Introducción

Las estimaciones más recientes en Colombia indican que la iniquidad social y el hambre están lejos de resolverse, puesto que en el año 2021 el 39,3% de la población se encontraba en situación de pobreza y el país se ubicó como el segundo más desigual de América Latina (Gini 0,523) (1, 2). Asimismo, los datos del año 2015 reflejaban que más de la mitad de los hogares (54%) padecían inseguridad alimentaria (3), y en 2022, los hogares que consumen dos o menos comidas al día representan el 29,3% (4).

Las políticas públicas en un contexto neo liberal, pueden convertirse en dispositivos de poder para el control y la disciplina de los seres humanos. De los desarrollos de Foucault sobre las tecnologías para el ejercicio del poder, es decir, lo que el autor denomina “biopolítica”, se puede destacar la concepción de sociedad y del individuo como un nuevo cuerpo, múltiple e innumerable, es decir la idea de “población”, en la cual se concretan el problema político, científico y biológico. Por tanto, surge el interés por establecer mecanismos regulatorios para disminuir la mortalidad, alargar la vida y estimular la natalidad (5), cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento del aparato productivo. Las políticas públicas de alimentación y nutrición (PPAN) no conciben a los sujetos como titulares de derechos, por el contrario, sus voces, en cuanto al tipo de acciones que valoran, son frecuentemente ignoradas (6).

Antioquia y, en particular, su capital, Medellín, han sobresalido en el país por ser pioneras en materia de política pública en soberanía y seguridad alimentaria. En el caso del departamento, se ha expedido normatividad alrededor de la seguridad alimentaria y nutricional desde el año 2003 y, recientemente, en 2020 se adoptó el Plan Docencal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia 2020-2031. Por su parte, en 2005 Medellín expidió la Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria, y por consiguiente, planteó acciones alrededor de la agricultura urbana. Para el año 2013 se complementó la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de Medellín, la cual eliminó el enfoque de la soberanía alimentaria de la política pública para la ciudad. Posteriormente, se definió el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) 2018-2030. Este último reintegra el término de soberanía alimentaria e incluye, entre otros, enfoques como de derechos humanos, desarrollo humano, curso de vida, diferencial, derminantes sociales de la salud (DSS); así como el manejo social del riesgo (MSR). El enfoque de los DSS pone el foco en cómo las injusticias sociales determinan los resultados en salud, develando las inequidades en la distribución de los fenómenos de las enfermedades, del hambre y la mala nutrición en las poblaciones. Por su parte, el enfoque del MSR es una propuesta neoliberal de las políticas sociales impulsadas por el Banco Mundial, que plantea que el Estado debe encargarse de los más empobrecidos, ya que los recursos son limitados y deben focalizarse de manera eficiente en dichos sectores de la sociedad. Algunos autores plantean que el MSR implica una concepción utilitarista y materialista del bienestar, lo que conlleva a desconocer la multidimensionalidad de la pobreza, puesto que solo se determina a través de una noción monetaria, y a consolidar la concepción de las personas como clientes que pagan por bienes y servicios (7). La inversión, por tanto, está supeditada a consideraciones fiscales y derivan en acciones asistencialistas y paliativas; entonces, bajo esta lógica se acentúa la lógica de sujetos receptores de la intervención estatal.

Desde esta perspectiva, las políticas públicas se constituyen en dispositivos de biopolítica debido a que su preocupación se centra en los fenómenos demográficos y epidemiológicos de la población que menoscaban el potencial productivo del individuo (8). Este estudio parte de la premisa de que las PPAN pueden operar como dispositivos funcionales al modelo neoliberal y, por tanto, que cosifican al sujeto que constituye la razón de ser de dichas políticas. La presente investigación tuvo como objetivo comprender los significados que tenían las madres participantes y los técnicos implementadores de las políticas de alimentación y nutrición y sus estrategias para responder a las expectativas y posibilitar capacidades de los sujetos titulares de derechos.

Métodos

Se utilizó la Teoría Fundamentada (TF) como método de investigación cualitativa, en la cual la recolección y el análisis se informan recíprocamente y se moldean el uno al otro mediante un proceso iterativo emergente (9). Este estudio acogió el enfoque constructivista de la TF de Charmaz (10). Dicha metodología contempla un modo de codificación teórico, pues no solo describe fenómenos, sino que desarrolla conceptos teóricos que les imprime carácter explicativo. Además, usa el muestreo teórico, que implica iniciar el análisis desde la primera entrevista, y aunque a partir de ella se generan las primeros memos analíticos e hipótesis que guiaran la elección de los siguientes entrevistados. Finalmente, realiza comparaciones de los contextos y fenómenos de los cuales se derivan los conceptos teóricos (11).

La TF constructivista ve la representación de los datos y, por extensión, el análisis como problemático, relativista, situacional y parcial (12). El análisis fue orientado mediante el proceso de codificación y de categorización consistente en tres momentos sistemáticos, interactivos e iterativos: abierta, axial y selectiva (13, 14).

Las técnicas que se emplearon para la recolección de la información fueron la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Los temas que inicialmente orientaron las entrevistas fueron: actividades cotidianas de los participantes, cómo sienten y viven las personas el programa al que pertenecen y las oportunidades que brinda el programa a los miembros del hogar.

Los primeros participantes se seleccionaron mediante un muestreo intencionado a partir de unos criterios previamente definidos por los investigadores, así como por la cercanía con algunos actores como lideresas en los territorios, debido a procesos previos realizados con comunidades de los municipios de Medellín y Angostura. Los criterios de inclusión para las madres participantes de las PPAN consintieron en la pertenencia de alguno de sus hijos, por un periodo de al menos dos años, a cualquiera de los programas dirigidos a la primera infancia, alimentación escolar o de transferencia condicionada en efectivo, y podían residir en la zona urbana o rural. En cuanto a los actores técnicos, se estableció que tuvieran como mínimo cinco años de experiencia en diferentes niveles de decisión, bien sea como operadores, coordinadores o diseñadores de alguna de las PPAN; por tanto, para este caso se acudió a informantes ubicados en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín.

Posteriormente, a partir de los análisis preliminares, y por tanto, de la necesidad de profundizar en los aspectos emergentes, se direccionó la selección de los informantes mediante el muestreo teórico (10). Se entrevistaron 34 madres beneficiarias de las PPAN; por su parte, los técnicos que participaron en el estudio fueron en total nueve. Algunas de las características de los informantes como edad, sexo, tipo de programa de alimentación y nutrición al que pertenecían y años de experiencia según su rol como beneficiarias o técnicos, se describen en las tablas 1 y 2.

A los participantes se les informaron los objetivos y las características del estudio y se les solicitó el consentimiento informado. Las entrevistas fueron grabadas y trascritas en verbatim. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (Acta No. 116 del 19/02/2015).

El trabajo de recolección, análisis e interpretación de la información, se realizó en dos fases. La primera fase consistió en la realización de 12 entrevistas; 10 a madres beneficiarias y dos a coordinadores de las PPAN. A medida que se avanzó en la recolección de la información, se llevó a cabo el microanálisis de cada entrevista transcrita y se realizó la codificación abierta, generando 1.276 códigos o abstracciones iniciales, los cuales se organizaron en un archivo de Excel y se clasificaron por temas. Producto de este momento de análisis, emergieron unas categorías iniciales como usos del subsidio, administración del programa, participación, roles y cotidianidad de los participantes, Estado y expectativas con los programas de alimentación. Para develar las relaciones entre la estructura y los procesos que protagonizan los sujetos en su diario vivir con las PPAN, se construyó el esquema de la matriz paradigmática propia de la TF.

La segunda fase del análisis consistió en el refinamiento de las categorías emergidas mediante un proceso de lectura y relectura analítica de los datos, el cual permitió hacer muestreo teórico a través de 14 entrevistas más, siete a técnicos y siete a madres beneficiarias, con el fin de profundizar en algunos elementos surgidos del análisis. Finalmente, se realizó un grupo focal con 14 madres para hacer devolución de los hallazgos y discutir sobre los resultados. Como producto del microanálisis de esta fase se obtuvieron 2.139 códigos, los cuales fueron allegados a la codificación axial. A partir del método de la comparación constante se avanzó hacia la codificación selectiva de la cual se obtuvo la categoría principal emergida. La reflexividad de los investigadores durante la ejecución del proyecto permitió tomar conciencia de los constructos desde los cuales se partió, de la relación tranparente establecida con los informantes y del reconocimiento de las las propias limitaciones para el análisis (15).

Resultados

La TF constructivista interpreta significados y acciones y los sitúa en el contexto de las circunstancias relevantes respecto al relacionamiento de los participantes y técnicos con el programa,asimismo, tiene un interés particular en cómo se reproducen ideologías y relaciones de poder que en la mayoría de los casos permanecen ocultos (10). Esta premisa de la TF constructivista guió el análisis, el cual dervió inicialmente en unas categorías emergentes descriptivas, como: vivencia con el programa, roles y cotidianidad de los actores, idea de Estado y expectativas frente al programa. Las categorías análiticas, resultado de un mayor nivel de abstracción se agruparon en los siguientes fenómenos: subjetividades que controvierten la visión estandarizada de beneficiario, las capacidades que promueven los programas son limitadas y la operación de las políticas y de los programas nutricionales bajo una lógica de mercado. Producto de la codificación selectiva se consolidaron las dos categorías principales que se describen en los resultados de este manuscrito: La política como dispositivo para el asistencialismo que configura al sujeto en “receptor” y la instrumentalización del sujeto con propósitos administrativos.

La política como dispositivo para el asistencialismo que configura al sujeto en “receptor”

Los mecanismos mediante los cuales las PPAN se constituyen en dispositivos para una gestión centrada en el asistencialismo son la constatación de requisitos con los cuales el sujeto se hace merecedor del subsidio. Así las interacciones entre los sujetos y las PPAN gravitan alrededor de los aspectos operativos de la entrega del subsidio.

Tras el análisis de las entrevistas se evidencia que con frecuencia el diseño de las PPAN corresponde a una estructura jerarquizada, que consiste en una dirección centralizada en instancias gubernamentales del nivel nacional, departamental o municipal. De esta dirección depende el equipo de coordinadores, los cuales ejercen funciones de interventoría sobre los operadores, que son entidades de naturaleza privada. Los operadores son quienes ejecutan las acciones de la política en terreno. Esta estructura vertical propicia formas de relacionamiento entre los beneficiarios y las PPAN centradas en la verificación de los criterios de inclusión y de las condicionalidades. Entre los criterios exigidos por las PPAN están la edad (menor de cinco años), tener una clasificación baja del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN (16) y no beneficiarse simultáneamente de varios programas. Entre las principales condicionalidades que se exigen es cumplir los controles de crecimiento y desarrollo, el esquema de vacunación y la asistencia obligatoria a la educación básica y secundaria.

La focalización es clave en la configuración de políticas asistencialistas, pues al ser un aspecto central de la operatividad de las PPAN pretende evitar errores de inclusión y de exclusión. Este mecanismo absorbe parte de los recursos de la política, ya que requiere un gran despliegue de recursos humanos, logísticos y tecnológicos para seleccionar y monitorear a la población objeto. La focalización es un mecanismo que goza de legitimidad social en la medida en que tanto los técnicos como las madres, reproducen el discurso de que las PPAN solo deberían estar dirigidas a los más pobres.

En la práctica, las PPAN hacían una doble focalización, pues además de detectar a las familias más pobres, al interior de estas se seleccionaba exclusivamente al menor de cinco años como el destinatario final de la política excluyendo otros miembros de la familia.

Los técnicos dirán: “es que el programa es para el niño o la niña”, entonces el resto de la familia no importa. ¿Qué pasa con las otras personas que viven con el niño o la niña beneficiaria?, el niño se come el subsidio (alimento entregado) y los otros lo vemos comer? Entonces los técnicos dirán: “nosotros sólo tenemos obligación de darle comida al niño y no a los demás miembros de la familia”. Me gustaría que nos dieran más alimentos, porque el Programa sabe cuántas personas vivimos aquí. Los técnicos deberían decir: “vamos a aumentar la cantidad del susbsidio porque en ese hogar hay cuatro personas y el bebé!” (Madre, 48 años, cuatro hijos).

Las PPAN suelen tener como estrategia central la entrega de un subsidio. Las experiencias relatadas describen el tipo de subsidio que reciben, los usos que le dan a este, los mecanismos para reclamarlo y la frecuencia de entrega. En cuanto a las políticas que transfieren dinero, este se hace útil para la compra de alimentos y para suplir necesidades como pagar el arriendo, los servicios públicos e, incluso, deudas.

La valoración del subsidio por las beneficiarias va desde considerarlo la única fuente de alimentos en casos de extrema pobreza hasta su menosprecio, pues consideran que no aporta lo suficiente para modificar la situación socioeconómica de la familia. Algunos censuran el uso inadecuado del subsido monetario para consumir bebidas alcohólicas o gastarlo en juegos de azar. Otros más cuestionaban a personas que venden los alimentos que reciben, destinarlos para alimentar los animales de cria, o intercambiar el complemento alimentario por otro tipo de alimentos para el cosumo de toda la familia. Al respecto, leemos el siguiente testimonio:

a ella le tocaba, aunque no quisiera hacer el trueque [del subsidio] para poder obtener la librita de arroz” (Madre, 35 años, dos hijas).

Entre los mecanismos para la reclamación del subsidio, los más comunes consisten en la entrega en las instalaciones de las instituciones de salud, en la administración pública de la localidad o en la institución educativa donde asiste el niño. La situación más compleja según las madres es cuando se hace trasferencia económica, pues requiere de la bancarización de los beneficiarios. En las localidades más lejanas, la entidad gubernamental contrata a un operador para que realice la transferencia del dinero a través de dispositivos como el teléfono móvil. Esta mecanismo requiere cierto dominio tecnológico, lo que pone en desventaja a algunas madres sin acceso a ello.

Instrumentalización del sujeto con propósitos administrativos

Desde el enfoque de la política asistencialista emerge un estilo de planeación que está orientado a resultados cuantitativos, basicamente relacionados con la entrega de insumos, de paquetes alimentarios y de transferencia de dinero, desconociendo la voz de los sujetos por la preeminencia de parámetros técnicos sobre la cultura y las expectativas de las personas. Las minutas ofrecidas en jardines y restaurantes escolares se calculan según estándares nutricionales y de inocuidad, pero rara vez consideran los hábitos alimentarios y los gustos de los niños a quienes van dirigidas, ocasionando reiterados rechazos a las preparaciones ofrecidas.

Se identifica la máxima expresión de la cosificación del sujeto en aquellas experiencias en las que las beneficiarias se sienten saturadas por causa de la sobre-intervención a la que son sometidas por las diferentes PPAN que las asisten. Esto denota un asistencialismo orientado al cumplimiento de metas, más que a la atención centrada en sus expectativas. Tal situación se presenta debido a las limitaciones en la planeación, la fragmentación de politicas y programas con la participación de multiples operadores y a las carencias de coordinación interinstitucional y entre los operadores de las políticas y programas sociales.

Una mamá es visitada por cuatro profesionales en un mismo mes y, a veces entre ellos se contradicen, porque el psicólogo dice una cosa, el educador físico otra, la nutricionista otra y el trabajador social otra. Cuando la nutricionista de nuestro programa decía: “voy a ir a hacer una visita para verificar la consejería brindada a la madre en lactancia materna”, la mamá ya estaba cansada de visitas (Técnico, más de 8 años de experiencia en implementación).

El sujeto se instrumentaliza para propósitos esencialmente administrativos, porque subyace una visión de que el sujeto en situación de pobreza no le queda otra opción que aferrarse a lo que el Estado quiera ofrecerle. Esta visión de sujeto pasivo y dependiente es recurrente no solo en los técnicos, sino también por las beneficiarias.

Las personas quieren que todo les llegue, que todo se les dé, pero no aportan nada. Si a la manipuladora de alimentos no se le paga, ella no va a preparar los alimentos en el restaurante escolar. Ellos no alcanzan a dimensionar el beneficio que significa que les den un alimento al niño. Aunque creo que la población agradece estos programas y la población no deja de ver que es una ayuda grande para los niños que son los beneficiarios; también quieren que todo se dé gratis y que no tengan que aportar nada(Técnico, cinco años de experiencia en implementación).

Los procesos de participación constituyen mecanismos para ratificar la idea de un sujeto dependiente y pasivo, dado que las madres y los técnicos expresan que las personas solo asisten a las actividades que convoca el programa a cambio de un refrigerio o un paquete alimentario. Las madres perciben que los procesos de participación son verticales, puesto que sus consideraciones no eran tenidas en cuenta por la cúspide administrativa de la política, de modo que no se reconocen como sujetos que aporten a las eventuales transformaciones. Los técnicos manifiestan que los profesionales que se encontraban en terreno ejecutando las acciones tampoco son escuchados y, frecuentemente, se desestiman las reflexiones y recomendaciones que hacen a partir de su experiencia. Tanto madres y técnicos coinciden en que los procesos de participación se circunscriben a la firma de los registros de asistencia o de la recepción del paquete alimentario.

Los técnicos explican que en la dinámica asistencialista la incipiente participación está centrada en asuntos operativos, que riñe con escenarios que posibiliten la actuación activa de las personas, los cuales exigirían mayor inversión económica. Además, se reconoce que a los tomadores de decisiones les da temor enfrentar las voces críticas de las personas y eluden los procesos de participación. Sin embargo, también reconocieron algunas experiencias que demostraban esfuerzos aislados para materializar procesos participativos, como enfoques basados en estrategias pedagógicas flexibles con temas definidos por las familias y que utilizaban metodologías interactivas.

Tensión entre el sujeto concebido por la política y sus expectativas frente a las PPAN

Producto de las interacciones en el marco de un enfoque asistencialista que instrumentaliza al sujeto emergen tensiones que era posible colegir de las reflexiones de las beneficiarias y los técnicos. Las madres participantes centran sus expectativas hacia estrategias que puedan ampliar los beneficios que hasta el momento ofrecen las PPAN. Para ellas es muy importante la posibilidad de que la atención se extienda a todos los miembros del grupo familiar y que incluso se impulse el acceso de sus hijos hacia la educación superior.

Ellos [los técnicos] deberían preguntar: “señoras ¿les está gustando el complemento?, ¿Qué debe cambiar el programa?”, porque parece que el programa no se preocupara por nada, sino por sólo entregar el complemento y que luego usted se vaya para su casa. El programa no se preocupa si la alimentación esta bien, que deben mejorar, que deben cambiar, solo recibe la caja con el subsidio y debe firmar que lo recibió (Madre, 18 años, un hijo).

Otras expectativas pretenden que las PPAN ofrezcan la posibilidad de que los productores locales suministren los alimentos para la implementación del programa, como sucede con los restaurantes escolares, y que puedan obtener ingresos mediante la generación de empleos y la creación de pequeñas empresas para las madres participantes.

Un aspecto de gran sensibilidad para ellas es que las instituciones estatales y sus técnicos asuman una actuación decidida frente a casos de maltrato y violación de los derechos de los niños, para que la institucionalidad no eluda su responsabilidad en ello. Un relato de una madre quien fue testigo de maltrato infantil y la respuesta que recibió de una institución del Estado a la cual acudió lo evidencia.

¡Hagan algo!, y me respondían [funcionarios]: “nosotros no nos podemos meter con eso”. Entonces si ustedes como institución no pueden hacer nada, ¿Dónde queda la esencia de lo que son ustedes o lleven el caso a otra instancia, como la fiscalía y que les den protección a los niños pues esa casa donde viven los niños no me produce confianza y pueden padecer abuso (Madre, 38 años, dos hijos).

La expectativa de adquisición de conocimientos fue otro de los asuntos relevantes para las madres al considéralo tan importante como el subsidio económico, porque el conocimiento les permitía “aprender para la vida” (Madre, 43 años, cinco hijos). De ahí que aspiran a lograr capacitación de los jóvenes de zonas rurales para que puedan tener oportunidades de trabajo allí, porque existe preocupación por la migración de esta población hacia las ciudades. Además de pretender capacitarse en temas de alimentación y nutrición, las madres desean que los programas les ofrezcan espacios de esparcimiento y actividades lúdicas para ellas y para sus hijos. Tanto técnicos como madres participantes solicitan la implementación de metodologías no convencionales, mediante las cuales se propicie un mejor entendimiento de las necesidades de las familias.

Que el programa hiciera actividades cada mes, los sábados. Que ubicaran a los niños de una determinada edad en un espacio, los otros niños en otro espacio... A los niños de menor edad les pueden trabajar motricidad y los otros niños, pueden saltar la cuerda, es decir, que haya diversidad de juegos (Madre, 35 años, dos hijos).

Por su parte, los técnicos critican la visión fragmentada con la cual las políticas conciben la realidad y la enfrentan. Para ellos la situación alimentaria y nutricional es solo un aspecto de la compleja situación de pobreza de las familias. Esta problemática no se resuelve con la entrega de un subsidio, sino que involucra una diversidad de aspectos sociales, económicos y culturales.

[…] Cuando vas a intervenir una situación familiar, te encuentras con un conjunto de circunstancias y situaciones inherentes a la vida humana. La reflexión que yo hago es que, si realmente quiero ayudar a mejorar la situación familiar, yo no me puedo ceñir a un solo aspecto de esa familia […] (Técnico, más de 8 años de experiencia en implementación).

Asimismo, las expectativas de los técnicos implementadores se relacionaban de forma directa con los pilares teóricos y administrativos de las PPAN, como son los concernientes a la institucionalidad, a la implementación y a la focalización. En cuanto a la implementación, esperan que su acción no se reduzca a las acciones operativas y de interventoría, y proponen la puesta en marcha de enfoques participativos que hagan visible a los diferentes actores, y de forma prioritaria a los beneficiarios. Aspiran, también, a estrategias basadas en el acompañamiento sostenible y duradero de las familias para desarrollar mejores resultados con las estrategias de promoción y prevención, hasta capacidades para enfrentar fenómenos como el cambio climático. Frente a la focalización, tienen la expectativa de que exista un modelo que no se centre en el niño, como es lo común con los programas de alimentación; sino uno que apuesta por un enfoque de desarrollo territorial con acciones integrales e integradoras, que superen el modelo de focalización familiar.

Discusión

A partir de la comprensión de cómo las PPAN conciben un sujeto receptor subyace la discusión sobre dos aspectos: a) Las políticas públicas en alimentación y nutrición se contraponen a la ampliación de ciudadanía y b) cómo el enfoque de lucha contra la pobreza resulta insuficiente frente a las expectativas de los sujetos.

Las políticas públicas en alimentación y nutrición se contraponen a la ampliación de ciudadanía

Un Estado residual (17), como ha sido el modelo escogido por la mayoría de los países de América Latina, y en particular por el colombiano, concibe que su función social se reduce a la disminución de la pobreza, porque su propósito consiste en que los individuos provean de forma autónoma sus necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios dispuestos por el mercado. Por tanto, este Estado residual considera que solo debe asistir a los segmentos ubicados en el nivel más bajo de la estratificación socioeconómica.

Autores como Pardo plantean que gran parte del gasto social dirigido a la superación de la pobreza se ha orientado a suplir deficiencias nutricionales mediante programas de transferencia alimentaria y el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes al sistema educativo (18). Esto explica por qué “la política pierde su dimensión emancipatoria y se limita a una mera propuesta tecnocrática o a una oposición altamente ideologizada y por lo tanto no ligada a la acción de los sujetos en situación” (19). Por tanto, los sujetos no tienen voz en definir las políticas que, supuestamente, tienen el propósito de “solucionar” su situación de pobreza, porque la racionalidad que predomina en el diseño de las políticas es que las soluciones se conocen previamente (19). Por tanto, deviene un enfoque vertical, el cual asume que el sujeto siempre está en una actitud de espera. Servio plantea que la constitución del sujeto receptor subyace a la forma en que se ha pensado la cuestión social, por consiguiente, "constituir como objeto de la intervención estatal ciudadanos a ser protegidos, o pobres a ser corregidos, moralizados y/o tutelados, no es una mera cuestión terminológica" (20).

Desde esta concepción de sujeto como “objeto receptor”, se comprende porqué emergen discursos y prácticas tales como mecanismos de participación instrumentales, la idea de un sujeto depositario de información y como un instrumento útil a los operadores para demostrar indicadores de resultados como la cobertura y número de paquetes o dinero entregados. Asimismo, como producto de esta cosificación, los participantes se perciben saturados de información y sobreintervenidos por cuenta de múltiples acciones fragmentadas.

Como se planteó en los resultados, está instaurada la idea de que a los empobrecidos los recubre un manto de resignación y de pasividad y que, por tanto, esto los aboca a estar en estado perpetuo de receptor. Además, en una posición de aceptar, sin reparo alguno, cualquier “ayuda” proveniente del Estado. Esta situación también se evidencia en un estudio de un programa de alimentación escolar, en el cual profesores y cocineros tienen una representación social de los participantes como receptores resignados que se expresa en frases como “el gobierno da, y el alumno tiene que recibir” (21). Por su parte, Mott afirma que las personas empobrecidas internalizan las lecciones neoliberales para aparecer como ciudadanos agradecidos y trabajadores dignos de apoyo, en lugar de con considerarse como titulares de derecho (22), esto configura un “ethos cultural difuso” que los induce a esperar para parecer “merecedores”.

Algunos estudios y reflexiones críticas también sugieren que los sujetos en condiciones de empobrecimiento y de carencia de las condiciones mínimas para llevar una vida digna, están más propensos a estigmas (23), sentimientos de humillación y sufrimiento, al tiempo que tienen mayores limitaciones para acceder a los medios de superación de las vulnerabilidades vividas, sean estas materiales o intangibles como la autonomía y la libertad (24, 25).

En gran medida, la incipiente participación se debe a que la población no dispone de instrumentos jurídicos, de recursos, de información y de los elementos técnicos y políticos para incidir de forma directa en el contenido y orientación de las políticas, lo que se traduce en un limitado alcance de su acción y de su incidencia en los procesos de planeación de las políticas (26). De este modo, los procesos de participación comunitaria son utilizados como una estrategia para investir de legitimidad decisiones que ya han sido previamente tomadas por las autoridades de salud (27).

Algunas experiencias en estrategias de seguridad alimentaria demuestran que la participación ciudadana posibilita que los sujetos asuman el rol de creadores y actores en la implementación de su proyectos, asimismo, permite la transformación de los procesos en los cuales están involucrados al aportar sus saberes experienciales (28). Por consiguiente, algunos autores plantean que la participación está íntimamente relacionada a la configuración histórica de la ciudadanía y, por consiguiente, con su construcción, su ampliación; aunque también con su negación y discontinuidad (29-31). Por tanto, la participación ciudadana constituye un criterio para valorar el desarrollo de la ciudadanía y, específicamente, la participación ciudadana relacionada con las políticas públicas se convierte en “un indicador de ejercicio de la ciudadanía” (32).

El enfoque de lucha contra la pobreza resulta insuficiente frente a las expectativas de los sujetos participantes de las PPAN

Bajo la lógica del Estado residual la pobreza no se concibe como el producto del orden económico y político predominante, el cual reproduce y perpetúa las condiciones de injusticia social, sino como una consecuencia de las debilidades personales o, del insuficiente esfuerzo o mérito individual. Entonces, desde esta perspectiva deviene una forma de interpretar la pobreza como déficit de capital humano (33). En este marco, las políticas sociales, incluidas las PPAN, tienen como foco dirigir sus esfuerzos en “el desarrollo de habilidades o de capacidades a través del entrenamiento educacional” (34). Bajo esta lógica las estrategias de los programas se centran en las pautas de crianza y en promover una alimentación saludable, con las cuales se espera que el sujeto responda a imaginarios como los de un “pobre responsable” o como “capaz de cuidar bien a los niños” (35).

Es desde esta perspectiva que emergen programas como los de Trasferencias Condicionadas en Efectivo (PTCE), los cuales se consolidan como una de las políticas emblemáticas de la era neoliberal. Como lo plantean los expertos en este tema, los PTCE se proponen combatir la pobreza a corto plazo, con la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y, a largo plazo, con el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de las capacidades humanas (36). En este orden de ideas, los PTCE están basados en estrategias de salud y de nutrición bajo el supuesto de que la acumulación en capital humano subyace a estos dos aspectos.

De modo que, las políticas de lucha contra la pobreza, la cuales tienen como enfoque el capital humano, tienen implícitas dos connotaciones. Una es que el sujeto es visto como un factor de producción en el engranaje de una economía de mercado; otra, es que no es el trabajo que desempeñan los sujetos lo que genera valor, sino que este valor va a depender del capital humano que tengan incorporado (30).

Algunos estudios también develan la tensión que existe entre las necesidades y expectativas de los participantes y la capacidad de los programas de suplirlas, en el caso específico de la modalidad de transferencia económica, que aunque generalmente entregan el dinero a las mujeres, propiciando mayor control de los recursos por parte de ellas, y de mejorar la adquisición de alimentos nutritivos (37). Estas tienen la desventaja de que los hogares quedan más afectados al aumento de los precios de los alimentos, lo cual finalmente redunda en su seguridad alimentaria (38, 39).

La presente investigación puso de manifiesto que las madres trataban de que sus hijos accedieran a varios programas al tiempo, esto porque como se ha discutido, los subsidios alimentarios son insuficientes para cubrir las necesidades, no solo de la población objeto (comúnmente la primera infancia), sino de manera integral del todo el grupo familiar, el cual también se encuentra en situación de pobreza. Este aspecto fue evidente en otros países como Etiopia, donde los participantes expresaban que preferían recibir una combinación de dinero en efectivo y de alimentos, debido a la pérdida en el poder adquisitivo del subsidió económico (38).

Limitaciones del estudio

Reconocemos limitaciones para ofrecer un análisis particularizado de los significados e interacciones de los sujetos según el tipo de programa en el que participan, debido a la heterogeneidad de estrategias que implementan las PPAN. Nuevos estudios son necesarios para profundizar en este aspecto.

Conclusiones

La noción de sujeto que subyace a las PPAN es predominantemente la de un objeto receptor de unas acciones mínimas, propias de un Estado residual, el cual circunscribe lo social a la mitigación algunas dimensiones de la pobreza. En el marco de políticas asistencialistas, el sujeto es instrumentalizado para fines y metas administrativos, lo que conlleva a una tensión entre el sujeto configurado como receptor y las expectativas que éste construye a partir de su experiencia con las PPAN. Los hallazgos sugieren que el enfoque de lucha contra la pobreza basado en políticas y programas fragmentados enfocados a problemáticas especificas, propio de las políticas sociales en la era neoliberal, resulta insuficiente frente a las aspiraciones de los sujetos y la múltiples dimensiones de la pobreza

Referencias

Notas

* Tipología de artículo: de investigación.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: lorena.mancilla@udea.edu.co

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