Introducción

El pueblo aymara en Chile habita, mayoritariamente, en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá en el extremo norte. Forma parte de un grupo étnico mayor, con una importante presencia en países vecinos como Perú y Bolivia, donde son una parte relevante e incluso mayoritaria del total de población. En el caso chileno, según los últimos datos censales 156 754 personas se declaran como aymaras, de 2 185 792 que se reconocen como integrantes de uno de los diez pueblos originarios reconocidos por el Estado. Actualmente, la región de Arica y Parinacota posee el mayor porcentaje de población indígena en Chile, 35,7 % de la población total.

Su presencia en los distintos pisos ecológicos de la zona norte de Chile se vio desmantelada durante el periodo colonial, cuando fueron trasladados a los espacios de valles altos y altiplano (Murra, 1975). Se dio paso entonces, desde una ocupación territorial dispersa, del tipo archipiélago, a una estrategia de concentración poblacional que incluyó la fundación de varios pueblos bajo una tipología urbana occidental (Irarrázaval, 1993); solo en algunos casos se correspondieron con antiguas markas o agrupamientos de población dada por filiación patrilineal y de residencia patrilocal tradicionales (González y Gundermann, 2022). Estos asentamientos terminaron por convertirse en lugares relevantes para la cosmovisión aymara como producto del proceso de sincretismo religioso, y han sido utilizados hasta hoy como escenarios de sus prácticas religiosas y rituales (Van Kessel, 1996).

Esta forzada localización en los poblados sumó una nueva vivienda de uso esporádico a la tradicional Uta, que continuó siendo el espacio principal en el que se desarrolló el habitar aymara. Ubicada en medio del territorio y vinculada directamente con labores agrícolas en valles altos y ganaderos en el altiplano, se compone de una serie de recintos de planta rectangular, construidos con muros de adobe sobre una fundación corrida de piedra y una estructura de techo a dos aguas, de madera y paja, como se observa en la figura 1. Estas habitaciones se relacionan entre sí a través de un espacio exterior doméstico o patio en el que se desarrollan diversas actividades diarias, incluida la producción artesanal, comúnmente de textiles, practicada tanto por mujeres como por hombres (Carrasco y González, 2022), además de presentar algunas otras estructuras para la elaboración de alimentos o resguardo de animales (Figura 2). En el caso de la vivienda del pueblo o marka, esta se presenta como una variación de la Uta, adoptando una fachada continua, pero manteniendo la distribución alrededor de un patio central en el interior del lote (González y Carrasco, 2016). Hoy, la realidad del pueblo aymara chileno ha cambiado, están en su inmensa mayoría radicados en las ciudades costeras del norte, sin que esto signifique el abandono de las relaciones simbólicas, económicas e incluso de habitación temporal de sus espacios tradicionales, pero ahora teniendo a la nueva vivienda urbana como lugar de residencia principal.

Los aymaras y su llegada a Arica

Las características de la relación del pueblo aymara con el Estado chileno se modelaron a partir de eventos históricos que marcaron su incorporación oficial a la población nacional, es decir, a partir de la anexión de territorios, producto del triunfo de Chile sobre los estados de Perú y Bolivia en el conflicto armado denominado “Guerra del Pacífico”. Los escenarios bélicos de esta guerra se concentraron fundamentalmente en costa y pampa, por lo que las comunidades aymaras, habitantes de las zonas altiplánicas, no fueron afectadas directamente (González et al., 2014). Las primeras acciones que perturbaron su habitar tradicional, y que les informaron de su adscripción forzada al estado chileno, fueron las realizadas posterior a la firma del tratado de Ancón, que puso fin al conflicto en 1883. En este se estableció la realización de un plebiscito, fijado a 10 años, que zanjaría la pertenencia a Perú o Chile de los departamentos de Tacna y Arica; en el entretanto, Chile tendía el control de estos territorios. Finalmente, ambos países terminaron acordando en 1929, luego de varias mediaciones internacionales, la división de los departamentos, quedando el de Tacna bajo soberanía peruana y el de Arica bajo la chilena. Sin embargo, el acuerdo anterior no impidió que Chile estableciera, durante los años previos a este, una serie de medidas para fortalecer su presencia en la zona, lo que se manifestó, en el caso de las zonas habitadas por las comunidades aymaras, en la instalación de retenes policiales y en la construcción de escuelas rurales que sirvieron como herramientas de adoctrinamiento patriótico en un proceso que se denominó como “chilenización” (Palacios, 1974).

Este plan, en el caso de las ciudades, particularmente en Arica, significó la creación de un fuerte sentimiento nacionalista, llegando incluso a la conformación de grupos paramilitares chilenos denominados “ligas patrióticas”, que perpetraron actos violentos en contra de la comunidad peruana (González, 2004). Este panorama en el espacio urbano explica la fuerte discriminación vivida por la población aymara cuando comenzó su proceso de migración a esta ciudad a mediados del siglo XX.

Si bien siempre existió contacto con las urbes costeras, principalmente vinculado al comercio agrícola o ganadero, el traslado efectivo de población aymara hacia Arica se dio con fuerza a partir de fines de los años cincuenta, principalmente debido a que esta ciudad se convirtió en un importante polo comercial gracias a dos medidas tomadas por el entonces presidente de la república Carlos Ibáñez del Campo, con las que se creaban el Puerto Libre de Arica en 1953 y, posteriormente, la Junta de Adelanto de Arica en 1958 (Ruz et al., 2015). Este momento migratorio de los aymaras chilenos es descrito por Xavier Albó (2000) como un primer periodo de relación con el estado chileno, que va de 1879 a 1990, y que se caracteriza precisamente por el traslado desde las alturas altiplánicas a los valles interandinos y particularmente a las urbes costeras, estableciéndose en ellas de forma definitiva. La población de la ciudad paso de 23 033 habitantes en 1952 a 46 686 en 1960 y 87 726 para 1970 (Torrent, 2019), siendo en su mayoría población que migró desde el sur en busca de mejores expectativas laborales, pero también población aymara que bajó desde sus comunidades rurales de origen.

Su ubicación en la ciudad en aquella primera década se concentró en los sectores periféricos al centro histórico, consolidado con buena parte de la población no indígena de escasos recursos recién migrada. Al igual que ellos, se utilizó la toma de sitios y la autoconstrucción como herramientas de instalación, dándose una concentración espacial según localidad de origen. Así se conformaron una suerte de “barrios aymaras” o sectores dentro de barrios y poblaciones donde era claramente reconocible un lugar de procedencia (González y González, 2019), como, por ejemplo, los poblados de Zapahuira, Saxamar, Socoroma, entre otros. Mediante los recursos y acción propios de la Junta de Adelanto en asociación con otros organismos como la CORVI, las autoridades comenzaron una serie de acciones para ordenar esta recién aparecida periferia informal (Cerda, 2019), aplicando programas como la entrega de sitios, la construcción de infraestructura pública o la entrega de unidades de vivienda básicas como, por ejemplo, el plan de lotes con servicios. De esta forma, es posible ver, incluso en la actualidad, una concentración de familias aymaras en sectores hoy centrales, otrora periféricos, como el denominado barrio Maipú Oriente (Quiroz, 2014).

En las décadas siguientes, la población aymara urbana siguió en aumento, configurándose un proceso de instalación en la ciudad que se iniciaba gracias al establecimiento previo de familiares o conocidos de las mismas comunidades. Es recurrente encontrar, en esas primeras viviendas autoconstruidas, una configuración muy similar a la que se da en la vivienda tradicional, es decir, recintos alrededor de un espacio central exterior, entre los que se consideraban habitaciones para alojamiento de familiares o amigos (González y González, 2019). En la medida que la situación laboral y económica mejoraba, se gestaba la posibilidad de optar por alguno de los planes de vivienda social disponibles y, de esta manera, iniciar un ciclo de vida independiente. Estas nuevas viviendas gestadas por acción del estado fueron progresivamente moviéndose cada vez más lejos del centro histórico, que concentra hasta hoy la mayoría de los servicios. A medida que la mancha urbana de Arica creció, la población aymara se fue dispersando al ser considerada como parte del total de población precaria y sin vivienda, estableciéndose cada vez en espacios más dispersos y periféricos de la ciudad.

Dado lo anterior, cuando hablamos de la cultura aymara o de sus tradiciones culturales, no estamos hablando de una sola cosa, sino de la resultante de un proceso constante de adiciones y modificaciones, que se entienden como las ideas, valores y prácticas que han sido legadas por las generaciones pasadas y que han dado sentido a la vida social, pero que han estado expuestas de manera sostenida a procesos homogeneizantes con el traslado a las urbes costeras, en los que las tradiciones nacionales impuestas por el Estado y nación chilena, basadas en valores y significados “occidentales”, han afectado a los aymaras, convirtiendo su cultura en algo más complejo.

Metodología

La investigación de la cual se desprende la información contenida en este artículo consideró la aplicación de métodos de investigación característicos del campo de la arquitectura, como son el levantamiento y el registro planimétrico de unidades habitacionales, junto con la realización de observaciones y de entrevistas en profundidad semiestructuradas. Mediante la herramienta ‘entrevista’, se indagó en la historia de la o de las viviendas que el núcleo familiar habitó hasta la unidad actual, con especial atención en los métodos de acceso, en las transformaciones materiales/espaciales y en la valoración de los contextos urbanos inmediatos. La muestra estuvo constituida por treinta casos de viviendas sociales progresivas de familias aymara, ampliadas mediante autoconstrucción en la ciudad de Arica y seis casos no aymara utilizados como Unidad de Control, considerando un conjunto de vivienda social por década (1990, 2000 y 2010).

Asumir la investigación usando herramientas propias del método etnográfico se fundamenta principalmente en los antecedentes que este ha tenido para la arquitectura vernácula tanto en sus ejemplos en espacios tradicionales como en aquellos posibles de encontrar en espacios urbanos actuales; esto bajo el entendido de que la vivienda vernácula es aquella construida con la agencia de las mismas personas y de las comunidades, sin la participación de profesionales, particularmente arquitectos. Así, se colabora en términos de la presentación de la diversidad cultural del habitar, lo que permite abordar también su complejidad, por cuanto el método etnográfico busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los miembros del grupo estudiado (entendidos como “actores”, ‘agentes’ o ‘sujetos sociales’), en tanto son ellos y no el investigador los sujetos privilegiados para expresar en sus propias palabras y prácticas el sentido de su vida, y los campos de significación que envuelven tanto su cotidianeidad como los hechos extraordinarios que enfrentan (Guber, 2001).

Por su parte, la investigación en arquitectura propone la representación de los espacios construidos como una herramienta de pesquisa, comparación y análisis que le es propia desde la misma definición del arquitecto, formando un vínculo indisoluble entre proyecto y dibujo. En palabras de Ignaci Solà Morales: “dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar e interpretar es proponer” (1981), esta investigación considerará al dibujo planimétrico como herramienta descriptiva que permite tamizar, articular y comparar la idea de los espacios vernáculos autoconstruidos con el fenómeno de la manifestación de expresiones culturales propias.

El crecimiento urbano en Arica, la vivienda social y los aymaras

Si vemos el desarrollo de la mancha urbana en Arica que se muestra en la figura 3, podremos observar un explosivo aumento de la superficie de la ciudad fundamentalmente en tres momentos. El primero corresponde a los años de funcionamiento de las políticas de excepción antes mencionadas (1953). Durante esta época de bonanza y a través de la decidida acción de la Junta de Adelanto se concretará un importante crecimiento en la ciudad, el cual estuvo marcado por su expansión hacia los paños de terreno ubicados al otro lado del rio San José, anexos al recién inaugurado barrio industrial. Este crecimiento urbano estuvo determinado por la construcción de conjuntos de viviendas unifamiliares, conformando un tejido residencial de pequeñas urbanizaciones como la población Juan Noé, San José o Chinchorro, entre muchas otras (Torrent, 2019). A lo anterior se le suman varios proyectos habitacionales de bloques de vivienda, que terminaron constituyendo un muestrario de alternativas arquitectónicas herederas del movimiento moderno.

Este tipo de crecimiento urbano permitió, en el caso de las familias aymaras, continuar con el agrupamiento según la localidad de origen en ciertos barrios. Especialmente relevante fue su presencia en las poblaciones Chile, San José y Cabo Aroca (González y González, 2019). Esta ubicación en barrios específicos durante las décadas de 1960 y 1970 terminó convirtiéndose en un mecanismo de defensa frente a una sociedad urbana “chilena”, no aymara, que ejerció sobre ellos una mirada discriminatoria. Esto se explica, al menos en parte, debido a las acciones de reivindicación patriótica mencionadas anteriormente, que se dieron con fuerza en 1920. La idea de superioridad de lo chileno sobre lo peruano y boliviano se instaló en la sociedad urbana, que desconfiaba entonces de la población aymara, dada su cercanía geográfica e incluso física y cultural como extranjera (González y Gavilán, 1990). Esta estigmatización vivida por las familias aymaras tuvo como efecto el que dentro del contexto urbano emergieran organizaciones que recreaban algunas de las dinámicas sociales de las comunidades de origen, como, por ejemplo, los centros de hijos de pueblos, clubes deportivos o cofradías religiosas (González y Gavilán, 1990). Estas instancias que se constituyeron como una suerte de refugio frente a la discriminación vivida, sirvieron además como instancias que permitieron mantener la vinculación con sus lugares geográficos tradicionales.

Esta primera gran etapa de crecimiento de la ciudad se vio frenada a partir de 1975, año en el que la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet decidió entregar privilegios especiales a la vecina ciudad de Iquique, surgiendo así la Zona Franca de Iquique o ZOFRI. Junto a lo anterior, la dictadura implantó en todo el país un modelo económico neoliberal que privilegió la apertura económica, particularmente la importación de bienes, lo que representó un duro revés para el sector industrial nacional, que desde 1953 era muy relevante en Arica. Así, comenzó la desaparición de las industrias que se habían instalado en la ciudad, particularmente en el denominado “barrio industrial”, provocando una crisis económica que se mantendría durante las siguientes décadas.

Pese al freno económico, la ciudad siguió creciendo en extensión, aunque con menor ímpetu durante los años ochenta, fundamentalmente de la mano de nuevas políticas de vivienda social (Mac Donald, 1983). La liberalización del mercado de suelos permitió en todo Chile, y por cierto en Arica, la ubicación de barrios de vivienda social en sectores de menor plusvalía y cada vez más alejados de los centros de servicios (Quinteros y Cortés, 2022). Así, surgió en la ciudad un nuevo sector habitacional en el área norte, donde destaca la aparición de la emblemática población 11 de septiembre hoy renombrada como Raúl Silva Henríquez.

Un segundo impulso relevante en el crecimiento urbano en Arica se dio una vez recuperada la democracia, a partir de 1990, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Las nuevas políticas de vivienda pusieron el interés en la necesidad de solucionar el enorme déficit habitacional heredado, por lo que se buscaba aumentar, de la forma más rápida posible, el número de viviendas entregadas, consolidando así un sistema neoliberal y subsidiario de producción de soluciones habitacionales, tercerizado al mundo privado (Fuster, 2019). En el caso de la población aymara y su localización dentro de la ciudad, apareció la población Nueva Esperanza en las inmediaciones de los terminales de venta de productos agropecuarios Asocapec y Asoagro, fundados en 1974 y 1981, respectivamente (Noriega, 2006). Estos dos espacios de comercialización han sido desde su creación un universo inherentemente indígena, por tanto, no es sorpresivo que en sus alrededores podamos observar una concentración de familias aymaras, que a principios de los años noventa lograron postular a viviendas subsidiadas en este sector.

Otro de los conjuntos habitacionales que apareció durante esta primera etapa fue el de Cerro Chuño, construido en tres etapas entre 1990 y 1992 y que cobijó a cientos de familias que poco después de una década tuvieron que ser erradicadas debido a la contaminación del suelo por polimetales (Castillo, 2016). Entre las familias que tuvieron que ser relocalizadas se encontraban varias de la etnia aymara, las cuales, al igual que la inmensa mayoría de los beneficiados de soluciones habitacionales por parte del Estado, durante ese periodo de diez años, habían iniciado un proceso de ampliación de las unidades básica por medio de la autoconstrucción, crecimiento que, en algunos casos, cuadruplicaba el metraje original (González, 2018). Estas ampliaciones utilizaban materiales ligeros, y se consolidaron en la medida que las posibilidades económicas de la familias mejoraban. Pasada una década, aquellos primeros recintos de madera y paneles de madera aglomerada que habían sido reconstruidos en ladrillos, bloquetas u hormigón armado, cerrando así lo que se puede llamar el ciclo de autoconstrucción. La relocalización en nuevas viviendas organizadas por las agencias estatales se dio en el macro loteo Punta Norte, paño de terreno en el extremo norte de la ciudad que, a partir de 2010, es el espacio más importante donde se concentraran los nuevos proyectos de vivienda subsidiada en Arica.

El sector Punta Norte y el Lote 9

La tercera y más reciente etapa de crecimiento de la ciudad se ha transformado en un ejemplo de las distintas alternativas de producción habitacional dentro del marco de flexibilización e innovación de las políticas públicas a partir del gobierno de Ricardo Lagos, y que incluye los dos periodos presidenciales tanto de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera (Hidalgo et al., 2021). Dentro de estas nuevas políticas públicas en vivienda, y en el ámbito directamente relacionado con pueblos originarios, cabe mencionar el convenio de colaboración firmado en 2007 entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que consideraba la promoción de comités de vivienda conformados por pueblos originarios. Este convenio intentaba crear una política real de vivienda indígena urbana. En el caso de Arica, en 2013 se construyó el conjunto habitacional Hijos de Caquena, que benefició a 95 familias aymaras, específicamente mediante la construcción de viviendas unifamiliares. En 2020, se inició la construcción del conjunto Hijos de la Tierra, que busca dar vivienda en edificios de cinco pisos a 100 familias aymaras. Ambos proyectos se ubican en el sector Punta Norte (Figura 4).

En este gran paño de terreno, el Estado ha concentrado la construcción de vivienda en sucesivas etapas que incluyen, en su inmensa mayoría, viviendas de dos niveles pareadas y algunos edificios de departamentos. En este caso en particular, centramos la observación en el denominado Lote 9 del macro lote Punta Norte (Figura 5), cuya construcción comenzó en el año 2010, con el Certificado de Recepción Definitiva Parcial por parte de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Arica en 2012. Este certificado parcial se extiende debido a que se trata de un conjunto de vivienda social progresiva, dado que queda pendiente de recibir la ampliación correspondiente a la segunda etapa del proyecto, que debía realizarse por medio de la agencia propia de cada familia.

El Lote 9 contempló la construcción de 144 viviendas de 46,14 m² en sitios demarcados de 85 m² con aproximadamente 7 m de frente y 12 m de fondo, cuya disposición y área construida original, junto con su situación actual, luego de los procesos de ampliación informal, pueden verse en la figura 5. Cada unidad se construyó con 33,62 m² en el primer piso (sala multiuso, dormitorio 1, escalera, baño y cocina) y 12,52 m² en un segundo piso (dormitorio 2), cuya planta se detalla en la figura 6.

En una segunda etapa, se contemplaba la ampliación en el segundo nivel de 19,55 m² destinados a un dormitorio y una sala de estar, según el proyecto (Figura 7). Junto a lo anterior, se levanta una sede social en el centro del loteo de 72 m² (sala de uso múltiple, 2 baños y cocina).

La realidad nos muestra que la propuesta sobre las ampliaciones posteriores para este lote en el proyecto de arquitectura rara vez sucedió. En la mayoría de las unidades podemos observar una ampliación de metros cuadrados muy superior a los 19,55 m² considerados, incluso casos en donde lo edificado hoy ocupa el total del predio en dos niveles, alcanzando los 190 metros cuadrados edificados, y donde la estructura original ha sido totalmente modificada, por lo cual ya no es reconocible desde la calle. De igual forma, existe un número de viviendas que no han realizado ampliaciones respecto de lo entregado en la primera etapa, incluyendo algunos casos en los que ni siquiera se ha realizado el cerramiento del sitio, práctica que según lo registrado en las entrevistas es casi inequívocamente la primera obra realizada una vez entregada la vivienda.

En el caso de las viviendas estudiadas, pertenecientes a familias aymaras en el Lote 9, los procesos de ampliación por autoconstrucción tampoco respetaron el diseño original propuesto, pues realizaron obras que superan con creces los metros de ampliación proyectados en el segundo nivel. En ambos casos se registran ampliaciones en el primer nivel, en el primero con 21 m² y en el segundo con 15,5 m² adicionados. En los segundos niveles los nuevos recintos suman 58 m² y 28,5 m², respectivamente. Así, el metraje total construido de ambas viviendas es de 125 m² y 90 m².

En la vivienda denominada Caso 22, respecto de los espacios y sus usos luego de las ampliaciones, observamos la consolidación de una sala de estar o living en la denominada sala multiuso del proyecto original, mientras que todo el sector posterior del sitio ha sido modificado, utilizando todo el espacio entre medianeros, ampliando la cocina y conformando un comedor con salida a un patio techado, en semi temperie y con losa de cemento. En el segundo nivel, al que se accede por la escalera original, se construyeron 3 nuevos dormitorios, que se suman al entregado inicialmente. Estas nuevas habitaciones poseen accesos y ventanas hacia un patio/terraza sobre los sectores de cocina y dormitorio del primer piso (Figura 8). Respecto de la materialidad, en este caso el proceso de consolidación de la ampliación, mencionado anteriormente, ha concluido y nos encontramos con recintos construidos con ladrillo y bloqueta confinados. Cabe mencionar que, como resultado de la entrevista realizada, aparece la intención futura de incluir un segundo baño en este nivel.

Por su parte, el Caso 26, que se expone en la figura 9, nos presenta una ampliación de la cocina, que suma un espacio de comedor, liberando el uso del espacio multiuso para una sala de estar o living. El resto del espacio trasero del sitio se utiliza como un patio semi techado, a semi temperie y con suelo de cemento, similar al que vimos en el caso anterior. En el segundo nivel se han construido dos habitaciones de material ligero (paneles de madera) que se disponen sobre las ampliaciones ya mencionadas del piso inferior, y cuyas puertas y ventanas nuevamente dan a la losa entregada como parte del crecimiento de la etapa B del proyecto original. A diferencia del caso anterior, en esta vivienda se ha optado por la construcción de una nueva escalera que se adosa a un costado de la vivienda, haciendo independiente el acceso a estos nuevos recintos. En este caso, se aprovecha la disposición del baño en el piso 1 y se ha construido un segundo baño en ladrillo confinado. Los planes declarados a futuro por la familia contemplan el cambio en la materialidad de las dos habitaciones, así como la posibilidad de construir un nuevo recinto en el primer nivel que sirva como espacio de bodegaje.

En términos macro, se puede dar cuenta de que el crecimiento urbano experimentado en la ciudad entre 1960 y 1980 continuó con el modelo de conjuntos de viviendas unifamiliares de baja densidad y del tipo extensivo, aumentando de manera relevante la mancha urbana hacia el sector norte y sur de la ciudad. Mientras que buena parte del crecimiento de la ciudad de Arica a partir de 1990 se explica a través de proyectos de vivienda social, con una fuerte concentración de estos en las periferias sur y norte. A partir de los 2000, el extremo norte del límite urbano será el área elegida para desarrollar la mayoría de los proyectos de vivienda subsidiada por parte del Estado, mejorando el estándar de las viviendas construidas tanto en metros cuadrados como en materialidad respecto de los programas desarrollados en décadas anteriores. Sin embargo, en el marco de la política de disminución del déficit habitacional, el desarrollo de unidades de vivienda en el sector norte ha sido muy relevante en número, pero continúa presentado serios problemas de segregación social y de acceso a equipamiento público, llegando incluso a que algunos autores sostengan que puede hablarse directamente de una precariópolis (Hidalgo et al., 2021).

Conclusiones

La ampliación de las viviendas entregadas por el Estado es una realidad común para las familias beneficiadas pertenezcan o no a alguna etnia indígena, esto debido a que, si bien el metraje de las soluciones habitacionales del estado chileno a partir de los años noventa en adelante ha mejorado en términos de su calidad material y de diseño, estas siguen siendo insuficientes. Incluso en conjuntos como el Lote 9, en el que se contempla la posibilidad de ampliación proyectada en una segunda etapa, no se dimensionan las reales necesidades espaciales de las familias. Lo anterior redunda en que la mayoría de las viviendas terminan transformándose radicalmente desde la idea de proyecto original, vernacularizándose mediante la acción de las mismas familias. Si el proyecto pretendió en su origen configurar un conjunto con cierta armonía en las edificaciones, esto no sucede debido a las variadas alternativas de consolidación de cada una de las viviendas, producto de los procesos de ampliación por medio de la autoconstrucción.

En el caso de las familias aymaras beneficiadas, podemos ver un que existe un patrón común en las viviendas estudiadas, lo que permite considerar algunos de los espacios y las relaciones entre estos con la permanencia de algunas de las dinámicas espaciales presentes en sus viviendas tradicionales. Estas similitudes se pueden explicar dadas ciertas características culturales propias como puede ser, por ejemplo, la autonomía de acceso a los espacios de dormitorios. Esta ausencia de pasillo como elemento ordenador de los recintos y que se presenta en la mayoría de los casos estudiados, ejemplificada en las dos viviendas analizadas con mayor detalle, denota la opción por consolidar un espacio exterior desde el que se accede a las habitaciones, sobre el que estas miran y en el que se ejecutan actividades domésticas y en algunos casos producción artesanal de textiles (Carrasco y González, 2022), como se observa en la figura 10.

Por otra parte, en los casos estudiados se observa la aparición de un recinto de cocina y comedor que se constituye en el centro de la vida familiar, idea reforzada por la descripciones que se realizan de este en las entrevistas realizadas, que valoran este espacio como el más importante en las viviendas y que junto con nuevos dormitorios son los primeros espacios construidos en el proceso de ampliación informal. Este lugar es equivalente al que podemos encontrar en la Uta tradicional, donde el núcleo básico del conjunto de habitaciones que la componen es precisamente el que se denomina como cocina, pero que cumple las funciones de espacio central, donde no solo se elaboran y consumen alimentos, sino que además se recibe a las visitas, funcionando como espacio interior de encuentro para la familia.

En el caso de los aymaras en Arica, su devenir dentro del espacio urbano ha ido de la mano de las políticas de vivienda y de la localización de estas. Si otrora se pudo ver una agrupación de familias de esta etnia, según sus localidades de origen, lo cual propició una cadena de colaboración en el proceso de instalación en la ciudad, pasadas varias décadas esto se ha desarticulado; se observa una dispersión en la ubicación de las familias aymaras, presentes en todos los sectores hacia donde la ciudad se ha expandido, especialmente en conjuntos de vivienda subsidiada por el Estado. Debido a lo anterior, no es extraño que los datos censales nos muestren una fuerte presencia en el sector norte de la ciudad, espacio en el que como hemos visto se han desarrollado preferentemente desde los años ochenta los conjuntos de vivienda construidos por parte de las agencias estatales.

Pese a existir un par de ejemplos de vivienda social con pertinencia cultural, que se han materializado en la última década, estos también se ubican dentro de las zonas urbanas definidas por el Estado para la construcción masiva de vivienda social, en este caso en particular el sector Punta Norte. Así, los problemas en infraestructura pública o segregación urbana son los mismos para las familias aymaras y no aymaras beneficiadas de soluciones habitacionales en este sector. De igual forma, las características espaciales de las viviendas entregadas no representan sus necesidades reales y refuerzan un proceso de ampliación mediante autoconstrucción que termina por transformarlas completamente, en lo que podríamos llamar un proceso de vernacularización contemporánea (Asquith y Vellinga, 2006).

En el caso particular de los aymaras, es a través de este proceso que, pese a que la mayoría de las viviendas provistas por el Estado en las que habitan no han considerado la variable cultural, el resultado es coherente gracias a la agencia de las mismas familias y a sus necesidades culturales actuales y conjuga espacios que responden a adaptaciones de algunas dinámicas del habitar tradicional en conjunto con otros que son fruto de los procesos de adaptación a la realidad urbana, en especial a un contacto con una sociedad no aymara que ejerció inicialmente una mirada discriminatoria sobre ellos, pero con la que hoy pasadas décadas de cohabitación en el espacio urbano comparten buena parte de los problemas que el crecimiento de Arica posee.

Origen de esta investigación

Este artículo es resultado del proyecto FONDECYT n.° 11200286.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica

Notas de autor

^aAutor de correspondencia. Correo electrónico: diego.gonzalez@uss.cl

Información adicional

Cómo citar: : González Carrasco, D. A. (2024). La vivienda social y el pueblo aymara en Arica. El caso del sector Punta Norte. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 17. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu17.vspa

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