El valor ecológico es generalmente asociado a aspectos como la importancia de un ecosistema, la integridad de las funciones de regulación y hábitat así como la complejidad, diversidad y rareza. En síntesis, los valores ecológicos se relacionan con las funciones, procesos al igual que componentes del ecosistema, de los cuales depende en última instancia la prestación de los SE (De Groot et al., 2002). Asimismo, Farber et al. (2002) indican que el concepto de valor ecológico se interpreta en forma de relaciones causales en el ecosistema, en este sentido una especie puede ser valiosa para un servicio específico como el control de la erosión y valiosa para la supervivencia de otras especies.

Según Pretty (1994), Altieri (1995, 2002, 2009), Gliessman et al. (1998), Harris (2003), Aguilar-Jiménez, Tolón-Becerra y Lastra-Bravo (2011), Vargas y León (2013) el valor ecológico subyace en la agrobiodiversidad, en las interacciones biológicas, en las sinergias que pueden surgir entre la variedad de especies (tanto cultivadas como silvestres) así como el componente animal incorporando arreglos y formas de manejo que son consecuentes con las restricciones biofísicas locales, aumentando el potencial productivo del agroecosistema, los cuales coinciden con los planteamientos de León (2014), Díaz-Manrique (2014), Nicholls et al. (2015), Nicholls et al. (2017), Paleologos, Iermanó, Blandi y Sarandón (2017), Güldner y Krausmann (2017), según los cuales, aunado a la agrobiodiversidad, se valora la conectividad del agroecosistema con los hábitats de los ecosistemas en los cuales se encuentra inmerso, facilitando el intercambio y movimiento de especies.

El valor ecológico también se relaciona con las funciones de regulación, que aportan SE como la mitigación del cambio climático y el almacenamiento de carbono. Además de la regulación hídrica, la prevención de alteraciones en el suministro de agua y el control de inundaciones, son valoradas otras funciones de regulación que proveen SE como el control biológico, la formación y retención del suelo así como la asimilación de residuos (Gliessman, 2002; Altieri y Nicholls, 2004; Altieri y Nicholls, 2010; Altieri et al., 2012; Martín y Osorio, 2012; Ratnadass et al., 2012; Sarandón y Flores, 2014; Rositano y Ferraro, 2014; Nodari y Guerra, 2015; Barrezueta, 2015; Silva-Santamaría y Ramírez-Hernández, 2017; Garbach y Morgan, 2017; Daniels et al., 2017).

La sustentabilidad del agroecosistema se relaciona con el valor ecológico cuando los arreglos, prácticas y manejos consideran la reducción de los efectos ambientales negativos, así como la disminución del consumo de insumos externos tales como los agroquímicos y combustibles fósiles, sin dejar a un lado la productividad del agroecosistema para generar alimentos. Se otorga valor ecológico a la capacidad del agroecosistema de generar SE que promueva mayores niveles de autonomía (Dale y Polasky, 2007; Vargas y Lozano, 2009; Altieri et al., 2012; Nicholls y Altieri, 2013; Avellaneda-Torres et al., 2014; Barrezueta, 2015; Sarandón y Flores, 2014; López et al., 2016;Nicholls et al., 2017; Vázquez y Martínez, 2017; Swagemakers et al., 2017).

Gómez-Baggethun y Martín-López (2015) señalan que algunos economistas ecológicos, vinculan la noción de valor ecológico con las mediciones biofísicas de las necesidades metabólicas. La valoración biofísica incluye métodos como el análisis de flujo de procesos, métodos para cuantificar la huella ecológica al igual que métodos basados en el cálculo de requerimientos energéticos o costos antrópicos de la actividad humana, que incluyen el análisis de energía incorporado, el costo de reemplazo energético, el análisis de energía, así como la producción primaria neta.

Las comunidades humanas se caracterizan por valores estéticos, artísticos, educativos, espirituales, de lugar, herencia, conocimiento de los ecosistemas, entre otros. Valores que influyen en su modo de pensar al igual que las acciones llevadas a cabo hacia los ecosistemas y servicios que proporcionan. Estas características en la mayoría de los casos no pueden ser valoradas monetariamente (Martínez-Alier et al., 1998; Costanza et al., 1997; Gómez-Baggethun y Martín-López, 2015). La literatura sobre los SE define los valores culturales como valores estéticos, artísticos, educativos y espirituales de los ecosistemas.

Los valores culturales incluyen aspectos intangibles como: los valores de lugar y herencia (Costanza et al., 1998). Dentro de la dimensión sociocultural se incorpora el valor del capital social, definido como el conocimiento acumulado junto con las normas colectivas de reciprocidad y confianza mutua entre las personas, aspectos de la organización social que facilitan la coordinación, así como la cooperación para el beneficio mutuo (Chiappe, 2002).

En el contexto de los agroecosistemas, se otorga valor sociocultural a los SE que aportan a la seguridad alimentaria, relacionados con la disponibilidad y acceso equitativo hacia alimentos variados, nutritivos e inocuos, a pesar de perturbaciones y eventos extremos de tipo climático, político o económico. Igualmente se valoran los SE que contribuyen a la soberanía alimentaria así como al desarrollo de redes de producción, distribución y consumo a diferentes niveles geográficos (Conway, 1986; Altieri, 1989 , 2002; Dale y Polasky, 2007; Céspedes et al., 2010; de Schutter, 2010; Altieri et al., 2012; Bastida et al., 2013; Sarandón y Flores, 2014; Sánchez y Villegas, 2015; Lescourret et al., 2015; Nodari y Tomás, 2016; Nicholls et al., 2017).

Como menciona Balvanera et al., (2011) se han desarrollado múltiples estudios en campo sobre sistemas sociecológicos, los cuales “señalan a la propiedad comunal y el manejo colectivo de recursos como elementos sustanciales para el mantenimiento y la resiliencia de estos sistemas” (p. 50). En los agroecosistemas, se generan servicios ecosistémicos de información, ligados a los aspectos culturales y emocionales intangibles que promueven el desarrollo de lo que muchos autores llaman la ‘infraestructura social resiliente’, esta infraestructura se sustenta en la acción colectiva de las organizaciones locales, las redes entre las comunidades, la cohesión social, la inclusión al igual que el sentido de pertenencia, aspectos que aumentan la gobernanza sobre los SE (Estrada et al., 2000; Altieri et al., 2012; Altieri, 2013; Díaz-Manrique, 2014; Altieri y Nicholls, 2012; Machado et al., 2015; Nicholls et al., 2017; Vázquez y Martínez, 2017; Louah et al., 2017).

En lo referente a la valoración sociocultural se utiliza una colección heterogénea de métodos que no utilizan las mediciones monetarias ni biofísicas. Como ejemplos de técnicas y métodos se tienen las evaluaciones subjetivas, las evaluaciones deliberativas, el análisis de preferencias, los modelos mentales, así como el análisis de ponderación (Gómez- Baggethun et al., 2014; Gómez-Baggethun y Martín-López, 2015).

Si bien, en la literatura de valoración de SE el valor tecnológico es incluido en los valores socioculturales, en el contexto de los agroecosistemas este toma un carácter relevante para su diseño y manejo, por tanto se considera como una dimensión independiente. Desde el conocimiento tradicional o local sobre los sistemas naturales y la generación de tecnologías apropiadas con el funcionamiento de los ecosistemas, se habla de una valoración desde lo tecnológico de aquellas prácticas al igual que los conocimientos que tienen el propósito de no afectar su capacidad de renovación a lo largo del tiempo. Conocimientos que justamente provienen de los servicios ecosistémicos de información, cultura, entre otros (Balvanera et al., 2011).

La tecnología es uno de los elementos acumulados de la cultura que recoge la complejidad del pensamiento y el accionar humano para transformarse en instrumentos, herramientas, equipos o sistemas (León et al., 2014). El valor de los SE para convertirse en parte de la cultura junto con el conocimiento tradicional y científico es denominado: valor tecnológico, el cual se materializa en prácticas, hábitos, costumbres y tradiciones aplicadas al diseño así como al manejo de los agroecosistemas (Gliessman et al., 2007; Altieri et al., 2012; Sarandón y Flores, 2014; Cesano y Obermaier, 2014; Foyer et al., 2014; Pérez et al., 2015; Sánchez y Villegas, 2015; Lescourret et al., 2015; Nicholls et al., 2017; Swagemakers et al., 2017; Louah et al., 2017).

El valor tecnológico otorgado al conocimiento local y científico de las funciones SE, favorece que las prácticas estén subordinadas y adaptadas a las condiciones tanto biofísicas como socioculturales del agroecosistema. Valorando la promoción de la autonomía local, la soberanía tecnológica y la soberanía energética basada en fuentes renovables (Altieri et al., 1999; Altieri 2002; Altieri et al., 2012; Cesano y Obermaier, 2014; Pérez et al., 2015; Sánchez y Villegas, 2015; Bautista, 2015; Dai et al., 2015; Salembier et al., 2016; Nodari y Tomás, 2016; Figueroa, 2016; Nicholls et al., 2017; Garbach y Morgan, 2017; Vázquez y Martínez, 2017).

En la literatura los conceptos valor monetario y valor económico comúnmente se utilizan como si fuesen intercambiables, siendo relevante aclarar sus diferencias. Al denominar valor monetario se da una acepción pragmática al uso del dinero como unidad de medida del valor, acorde a lo planteado por Norgaard (2010) “estamos tratando de alcanzar una economía sostenible invocando el valor de los SE, pero haciéndolo menos efectivamente de lo que es necesario, porque nuestro punto de vista proviene de la economía insostenible” (p. 1222).

La valoración monetaria se trabaja ampliamente desde la economía ambiental desde un enfoque centrado en las externalidades negativas como la contaminación o el agotamiento de los recursos, visión que se extendió posteriormente para abarcar los servicios ecosistémicos (Costanza et al., 1997). La literatura sobre valoración monetaria a menudo divide los valores en valores de uso y valores de no uso, cada uno desglosado posteriormente en diferentes tipos de valor que generalmente se suman al denominado valor económico total (Gómez-Baggethun y Martín-López, 2015).

El valor económico total considera los valores de uso directo, uso indirecto y de opción. Los valores de uso directo se derivan del uso y disfrute de los servicios de los ecosistemas ya sean extractivos o no extractivos A su vez los valores de uso directo extractivo se han relacionado tradicionalmente con servicios de aprovisionamiento como la agricultura o la pesca, mientras que los valores de uso directo no extractivo han estado relacionados principalmente con actividades recreativas de turismo y disfrute estético. Los valores de uso indirecto se asocian con los servicios de regulación (fertilidad del suelo, purificación del agua, regulación del clima, polinización, etc.). Por último, los denominados valores de opción están asociados con la satisfacción que los seres humanos derivan de asegurar que un servicio estará disponible en el futuro (Gómez-Baggethun y Martín-López, 2015; Segura y Aguilar, 2016).

En este artículo se propone incorporar un concepto de economía más amplio desde la economía ecológica. Al entender la economía como el cumplimiento general de las necesidades humanas, el valor económico de los SE estará asociado a su importancia para el bienestar de las comunidades (Gómez-Baggeton et al., 2014). Desde la economía ecológica se considera que el mantenimiento y la preservación de las funciones y servicios ecosistémicos no están condicionados a su valoración monetaria (Lomas et al., 2005).

Se otorga valor económico a los SE que contribuyen con la sostenibilidad del agroecosistema, como el aumento de la productividad en el tiempo, la promoción de balances energéticos positivos, la estabilidad en la producción de alimentos, y la diversificación de productos. En el valor económico se incorporan diversas unidades asociadas a la medición de la eficiencia y la productividad. Por ejemplo, mediante el balance energético se define la relación entre la energía invertida y la energía producida, estableciendo la eficiencia energética del agroecosistema (Altieri, 2002; De Groot et al., 2002; Gliessman et al., 2007; Balvanera et al., 2011;Bastida et al., 2013; de Molina y Caporal, 2013; Sarandón y Flores, 2014; Bautista, 2015).

Los agroecosistemas no se restringen a un cultivo o a una finca, sus límites físicos, biológicos, sociales, económicos, políticos son difusos (León, 2009), al igual que en los ecosistemas naturales (ecotonos). Se considera entonces evaluar el nivel de contribución del agroecosistema tanto al bienestar rural como no rural (Altieri et al., 2012). En este sentido se otorga valor desde la dimensión económica a los SE que contribuyen a la diversificación de ingresos y la reducción de la pobreza, el buen vivir, la buena salud y la recreación (Altieri, 1989; Abaunza et al., 2011; De Molina y Caporal, 2013; Sámano, 2013; Figueroa, 2016; Machado y Ríos, 2016).

En la dimensión del valor económico, se han incorporado diversas unidades físicas asociadas a la medición de la eficiencia como las energéticas y espaciales. Las energéticas, mediante el balance de entradas y salidas de energía de un sistema, para establecer el valor añadido al ecosistema en términos de ‘valores de energía’. Las unidades espaciales, mediante el concepto de ‘huella ecológica’, en el cual se cuantifica la cantidad de tierra que debe destinarse para la producción, mantenimiento de cada bien y servicio consumido por una comunidad humana (Balvanera et al., 2011).

Los SE de los agroecosistemas están influenciados por un contexto político, el cual tiene la capacidad de afectarlos de igual manera que los determinantes ecológicos (León, 2009). Frente a estas influencias el agroecosistema reacciona activamente promoviendo cambios culturales, sociales y económicos que a su vez influyen en las decisiones políticas relacionados con la gestión y manejo de los SE (Gómez et al., 2007).

Se otorga valor político a un SE una vez que es protegido, se promueve su uso racional mediante instrumentos de política ya sean mecanismos tributarios, incentivos, compensaciones, definición de áreas protegidas o la restricción de zonas para ciertos usos, algunos ejemplos en Colombia se tiene el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollos sostenible 1075 de 2015 reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Sistema de Parques Nacionales así como las reservas naturales dela sociedad civil, Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad al igual que sus Servicios Ecosistémicos, el Decreto 1007 de 2018 la reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales así como la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos. El valor político puede reflejarse al incentivar la implementación de agroecosistemas sostenibles para el uso de conservación de procesos, funciones y SE (EM, 2005; Altieri y Nicholls, 2012;Altieri et al., 2012; de Molina y Caporal, 2013; Salazar-Centeno, 2014; Fonseca et al., 2014; Cesano y Obermaier, 2014; Turrent-Fernández et al., 2017; Vázquez y Martínez, 2017; Nicholls et al., 2017; Swagemakers et al., 2017; Daniels et al., 2017; Sabourin et al., 2017).

El valor político de los SE también es otorgado por la asignación de recursos para el fomento de la investigación, la promoción del conocimiento local y la formación de capital humano para la comprensión de las funciones y SE a nivel local, regional y nacional (Altieri y Nicholls, 2012; Altieri et al., 2012; de Molina y Caporal, 2013; Fonseca et al., 2014; Cesano y Obermaier, 2014; Nodari y Tomás, 2016; Turrent-Fernández et al., 2017; Vázquez y Martínez, 2017; Garbach y Morgan, 2017; Daniels et al., 2017).

Es uno de los énfasis más fuertes desde las dos ciencias, primero, porque la investigación se define desde el problema central y no desde una disciplina específica. Segundo, se adopta un enfoque orientado a resolver el problema, y tercero, involucra distintos tipos de conocimientos, tanto científicos y académicos, como conocimientos empíricos, locales y ancestrales (Castiblanco 2007; Gliessman et al., 2007).

La valoración desde un enfoque transdisciplinar es fundamental, ya que permite integrar disciplinas científicas con aspectos sociales, así como conocimientos de las comunidades agrícolas locales, para otorgar valor a los SE mediante la participación y el diálogo (Perfecto et al., 2009; Altieri, 2009). En síntesis, el enfoque transdisciplinar desde la agroecología y la economía ecológica permite tanto el análisis como la valoración de los SE, comprendiendo las funciones ecológicas, los beneficios derivados de estas funciones que son percibidos por la sociedad, las interrelaciones, sinergismos de variables ecológicas, económicas y socioculturales que se llevan a cabo en un sistema complejo como es el agroecosistema (Altieri y Toledo, 2011; Méndez et al., 2013).

Desde el enfoque sistémico derivado de la agroecología y la economía ecológica se considera al agroecosistema como un sistema complejo, constituido por subsistemas, componentes al igual que interrelaciones. Se identifican los subsistemas agrícola, pecuario, forestal e hídrico, los componentes antropocéntricos (maquinaria, fertilizantes, semillas, agua de irrigación, trabajo) y los componentes naturales (radiación solar, lluvia, viento, sedimentos, nutrientes y energía) (Gliessman, 2002). En el agroecosistema se llevan a cabo procesos de trasferencia de materia, flujos de energía, ciclo tanto de nutrientes como de mecanismos de regulación, los cuales interactúan de manera que los comportamientos emergentes y sinergismos contribuyen a la fertilidad, productividad así como la protección de los cultivos (Altieri, 2002).

En este enfoque la dimensión ecológica del agroecosistema establece límites productivos, económicos y biofísicos que condicionan el desarrollo de las demás dimensiones (Altieri, 2002; Gómez et al., 2007; León, 2009; de Molina y Caporal, 2013; Machado et al., 2015). El enfoque ecológico plantea el diseño de agroecosistemas que conserven los recursos naturales e imiten a los ecosistemas locales, en su estructura, procesos y funciones, para generar SE que minimicen la dependencia de flujos energéticos externos, promuevan la diversidad de especies y hábitats permitiendo mayor resiliencia, estabilidad y productividad (Gliessman, 2002; Gliessman et al., 1998). El enfoque ecológico reconoce tanto los límites como las leyes biofísicas que circunscriben el proceso económico dado en el agroecosistema, siendo una perspectiva integradora de las interacciones entre la economía y el entorno.

Desde la teoría de la sostenibilidad fuerte parte el concepto multidimensional, sin pretender realizar una descripción exhaustiva de la teoría, el análisis del concepto de sostenibilidad ambiental y el análisis de los modelos de desarrollo económico realizados en el Informe Brundtland (1987), se plantearon diferentes discusiones que dieron origen a los conceptos de sostenibilidad fuerte y débil. Norton (1992) planteó que la sostenibilidad débil es una propuesta desde la racionalidad de la economía estándar, mientras que la sostenibilidad fuerte, fue formulada desde la racionalidad ecológica.

La sostenibilidad fuerte en términos de capital, quiere decir que el capital natural no es sustituible, reemplazable o intercambiable por el capital financiero tampoco por el capital físico (Costanza y Patten, 1995; Gómez et al., 2007; León, 2009). La sostenibilidad fuerte se constituye como la viabilidad del desarrollo económico preservando la capacidad de carga global del ecosistema para seguir siendo fuente de recursos y sumidero de residuos, manteniendo la complejidad y funcionamiento del ecosistema (Goodland y Daly, 1996). Autores como Costanza y Patten (1995) definen la sostenibilidad fuerte como “la viabilidad de la interacción compleja entre dos sistemas dinámicos, el socioeconómico y el ecosistema”.

La teoría de la sostenibilidad fuerte es ampliamente trabajada desde la EE – Economía Ecológica, se basa en la termodinámica y ecología, entendiendo que la actividad económica como la utilización de los ecosistemas, donde los aspectos biofísicos y energéticos, como las leyes de la termodinámica, limitan la escala del desarrollo económico. Asimismo, esta teoría permite establecer tanto el diseño como manejo de los agroecosistemas bajo los límites biofísicos y ecológicos de los ecosistemas, de manera que se garantice la permanencia de sus funciones, como consecuencia de los SE que estas funciones proveen (Gómez et al., 2007).

El enfoque multidimensional considera que simultáneamente deben integrarse los objetivos de las dimensiones ecológica, sociocultural, económica, tecnológica y política objetivos que no son reemplazables entre sí. La teoría del valor desde la economía ecológica plantea el carácter multidimensional de los servicios ecosistémicos, al considerar los distintos tipos de valor, así como las interrelaciones existentes entre ellos (Martínez-Alier et al., 1998; De Groot et al., 2002; Martínez-Alier, 2006; Gómez-Baggethun y De Groot, 2007; Gómez-Baggethun et al., 2014).

Resalta la importancia que tienen los conocimientos, experiencias y prácticas de las comunidades al igual que los actores locales no científicos en la valoración de los servicios ecosistémicos, permitiendo integrar los diversos actores con la complejidad del agroecosistema (Berbés-Blázquez, 2012). Los conocimientos, saberes ancestrales y prácticas tradicionales permiten el incremento de la comprensión individual y colectiva de los procesos al igual que las funciones del agroecosistema, logrando evidenciar la importancia o valor que tienen los SE para el bienestar de las comunidades (Méndez et al., 2013). Mediante el enfoque participativo, las decisiones que tomen los actores sobre los SE en el agroecosistema, estarán mediadas por su valoración (Dougill et al., 2010; Nicholls et al., 2017; Turrent-Fernández et al., 2017; Minga, 2017; Louah et al., 2017).

El enfoque participativo se complementa al involucrar la valoración inclusiva y la aproximación deliberativa. La valoración inclusiva tiene en cuenta la diversidad de formas para expresar el valor (cualitativas o cuantitativas) así como la diversidad de actores con diferentes perspectivas. La valoración inclusiva se favorece al promover las aproximaciones bottom-up, entendidas como las propuestas que provienen de las propias comunidades (Dendoncker et al., 2018). La aproximación deliberativa potencia la resolución de posibles conflictos sobre la asignación de los valores mediante una negociación participativa entre los interesados, permitiendo procesos de aprendizaje social. Esta aproximación abre la oportunidad de unir los valores en términos de perspectivas biofísicas, socioculturales, económicas u holísticas. La deliberación exige la inclusión de diferentes percepciones, grupos sociales y culturas, reconociendo el papel de las instituciones que incluyen normas sociales que sustentan las relaciones entre los humanos y la naturaleza (Pascual et al., 2017).