Genealogía de una utopía*

Genealogy of an Utopia

Papel Político, vol. 26, 2021

Pontificia Universidad Javeriana

Yannick Vanderborght a

Universidad Católica de Lovaina, Francia


Recibido: 03 Diciembre 2020

Aceptado: 26 Marzo 2021

Publicado: 30 Noviembre 2021

Resumen: La idea de la renta básica de ciudadanía no apareció de manera repentina en los últimos años. Esta se inscribe en una larga historia e inspira, después de mucho tiempo, a aquellas personas que reflexionan sobre los derechos sociales y sobre las formas más eficaces de hacer más justas nuestras sociedades.

Palabras clave:renta básica, capital de base, herencia común, seguridad económica.

Abstract: The idea of the basic income of citizenship did not appear suddenly in recent years. It is part of a long history and inspires, after a long time, those who reflect on social rights and on the most effective ways to make our societies fairer.

Keywords: basic income, basic capital, common heritage, economic security.

1796

Se afirma frecuentemente que la idea de procurarle a cada persona una renta universal e incondicional fue formulada por primera vez por el revolucionario norteamericano Thomas Paine (1737-1809) en su ensayo Agrarian Justice (1796). Esto es parcialmente cierto. En ese célebre panfleto, Paine defiende en realidad la implementación de aquello que más tarde será denominado un “capital de base”, es decir, una suma sustancial concedida a todos los jóvenes de 21 años. Según Paine, esta suma debería compensar la falta de acceso a la tierra que se imponía en un régimen generalizado de propiedad privada, y que castigaba fuertemente a las nuevas generaciones. Financiado por un sistema de impuestos inmobiliarios, el capital de base se proponía materializar la idea antigua de una herencia común de la tierra, de la cual cada persona es en parte propietaria. Para Paine este capital de base debería ser combinado con una pensión universal otorgada a todas las personas mayores de 50 años.

Es en una respuesta ofrecida a Paine, publicada en 1797 por el activista inglés Thomas Spence (1750-1814) bajo el título TheRight of Infants, en donde es posible encontrar la primera propuesta de una renta básica concedida a cada persona a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Más que un modesto capital de base, Spence defendía la entrega periódica de una suma generosa que le permitiera a cada ciudadano cubrir sus necesidades. Este dividendo, que se justificaba también como un derecho imprescriptible de cada ser humano a una parte de los recursos naturales, debería estimular la actividad económica local, manteniendo niveles adecuados de consumo.

Posteriormente, la propuesta surgiría regularmente en los debates sobre los sistemas de asistencia pública y, más tarde, en las discusiones sobre los modelos de seguridad social. Oponiéndose a la distinción entre “pobres con mérito” y “pobres sin mérito”, los defensores de la renta básica afirmarían y reiterarían la existencia de un derecho fundamental a las bases mínimas de la seguridad económica. Aunque es imposible analizar detalladamente esta historía en el marco del artículo, es importante mostrar algunos episodios destacables. Esto en tanto sirven para nutrir el intenso debate contemporáneo sobre la renta básica de ciudadanía.

Bruselas, 1848: el dividendo territorial de Joseph Charlier

Aunque Thomas Spence puede ser considerado como el primer pensador que publicó un documento que argumentaba la instauración de una renta básica periódica, es importante mencionar que su propuesta se circunscribía al nivel municipal. Su idea defendía el derecho a la propiedad común de los recursos locales, de los cuales una parte debería ser distribuida a cada uno de los residentes bajo la forma de dividendo. Es posible encontrar una intuición similar, medio siglo más tarde, en la obra del fourierista bruselense Joseph Charlier (1816-1896), titulada Solutiondu probléme social (1848). Allí se formula la primera propuesta de una renta universal establecida a nivel nacional para la joven nación belga. La obra de Charlier constituye un alegato detallado y ambicioso a favor de un verdadero “dividendo territorial”, pagado trimestralmente a todos los nacionales residentes del país, hombres y mujeres, adultos y niños. Este “dividendo” se financiaría por un sistema de retenciones sobre el valor de las propiedades privadas, fueran construcciones o terrenos.

Charlier afirmaba que la tierra es un patrimonio común, puesto a disposición de todas las personas para satisfacer sus necesidades. La apropiación privada de este patrimonio constituía, por lo tanto, una injusticia que podía ser corregida por la propiedad colectiva de la tierra. Como reformista, Charlier sugirió, sin embargo, pasar primero por un régimen en el que una parte de las tierras fueran expropiadas, pero compensando a sus propietarios. Esto, en un contexto en el que se deberían establecer fuertes impuestos sobre las herencias, con el fin de distribuir una renta como forma de dividendo para cada persona.

Los detalles técnicos del modelo imaginado por Charlier importan poco. El punto crucial consiste en afirmar que la renta básica es una forma de compensación por la apropiación privada de una herencia común, de la cual todas las personas son depositarias. Traído al contexto contemporáneo, esta justificación sigue siendo válida, y se encuentra presente en un gran número de trabajos académicos a favor de la renta básica. En ellos la noción de “herencia común” no se aplica únicamente a los recursos naturales, sino que se extiende a todo aquello que se ha heredado colectivamente: los saberes, las tecnologías, las innovaciones.

La noción de herencia común es también empleada para dar cuenta del carácter “social” de la producción, es decir, del hecho de que todo productor hace parte de una red compleja de interacciones con otros trabajadores, lo cual hace muy difícil identificar la contribución exacta de cada uno a la producción colectiva. En suma, una buena parte de nuestro ingreso individual, percibido bajo la forma de salarios o dividendos, es debida a esta herencia común, entendida en un sentido amplio, y por la cual no hemos realizado ningún esfuerzo personal medible. Es entonces legítimo que una parte de ese ingreso sea retenido y distribuido entre todas las personas bajo forma de dividendo universal.

Estados Unidos, 1960: una respuesta a la automatización de las tareas y a los defectos de la protección social

Bajo la estela de los fourieristas, un sector relativamente marginal del movimiento socialista mantendrá su interés en la idea de un dividendo universal. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el joven ingeniero británico y miembro del Partido Laborista Dennis Milner (1892-1954), publicó varias versiones de una pequeña obra titulada Scheme for a State Bonus (1918), en la cual reivindica la introducción de un “bono estatal”, es decir, de una renta universal entregada semanalmente a todos los ciudadanos del Reino Unido. Milner logra una gran difusión de su propuesta –gracias a la existencia de una efímera “State Bonus League”– e incluso consigue que su idea sea discutida oficialmente al interior del Partido Laborista en los años 1920-1921. Su idea fue rechazada, pero sería retomada frecuentemente por intelectuales cercanos al partido, en particular por el economista George D. H. Cole (1889-1959), quien fue el primero en utilizar la expresión que actualmente se emplea en inglés (basic income).

Sin embargo, tendría que pasar más de un siglo para que, después de la obra de Joseph Charlier, la idea de la renta básica saliera de los márgenes y se ubicara en el centro de debates intensos en los mundos académico y político. Será en Estados Unidos, en plena efervescencia de la década de 1960, donde la propuesta de la renta básica conocerá su primer momento cumbre. En términos generales, es posible identificar dos facetas del debate de la época, que se proyectan a las discusiones de la actualidad en los países industrializados.

Por una parte, las preocupaciones generadas por la automatización en cuanto a la inevitable pérdida de empleos. Especialmente, el influyente economista Robert Theobald defendió una desconexión entre el trabajo y el ingreso al proponer –sin detallar los aspectos prácticos– la introducción de una “seguridad económica de base”, bajo la forma de un giro anual de USD 1 000 para cada adulto y USD 600 para cada niño. Para Theobald, la principal justificación de la desconexión trabajo-ingreso era el número creciente de trabajadores que estarían directamente amenazados por la competencia con las máquinas. En ausencia de un ingreso garantizado, ellos estarían en riesgo de hundirse en la pobreza. En mayo de 1964, Theobald fue uno de los principales autores de un importante informe entregado al presidente Lyndon B. Johnson, que incluía recomendaciones explícitas en este sentido.

Meses antes, en el marco de su “discurso inaugural” del 8 de enero de 1964, el presidente Johnson había lanzado su famosa “guerra contra la pobreza” (War on poverty). Es en este contexto en donde puede comprenderse la segunda faceta del debate norteamericano de los años sesenta. Para muchos economistas de la época, los programas de lucha contra la pobreza eran ineficaces y generaban efectos perversos, entre los que sobresalía la trampa de la inactividad, que desestimulaba la generación de ingresos provenientes del trabajo.

En la derecha política, en el sector que hoy se denomina “neoliberal”, Milton Friedman (1912-2006) argumentó por una supresión de todos los programas y prescribió su reemplazo por un modesto ingreso garantizado que denominó “impuesto negativo”.

En la izquierda, entre los sectores que los norteamericanos denominan “liberales”, se arguyó por un ingreso-base sobre el que podrían mantenerse complementos monetarios ajustados a recursos y programas de aseguramiento. Entre los economistas “liberales” sobresalen James Tobin (1918-2002) y John Kenneth Galbraith (1908-2006). Mientras que el primero publicó durante la segunda mitad de la década de 1960 los primeros artículos técnicos destinados a hacer plausible la implementación de una renta básica de ciudadanía en Estados Unidos, el segundo multiplicó sus posturas favorables a esta idea en publicaciones altamente difundidas, entre las que sobresale su “best-seller” titulado The affluent Society (1969).

Ambos hicieron parte en 1972 de la campaña del candidato demócrata a la presidencia, George McGovern, a quien incitaron a incorporar una propuesta de renta básica (bautizada “demogrant”) de USD 1 000 por año en su programa electoral. En noviembre de 1972, McGovern fue derrotado por Richard Nixon, un adversario que no dudaría en denunciar la ingenuidad de los proyectos económicos de su contendor.

Alaska, 1982: un dividendo financiado por los recursos petroleros

Paradójicamente, la introducción en Alaska de la única renta básica de ciudadanía existente al día de hoy, se apoyó más de los argumentos de Paine, Spence y Charlier, que en aquellos esgrimidos durante la década de 1960 en Norteamérica. A mediados de la década de 1970 el gobernador de dicho Estado, el republicano Jay Hammond (1922-2005) introdujo la idea, según la cual los recursos petroleros del Estado eran un patrimonio común que debía beneficiar tanto a los residentes actuales como a las generaciones futuras. Pensando en estas últimas, Hammond creó un fondo soberano (el Alaska Permanent Found) que comenzó a invertir una parte de los impuestos sobre la explotación petrolera en los mercados financieros. Para los residentes, aquello representó un mecanismo de distribución de una fracción de las ganancias del fondo bajo la forma de dividendo anual. En 1982, una primera renta básica de USD 1 000 fue entregada a todos los residentes del Estado, norteamericanos y extranjeros. En adelante, cada año, en el mes de octubre, las personas residentes en Alaska han continuado percibiendo el dividendo, cuyo valor fluctúa en función de los rendimientos del fondo permanente. En 2015, el monto otorgado alcanzó un valor pico de USD 2 072, pero descendió a USD 1 100 en 2017.

En las memorias publicadas en 1994, Hammond muestra una concepción de la naturaleza como patrimonio común que recuerda a los pensadores de los siglos XVIII y XIX (que Hammond ignoraba). Al mismo tiempo, se distancia de toda forma de socialismo, asegurando que dicho patrimonio no debe ser colectivizado, pero sí distribuido directamente a los individuos. “El concepto de dividendo”, escribió, “está fundado en la Constitución de Alaska, que estipula que los recursos naturales de Alaska no son propiedad del Estado, sino de los ciudadanos de Alaska”.

¿Qué lecciones extraer de este episodio? Primero, nos invita a interrogarnos sobre las razones que permiten explicar que, sobre un total de más de 50 fondos soberanos existentes en el mundo, únicamente el de Alaska realiza el pago periódico de un dividendo. Una de las explicaciones reside sin duda en el hecho de que quienes gestionan esos fondos, estiman que los individuos no son los agentes más adecuados para hacer un buen uso de la riqueza proveniente de las inversiones, y que es más adecuado direccionar los recursos para el financiamiento de obras de infraestructura, servicios públicos o políticas macroeconómicas.

Segundo, permite darse cuenta de que una renta básica puede ser extremadamente popular, a pesar de su carácter incondicional. Muy pocas personas en Alaska denuncian el dividendo como una prima a la pereza o al parasitismo. Pocas exigen que los beneficiarios “inactivos” sean vigilados y obligados a ocuparse. Se observa, al contrario, un enorme consenso sobre el dividendo como un derecho legítimo a una fracción de la herencia común, que nada tiene que ver con la caridad o la asistencia.

Por último, es claro que su popularidad se asocia al hecho de que es financiada de manera exógena, o más exactamente, sin retenciones o impuestos sobre los ingresos laborales. En los países que no disponen de recursos naturales abundantes, los impuestos sobre los ingresos constituirán la principal fuente de financiamiento de la renta básica. Esto explica por qué allí la propuesta suscita escepticismo e incluso una franca oposición.

1974: ¿La renta básica de ciudadanía como realización de los derechos sociales?

El debate francófono comenzará tímidamente en los años setenta, principalmente por la perspectiva presentada en el libro Vaincre la pauvreté dans les pays riches, publicado en 1974 por el economista Lionel Stoléru (1937-2016). A inicios de la década de 1980, este debate se extiende gracias a ciertas personalidades vinculadas al joven partido ecologista belga “Ecolo”. Entre ellas se encuentra el filósofo Philippe van Parijs, quien se convertirá rápidamente en uno de sus principales referentes. En 1986, van Parijs reúne en la Universidad Católica de Lovaina a un conjunto de intelectuales europeos activamente comprometidos con la defensa de la renta básica. Allí deciden fundar una red internacional nombrada Basic Income European Network (BIEN). Entre ellos figuraba también el economista francés Yoland Bresson (1942-2014), quien para ese entonces defendía la instauración de una sociedad “pos-salarial”, en la cual cada quien tuviese derecho a un “ingreso de existencia”. Esta red, convertida en la Basic Income Earth Network en 2004, existe en la actualidad y organiza de manera regular grandes conferencias internacionales.

De manera muy sintomática, van Parijs había nombrado su propia propuesta como “asignación universal”, señalando su proximidad con otro derecho fundamental, el sufragio universal. Desde su óptica, compartida por muchas personas hoy, la analogía era más que semántica: si el sufragio universal fue la realización de una larga lucha por los derechos políticos, la asignación universal –estimaba Van Parijs– podría constituir el punto culminante de una larga lucha a favor de los derechos sociales.

Esta larga historia nos invita a relativizar el carácter innovador del debate contemporáneo sobre la renta básica de ciudadanía. Incluso, el argumento que asocia la automatización de las tareas y la necesidad de instaurar una garantía de ingreso desconectada del empleo, que hoy se escucha entre numerosos autores, así como entre emprendedores de Silicon Valley, es también relativamente antiguo.

Así mismo, las reflexiones sobre los efectos perversos de los mecanismos de asistencia social y sobre su reemplazo por un sistema de ingreso universal, muy presentes en la actualidad, encuentran antecedentes en la turbulenta Norteamérica de 1960. Además, es importante resaltar que en Estados Unidos existían defensores de la renta básica en todo el espectro político, aunque imaginando escenarios de implementación muy distintos. Esto, sin olvidar la gran dispersión de partidarios de esta idea en la Europa actual. Finalmente, es posible releer la derrota electoral sufrida por Benoit Hamon en Francia en 2017, a la luz del fracaso de Gierge McGovern en 1972: aunque ubicar la renta básica en el centro de un proyecto político parece particularmente audaz, también expone al candidato a las críticas de irrealismo y no ofrece ninguna garantía de éxito.

Por supuesto, tales comparaciones deben ser analizadas con la prudencia requerida, y no permiten derivar conclusiones definitivas sobre la pertinencia de tal o cual argumento, o sobre la validez de tal o cual propuesta. Sin embargo, permiten extraer lecciones útiles para identificar discusiones que se podrían enriquecer si se inscriben en una temporalidad más larga.

Notas

* Artículo de investigación científica. Artículo originalmente publicado en francés en Le nouveau magazine littéraire, Vol. Mai 28, 2018. En línea (2018) http://hdl.handle.net/2078.3/203135. Traducido por Andrés Felipe Mora Cortés.

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: yannick.vanderborght@usaintlouis.be

Información adicional

Cómo citar este artículo: Vanderborght, Yannick. (2021). Genealogía de una utopía. Papel Político, 26. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo26.gduu

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