Introducción

En marzo del año 2020, Argentina inició la estrategia de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) ante los primeros casos de COVID 19 (virus que se propaga globalmente desde diciembre de 2019). Estas medidas sanitarias del Ejecutivo nacional tuvieron un fuerte impacto en la cotidianeidad de los sectores populares, quienes se encontraron con menores posibilidades de cumplir algunas de las principales disposiciones de salud sancionadas, tales como el aislamiento obligatorio y las medidas preventivas generales: la utilización de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, la ventilación de los ambientes en forma adecuada y constante, y la higiene asidua en las manos. Según el “Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento dispuestas por el PEN”, del Conicet en 2020, las principales dificultades en los barrios populares para el cumplimiento de las medidas sanitarias se pueden agrupar en dos tipos: por condiciones del hábitat y por razones laborales. Entre las primeras se destacan el hacinamiento, la carencia de servicios básicos y, en particular, la falta de agua potable, mientras que entre las segundas se resaltan fuertemente las dificultades derivadas del trabajo cuentapropista y el temor a la pérdida del empleo.

En esta dirección, se destaca que los barrios periféricos de nuestra región presentan condiciones habitacionales de extrema vulnerabilidad, con predominio de viviendas precarias, de chapa o madera, en algunos pocos casos con pisos de cemento, y sin baños al interior de la vivienda. En las áreas con mayoría de viviendas de material, las situaciones de hacinamiento son mayores. Todas registran numerosos problemas de infraestructura y acceso a servicios: sin cloacas, con calles intransitables, conexiones eléctricas deficientes, un defectuoso acceso al agua potable corriente o con abastecimiento por pozo y una casi inexistente recolección municipal de residuos (Assusa y Kessler, 2020). Estas características constituyen una de las principales razones por las cuales las medidas sanitarias por COVID 19 en el país se redirigieron desde los mismos sectores poblacionales más vulnerables a “quedarse en el barrio”, en reemplazo del lema extendido referido a “quedarse en casa”, ya que esta situación resulta extremadamente difícil de sostener y se vuelve aún más riesgosa. La adaptación de la medida surgió como una estrategia de cuidado desde la propia comunidad y de las organizaciones sociales de base territorial, quienes fueron las que brindaron asistencia permanente en estos barrios.

La reorientación de la medida oficial, que reemplaza la casa por el barrio, pone de manifiesto características preexistentes referidas al hábitat popular y las realidades socioeconómicas de las periferias urbanas en el país. Fundamentalmente, se señala que la llegada de la pandemia a Argentina significó no solo un momento de dislocación del orden social y la vida cotidiana en la población, sino que, además, puso al descubierto un conjunto de desigualdades históricas referidas al desempleo, las carencias materiales, el fuerte déficit de viviendas o las condiciones deplorables de sus hogares, ya sea por su baja calidad constructiva, la falta de servicios o el hacinamiento, entre las principales problemáticas (Marcos et al., 2018).

En perspectiva histórica, diversos autores (Catenazzi, 2011; Clichevsky, 2000; Curtit y Sgroi, 2018; González, 2010; Marcos et al., 2018; Merklen, 2010, entre otros) señalan que las dificultades de acceso y de calidad de las viviendas se han intensificado en las últimas décadas en Argentina, con la aparición creciente de urbanizaciones informales —villas, loteos irregulares, asentamientos— en las periferias de las principales ciudades, lo cual representa nuevas estrategias de supervivencias y modalidades de producción del hábitat con un gran impacto en las identidades territoriales de los sectores populares. Los estudios muestran que la problemática del hábitat permanece como un asunto pendiente que las políticas focalizadas desarrolladas por el Estado no han logrado revertir, configurando un problema estructural de desigualdad que padecen los sectores populares en el país.

Por tanto, como hipótesis principal, se considera indispensable analizar el diagrama y diseño de medidas dirigidas a abordar las problemáticas más urgentes del hábitat. Mientras que el urbanismo tradicional no contempla espacios que son indispensables para la vida cotidiana de estos sectores, como centros comunitarios, centros de salud, comedores, etc., el estudio sobre la criticidad del hábitat popular se instala como una herramienta central en este aspecto, en tanto que aporta comprensión y visibilidad sobre aquellas problemáticas socio-habitacionales vinculadas a las condiciones físicas de la vivienda, las situaciones socioeconómicas y culturales de los hogares, el acceso a servicios básicos, la condición de espacios comunes, movilidad e infraestructuras de salud, educativas y socio-comunitarias. Principalmente, porque garantizar el hábitat digno implica asignar y fortalecer derechos básicos tales como la vivienda, la alimentación, la educación, la salud y el trabajo.

Atendiendo a la problemática de estudio, se presentan avances del proyecto de investigación “Atención primaria del hábitat en barrios populares del Gran La Plata, ante la emergencia sanitaria del COVID- 19”, desarrollado por el equipo de investigación del CIEC/FAU/UNLP en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19 financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina.

Por medio del estudio de casos colectivo y utilizando métodos cualitativos y cuantitativos con estrategias de recolección de datos múltiples —datos oficiales, entrevistas y focus group—, se exponen aspectos neurálgicos sobre el barrio Las Palmeras (La Plata) y el barrio Villa Progreso (Berisso), en cuanto unidades de análisis que grafican situaciones concretas de la precariedad en la que viven los sectores de bajos recursos de las periferias en Gran La Plata.

Marco teórico

El hábitat popular en la Argentina contemporánea

Los asentamientos urbanos son un fenómeno histórico que se profundiza en Argentina a mediados del siglo XX. Los sucesivos gobiernos militares en el país y sus políticas de erradicación de las villas de la ciudad de Buenos Aires expulsaron a muchos de estos sectores hacia las demás ciudades del Gran Buenos Aires, multiplicándose imprevistamente nuevas formas de ocupación organizada de tierras como estrategia de acceso al suelo (Clichevsky, 2000). Frente a los procesos de empobrecimiento y desafiliación, los asentamientos emergen como una nueva modalidad de producción del hábitat en defensa ante una identidad amenazada (Merklen, 2010).

Entre estas auto-urbanizaciones de carácter informal figuran los asentamientos informales, las villas, los loteos irregulares y clandestinos, y los fenómenos de intrusión de edificios y espacios bajo autopistas, entre otras. Las personas se asientan sobre tierras “olvidadas”, poco interesantes para el mercado, o zonas degradadas o no aptas de las periferias, sean aquellas abandonadas (en ocasiones sujetas a la especulación del aumento del valor del suelo) o las que no reúnen condiciones ambientales y de seguridad necesarias para entrar en la oferta del mercado (en bordes de arroyos, aledañas a canteras y basurales, predios inundables, vías de ferrocarril, etc.). El acceso a esas tierras se gesta mediante el mercado informal del suelo, o mediante ocupación, incluyendo situaciones de tenencia, localización y construcción extralegales más otras estrategias de asociación y cogestión del hábitat ante la necesidad (Catenazzi, 2011; Clichevsky, 2000).

Entre los años 2000 y 2002 se incrementaron en Argentina los niveles de pobreza (del 33,4 % al 52 %) y de indigencia (del 9 % al 24 %). Ya desde 2003 se implementaron distintos programas como Mejor Vivir (para mejoramiento y/o completamiento del parque edilicio existente) y Villas y Asentamientos Promeba (que apunta al mejoramiento integral de barrios para población con necesidades básicas insatisfechas) y Prosofa (que provee equipamiento social y/o infraestructura de servicios para pequeñas localidades de frontera), los cuales contribuyeron a reducir estos indicadores (pobreza al 33,8 % e indigencia al 12,2 %) recién para el segundo semestre de 2005.

Actualmente están vigentes: Plan Inquilinos, Casa Propia, Plan Nacional para Trabajadores Sindicalizados y PRO.CRE.AR, que no consiguen dar respuesta al problema del hábitat, el cual prevalece y se complejiza. Esto se verifica en las estadísticas, en donde se observa un aumento exponencial del crecimiento y la aparición de nuevas villas y asentamientos, así como también un gran número de tomas de tierras.

Esas políticas mantienen grandes limitaciones ligadas a la escasa participación de los/as beneficiarios/as en los proyectos barriales y a la elección de áreas degradadas (dado el alto valor de suelo urbanizado), optando por sectores carentes de equipamiento social y accesibilidad a los centros urbanos. A su vez está el hecho de construir unidades habitacionales individuales y aisladas, las cuales requieren una cantidad de suelo que promueve la expansión de la mancha urbana (Birche y Jensen, 2019) y, por consiguiente, demandan la expansión de redes, además de que, en el caso particular de La Plata y Berisso, consumen suelo productivo y absorbente.

El recorrido por la problemática del hábitat en el país nos muestra que las dificultades en el acceso y calidad de vivienda siguen constituyendo un asunto pendiente que las políticas focalizadas desarrolladas por el Estado hasta el presente no han logrado suplir. Esto deja entrever entonces que, si bien las distintas políticas habitacionales han puesto en agenda los derechos sociales y resultan instrumentos de activación económico-laboral y de compensación social, el haber privilegiado la atención de las necesidades habitacionales, desconociendo las formas de producción social del hábitat y el accionar de organizaciones y movimientos sociales, revela un problema estructural de desigualdad en el acceso al suelo que dista de ser resuelto. A su vez, el Estado es responsable de su ausencia ante la regulación del suelo, dando espacio al mercado inmobiliario para su expansión (González, 2010).

Interesa aquí comprender la complejidad de factores relacionados que configuran estas condiciones de hábitat de los sectores populares, puesto que no se trata de un mero problema habitacional, sino de situaciones de precariedad y marginalidad multidimensional, en donde el problema de la vivienda es solo un factor más entre otros tantos que conforman el hábitat popular (Curtit y Sgroi, 2018). Por ello, se vuelve capital reorientar las políticas públicas urbanas tomando en cuenta los aspectos centrales que hacen a la criticidad del hábitat, y hacer foco sobre las dimensiones que lo abarcan, tales como las problemáticas socio-habitacionales vinculadas a las condiciones físicas de la vivienda, las condiciones socioeconómicas y culturales de los hogares, el acceso a servicios básicos, las condiciones de los espacios comunes, la movilidad y las infraestructuras de salud, educativas y socio-comunitarias.

La configuración socio-territorial de las periferias locales

El Gran La Plata está integrado por las ciudades de La Plata, Ensenada y Berisso, siendo la sexta aglomeración urbana en Argentina, después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. La ciudad de La Plata, fundada en 1882, fue pensada para ser la capital administrativa de la provincia de Buenos Aires, con un plan inicial de “cuadrado perfecto” que manifestó, desde sus comienzos, la configuración de una periferia desigual (Di Croce Garay y Paggi, 2018). La fragmentación y segmentación del territorio de La Plata data desde su fundación, constituyéndose una ciudad con una fuerte polarización social entre su expansión noroeste y la sureste/suroeste. Las transformaciones del mercado de trabajo y la estructura social se reflejan en la estructura urbana de la ciudad y sus periferias (Durante, 2019; Frediani, 2008).

La fundación de Berisso, en 1879, registra el momento en que se inicia la actividad saladeril y portuaria en la zona. Junto a la ciudad vecina de Ensenada se conformó un área de atracción industrial y portuaria que se vincula con otras zonas de la Región Metropolitana de Buenos Aires. La estructura social de estas ciudades se vio afectada por la implementación del modelo privatizador de los años noventa, que afectó el funcionamiento de grandes empresas del Estado como YPF, y de empresas privadas en las que sus trabajadores tuvieron que reorganizarse principalmente por la pérdida de trabajo. La infraestructura fabril inutilizada, las actividades ilegales, la precariedad laboral y habitacional crecieron significativamente en ese momento (Ursino, 2020).

Todo el Gran La Plata no fue ajeno a las políticas neoliberales, dado que “la crisis del régimen de convertibilidad acentuó los niveles de desocupación y precarización laboral que se instauraron en los `90 y provocaron un fuerte incremento de la pobreza” (Adriani et al., 2011). La crisis de 2001 se reflejó en el incremento de las villas y asentamientos en la periferia sureste y suroeste. Los elevados costos de los lotes céntricos, en relación con los ingresos medios por familia, y los “loteos económicos” en la periferia, fueron consolidando un territorio fragmentado socialmente.

Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), los barrios populares en el aglomerado ascienden a 129 en La Plata, 17 en Ensenada y 18 en Berisso. Datos obtenidos en el relevamiento del año 2016 del Gran La Plata muestran que los barrios populares contienen unas 60.000 personas, con una densidad de 3,24 personas por vivienda. El 23 % de la población tenía hasta 9 años, el 21 % entre 10 y 19 años, el 51 % entre 20 y 59 años y cerca del 5 % más de 60 años. Teniendo en cuenta la situación laboral de las personas de 16 años y más, el 22 % no tenía trabajo y el 21 % trabajaba “en negro”. La mayoría de los trabajadores, un 40 %, lo hacía en la construcción, y al momento del relevamiento un 35 % buscaba trabajo. Por su parte, un 58 % de la población menor de 18 años percibía la asignación universal por hijo (AUH).

Innumerables problemáticas interfieren en el acceso al hábitat digno, como las condiciones ambientales de las zonas donde estos barrios informales se localizan, caracterizadas por ser de baja calidad ambiental, cerca de arroyos y ríos contaminados, áreas inundables, de suelos degradados, en viejas cavas que pasan a ser recintos de depósitos enormes de basura, en terrenos abandonados antes de uso ferroviario y/o sobre terrenos productivos o en tierras siempre alejadas de las áreas de centralidad (Catenazzi, 2011; Rotger, 2022). La escasa accesibilidad, que impide el ingreso de carros de recolección de basura, ambulancias, transporte público, etc., es una constante en la mayoría de estos barrios. El 46 % de los asentamientos informales carece de calles pavimentadas. A su vez, la precariedad de los servicios públicos es muy elevada. El 59 % de los asentamientos informales del partido de La Plata no cuenta con ningún servicio básico (agua corriente, red de gas y red cloacal), sumado a la falta de luminaria pública, veredas, etc.

Los asentamientos informales en La Plata se presentan con mayor concentración en las localidades de Melchor Romero, Villa Elvira, Los Hornos, San Carlos y Altos de San Lorenzo. Los ejes sudeste y sudoeste se identifican como los más relegados, en términos ambientales, económicos, de crecimiento urbano, accesibilidad y servicios, en comparación con el centro del casco urbano y el eje norte, vinculado más estrechamente con el área metropolitana y la ciudad de Buenos Aires a través de la autopista Buenos Aires-La Plata. Dentro de estos ejes, los asentamientos informales se localizan relativamente cercanos al casco urbano fundacional de la ciudad de La Plata, en búsqueda de accesibilidad al transporte y a los servicios que ofrecen las vías principales que conectan con el casco urbano, formando el segundo desborde de la mancha urbana (Frediani, 2010; Rodríguez Tarducci et al., 2020).

Metodología

La metodología comprende un diseño flexible (Valles, 1999), con articulación de métodos cualitativos y cuantitativos, así como recolección de datos múltiple a través de datos censales, registros oficiales, entrevistas y focus group online denominadas “mesas de diálogo interactoral”, buscando la heterogeneidad social de los habitantes de los barrios de la periferia de Gran La Plata.

Se propone como herramienta de investigación el estudio de caso colectivo (Stake, 1994) de cinco barrios del Gran La Plata, seleccionados con base en sus características paradigmáticas o ejemplares (Marradi et al., 2007) respecto a la criticidad del hábitat popular. Para su selección, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 1) la cantidad de casos de COVID 19, 2) el nivel de organización política, 3) la criticidad habitacional, 4) los niveles de conflictividad habitacional, y 5) la accesibilidad al trabajo de campo en los barrios. En esta oportunidad, se expondrán los registros sobre el barrio Las Palmeras de La Plata y el barrio Villa Progreso de Berisso, ambos radicados en el Gran La Plata, Buenos Aires, Argentina.

El desarrollo y análisis del caso es resultado de un uso múltiple de herramientas de recuperación de datos (Sautu et al., 2005), enriquecido por los aportes obtenidos de datos censales, estadísticas y fuentes oficiales (base de datos del Renabap, Registro Provincial de Villas y Asentamientos y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010), en conjunto con la recuperación de testimonios a partir de entrevistas y el uso de la técnica focus group, realizada sobre una muestra intencional de múltiples actores centrales en el tejido barrial, en el contexto de la pandemia en el país.

Resultados. El Gran La Plata y sus periferias: barrios Las Palmeras y Villa Progreso

El barrio Las Palmeras (figura 1) toma su nombre en referencia a dos grandes ejemplares existentes en el barrio. Se conforma a partir de un asentamiento de cuatrocientas familias que, con el impulso de encontrar un lugar propio donde vivir, llegaron a la zona sur de Los Hornos hace unos doce años y comenzaron a asentarse sobre manzanas ya delimitadas, rellenándolas y consolidando sus viviendas (Tellechea y Zárate, 2018).

El barrio está integrado por las manzanas comprendidas entre las calles 70 a 73 y las calles 143 a 148, abarcando aproximadamente 25 hectáreas sobre una planicie de inundación. Su ubicación, en cercanías al casco urbano en una zona semiurbanizada (en particular en sus lados NO, NE y SO), presenta relativamente buena accesibilidad por medio de las avenidas 143 y 72 y en cercanía a la avenida 66 donde pasa el transporte público. El uso del suelo es en su mayoría residencial, con viviendas de baja y mediana calidad, y algunos comercios sobre la avenida 72 hasta la 143.

En cuanto a la composición de la población, según el reporte del Renabap realizado entre 2016 y 2020, 670 familias habitan el barrio (alrededor de 160 hab./ha), aunque se estima que este número asciende a más de 900 familias. El rango poblacional mayoritario es entre los 5 y 10 años y entre los 30-34 años, reduciéndose progresivamente en relación con el aumento de edad.

La mitad de la población (50,32 %) trabaja en la construcción de manera informal, siendo en su mayoría hombres, mientras que un alto número de mujeres (64,32 %) percibe la AUH y hay más de doscientos indocumentados/as, siendo el 60 % extranjeros/as provenientes de Paraguay (Reporte Renabap de 2016-2020). La situación laboral de los habitantes, según las categorías del Renabap de 2016-2020 y excluyendo trabajo infantil, se muestra en los siguientes porcentajes: “trabajo independiente, familiar, cooperativas y programas sociales” (31,07 %), “tareas en el hogar sin sueldo” (18,34 %), “empleados en negro” (16,17 %), “no trabaja” (14 %), “empleados en blanco” (13,81 %) y un leve porcentaje de jubilados o pensionados (2,37 %).

Según el Renabap, un 96,03 % de las familias encuestadas aseguraron una tenencia propia de su vivienda (aunque no sea formal), es decir que esta pudo haber sido adquirida por medio de un boleto de compraventa o por toma de la tierra, entre otros, quedando solo un 3 % prestada y un 1,13 % alquilada, dato que se reitera en el porcentaje de familias encuestadas reflejado en el Gran La Plata.

Como en la mayoría de los barrios de la periferia, se identificaron múltiples problemáticas referidas a la infraestructura presente en el barrio y en el área. La carencia de servicios es muy alta y el acceso a los mismos se da, en su mayoría, de manera informal, lo que resulta un riesgo para los/as habitantes. La mitad del acceso a la energía eléctrica domiciliaria y al agua corriente se da de manera irregular autogenerada, la primera con conexiones precarias de baja tensión provenientes desde la cárcel de mujeres (sobre la calle 148). En el 93 % de los casos, los desagües cloacales son a pozos absorbentes y si bien el área está cubierta hasta las calles 70 y 143, no llegan a abastecer al barrio; lo mismo ocurre con el gas natural, que a pesar de que la zona está servida (sobre la calle 72), no se ha extendido al barrio, por lo que el suministro se realiza través de garrafas. El alumbrado público es muy escaso (12 %) y solo la calle 72 cuenta con este servicio. Las calles son de tierra (85 %), a excepción de la 70 y la 72, siendo esta última pavimentada en 2015; se encuentran en mal estado, sin desagües pluviales ni zanjas necesarias, y en un 64 % sin veredas. Por otra parte, la recolección de residuos es casi nula (97 % sin servicio formal de recolección). En relación con las viviendas, de madera y chapa y/o mampostería, la mayoría presenta condiciones precarias (Renabap, 2016, 2020).

Con respecto a su emplazamiento, el barrio es lindero al curso de agua del arroyo, estando atravesado por uno de sus afluentes, lo que produce anegamientos, especialmente en las zonas más cercanas. Cada vez que llueve se desbordan las aguas, inundando las viviendas y obligando a los/as vecinos/as a autoevacuarse, con gran riesgo para la salud, ya que el arroyo se encuentra contaminado y hay ausencia de obras hidráulicas y de tareas de saneamiento en la zona (Vila et al., 2020).

En el año 2015 se declaró para el barrio la Ley de Expropiación (Ley 14722 de la Provincia de Buenos Aires), que declaró “de utilidad pública y sujeto de expropiación las chacras que conforman el asentamiento Las Palmeras, ubicado en el barrio de Los Hornos, partido de La Plata”, constituyendo así una oportunidad para la regularización dominial de las tierras. Sin embargo, en mayo del presente año la ley dejó de tener vigencia, sin siquiera haberse ejecutado la primera parte que la misma contempla (acciones de negociación y compra de terrenos), inhabilitando la posibilidad de iniciar las obras de infraestructura necesarias.

En torno a su entramado social, se registra la presencia de numerosas organizaciones sociales desde hace años: Espacio Vecinal Las Casitas, Frente Territorial Ellas Hacen, La Cooke, Escuelita Eva Duarte, Movimiento Evita, Construimos, Barrios de Pie y TECHO 15, que buscan motorizar la organización colectiva en el barrio (Vila et al., 2020).

Por su parte, el barrio Villa Progreso (figura 2) se localiza en el partido de Berisso y pertenece a La Franja, una zona límite con el partido de La Plata. Se asienta en la planicie costera del Río de La Plata (Bañado Maldonado) y presenta suelos anegados. Villa Progreso, junto con El Carmen y Villa Argüello, son barrios surgidos de la autoconstrucción y promoción colectiva de la urbanización. Está conformado por una extensa comunidad paraguaya y peruana. Limita con el barrio El Carmen, que es una zona de asentamientos que creció fuertemente en los últimos años. Se sitúa entre las calles 13 a 16 y 128 hasta 131, aproximadamente, en una zona semi-urbana, con varias calles asfaltadas y en crecimiento. Sin embargo, es un barrio que presenta deficiencias, principalmente por la falta de cloacas, dado que el 80 % del municipio no cuenta con este servicio, además de que tiene problemas de electricidad y de agua. Es también una zona inundable por deficiencias en obras aledañas, principalmente por las zanjas tapadas de basura. Cuenta por último con zonas de terrenos baldíos y presencia de casillas (Bozzano y Carut, 2005).

Según datos del Renabap (2020), en la actualidad el barrio está conformado por 70 familias que ocupan aproximadamente una superficie de 8,27 ha, con una densidad poblacional de 15,84 hab./ha y una mayor composición poblacional infanto-juvenil (menores de 14 años), que alcanza el 39,69 % respecto de una franja poblacional geronte (mayor de 60 años), la cual solo ocupa el 2,29 % del total. A su vez, en lo referente a la cuestión laboral, el barrio Villa Progreso registra: solo un 20,61 % de trabajadores/as en blanco; un 15,27 % de trabajadores/as informales; un 0,76 % de jubilados/as; un 4,58 % de trabajadores/as en tareas de hogar; un 3,05 % de trabajadores/as de cooperativas/programas sociales; un sector importante de 44,27 % entre quienes no perciben sueldo, por lo cual el trabajo no aplica, y otro amplio grupo que no trabaja y alcanza el 11,45 % de la población del barrio.

El tejido social del barrio Villa Progreso resulta bastante escaso, dada su pequeña dimensión, pero su emplazamiento se ha ido nutriendo de sus barrios aledaños y de toda la zona de La Franja: Villa Argüello, Villa Progreso, Villa Progreso II, Progreso II, Néstor Kirchner y El Carmen. El entramado con estos barrios le permite contactar con varios comercios de diferentes rubros, una sala de primeros auxilios, espacios educativos de cercanía, una delegación municipal con un área específica de género y diversidad, de niñez y adolescencia y de juventud, una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES) y un cajero automático de proximidad.

Los lazos y organizaciones sociales presentes en la zona de La Franja se han ido construyendo históricamente a lo largo de las última décadas, desde la emergencia de los movimientos de trabajadores desocupados de Berisso y el impulso del centro cultural Mansión Obrera en la calle Nueva York (que fue traccionando vínculos con diferentes proyectos autogestionados y culturales locales), así como por la presencia directa en Villa Progreso de organizaciones como Barrios de Pie y Nuestra Patria, que asisten con comedor y apoyo escolar a los habitantes del barrio.

Impactos del COVID 19 y lógicas de organización comunitaria en los barrios Las Palmeras y Villa Progreso

A continuación, se recuperan los tópicos centrales que surgieron en las mesas de diálogo interactoral de los barrios Las Palmeras y Villa Progreso, realizadas la primera en diciembre del 2020 y la segunda en diciembre del 2021, para dar cuenta de cómo se vivió la pandemia y la ASPO en dos barrios populares del Gran La Plata.

Ambas reuniones se realizaron de modo virtual, y en la mesa del barrio Las Palmeras expusieron: un representante de las instituciones/clubes que integró tanto el Comité de Crisis Municipal como el Comité Popular, una referenta barrial de Las Palmeras, una referenta que coordinó el operativo sanitario en el barrio, el secretario de Hábitat del movimiento Evita UTEP, el coordinador de gestión comunitaria de TECHO y una representante del espacio vecinal Las Casitas. Por su parte, la reunión con los participantes del barrio Villa Progreso estuvo compuesta por un representante vecinal, un referente de la organización social Nuestra Patria y otro de Barrios de Pie.

La información proporcionada por los participantes aporta el siguiente estado de situación y de acciones comunitarias llevadas a cabo por parte de los actores de ambos barrios. Respecto a la acción político-institucional, para la mesa del barrio Las Palmeras, la respuesta ante la pandemia por parte de los actores territoriales fue más rápida que la dada por los organismos sectoriales de la política pública. En este caso fueron diferenciadas las acciones del Estado nacional, el gobierno provincial (principalmente la región sanitaria XI), la Universidad Nacional de La Plata y el municipio. Este último tuvo un accionar casi nulo, situación que se mantiene en relación a aspectos como el mantenimiento de espacios públicos (desagües) y la limpieza de basurales, entre otros, pese a los reiterados reclamos realizados. Según el secretario de Hábitat del movimiento Evita UTEP:

El Estado [haciendo referencia a Nación] “está empezando a reaccionar”, surgieron algunos programas, como “El barrio cuida al barrio”, acompañado por movimiento Evita, que proponía en vez de quédate en tu casa, “quédate en tu barrio”, y a través del programa se puso en funcionamiento una posta sanitaria.

En la mesa de Villa Progreso, los referentes también remarcaron que fue más rápida y efectiva la respuesta de las organizaciones sociales que la del Estado, aunque destacaron que actualmente hay mayor presencia de este que en periodos anteriores, mencionando programas como Potenciar Trabajo e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Otros hechos de trascendencia para la vida cotidiana de los/as vecinos/as fue la puesta en valor de la delegación de Berisso en el barrio, dado que ello significó mayor acceso a trámites y actividades municipales como la apertura de las áreas de género y diversidad, niñez, adolescencia y juventud de la municipalidad, y de una oficina de ANSES. También se destacó la preparación de las escuelas para el inicio del periodo escolar 2022 y la instalación de un cajero automático móvil.

En lo que refiere a las organizaciones sociales de base territorial, en la mesa de Las Palmeras se plantearon “reacciones espasmódicas” del sector público, quedando las posibilidades de enfrentar la situación en manos de los actores locales y las capacidades de cada territorio. El territorio de Los Hornos, que cuenta con numerosos barrios populares, entre ellos Las Palmeras, se destaca por contar con cierta dotación de equipamiento comunitario como los clubes, los cuales operaron como lugares que nuclearon acciones frente a las consecuencias de la pandemia y del ASPO, con equipamiento sanitario como la unidad de atención primaria de la salud N° 6, y con numerosas organizaciones con activa militancia popular. Esto se refleja en el siguiente relato dado por un referente de clubes:

En la pandemia se gestionaron actividades, con el Renabap se coordinó la venta de garrafas, porque se hicieron encuestas en las cuales los vecinos comentaron que las recibían en malas condiciones y a precios poco accesibles. Y se usó el salón, coordinado en conjunto, para asesorías legales, un espacio en el que se consultaba desde problemas en el trabajo, de dominio de terreno, de ANSES, que tuvo una demanda zarpada, y pidieron que se siga haciendo.

En la mesa de Villa Progreso se planteó que las acciones del gobierno municipal fueron más coordinadas con el Estado nacional, pero también se destacó la presencia previa de organizaciones sociales, dado que la zona de La Franja está compuesta por varios barrios populares que presentan muchas necesidades y que se han expandido territorialmente, por ello el área en general cuenta con el equipamiento social y comunitario que generan las organizaciones, y a nivel estatal con la sala de primeros auxilios como nodo de salud relevante para el lugar, desde donde se re-armaron los equipos profesionales y se sumó personal a los centros de salud. Sin embargo, se priorizó la campaña contra el COVID, mientras que los turnos para otros temas (por ejemplo, campañas bucales) no se hicieron más, por el distanciamiento, o se hicieron con menor habitualidad. A este equipamiento se suma la gran presencia de comedores y espacios comunitarios precarios, que en la ASPO fueron los primeros en cubrir la emergencia alimentaria.

En ambos barrios, uno de los principales problemas fue la crisis alimentaria producto de la falta de trabajo informal (la “changa”). En Las Palmeras, una de las organizaciones que atendió varias demandas fue el centro cultural Las Casitas, que vio incrementada su actividad ante las necesidades de la población, organizándose a partir de un trabajo colaborativo con unas seis mujeres que se autoconvocaron (se destaca el importante rol de las mujeres en el trabajo barrial en general). Se abrió una olla popular los sábados al mediodía, mediante donaciones y actividades para conseguir alimentos. Inicialmente llegaron a atender a 100 personas, cifra que aumentó hasta 250; recién en noviembre empezó a disminuir la asistencia. Se recibió apoyo alimentario de la cooperativa agrícola San Roque y del frigorífico Pueblo Chico. Tal como expresa la referenta del centro cultural:

El barrio igualmente se mantuvo muy activo en cuanto a la organización comunitaria, abriendo muchos espacios de ollas, en la que TECHO aportó mercaderías, si bien los fondos suelen estar destinados a proyectos comunitarios, se redireccionó al hambre, que era la necesidad que había ante la situación de pandemia.

En Villa Progreso también se destacó la presencia de organizaciones como Nuestra Patria y Barrios de Pie, entre otras, que organizaron comedores y ayuda escolar. A su vez, los referentes mencionan la importancia y los problemas con la tarjeta Alimentar, que al principio tuvo resistencia por los comerciantes, hasta que la comenzaron a aceptar dado que si no la gente se iba a otro lado a comprar, y que primero era solo para alimentos, pero después se extendió a artículos de limpieza y bebidas sin alcohol.

En relación a las acciones educativas y de refugio por violencia doméstica, en Las Palmeras el centro Las Casitas organizó clases de apoyo por videollamadas para estudiantes que pudieron continuar vinculados a la escuela, ya que no todos pudieron hacerlo, entre otras cosas por las dificultades para comunicarse y para acceder a los cuadernillos. Esto hizo previsibles las dificultades con las que se encontrarán las escuelas al inicio del ciclo 2021, dada la heterogeneidad de situaciones de vinculación de los alumnos con las escuelas que se vivieron durante la pandemia. Es necesario agregar a ello el registro de situaciones de violencia en los hogares, dadas las dificultades de las familias para la contención de los hijos/as, lo cual expresa la necesidad de acompañamiento, cuidado y contención de los hogares con niños/as y adolescentes. El centro armó asimismo un ropero comunitario y organizó para el Día del Niño un festejo con los debidos recaudos y protocolos.

En palabras de la referenta del centro cultural Las Casitas, “las mamás me pedían un espacio o actividad para ellas porque no daban más”. La sobrecarga de actividades domésticas en las mujeres fue algo preocupante e invisibilizado, al igual que en lo educativo:

Lo más complejo que nos plantearon los vecinos fue el tema de educarse, porque no hay wifi, no pueden estudiar desde la casa, sus padres quizás no fueron a la primaria, entonces no pueden ayudar, no tienen espacio en la casa para estudiar tranquilos, problemas que estaban pero que se agudizan con la situación de pandemia.

En Villa Progreso también se manifestaron las grandes dificultades que tuvieron que afrontar con la conectividad y la virtualidad escolar. Al respecto, el referente vecinal expresa: “No hay mucha conectividad, el internet es malo y los problemas se resuelven de manera lenta. El celular anda bien, pero se debe ir pagando. Fue muy difícil la educación virtual en los barrios”.

En relación a la violencia de género, si bien en la mesa de diálogo no surgió la problemática los referentes sociales destacaron la importancia de que en la delegación municipal se hayan abierto las áreas de género y diversidad, de niñez, adolescencia y juventud. Sin embargo, una de las preocupaciones del referente vecinal es la cantidad de chicos/as en la calle, dada la falta de presencialidad y de espacios comunitarios en buen estado.

Respecto al acceso tecnológico y a los programas sociales, un problema significativo para la población de ambos lugares fue el acceso al cobro del IFE, ya que muchos no pudieron obtenerlo, y por otra parte hubo dificultad en las inscripciones, dado que se realizaron mediante internet y no todos tuvieron acceso al sistema, además de que muchos sufrieron embargos por las deudas anteriores que habían contraído. A esto se suman las dificultades de accesibilidad a cajeros automáticos, aunque en el caso de Villa Progreso se instaló un cajero móvil en la avenida principal 122.

En este último barrio se dio mucha importancia a los planes Potenciar Trabajo, dado que desde las organizaciones sociales “los vinculamos a producción siempre cerca del barrio, premoldeado, herrería y carpintería, textil, panificadora, limpieza barrial y recolección de residuos”. Se articuló el plan Potenciar Trabajo con las cooperativas preexistentes donde los municipios los aplican, generalmente para las tareas de mantenimiento y limpieza.

En la mesa de Las Palmeras se destacó como positiva la organización social e institucional, con la conformación de comités tanto populares como municipales. Estos espacios permitieron una mejor vinculación con el Estado, y posibilitaron el relevamiento de grupos de riesgo pertenecientes a población que “no aparece si no se la busca”. La organización comunal permitió fortalecer lazos entre los actores comunitarios y conformar espacios autogestionados que pueden operar como piso sociocomunitario hacia la post pandemia.

En el caso de Villa Progreso en la ciudad Berisso no se registró este tipo de organización, y creemos en parte que esto puede deberse a que es una ciudad media, con menos cantidad de habitantes, que también por ello pudo realizar un registro más personalizado de los casos con COVID, tal como expresó uno de los encargados del operativo de testeo.

En síntesis, la identificación de estos tópicos nos permitió tener un diagnóstico inicial de la criticidad del hábitat popular en los barrios de estudio, como también identificar variables que no fueron abordadas, para reforzar con entrevistas en profundidad. En este sentido, un aspecto relevante que pudimos observar en el transcurso de las mesas de diálogo es cómo el tema de salud y COVID quedó prácticamente soslayado ante la urgencia de paliar los efectos de la ASPO en el espacio doméstico y barrial. La necesidad de enfrentar la imposibilidad de salir a trabajar y hacer changas, así como la de convivir en ambientes reducidos, con necesidades básicas insatisfechas, sin infraestructura ni servicios básicos, sin poder mandar a los/as hijos/as a la escuela, sobrecargó las actividades cotidianas —en las mujeres principalmente— y reforzó la situación de marginalidad y pobreza que viven las familias de este barrio. A su vez, se pudo registrar cómo todas las acciones realizadas durante la pandemia permitieron dar respuesta a situaciones coyunturales, pero encubrieron los problemas estructurales de los barrios, que se asientan en la continuidad de la organización territorial centro-periferia de La Plata y Berisso.

Conclusiones

En el transcurso de la investigación, hemos dado cuenta de los rasgos centrales de la problemática de criticidad del hábitat popular en el país y de su avance progresivo, con fuerte incidencia en las cuestiones de vivienda, salud, trabajo, infraestructura, entre otras, que padecen los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, los aspectos más salientes referidos a los impactos y experiencias frente al COVID 19 en los barrios abordados pueden resumirse en los siguientes puntos:

• El hábitat y las viviendas del barrio previo al contexto ya revelaban características críticas que se reflejan en datos que muestran la alta carencia de servicios y de acceso a los mismos, lo que se da en su mayoría de manera informal, resultando un riesgo para los/as habitantes. En el caso de Villa Progreso, se puede ver que su emplazamiento en la zona de La Franja presenta una concentración creciente de asentamientos informales, los cuales encuadran dentro de la criticidad del hábitat dado que ambientalmente se ubican lindando el Bañado Maldonado, y porque en términos de crecimiento urbano, accesibilidad y servicios también se encuentran relegados territorial y físicamente, sobre todo de la zona central administrativa. En Las Palmeras, por su parte, la falta de agua corriente, con un 93 % de habitantes abasteciéndose de manera irregular, puso al descubierto uno de los problemas centrales en la pandemia. Así, mientras las políticas sanitarias exigían la higiene permanente en los hogares, eran persistentes las problemáticas ligadas a la falta de agua y a la contaminación de la misma.

• La acción político-institucional de todas las esferas del Estado ante la pandemia mostró una fuerte desarticulación, principalmente en la escala municipal, como se puede ver en La Plata. Ante ello surgieron los comités de crisis, conformados por diferentes actores sociales: organizaciones, instituciones y representantes públicos. En el caso de Berisso no se conformaron estos comités, creemos en parte por ser una ciudad de escala media, pero también porque hubo un diálogo más fluido entre organizaciones sociales y estado municipal.

• Se pudo dar cuenta de una presencia fuerte de organizaciones sociales de base territorial, las cuales salieron a dar respuestas principalmente a las demandas de alimentos, apoyo escolar y cuidado barrial, bajo el lema de “El barrio cuida al barrio”.

• A nivel socioeducativo, los centros culturales funcionaron como apoyo a las familias para realizar tareas, disponer de un espacio para apoyo escolar y de acceso a internet o a algún referente con datos móviles que pudiera socializar las actividades escolares. En estos sectores, sostener la conectividad educativa fue un desafío, dado que implicó el manejo de recursos económicos y de conocimiento de las herramientas virtuales. Estos espacios barriales también funcionaron como lugares de refugio ante situaciones de violencia doméstica y de sobrecarga de actividades de las mujeres a cargo del hogar.

• A nivel económico las posibilidades de acceder al IFE estuvieron también relacionadas al manejo de la tecnología, dado que muchos no sabían cómo inscribirse y fueron las organizaciones sociales las que acompañaron ese proceso. Respecto a la precariedad laboral, por la situación de pandemia la misma se agravó, dado que la mayoría tienen trabajos informales y muchas veces este es el único ingreso por familia. Ante dicha situación se lanzó la tarjeta Alimentar, que funcionó como paliativo ante la emergencia alimentaria, y si bien en sus comienzos los comercios del barrio no la querían aceptar, prontamente lo hicieron producto del negocio y la necesidad. Finalmente, en la última etapa del aislamiento se reactiva el programa Potenciar Trabajo y ello ayuda a movilizar parte de la actividad económica. Sin embargo, ninguno de ellos pudo paliar los efectos que tiene la inflación en este sector social.

Este documento revela que la criticidad del hábitat popular es una problemática histórica en los barrios populares de nuestro país, y del Gran La Plata especialmente. Por medio de la metodología implementada, que se apoyó en datos cualitativos y cuantitativos, se expusieron datos estructurales del déficit habitacional, los cuales en la pandemia se acrecentaron. Al remitirnos a un estudio de caso colectivo en el que figuran los barrios Las Palmeras y Villa Progreso, mediante las mesas de diálogo se pudo registrar cómo las acciones realizadas principalmente desde las organizaciones sociales permitieron dar respuesta a situaciones coyunturales de la emergencia sanitaria. Sin embargo, es notoria la persistencia de problemas estructurales en los barrios populares en la región, donde la ausencia estatal refuerza la fragmentación y la desigualdad socio-territorial.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: sandraur@hotmail.com

Información adicional

Cómo citar este artículo: Ursino, S. V., Vila, M. P., y Durante, M. E. (2023). Hábitat popular y organización comunitaria en barrios periféricos de Gran La Plata - Argentina ante COVID 19. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 16. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu16.hpoc

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