Introducción

El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante el acuerdo o los acuerdos), firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (actual partido político), demarcó el inicio de un escenario de transición y de transformaciones multipropósito en torno a la paz en Colombia. Como resultado, esto implicó la interacción de actores y esferas institucionales que, junto con agentes políticos, sociales y de cooperación internacional, enfocaron su despliegue en la implementación de lo suscrito en el acuerdo.

Uno de los propósitos de los acuerdos de paz, precisa que el eje central de la paz debe concentrarse en impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en el territorio nacional para el beneficio de amplios sectores de la población, especialmente en aquellas regiones afectadas por el abandono institucional, la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 3). En ese sentido, ante la necesidad de hacer frente a esa proyección, se adquirieron una serie de retos y compromisos por parte del Estado para hacer realizables los propósitos del acuerdo, entre ellos, la garantía al acceso a la justicia, como uno de sus principales desafíos.

En función de ello, los SLJ¹ se establecieron como aquella estrategia para abordar las necesidades territoriales enfocadas en el acceso a la justicia, toda vez que la estrategia se ha orientado a: i) la construcción de la confianza ciudadana en el Estado mediante la participación y la formación ciudadana (principio de los SLJ); ii) el posicionamiento de las instituciones como agentes de transformación; y iii) la consolidación de garantías para que la ciudadanía logre obtener acceso a la justicia de manera efectiva, atendiendo sus necesidades básicas de justicia, contrarrestando el escalamiento de conflictos y disminuyendo las barreras de acceso a la justicia prolongadas históricamente en esos territorios (Ministerio de Justicia, 2016). Durante 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto y la Universidad de Antioquia, implementaron los SLJ en 13 municipios del país².

La implementación de los SLJ se desarrolló a través de un ejercicio formativo, con la finalidad de poner en funcionamiento la estrategia, para lo cual se vincularon al proceso representantes de la justicia ordinaria, la justicia administrativa, la administración municipal, la justicia comunitaria, la justicia propia, entre otras instancias (como la educativa). El desarrollo de esta estrategia, junto a la participación de diversos agentes en los territorios, orientó el propósito de la investigación, la cual, dado el número de actores sociales que participaron en el proceso, se enfocó territorialmente en el departamento de Antioquia, situándose en los municipios de Amalfi, Dabeiba y Vegachí. El objetivo de este proceso investigativo tuvo como propósito la realización de un análisis exploratorio en los municipios seleccionados, el cual permitiera examinar las condiciones y proyecciones de la justicia local derivadas de la implementación del proceso formativo, igual que sus aportes para la consolidación de la ciudadanía para la paz. De igual forma, tuvo como objetivo determinar los alcances, retos y dificultades en torno a la implementación de los SLJ en las zonas abordadas.

Ante lo propuesto, este documento se desarrolla fundamentalmente en tres segmentos. El primero, enfocado en realizar la contextualización sobre los SLJ en perspectiva del acceso a la justicia, así como una aproximación teórica en torno a la ciudadanía para la paz, el postconflicto y la construcción de paz. El segundo aborda la metodología utilizada en la investigación, y el tercero desarrolla de manera comparativa y a modo de hallazgos, los avances, retos y dificultades que enfrentan los SLJ, realizando las respectivas conclusiones de los casos explorados.

Una aproximación a los Sistemas Locales de Justicia

Los Sistemas Locales de Justicia en perspectiva del acceso a la justicia en Colombia

Los SLJ se orientan a posibilitar el acceso a la justicia mediante el trabajo colaborativo entre los diversos operadores de justicia existentes a nivel municipal, y de estos con la dirigencia social (agentes sociales). Esto, con el propósito de brindar a la ciudadanía un acceso real y material a la administración de justicia, de tal forma que se impacten positiva y transformadoramente las conflictividades locales (PNUD y Ardila, 2017a, p. 17). Su ejecución es desarrollada en el escenario de la implementación de los acuerdos, orientados a responder a una serie de necesidades insatisfechas y a un conjunto de retos que el Estado colombiano ha enfrentado históricamente en torno a la construcción de paz en los territorios, toda vez que, de acuerdo con García Villegas et al.

(…) se ha caracterizado por haber dejado la mayor parte de su territorio, sobre todo de su territorio periférico, abandonado y a merced de poderes locales (clientelistas, guerrilleros, religiosos, latifundistas, etc.) que sometieron y han sometido a la población, devastado los recursos naturales, desacreditado las instituciones públicas y sus procedimientos, además de utilizar de manera inadecuada los recursos públicos. (2016, p. 13)

Ante ese panorama para el Estado, aunado a la implementación de los acuerdos de paz, y bajo la premisa de lograr una consolidación en aquellos territorios donde se ha caracterizado por estar ausente y, en este caso, para brindar garantías en torno al acceso a la justicia,

es imperativa la realización del diseño y la implementación de un sistema de justicia sólido, pues es una labor imprescindible en función de afianzar el Estado social y democrático de derecho en las regiones del país en las que este propósito no se ha logrado. (Villadiego y Lalinde, 2017, p. 13)

Frente a ello, el proyecto de los SLJ se erige como

(…) una estrategia que permite mayor garantía para el derecho de acceso a la justicia, enfocada en lograr que los/as ciudadanos/as que requieran tramitar un conflicto o reivindicar un derecho, encuentren una alternativa viable y satisfactoria para superar las situaciones negativas, mediante la institucionalidad existente en su localidad. (PNUD y Ardila, 2017b, p. 17)

Teniendo en cuenta esas lógicas, el proyecto de los SLJ centra su propósito en desarrollar diversos procedimientos de acceso a la justicia, tomando como referencia las deudas históricas y los retos del Estado frente a la construcción de paz territorial, puesto que el acceso a la justicia implica

(…) el derecho de toda persona o grupo de personas, sin discriminación alguna, a que existan mecanismos adecuados y sencillos del sistema de justicia para la resolución de necesidades jurídicas, y sobre las cuales se adopte una decisión mínimamente satisfactoria, oportuna y a la que se le dé cumplimiento. (Uprimny et al, 2014, p. 31)

Actualmente, existen barreras de acceso a la justicia (ver figura 1) que desincentivan a que la ciudadanía acuda a las instituciones para la gestión de sus conflictos, disminuyendo la confianza en el Estado como instancia apropiada para la gestión de las conflictividades sociales en el escenario local (Corporación Excelencia en la Justicia, 2016, p. 21). Ante esa serie de condiciones y situaciones, los SLJ se establecen como alternativa para brindar garantías en torno a la justicia en los territorios y se han concentrado en desarrollar una serie de procesos que permitan su instalación, consolidación y funcionamiento (fases del SLJ). Para ello, se ha implementado un conjunto fases, principios (ver figura 2) y enfoques (ver figura 3) que han permitido su despliegue en los territorios.

Es importante precisar que los SLJ dependen en gran medida del recurso humano que lo conforma. En este encontramos actores institucionales y comunitarios (que representan todo el conjunto de actores del SLJ), tales como operadores del sistema (ver figura 7) que a su vez se dividen en “i) operadores adjudicatarios (heterocompositivos y que aplican la justicia formal) y ii) operadores consensuales (autocompositivos y que aplican la justicia alternativa), así como instituciones y entidades de carácter estatal y comunitario” (PNUD y Ardila, 2017d, p. 15).

Por lo anterior, el desarrollo de esta estrategia implica que se cuente con un conjunto de factores (actores formados, acuerdos generados, acciones de coordinación y, en algunos casos, presupuesto) y diversas medidas para el tratamiento de conflictos y violencias (conflictividades identificadas, protocolos, rutas, acciones de pedagogía) en los territorios donde se han implementado. En consecuencia, las fases (ver figura 5) del proceso de implementación de los SLJ demarcan una simultaneidad en su aplicación, permitiendo que tanto los actores, y en general el SLJ, vaya tomando forma, contando con las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos orientadores de la estrategia.

Aproximaciones teóricas al postconflicto, la ciudadanía para la paz y la construcción de paz: una mirada sobre los SLJ

El postconflicto

En Colombia se han planteado diversos debates acerca del postconflicto como concepto. Es necesario presentar algunas precisiones por las cuales el término es adoptado en esta labor investigativa.

En primera instancia, es esencial reconocer el conflicto como término orientador para comprender el concepto de postconflicto. Así pues, el conflicto es posible caracterizarlo como lo plantea Fisas (1998), quien lo concibe como un “proceso interactivo que se desarrolla en un contexto determinado. Es una construcción social derivada de la creación humana, que puede ser positivo o negativo según como se aborde” (p. 29).

El conflicto, pues, contempla la posibilidad de ser conducido, transformado y superado, es decir, puede convertirse en paz, a partir de la intención de las partes implicadas, con o sin ayuda de terceros. Por esto, es posible abordar el conflicto desde su tratamiento, gestión y superación. Dicha condición deviene de múltiples enfoques, “desde la negociación con el adversario, hasta su destrucción; por tanto, la gestión óptima de un conflicto consiste el limitar su continuum a partir de su tratamiento, que no incluye la violencia física y la guerra” (Fisas, 1998, p. 30), posibilitando que sea conducido a una etapa de superación, condición que hace factible comprender este fenómeno en su fase posterior, es decir, como postconflicto.

Ahora bien, el tratamiento del conflicto posibilita el desarrollo de procesos de transición, transformación y de superación, lo que permite utilizar, para contextos como el colombiano, el término de postconflicto, entendiéndolo como la fase posterior a las etapas de resolución de los conflictos armados contemporáneos, enfocada en la construcción de paz (Banco Mundial, citado en Cárdenas, 2003, p. 20). Ante ello, París Albert (2005) posibilita comprender el término de “postconflicto” como una categoría pertinente, a través de la transformación de conflictos y mediante su regulación positiva, comprendiendo las situaciones conflictivas como momentos y procesos de aprendizaje, en las que prima la comunicación, el reconocimiento, el respeto, el empoderamiento, el diálogo y la empatía entre todos los agentes que participan.

La transformación de conflictos se establece como un mecanismo enfocado en la búsqueda de alternativas de regulación y la superación de este fenómeno, fundamentalmente a través del diálogo. En ese sentido, esta no es una acción sencilla, pues presupone la destinación de tiempos prolongados y la dedicación de todas las partes involucradas, por lo que este mecanismo no apela a la imposición, sino a la construcción conjunta, y es allí donde aumenta su complejidad y diversidad, en la medida en que asume todos los límites, el carácter imprevisible y la complejidad de análisis. No obstante, la transformación de conflictos se concentra en la capacidad y potencialidad transformadora de las personas y de la sociedad en su conjunto (París Albert, 2005, pp. 160-167).

Por lo anterior, es posible evidenciar las funcionalidades de los SLJ en contextos de postconflicto, ya que permiten no solo la transformación de conflictos condicionados por las dinámicas territoriales, sino que generan y consolidan las capacidades para enfrentar esas realidades. Esto último, con la finalidad de que el conflicto armado y sus conflictividades logren su transformación y sea posible la identificación de otras problemáticas sociales que puedan transformarse.

Ciudadanía para la paz

De acuerdo con Sassen (2003), la ciudadanía puede definirse como el “status relacional entre el individuo y el ordenamiento político, considerando que esta relación adopta numerosas formas, dependiendo en gran medida, de la definición y las condiciones del ordenamiento político” (p. 105). Esta a su vez está condicionada y moldeada por las dinámicas en las que está inmersa, donde puede sufrir múltiples transformaciones (categoría heurística –amplia–), en las que se puede comprender la noción de los derechos (económicos, sociales y políticos), la formación del individuo y su articulación territorial (esferas locales) con los cambios significativos de la era contemporánea (globalización, desregulación y privatización) (Sassen, 2016, p. 132).

Para el caso de los SLJ, la ciudadanía para la paz se considera como categoría pertinente de análisis, que se encuadra en lo que Uribe de Hincapié (1998) denomina como ciudadanía mestiza. Esta se define como la capacidad de resolver, en la práctica, la incapacidad del aparato público para promulgar regulaciones y normas eficaces para el territorio. En otras palabras, comprende la condición y el conjunto de competencias que adoptan diversos actores, desde la esfera social, para saldar distancias, desigualdades y asimetrías entre los fundamentos éticos y jurídicos del Estado y los órdenes societales y colectivos representados en los circuitos locales y regionales del territorio (Uribe de Hincapié, 1998, p. 20).

Por tanto, las ciudadanías mestizas se refieren a aquellos ejercicios que emanan desde los agentes sociales en los territorios, con la finalidad de establecer un conjunto de acciones y actividades orientadas a proporcionar condiciones óptimas respecto a ciertas necesidades. Debido a esto, se erigen como alternativas que responden desde la misma base social y territorial a las necesidades y problemáticas que se desarrollan desde lo local, y que no logran ser atendidas de manera efectiva desde la institucionalidad.

La ciudadanía para la paz atiende a esos presupuestos de las ciudadanías mestizas, sin embargo, su esencia está orientada a lograr transiciones y mantenimientos de entornos pacíficos. Es por ello que pretende afrontar las necesidades territoriales, producto del conflicto y la violencia a través de mecanismos para la construcción de paz, conjugando elementos societales y comunitarios que permitan llevar a cabo acciones para la promoción y el alcance de una cultura de paz desde lo local.

Desde el ámbito de los SLJ, la ciudadanía para la paz busca privilegiar acciones, mecanismos y actividades para el establecimiento de una cultura para la paz. Esta es concebida como la práctica que reúne una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones (ONU, 1998).

Por ello, los SLJ aplican la justicia restaurativa como principio transversal de la estrategia, orientando a los agentes del SLJ hacia el desarrollo de acciones que busquen la transformación, resolución y superación de conflictos que se presentan en las comunidades donde se llevan cabo. Estas acciones para la transformación de conflictos se enfocan en la pertinencia de los MARCs y de la justicia comunitaria (figura 6), toda vez que estas instancias se consideran elementos sustanciales y fundamentales para tratar las conflictividades y las distintas formas de violencia, estableciéndolas como acciones propias de una cultura de paz, desarrolladas por la ciudadanía.

Otra de las aristas fundamentales de los SLJ se centra en las capacidades que tengan los agentes de la estrategia para ponerla en funcionamiento. Por ello la formación ciudadana cobra relevancia desde un sentido operativo y estructural, para fundamentar la instalación, consolidación y funcionamiento del SLJ.

La formación ciudadana, para el caso de los SLJ, es posible abordarla partir de los presupuestos planteados por Hurtado y Naranjo (2003), quienes conciben la formación ciudadana a partir de dos escenarios:

El primero referido a la ciudadanía realmente conformada a partir de aquellos aprendizajes que el sujeto realiza en su permanente relación con la realidad, con los diferentes espacios desde los cuales se emiten los enunciados e interpretaciones que configuran la identidad política y el segundo, referido a los procesos de formación (…) donde se plantea una relación pedagógica que tiene como fin formar un cierto tipo de sujeto político. (p. 345)

A partir de lo anterior, es posible estimar que la formación ciudadana está enfocada en el conjunto de representaciones y prácticas, propuestas y desarrolladas dentro de una sociedad, con la intención de que las personas reconozcan y construyan estrategias de acción por medio de las cuales puedan incluirse y participar, hacer y rehacer sus lugares y presencias desde el plano de lo político a partir de un proceso pedagógico (Hurtado y Naranjo, 2003, p. 357).

En ese sentido, la formación ciudadana es una acción integradora, que implementa diversas acciones, desde un escenario pedagógico, hasta un escenario político y se consolida como macro-escenario que “integra y conecta lo político como reflexión y acción con la práctica de la pedagogía social, dirigida al logro de la expansión de la ciudadanía (…) para impulsar un cambio en las representaciones y prácticas de la ciudadanía que una sociedad tiene” (Hurtado y Naranjo, 2003, p. 358).

Ante lo expuesto, existe un interés central para que, en un contexto de postconflicto, la ciudadanía para la paz se establezca como condición para la instalación, consolidación y el funcionamiento que el proyecto sobre SLJ requiere.

Construcción de paz

Las acciones que incentivan a desarollar los SLJ en los territorios, están dirigidas hacia la consolidación de una cultura de paz. En esa vía, los SLJ se orientan a cumplir cierto tipo de estrategias, actividades y mecanismos que dan utilidad a ejercicios para la prevención, atención y tratamiento de conflictos y violencias.

Ahora bien, así como los SLJ, la construcción de paz no solo implica la posibilidad de contar con actores y mecanismos que contribuyan a su configuración y su desarrollo. Por un lado, los SLJ precisan de la coordinación, articulación e interrelación de actores y operadores de justicia (formal y alternativa, comunitaria o institucional) para la aplicación de sus actividades y la consecución de sus fines, en torno al acceso a la justicia y a la atención, resolución, tratamiento y atención de las conflictividades en los territorios.

Por otro lado, la construcción de paz, entendida como proceso dinámico, requiere de la puesta en marcha de dos asuntos centrales. El primero plantea el abordaje analítico del conflicto, entendido como una progresión que pasa por varias etapas y que puede superarse –postconflicto–; el segundo considera la construcción de la paz como un proceso constituido por una multiplicidad de roles, funciones y actividades interdependientes, que sitúan el objetivo de la construcción de la paz ante el desafío de posibilitar y mantener la transformación y el avance hacia relaciones reestructuradas, atravesadas por acciones pacíficas (Lederach, 2007, p. 105).

De esta manera, la construcción de paz se traduce en la activación y el desarrollo de medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles (Barbeito Thonon et al., 2007, p. 5), teniendo como pilares fundamentales a los agentes que hacen parte del proceso, y son quienes finalmente materializan el conjunto de finalidades planteadas por el proceso mismo. En consecuencia, la construcción de paz es una ruta multifacética y compleja que involucra diferentes actores, visiones, escenarios, situaciones, poderes y estructuras, y como proceso se constituye en medio de altibajos, crisis, consolidaciones parciales, avances y retrocesos; por tanto, la paz, como objetivo de la construcción de paz, no es un escenario que se alcanza y no admite retorno. De hecho, puede ser reversible, en tanto sus fronteras son móviles y su mantenimiento supone una determinada correlación de fuerzas que le dé sustento social y estatal a su funcionamiento y construcción (Sarti Castañeda, 2008, p. 4).

A la luz de esto, es factible determinar que, tanto los SLJ como la construcción paz son procesos que privilegian actividades, procedimientos y mecanismos encaminados a la atención, tratamiento y resolución de conflictos y violencias por medios pacíficos para la consolidación y la transición hacia contextos de postconflicto.

Metodología

En esta labor investigativa se utilizó el análisis de caso como metodología de investigación. Ante ella, Coase (1991) es enfático en advertir sobre la particularización y no la generalización en su aplicación, ya que es una metodología de análisis y observación profunda sobre situaciones específicas (p. 65). En ese sentido, esta metodología permite llevar a cabo una aproximación a los procesos y comportamientos desarrollados en contextos específicos que, de acuerdo con sus dinámicas, se consolidan como escenarios susceptibles de análisis.

Con la finalidad de lograr los propósitos de la investigación, se desarrolló una indagación documental de los casos particulares de cada municipio, utilizando los insumos dispuestos por el PNUD y la Universidad de Antioquia y, a su vez, se implementaron entrevistas semiestructuradas a los actores que participaron en el proceso de formación, por lo cual se entrevistaron a diferentes agentes de los diversos sectores representados en el ejercicio. Esto último permitió realizar el contraste comparativo, en función de determinar las proyecciones y conclusiones en torno a la justicia local de los casos abordados.

Alcances, retos y dificultades de los Sistemas Locales de Justicia: un análisis comparativo entre los casos de Amalfi, Dabeiba y Vegachí

La justicia local se refiere al conjunto de actores, elementos y mecanismos de la justicia que operan en lo territorial, es decir, de aquellos componentes (agentes y acciones) que conocen y responden a unas dinámicas (conflictos, problemáticas y violencias) situadas en el territorio, y en las que se cuenta con competencias para ocuparse de unas necesidades de justicia. Ahora bien, teniendo como referencia las condiciones de la justicia local (tabla 1), es necesario brindar mayor precisión sobre las dinámicas que la han configurado en los escenarios territoriales abordados, con la finalidad de obtener un panorama ilustrador sobre las condiciones en torno a la instalación, consolidación y funcionamiento de los SLJ.

Para ello, es necesario considerar dos variables, a saber: la primera, referente al impacto del conflicto armado en la población (ver figura 7), que permite aproximarse a la necesidad de implementar estrategias para la construcción de paz en el marco del postconflicto, y la segunda, sobre la situación de la justicia en estos municipios, que posibilita tener una lectura sobre las capacidades de los SLJ en estos contextos territoriales, en perspectiva de sus alcances, retos y dificultades (ver tabla 2).

Lo expuesto contempla una lectura diagnóstica para los SLJ, enfocada principalmente en los agentes de justicia de los territorios y sobre la idoneidad de implementar estrategias y mecanismos para el tratamiento de conflictividades. En ese sentido, los municipios cuentan con una considerable necesidad de atender las implicaciones de la construcción de paz a través de los SLJ. A partir de ello, se determinan dos puntos analíticos de interés. El primero está relacionado a las condiciones precarias, en términos de recursos físicos, financieros, humanos y de articulación, mientras que el segundo está concentrado en la idoneidad de la aplicación de los SLJ ante las condiciones que enfrenta la justicia local.

En cuanto a las condiciones físicas, financieras, humanas y de articulación, es notorio que en los municipios explorados se presenta una precarización al respecto. Aquello implica no solo la generación de dificultades para el óptimo funcionamiento de la justicia local, sino que evidencia las problemáticas estructurales del Sistema de Justicia en Colombia, en lo que corresponde a la territorialización de la justicia, enfocada en la atención de conflictividades desde lo local y las posibilidades de acceso para el tratamiento de conflictos.

Contemplando el panorama abordado, que configura y condiciona la operatividad de la justicia en lo local, los SLJ se plantean como estrategia idónea, de acuerdo con las condiciones que enfrenta la justicia en estos contextos. No obstante, se plantean ciertas limitaciones respecto a la composición, constitución y estructura con los que la justicia en la localidad se desarrolla en los territorios.

Un Sistema Local de Justicia influye e interviene sobre los agentes (actores y operadores) que hacen parte de la justicia local. Esto, con el propósito de desarrollar los mecanismos idóneos para que la justicia se dinamice y logre, mediante un trabajo articulado y colaborativo, la prestación de un servicio idóneo y efectivo en torno a la atención y tratamiento de las conflictividades locales.

No obstante, pese a que la estrategia no tiene injerencia sustancial en asuntos de índole presupuestal y de infraestructura, genera, de manera parcial, un grado de incidencia sobre estos componentes mediante la influencia que ejerce sobre los agentes que participan en la estrategia. Sin embargo, continúa manteniendo su principal eje de acción en torno a la generación de redes y articulaciones entre agentes, posibilitando que la justicia local funcione de manera colaborativa, relacional, articulada y articuladora. En ese sentido, es necesario realizar una exploración en torno a los componentes de la implementación de los SLJ, con el fin de determinar si se lograron cimentar las condiciones a partir de la cuales esta estrategia funcione, teniendo en cuenta el despliegue dinámico de sus actores.

La implementación de los SLJ en los contextos municipales

Las condiciones de la justicia local posibilitan entender los SLJ en dos sentidos. El primero, desde el punto de vista institucional-comunitario, y el segundo, desde el punto de vista operativo y funcional.

Como se ha mencionado, los SLJ pretenden lograr una articulación de carácter colaborativo entre los actores de justicia local. Por tanto, respecto a lo institucional-comunitario, el propósito de la estrategia se concentra en generar y promover mecanismos de trabajo en red, a través de los cuales los agentes de la justicia local apliquen acciones colaborativas frente a las necesidades de justicia.

Por otro lado, en lo operativo-funcional, los SLJ se orientan a la generación de acuerdos (rutas y protocolos) para que el tratamiento de los conflictos cuente con un conjunto de medidas y acciones articuladoras entre los distintos agentes que tienen responsabilidad y competencia sobre las conflictividades. Esto último, con la finalidad de que puedan tener una atención y transformación efectiva.

Para tales propósitos, los SLJ deben cumplir con ciertas fases de implementación (tabla 3), a través de las cuales se desarrollen satisfactoriamente en los territorios. Por ello, realizar una examinación de las fases del SLJ (ver tablas 4, 5 y 6) permite dar cuenta de las dificultades que este proyecto enfrentó en los municipios, así como de los retos para su funcionamiento. A partir de lo anterior, es posible determinar que el proceso de implementación de los SLJ en los municipios abordados, cuenta con un desarrollo medianamente favorable en torno a su puesta en marcha en los escenarios territoriales.

En cuanto a la fase de instalación, enfocada en la generación de capacidad instalada, en los municipios no solo se desarrolló la identificación de conflictividades de acuerdo con las dinámicas y problemáticas de los territorios, sino que se llevó a cabo un proceso de formación hacia los agentes del SLJ, en el que se abordaron temáticas como justicia local, los tipos de justicia, los conflictos y las violencias, la paz, los mecanismos de resolución de conflictos, entre otras. En principio, esto nos arroja un escenario positivo, en la medida en que la instalación del SLJ depende de esos factores humanos y de formación, los cuales se potencian mediante el reconocimiento de las utilidades del proyecto, aparte de la adquisición y afianzamiento de conocimientos específicos en torno a la justicia, el conflicto y la paz.

En relación con la fase de consolidación, enfocada específicamente en la generación de mecanismos para el tratamiento de las conflictividades (rutas y protocolos), es posible evidenciar que los municipios cuentan con la creación de marcos de acción en torno a las conflictividades priorizadas por los agentes del sistema. Respecto a esto último, se evidencian algunas particularidades a considerar. En primera instancia, la confluencia de la violencia intrafamiliar en los tres escenarios, como una conflictividad priorizada, identificándose como un núcleo conflictivo por el cual se derivan otras problemáticas en los municipios, ya que, como lo han determinado los actores y operadores de justicia:

Es en la familia donde se crean y recrean las distintas falencias que se reflejan en la sociedad y que, las personas que la integran, en especial, niños, niñas, adolescentes y mujeres, no solo sufren graves consecuencias producto del maltrato, la desatención, y la falta de principios al interior de los mismos, sino que, encuentran en el exterior de sus núcleos familiares propuestas y respuestas adversas que desenfilan y desvían sus ciclos de vida, restándoles oportunidades de desarrollo por un lado y por otro, no se encuentran con un sistema institucional (sea de justicia, de asistencia, etc.) que acompañe y oriente su situación y que pueda contribuir a la solución de esas condiciones problemáticas. (Operador heterocompositivo 1, comunicación personal, 25 de junio de 2019)

En segunda instancia, existe un conjunto conflictividades diferenciadas en correspondencia con el enfoque territorial de los SLJ, puesto que las conflictividades priorizadas, bien pueden presentar convergencia, es decir, establecer una correlación entre los municipios, como el caso de la violencia intrafamiliar, o en su defecto pueden diferenciarse, de acuerdo con las dinámicas que se desarrollen en los territorios.

En esta vía de análisis, la segunda fase de implementación de los SLJ permite entender que los contextos territoriales cuentan con los mecanismos propicios (priorización de conflictividades, rutas y protocolos) para el tratamiento de sus conflictividades, por lo cual el panorama de implementación aún sigue siendo favorable, en vista de la generación de bases para que los SLJ funcionen.

No obstante, en lo que se refiere a la fase de funcionamiento de los SLJ, concentrada en la puesta en marcha del sistema a partir del desarrollo efectivo de medidas (mecanismos, acuerdos), se encuentra que en los contextos analizados, si bien se presentan algunas acciones enfocadas en garantizar la operatividad de la estrategia, se evidencian falencias considerables que entorpecen la sostenibilidad de la misma. Ejemplo de ello son los casos de los municipios de Amalfi y Dabeiba, que cuentan con medidas de carácter político-jurídico, en tanto figuran acciones de política pública en torno al acceso a la justicia mediante los SLJ. Estas medidas brindan un soporte operativo para el funcionamiento de la estrategia, debido a sus utilidades en términos de acceso a la justicia, construcción de paz y del tratamiento de conflictividades en el escenario territorial, tanto en el contexto urbano como en el rural.

De esta manera, contar con la aplicación de mecanismos de respaldo político-jurídico puede considerarse como acción necesaria para el desarrollo de los mismos. No obstante, tales mecanismos resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de la estrategia en los territorios. Ello, debido a que las políticas públicas funcionan como mecanismos prescriptivos y orientadores, pero precisan de la dinamización de las voluntades y de la capacidad de agencia de los involucrados en la estrategia, que permitan no solo la activación del proyecto, sino que posibiliten su puesta en marcha, en términos de perdurabilidad y sostenibilidad.

En función de esto, se encuentra que en los municipios analizados no se evidenciaron acciones de reactivación de los SLJ, posterior a la aplicación del ejercicio formativo. Por tanto, no se registra el desarrollo de los comités locales de justicia (que figuran como instancias de coordinación y dinamización de los SLJ). A su vez, no se cuenta con la determinación de los mecanismos de seguimiento y evaluación para la implementación del proyecto, aunado a la deficiencia de ejercicios de articulación (entre actores y operadores) para el trabajo colaborativo, en correspondencia con los acuerdos generados por los agentes del sistema.

Lo anterior no solo arroja un panorama y un conjunto de escenarios defectuosos para la estrategia, sino que evidencia el desarrollo de acciones poco sólidas para la misma. Esto es, debido a que los componentes y factores necesarios para su operatividad presentan estimables inconsistencias, entre ellas, las condiciones para el funcionamiento de la justicia local, que como se precisó, presentan dificultades considerables, y la capacidad insuficiente de los agentes (un recurso humano, consciente, capacitado y con voluntad) para brindar dinamismo a lo validado y lo construido en el proceso de instalación y consolidación de los SLJ.

Considerando lo anterior, en función de las dificultades y los retos, se analiza la estrategia a partir de cuatro elementos: i) la operatividad de los SLJ, ii) su funcionalidad, iii) la proyección de paz y la construcción de paz mediante la formación ciudadana y iv) el contexto de postconflicto, considerando ciertos factores condicionantes del proyecto.

Operatividad

Este elemento analítico responde a las condiciones mediante las cuales ha operado la justicia en los territorios, posterior a la instalación de los SLJ. En estos se evidencia que la administración de justicia, en sus múltiples instancias (institucionales y comunitarias), presenta notables falencias para la efectiva atención de las conflictividades territoriales.

En ese sentido, los operadores y actores de la justicia han presentado obstáculos sustanciales para el funcionamiento efectivo de los SLJ, teniendo en cuenta los diversos inconvenientes de carácter infraestructural, presupuestal, de recursos humanos y de articulación de la justicia en los territorios. Por lo tanto, se evidencian amplios desincentivos para la operatividad de la justicia en lo local, principalmente en lo referente a la sobrecarga con la que los agentes de la justicia formal han operado, dado el déficit de actores y acciones que faciliten la articulación con los operadores alternativos en los territorios. Esto es, puesto que las conflictividades que se atienden en la justicia formal (tal como puntualizaron los actores heterocompositivos entrevistados) pudieron resolverse o tratarse a través de justicia alternativa y comunitaria. Sin embargo, aunque se adelantan interacciones ocasionales con algunos agentes alternativos (incluso antes de los SLJ), consideran que lo pautado por los SLJ en sus territorios no ha tenido utilidad y funcionamiento, debido a que no existe un eje dinamizador y articulador, con el cual el trabajo entre agentes comunitarios e institucionales se realice de manera colaborativa.

Funcionalidad

Una de las principales causas por las cuales los SLJ no han desarrollado un funcionamiento efectivo, responde a lo que, según los actores y operadores de la justicia local, consideran como la ausencia e inoperancia de una instancia o agente que impulse el proceso de los SLJ en su contexto, pues como precisan:

Para que el sistema funcione en el municipio, se necesita de alguien que nos convoque, que nos mueva, porque nosotros si bien estuvimos en el proceso de formación, también tenemos otras obligaciones que cumplir y no nos queda la disponibilidad para mover al sistema en general. Cuando estaban con nosotros los auxiliares de acceso a la justicia, nos dábamos cuenta que el SLJ podría funcionar, pero con su ausencia, mucho de ese proceso que se generó no ha tenido continuidad y en definitiva, necesitamos de alguien que nos convoque, que nos articule, porque es muy complejo hacerlo desde nuestras distintas ocupaciones, ya que todos están en sus asuntos, a tal punto que se manejan los procesos de manera individual. (Operadora autocompositiva 1, comunicación personal, 25 de junio de 2019)

Sin embargo, aunque esas deficiencias en torno al funcionamiento de los SLJ en los territorios responden a factores propios de las dinámicas internas de la justicia en lo local, estas no son las únicas razones para que dicha propuesta no funcione de manera efectiva.

Tal como lo destaca la Escuela de Justicia Comunitaria (institución que ha asesorado y realizado seguimiento de los procesos de implementación de los SLJ), el funcionamiento efectivo de los sistemas no solo recae y/o depende de unas condiciones mediante las cuales se dinamice la justicia en lo local, sino también de ciertas condiciones estructurales del proyecto. Eso último, a partir de las determinaciones de las instituciones promotoras y cofinanciadoras de los mismos, como los agentes de cooperación internacional y algunos nacionales, ya que:

Las distintas instituciones que acompañan los procesos de justicia en los territorios, no tienen una dedicación y destinación orgánica, es decir, sostenida en el tiempo, para acompañar de manera suficiente a estos proyectos que son de carácter local y territorial. Es por esto, que otra de las dificultades o falencias con las que cuentan este tipo de procesos, es que las instituciones que dirigen y ejecutan los mismos, se concentran en que sus apuestas sean temporales y transitorias, por tanto, cuando las instituciones finalizan o culminan la implementación de estos procesos en los territorios, muchos de estos no tienen continuidad. (Escuela de Justicia Comunitaria, comunicación personal, 2019)

A partir de lo expuesto, es posible determinar que la funcionalidad del SLJ no depende solo de factores locales, tales como los operadores y actores territoriales del sistema, sino que esta estrategia también responde y depende de asuntos estructurales, donde las instituciones de orden nacional e internacional tienen una considerable influencia. Esta última, en términos de generar las mejores condiciones posibles para que desde éstas se cuente con una apuesta orgánica y sostenible, que permita el acompañamiento de estos proyectos en los territorios.

Proyección y construcción de paz

Construir y educar para la paz, como lo precisa Fisas (1998), consiste en educar sobre el conflicto, puesto que la paz no es otra cosa que la “fase superior de los conflictos”, es decir, el escenario en el que los conflictos son transformados por las personas y por las comunidades de forma positiva, creativa y no violenta (Galtung, como se citó en Fisas, 1998, p. 4).

Ante ello, tenemos que el proceso formativo de los SLJ permitió la identificación y diferenciación de tipos de conflictos, violencias y problemáticas en los territorios. Así mismo, posibilitó la adquisición, el afianzamiento y fortalecimiento de conocimientos y mecanismos para el tratamiento de las conflictividades en los municipios.

En ese sentido, los SLJ se establecieron como mecanismos que permitieron el desarrollo y la consolidación de agentes encaminados a la construcción de paz en sus territorios, configurándose como procesos de formación ciudadana para la paz. No obstante, esta consolidación formativa de los agentes fue insuficiente, tanto por los alcances limitados del proyecto, como por las dificultades y adversidades de la justicia local en los municipios.

Pese a ello, los SLJ como proceso formativo, posibilitaron la puesta en marcha de acciones colaborativos inmediatas en función de la ciudadanía para la paz, proporcionando espacios para el aprendizaje conjunto, así como para el encuentro articulador entre los actores y operadores de la justicia en sus distintos niveles:

El proceso de los sistemas locales, sobre todo la formación que se recibió, fue muy valiosa, porque permitió que muchas personas encontraran el espacio y los momentos para relacionarse los unos con los otros; brindó la oportunidad para que aquellos que realizan procesos de atención desde los barrios y las veredas se juntaran con las instituciones de la justicia que para ellos están y perciben como muy alejadas, como las inspecciones, las comisarías o los juzgados. Así que, lo que nos permitió el sistema fue entablar lazos para el trabajo en conjunto y no trabajar de manera individual o apartada desde nuestros quehaceres. (Operadora autocompositiva 2, comunicación personal, 25 de junio de 2019)

Así mismo, producto de los espacios de encuentro en los cuales se generaron lazos entre los actores y operadores de la justicia, se facilitó la sinergia entre actores que fueron antagónicos en un contexto de conflicto armado, y que generaron afectaciones e impactos de carácter negativo en el tejido social del territorio:

Aquí los sistemas locales, no solo nos sirvieron como una oportunidad de capacitación y de formación para la comunidad y las instituciones, sino también como espacios para la reconciliación y el trabajo conjunto sin prejuicios. Era muy motivador ver como excombatientes, que habían sido victimarios, trabajaban unidos con las víctimas que el conflicto nos ha dejado, pero también que trabajaban con instituciones del Estado, que en su momento estaban en pugna con los grupos armados, hoy desmovilizados, y que pueden, mediante la estrategia de los SLJ, no solo trabajar en conjunto, sino también ayudarse mutuamente y de manera colaborativa con las instituciones de justicia, para reconocer las mejores maneras para hacer llegar la justicia a esas zonas difíciles y para resolver los conflictos de la mejor manera. (Operador heterocompositivo 1, comunicación personal, 26 de junio de 2019)

Ante lo expuesto, los SLJ, en función de la proyección y construcción de paz en los territorios, se establecen como una propuesta idónea y pragmática en torno a la ciudadanía para la paz, pues propicia la congregación de actores y operadores para el trabajo en conjunto alrededor de la construcción de contextos más pacíficos. De igual forma, se establecen como una oportunidad para que la ciudadanía, desde sus experiencias y márgenes de actuación, pueda influir e incidir en transformar sus contextos mediante acciones de paz concretas.

Contexto de postconflicto

Los SLJ están enfocados en proporcionar ciertas condiciones y elementos estratégicos para que, en aquellos contextos mayormente afectados por el conflicto armado interno, actores como el Estado en su nivel local y agentes comunitarios (que habitualmente han funcionado como soportes de justicia social) trabajen de manera colaborativa y articulada, permitiendo, entre otros aspectos, el acceso a servicios fundamentales para la ciudadanía, tales como el acceso a la justicia y la construcción de una paz estable y duradera (la impronta de los acuerdos). En el marco del postconflicto, la estrategia de los SLJ, aparte de precisar de ciertos componentes para su despliegue, se encuentra con situaciones que, si bien no son controlables mediante la aplicación de este mecanismo, sí condicionan algunas apuestas para su implementación.

Desde el punto de vista nacional, los SLJ aún son carentes de un respaldo institucional de manera concreta, debido a que dependen de las acciones de los gobiernos en curso. En otras palabras, no se han consolidado como una política de Estado, mediante la cual se respalde la estrategia como mecanismos a implementarse de manera consistente en los territorios y, pese a que existe en algunos municipios (caso Amalfi y Dabeiba) un respaldo de carácter jurídico-político para la continuidad de esta estrategia, las voluntades que se tejen y se construyen alrededor de la aplicación de la misma, son las que finalmente resultan determinantes y preponderantes para su operatividad y funcionamiento.

En cuanto al escenario local-territorial, existen otras dinámicas que interfieren en la operatividad y el funcionamiento de los SLJ. Los municipios de análisis comparten de manera diferenciada algunas situaciones problemáticas respecto a los efectos del postconflicto.

Una de esas problemáticas es el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales a nivel nacional posterior a los acuerdos (desde 2016), situación que ha generado la configuración un ambiente negativo para la actuación de líderes y lideresas sociales (fundamentales para los SLJ). Así mismo, esto ha tenido un impacto en las acciones de estos agentes sociales y comunitarios, consolidándose como un asunto restrictivo para los liderazgos territoriales. Por ello, los operadores y actores comunitarios han considerado que esta situación coarta su participación en general (sobre todo en estrategias como los SLJ), principalmente por el temor constante con el que conviven en sus territorios, aunado a la presencia de actores armados³. De tal forma, se consolida como elemento condicionante frente a la actuación de los agentes que dinamizan la justicia en los municipios.

Esta serie de dinámicas, tales como la ausencia de elementos que respalden de manera sólida la aplicación y funcionamiento de ciertas medidas (como los SLJ), junto con la presencia de actores armados que ejercen control territorial (con especial énfasis en la ruralidad) y que configuran en múltiples ocasiones las dinámicas económicas de los municipios (como el control y el expendio de sustancias psicoactivas), ha generado múltiples restricciones para que las instituciones locales y comunitarias, en función del afianzamiento y la construcción de paz en los territorios, actúen con serias limitaciones frente a diversos procesos, mecanismos y estrategias. Es por esto que diversos actores y operadores de los SLJ, observan este panorama como un ambiente de “tensa calma”, precisando que:

Los aportes del proceso de paz no se pueden desconocer, hay muchas condiciones que han mejorado después de la firma de los acuerdos con las FARC, muchas de las situaciones de terror que nos tocó vivir y sufrir, hoy no tienen lugar en nuestros territorios; pero eso también ha generado que por ejemplo, que otros grupos armados, con otros intereses, muchas veces económicos, tengan presencia en nuestras tierras. Eso genera muchas alertas para todos y restringe no sólo a los líderes/as que corren riesgos por sus vidas, sino también a los funcionarios, ya que como el control muchas veces lo tienen esos grupos, incluso para dar justicia, es imposible que nosotros podamos cambiar esas condiciones y mejorar muchas cosas desde nuestros quehaceres. Por eso es que es muy difícil lograr la paz, pero todos esos procesos como los SLJ, nos sirven para despertar y por lo menos para dar algunas respuestas desde lo que podemos hacer. (Operador heterocompositivo 2, comunicación personal, 26 de junio de 2019).

Lo que genera este tipo de condiciones es la materialización de ciertos inconvenientes en dos vías: por un lado, para los propósitos del postconflicto, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, ya que este proceso requiere de múltiples factores, entre políticos, institucionales, territoriales y comunitarios; y por otro, para los SLJ en específico, porque de acuerdo con los fines que esta estrategia persigue se encuentra, en múltiples ocasiones, con obstáculos, incertidumbres y procesos adversos que se traducen en componentes y dinámicas restrictivas para que este tipo de mecanismos lleguen a ser funcionales y enfocados en tratar de mejorar las condiciones mediante las cuales la ciudadanía acceda a sus derechos, como el acceso a la justicia.

Consideraciones finales

La estrategia de los SLJ ha respondido a una serie de dinámicas históricas, territoriales y locales, que persiguen, mediante su implementación en los territorios, la articulación entre los distintos agentes de la justicia local, para lograr que la ciudadanía cuente con mecanismos para la gestión de sus conflictividades.

La implementación de esta estrategia en zonas más afectadas por el conflicto en Colombia, evidencia la serie de inconvenientes que estos proyectos tienen en los territorios. Sin embargo, pese a que esta estrategia ha presentado considerables dificultades en su aplicación, sus aportes para la construcción de paz, la ciudadanía para la paz y la justicia local son, aunque limitados, significativos.

En los tres escenarios territoriales abordados, es notorio que existen múltiples intenciones en torno a su implementación. Sin embargo, esta se ha desarrollado de manera diferenciada, dados los factores que intervienen en el funcionamiento de la misma.

En primera instancia, lo que es posible determinar mediante este ejercicio de investigación, es que los Sistemas Locales de Justicia, a través de la prioridad que brindan a la ciudadanía, tienen considerables impactos positivos sobre esta, pues propician espacios y momentos para que los distintos operadores y actores de la justicia local se encuentren y se reconozcan. Adicional a esto, posibilita que un conjunto de ciudadanos/as fortalezcan y reafirmen sus acciones en función de la paz y la construcción de paz. En ese sentido, los SLJ se establecen como una herramienta que permite consolidar una ciudadanía para la paz, enfocada en la construcción de entornos pacíficos mediante la transformación positiva de conflictos, a través de acciones colaborativas, para que las conflictividades en sus contextos encuentren mecanismos para su gestión, resolución o prevención.

Sin embargo, aunque algunas condiciones se han brindado para que los SLJ se implementen en los territorios, la serie de obstáculos que estos presentan, desincentivan el dinamismo de la ciudadanía que participa de esta estrategia para que se desarrolle y funcione de manera efectiva. No obstante, es notorio que los agentes que hacen parte de los SLJ, aunque recibieron herramientas necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo e identifican las utilidades del proyecto en función de la construcción de paz y el acceso a la justicia, no se reconocen y autoperciben como individuos con capacidad de agencia para activar y movilizar la estrategia de la manera como ha sido proyectada en los territorios, esto es, que opere de manera dinámica, articulada y colaborativa.

Lo anterior genera una ruptura en el proceso de funcionamiento de los SLJ en los territorios, y conlleva a una obstrucción de los procesos de formación ciudadana que promueven la reflexión y la acción, a través del dinamismo y la conciencia que adquieren los ciudadanos y las ciudadanas como agentes políticos.

En esa misma vía, es posible señalar que los SLJ no solo operan a partir de las voluntades y el dinamismo del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que en él participan. De acuerdo con lo expuesto, dependen de otras aristas, dinámicas e instancias. Por tanto, en estos escenarios, donde la apuesta por la construcción de paz es una prioridad, se evidencia que tanto los propósitos del postconflicto como las finalidades de los SLJ, son atravesados por un conjunto de factores que han incidido en el desarrollo de estas estrategias en los escenarios locales.

Por un lado, se encuentra que la continuidad en la aplicación de este tipo de procesos tiende a ser de carácter transitorio y temporal, y si bien son implementados por el Estado y los organismos de cooperación internacional, las maneras mediante las cuales se desarrollan continúan reproduciendo, en estos contextos, dinámicas históricas y sensaciones como la desatención y el desamparo institucional por parte de la ciudadanía. A su vez, esto sustenta y refuerza la percepción de desagrado e insatisfacción constante por este tipo de instituciones, principalmente las que corresponden al Estado.

Ello ocurre, en tanto este tipo de estrategias no cuentan con un respaldo institucional sólido y orgánico, es decir, sostenido en el tiempo, y se convierten en asuntos circunstanciales y eventuales en su desarrollo. Por lo anterior, en esos territorios se carece de un respaldo y acompañamiento consistente, lo que se convierte en un desincentivo para el conjunto de agentes que hacen funcionar al SLJ.

Por otro lado, se encuentran ciertas inconveniencias respecto a las dinámicas que ocurren en la oferta de la justicia formal en los escenarios locales. Lo anterior, en vista de las condiciones con las que ha operado la justicia institucional, se presentan considerables falencias que restringen la satisfacción de necesidades jurídicas y se convierten en obstáculos considerables, interfiriendo en la funcionalidad de los SLJ. Esto es, puesto que uno de los sectores necesarios para el proyecto (como la justicia formal, suministrada por el Estado) padece en lo local las inconsistencias del sistema de justicia en general, lo cual afecta de manera considerable la aplicación de estas estrategias de justicia en lo local.

Aunado a ello, la presencia de actores armados, que con distintas finalidades operan y llegan a controlar algunas zonas de los territorios, se define como otro de los asuntos que interfieren en la operatividad de los SLJ. La existencia de esta serie de dinámicas en los escenarios locales, disuade las intenciones de los actores y operadores del sistema, así como transgrede las funcionalidades del proyecto, pues atenta contra los procesos de liderazgo en lo social y lo local, a la vez que produce que la estrategia carezca del dinamismo ciudadano, un elemento escencial para impulsar la articulación y el trabajo colaborativo, en función de las prácticas comunitarias, locales y territoriales.

Finalmente, es posible reconocer que los SLJ son una estrategia con aportes considerables para la ciudadanía y la construcción de paz, además de establecerse como un mecanismo de formación ciudadana pertinente relativo al postconflicto en los territorios. Y aunque responden a varios elementos tanto exógenos como endógenos que posibilitan y dificultan su funcionamiento en los distintos escenarios, estos permiten desarrollar maneras, caminos y alternativas que articulan a las instituciones y a la ciudadanía para afrontar los distintos retos que enfrentan los territorios más afectados por el conflicto en Colombia dentro de lo local. Esto, en términos de acceso a la justicia, de construcción de paz y de ciudadanía, lo cual abre opciones para la superación y el tratamiento de los conflictos con una fuerte incidencia en lo social, lo comunitario y lo institucional.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica

¹ Contexto: los SLJ fueron proyectados desde 2002 a través del Sistema Nacional de Justicia. Entre 2002 y 2010 el proyecto se concentró en su inclusión dentro de los planes de desarrollo gubernamentales. Durante 2011 se crean los lineamientos de los SLJ como política. En 2012 se desarrolló la primera fase de su implementación en 29 municipios de Colombia, desarrollándose la segunda en 2016, a través de agentes de Cooperación Internacional como Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Naciones Unidas y la Unión Europea.

² Amalfi, Dabeiba, Vegachí y Remedios en Antioquia; Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras y Lejanías en el Meta; San José del Guaviare en el Guaviare y en Convención, Teorama, Tibú y Sardinata en Norte de Santander.

³ El ELN, las autodefensas, el Clan del Golfo y grupos post-desmovilización en Amalfi. El Clan del Golfo, el ELN y bandas criminales en Dabeiba y el Clan del Golfo y el ELN en Vegachí.

Notas de autor

^aAutor de correspondencia. Correo electrónico: efrainbutroncanoles@gmail.com

Información adicional

Cómo citar este artículo: Butrón Canoles, E. (2021). Sistemas Locales de Justicia. Hacia la consolidación de la ciudadanía para la paz. Papel Político, 26. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo26.sljh

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