públicas, significando la instrumentalización de las necesidades de las personas en transacciones de corto plazo, sin compromiso alguno de escalar las problemáticas del asentamiento/barrio a temas de planeación de la ciudad, por lo que aquí el interés por el territorio se matiza de utilitarismo.

Modos de participación y organización

Las formas como se organiza la participación en el desarrollo de los intereses comunes, y sus diversas dinámicas de vida barrial, son representaciones territoriales que definen a un grupo poblacional como actor de la geopolítica.

Participación popular: tenues voces barriales e institucionales

Los esfuerzos de participación de los habitantes del barrio Bajo Andes para hacerse oír, aunque tímidos, han sido insistentes y llevan a las autoridades gubernamentales de turno a debatirse entre el deber de velar por el cumplimiento de la normatividad y su solidaridad con las causas populares.

La participación es débil en el barrio Bajo Andes, ya que al no contar con una junta de acción comunal (JAC) propia, los habitantes manifiestan sentirse olvidados por sus dirigentes, además de que los espacios de participación son mínimos y de poca asistencia, y son pocos los recursos y la información que llegan. Algunos líderes intentaron formalizar una JAC, pero la solicitud fue negada por la autoridad gubernamental, negativa que es entendida así por un habitante:

No les conviene aceptarnos como barrio; dicen que somos un asentamiento humano. Si aceptan la junta de acción comunal, les toca darnos del presupuesto y atender nuestras peticiones, [pero] prefieren dejarnos dependiendo de otra junta del barrio vecino (El Nevado) o que le estemos haciendo el juego a algún político.

El habitante reconoce una autoridad gubernamental apegada a la norma para negar el reconocimiento de la junta, mientras surgen maneras indirectas de atender algunos requerimientos de la comunidad: es el caso de la presencia estatal a través de los partidos políticos, encarnados en personajes con intenciones de transacción y de mejoras a cambio de votos.

Ante las iniciativas para la participación y organización, la respuesta desde la autoridad municipal ha sido ambigua: se apega a la norma para negar el reconocimiento de la JAC, pero permite apoyos indirectos para atenuar responsabilidades ante cualquier contingencia, o para mostrar algún sentido solidario y de cumplimiento del deber. La ambigüedad del quehacer gubernamental es un comportamiento típico expuesto por Wiesenfeld (1998), al considerar que las autoridades de gobierno se ven forzadas a actuar entre la condición de ajustarse a la normativa, a riesgo de perder capital político, y la empatía con las necesidades populares; se debaten pues entre el cumplimiento estricto con el deber y su aspiración por obrar con sentido de justicia social sustentada en los derechos humanos.

Organización, la solidaridad como soporte

Se verifica en el Bajo Andes un tipo de organización soportada en la solidaridad y el conocimiento compartido, como respuesta al déficit de infraestructura para los servicios públicos y la negativa del gobierno municipal de atender dichas demandas. Según estudio oficial (Alcaldía de Manizales, 2015), el alcantarillado que sirve al sector, además de la obsolescencia de sus redes, evidencia una subestructura como producto de la continua ocupación e intervención por parte de los mismos habitantes que van llegando al sitio, quienes con sus elementales saberes expanden instalaciones sin consideraciones técnicas y con materiales reutilizados, conectándose así a las redes por medio de un sistema de servidumbre entre viviendas. Este caso del alcantarillado es igualmente válido para el acueducto, la electricidad y el alumbrado de vías públicas.

Actuaciones singulares confrontadoras de visiones institucionalizadas de organización de ciudad

Frente a la institucionalización para regular el mercado de bienes raíces y las actividades de construcción y obras de urbanismo, en el Bajo Andes se dan formas propias de realizar tales actividades, interpretables como manifestaciones de representaciones territoriales en el marco de un pulso geopolítico.

“Libertades constructivas” para perseverar ante la institucionalidad

La institucionalidad tiene dispuesto un entramado de elementos para regular la actividad constructiva, de tal forma que esta avance bajo criterios de seguridad, baja vulnerabilidad, optimización de la infraestructura instalada, uso del suelo, espacio público y diseño urbano, entre otros. Por contraste, la actividad constructiva en el barrio Bajo Andes ha transcurrido alejada de la regulación institucional y se ha expandido en dos grandes frentes: el primero, de “libertad urbanística” (Cravino, 2009), y el segundo, de “libertad de derecho de construcción” (Abramo, 2005).

La libertad urbanística se evidencia en el siguiente relato técnico:

La morfología [del Bajo Andes] obedece a un trazado orgánico derivado de su condición de ladera […]. La ocupación se da en la cresta de la montaña como eje principal y se expande en ejes secundarios […]. Los mismos pobladores han definido su propio trazado. Las limitaciones a la expansión se dan por las condiciones topográficas y por la presencia de un afluente hídrico, más allá de que exista un control urbano o un control social⁵.

Esta descripción ilustra el concepto de libertad urbanística, o si se prefiere, de “urbanismo tácito”, para acoger los términos de Abramo (2005). La idea del trazado orgánico implica una rápida adecuación del suelo, con movimientos de tierra individuales y pequeños, disposición irregular de viviendas (unas en contra de la pendiente, otras a favor) y una configuración del trazado en la que se imponen las condiciones morfológicas del suelo, toda vez que nadie define y dirige la estandarización y aplicación de una tecnología constructiva adaptada a la topografía del lugar (López y López, 2004). Esta libertad urbanística se extiende a la forma como se expanden las redes de servicio público, sin acato a las normas técnicas y con base en conexiones ilegales. De este modo, la expansión del Bajo Andes solo se ve limitada por las condiciones físicas del sitio.

Por su parte, la libertad de derecho de construcción, o en los términos de Cravino (2009), la “flexibilidad constructiva” aplica en el barrio Bajo Andes porque en la construcción, remodelación, ampliación de las viviendas o en las operaciones de demolición no se ha requerido “incorporar las normas urbanas constructivas del orden jurídico oficial” (Cravino, 2009, p. 49). Allí, la libertad urbanística y la flexibilidad constructiva se practican como actos particulares, al amparo de un urbanismo y una actividad constructiva de facto.

El mercado de “mejoras locativas” vs. el mercado de bienes inmuebles

En condiciones de regulación, la transacción en el mercado de inmuebles tendría que ajustarse a disposiciones institucionales y a la vigilancia del cumplimiento de una normatividad sujeta a protocolos de legalidad. A esta formalidad institucional se le opone la autarquía respecto de los procedimientos jurídicos (Abramo, 2005), según se presenta en el Bajo Andes. Así, se sabe de transacciones de compraventa de inmuebles en el barrio: “Es frecuente encontrar vecinos ya establecidos que aprovechan para apropiarse de otro terreno, a veces disimulando la construcción de un cerco, pero en definitiva es para comenzar a construir otra vivienda que luego arriendan y posteriormente venden”⁶.

Inquieta entonces la siguiente pregunta: ¿si en el mercado de suelo urbano la transacción representa la cesión de los derechos de uso de un oferente a favor de un comprador, entonces qué se transa en las operaciones de compra venta en el Bajo Andes, si se sabe que quien vende no ha adquirido legalmente dicho derecho? Vuelve la voz del ‘abuelo’ para aportar pistas de respuesta, sugiriendo una transacción conformada por un terreno, unas mejoras y un “capital locativo”:

Compramos el lote y el rancho, pero además vimos un camino de lucha abierto por los que ya estaban establecidos: había un vecindario, la cercanía de una escuela y además la posibilidad de seguir viviendo como vivíamos en el campo porque el lote se prestaba para cultivar y criar animales.

En versión de Abramo (2005) se diría que, en esencia, se transa un capital locativo con amplias posibilidades de valorización en el tiempo por la presencia de elementos materiales e inmateriales: vecindario con fuerza colectiva y cohesión para la lucha, escuela, condiciones del terreno para el pancoger. De este modo, en el Bajo Andes, pese a la imposibilidad de realizar una transacción ajustada a la legalidad, hay quien compre y quien venda capital locativo porque todos saben de esa autarquía respecto a los procedimientos jurídicos.

En este mercado de capital locativo, se configura un intercambio entre la inseguridad de la inversión y las posibilidades derivadas de lo que Abramo (2005) denomina una proximidad organizada. A diferencia del mercado inmobiliario, donde se intercambian derechos de uso en condiciones de seguridad jurídica, en el Bajo Andes, a su propia manera, hay personas dispuestas a vender y otras dispuestas a comprar, las cuales aceptan asumir los riesgos de la inseguridad jurídica a cambio de obtener una inmediata solución habitacional y una proximidad organizada, es decir, un lugar o locus para interactuar y construir una base material y social que respalde su lucha por los derechos.

Un discurso plasmable en mapas

El trabajo de cartografía social dio a conocer relatos transferibles a mapas que muestran al Bajo Andes como una entidad territorial bien definida y cognoscible (figura 1).

Las personas identifican límites fijos y fronteras de expansión e interrelación; narran la historia, y al hilo de esta determinan el surgimiento cronológico de sectores; señalan zonas rojas atribuibles al microtráfico y consumo de estupefacientes; ubican la escombrera como fuente de recursos reutilizables en sus proyectos de construcción y dotación de la casa; detallan los puntos de acceso; trazan los senderos de movilidad; hacen inventarios de sitios para encuentros de diversa índole. En sus narrativas incluyen apegos, desapegos y preocupaciones, y las complementan resaltando esfuerzos particulares para atenuar las miradas estigmatizadoras sobre el barrio.

Nombres y denominaciones: asentamiento humano vs. barrio

En el Bajo Andes se corrobora cómo los nombres y otras nominaciones (toponimia) también constituyen representaciones territoriales en el pulso geopolítico. Desde las instancias burocráticas, la nominación asignada de “asentamiento humano” implica una negativa a denominarlo “barrio”, lo cual, además de chocante para algunos habitantes, es interpretado como una postura legal que se proyecta como exclusión. Dice un ocasional líder del frustrado intento por organizar una JAC:

Veo cuando las garzas por instinto se asientan en sus nidos, ese es su asentamiento; pero yo no soy una garza; cuando llego al barrio y a mi casa siempre hay algo para hacer: reparaciones, mejoras, ampliaciones, limpiar caminos […] si nos aceptan como barrio tienen que reconocer la junta de acción comunal, aportarnos recursos, obras; pero si nos dejan como asentamiento tienen la disculpa legal para excluirnos.

La insistente nominación del Bajo Andes como asentamiento humano evidencia la representación territorial optada por instancias del gobierno municipal para hacerle el quite a las implicaciones que derivan de aceptarlo como barrio.

Reflexiones al cierre. Bajo Andes ¿asentamiento o barrio y actor de la geopolítica de ciudad?

En condiciones de acato a la institucionalidad, se pueden plantear dos vías para el reconocimiento de un barrio. La primera viene dada como resultado del cumplimento de unos “estándares predefinidos físicos, técnicos, funcionales o incluso de salubridad” (Echeverría, 2009, p. 60), enmarcados en la planeación urbana, los cuales son planteados desde la visión del crecimiento urbano ordenado, sin que sean despreciables las expectativas de rentabilidad tanto para la economía como para las arcas oficiales, según el interés por el recaudo de impuestos y otras tasas (Lombard, 2015).

La segunda vía, insinuada por Romero (2003), sigue el proceso a partir de una idea sobre el lugar, continuando con la toma de tierras (invasión individual o colectiva), y luego con otros momentos hasta lograr la aceptación oficial como barrio, lo cual representa la cristalización de “una lucha cotidiana de largo aliento, asumida como un llamado, una exigencia por el reconocimiento del barrio —en tanto espacio de vida— como parte de la ciudad” (Romero, 2003, p. 44). Por alguna de estas dos vías es posible llegar a lo que podría denominarse barrio de jure, si se hace analogía con la distinción de Boisier (2006) entre región de facto y región de jure.

Los habitantes del Bajo Andes han optado por la segunda vía, en el intento de hacer el tránsito de “asentamiento humano”, según nominación oficial, a “barrio”, según su auto-reconocimiento. Una vez posesionado de un espacio, cada habitante, como “ser espaciante”, emprende la construcción de un lugar y un territorio, el primero como locus de relaciones y el segundo como centro de interés de una lucha política con la bandera de los derechos. La lugarización y territorialización avanzan, y es en ese avance que se construye barrio, el cual, según Sudjic (2017), se sostiene marcado por las demandas de la cotidianidad, dando pequeños pasos, poco a poco, intentando solucionar dificultades, saltando baches o superando atascos. Aquí, la práctica reivindicativa de los derechos es más significativa que la teoría, por lo que ponerse a contrapelo de la normatividad institucional resulta imperativo para no desfallecer en el intento.

Lugarización y territorialización se manifiestan pues en las siguientes representaciones territoriales, que hacen del Bajo Andes un actor en el pulso de la geopolítica: i) el interés por el territorio, expresado en su defensa como soporte de la cotidianidad y como fundamento de lucha para la realización de los derechos; ii) los modos de participación y organización, que aunque tenues y esporádicos, enfatizan en la consolidación de una JAC, movilizando organización mediante la solidaridad para desarrollar obras de interés común; y iii) las formas espontáneas y singulares ajenas a la normatividad, que confrontan la visión institucionalizada para organizar la ciudad: es el caso de las libertades urbanísticas y el mercado de inmuebles, dado por un mercado de capital locativo articulado con proximidad organizada.

De parte del Estado, con sus instituciones representativas, administrativas y gubernamentales, las representaciones territoriales son simples. La primera está relacionada con la nominación, dada la insistencia desde la administración municipal en negarle al Bajo Andes la categoría de barrio y a cambio reconocerlo como asentamiento humano, con lo que los habitantes tienen claro que esta insistencia sustenta varias negativas: a recursos del presupuesto, a obras civiles, a la consolidación de la organización soportada en una JAC. Los partidos políticos también exponen sus representaciones territoriales específicas, ya que instrumentalizan el interés por el territorio a su favor, proponiendo obras coyunturales y puntuales a cambio de votos, pero sin animarse a considerar el caso de Bajo Andes y otros similares como tema de ciudad y como objeto de sus actuaciones dirigidas a organizar y consolidar una comunidad.

En síntesis, desde una perspectiva sociológica se encuentra en el Bajo Andes un “barrio en curso”, o en analogía con Boisier (2006), un barrio de facto. En cuanto al curso, Sudjic (2017) lo detalla así: se empieza con la edificación de algo que va marcando la distinción entre presencia y ausencia; continúa con la añadidura de “ingredientes urbanos” (casas, tiendas, escuela, salón comunal); luego, la no construcción (ausencia) puede llegar a ser cualquier cosa: plaza, cancha deportiva, sitio de encuentro, mirador, dependiendo de la capacidad y libertad de invención y renovación; el resultado de todo esto es un barrio que deviene memoria colectiva ligada a los hechos y lugares (un locus). Cuentan además aquí las construcciones móviles, expresión recogida de Dubet (2017) para considerar en cualquier intento de construcción de comunidad el aporte de elementos como identidad, creencias, imaginarios y símbolos, sólidamente vinculados con la realidad material y práctica de la vida social, bajo la forma de instituciones, acciones colectivas, normas, reglas, acuerdos de convivencia, etc.

Respecto a la facticidad, los hechos apuntan a los pulsos con la institucionalidad: al desarrollo planificado de ciudad, se plantea desde el barrio espontaneidad; ante la aplicación de la normatividad viene la desalineación de esta y su expresión en libertades; ante el avance del urbanismo simple y dirigido de la ciudad, el barrio avanza en simultaneidades y continuidades. Wiesenfeld (1998) plantea que a cada acto de invasión le siguen tres construcciones a la vez: de la casa, del barrio y de las relaciones, frente a lo cual se propone otra simultaneidad y a la vez continuidad adicional: la construcción de ciudad y de ciudadanía. Los habitantes del Bajo Andes tejen su propia trama de existencia a medida que expanden sus relaciones y se vertebran en continuidades con las tramas del barrio y también de la ciudad, expresando en ello la disposición a actuar en la geopolítica local, al “colonizar el afuera público como forma de hacerse y vincularse como sujeto social, validando su identidad y ejerciendo su derecho al territorio” (Echeverría, 2009, p. 64).

Para cerrar, el caso estudiado se presenta como ilustrativo de otras experiencias de construcción de barrio surgidas de la toma de tierras. Se muestra que esta forma de territorialización es, entre otras cosas, construcción social y política, lugar y territorio; esto es así cuando se pasa “del momento fundacional en que lo personal adquiere un aspecto político a la organización de solidaridades locales en lugares concretos como paso previo a la elaboración de políticas más universales sobre los derechos y la justicia” (Harvey, 2017, p. 225).

Referencias

Notas

* Artículo resultado de investigación científica financiada a través del proyecto institucional de la Universidad Católica de Manizales, denominado “Sistema de ocupación del hábitat de ladera en contexto andino. Una propuesta para mitigar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad en asentamientos informales. Caso Lima-Manizales. San Pedro, Valle Amauta, Distrito Ate (Lima) / Bajo Andes, Ladera Sur Comuna La Fuente (Manizales) Fase uno (estudio de objeto)”. La investigación inició en agosto de 2017 y finalizó en julio de 2019, con el código institucional Acuerdo N°030 de agosto de 2017, bajo la dirección de la arquitecta Carolina Rojas Hernández.

¹ Desde las instancias gubernamentales, el Bajo Andes no es asumido como barrio porque se ha estructurado a partir de la invasión de terrenos y por lo tanto las evidencias de sus habitantes acerca de la propiedad son precarias y carecen de validez.

² Se trata de la exposición individual realizada en el Museo del Barrio – Arte Contemporáneo de Manizales, entre el 29 de noviembre de 2018 y el 14 de febrero de 2019, con la obra titulada: “Ladera: Paisajes humanos volubles”, compuesta por cuarenta fotografías de mediano formato, una gigantografía y un video, el cual puede verse en el link https://www.youtube.com/watch?v=C9J2kSzkf9g&t=281s bajo el título “Corpografías Urbanas. Des_pliegues por el paisaje”. La invitación a exponer resultó de un proceso curatorial.

³ Con ese apodo se reconoce a un personaje (71 años) quien acompañó a su padre en las primeras gestas de invasión.

⁴ Se utiliza este apelativo para un ciudadano (23 años, trabajador de la construcción) que concedió una entrevista a profundidad. En su narrativa hizo alusión a su gusto por la música salsa y destacó la canción “Juan Albañil” (de Andy Montañez), porque era una versión cantada de su experiencia.

⁵ Elaboración de estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica, Manizales, 2017.

⁶ Descripción de estudiante de arquitectura de la Universidad Católica, Manizales, 2017.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: villegasjg@gmail.com

Información adicional

Cómo citar este artículo:: Villegas Alzate, J. G., Rojas Hernández, C., y Villegas Arenas, G. (2023). El Bajo Andes (Manizales): un lugar, un territorio para actuar en la geopolítica de ciudad. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 16. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu16.baml

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