Introducción

Hace algunos años, Charles Tilly, una de las máximas referencias en el estudio de la movilización social, se preguntaba

¿qué relaciones sistemáticas existen, si es que existe alguna, entre el cambio social a gran escala y los cambios en la movilización política popular? ¿Qué impacto, si es que tiene alguno, tienen las variadas formas de acción política popular sobre el curso del cambio social a gran escala? (1998, p. 27)

Luego lamentaba que los estudiosos de las prácticas de movilización sociopolítica hayan abandonado la pregunta por el vínculo entre conformación (y disputa) del orden social y las prácticas políticas. Recuperando aspectos de este desafío, el objetivo de este artículo es mostrar la relación entre cambios estructurales y prácticas políticas (en particular de acción colectiva y formas de organización sociopolítica) para reconstruir las instancias de mediaciones que ayudan a explicar la dinámica del conflicto fuera de la “visión espasmódica de la historia popular” (Thompson, 1979, p. 62), pero a la vez escapando del desanclaje de la contienda social protagonizada por sectores subalternos de las condiciones materiales en que estos grupos producen y reproducen su vida. Esto implica incluir una concepción de estructuras no deterministas, como la que propone Raymond Williams (1980) y concebirlas tanto constrictoras como habilitantes para la acción (Giddens, 1984). La perspectiva del realismo relacional elaborado por los teóricos del enfoque del proceso político (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001) permite reconstruir la trama de interrelaciones que estructuran la dinámica del conflicto y a su vez son estructuradas por la contienda.

régimen social de acumulación

[…] como una matriz de configuración cambiante en cuyo interior se van enlazando diferentes estrategias específicas de acumulación y tácticas diversas para implementarlas, de manera que la acumulación de capital aparece siempre como el resultado contingente de una dialéctica de estructuras y de estrategias. (p. 996. Véase también Nun, 1987)

Estas matrices inciden en la estructuración de las relaciones sociales y son gestionadas por determinado régimen político que produce una serie de gramáticas políticas como resultante de tensiones sociales que, a su vez, son modeladas por ellas. Entre las gramáticas políticas encontramos las plasmadas en instituciones que conducen el conflicto y la acción colectiva por canales institucionalizados a lo largo de décadas de luchas y sedimentados en reglas codificadas legalmente. Pero también un conjunto de gramáticas no institucionalizadas e innovadoras, frecuentemente transitadas por movimientos sociales o de protesta, que emergen cuando los canales institucionalizados son obturados, saturados o no pueden procesar nuevas configuraciones de demandas. Finalmente, resta decir que ambas gramáticas (institucional y extrainstitucional) pueden convivir en un mismo momento político, incluso para los mismos actores que ingresan a diversos “juegos” en momentos distintos del accionar.

El análisis de estos ciclos ayuda a poner en perspectiva histórica (diacrónica y sincrónica) la compleja relación entre aspectos estructurales y respuestas colectivas, así como explicar las dinámicas de la contienda en el país. Este artículo propone focalizar en dos ciclos políticos. El primero, entre 1989 y el 2002, que puede considerarse una larga década neoliberal, será objeto de la segunda sección. El segundo, 2003-2015, de retorno de lo estatal-nacional-popular será foco de la tercera sección. Para la realización de este estudio se utilizaron fuentes estadísticas e indicadores socioeconómicos y laborales para reponer los aspectos estructurales en que se desarrollaron las prácticas de movilización, las cuales fueron sistematizadas a partir de dos proyectos de investigación en curso ^[1] y la bibliografía especializada.

La larga década de los noventa: el ciclo y sus fases

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia de Argentina, dando fin de esta manera al gobierno autoritario de la dictadura cívico-militar que tomó de facto el poder el 24 de marzo de 1976. Las expectativas en las transiciones a la democracia de los años ochenta encontraron un principio de realidad cuando los problemas para estabilizar variables macroeconómicas se agudizaron en un contexto de crisis de la deuda y generaron un deterioro en las condiciones de vida de los sectores asalariados, como se muestra en la tabla 1.

Las promesas incumplidas de la democracia en materia social y las condiciones socioeconómicas deterioradas fueron escenario para la respuesta de actores clásico como los sindicatos y los partidos políticos (Di Tella; 1998; Richards, 1997; Rocca Rivarola, 2009). Nos referimos, especialmente, a las huelgas nacionales que decretó la Confederación General del Trabajo (CGT) ^[2] contra las políticas del gobierno nacional y las últimas internas partidarias del Partido Justicialista (quizás el único periodo en que el movimiento peronista funcionó bajo la gramática partidaria) ^[3] . En esta fase, la contienda política permaneció contenida por los actores del sistema de partidos y sindicatos, aunque con una revitalización de sectores de la sociedad civil, fundamentalmente organizaciones de derechos humanos ^[4] que atisbaban una regeneración del espacio público (Jelin, 1995). La salida de la dictadura cívico-militar parecía, a pesar de sus dificultades en materia económica, dar lugar a una transición comandada, finalmente, por la normalidad de una democracia representativa luego del desborde de movimientos nacional-populares y gobiernos autoritarios.

Carlos Menem asumió el gobierno el 8 de julio de 1989 en el contexto económico descripto y en un escenario político marcado por acciones de protesta con saqueos a comercios y el retiro anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín, cuyo efecto fue el debilitamiento de la oposición partidaria. Las reformas implementadas por Menem apuntaron al desmantelamiento de la matriz sociopolítica estatal-nacional. Para autores como Garretón, Cavarozzi, Cleaves, Gereffi y Hartlyn (2004), las configuraciones sociopolíticas entre 1930 y 1980 pueden conceptualizarse como una matriz estatal nacional-popular. Allí, el Estado funciona como mecanismo de coordinación social, en tanto

[…] como un símbolo e institución de unidad, desempeña un papel central, tanto por sus funciones para asignar recursos por medios de políticas sociales y redistributivas, como por la articulación de las demandas sociales. En la mayoría de los casos, la forma más eficaz de acción colectiva es directamente política (de movilizaciones). (Garretón et al., 2004, p. 25)

Asimismo, contiene una orientación a la industrialización por sustitución de importaciones, un cariz nacionalista y la conformación de actores en el terreno de la producción (el trabajo) y las mediaciones sindicales. En Argentina, a diferencia del caso chileno en el que se centra Garretón, la dictadura no desmanteló por completo la matriz (aunque inició el proceso) y fue Carlos Menem el que introdujo cambios sustantivos en el rol del Estado y sus mediaciones, consolidó un proceso de desindustrialización y una inserción subordinada en el proceso de globalización. En particular “en materia de relaciones de trabajo, cambiaron casi todas y cada una de las dimensiones que conformaban el sistema nacional de relaciones laborales” (Novick, 2001, p. 26). Por su parte, el desanclaje de orientaciones nacional-populares del peronismo por parte de Menem produjo un dilema identitario para aquellos sectores políticos y sindicales inscriptos en la matriz plebeya del peronismo ^[5] , la cual el mandatario abandonaba (Martuccelli y Svampa, 1997).

Los resultados económicos y político de los primeros años del gobierno fueron positivos a corto plazo, fundamentalmente por el efecto de control de la inflación que tuvo el plan de la Convertibilidad, que equiparaba por ley el peso argentino al dólar estadounidense (tabla 2).

Esta situación, expuesta en los indicadores de la tabla 2, fue el contexto de una primera fase de respuestas políticas de los actores constituidos. Si bien la tendencia del comportamiento del sindicalismo ante el gobierno de Carlos Menem fue mayormente adaptativa o de “supervivencia organizativa” (Murillo, 1997), algunos gremios particularmente afectados por las privatizaciones de las empresas públicas protagonizaron una fase de resistencia a la implementación de las reformas, como las huelgas ferroviarias de 1991 (Gordillo, 2004). Hacia 1992, un conjunto de sindicatos, fundamentalmente estatales (empleados públicos y docentes) convocaron al Congreso de los Trabajadores Argentinos que devendría en una nueva organización obrera: la Central de los Trabajadores Argentinos en 1996 (Armelino, 2012; Retamozo y Morris, 2015). Mientras, en el seno de la CGT se conformó una corriente más combativa —el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA)— que junto con la mencionada CTA protagonizaron algunos hechos de protestas mediante huelgas de alcance nacional como la desarrollada el 9 de noviembre de 1992 y luego acciones conjuntas como la “Marcha Federal” en julio de 1994 (Armelino, 2004).

Las primeras acciones, caracterizadas como estallidos o rebeliones, tuvieron epicentro en provincias como Santiago del Estero y Jujuy en las que las propias dinámicas de las conflictividades locales ingresaron en una nueva fase en el contexto instaurado por la administración de Carlos Menem. Acontecimientos como el Santiagazo en 1993 y el Jujeñazo en 1994 marcaron respuestas a la nueva situación socioeconómica que afectaron a las élites locales pero se mantuvieron relativamente aislados. El triunfo electoral de Carlos Menem en las elecciones de 1995 puede tomarse como una ratificación del rumbo y una muestra de las limitaciones de la protesta para producir cambios a escala nacional, aun en el marco del deterioro de las condiciones sociolaborales y de protestas obreras como la que en ese año le costó la vida a Víctor Choque en Tierra del Fuego.

Sin embargo, la crisis desatada como “efecto Tequila” alteró condiciones internacionales y tuvo un impacto en el funcionamiento del modelo económico. En 1996, con una desocupación en el 17,3% y un 39% de población en la pobreza (véase tabla 2) surgieron nuevas respuestas beligerantes, localizadas en provincias como Neuquén y Salta, que en contextos de puebladas, es decir, levantamientos localizados policlasistas y multisectorales (aunque con fuerte presencia de clase trabajadora) que forjaron un nuevo repertorio de acción: el piquete o corte de ruta ^[6] . Las consecuencias de la crisis económica y la aceleración del desempleo como problema central configuraron un escenario para la aparición de colectivos de desempleados que se nuclearon en organizaciones asentadas sobre experiencias sindicales, territoriales y comunitarias (algunas de ellas eclesiales). La expansión del desempleo en la segunda mitad de los años noventa generó un contexto de oportunidades que fue aprovechado por desocupados gracias a las tramas organizativas (que autores como Melucci identifican como laboratorios e incubadoras de acción colectiva), un repertorio de acción (el piquete) y el acceso a recursos que funcionaron como incentivos (programas de transferencias de ingresos condicionados y transitorios) en el marco de elementos propios de la cultura de la protesta, ligada tanto a la práctica sindical como a la comunitaria (Auyero, 2002).

La aparición de un sector de trabajadores que no podía ser representado por la CGT, en tanto no eran asalariados formales, y con dificultades para ser cobijados por la CTA que intentó representarlos mediante la afiliación directa y voluntaria, constituye el dato más significativo en el campo de la protesta del segundo lustro de los noventa. Sin embargo, esto no debe hacer perder la atención respecto a la conflictividad en el campo sindical en acciones defensivas (Iñigo Carreras y Cotarelo, 2003), ni tampoco en relación con otros campos de movilización como las luchas por los derechos humanos que, bajo la consigna de “verdad, memoria y justicia”, produjeron acciones colectivas que regeneraron el espacio público ^[7] .

Las condiciones de acción de los trabajadores organizados en sindicatos se vieron alteradas por la propia situación económica y la obturación de instituciones laborales que canalizaban la conflictividad en el ámbito laboral, como la anulación de las paritarias tripartitas. Las estrategias de las organizaciones sindicales, que Murillo llamó de subordinación y de supervivencia, funcionaron como diques de contención y desarticulación de la potencial conflictividad. Sin embargo, a partir de 1996 la beligerancia fue expresada por las centrales sindicales con huelgas generales como la del 8 de agosto y la del 26-27 de septiembre, ocasión en la que la CGT participó junto con el MTA y la CTA (Armelino, 2004).

La derrota del oficialismo en las elecciones de 1997 y los efectos incipientes de una recesión económica dinamizaron el conflicto en una fase de aceleración del ciclo de protestas que fue incorporando actores sindicales, jubilados y la consolidación del movimiento de trabajadores desocupados. En especial, los desocupados se arraigaron en sectores periféricos a los grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, otrora cordones industriales de desigual desarrollo. El movimiento de trabajadores albergó a un conjunto heterogéneo de organizaciones con diferentes orientaciones ideológicas (autonomistas, guevaristas, maoístas, peronistas, troskistas) que enarbolaban la demanda de “trabajo”. Este movimiento de movimientos se valió de la efectividad del piquete como repertorio de acción colectiva que le otorgó visibilidad y eficacia. Por su parte, en lo que concierne al movimiento obrero, la situación de 1997 muestra “la fractura y el creciente aislamiento, [que] hacen evidente que se ha entrado en un momento descendente del movimiento huelguístico. Al año siguiente no hubo huelgas generales” (Iñigo Carrera, 2001, p. 15), en un contexto en que el descontento parecía ser tramitado por la oposición política.

Los repertorios de acción colectiva, como muestran Schuster et al. (2006, también Schuster y Pereyra, 2001), evidenciaron una transformación en la década de los noventa. Especialmente, relevan la centralidad que adquirieron demandas y modos de acción en torno a demandas de matriz ciudadana y ampliación de derechos. Esto, en cierto modo, en detrimento de las acciones desplegadas por los actores clásicos, en particular los sindicatos en el periodo.

La asunción de la presidencia de Fernando De la Rúa, como resultado del triunfo de la Alianza Unión Cívica Radical (UCR)-Frente País Solidario (Frepaso) en las elecciones de 1999 prometía la continuidad del modelo económico, pero con erradicación de la corrupción ligada al gobierno de Carlos Menem. Esto es una evidencia de los límites en los alcances de la movilización social, que reclamaba un cambio de modelo hacia uno capaz de generar condiciones de respuesta a la principal demanda: el trabajo como vía de acceso a una ciudadanía social y política (Retamozo, 2009). No obstante, a poco de asumir, se pusieron en evidencia los límites del propio modelo de acumulación —tanto en su fase productiva como en la distributiva— y los indicadores sociales (pobreza y desocupación) continuaron mostrando el deterioro de las condiciones sociales (véase tabla 2). Los intentos por estabilizar variables macroeconómicas a partir de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) encontraron múltiples resistencias y escándalos de corrupción salpicaron al gobierno nacional y rompieron la coalición gobernante, lo cual terminó provocando la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez.

Ante el deterioro de la situación económica, se hicieron presentes en el ciclo de protesta con mayor fuerza y disrupción los movimientos de desocupados, movimientos estudiantiles, sindicatos del sector público enrolados en la CTA y los gremios nucleados en el MTA ^[8] . La situación de dislocación hegemónica tuvo un momento de evidencia en las elecciones legislativas del 2001, que marcaron un récord de votos en blanco, ausentismo e impugnados voluntarios y puede considerarse el síntoma de la crisis de representación política. A su vez, las variables macroeconómicas indicaban claros indicios de agotamiento intrínseco del modo de acumulación bajo la convertibilidad (Bonnet, 2007). Las medidas implementadas por el ministro Domingo Cavallo, quien había ocupado la cartera de Economía en el gobierno de Carlos Menem, orientadas a restringir el acceso a cajas de ahorro dolarizadas en los bancos, desataron una ola de descontento de sectores medios que terminó, junto con la acción de movimientos de desocupados y la oposición política, por poner en jaque al gobierno. Fernando de la Rúa renunció el 20 de diciembre del 2001, luego de actos represivos de la protesta social que dejaron alrededor de cuarenta muertos.

Las protestas de diciembre del 2001 aglutinaron a un conjunto heterogéneo de sectores con diversas demandas, fundamentalmente sectores medios alcanzados por la crisis social que se manifestaban mediante “cacerolazos”, los sectores desempleados que venían de experiencias de articulación a escala nacional y trabajadores formales, sobre todo del sector público, a los que se les había reducido un 13% el salario para enfrentar el déficit fiscal. En esos espacios de encuentros, la protesta cobró potencia y forma bajo consignas como “Que se vayan todos!”, o “¡Piquete y Cacerola, la lucha es una sola!”. El saldo organizativo de esas movilizaciones lo constituyeron las asambleas barriales o populares que funcionaron en los grandes centros urbanos como lugar de encuentro de sectores medios por fuera de las estructuras de participación de la democracia representativa (Falleti, 2008).

Luego de días de inestabilidad institucional por la renuncia de varios presidentes, Eduardo Duhalde asumió la presidencia y tomó la decisión de poner fin a la convertibilidad, que estipulaba la paridad por ley entre el peso argentino y el dólar estadounidense. El triunfo del sectores que proponían la salida de la convertibilidad vía la devaluación (frente los que proponían la dolarización directa de la economía), en el que participaban sectores sindicales, produjo un realineamiento de las élites gobernantes. Duhalde promovió la pesificación de deudas contraídas en dólares, lo que benefició a grupos empresariales, e implementó un programa de transferencia de ingresos condicionada, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que llegó a beneficiar a casi 2.000.000 de personas a mediados del año 2003 y significó el acceso a un ingreso a los hogares más pobres. Además, los recursos destinados a este programa llegaron a representar casi el 1% del Producto Bruto Interno (PBI), porcentaje que no se había registrado y monto muy superior a lo históricamente destinado a las políticas de empleo (Neffa, 2008). La medición de mayo del 2002 arrojó los peores indicadores históricos en materia social, con un 62% de pobreza y 17,8% de desocupación (véase tabla 2).

Un informe del Ministerio de Justicia, titulado “Conflictividad social en la República Argentina” y publicado en junio de 2002 por el diario Clarín, estima que en el periodo enero-mayo del 2002 en la zona metropolitana se produjeron 11.000 acciones de protesta donde participaron unas 650.000 personas. El 26 de junio de ese año, en una protesta en un acceso a la Capital Federal fueron asesinados dos jóvenes manifestantes (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán), lo que generó movilizaciones multisectoriales y el llamado a elecciones presidenciales para comienzos del año siguiente. Hacia finales del 2002, algunas variables macroeconómicas detuvieron su caída y el resultado de las elecciones del 2003 —en cuanto asistencia— fue un signo de confianza en cierta institucionalidad democrática, aunque no en referencia a los políticos profesionales.

III. La década K: recomposición, alcances y límites

La asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 marca la apertura de un nuevo ciclo político y la consolidación de un nuevo régimen social de acumulación, especialmente partir del 2005 (Panigo y Chena, 2011) y la reposición de la matriz estatal-nacional-popular ^[9] . En el plano político, la construcción del incipiente “kirchnerismo” articuló alianzas con diferentes sectores políticos, a través de la llamada “transversalidad” (Torre, 2005), un vínculo con los movimientos sociales (Andriotti Romanin, 2014; Schuttenberg, 2011) y con la Confederación General del Trabajo (Funes, 2016; Murillo, 2013). La alianza con la central obrera terminó por consolidarse cuando Néstor Kirchner apoyó la candidatura al secretariado general del camionero Hugo Moyano en el 2005. En ese momento, el presidente Kirchner obtenía el 71% de aprobación, según los datos del Latinobarómetro. La salida del ministro de Economía fue la conclusión de una tensión sobre la performatividad de la política a la hora de revitalizar gramáticas de resolución de conflictos. Lavagna buscaba poner un límite al funcionamiento de la institucionalidad laboral que regula la negociación colectiva, para evitar aumentos de salarios por fuera de una pauta específica y que esto impacte en la inflación. La CGT enfrentó esta situación y el presidente Néstor Kirchner inclinó la balanza a favor de la central obrera para liberar la negociación colectiva al alza (Palomino y Trajtemberg, 2006). La expansión de la economía y la creación de puestos de empleo formales durante el gobierno de Néstor Kirchner produjeron una reactivación de los sindicatos como actores protagónicos del conflicto (Barattini, 2013).

Como puede apreciarse en la figura 1, fue muy importante el aumento de convenios y acuerdos firmados en instancias tripartitas, cuyos efectos sobre la distribución del ingresos han sido puestos en evidencia (Casanova y Alejo, 2015; Judzik, Trujillo y Villafañe, 2017; Trajtemberg, 2009, 2011). Esto recondujo la dinámica del conflicto y una polémica sobre el tipo de “revitalización sindical” ocurrido en el país (Anigstein, 2013). En particular, porque si bien existe evidencia suficiente para afirmar la revigorización del accionar de los sindicatos, no tuvo lugar una creación masiva de nuevas prácticas gremiales o formas de representación (Senén González y Haidar, 2009), aunque hubo experiencias significativas ligadas al sindicalismo de base (Lenguita, 2011). Para algunos autores, el proceso puede caracterizarse como la configuración de un neocorporativismo segmentado (Etchemendy y Collier, 2008). La relativa institucionalización del conflicto durante el gobierno de Néstor Kirchner fue compatible con un incremento de la acción extrainstitucional por parte de diferentes colectivos. Sin embargo, a diferencia del ciclo anterior, las movilizaciones incluyeron tanto acciones con reivindicaciones críticas al gobierno como acciones y movilizaciones en su apoyo, incluso fuera de actos proselitistas, cosa que no ocurría, al menos desde que en 1990 sectores ligados al presidente Menem convocaron a la llamada “Plaza del Sí”.

En esta misma fase aparecieron y se robustecieron demandas ligadas a problemáticas socioambientales tanto por la instalación de pasteras trasnacionales como por minería a cielo abierto y procesos de expansión del cultivo de soja (Svampa y Viale, 2015). También cobraron protagonismo y visibilidad en la escena pública las movilizaciones en torno al problema de (in)seguridad (Schillagi, 2006). Estas acciones resignificaron repertorios de acción colectiva como la realización de asambleas, cortes de rutas y marchas del silencio cuyo valor había sido probado para instalar temas en la arena pública (Schuster et al., 2006). En este sentido, no se trataba solo de la implementación de repertorios forjados en el ciclo anterior, sino de una gramática de movilización reposicionada (Cefaï, 2002).

El gobierno nacional buscó dar respuestas a estas demandas, a través de diferentes estrategias como la canalización institucional, la representación simbólica y el desconocimiento. Durante la gestión de Néstor Kirchner se incorporaron al gobierno nacional dirigentes de movimientos sociales que habían protagonizado la protesta durante los años noventa (Bazán, 2012), aunque otros se mantuvieron en campo opositor y motorizaron acciones contenciosas ^[10] .

El 10 de diciembre del 2007 asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, luego de obtener el 45,3% de los votos. Lo que parecía una continuidad de la gestión se vio marcado por un cambio de fase cuando a partir de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía se desencadenó una ola de protestas liderada por entidades empresarias del sector agrario. Este conflicto, que duró entre marzo y julio de ese año, evidenció el uso de repertorios de acción forjados al calor de las protestas contra el neoliberalismo, pero instrumentados por sectores que reclamaban preservar la rentabilidad de las exportaciones, tales como el corte de ruta o “piquetes” y la realización de asambleas. Según la consultora Nueva Mayoría (2008),

de acuerdo al estudio, entre el 1º de enero y el 18 de mayo del 2008 tuvieron lugar 2.539 cortes de rutas y vías públicas como expresión de protesta, cifra que supera el nivel de cortes registrados en la crisis política, económica y social del 2001/2002 con 1.383 y 2.336 cortes respectivamente, siendo a su vez la tendencia más alta registrada desde que se lleva este indicador de conflictividad social en el 1º de enero de 1997. (s. p.)

Sin embargo, cabe notar que la movilización afirmativa —es decir, de apoyo al gobierno— también se incrementó en esta fase del ciclo. Según los datos de Nueva Mayoría, durante todo el 2008 se registraron “5.608 cortes de rutas y vías públicas como expresión de protesta”. De estas acciones, solo el 1% fueron protagonizadas por organizaciones de desocupados y el 4% por organizaciones sindicales, mientras que el 70% estuvo a cargo de entidades ligadas a los agronegocios ^[11] .

El conflicto del 2008, la disputa por el excedente, por las necesidades del modelo económico y un contexto marcado por la crisis mundial de ese año tuvieron efectos sobre la correlación de fuerzas en escena. En ese contexto aparecieron acciones colectivas de sectores de clase media urbana bajo el formato de “cacerolazos” (Garguín, 2013) y la primera derrota del partido gobernante en las elecciones legislativas del 2009 (Piana y Baeza, 2013). Sin embargo, el gobierno recuperó la iniciativa política con una agenda que incluyó la absorción de demandas de movimientos sociales históricos —como los LGTTB (Biglieri, 2013) y la Coalición para una Radiodifusión (Marino, Mastrini y Becerra, 2010). El campo de movilización evidencia, especialmente en esta fase, acciones afirmativas convocadas a posteriori de decisiones del gobierno, participación en espacios institucionales (ejecutivos y parlamentarios) y acciones de protesta de colectivos opositores.

A lo largo del 2010 sucedieron dos eventos de movilización masiva cuya importancia es insoslayable para el periodo y que no entran en los formatos clásicos de acción colectiva. El primero, en torno a los festejos del Bicentenario, en el que una serie de actividades convocadas por el gobierno generaron la participación de millones de personas bajo una cosmovisión “nacional y popular” de la efemérides (González, 2015). La otra, el 27 de octubre del 2010, a partir de la repentina muerte del expresidente Néstor Kirchner que desencadenó un proceso de movilización en torno a su velatorio en la Casa de Gobierno y alrededor de su figura como espacio de inscripción identitaria (Souroujon, 2016).

Entre los nuevos actores de la fase se destaca la condición del accionar juvenil qua joven. En efecto, aunque muchos de los participantes de acciones de protestas (incluso en el ciclo 1989-2003) eran jóvenes, su participación no estaba enfocada en el carácter etario de la organización. Sin embargo, en esta fase —hacia el 2010— se registra un nivel de organización juvenil plasmado en organizaciones como la Cámpora (promovida por el kirchnerismo), la JP Evita (rama juvenil del Movimiento Evita) y la Juventud Sindical Peronista (impulsada por sectores del movimiento obrero) ^[12] .

La salida del estancamiento y de la crisis financiera internacional generó condiciones económicas que ayudan a comprender el resposicionamiento del kirchnerismo en el centro de la escena política. Luego de un decrecimiento del PBI en el 2009, se pasó a un incremento superior al 9% en el 2010, el desempleo se redujo en un punto y la formalidad laboral alcanzó su punto más alto ^[13] .

A esto hay que sumarle la concurrencia de variables del contexto político, como una oposición fragmentada que facilitó la obtención de más del 54% de los votos para la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Paradójicamente, la convergencia de un triunfo abultado (la dimensión política) y la situación económica contribuyó a “realineamientos”, que Tilly (1998) define como “la lucha, la defensa y la cooptación alteran las alianzas, rivalidades y enemistades entre gobernantes, otros contendientes y los grupos reivindicativos” (p. 36).

A partir del 2012, se abre una nueva fase del ciclo político. Los sectores que participan de la economía informal avanzaron su organización en torno a cooperativas impulsadas en el Programa Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja, creado en 2009, mientras que los sectores asalariados formales, especialmente los enrolados en la CGT, comenzaron a presionar con demandas sectoriales que cobraron fuerza a partir de la ruptura de la alianza entre el gobierno nacional y varios sindicatos. En esta fase del ciclo, el funcionamiento de las instituciones laborales como canales de resolución del conflicto social no agotó la conflictividad y esta se expandió al llamado de huelgas generales o movilizaciones de alcance nacional ^[14] . Es decir, las respuestas a la nueva situación fueron el incremento de la conflictividad sindical entre los trabajadores formalizados y un conjunto de acciones colectivas por parte de los sectores que gestionaban programas de cooperativas como el Argentina Trabaja. Sin embargo, el espacio de acción de las organizaciones populares que intermediaban en la implementación de programas sociales se vio reducido por la implementación de la asignación universal por hijo que desde finales del 2009 promovía una transferencia monetaria condicionada a los hijos de los trabajadores desempleados o no registrados, mediante transferencia bancaria directa a la madre o padre del menor. Esta política se instaló como superadora del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y del Plan Familias. Aun en este contexto desfavorable para la acción colectiva, bajo la consigna de “cooperativas sin punteros”, un conjunto de organizaciones se nucleó en torno a la demanda de ampliación y aumento de los montos percibidos en el marco de la política pública, tanto del programa de cooperativas Argentina Trabaja como del Ellas Hacen (Nardin, 2017; Natalucci, 2012). Asimismo, emergieron acciones de protestas vinculadas al problema habitacional y de urbanización de “villas” en la ciudad de Buenos Aires que asumieron un formato de “acampe” (L’Huillier y Ouviña, 2016).

Al tiempo que sucedían estas protestas, sobre todo durante el 2012, emergieron acciones de alcance nacional con una impronta cívica (con el eje puesto en la corrupción) y económica (con la demanda de libre acceso a la compra de dólares). Los llamados “cacerolazos” del 13-S y del 8-N y del 13-A en el 2013 (Gold, 2015; Gómez, 2014) que instalaron una potencia opositora sin una representación política, pero aprovechando la expansión de la estructura de oportunidades políticas (Tilly, 1998, p. 38). La pérdida de aliados del gobierno (sectores políticos y sindicales), el incremento de la protesta de los sectores medios y un contexto de cierre de fuentes de financiamiento internacional y déficit de divisas en lo económico fueron condiciones involucradas en la derrota electoral del gobierno nacional en el principal distrito, a manos del otrora aliado Sergio Massa (Annunziata, 2015; Tagina, 2014).

La dinámica de movilización de las organizaciones que apoyaron al gobierno adquirió cada vez más una impronta delegativa y laudatoria como respaldo a la gestión (cuya muestra más significativa fueron los “patios militantes”, donde el activismo kirchnerista se congregaba para escuchar los discursos de Cristina Fernández de Kirchner). Mientras, en el campo opositor se sucedían medidas de fuerza de importantes sectores sindicales que reclamaban cambios en el impuesto a las ganancias (Murillo, 2013) y manifestaciones de sectores medios-altos mediante “cacerolazos” y un creciente activismo en las redes sociales (Ingrassia, 2016).

Hacia el final del periodo, luego de una muy fuerte reducción del desempleo y creación de puestos en el mercado formal, se evidenció un periodo de estancamiento en la creación de nuevos empleos y la persistencia de un importante sector de la clase trabajadores en condiciones informales, precarias, no registradas legalmente, o bajo formas de cuenta propia de baja calificación e ingresos. Además de otra cantidad de trabajadores que desempeñaban actividades laborales y de capacitación en el marco de los programas sociales (Abal Medina, 2016). Hacia el 2011 comenzaron a aglutinarse organizaciones sociales ligadas al problema del empleo informal que definieron a lo que llamaron “economía popular” como un espacio constitutivo de experiencias de clase. Así nació la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) (Tóffoli, 2017). La CTEP combina lógicas de organización sindical (con agremiaciones por rama de la economía tal como la CGT) con formas de acción colectiva propias del movimiento social argentino (acampes, cortes de ruta, ollas populares) y se ha convertido en el actor más novedoso emergido en la última fase del ciclo político del kirchnerismo en el gobierno, cuyo protagonismo cobró impulso luego de la asunción de Mauricio Macri de la presidencia de la Nación el 10 de diciembre del 2015.

Conclusiones

El estudio de los procesos políticos requiere la ruptura de visiones dicotómicas que culminan por concebir la acción como mera reacción a transformaciones estructurales o por desanclar a los actores de sus determinaciones (entendidas como limitantes y habilitantes). Esto reposiciona las mediaciones sociales, organizacionales, culturales y metodológicas que ayudan a explicar la consecución de acciones colectivas, ya sea de protesta, pero también las afirmativas propias de una sociedad en movimiento. Este artículo puso en evidencia la dinámica de los dos ciclos políticos analizados y sus diferentes fases. La articulación entre reconstruir los aspectos estructurales que constituyen condiciones para las prácticas de movilización política, los repertorios de acción y las respuestas gubernamentales constituyen un enfoque relacional productivo para el estudio del proceso político.

El ciclo 1989-2002 muestra distintas fases. Las reformas neoliberales implementadas a poco de asumir por Carlos Menem fueron enfrentadas fragmentariamente por organizaciones sindicales afectadas de manera directa por las privatizaciones y la reforma del Estado tendiente a su descentralización y achicamiento. El conflicto, escenificado con repertorios clásicos como la huelga y la movilización, tuvo una tónica defensiva y con escasos resultados para los manifestantes. Sin embargo, produjo saldos organizativos como la conformación de la CTA y el MTA.

En una segunda fase se evidencia con movilizaciones policlasistas contra las élites provinciales en el marco de los primeros efectos visibles del nuevo régimen social de acumulación. Las puebladas en Santiago del Estero y en Jujuy fueron muestra de ello. Allí mostraron sinergia lógicas gremiales contestatarias con formas de acción directa como la quema de edificios públicos. Luego de la reelección de Carlos Menem se inicia una fase ascendente del ciclo de protestas con las “puebladas” en provincias como Neuquén y Salta. Esta fase muestra la persistencia del bagaje de repertorios de acción sindical en disponibilidad, experiencias y la aparición del corte de rutas como una forma sistemática de escenificar la protesta. La persistencia de los “piquetes” fue un rasgo central de las movilizaciones que demandaron en torno al núcleo de la nueva cuestión social: la falta de trabajo. No es casualidad que la prensa diera a conocer como “piqueteros” a los movimientos de trabajadores desocupados, ni que su acción se viera incrementada hasta el 2002.

Por su parte, a partir del 2003, se abre un nuevo ciclo con intensas movilizaciones. La repolitización social involucró a fuerzas movilizadas en torno al proyecto gubernamental en la medida que, por un lado, cambiaba la situación socioeconómica, y por otro, el gobierno interpelaba a colectivos movilizados atendiendo a sus demandas. La recomposición de mediaciones societatales, como las instituciones laborales, repusieron a los sindicatos como actores sociopolíticos aunque las organizaciones de desocupados, ahora centradas en gestionar programas sociales, también fueron parte de la acción. Cabe destacar que luego de una fase de recomposición, a partir del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se da lugar a un nuevo periodo marcado por el conflicto entre las entidades empresariales ligadas a los agronegocios y el gobierno nacional. Paradójicamente, sectores conservadores repusieron en la escena pública una serie de repertorios forjados al calor de la resistencia al neoliberalismo en los años noventa como el piquete, las asambleas y los cacerolazos. La conflictividad encontró actores enfrentados con repertorios de protesta y de movilización afirmativa, tanto provenientes de lógicas de movimiento social como de iniciativas gubernamentales. La recuperación económica hacia el 2010, luego de la crisis internacional, otorgó capital al gobierno nacional para promover acciones colectivas e iniciativas institucionales (mediante leyes), de manera articulada. No obstante, luego del triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, en el contexto de un amesetamiento económico y ruptura de alianzas, el campo opositor concitó movilizaciones desde sectores asalariados formales y también sectores medios altos descontentos con el rumbo económico del gobierno. La acción sindical, mediante huelgas, y los cacerolazos diversificaron los repertorios de oposición, que fueron canalizados electoralmente por Sergio Massa en el 2013 y finalmente por Mauricio Macri en el 2015.

A lo largo de este trabajo pudimos mostrar la necesidad de incluir las dimensiones estructurales, así como las dinámicas propias de los agentes y los campos de la movilización. En este sentido, el artículo buscó aportar tanto a la comprensión de las formas de movilización en los diferentes ciclos políticos en Argentina como consolidar un enfoque en el estudio de los procesos políticos de disputa por el orden social.

Referencias

Notas

^[1] El proyecto “Los movimientos en el Estado y el Estado en movimiento”, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) y el proyecto “Nuevos sujetos populares”, radicado en el IdiHCS-CONICET (UNLP).

^[2] Para un estudio de la CGT durante la transición democrática véase Rocca Rivarola (2009).

^[3] Diferentes miradas sobre el proceso de partidización del peronismo pueden consultarse en Martuccelli y Svampa (1997), Mustapic (2002) y Levitsky (2005).

^[4] Entre las organizaciones de derechos humanos se destacaron aquellas ligadas al pedido de juicio y castigo a los responsables de actos de represión ilegal, como Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

^[5] El peronismo como una identidad plebeya se basa en la reivindicación de los orígenes obreros del peronismo, su representación de los sectores populares y la producción de una trama simbólica de expresión de lo subalterno.

^[6] El estudio de los “piqueteros” produjo un conjunto de estudios en torno a la acción colectiva y la desocupación, entre ellos Auyero (2002) y Svampa y Pereyra (2004).

^[7] Una emergencia disruptiva la protagonizaron los hijos e hijas de desaparecidos, exiliados y presos políticos que conformaron la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS)

^[8] Según Cotarelo e Iñigo Carrera (2016): “En 2001, cuando culminó el ciclo ascendente de la rebelión iniciado en 1993, hubo seis huelgas generales (21/3, 8/6, 19/7, 8/8, 13/12 y 20/12); de ellas tres (19/7, 13/12 y 20/12) fueron declaradas por las tres centrales sindicales (CGT -Daer, CGT-Moyano y CTA) y otra (21/3) por la CGT-Moyano y la CTA” (p. 88).

^[9] Esta orientación incluyó un posicionamiento geopolítico favorable a la integración sudamericana y en abierta oposición a los tratados de libre comercio promovidos por la administración de J.W. Bush. El gobierno de Kirchner se inscribió en el llamado giro a la izquierda, pink tide o populismo del siglo XXI (para una revisión del debate sobre el Giro a la izquierda véase Stoessel [2014]).

^[10] La relación de dirigentes de movimientos sociales con el gobierno nacional desató una controversia sobre la naturaleza del vínculo entre actores, mientras algunos lo explicaban por la atención del gobierno a las demandas, otros lo interpretaron como cooptación de dirigentes. Para una revisión del debate véase Natalucci y Schuttenberg (2010).

^[11] Para un análisis del conflicto del 2008 entre el gobierno y sectores empresariales puede consultarse la compilación de Aronskind y Vommaro (2010).

^[12] Para un estudio más detallado de las organizaciones juveniles y su lugar en la contienda se puede consultar a Larrondo (2013) y a Vázquez (2013). Sobre la Cámpora, véase el trabajo de Vázquez y Vommaro (2012), y acerca de la Juventud Sindical Peronista véase Natalucci y Galimberti (2015).

^[13] No obstante, el conflicto reapareció en torno a cuestiones habitacionales como la toma del Parque Indoamericano (Zapata, 2013).

^[14] Según Morris (2018) entre marzo del 2011 y junio del 2015 se presentaron veintidós hechos de movilización convocados por las distintas centrales sindicales con alcance nacional.

* Artículo de reflexión

Notas de autor:

¹ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina

² Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: martin.retamozo@gmail.com

Información adicional:

Cómo citar este artículo: Retamozo, M., y Trujillo, L. (2018). Cambios estructurales y prácticas de movilización política en Argentina. Dos ciclos políticos en perspectiva (1989-2002 y 2003-2015). Papel Político, 23(2). https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo23-2.cepm

Descargar