El derecho internacional ha sido reiteradamente cuestionado por su carácter excluyente y sus usos imperiales. Estas críticas describen de manera precisa muchas de sus estructuras y dinámicas. Sin embargo, el derecho internacional puede ser un instrumento útil para proteger los intereses legítimos de los Estados del Sur Global, en general, y de los distintos grupos sociales y culturales que los componen, en particular. El uso estratégico de sus normas y procedimientos pueden contribuir eficientemente a alcanzar estos objetivos. No obstante, para entender el potencial emancipador o de resistencia social que tiene el derecho internacional es necesario complementar las discusiones y críticas teóricas con el examen de las formas concretas a través de las cuales el Sur Global hace uso del derecho internacional para resistir o transformar su realidad social. El artículo, siguiendo esta línea de argumentación, explora la manera como el derecho internacional puede ser usado como una herramienta para proteger los intereses de algunos de los grupos mas vulnerables del Sur Global: las comunidades indígenas y negras culturalmente diversas. Este análisis se hace a partir de un estudio de caso. El artículo examina el proceso que se inicia con la presentación de la acción publica de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte Constitucional colombiana en contra de la Ley General Forestal y que termina con la sentencia C-075 de 2008 que declaró su inconstitucionalidad. El análisis de este proceso se divide en dos partes: en la primera parte se examina la manera como el derecho internacional y el derecho nacional se entretejieron para la protección de los derechos de las minorías culturales colombianas. En la segunda parte, se presentan las razones jurídicas y políticas que explican porqué en Colombia, así como en otros países del Sur Global, el derecho internacional ambiental y el derecho internacional de las minorías culturales pueden ser (y son) usados eficientemente en las Cortes nacionales.

Este artículo de investigación hace parte de un proyecto más amplio que tiene como objetivo examinar las relaciones entre derecho de interés público y minorías culturales.