La ‘España vaciada’

Este artículo es una revisión sistemática actualizada de la investigación sobre propuestas y ‘buenas prácticas’ para repoblar las zonas rurales de España que están siendo despobladas progresivamente, partiendo del análisis de las políticas públicas e iniciativas institucionales españolas y su responsabilidad en la conformación y magnitud del problema ,. Se ha realizado este estudio partiendo de una revisión sistematizada (Guirao, 2015), basada en artículos publicados y revisados por pares entre el año 2010 y junio de 2019, en las principales bases de datos académicas.

El término ‘España vaciada’ es uno de los vocablos que desde el 2019 ha adquirido relevancia (Di Donato, 2019), esto se debe a que, el problema que conlleva, ha logrado situarse en la agenda política nacional, aprovechando el apoyo social y mediático que han conseguido los movimientos sociales, así como las plataformas en defensa de las zonas rurales durante el mismo año (Delgado y Márquez, 2019). Así lo demuestra la reciente elección de un diputado y dos senadores de ‘Teruel Existe’ –iniciadores de la revuelta de la España vaciada–, en las últimas elecciones democráticas en España o la también calificada ‘revuelta de la España vaciada’, que reclama un Ministerio y un pacto de Estado contra la despoblación (Montero, 2019) para dar respuesta a una situación que se vive como un abandono institucional también.

El término ‘vaciada’, aunque cuestionado por algunos expertos (Gómez, 2019) ha sido incorporado recientemente al debate académico (Almendro, 2019; Barreira, 2021; Di Donato, 2019; Fernández, 2019; Seco, 2020). Este término pretende hacer referencia y poner de manifiesto que la despoblación y despoblamiento progresivo que sufre una parte importante de la España rural que se sigue vaciando (AGE, 2019) no es un fenómeno natural ni simplemente multicausal, sino que tiene que ver también con las políticas públicas que se han venido implementando durante años a nivel nacional y regional.

Efectivamente, la denominada ‘España Vaciada’ (Velázquez-Gaztelu, 2017) está gravemente afectada por la despoblación, tanto por pérdida de población por causas vegetativas (despoblación), así como por la intensificación de los flujos migratorios hacia las ciudades y el abandono de las zonas rurales (despoblamiento). La Unión Europea establece una serie de umbrales para determinar si hay despoblación o despoblamiento, es así como la política de cohesión habla de zonas escasamente pobladas por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las regiones con baja densidad de población se consideran por debajo de las 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (Burillo et al., 2019).

Una extensa parte del territorio español se encuentra en la actualidad muy poco poblado, con densidades municipales muy por debajo de las consideradas críticas como son los 5 hab/Km2 y los 10 hab/Km² (…) las áreas por debajo de dichos umbrales, predominan en la mitad norte del interior español. (Pinilla y Sáez, 2017)

La mitad de los 8125 municipios españoles existentes, están por debajo de las quinientas personas empadronadas y 1286 tienen menos de cien personas (Rico, 2017). El 79% de los Ayuntamientos españoles, es decir, uno de cada cinco municipios (6419 de los 8131 actuales), ha registrado más muertes que nacimientos en los últimos 20 años (Sánchez, 2019). Zamora, Ourense y Cuenca perdieron más del 0,5% de su población en 6 meses (Calderón, 2019). El Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias [FEMP] sobre Población y despoblación en España 2016, subtitulado El 50% de los municipios españoles, en riesgo de extinción, daba cuenta con contundencia de la magnitud del problema.

Este índice refleja la gravedad del asunto al notar que desde 2017, en España, hay más muertes que nacimientos, la crisis demográfica es casi generalizada en todo el país (Abad, 2019). En 2018 se alcanzó otro récord: el número de nacimientos marca un nuevo mínimo histórico desde 1941. El saldo vegetativo de la población –nacimientos menos defunciones– supone una pérdida natural de casi 55.000 personas en el último año (Calderón, 2019). Especialmente con la crisis que supuso el abandono de la España rural por parte de las personas migrantes extranjeras, que dejaron de ser una fuente de revitalización demográfica (Collantes y Pinilla, 2019a). Sin la inmigración, la población española presenta un crecimiento negativo, muy acusado en determinadas provincias.

En España, la situación es especialmente preocupante en Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura; particularmente en provincias como Teruel (Palacios et al., 2017; Romero y Valera, 2015), Soria (Antequera, 2018), Zamora, Ávila o Burgos (García, 2016). Más del 90 por ciento de todos sus municipios tienen menos de mil habitantes, señala el informe de la FEMP (2017). El área conocida como Serranía Celtibérica, que abarca Soria, Cuenca, Teruel y Guadalajara, tiene una densidad de población por debajo de 8 habitantes por km², lo cual se considera un área escasamente poblada. Hay que recordar que las áreas con densidades por debajo de los 10 habitantes por km cuadrado han sido históricamente consideradas como ‘desiertos demográficos’.

Pero lo más preocupante es que la mayoría de las localidades con saldo negativo, son los pequeños municipios: 4712 localidades, de las 6419 han registrado más muertes que nacimientos desde 1996, tienen menos de 1000 habitantes. Los municipios rurales promedian un crecimiento negativo del 5% anual lo que significa que por cada 100 habitantes, han perdido 5, sin embargo, las grandes ciudades han tenido un crecimiento demográfico del 2% anual en los últimos veinte años (Sánchez, 2019).

Esta disparidad en el comportamiento de la población española, con una importante despoblación en el centro y en el norte y la concentración en Madrid, las islas y el arco mediterráneo no hará más que agudizarse en los próximos años, cuando el Instituto Nacional de Estadística espera que esta tendencia se agudice. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2030 la pérdida de población rural seguirá aumentando y la situación se agravará aún más, lo que representa comunidades y zonas aún más envejecidas y despobladas (INE, 2018; Calderón, 2019; Pinilla y Sáez, 2017).

La metropolización progresiva de los grandes polos tecno-financieros (Díez y Rodríguez, 2018) conectados a través de redes mediante las cuales se organiza la economía global, provoca que las zonas rurales sean cada vez más marginadas y abandonadas, lo que representa que emerjan nuevos territorios relegados, subalternos e ignorados. Lo anterior, supone una fractura social que agrava las desigualdades territoriales, destinando las zonas rurales, a ser áreas de extracción y vertido, abastecedoras de materias primas para alimentar las necesidades tanto de crecimiento como acumulación. Los centros metropolitanos generan así periferias –zonas de sacrificio–, cuyas dinámicas económicas responden a la adaptación a necesidades ajenas, generando un creciente sentimiento de postergación, económico y social, así como de malestar entre la población que vive en ellos, frente a los espacios centrales urbanos, donde se localizan las actividades hegemónicas y los procesos de toma de decisiones (Delgado y Márquez, 2019). El desierto parece haber llegado mucho antes del cambio climático, aunque parezca menos dramático o peligroso, no lo es en términos de ‘espacios vacíos’ que conllevan implicaciones de vida –sociales, económicas, culturales y políticas–.

Metodología de revisión sistematizada

La metodología que se aplicada para realizar este estudio consistió en una revisión sistematizada (Guirao, 2015) basada en una selección de artículos publicados entre el año 2010 y junio de 2019, para ellos se utilizaron cuatro bases de datos: Web of Science, Eric, Scopus y Dialnet.

Posteriormente se realizó una revisión de la literatura científica, partiendo de una pregunta claramente formulada, utilizando con palabras clave como: despoblación/despoblamiento zona rural, España vaciada y repoblación zona rural también se utilizó el operador booleano and, lo que permitió obtener 767 referencias bibliográficas. Se tuvo en cuenta la declaración PRISMA [Preferred Reporting Items for Systematic Reviews] para realizar una revisión sistemática (Moher et al., 2009).

El método de recopilación de fuentes consistió en la búsqueda en las cuatro bases de datos citadas, a partir de los tres términos de búsqueda establecidos para referirse al tema en España. Se hizo un primer cribado, teniendo en cuenta los títulos, el resumen y una lectura transversal de los contenidos de los artículos, fueron descartados 393 textos que no guardaban relación directa con el tema. Tras esta primera revisión, y con el fin de acotar la selección de las publicaciones encontradas, se aplicaron a los 374 los siguientes criterios de inclusión: (a) las publicaciones debían ser artículos de revista revisados por pares; (b) debían aparecer a texto completo; (c) solo fueron tenidos en cuenta artículos en inglés y español; (d) las publicaciones sobre el tema consultado y que estuviese centrado en investigaciones llevadas a cabo en España.

Finalmente, se seleccionaron 72 estudios que cumplían los cuatro requisitos y que conformaron la muestra final, en función de la cual se confeccionaron cuadros de síntesis comparativas donde se sistematizó la información de cada artículo así como la temática tratada en él, también las propuestas e iniciativas que aparecían en ellos para dar alternativas al vaciamiento de las zonas rurales, estableciendo en cada caso si se referían a propuestas planteadas desde el ámbito institucional o desde la sociedad civil.

Propuestas e iniciativas institucionales: incumplimientos y retos

La repoblación de la ‘España vaciada’ en los últimos años se ha convertido en una prioridad en las declaraciones de todas las administraciones (Zurro y Rueda, 2018). De hecho, ha pasado a ser un problema de tal gravedad que no puede ser considerado como un problema acotado a la ‘España Vaciada’ (Velázquez-Gaztelu, 2017), pues se ha convertido en una cuestión de país y Estado, como una prioridad en la agenda nacional también en el conjunto de las políticas públicas (Ortega, 2017), cuyos impactos en el territorio rural, se exige que sean evaluados con regularidad con el fin de mejorar y adecuar las estrategias (Zurro y Rueda, 2018).

A continuación, presentamos algunos de los pasos clave que se han dado en materia legal e institucional para hacer frente al problema de la despoblación y del despoblamiento en España. En la revisión de la legislación existente, encontramos diversas propuestas interesantes, pero que son ‘letra muerta’ hasta el momento, debido a que carecen de financiación o van siendo sustituidas en una secuencia sin aplicación (Méndez, 2013; Collantes y Pinilla, 2019a, 2019b).

La Ley 45/07 de 13 de diciembre de 2007 sobre “Desarrollo sostenible del medio rural” aunque fue aprobada nunca contó con presupuesto. Entre sus objetivos está:

Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural. Dotar al medio rural de infraestructuras y equipamientos públicos básicos (transporte, TIC…). Potenciar la prestación de unos servicios sociales básicos de calidad. Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural. Facilitar el acceso a la vivienda y una ordenación territorial y urbanística adaptada a sus condiciones específicas. Garantizar el derecho a que los servicios públicos sean accesibles para discapacitados y mayores (2007).

Como dicen Collantes y Pinilla (2019a, 2019b) el problema es una lamentable falta de aplicación de esas propuestas y la incapacidad de utilizar los fondos europeos de desarrollo rural, para fomentar opciones diversificadas que no reduzcan la economía rural a las subvenciones de los agricultores o sean capaces de aprovechar la incorporación del LEADER a la Política Agraria Común para fomentar un modo de gobernanza basado en las iniciativas y proyectos de las poblaciones locales.

En el mismo nivel está el Informe de la Comisión Especial de Estudio sobre las Medidas a Desarrollar para evitar la Despoblación en las Zonas de Montaña (2015), resultado de un acuerdo del pleno del Senado, que reitera el diagnóstico y propone recuperar varias propuestas anteriores. Es decir, el problema central, más allá de que se puedan discutir los enfoques, radica en que se ha carecido de voluntad política para poner en marcha esas medidas.

Algo similar sucede con el Pacto Nacional contra la despoblación promovido por la FEMP, que se encuentra suscrito a los principales partidos políticos en 2017, el cual planteó una serie de medidas importantes a nivel de empleo –subvenciones especiales a los autónomos y empresas, deducciones a residentes de zonas rurales–, servicios sociales –presupuesto que sea garantizado en zonas rurales y descentralización–, infraestructura –conectividad, comunicaciones–, vivienda –subvenciones para rehabilitación, creación de bolsas de vivienda–, incentivos demográficos con ayudas a la natalidad, así como medidas institucionales para localizar las zonas con problemas urgentes de despoblación y despoblamiento.

El segundo problema relevante durante años, ha sido la definición a nivel europeo sobre las áreas escasa y muy escasamente pobladas para ser reconocidos en los programas institucionales con el fin de poder acceder al Fondo Europeo de Desarrollo Regional [FEDER], de donde proceden buena parte de los recursos. En febrero de 2019 fue aprobado el 5% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional [FEDER] para que el período 2021-2027 estuviese destinado a las zonas despobladas. El radicó en que muchos municipios quedaron fuera de la financiación, por el criterio sobre Unidades Territoriales [NUTS] al que hacíamos mención (Reglamento de Disposiciones Comunes aprobado por el Parlamento Europeo, 2019 febrero 14). A esto se suma la complejidad de los requisitos que complicó el acceso a las políticas de ayuda, sin voces que empujaran por una propuesta más coherente con las condiciones de los diversos territorios de la Comunidad. La voz de los pequeños productores, cooperativas, unidades familiares, etcétera, quedaba silenciada.

El tercer gran problema, sin duda, ha sido la desafección de la clase política para tomar medidas, visibilizar el problema y generar una estrategia de actuación (Domínguez, 2019). El Consejo de ministros nombró a un Comisionado del gobierno frente al Reto Demográfico en 2017 y aprobó las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en 2019, que se centran no solo en el problema del despoblamiento sino también en el envejecimiento, así como los efectos de la población flotante, pero no se han implementado de forma efectiva.

Los objetivos que plantea esta estrategia están centrados en: conectividad territorial, servicios básicos adecuados para toda la población, favorecimiento a la redistribución territorial incorporando el impacto demográfico en leyes, planes y programas, simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, así como valoración positiva para la imagen de estos territorios frente a estereotipos que estigmatizan. Hasta aquí, todos son objetivos que se expresan en muchas de las propuestas planteadas desde distintas voces, instancias públicas, nacionales y europeas. Es decir, no parece haber duda sobre qué se requiere hacer para fijar población, el problema es que no se hace (Navarro, 1990; Taulelle, 2001; Méndez, 2013).

Es necesario superar políticas superficiales para avanzar con seriedad ante la gravedad de la situación, a nivel institucional se requiere una articulación de las instituciones en sus distintos niveles, desde el europeo al nacional y local, pasando por el nivel regional de las Comunidades Autónomas. Las comunidades autónomas, a pesar de tener la competencia de ordenación del territorio, se han limitado de forma habitual a las funciones más técnicas –urbanismo, vivienda, transporte– y a sus aspectos de la gestión cotidiana, sin integrarlos en planes estratégicos. Sólo se han desarrollado planes específicos contra la despoblación por parte de dos comunidades: Aragón y Castilla y León, aunque solo han desarrollado algunas medidas aisladas (Pinilla y Sáez, 2017). A pesar de que en 2013 se constituyó el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos [FREDD] con la participación de ocho comunidades (Galicia, Castilla y León, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja) que representan el 62% del territorio nacional, y donde reside apenas el 25% de la población, uno de los principales problemas consiste en la dificultad para crear zonas de actuación que implican varias comunidades autónomas, la gestión de los fondos comunitarios por las comunidades autónomas no ha sido efectivo (Sáez et al., 2017). Por eso, se ha planteado por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias [FEMP], que los fondos de la UE sean finalistas, es decir, que se destinen a una finalidad concreta, y que los municipios pequeños puedan acceder a ellos sin tener que pasar por las comunidades autónomas (FEMP, 2017).

Durante los últimos años varias comunidades, ayuntamientos y organismos intentaron llevar a la práctica diferentes medidas, pero los resultados no han sido los esperados. A pesar de que se establecen líneas de política general, la responsabilidad final recae en las personas etiquetadas como ‘emprendedores’, que enfrentan solas esta realidad, sin contar con un diagnóstico regional, nacional o así como asesoría estatal y gratuita para quienes tratan de sacar adelante proyectos. Es muy importante saber a cuánto asciende realmente el presupuesto total, nacional y europeo destinado a la despoblación y al despoblamiento que permite tanto solicitar las ayudas como denunciar aplicaciones irregulares, con el fin de garantizar transparencia en la gestión.

En definitiva, se hace necesario operativizar la legislación existente, resolviendo esas contradicciones, para construir un proyecto de país en el que todos podamos vivir.

Políticas de repoblación de la “España vaciada”: habitar los pueblos

Parece que hay propuestas que reflejan la revisión de la actual investigación en este campo que desgranamos a continuación. La mayoría son propuestas sencillas, que pueden tener impacto si están basadas en una cadena política articulada con estrategias adecuadas a los contextos. Es decir, compromisos auténticos, eso que hoy llamamos ‘buenas prácticas’.

Un elemento clave es asumir un ‘plan estratégico de Estado’ frente al reto demográfico (Ortega, 2017), que trascienda del problema a las soluciones centradas en un desarrollo equilibrado, con una perspectiva a medio y largo plazo (Sáez, 2017). Un instrumento que puede servir para ello es el Mapa 174 (figura 1), en el que se realiza un análisis de la situación demográfica permitiendo identificar aquellos municipios españoles que sufren desventajas demográficas y señalan el grado en que las padecen, este mapa ha presentado recientemente la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa en el Senado español, muestra que el 37% de la superficie española está en una situación demográfica grave o muy grave, en el caso de la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa este porcentaje llega hasta el 70%.

Un segundo elemento consiste en implementar un ‘pacto de Estado’ de todos los grupos políticos (López, 2019) para articular cuatro instrumentos básicos: instrumentos normativos, instrumentos administrativos, dotación presupuestaria e implementación de propuestas concretas (García, 2019). El tercer elemento clave e indispensable es implementar una dotación presupuestaria mínima a medio plazo (con un horizonte de al menos 25 años), como inversión de cohesión social y territorial en fortaleza y sostenibilidad, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y a quedarse en la propia tierra.

Este marco general debería acompañarse tanto de propuestas como de estrategias concretas, adecuadas a los contextos, que supongan compromisos auténticos que recuperen también las “buenas prácticas” que ya han funcionado y se han documentado. Buenas prácticas que, no solo aborden los problemas agrarios y ganaderos, sino que también permitan que las economías locales sean capaces de diversificarse hacia sectores diferentes del agrario.

Enunciamos las más destacadas en la revisión realizada:

Tierra sin gente para gente sin tierra: Creación de bancos públicos de tierras gratuitas, gestionados por los Ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la puesta a disposición de superficie cultivable (procedente de territorios comunales o de cesiones particulares) en régimen de alquiler gratuito o convenio de cesión temporal, a personas o familias desempleadas que estén interesadas en buscar una oportunidad laboral y profesional en el sector agroalimentario (Porta et al., 2012; López, 2017). Complementado con Bancos de Herramientas Gratuitas, en préstamo para las labores agrícolas y ganaderas, así como bancos de tiempo de asesoramiento por parte de sindicatos agrarios en los procesos agropecuarios, para quienes se inician y apoyan técnicamente en crear redes para el desarrollo de las iniciativas (Lima, 2019).

Acceso a vivienda social: banco de viviendas gratuitas o de alquiler social, partiendo de la rehabilitación de casas deshabitadas, propiedad pública o la cesión de particulares, siendo restauradas o construidas pero manteniendo las características arquitectónicas tradicionales y con técnicas de bio-construcción (Granados et al., 2018).

Bonificaciones/exenciones fiscales: Otorgar ‘Cartas Puebla’ (Camarena y Pérez, 1989; Herranz, 2008) que establezcan bonificaciones o exenciones fiscales (IRPF, IVA, Sociedades, Sucesiones, IBI, Impuesto de circulación de vehículos, etc.), para las cooperativas, pequeñas empresas y personas autónomas que permanezcan o se establezcan en el medio rural, priorizando las zonas de riesgo demográfico (Esteban et al., 2019).

Renta básica rural garantizada: Otra propuesta estratégica consiste en garantizar por las administraciones una percepción económica de carácter periódico a toda persona que resida en zona rural con menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado (dado que se consideran áreas en riesgo de despoblación con menos de 12,5 h/km, y las que están por debajo de 8 en riesgo severo). Su finalidad sería garantizar unos ingresos mínimos, correspondientes al mínimo vital que toda persona necesita para vivir (Fernández, 2004; Díez y Rodríguez, 2018), su práctica supondría una cierta redistribución de la riqueza y un ingreso económico complementario que aseguraría cierta independencia económica para mantener un proyecto de vital en la zona rural.

Zona rural sin fronteras: Articular medidas para que personas migrantes puedan habitar también los pueblos (Collantes, 2010; Valero y López, 2019) sea cual sea su situación administrativa (Belda, 2012; González, 2011). Para ello se hace necesario implementar planes de acogida de la población extranjera, medidas de apoyo inicial a su inserción en la zona rural y cambiar la actual legislación de extranjería, así como las políticas sobre inmigración actuales.

Banda ancha rural: Red pública (para no verse condicionada al exclusivo criterio del beneficio y la rentabilidad económica) de muy alta velocidad, con banda ancha de al menos 100 Mbps, que permita el mejor acceso a internet y telefonía móvil, rompiendo la brecha digital, cubriendo las necesidades de teletrabajo o trabajo digital, comunicación, formación a distancia, promoción y comercialización de la producción (Pérez, 2012). Lógicamente, debería verse complementada con formación, apoyo y asesoramiento digital y un desarrollo de la administración electrónica.

Banco público rural: Todas las iniciativas que se están proponiendo necesitan el complemento de la creación de un Banco Público Rural para facilitar créditos y apoyo financiero en condiciones ventajosas (Carmona y Simpson, 2019), supliendo no solo la cada vez menor apuesta de la banca privada por la zona rural y la dificultad de acceso a créditos y apoyo financiero, si no se tienen avales garantizados con propiedades muy rentables, sino también la propia aversión de la población rural al riesgo de la banca privada (Palomo et al., 2010).

Servicio de transporte público de viajeros: Mediante demanda (Delgado y Martínez, 2016) o con un servicio mínimo diario (en trayectos de ida y vuelta). Superar el aislamiento y la dificultad de comunicación de las zonas rurales es una de las apuestas fundamentales para repoblarlas (García y Espejo, 2019). Además, rompería el eterno ciclo de compra y consumo de vehículos particulares reduciendo el nivel de emisiones contaminantes.

Empleo y producción no deslocalizable: Fomentar cooperativas, pequeñas empresas e iniciativas autónomas que impulsen una producción adecuada a cada zona como por ejemplo la apicultura, piscicultura, ganadería, aprovechamiento de recursos forestales y el monte (Demaria et al., 2014), prevención de incendios (Madrigal, 2017), herbolaria, pequeñas industrias de transformación de los productos, artesanía local, etc. (Aparicio y García, 2016).

Nuevas ocupaciones: Creación de empleo -de calidad, digno y con derechos-, relacionado con los recursos, la tradición o el entorno impulsando sectores no vinculados únicamente a la agroganadería tradicional, pueden ser actividades no presenciales relacionadas con la robótica, el diseño web, la videocreación, la programación informática o la minería de datos, etc. También pueden estar vinculados nuevos yacimientos de empleo relacionados con la biotecnología, la utilización de drones para ver zonas geográficas ganaderas o extensiones de cultivo, turismo alternativo como la astrofotografía (Martínez, 2018), la bioconstrucción, las energías renovables, la permacultura o el reciclaje (ya existen experiencias de producción de superalimentos a base de setas ecológicas, o proyectos de inclusión social, que generan oportunidades laborales para personas con discapacidad mental a través de la agricultura y la elaboración de productos alimentarios en conserva, artesanales).

Red de comercialización y difusión: A la par, sería necesaria la reactivación de los mercados locales de proximidad, que permitan y faciliten la venta directa de productos de las zonas rurales (Mauleón, 2012), con tres medidas complementarias: (1) sin coste de uso de espacio en ellos para quienes llevan sus productos; (2) con campañas de difusión de los mismos a la población; y (3) supresión o flexibilización de requisitos y medidas burocráticas, pensadas para modelos industriales, que dificultan la venta directa de productos agrícolas (Mauleón, 2010), fomentando canales cortos de comercialización cercana con el lugar de producción agropecuaria y de productos locales (Alberdi, 2018), mediante el apoyo público a la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de la oferta y la venta directa a los consumidores/as, frente a las grandes superficies.

Consumo de proximidad: Incentivar desde las administraciones públicas los circuitos cortos de producción y consumo, favoreciendo, a su vez, el empleo, la salud y seguridad alimentaria así como la reducción de la contaminación al no tener que utilizar tanto petróleo en el traslado desde otros países o puntos lejanos. Esto permite fomentar la cooperación entre productores y distribuidores, con los consumidores (Loconto et al., 2018), así como la creación de observatorios públicos de precios, para evitar desfases entre origen y destino, estableciendo la obligación de doble etiquetado con precio en origen y precio de venta al consumo.

Formación en zonas rurales: En los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, desde 1986 hasta 2017, se observa una bajada de la población a nivel comarcal en torno al 24%, y un descenso mucho mayor del 65%, en aquellos pueblos donde no hay escuela. Por eso es crucial que se garantice el mantenimiento de escuelas abiertas en los pueblos (Benito, 2013; Morales, 2013), potenciando que puedan seguir escolarizados en su entorno (Escribano, 2012; Sánchez, 2019). Así como de redes rurales en Universidades públicas o Centros y Facultades de Enseñanza Superior con sus especialidades, en países como Holanda o Escocia (Aa.Vv., 2017), y centros de apoyo para quienes cursan la totalidad o parte de sus estudios a distancia, incluso viviendo en las zonas rurales más remotas, mediante las TIC (Domínguez, 2019).

Políticas de igualdad entre mujeres y hombres: Implementar medidas efectivas de acción positiva (tanto en el acceso a ayudas, como en la titularidad de las actividades económicas, en las cláusulas sociales en la contratación pública o en la obligatoriedad de representación paritaria en las cámaras agrarias y cooperativas) para combatir la masculinización del medio rural, favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres, apoyando iniciativas en torno a los intereses y expectativas de las mujeres (Esteban et al., 2018), que vayan más allá de la prolongación de los roles de género tradicionales (turismo rural, hostelería, elaboración productos tradicionales, etc.), creando redes de ayuda mutua, cuidado y atención, teniendo en cuenta además la prevención y abordaje de situaciones vitales como la violencia de género (Martínez y Camarero, 2015), las situaciones carenciales o de necesidad social. Así como medidas sostenidas para la implicación efectiva de los hombres en la cadena tanto de cuidados como de la lucha por la igualdad en el ámbito rural, puesto que el modelo patriarcal sigue predominando en el ámbito rural:

Menos del 9% de las fincas agrarias son dirigidas por mujeres y son de dimensiones bastante más pequeñas que las dirigidas por los hombres. Del 82% de las mujeres que trabaja en fincas agrarias dirigidas por hombres, el 59% no cotizan a la Seguridad Social por el desempeño de una actividad económica. Al trabajo de las mujeres en las labores agrícolas, sin ninguna remuneración económica ni visibilidad social, profesional y política, se añade el trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayoritariamente por las mujeres. (García, 2012, p. 22)

Figura del ‘Repoblador/a Rural’: Creación de esta figura, que visibilice el importante papel de estas personas para evitar la desertización del mundo rural y el mantenimiento del medio natural. Dotándolos de un carnet que les dé acceso gratuito a museos, bonificaciones en transporte público, cines, teatros, etc. Medidas de sensibilización, formación y concienciación, acompañadas de campañas de valoración pública. Atraer ‘neo-rurales’ (Gayá, 2013; Muñoz, 2017), nuevos pobladores y pobladoras, haciendo del mundo rural un espacio agradable para que la gente viva allí, con servicios, cultura y espacios de acogida. Urbanitas que quiere huir de la vorágine de la gran ciudad, y muchas veces con el objetivo de vivir del autoconsumo (Calvário y Armengol, 2015) o de envejecer juntos, con alternativas como el ‘cohousing senior’ (vivir juntos la jubilación) que ayudaría a revitalizar los municipios abandonados.

Participación democrática: Fomento de concejos, asambleas vecinales, presupuestos participativos, mecanismos de participación y control democrático en la elaboración, gestión, seguimiento, control y evaluación de los Programas de Desarrollo Rural (Alonso y Macías, 2014; Román, 2016; Rodríguez, 2016). Un modelo que recupera buena parte de la tradición cultural y organizativa de los pueblos que, a través de concejos, juntas vecinales, hacenderas, etc., fomentaba una solidaridad compartida y colectiva donde los vecinos se ayudaban para embarcarse en proyectos comunes de construcción, conservación y regulación de los bienes comunales.

Servicios sanitarios y sociales garantizados: Este es uno de los elementos fundamentales. Garantizar planes comarcales de cobertura de servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) articulados por las administraciones locales o bien de forma mancomunada, potenciando servicios sociales distribuidos, con dotación de recursos que permita una atención personalizada. Impulso y creación de suficientes residencias públicas de personas mayores en las zonas rurales que estén abiertas al entorno, garantizando el derecho a la vida independiente.

Políticas Medioambientales: Puesto que las zonas rurales además de ser espacios que evitan la desertización, mantienen paisajes naturales y generan más oxígeno del que consumen, se propone implante una tasa medioambiental (Muñoz Villareal, 2013). Consiste en cobrar por reciclar el CO2 que generan las grandes ciudades para destinarlo a políticas medioambientales de conservación y restauración de masas forestales, así como bosques lo cual supondría la creación de un buen número de puestos de trabajo estables (Medel, 2019). A su vez también se pueden impulsar otras políticas medioambientales: las energías renovables, la agricultura ecológica, erradicación progresiva de los monocultivos, así como la utilización de químicos y organismos genéticamente modificados (García, 2012). Lo anterior permite apostar por el decrecimiento para aprender a vivir con menos (en función de las necesidades y no de los deseos), para que todos y todas podamos vivir mejor (Díez, 2019).

Políticas de impulso de I+D en zona rural: Planificar ‘micropolos’ públicos de investigación y desarrollo tecnológico en zonas rurales (Koutsou y Vounouki, 2012), que generan productos de alto valor añadido (desde carbón activo a partir de residuos agrícolas, hasta nanoestructuras de carbono para la industria metal-mecánica o aeronáutica, grafeno luminiscente para ser usado en materiales biológicos y en el análisis de células de tejidos) con la colaboración de las Universidades Públicas y los centros de investigación ya establecidos, creando redes de investigación e innovación. Es una apuesta estratégica para la que se necesita voluntad política.

Desarrollo cultural: No solo podemos vivir de pan, sino que también necesitamos rosas. Un espacio habitable tiene que ser también amable, de manera que sea deseable vivir en él. Eso requiere también espacios de encuentro y enriquecimiento cultural, de intercambio, pensamiento, creación, arte, cultura y disfrute (bibliotecas, ludotecas, museos y arte, teatro, etc.) gestionados por la propia población. Así como crear espacios de producción y creación de expresión cultural, social y lúdica que entronque con el Arte y la Educación Popular del pueblo y para el pueblo (Muñoz, 2013), que ponga en valor los propios recursos y que integre a la comunidad. Al respecto, sería importante promover medios de comunicación local públicos (radio local, prensa social, etc.) como forma de aumentar la relación entre los vecinos/as, para reforzar su autoestima e identidad con la comunidad (García, 2017), así como implantar programas para la recuperación del patrimonio monumental de las áreas rurales (Cejudo y Maroto, 2015).

Creación de tejido social y redes de solidaridad: Mejorar la imagen de la realidad territorial del medio rural, poniéndola en valor. Mediante estrategias de comunicación y difusión de esa realidad, así como las ventajas sociales, ecológicas, económicas y de vida de las áreas rurales (Gutiérrez, 2017), al igual que como una fuente de riqueza patrimonial, económica y medioambiental para el conjunto del país. Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad unido a los valores del medio rural, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como sensibilización de la población en su conjunto frente a lo que aporta. De cara al manejo interno de las comunidades rurales se podrían desarrollar estrategias que potencien el valor rural, así como la vinculación y construcción de los afectos con el mundo rural, estimulando la continuidad de los proyectos, así como el asentamiento vital (González, 2011). A su vez una ecología del cuidado teniendo en mente la atención solidaria ante que pueden presentar los habitantes ante la soledad y dificultades para ello se sugieren encuentros periódicos de convivencia, formación, lúdicos y culturales, que permitan conectar a la población de los pueblos de una comarca para que ayuden a crear redes de encuentro y solidaridad (Loewy, 2019; Morales y Méndez, 2017; Sáez et al., 2017).

Turismo rural sostenible: Por último, cabe señalar la necesidad de cambio para el modelo de turismo de interior (Lazovski et al., 2015; Sánchez y Sánchez, 2018), el cual ha de ser apoyado en los recursos naturales y patrimoniales siendo así compatible con la protección del Medio Ambiente (Lafita, 2017).

Discusión y Conclusiones

Todas las medidas anteriores son alternativas necesarias y urgentes para revertir la situación dramática que vive la denominada ‘España vaciada’, efectivamente. Pero no dejan de ser medidas parciales y limitadas, que a pesar de ser abordadas conjunta y articuladamente, no se avanza simultáneamente en un cambio radical del modelo.

Sin salir del capitalismo no parece posible un modelo que suponga y haga atractiva una repoblación efectiva de las zonas rurales de esta España vaciada. Pues está organizado según una lógica de acumulación de capital y de obtención de beneficios, en vez de en una lógica de satisfacción de necesidades para toda la población. De esta manera, el capitalismo tiene diseñado un modelo de desarrollo que ve a la naturaleza como un recurso ilimitado para ser utilizado al servicio de la acumulación del capital, aumentando las desigualdades sociales y amenazando la misma supervivencia humana en el planeta (García, 2012).

En este sistema es más rentable la despoblación de amplias zonas y la concentración en zonas urbanas que permiten la agrupación de servicios (a menor coste) así como el crecimiento del sector privado que necesita congregación de población y saturación de público-consumidor tanto para crecer como para obtener beneficios. El capitalismo se mueve por el beneficio a corto plazo, y es incompatible con un modelo ecológico vital pensado para vivir y no para obtener rentabilidad.

A esto se suma que la cada vez mayor desertización poblacional de las zonas rurales, permite el acaparamiento de recursos y políticas de extractivismo en las zonas abandonadas, sin resistencias ni oposición. Además, dentro del capitalismo no es posible atajar la volatilidad de los precios agrícolas dependientes de los mercados internacionales (fuertemente intermediados por grandes actores en la cadena de valor) que genera movimientos inesperados en la rentabilidad del campo (Saco, 2010) dando lugar a bolsas de desempleo o subempleo relevantes en determinadas regiones y épocas.

Por eso parece necesario el diseño de planes globales que integren todas las medidas anteriormente referidas de forma coordinada, para cambiar de enfoque y políticas respecto a cómo abordar el problema de la despoblación desde un modelo postcapitalista (Capel, 2018), rompiendo el eterno ciclo productivista basado en el único criterio del beneficio.

Este cambio implica asumir, la necesidad de una auténtica Reforma Agraria (Naredo, 2013), desde otro modelo productivo basado en el reconocimiento de que los alimentos se producen conjuntamente con la naturaleza, en la lógica del cuidado y con el objetivo primordial de alimentar a las personas. Lo cual supone romper con el modelo hegemónico que funciona bajo la lógica de la acumulación de capital, el cual atenta contra la biodiversidad, es altamente contaminante y produce alimentos de muy baja calidad, lo que traduce una afectación mayor hacia la salud pública. Se propone una agricultura controlada que no sea sometida a las multinacionales de la industria química y que sea sustenta en los monocultivos extensivos que no guardan ninguna relación con la demanda de alimentos (la mayoría del cereal se emplea para la alimentación animal y para la producción de agrocombustibles) con el fin de no continuar con las megagranjas que generan un impacto ambiental absolutamente destructivo. Sería justificable, en este sentido, la aplicación de la expropiación (medida recogida en el artículo 128, en su apartado 2, de la Constitución Española, que permite esta intervención para preservar el interés general de un recurso esencial y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general») de fincas que lleven sin explotarse un mínimo de dos años, siempre que se trate de tierras susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal, de cara al desarrollo integral del medio rural y el aprovechamiento adecuado de los recursos agrícolas y ganaderos (Domínguez et al., 2019). Así lo planteó el grupo político Izquierda Unida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, impulsando una ley para expropiar las fincas que llevaran dos años sin cultivar (Decreto-ley de patrimonio agrario andaluz de 2013), aunque finalmente el PSOE, partido gobernante en esa región, paralizó la iniciativa.

Por tanto, hay que cambiar el actual modelo agrario por una nueva forma de relación con la tierra. La nueva agricultura tiene que cumplir tres condiciones: tener capacidad para sostener la población rural actual y futura; ha de ser respetuosa con el medio ambiente y con el uso de los recursos naturales, es decir que sea sostenible; generación de productos alimentarios de calidad para preservar la salud pública.

Mientras se avanza en esa dirección, es necesario diseñar una nueva política agraria común [PAC] centrada en la gestión de una agricultura activa y ecológica, en función de lo cosechado y no de la posesión de tierras, estableciendo un umbral de renta por encima del cual no se pueda cobrar.

Así mismo es necesario avanzar en un modelo de soberanía alimentaria de acuerdo a objetivos de sostenibilidad y seguridad alimentaria (Ángel, 2016), recuperando los espacios rurales tradicionales para realizar una gestión forestal ecológica que prevenga la degradación de la cubierta vegetal así como la desertificación, reconociendo el aporte a la preservación de la biodiversidad, para proteger el mercado doméstico y los circuitos cortos de comercialización contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y van contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción, garantizando precios justos e ingresos dignos. Con reglas que permitan disponer a los agricultores de sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo para la agricultura y ganadería orgánicas, prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos (Carretero, 2015; Parance, 2020), así como las patentes biológicas. Lo anterior evitaría el modelo de agricultura industrial o agronegocio, de uso intensivo en cuanto a energía, agua, fertilizantes y agroquímicos que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero (Guirado y Tulla i Pujol, 2010), como han venido sufriendo ya otros países latinoamericanos y europeos desde hace tiempo (Arhab-Girardin, 2020; Gaviria y Granda, 2021; Lambert, 2020), también pondría fin a la especulación alimentaria, la volatilidad de los precios y el abuso de poder de la agroindustria junto con la gran distribución.

Los primeros pasos para avanzar en esta dirección implican cambiar el enfoque de las políticas públicas, que desde siempre han estado perfiladas por el Ministerio y las consejerías de Agricultura. Una sola consejería o un solo ministerio no tiene competencias suficientes para poner proyectos de calado en marcha: todas las leyes, programas o planes que se aprueben deben tener en cuenta su impacto en el territorio rural. Proyectos que potencien una economía social productiva frente a una especulativa. Es decir, una economía de valores.

Tan importante como lo anterior es generar un proceso simultáneo de descolonización del imaginario dominante respecto al mundo rural y su desvaloración como lugar de oportunidades y de desarrollo vital frente al mundo urbano (Burgos, 2020).

Debemos poner en valor la calidad de vida del mundo rural, su importancia como eje vertebrador del 80% del territorio nacional que está siendo abandonado, valorar su función como mantenedor de una sabiduría oral y pragmática, que se está desvaneciéndo. Dar valor a dichos bienes intangibles, tomar conciencia de su importancia y del coste que supondría hacer frente a las consecuencias de su desaparición.

No obstante, es necesario estar prevenidos frente a modelos económicos depredadores que deterioran el medioambiente, como proyectos de minas de uranio radiactivo a cielo abierto en Salamanca, en una zona declarada Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección de Aves, o de feldespato en Ávila, de Litio en Cáceres, o macroganaderías en Soria o en Zamora, que desembocan en zonas rurales de baja densidad de población con la promesa de generar empleo, pero que concentran la riqueza en manos de grandes multinacionales con unas consecuencias sociales y ambientales catastróficas, anteponiendo sus intereses comerciales para su beneficio en contra del bienestar de las poblaciones locales. Es necesario que las políticas públicas, garanticen el derecho de los pueblos y la legislación proteccionista que los países del sur han desarrollado durante décadas contra la explotación salvaje propia del colonialismo.

Por último, cabe señalar que en este modelo debemos tener en cuenta dos actores fundamentales: la población joven y las mujeres. La población más joven revertirá su tendencia a irse a las ciudades (Domínguez, 2019) si tienen alternativa a la falta de acceso a la propiedad de grandes extensiones de tierra o a su explotación en condiciones económicas razonables, por la falta de vivienda moderna (confortable) y la fuerte competencia exterior vía importaciones masivas a bajo precio, destinada a grandes superficies comerciales, imposibilitando la viabilidad de la producción agrícola cercana y sostenible, en un mercado capitalista basado en los bajos costes salariales de los ‘países granero’ y los bajos costes de transporte internacional en el marco de una economía del petróleo barato. Pero también si se concibe también la zona rural como espacio vital con alternativas laborales no solo vinculadas a la agricultura o la ganadería tradicional (Rubio y Pascual Bellido, 2017).

En cuanto al papel de las mujeres, es necesario recordar que en el campo han sido los hombres quienes tradicionalmente han orientado o determinado las decisiones sobre la ‘explotación agropecuaria’, no sólo como modelo económico, sino como estilo de trabajo sobre los recursos naturales (Alario et al., 2018). “Es una agricultura que se sustenta en la economía doméstica, de los cuidados y de la afectividad, desarrolladas por las mujeres en el ámbito privado, invisibilizadas y no valoradas” (García, 2012, p. 15).

Teniendo en cuenta lo anterior deconstruir la invisibilidad y sobrecarga del trabajo de las mujeres se hace necesario, pues esto mismo se refleja en la perspectiva de género que en el medio rural es una forma de violencia, llevando a la exclusión de las mujeres en la toma del poder de decisiones. El asentamiento de mujeres en las zonas rurales, aunque no corrigen los desequilibrios históricos ni alteran sustancialmente las dinámicas demográficas y económicas,

constituyen ejemplos de gran valor demostrativo en cuanto a las posibilidades de los espacios rurales regionales, ya que donde se instalan se convierten en referencia para una población envejecida y constituyen un ejemplo de las nuevas oportunidades que puede ofrecer el medio rural. (Alario y Morales, 2016, p. 636)

Tal y como estas autoras documentan en la región de Castilla y León, son emprendedoras neorrurales entre 25 y 45 años, “mujeres con un nivel alto de estudios, que tienen naturalizada la opción del trabajo fuera del hogar y que ven en el emprendimiento una oportunidad para poder desarrollarse personal y profesionalmente” (Alario y Morales, 2016, p. 636) y salir del desempleo.

Finalmente, insistimos en que, además de las medidas y estrategias propuestas, debemos asumir que solo será posible el repoblamiento si se dota a los pueblos de los medios necesarios para que vivir en ellos sea agradable, cultural, emocional y vital, además de conveniente desde un punto de vista económico, ecológico y social. Esto será posible si hay voluntad política para hacerlo e impulsar de forma decidida las medidas propuestas.

Referencias

Notas

* Artículo de revisión

Notas de autor

Autor de correspondencia. Correo electrónico: ejdieg@unileon.es

Información adicional

Cómo citar este artículo: Díez-Gutiérrez, E.-J., y Rodríguez-Rejas, M.-J. (2021). Retos y propuestas para repoblar la España vaciada: ‘Por una España repoblada’. Cuadernos de Desarrollo Rural, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr18.rpre

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