Introducción

El hábitat y sus condiciones en las periferias ha sido y sigue siendo central en el análisis de políticas públicas, y las trayectorias sobre el derecho a la vivienda continúan siendo eje de agendas académicas y políticas. En las últimas décadas, se han sumado discursos que atienden las particularidades del hábitat en diversos contextos, en especial los de comunidades campesino-indígenas, de mujeres e infancias, incluso dentro de agendas trasnacionales hegemónicas (ONU, 2008). Aun en este contexto, el hábitat rural continúa siendo objeto de un persistente sesgo en políticas públicas, en el que los programas de vivienda replican modelos urbanos que, a su vez, intensifican la movilidad poblacional hacia centros de pequeña, mediana y gran escala.

Históricamente, los estudios sobre la construcción territorial de las periferias han estado ligados al análisis urbano, destacando las desigualdades socioespaciales (Harvey, 1973; Castells, 1972). Aunque el término periferia es polisémico (Hiernaux y Lindón, 2004), buena parte de su construcción teórica se articula con las nociones de urbanidad y ruralidad y sus continuas redefiniciones, sobre todo en América Latina. En este contexto surgen algunas preguntas clave: ¿cómo considerar la construcción de situaciones periféricas en los programas de vivienda como problema teórico y político? ¿Es una ruralidad histórica transformada en periferia de la urbanidad creciente? ¿O son periferias urbanas en las que se entrelazan redes y relaciones que exigen repensar sus condiciones urbano/rurales? ¿Qué papel tienen las movilidades y materialidades como vínculos entre personas, objetos y espacios en estas construcciones periféricas?

Este trabajo aborda estas preguntas según el análisis de cuatro conjuntos de vivienda construidos mediante programas nacionales en Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina (Figura 1). Se analiza el papel de la vivienda estatal en el devenir territorial de la localidad y las transformaciones de las familias en sus movilidades y materialidades. Así, se refleja la tensión entre múltiples dimensiones de la periferia, en línea con Hiernaux y Lindón (2004): de acuerdo con una perspectiva geométrica, se trata de poblaciones que, antes ubicadas en una “periferia rural”, definen nuevas periferias urbanas; al mismo tiempo, las características de los proyectos y sus lógicas de producción y asignación generan condiciones periféricas para grupos campesino-indígenas, quienes reconfiguran sus dinámicas frente a la vida urbana. Estas poblaciones se insertan en una lógica urbana, transformando esquemas de movilidad, familia y trabajo, en tensión con las formas de vida históricamente propias de lo rural, cuyas particularidades se abordarán más adelante.

Marco teórico

En términos teóricos, se busca problematizar la construcción de las periferias como prácticas (De Certeau, 2000 [1980]) y como espacios de transición o intersticiales (Pittaluga, 2020), articuladas con dos conceptos centrales presentes en investigaciones previas (Barada, 2017): movilidad y materialidad. De acuerdo con Hannam et al. (2006),

las movilidades involucran complejas “geografías híbridas” de humanos y no humanos que contingentemente habilitan a las personas y a los materiales a moverse y sostener su forma mientras que se mueven a través de diferentes regiones. […] Hay sistemas híbridos, “materialidades y movilidades” que combinan objetos, tecnologías, sociedades y afectos a través de los cuales se producen y reproducen lugares (p. 14)

Esta perspectiva aproxima movilidad y materialidad como componentes de un sistema de objetos y acciones (Santos, 2006) y permite conceptualizarlas relacionalmente. Según la materialidad (Miller, 2005), se piensa en espacios y arquitecturas, concretamente en las viviendas, en su vínculo dinámico con las personas. Por su parte, la movilidad, asociada a la red de vínculos (Bologna, 2000) que conectan diversos lugares mediante traslados, mayormente laborales o comerciales, resulta clave aquí. Primero, porque resalta su dimensión social: redes familiares, comunitarias e institucionales operan como habilitadoras y a veces como limitantes de las estrategias de ciertos grupos sociales (Herrera Carassou, 2006). Segundo, porque interesa abordarla considerando la simultaneidad de espacios que conforman las trayectorias, al entender la periferia como práctica, como modo de vida.

A continuación, se presenta la metodología de trabajo que sustenta este artículo, enmarcada en una trayectoria previa en la región, para luego adentrarse en el caso de estudio, mediante un recorrido por los procesos históricos que conforman su territorialidad actual. Sobre esa base, se desarrollan dos ejes de discusión: uno enfocado en las viviendas y sus movilidades, particularmente en las construcciones y reconstrucciones familiares y sus dinámicas, y otro en torno a la materialidad de las viviendas y sus transformaciones, concebidas como procesos en construcción continua. Finalmente, se proponen algunas reflexiones sobre la noción de periferia y sus sentidos específicos en contextos y enfoques no tan explorados.

Trayectorias y metodologías articuladas

Este trabajo surge de una investigación en curso sobre el devenir social y material de los planes de vivienda ejecutados en Humahuaca durante las últimas dos décadas. Este período permite analizar la materialidad en un lapso amplio y atender a los procesos dialógicos de reconfiguración de las lógicas residenciales y productivas de las familias, sus espacios y dinámicas. Los conjuntos analizados fueron construidos en el marco de los Planes Federales de Vivienda que, desde 2003, concentraron las políticas dirigidas a responder al déficit habitacional en programas para viviendas nuevas y mejoras de las existentes, articulados con organismos locales (Potocko, 2015). La metodología se inscribe en una extensa trayectoria de investigación en las tierras altas de Jujuy, de acuerdo con una perspectiva etnográfica centrada en el espacio (y particularmente en la vivienda), mediante el trabajo sostenido con distintas comunidades por más de diez años (Barada 2017, 2018).

Para este trabajo nos centraremos en cuatro conjuntos específicos (Figura 2), lo que implica el análisis de 94 viviendas mediante la articulación entre trabajo de campo y de archivo. El primero incluyó relevamientos territoriales y entrevistas semiestructuradas a diversos actores, en el marco de una metodología multisituada (Marcus, 2018). Esto abarcó tanto el diálogo con familias en los conjuntos como entrevistas a actores institucionales vinculados con la principal unidad de gestión de viviendas en la provincia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), cuyas múltiples voces serán consideradas en este estudio. El IVUJ también funcionó como principal espacio de archivo, con documentación relevada en los departamentos de Asuntos Sociales y de Diseño. Paralelamente, se procesaron datos censales mediante la base Redatam (Indec, 2001, 2010, 2022), para insertar la muestra en una escala más amplia y establecer comparaciones.

Los cuatro conjuntos seleccionados se desarrollaron entre 2000 y 2010. El primero, “30 viviendas e infraestructura en Humahuaca” (2003), responde a un modelo de gestión centralizado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), con fondos nacionales enmarcados en el Programa de Solidaridad Habitacional, sobre terrenos provinciales y con diseño y ejecución a cargo de la entidad. El segundo caso (2006) corresponde a una primera etapa del Programa Nacional de Emergencia Habitacional (24 viviendas), también en el marco de los planes federales, aunque gestionado mediante un convenio con el Municipio de Humahuaca, que se encargó de seleccionar terrenos y familias. La construcción fue realizada por cooperativas de trabajo locales, organizadas para tal fin. Los casos tres y cuatro, posteriores a 2010, también se desarrollaron vía convenio municipal. El tercero retoma el mismo programa que el segundo, con otro conjunto de veinticuatro viviendas, y el cuarto, “20 viviendas en Humahuaca”, fue financiado por el Programa de Solidaridad Habitacional y entregado en 2016.

Tal como se observa en la figura 3, la localización de los conjuntos presenta condiciones distintas. Los dos primeros se integran como completamientos de la trama urbana existente, incluso si se considera su extensión en los inicios del período en estudio; en cambio, los casos tres y cuatro se insertan en un amplio proceso de loteo en la periferia urbana, emergente de demandas territoriales canalizadas por organizaciones sociales y por intervenciones directas de los Estados nacionales y provinciales. En este marco toma relevancia el “Barrio 2 de abril”, cuya génesis ha sido profundamente estudiada por Potocko (2015) y donde se localizan conjuntos habitacionales con distintas modalidades de gestión y producción.

Antecedentes. Devenires en la construcción de periferias y viviendas en Humahuaca

Humahuaca es actualmente la única urbanización de la Quebrada de Humahuaca que, por su población, posee condición de ciudad. Según el Censo Nacional 2022, cuenta con 14 865 habitantes, superando el umbral de 10 000 establecido para esa categoría (Indec, 2022). Las diferencias poblacionales con el resto de los municipios son significativas: Tilcara, la siguiente urbanización, posee 6086 habitantes (Indec, 2022). Aunque, como veremos, las condiciones espaciales, económicas, productivas y sociales de Humahuaca presentan particularidades, la fundación de estos poblados (hoy localidades de pequeña y mediana escala) se remonta al período colonial, como “pueblos de indios” (Sica, 2006). Este aspecto es clave para comprender la historicidad de los procesos: su constitución implicó una voluntad expresa de las autoridades coloniales de romper las lógicas territoriales preexistentes mediante la reducción.

Por su lado, el desarrollo urbano actual de Humahuaca y otras localidades de la Quebrada se remonta a comienzos del siglo XX, estando vinculado con procesos regionales derivados de la acción estatal sobre territorios fronterizos. Las políticas desplegadas promovieron la sedentarización de población dispersa y el despliegue del aparato coercitivo estatal, sobre todo mediante la escolarización de niños y niñas y la consolidación de mercados laborales capitalistas (Barada, 2017). Estas acciones se vinculan, además, con el avance del ferrocarril, elemento clave en la formación del Estado nacional argentino, que reforzó un eje norte-sur en la Quebrada. Si bien dicho eje existía desde el período colonial tardío y se fortaleció durante las guerras de la Independencia (Mancini, 2019), se superpuso a las tradicionales lógicas de movilidad entre la Puna y los Valles (en sentido oeste-este), centradas en el intercambio de bienes y, en especial, en el arrieraje, prácticas constitutivas de las dinámicas regionales (Conti y Sica, 2007).

En este marco, debemos considerar los procesos vinculados con lo productivo. Como señala Arzeno (2008), las primeras décadas del siglo XX implicaron una transformación en los esquemas productivos familiares, desplazando la valoración de la Quebrada como espacio productivo hacia uno reproductivo de mano de obra, particularmente en relación con la industria azucarera del norte. Paralelamente, la minería ha tenido una presencia histórica relevante, articulando esquemas singulares de movilidad de una población centrada en la agroganadería (Janoschka, 2001). En el caso de Humahuaca, la minera El Aguilar, ubicada en las tierras altas del departamento, fue un polo laboral entre las décadas de 1940 y 1990, momento en que comenzó su declive hasta el cierre definitivo (Reboratti y Janoschka, 2001; Parodi y Benedetti, 2016).

Según la perspectiva propuesta, una mirada a escala doméstica permite observar simultáneamente el sostenimiento de lógicas productivas agrícolas y ganaderas de base familiar, inscritas en unidades domésticas extendidas concebidas en el campo. Las movilidades que estas dinámicas implican sostienen, además, una articulación campo-ciudad que, lejos de ser contradictoria, reactualiza el eje oeste-este.

Es significativo observar el salto poblacional ocurrido en las últimas décadas del siglo XX, en línea con lo trabajado realizado por Vesclir et al. (2013). Mientras en 1970 Humahuaca contaba con 2918 habitantes, en 2001 llegó a 7985 (Indec, citado en Potocko, 2015). Aunque los procesos mencionados operan a escala regional, es necesario destacar nuevamente la especificidad de Humahuaca, puesto que, mientras que Tilcara tenía en 1970 una población similar, en 2001 alcanzó solo 4358 habitantes, una diferencia significativa. A partir de la década de 1990, el turismo masivo comienzó a jugar un papel decisivo, favorecido por la consolidación del eje norte-sur gracias a la pavimentación de la Ruta Nacional 9. Este crecimiento dialogó con un extenso proceso de patrimonialización que, iniciado en las primeras décadas del siglo XX, alcanzó un punto de inflexión en 2003, cuando la Quebrada de Humahuaca fue incluida en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. En este contexto, Humahuaca presenta una condición particular. A diferencia de localidades como Tilcara o Purmamarca, que fueron transformadas profundamente por la incorporación de infraestructura hotelera, gastronómica y turística en general (Tommei, 2017), Humahuaca, pese a ser uno de los principales destinos de la Quebrada, no desarrolló estos equipamientos en igual medida, debido a su localización, características urbanas y perfil poblacional.

Los procesos de movilidad vinculados a los cambios económico-productivos previamente descritos, junto con las posibilidades que la vida urbana ofreció en torno al turismo (incluyendo trabajos informales relacionados al comercio para el turismo “de paso”), llevaron a que Humahuaca concentre la mayor demanda habitacional de la región. Esta presión se evidenció en la proliferación de asentamientos, ocupaciones de terrenos y demandas concretas impulsadas mediante medidas de fuerza por sectores trabajadores, enmarcadas en procesos más amplios vinculados al movimiento piquetero que marcó diversas ciudades argentinas a fines del siglo XX (Cravino y Mutuberría Lazarini, 2012).

En este contexto, resulta relevante el impacto que tuvieron las demandas de los sectores populares de Jujuy a escala nacional, convergiendo en la institucionalización hacia comienzos del siglo XXI de organizaciones sociales como la Tupac Amaru, en las cuales se canalizó buena parte de la producción habitacional durante la primera década (Manzano, 2021). Aunque su accionar se centró en ciudades mayores de las tierras bajas (San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, entre otras), Humahuaca fue una de las pocas localidades del norte provincial con presencia efectiva de la organización. Esto se vincula a las modalidades mediante las cuales la demanda habitacional local fue canalizada, tal que, como ha registrado Potocko (2015), entre 1990 y 2013 se construyeron en Humahuaca más de setecientas viviendas enmarcadas en programas de los Planes Federales.

A partir de este recorrido cronológico, se busca comprender los procesos en sus diversas escalas como dimensiones entreveradas de la producción territorial. No se trata de dinámicas lineales que sustituyen unas a otras, sino de rugosidades —en términos de Santos (2006)— que remiten a persistencias, negociaciones y convivencias entre múltiples aspectos, incluso en el habitar de las personas y de las viviendas que nos ocupan. En otras palabras, veremos cómo las demandas y el acceso a las viviendas coexisten con la persistencia de prácticas agrícolas y ganaderas familiares, enmarcadas en movilidades campo-ciudad. Estas múltiples pertenencias atraviesan los modos de habitar en los conjuntos analizados, considerando también las condiciones de acceso y sostenimiento económico a través de redes de empleo formal. Es precisamente en estos cruces en los cuales la noción de periferia se manifiesta y resuena, en lo local.

Resultados

Movilidades: espacios y redes en tensión

Como se mencionó, la década de 1990 marcó un punto de inflexión para Humahuaca, tanto en lo material como en lo social, a raíz de las transformaciones en los mercados laborales, entre ellas el cese de las explotaciones mineras y el desplazamiento de sus trabajadores. Al mismo tiempo, el auge de la actividad turística generó nuevas dinámicas laborales y comerciales. Estas transformaciones impulsaron el crecimiento urbano de Humahuaca (Figura 4), con la organización de nuevos barrios y la expansión del casco céntrico hacia el oeste de la Ruta Nacional 9 y hacia el norte. Muchos de estos desarrollos se vincularon con acciones locales lideradas por organizaciones de base mediante la ocupación de terrenos (Potocko, 2015), junto con iniciativas más institucionalizadas que involucraron al Estado municipal, provincial y nacional.

Asimismo, en las viviendas surgen cuestiones ligadas a las dinámicas familiares y la movilidad. En este sentido, es significativo notar que el crecimiento poblacional por decenio fue menor que el aumento en la cantidad de viviendas: entre 2001 y 2010, la población creció un 25 %, mientras las viviendas aumentaron un 57 %; entre 2010 y 2022, la población aumentó un 45 %, pero las viviendas casi se duplicaron (98 % más) (Tabla 1). Esto redujo el promedio de personas por vivienda, de 4,59 a 2,75, lo cual puede asociarse a una mayor presencia de hogares nucleares (Fonseca, 2007) y al incremento de hogares unipersonales, producto de movilidades laborales temporales (16 % según el censo 2022 del Indec). Al mismo tiempo y como se verá, debe considerarse el papel que las viviendas “vacías” o usadas temporalmente tienen en este mismo proceso.

En este marco general, la relación entre personas y viviendas en los planes analizados específicamente merece otra discusión, dado que los cuatro casos, desde 2003 a 2016, han mantenido un promedio de ocupación por vivienda similar al registrado en la general para 2001, con cuatro personas por vivienda. Una primera mirada sobre estos números puede corresponderse con la lógica de la familia nuclear de cuatro integrantes, modelo que, como ha sido profusamente analizado en otros casos y contextos, es promovido por el Estado, como modelo social y material, y a partir del cual se diseñan las políticas y se habilita su acceso (Barada, 2018). Aun en este contexto, una mirada más profunda de estos números permite considerar esta relación con cierta precaución, puesto que el promedio de integrantes no se expresa sobre la composición familiar en sí. En primer lugar, el registro de familias nucleares en los conjuntos analizados representa solo el 46 %, lo que indica que más de la mitad no responde a ese modelo. En segundo lugar, el 28 % corresponde a hogares monoparentales y el 26 % a configuraciones familiares que incluyen menores o adultos adicionales. Además, el 68 % de las familias, en distintas formas, tiene más de tres hijos o menores a cargo. Los requisitos definidos por el IVUJ (quien regula el dominio de las viviendas sea cual sea su modalidad de gestión previa) se basan en dos premisas fundamentales: por un lado, la capacidad de pago de las “cuotas” y, entonces, la existencia de algún tipo de empleo formal por parte de quien/es se constituye/n como solicitante/s y, por el otro, el tener hijos o hijas a cargo. En este contexto no resulta llamativo que, dentro de los hogares monoparentales, el 68 % tenga una mujer a cargo y, en efecto, este tipo de configuración de mujer sola con hijos/as represente casi el 30 % del total absoluto. Este porcentaje resulta coherente, además, con los datos generales a escala localidad según el Censo 2022. Podemos observar algunas de estas cuestiones a partir del siguiente relato:

Yo estaba anotada y yo estaba en lo de los asentamientos “asentamiento con un hijo”; nos íbamos por varias partes y queríamos construir ahí. Porque no nos daban vivienda porque debías tener más hijos, entonces, como yo soy de hablar, bueno, quedé marcada por el intendente y él hizo que me dieran la vivienda. A los que tenían más hijos le dieron en el “2 de abril”, la primera cuadra, el primer loteo. Me dejaron afuera. No sumaba estar sola. Cuando la nena era chica, ya tenía seis años y yo me iba a trabajar y la dejaba con una chica de allá. Y de día la dejaba, le decía que no le abra la puerta a nadie y ella se quedaba, se iba a la escuela sola. Por eso hicimos poner las rejas. Cuando vivía mi abuela, mi abuela la cuidaba, pero después ya no. (Comunicación personal) ¹

La monoparentalidad femenina como condición singular de residencia, expresada en el relato anterior, no resulta sorprendente por diversos motivos. Es preciso reconocer el papel histórico de las mujeres en la reproducción familiar. La escolaridad de niños y niñas se inscribe dentro de las tareas de cuidado que sostienen mayoritariamente las mujeres y que en contextos rurales ha tendido al desdoblamiento de la unidad doméstica, favoreciendo la residencia en el pueblo como condición para acceder a una vida “institucionalizada” (Barada, 2017). Este proceso tampoco contradice las lógicas laborales tradicionales del área: los trabajos en la zafra o en la minería han sido históricamente potestad masculina, con los varones fuera del hogar gran parte del tiempo (Göbel, 2002), mientras las mujeres asumían el sostén del campo.

La diferencia que se observa hoy, al considerar el papel del Estado en la producción de vivienda, es que las redes que configuraban aquellas unidades domésticas campesinas no recaían en una única mujer, ni en términos de sostén ni de cuidado. Esto obliga a pensar las estrategias y negociaciones ―como propone De Certeau (2000 [1980])― que despliegan las familias y que reconfiguran la relación promedio de personas por vivienda en los conjuntos, actualmente de 4,52. Algunas se vinculan con el cumplimiento de los requisitos impuestos por los propios Planes, puesto que las viviendas deben ser pagadas en pequeñas cuotas a lo largo de entre veinte y treinta años. Incorporar a otros adultos o adultas que faciliten el cumplimiento sobre la capacidad de pago es una estrategia que permite constituirse como un/una potencial “mejor pagador/a” ante los mecanismos de selección. Al mismo tiempo, estas lógicas son desalentadas por los agentes estatales, puesto que la constitución de “núcleo familiar” como condición relevante para la evaluación de admisibilidad de los y las beneficiarios no promueve ―aunque admite― que la capacidad de pago esté repartida entre adultos que no conformen pareja. ² Otras estrategias no se vinculan con los requisitos estatales, sino que, por el contrario, en muchos casos la incorporación otros adultos/as a la vivienda permite reconstituir la noción de unidad doméstica extendida, como unidad familiar y productiva. Estas incorporaciones a veces son permanentes y otras temporarias, puesto que se despliegan en el marco de dinámicas de movilidad, en las que las relaciones entre una o más casas en el campo y la vivienda en el pueblo persisten, en la línea de la coexistencia entre un empleo formal y el sostenimiento de una hacienda.

La tensión entre distintas lógicas de cohabitación, en el marco de condiciones periféricas de habitar, implica la condensación de trayectorias familiares previas. El 66 % de las personas beneficiarias declaró haber residido previamente como “agregados” en casas de familiares. Más allá del debate que merece esa categoría ―y que excede los objetivos de este trabajo―, permite reconocer redes familiares previas, con cohabitación entre generaciones, hermanos y hermanas, sin que ello suponga necesariamente hacinamiento, como lo plantean ciertos registros estatales, o al menos invita a problematizarlo. Una cuestión clave es la localización de esas residencias: el 68 % señaló haber vivido en parajes rurales. Esta información podría conducir rápidamente a pensar en el desplazamiento de familias jóvenes hacia la ciudad en busca de independencia respecto de la unidad doméstica agropastoril. Sin embargo, esa lectura debe complejizarse: conviene revisar la noción de doble residencia campesina y las lógicas de cohabitación como parte de esquemas de movilidad. Así lo expresa M., beneficiaria de una vivienda otorgada en 2016: “Mi mamá vive con mi hermana, pero viene a dormir acá. Tiene un espacio al fondo. Ella ocupa el fondo y nosotros la casa. Ella está al frente con mi hermana, y le ve a mi sobrino” (comunicación personal). ³

A partir de esto, se vuelve necesario revisar las estadísticas que abrieron este apartado. Si el promedio de personas por vivienda según el Censo 2022 es de 2,75, ese valor ni siquiera contempla el esquema básico de la familia nuclear. En contraste, los registros de beneficiarios en los conjuntos analizados duplican prácticamente esa cifra. A su vez, las entrevistas permiten matizar esta relación de acuerdo con las propias trayectorias vitales y las movilidades laborales y familiares. En todo caso, la pregunta que emerge es cómo leer estas estadísticas y considerar la coexistencia entre estrategias de cohesión familiar orientadas al acceso a la vivienda y otras de cohabitación y movilidad que siguen vigentes en el campo del hábitat según una lógica “rural”.

La tensión en torno a las “viviendas vacías” emerge como una problemática para los agentes estatales, puesto que, durante el proceso de regulación de los dominios, la verificación de la efectiva ocupación de las viviendas es uno de los ejes centrales: “Muchos las piden y luego no las ocupan, las ocupan temporariamente o las alquilan” (comunicación personal). ⁴ Al mismo tiempo, este tipo de discursos institucionalizados se reproducen en el territorio, en relación con la ocupación de las casas y sus destinos, tal que una de las personas entrevistadas llegó a su casa a raíz de que otros vecinos registraron la aparente desocupación de una vivienda y, por conocimiento familiar, los convocaron a ocuparla, estrategia que luego sirvió en términos institucionales para reclamar la adjudicación. Por su parte, otro de los actuales adjudicatarios llegó de Calete a comienzos del 2000 y algunos años más tarde logró establecerse en la vivienda en Humahuaca. Según su mirada, el barrio no logra construirse en clave comunitaria, en la medida en que no se integran las lógicas barriales que exceden al conjunto, y la escasa organización vecinal que había

solo estaba al principio, cuando las entregaron y tenían muchos problemas, ahí nos colaboramos. Ahora somos como un anexo al Barrio Independencia, pero separados por el cementerio y no participamos de sus actividades. Es que muchos vecinos no viven y hay alquileres temporarios. Por ejemplo, esta es la única calle sin cordón cuneta, cuando se hicieron los programas de “mejoramiento barrial” quedamos afuera. (Comunicación personal) ⁵

En este contexto, resulta relevante traer aquí un conflicto que se planteó en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) en el año 2012 y que tomó visibilidad en la prensa local. Este organismo instó a las familias que habían sido beneficiarias de programas de viviendas nacionales y provinciales a que las habitaran de modo permanente, como condición necesaria para evitar la quita de subsidios. Una funcionaria del organismo expresó: “Se detectaron casos de adjudicatarios que alquilan la vivienda, que la prestan a algún familiar o que por algún otro motivo decidió no residir en la misma. […] la obligación básica del adjudicatario es vivir en la vivienda y pagar su cuota” (“Quitarán subsidios del IVUJ a los que no habiten sus viviendas”, 2012). Si bien no existe aclaración sobre aquellos lugares en los que específicamente el IVUJ reconoció este tipo de “irregularidades”, el conflicto aquí expresado resulta relevante a la luz de la información que presentan las estadísticas censales acerca del promedio de personas y viviendas y sus variaciones. Asimismo, este diálogo de miradas, perspectivas y situaciones planteadas desde el territorio y las instituciones implica considerar el papel que posee para los distintos actores la construcción de sentidos sobre el “otro”, en la clave de Krotz (1994). En ese sentido, en un contexto de reconfiguración de redes familiares, comunitarias y campesinas, es la propia identificación la que está puesta en tensión y es esta última la que se constituye como constitutiva de la experiencia de habitar la periferia.

Materialidades: habitar desde la construcción continua

La adquisición de una vivienda producida según lógica estatal implica la exposición de las familias ante el Estado, tanto en sus capacidades económicas como en sus condiciones sociales (y morales), de acuerdo con estándares definidos por las agencias. Además, la propiedad no se concreta en el momento de la adjudicación: se construye a lo largo de un proceso extenso, que involucra pagos y también estrategias de supervisión que instalan el “miedo a que sea quitada”. El caso de los últimos conjuntos (2, 3 y 4), gestionados por el municipio, es singular: las viviendas fueron entregadas antes de estar terminadas e incluso algunas fueron ocupadas informalmente durante los lentos procesos de adjudicación y finalización. Una de las entrevistadas mostró su preocupación al respecto:

Estoy pagando, aunque cuando entré no estaba terminada; estoy pagando las cuotas para que el día del mañana no me pueden quitar. Hice eso por miedo. Porque me quieran quitar. El que resistió hoy está viviendo y el que no, no. Aquí nos conocemos todos. El IVUJ vino a ver que cumpliéramos los requisitos y luego no volvieron. (Comunicación personal) ⁶

Es significativa la tensión que genera la mediación estatal, incluso cuando la admisibilidad de las y los beneficiarios y las responsabilidades de pago se cumplen, en un contexto en el que, además, de acuerdo con el Censo 2022, el 68 % de las viviendas en Humahuaca no poseen escritura (Indec, 2022). Aun así, la noción de la casa propia que forma parte de los discursos construidos por los agentes, como ha planteado Lindón (2005), es una idea de fuerte arraigo en las “sociedades urbanas contemporáneas. En general ha sido asociado a las clases medias urbanas” (p. 146). Siguiendo a la autora, la propiedad de la casa funciona en un doble sentido: uno vinculado al acopio de bienes y otro que tiene que ver con la articulación de la propiedad privada y la legitimidad social. En este caso, resulta significativo considerar el hecho de que, mientras que las casas (asociadas a las de las familias en el campo) son nombradas y clasificadas en términos nativos como casas, las viviendas producidas a través de distintos modelos de gestión estatal son consideradas viviendas,y ese estatus diferencial se sostiene en las clasificaciones cotidianas tanto que ese modelo de gestión (y de acceso), es distintivo de su materialidad en el tiempo, aun cuando sus arquitecturas sean transformadas, incluso radicalmente.

Esto último lleva a observar una dimensión en torno al devenir de las viviendas producidas por programas estatales que es la de sus transformaciones en el tiempo. El trabajo con conjuntos producidos con una antigüedad de entre diez y veinte años, en este caso, ofrece una cierta profundidad histórica en ese devenir que permite considerar la transformación de las materialidades de manera significativa. En este contexto, podemos destacar dos cuestiones. Por un lado, aquellas que se vinculan con lo desarrollado previamente en torno a los procesos y mecanismos de acceso a las viviendas y su condición de “entrega”. Por el otro lado, considerar su devenir en el tiempo en diálogo con las necesidades de las familias, pero no solo eso, sino más bien como una continuidad en la que se encarnan sentidos periféricos en torno al habitar y al papel de la construcción como parte de las prácticas cotidianas (Tomasi, 2012).

En relación con la primera cuestión, existen procesos diferenciales en la gestión y producción de los conjuntos, tal que aquellos construidos por operatorias municipales han tenido, en general, mayores dificultades para la terminación de las viviendas. Esto puede vincularse, según el punto de vista de los agentes del IVUJ, con las complejidades asociadas a una mayor descentralización de los recursos, prolongaciones de la cadena de pagos y ―también podemos incluir en este repertorio― a las propias lógicas locales en relación con los períodos de trabajo en la construcción y el involucramiento de lazos de familiaridad en las dinámicas de gestión local. En todo caso, a partir de las entrevistas realizadas pudo observarse una continuidad en el “reclamo” en torno a la baja calidad de las terminaciones, o incluso la falta de ellas, particularmente en lo que refiere a los núcleos húmedos de las viviendas, así como también, sobre las aberturas, los materiales de terminación de pisos, revoques y techos. Es decir que podemos considerar un primer conjunto de “transformaciones” vinculadas a lo que las familias consideran, en una primera instancia, como la terminación de las viviendas, que en buena medida implica la terminación de una primera etapa de compromiso entre las partes.

Sin embargo, más allá de estas instancias iniciales, los relevamientos realizados permiten reconocer un cambio significativo en la morfología, estética y técnica de las viviendas, que no solo se expresan en la necesidad de mejoras y ampliaciones acompañando el crecimiento de una familia, sino más bien de su integración a las lógicas locales. Una cuestión central que diferencia, en general, a las viviendas de las casas producidas localmente tiene que ver con su implantación y su ocupación del lote. Mientras que localmente se tiende a cerrar la construcción sobre la línea municipal, las viviendas se distinguen, generalmente, por su posición “retrasada” del frente o bien por su retiro lateral en relación con las medianeras, entonces, se constituyen como objetos aislados del perímetro, apareados de dos en dos. Esta condición que se repite sistemáticamente en los planes ejecutados en distintas localidades constituye, a su vez, la primera operación de transformación visible, tal que el cerramiento lateral o frontal de las viviendas es una condición masiva en el marco de las operaciones constructivas realizadas por las familias. Como se observa en la tabla 2 en la categoría “con cerramiento exterior”, el cierre del lote está presente en casi el 9 % de los casos y casi el 7 % del total incluye en tal operación la incorporación de un nuevo acceso a la vivienda, referenciado en la categoría, “con puerta de acceso frontal”.

En este marco, G.C. enfatizó el hecho de que estas modificaciones tuvieron que ver con los intereses, necesidades y capacidades de cada familia:

La casa está metida para adentro, por eso la cerramos para adelante. No entregaron los diseños, los planos, nada. Cada uno ha hecho su vivienda como ha querido. Nunca hubo una organización, un plano para la claridad de los límites. Cada uno ha hecho lo que ha podido, el que no, no. (Comunicación personal) ⁷

Asimismo, este cerramiento hacia la calle y los linderos adquiere una materialidad singular ante la incorporación de un nuevo recinto de habitación en el espacio frontal de las viviendas retiradas. Esto se verifica no solo en un número significativo de casos sobre el total (en la tabla 2, “habitación frontal”, 34 %), sino que debemos considerarlo como una operación constructiva mayoritaria en los casos en los que en efecto es posible, pues si se observan únicamente los conjuntos en los que las viviendas se retiran sustantivamente de la línea municipal (la mitad de las viviendas en el conjunto 1 y 4 y el caso 3 completo) este porcentaje asciende al 60 %. (Figura 5). La incorporación de estos espacios es interesante en al menos dos sentidos. Por un lado, porque en general ―y como veremos a continuación― responde a las lógicas de continuidad constructiva vinculadas a la adición de recintos en el tiempo que ha sido estudiada para las arquitecturas vernáculas en el área (Tomasi, 2021). Por el otro, porque en particular la posición frontal de este recinto constituye una operación en la relación de las viviendas con otras y con su inserción en la ciudad, en pos de su semejanza con las de producción local. Es en este punto que se plantea una tensión en torno a la dicotomía sobre lo público y lo privado, puesto que estos recintos suelen ser simultáneamente usados como lugares de almacenamiento, de trabajo, de juego e incluso de recepción de personas ajenas al hogar. Como nos ha planteado otra entrevistada, al mencionar la función del recinto: “Si no la gente entraría hasta el fondo”, aun cuando la casa está todavía en construcción (comunicación personal). ⁸ Vale considerar, entonces, el papel que posee el patio en las casas de campo como aquel espacio que encarna, en calidad de materialidad, los sentidos de la familia extendida en el tiempo, en los que se realizan las prácticas colectivas e incluso rituales que la vinculan con su comunidad y con la producción. De acuerdo con una perspectiva más radical, J. (que recibió su casa hace diez años) plantea que espera pronto poder construir una casa enteramente nueva en el terreno, y abandonar la vivienda.

Asimismo, podemos enfatizar la condición periférica de estas viviendas en torno a su materialidad, al reconocer su crecimiento en el tiempo y las lógicas constructivas mediante las cuales esto se produce. No solo se trata de la adición de recintos hacia la calle, como cerramiento, como espacio liminal, sino también de su crecimiento hacia la parte posterior de los lotes en función de la incorporación de nuevos espacios de habitación e, incluso, de nuevos salones para el uso común de las familias. Si volvemos sobre los datos de la tabla 2, podemos observar que mientras que casi la mitad de las viviendas incorporaron recintos de manera anexa a las viviendas (“Dormitorios anexos”), respetando, en cierto modo, la morfología compacta del plano original, más de la mitad lo hizo (y en algunos casos de manera no excluyente) incorporando recintos más o menos independientes (tabla 2, “Construcciones al fondo ‘aisladas’”), a los cuales se accede desde el patio resultante, aun cuando este sea de pequeñas dimensiones (Figura 6).

Acá vi siempre que la gente se maneja así: empieza con una pieza y después va modificando y después crecer. Acá en la casa de mi madre, hicimos el comedor en la esquina, luego más habitaciones y la pieza para guardar cosas, para guardar “las reliquias de mi madre”. Después ya no hicimos más habitaciones porque todos somos grandes y, si venimos, venimos un ratito. (Comunicación personal) ⁹

Este fragmento en el que el entrevistado describe el proceso de construcción en el tiempo de la casa de su madre permite reconocer los trayectos constructivos históricamente asociados a las arquitecturas vernáculas domésticas en general, pero que, en términos particulares, se produce en el contexto regional en torno a la noción de la casa de campo como una construcción en el tiempo. Esta se produce en simultaneidad y articuladamente con el crecimiento de la familia, incluso cuando no implique lógicas de cohabitación permanente, en la clave de las pretendidas por los agentes estatales. A su vez, esta forma de reconstitución de las lógicas rurales en el contexto urbano mediada, además, por el Estado como agente productor de las viviendas se entrevera con las relaciones sociales y económico-productivas emergentes de la “vida urbana”, puesto que entra en juego también la continuidad constructiva asociada a la posibilidad de renta o de establecimiento comercial. En todo caso, el papel de la continuidad constructiva, que asciende a un 50 % de los casos totales en la actualidad, resulta un dato significativo considerando la antigüedad de los conjuntos. En este sentido, los plazos de “ampliación” de las viviendas no están sujetos de manera directa al devenir familiar, al nacimiento o crecimiento de los hijos e hijas, sino más bien a un conjunto de prácticas del habitar cotidiano que incluyen la construcción como parte del presente como proyecto continuo.

Conclusiones

La incorporación de conjuntos de viviendas en la localidad de Humahuaca formó parte de un conjunto de acciones estatales en el marco de complejos procesos de transformación productiva, económica y social que convergieron, además, en demandas concretas de la población local para habitar el suelo urbano. El análisis de este proceso en su complejidad requirió, sin embargo, del reconocimiento de relaciones más amplias, cuya visibilización fue posible a partir de un trabajo situado en el territorio, en la comprensión de las trayectorias de las familias. El desarrollo de este artículo procuró la problematización de la noción de periferia como construcción política en dos escalas, con la puesta en crisis, a su vez, de dos binomios conceptuales clásicos: lo urbano y lo rural, por un lado, y lo público y lo privado, por el otro.

En relación con el primero, se observó cómo el crecimiento urbano de Humahuaca en las últimas décadas estuvo fuertemente asociado al desarrollo de conjuntos de vivienda por parte de las agencias del Estado, en la medida en que, entre el comienzo y el final del período en estudio, las viviendas totales crecieron en más de un 300 %. Como se observó, la extensión de la mancha urbana y la disposición de los conjuntos implicaron el desarrollo de fragmentos urbanos que se vinculan de modos más o menos deficientes con el centro de la ciudad. Sin embargo, el eje de este artículo requirió de una observación cuidadosa sobre la ciudad como constructo autónomo, pues el análisis sobre el crecimiento poblacional (de un 187 % en el mismo período), a partir del reconocimiento de las dinámicas regionales históricas, permitió problematizar ese mismo crecimiento urbano material a la luz de las movilidades de las unidades domésticas agropastoriles, asociadas a los lugares “de origen” de buena parte de las familias. Aún más, el estudio minucioso sobre las familias beneficiarias de las viviendas en estudio habilitó un análisis que disputa las nociones habituales de la vivienda en relación con la demanda de una familia mayoritariamente nuclear, tal que la composición social de las unidades demostró una significativa incidencia de los hogares monoparentales (mayoritariamente femeninos) con más de dos hijos/as y la adición de otros/as adultos/as a la conformación familiar responsable ante la financiación obtenida. En este marco, es posible considerar que las viviendas construidas, lejos de constituirse como espacios para el arraigo de una familia que se inserta de manera integral en las lógicas de vida urbanas (y, entonces, en un sistema económico-productivo mercantil), se posicionan como nodos en una red de lugares de vida que disputa la existencia del binomio urbano-rural. La ausencia de la familia tal como es ―concebida por el Estado― en la vivienda e incluso el que estas permanezcan vacías durante ciertos períodos es un problema para el desarrollo de las políticas. ¿Es posible pensar, entonces, políticas públicas que contemplen la multiplicidad de la vivienda como estrategia de sostenimiento? ¿Las redes familiares, las redes productivas, las redes de cuidado, cómo encuentran su forma en la materialidad de la vivienda? ¿Puede contemplarse la inclusión de otras lógicas temporales?

Esto último se articula con la segunda parte del trabajo en la cual, en la escala de la materialidad, observamos críticamente la relación entre lo público y lo privado, a partir del análisis del devenir constructivo de las viviendas en el tiempo, en una continuidad. La progresiva separación de los lotes y su cerramiento pareciera, en un principio, marcar una tendencia hacia la consolidación de la unidad de vivienda como un todo compacto. Sin embargo, la observación sobre la progresiva adición de recintos para albergar a otros miembros de la familia (en la clave de una unidad doméstica extendida) y la conformación del patio como espacio articulador vuelve a colocar en el eje de los interrogantes la composición de esas “familias beneficiarias” y la distancia que existe con el modo en que son concebidas ―y clasificadas― por el Estado. En términos constructivos, es esa misma divergencia entre la categorización familiar asociada a una única materialidad la que se disputa en la continuidad constructiva, como un proceso dinámico que pone en crisis, incluso, la noción de la vivienda como categoría institucionalizada en categorías urbanas. ¿Podemos hablar de la “casa propia” como una categoría cerrada y estática en este contexto? ¿A quiénes involucra?

La problematización de estas categorías como entidades fijas requiere de un trabajo en los territorios que discuta los principios según los que se establecen las políticas sobre la vivienda. En otras palabras, no se trata de una “adaptación” a ciertas particularidades locales, sino más bien de la puesta en jaque en lo local de cuestiones profundas que, más que intentar “insertar” a una población en la vida urbana, se permitan comprender los modos en los que eso sucede de manera efectiva, sin que por ello se constituya como una realidad “aislada”. En todo caso, se trata de pensar, en línea con Massey (1994), sobre los modos en los que los lugares, imbuidos en lógicas globales, encarnan esas escalas por sentidos y prácticas propias, de las que la arquitectura ―y la vivienda en particular― es parte actuante. ¿Podemos pensar acaso en acciones estatales que, más que producir viviendas que replican modelos urbanos, potencien las redes ―también materiales―- del habitar en función de modelos de participación? Considerar al hábitat en su multidimensionalidad es problematizar, también, el sentido político de las categorías que muchas veces también son replicadas y sostenidas en las academias, en el camino hacia generar un conocimiento y políticas públicas situadas.

Referencias

Notas

^* Artículo de investigación científica

Origen de la investigación Este trabajo es producto de mi trabajo de investigación como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el marco del tema general presentado para el presente bienio: “El rol de las mujeres en las culturas constructivas locales para la generación de alternativas innovadoras para la vivienda social de las tierras altas jujeñas, con un enfoque de género”

¹ Fragmento de entrevista a D.C., beneficiaria de una vivienda en el conjunto de 30 viviendas en Humahuaca, del año 2003, realizada en agosto de 2024.

² Fragmento de entrevista en el Departamento de Asuntos Sociales, IVUJ, abril de 2024.

³ Fragmento de entrevista a M., beneficiaria de una vivienda en el conjunto “20 viviendas en Humahuaca” del año 2016, realizada en septiembre de 2024.

⁴ Fragmento de entrevista en el Departamento de Asuntos Sociales, IVUJ, abril de 2024.

⁵ Fragmento de entrevista a D.C., beneficiaria de una vivienda en el conjunto de 30 viviendas en Humahuaca, del año 2003, realizada en agosto de 2024.

⁶ Fragmento de entrevista a D.C., beneficiaria de una vivienda en el conjunto “20 viviendas en Humahuaca”, del 2016, realizada en diciembre de 2024.

⁷ Fragmento de entrevista a D.C., beneficiaria de una vivienda en el conjunto “20 viviendas en Humahuaca”, del 2016, realizada en diciembre de 2024.

⁸ Fragmento de entrevista a N., beneficiaria y cooperativista constructora de una vivienda en el conjunto realizado por operatoria municipal en 2010, realizada en septiembre de 2024.

⁹ Fragmento de entrevista a A., hijo de beneficiaria de una vivienda en el conjunto “20 viviendas en Humahuaca”, del 2016, realizada en agosto de 2024.

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: ju.barada@gmail.com

Información adicional

Cómo citar: Barada, J. (2025). Desde las periferias rurales. Devenires en la producción de viviendas en Humahuaca, Jujuy, Argentina. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.prdp

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