Las áreas rurales de las regiones remotas y aisladas, como ocurre con las zonas de montaña, suelen presentar importantes fragilidades tanto demográficas como económicas. A pesar de su diversidad, tienden a caracterizarse con particularidades propias de una tipología socio-territorial definida. Algunos problemas y desventajas derivados de su condición en espacios de sociedades ricas en recursos, ecosistemas naturales, patrimonios culturales y paisajes; pero pobres en cuanto a las oportunidades y servicios que ofrecen, se deben a sus poblaciones limitadas. Estas presentan dificultades en sus tipos de hábitat y la necesidad de racionalizar los servicios (Asociación Española de Municipios de Montaña, 2017; Comisión Europea, 2004; Carbone, 2018).

En el conjunto de la Unión Europea las áreas de montaña suman más de 40 millones de residentes, lo que representa la tercera parte del territorio (Gloersen et al., 2016), sus desventajas frente al resto son a menudo tan marcadas y generalizadas, que el Parlamento Europeo (2003) recuerda la importancia de considerarlas de forma transversal en los propios reglamentos de los Fondos Estructurales (Unión Europea, 2004). Sin embargo, la crisis desencadenada en 2007 y su prolongación como recesión durante más de una década, ha supuesto una renovación en la vulnerabilidad de numerosas áreas rurales (European Commission, 2003; OECD, 2006), especialmente de aquellas más desconectadas de los centros de servicios. Como apuntaba el Congreso de las Autoridades Regionales y Locales, las disparidades entre las propias regiones rurales “son más marcadas desde la crisis financiera de 2008. Mientras muchas áreas próximas a las ciudades han sido más dinámicas y resilientes, las áreas rurales más remotas no han podido recuperarse en términos de empleo y productividad” (Council of Europe, 2017, p. 1).

Esta situación fue vista con mayor gravedad en los países del Sur de Europa como España, Grecia y Portugal, por las medidas de austeridad y control de gasto a las que fueron sometidas sus economías, que condensaban todas las debilidades de la “zona euro” (Gkartzios, 2013; Oliva et al, 2016; Anaut et al., 2015; Charalambos et al. 2010; Silva y Cardoso, 2017). En el caso español, una parte importante del esfuerzo para afrontar los recortes presupuestarios fue transferido hacia los poderes locales bajo una racionalización de urgencia de las prestaciones y servicios que erosionaba la calidad de vida de muchas comarcas rurales (Oliva, 2018). La paralización de proyectos de inversión e infraestructuras, la reducción de las transferencias económicas con las que los ayuntamientos financian el empleo local, los servicios sociales, las concentraciones escolares, la reorganización de la atención médica rural, etc. Han supuesto un impacto significativo. Tampoco han sido desplegadas sin resistencias las movilizaciones ciudadanas contra el cierre de escuelas rurales, centros de salud, residencias de ancianos, líneas de tren y autobús, etc., adquirieron un importante protagonismo durante los últimos años (Oliva et al, 2014; Díaz-Cortés y Sequera, 2015; Amat-Montesinos y Ortiz, 2015).

El impacto de estos procesos debe contextualizarse, por un lado, en relación con el problema de la despoblación rural, así como la transición demográfica, que se ha convertido en una cuestión señalada de la agenda política española (Consejo Económico y Social de España, 2018), dejando un debate abierto en los medios de comunicación (Del Molino, 2016). Por otro lado, el hecho de que al menos 1 de cada 3 municipios españoles se localiza en áreas de montaña (Asociación Española de Municipios de Montaña, 2017), constituyen a éste como el segundo país en Europa con mayor extensión de estas zonas. El impacto de la crisis en algunas de ellas, debido a estos desequilibrios demográficos, económicos y sociales se ha multiplicado (Oliva, 2013; Sánchez-Zamora et al., 2014; Valero et al. 2016; Sampedro y Camarero, 2017; Holl, 2018).

Los desafíos de la gobernanza de las áreas rurales en Europa hacen que su sostenibilidad social sea compleja, sumado a lo anterior las seculares desventajas de la accesibilidad dentro de las que se incluyen características geográficas (Committee of the Regions, 2014) y sociológicas como el envejecimiento, se suman las dificultades para conformar un capital social con actores organizados en el territorio. Algo imprescindible para poder competir en la captación de recursos y financiación para el desarrollo (Godde et al., 2000; Lee et al., 2005; Magnani y Struffi, 2008; Sheate et al., 2008; Osti, 2010).

Si bien el concepto de capital social en su revisión del origen y popularización como explicaba Portes (1998), encarnan una idea ya analizada por los sociólogos clásicos que consigue condensar el solapamiento de las relaciones económicas y sociales en una sugerente metáfora. Los análisis de Bourdieu (1985, 1988) y Coleman (1988) abordan las conexiones entre el individuo y las redes sociales que enfatizan las relaciones de poder y distinción social. El primero desde su transformación en capital humano. El segundo, partiendo del salto al enfoque de la comunidad, el cual “nunca fue bien explicado”, recuerda Portes (1998). La interpretación de Putman (1993, 1995) como dimensión que predispone el desarrollo, abre el concepto a los análisis del desarrollo global y regional (World Bank, 1997; Lin, 2001; Malecki, 2012; Foronda-Robles y Galindo, 2012). Nuestro interés aquí se centra en su utilización en los estudios rurales, especialmente aquellos que indagan sobre el desarrollo, la identidad y el cambio social (Falk y Kirpatrick, 2000; Garrido y Moyano, 2002; Anderson y Bell, 2003; Jóhannesson et al. 2003; Shortall, 2004; Lee et al., 2005; Carmo y Santos, 2013; Phillips, 2015; Gallent, 2015; Rivera et al., 2019).

Las políticas territoriales orientadas a las áreas remotas abundan en su “monitorización a distancia” desde una racionalidad económica que contribuye a limitar los proyectos vitales que pueden arraigarse (Iso y Oliva, 2018, p. 150). La Asociación Española de Municipios de Montaña (2017) reclama en consecuencia una gobernanza adaptada para la montaña, pues los programas de la Unión Europea no han conseguido frenar su desvitalización ni generar un modelo de desarrollo sostenido en estos territorios.

El caso de estudio que analizamos revela algunas claves para reflexionar sobre esta gobernanza rural adaptada al mundo de la montaña. Una cuestión que no ha recibido la suficiente atención, especialmente mediante el análisis en profundidad de contextos locales relacionados con la crisis. Nuestra exploración documenta el efecto revulsivo de esta última, en cuanto a la deslegitimación de las racionalidades del Estado y del Mercado que ha llevado a la montaña Pirenaica Navarra a una clarificación de sus posibilidades y limitaciones.

Los cambios experimentados por las administraciones públicas de los años 80 fueron justificados en las debilidades del modelo de gobierno y gestión tradicional sustentado en la racionalidad del Estado. La presión para rebajar la carga fiscal de las clases medias, que decidían los procesos electorales en los países industriales y el proceso de la globalización, se acompañaron de una creciente privatización de los sistemas de provisión de servicios (Higgs, 2003; Woods, 2005; Moseley y Owen, 2008). El paradigma del estado del bienestar, considerado una administración ineficiente de los recursos (Jessop, 1998), parecía disolverse bajo políticas socio-territoriales que adoptaron fórmulas colaborativas con el sector privado, al que se atribuyen los conocimientos y el saber hacer (Jessop, 1998; Pierre, 2000). El planeamiento territorial de esos años empezaba a enfrentarse al reto de tener que encajar en esta nueva configuración y “ajustarse a este cambio del gobierno a la gobernanza, donde el poder político y económico descansa no en un gobierno poderoso, sino en una multiplicidad de agencias e intereses” (Madanipour et al., 2001, p. 5).

En los estudios rurales, el interés por la ‘nueva gobernanza’ se convierte en una línea de investigación temprana (Little, 2001; Edwards et al., 2001; Woods, 2005) y en la Unión Europea, la responsabilidad del desarrollo rural se traslada a los grupos y actores organizados en el territorio mediante políticas como el programa LEADER [Liaisons entre Activités de Dévelopement de L’Economie Rural]. Un modelo sucesivamente repetido con éxito desde los años 90, cuyos objetivos y acciones se definen mediante alianzas de las administraciones, el mercado y los agentes sociales (Comunidad Europea, 1989; Comisión Europea, 2001; European Commission, 2003).

La revisión internacional realizada entonces por la OECD (1990) mostraba la rápida proliferación de estos procedimientos, como señalan los primeros estudiosos del fenómeno (Jessop, 1998; Peters y Pierre, 2008), lo sustancial de la gobernanza no era tanto su novedad (ya que puede rastrearse como diferentes fórmulas en muchas culturas), sino su generalización e importancia adquirida en las políticas públicas. La creciente demanda de participación ciudadana en la planificación y gestión evidencia también los defectos intrínsecos a la racionalidad del Mercado (Jessop, 1995, 1998) y la progresiva incorporación a estos procesos de los actores y organizaciones del ‘tercer sector’ (Jessop, 1995, 1997, 1998; Stoker, 1998) las cuales indican su necesidad de una mayor legitimación social. Por ejemplo, los modelos de cogestión, planificación ascendente, desarrollo participativo, etc. que fueron desarrollados en el marco de la cooperación internacional y el desarrollo rural (FAO, 2005) junto con la conservación o la Agenda 21 Local, se han consolidado como formas alternativas de gobernanza (Oliva e Iso, 2014). En sus recomendaciones para una buena gobernanza, la Comisión Europea (2001) refería los principios de transparencia, involucración ciudadana, responsabilidades, decisiones en escalas, momentos apropiados y coherencia entre las políticas. Premisas que inspiran sus políticas del agua (European Commission, 2003), rehabilitación urbana [URBAN], evaluación de impacto ambiental (2001/42/EC y la 2003/34/CE) o el Convenio Europeo del Paisaje.

Otros estudiosos critican los presupuestos implícitos en unas fórmulas transferidas desde la experiencia de la gestión urbana, sin considerar las particularidades del mundo rural y sus limitaciones para “formar consorcios por parte de las organizaciones y actores rurales, para asegurar la financiación y la provisión de servicios” (Little y Jones, 2000, p. 171). El aprovechamiento de los fondos para el desarrollo rural dependía de la disposición de capital social y actores en el territorio (Edwards et al., 2001). Unos, factores que “tienen un efecto acumulativo, pues mientras algunas áreas surgen como ‘ricas en consorcios’, apropiándose los beneficios de fondos adicionales, otras permanecen ‘pobres en consorcios’” (Edwards et al., 2001, p. 310).

Otra revisión posterior realizada de la OECD (2006) identificó las limitaciones de procedimientos que pueden deslegitimarse por una insuficiente apertura a la participación, la sobrerrepresentación de las élites locales, un excesivo énfasis en el corto plazo o su orientación a una mera captación de la financiación. Para Edwards y sus colaboradores (2001), el éxito del modelo no impedía vislumbrar las sombras de una ruptura de la tradicional división de funciones entre los poderes electos y las agencias del desarrollo. La gobernanza colaborativa podía funcionar también como una transferencia de las responsabilidades a la ciudadanía (Woods, 2005; Arora-Jonsson, 2017; Little, 2001), además, algunas entidades colaboradoras pueden especializarse como ejecutoras de servicios públicos desarrollando una interdependencia con las administraciones públicas que permite incluso definir los objetivos (Goodwin, 1998).

Sin embargo, este conjunto de experiencias de gobernanza conformaba para la OECD (2006) un nuevo ‘paradigma rural’. Procedimientos que promueven ‘visiones’ compartidas del territorio para movilizar recursos, entre cuyas ventajas estaban la transferencia del riesgo y “la oportunidad para los socios del sector privado de introducir las innovaciones que pueden no ser posibles para las instituciones del sector público” (OECD, 2006, p. 67). El catalizador de la innovación dentro de este esquema, parece ser siempre el sector privado y no los grupos sociales.

Pero cuando se explora desde una perspectiva sociológica las estrategias vecinales para organizar la movilidad cotidiana, o de los grupos familiares para cuidar de los dependientes en zonas remotas, o para acceder a los servicios y mercados de trabajo distantes, se encuentra toda una inteligencia colectiva práctica que aparece habitualmente invisibilizada en el planeamiento y la gobernanza rural (Oliva, 2010; Camarero y Oliva, 2016a, 2016b; Camarero et al., 2016; Oliva, 2018). El caso de Pirineo navarro en España, profundiza su papel como resorte para la resiliencia de unos entornos altamente restrictivos, en cuanto a los proyectos vitales que pueden mantener. El objetivo es consiste en contrastar estas estrategias como formas de innovación social que permiten la sostenibilidad del territorio, favoreciendo una hibridación rural con los procesos urbanos y globales. A través de este análisis contextualizado, se evalúan las relaciones que entran en juego a la hora de plantearse otra gobernanza de la montaña organizada con fórmulas dialógicas, deliberativas y situadas.

Los resultados de la investigación contribuyen a la discusión de tres cuestiones. Por un lado, la necesidad de entender cómo se conforma la resiliencia en sociedades sometidas a un importante declive demográfico y las desventajas de la ruralidad de montaña. Por otro lado, la comprensión de las racionalidades discursivas que pugnan en la definición de su gobernanza. Finalmente, la exploración de cómo las consecuencias de la crisis pueden articular una reacción que revaloriza los actores y el capital social en el territorio.

En relación con la primera cuestión, se confirma de entrada la extrema vulnerabilidad demográfica (Tabla 1) de la zona, que es un determinante transversal de todo el desenvolvimiento de la vida cotidiana en los valles. Así mismo, las dificultades para el asentamiento de población joven, dados los problemas no solo para emplearse localmente, sino también para movilizar los recursos imprescindibles, como el mercado de la vivienda o la provisión de servicios. Como muestran los datos censales, el envejecimiento y la masculinización se han acentuado notablemente tras la crisis.

Tabla 1. Tabla 1. Evolución de la población, el envejecimiento y la masculinización en los valles Fuente: elaboración propia con base en Instituto de Estadística de Navarra (2018)

Estas tendencias condicionan también la demanda de servicios, como el peso notable que ejercen los enfermos mayores crónicos así como las particularidades que requiere su prestación y los problemas que presenta la accesibilidad. Por ejemplo, una enfermera entrevistada describía su actividad diaria de esta manera:

Mi recorrido es, como llevo 12 pueblos (…) uno es el que no tiene consulta (…) me voy moviendo y luego las consultas. Pero, sobre todo, yo tengo muchos ‘domicilios’ —atención domiciliaria— ¡muchos! Porque la gente es muy mayor (…). Entonces, ¡claro! eso no te evita hacer viajes y viajes... 70 u 80 kilómetros. Sí, tranquilamente todos los días. (Mujer, 53 años, enfermera, residente).

La explotación de los datos censales revela el agotamiento demográfico general de una población sucesivamente diezmada por los saldos migratorios y vegetativos negativos desde el comienzo del siglo (Tabla 2). Y si durante los primeros años de la crisis disminuye su efecto entre otras causas debido a las estrategias de retorno al pueblo, percibido como refugio frente a los despidos y el cierre de fábricas en la capital, la tendencia a la desertización parecía insoslayable.

Tabla 2. Tabla 2. Evolución del saldo poblacional, vegetativo y migratorio en los valles Fuente: elaboración propia con base en el Instituto Navarro de Estadística (2018)

Por lo tanto, la pregunta que buscamos responder atendiendo a este contexto es ¿cómo es posible mantener un territorio sometido a esta erosión demográfica? Es decir, por qué no se ha culminado la despoblación, cuáles son los recursos que han permitido su sostenibilidad social, aún en la forma de lento agotamiento poblacional. Las políticas orientadas a esta zona abundaban en una gestión economicista del territorio. Como resume un técnico de turismo, que tras una temporada viviendo en un valle acabó trasladando su residencia a la capital, sin embargo, varios días a la semana se desplaza hasta allí nuevamente “la opción de vida allá, no te digo que es un deporte de riesgo, pero es una apuesta muy fuerte, porque los servicios son los que son”. (Hombre, 44 años, técnico de turismo, trabajador pendular).

Una de las respuestas que revela los hallazgos del trabajo de campo, es la importancia del papel que juegan para la sostenibilidad social de los valles: la movilidad y la población itinerante. Fenómenos que favorecen una recurrente hibridación entre la montaña y Pamplona (la capital regional), en forma de patrones de movilidades residenciales periódicas, desplazamientos pendulares cotidianos, etc. Desde los profesionales de los servicios públicos de la salud, educativos o sociales a los empleados en ciertos servicios privados y los trabajadores autónomos con negocios en la capital, los propietarios de casas rurales o los monitores de ocio y turismo.

La automovilidad, constituye el principal recurso para reequilibrar la desigualdad en el acceso a los servicios y oportunidades. Como señalan los entrevistados, no es posible vivir sin coche en la montaña y, es frecuente encontrar en muchos hogares un vehículo disponible para cada conductor. El índice de Motorización en los valles se ha incrementado un 20% entre 2007 y 2016, (Tabla 3) como consecuencia, de la pérdida de población, pero también debido a la intensificación de la automovilidad entre sus residentes. Un aumento que contrasta con la evolución media regional durante el mismo periodo. La capacidad que proporciona el coche para hacer poroso el territorio, flexibilizando los tiempos y espacios cotidianos, consolida estas estrategias residenciales y laborales, basadas en la itinerancia como modo de vida normalizado en la ruralidad remota. Estrategias sociales que compaginan viviendas, empleos, negocios en la capital y los valles mediante desplazamientos diarios o ciclos residenciales recurrentes (de media semana, fin de semana, estacionales). Como resume un entrevistado,

(…) hay gente que trabaja en Pamplona en fábricas y sube casi todos los días. Pues también, o para ayudar en casa, hay uno también que tiene ganado y ese pues igual sube cada 2 días, o cada día. (Hombre, 38 años, ganadero)

Tabla 3. Tabla 3. Índice de motorización en los valles y su evolución Fuente: elaboración propia con base en los datos del Instituto de Estadística de Navarra (2017)

La fragilidad demográfica también dificulta el funcionamiento de las instituciones locales. Hay una percepción social de que la participación acarrea costes personales importantes, que además de la propia gestión política, el trabajo burocrático requiere emplear mucho tiempo y viajes a la capital regional. Circunstancias que hacen que el peso recaiga a menudo sobre las generaciones jóvenes, más movilizadas fuera del pueblo al trabajo:

Nos metimos en esta legislatura cinco jóvenes (…) de 35, 30 y 29 años; dos están trabajando en Pamplona y un poco mirando eso (…) por algún tipo de reuniones, algún trabajo que podrían hacer ellos en Pamplona, pues sin tener que bajar desde aquí a allá a hacerlo, cosas de trámites”. (Mujer, 30 años, educadora infantil, residente)

En los últimos años, la constitución de los gobiernos locales y otras instituciones ha sido lograda en muchos casos por la incorporación de estos grupos, cuya importancia para la gestión institucional es mencionada reiteradamente, por los entrevistados. Una relación que no oculta, las diferenciaciones respecto a las visiones de la localidad según los grupos y el papel que se otorga a la residencia permanente, como fuente de legitimidad simbólica para decidir sobre la misma, en los argumentarios de las narrativas recabadas. La dificultad de gestionar la heterogeneidad de posturas y visiones encontradas en la zona se ha materializado tradicionalmente en las divisiones entre los pueblos y los valles, que desembocaban finalmente en la ausencia de acciones colectivas. Unos desencuentros constatados por la clase política y el personal técnico del Gobierno de Navarra, como un obstáculo principal para la gobernanza.

Este asunto nos lleva a la segunda cuestión, que atiende nuestro análisis respecto a las diferentes racionalidades que argumentan los discursos sobre la gobernanza de la montaña. Los discursos obtenidos en el trabajo de campo critican los argumentos tecnocráticos de los gestores externos, frente a los que se anteponen sus propias experiencias contextualizadas. Una lucha continua para hacer visible sus particularidades y la necesidad de una gobernanza situada en territorios ricos en recursos naturales y patrimonios culturales, pero con servicios minorizados. Los profesionales de los servicios públicos, describen repetidamente las anécdotas de cómo consiguieron visibilizar estas problemáticas, mediante cartas a responsables políticos, movilizaciones o denuncias en los medios de comunicación para conseguir atención en aspectos de cuidado como una cuidadora en el autobús escolar, el arreglo de los viejos consultorios médicos y la habilitación de una escuela.

Sin duda, el ejemplo más ilustrativo de esta pugna entre racionalidades fue expresado en la Iniciativa Legislativa Municipal, impulsada desde estos mismos valles por alcaldes, concejales y profesionales de los servicios de salud contra los recortes en la atención de las emergencias médicas rurales en 2013 (Iso y Oliva, 2018; Sanz, 2018). Una de las enfermeras promotoras señalaba:

Como conocedoras de la zona que somos, no entendíamos esa forma de planificar, sobre todo porque en la urgencia tenemos presente primero dónde estamos: zona rural, zona de Pirineo, carreteras de montaña. Entonces no se puede, desde nuestro punto de vista, planificar un cambio importante sin haber tenido en cuenta las particularidades de cada zona (…) porque los núcleos de población aquí están aislados, están alejados, tenemos una población muy mayor, muy envejecida, muchas veces sin recursos de coche. (Mujer, 53 años, enfermera, residente)

Aunque el Parlamento Regional finalmente, no aprobó la Iniciativa Legislativa Municipal, esta movilización sumó el apoyo de más del 62% de los municipios navarros. Pero sobre todo, supuso un punto de inflexión en la conciencia de la necesidad de superar las divisiones locales y respecto a los resultados que se pueden alcanzar mediante el trabajo conjunto: “hay una cosa que ha sido toda una lección, que es que ha primado lo profesional sobre las ideas políticas. Y eso ha sido muy importante aquí, el que haya podido trabajar gente muy plural” (Mujer, 54 años, concejala, residente).

El caso de la Iniciativa Legislativa Municipal nos adentra en la tercera cuestión que arroja luz a nuestro análisis; se refiere al efecto revulsivo de la crisis para activar los actores locales y el capital social latente en el territorio, así como para pensar otra gobernanza de la montaña.

La distinción entre tipos de capitales sociales o formas de construcción de las redes familiares y comunitarias junto con aquellas relaciones más débiles así como diversas más allá de la comunidad (Putman, 1993; Woolcock, 1998; Granovetter, 1973), resulta sugerente para entender el mundo rural actual. Como explican Carmo y Santos (2013), la tradición sociológica de los estudios de comunidad subrayaba las redes familiares y vecinales del pequeño entorno. Pero hoy, impediría ver el papel que tienen las conexiones exteriores. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes e ilustradas, para generar el capital social de la ruralidad actual o como ilustra Gallent (2015), los propietarios de segundas residencias y veraneantes. Las movilidades han transformado también los procesos de creación del capital social en el mundo rural.

En nuestro caso la participación conjunta de la población local, el sector privado y la administración, ha conseguido significativos éxitos en la organización de eventos clave para el sector estratégico del turismo, que han surgido desde el propio territorio. Por ejemplo, los diferentes eventos deportivos repartidos en el calendario de cara a desestacionalizar los flujos turísticos. Como las carreras cicloturísticas de Larra-Larrau y la Irati extreme, atraen centenares de participantes nacionales y extranjeros; las carreras de montaña Irati trail, Camille extreme, Canelle trail y Belagoa bertikala; los eventos de esquí Snowrunning Larra Belagua y Triatlón de invierno Valle de Roncal. Citas deportivas que como explicaba uno de los técnicos turísticos gestores de la carrera Larra-Larrau, no serían posibles sin la participación de la gente local durante los fines de semana, lo cual suma cerca de 120 voluntarios en el valle.

Las celebraciones que responden a los objetivos de reforzar la identidad local y atraer turismo se han multiplicado. Así como el Día de la almadía, Orhipean, Día del queso, Pueblo de los oficios, Día de la indumentaria roncalesa, Aezkoako Eguna, la Fiesta de Otoño o el Festival de música Neskak Festival iniciado en 2017. El patrimonio cultural y etnográfico, ha sido en este sentido otro de los recursos que han movilizado las iniciativas sociales. Unos eventos culturales gestados por la población local a los que luego se han sumado los ayuntamientos, las Juntas de Valle y el propio Gobierno de Navarra. Junto a estos eventos recientes, otras tradiciones históricas como el Tributo de las Tres Vacas, Romería a la Virgen Blanca o la Bajada de la Bruja y la creación de diferentes museos, como el Museo etnográfico del Valle de Roncal, o el Museo de la Almadía, o el de las Estelas funerarias.

Impulsados por la reacción al impacto de la crisis y la despoblación en los valles, han surgido también diferentes asociaciones supralocales, entre las que destaca la Mesa del Pirineo, cuyas acciones y demandas han conseguido ganar el interés del Gobierno Foral. Por ejemplo, respecto a los incentivos para facilitar la localización residencial del personal sanitario y educativo, eliminar las ratios para abrir y mantener los centros de infancia de 0 a 3 años, etc. Distintos ayuntamientos han construido iniciativas como la creación de comercializadoras de energía eléctrica o los proyectos de mataderos.

Las debilidades estructurales del territorio al igual que su población favorecían tradicionalmente unos discursos impregnados de fatalismo. Pero la situación crítica acontecida con los recortes de las políticas de austeridad parece haberse convertido en un punto de inflexión. No es que las viejas narrativas pesimistas desaparezcan, sino que han aflorado otras iniciativas, asociaciones y estrategias desde la sociedad civil, que han puesto al territorio en la agenda política del Gobierno de Navarra. De hecho, el Parlamento regional ha aprobado el informe y propuestas de la ponencia del Pirineo en noviembre de 2018, que pretende ser la herramienta para diseñar el nuevo Plan Estratégico del Pirineo.

A diferencia de las asociaciones nacidas con anterioridad a la crisis como respuesta a un proyecto determinado, tales como Salvemos Belagoa, Zain Dezagun Larra, Plataforma de Roncaleses por la naturaleza, etc. Las nuevas agrupaciones como Bizirik Gaude -estamos vivos-, Pirineo Bizirik-Pirinioan lan eta bizi -vivir y trabajar en el Pirineo-, Txantxalan y la Mesa del Pirineo, orientan sus acciones sobre dos ejes comunes que rompen con las dinámicas previas. Por un lado, todas son creadas por actores locales con el objetivo de defender y conseguir un territorio atractivo y digno para vivir, convirtiendo por primera vez al Pirineo en el sujeto político y no el pueblo o el valle. Por otro lado, la principal demanda que se dirige al Gobierno y a sus instituciones es la necesidad de aplicar una discriminación positiva. Un “enfoque Pirineo” (Txantxalan, 2017), que tenga en cuenta la repercusión de cualquier acción en el territorio atendiendo a las particularidades demográficas, económicas y sociales de los valles.

Como apuntaban Madanipour et al. (2001), la gobernanza territorial necesita nuevas formas de pensar el espacio, el lugar y el territorio. Solamente será exitosa si el planeamiento se concibe como un proceso socioespacial, frente a la racionalidad técnica que funcionaba como una suerte de “doctor del espacio”. Una receta que aliviaba los síntomas diagnosticados sin consultar al paciente. Nuestro caso de estudio muestra que si la gobernanza se orienta al desarrollo social de la montaña es imprescindible atender a fenómenos como la movilidad, la itinerancia de la población en el territorio al igual que las posibilidades de innovación social que presentan las estrategias sociales.

El concepto del capital social ha sido considerado una herramienta tanto analítica como política para promover el desarrollo local. Como advierte Shortall (2004), la idea de capital social aporta energía a la visión romántica tradicional de las comunidades rurales, relegando el conflicto y la exclusión que puede subyacer en estos procesos. También es una metáfora ilustrativa de la ruralidad actual, algo cuya naturaleza no es tanto una realidad dada como un proceso (Lee et al., 2005), que se genera en las propias estrategias sociales (Jóhannesson et al., 2003). Como apuntan Carmo y Santos (2013), “la naturaleza dinámica que afecta a muchas comunidades rurales no está desconectada de la diversificación de formas de capital social que han sido allí desarrolladas” (p. 190).

El análisis desarrollado sugiere la necesidad de las perspectivas aportadas por las ciencias sociales al planeamiento y la gobernanza rural. Las diferentes autoridades que mantienen las narrativas de las especialidades científicas e instituciones responsables de la gobernanza rural, deben ser evaluadas en este proceso. La OECD (2006) refiere como una causa de los problemas de la gobernanza rural la “crisis intelectual” (p. 139) derivada de la diversidad de los enfoques de investigación, como los económicos, geográficos, políticos, sociológicos, estadísticos o demográficos, que proporcionan la información, para reivindicar su papel integrador de este conocimiento colectivo .

Sin embargo, de forma paradójica, mientras las agencias especializadas se reivindican a sí mismas abundando en la innovación como aporte que siempre se espera para el mercado, nuestro caso de estudio muestra la eficacia de otras formas de innovación e inteligencia social, emanadas de las prácticas de organización de la vida cotidiana para afrontar circunstancias y entornos radicalmente desprotegidos. En la ruralidad de la montaña, se acumulan tanto las contradicciones de la gobernanza desveladas por la crisis, como las capacidades de resiliencia de unos territorios sometidos a desafíos demográficos, económicos y políticos radicales. Su capacidad de persistencia solo puede entenderse por el potencial que guardan los saberes locales y la hibridación rural con los procesos urbanos, para reorganizar de manera colaborativa sus recursos y posibilidades. Para comprender esta realidad es necesario profundizar por en el carácter rizomático (Deleuze y Guattari, 1988) que presenta la complejidad del mundo rural, así como las condiciones híbridas de las configuraciones sociotécnicas del territorio (Macnaghten y Urry, 1998; Murdoch y Lowe, 2003; Whatmore, 2002; Woods, 2007, 2009).