Introducción: la ruta de intervención, un campo de investigación

La Política Antidrogas “Ruta Futuro” (2018) se planteó como una intervención integral para tratar el asunto de las drogas. El contexto que sustentó su emergencia estuvo relacionado con el alto índice nacional de consumo de sustancias, el fortalecimiento de una estructura económica y criminal que sustentaba un mercado de millonarios ingresos, el crecimiento exponencial del área sembrada en territorio (principalmente de coca y marihuana), para entonces, con un máximo histórico en 2017¹ y la creciente brecha socioeconómica en relación con las regiones en las que el narcotráfico tiene mayor incidencia. Ejemplo de ello fue el caso de la región Pacífico que, según informes oficiales, para el momento “continúa siendo considerada como la más afectada y con la mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca (65567 ha), lo que representa un 38% del total nacional en 2017” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2018, p. 41).

A partir de estas necesidades, en el documento de política, se establecieron cinco pilares fundamentales. 1. Reducir el consumo de drogas y su impacto, se propuso como una intervención en la que, frente a una mayor posibilidad de acceso y a la creciente oferta de sustancias en un mercado nacional ilícito, debe haber una especial atención a los grupos vulnerables al consumo y la adicción a estupefacientes. 2. Reducir la disponibilidad de la droga, este fue enfocado en realizar acciones contundentes para disminuir la presencia de cultivos ilícitos en las regiones, empezando por las zonas productivas, pasando por las de transformación y circulación, hasta las de mercado. En este apartado, se priorizó la reactivación de la fumigación aérea como principal estrategia para contrarrestar la expansión del cultivo. 3. Desarticular y afectar las estructuras criminales, este buscó contrarrestar la operación de las organizaciones criminales, con un especial control a las zonas marítimas (por las cuales circula la mayor cantidad de droga) y la identificación e intervención sobre las rutas estratégicas por las que se produce y transporta el producto al interior del país. 4. Afectar las economías y rentas criminales, este establece acciones desde un esfuerzo interinstitucional para afectar las distintas etapas del narcotráfico, en varios casos, ligados al contrabando de otros productos y el lavado de activos. Finalmente, 5. Generar las condiciones territoriales para impulsar las economías lícitas rurales y urbanas, que, en un marco de sostenibilidad ambiental, se establece como un pilar transversal para desvincular a la población rural de la problemática de las drogas, incidir en la política internacional desde la cooperación y establecer los parámetros de la fiscalización y regulación de ciertas sustancias.

La puesta en marcha de este proyecto de intervención en la agenda política del Gobierno Duque despertó múltiples cuestionamientos. Las tensiones políticas alrededor del direccionamiento que ha tenido el manejo de esta problemática, no se hicieron esperar, puesto que, lejos de ser una innovadora propuesta, “Ruta Futuro” estuvo plagada de discursos y acciones respecto al control sobre el consumo, la producción y la distribución relacionadas con viejas consignas e ideales que se han probado ineficaces.

Sin embargo, lejos de intentar establecer cuáles serían las formas “correctas” o “integrales” de hacerle frente a esta compleja problemática, este artículo se concentra en analizar cómo este tipo de política (que como lo mostraremos más adelante, tiene sus continuidades y rupturas), propia de una agenda antidrogas, diferencia a ciertos sujetos para intervenirlos. Para esto, se desarrollará la hipótesis de que este ejercicio es todo menos neutral, configurando materialidad y subjetividad en torno al consumo y producción de estupefacientes en el marco de relaciones de poder. Sobre todo, aquí interesa resaltar que la política antidrogas en Colombia se ha caracterizado por ser una alianza de cooperación internacional guiada por las directrices del norte global (principalmente en Estados Unidos), pero que ese mismo ejercicio, se reproduce en el contexto colombiano en relación con las geografías y poblaciones “periféricas”.

Así, las prácticas ligadas a los discursos que se manejan en la nueva política antidrogas establecen no solo direccionamientos gubernamentales frente a la problemática de las drogas, sino que también refuerzan ciertas ideas de sujetos y experiencias. Este ejercicio se hace, por una parte, con medidas punitivas, restrictivas y coercitivas, pero, otra muy importante, por medio de ideas y prácticas cotidianamente legitimadas y naturalizadas que son posibles en cierta estructura hegemónica.

Una lectura de la política desde la imbricación de raza, clase, género y sexualidad

La imbricación de clase, género, sexualidad y raza es una propuesta reflexiva intelectual, pero también un modelo de trabajo académico e investigativo. Se trata de un abordaje desde el que cada quien puede proporcionar lecturas críticas y complejas a problemáticas sociales particulares. Desde ahí, se parte de la premisa que, en cualquier problema que se quiera analizar e idealmente intervenir académica y políticamente, será pertinente y, valga decirlo, necesario para el ejercicio, localizar y problematizar esas categorías como constitutivas y nucleares de aquello que se estudie. Dicho esto, podemos pensar entonces que las categorías de clase, género, sexualidad y raza no solo son tal cosa; son herramientas de trabajo, y sobre todo perspectivas que pueden adquirir ciertos tonos e intenciones que tendrán que ver, irremediablemente, con los lugares de enunciación de quien investiga y las políticas —personales y colectivas— de cada persona investigadora.

Así las cosas, la imbricación en todo su conjunto tampoco puede ser vista como una fórmula que se aplica de la misma forma en todo escenario que se plantee hacerlo; se trata de un punto de partida, pero que implica unas lecturas claras de aquello que se entiende por cada una de las categorías que la constituye. Por esto, cuando se piensa la manera en la que estas categorías atraviesan la política antidrogas de la agenda gubernamental, se remite al contexto de producción (quiénes se piensan esta política y en respuesta a qué directrices) y a la manera en la que se configuran aquellos sujetos de intervención, cuyas múltiples experiencias son codificadas alrededor de distinciones en términos de raza/etnia, clase social, sexo/género y sexualidad.

A diferencia de la interseccionalidad, un enfoque de análisis que destaca la permanente relación entre raza, clase, género y sexualidad, la imbricación parte de la idea de que categorías como mujer, indígena, negro, pobre, homosexual no son diferencias dadas, sino efectos de un ejercicio diferenciador con una intención política en el marco de sistemas de opresión, tales como el racismo o el patriarcado. Así, la política antidrogas, en tanto se estructura en un marco de derechos (liberal), puede incluir o reconocer la existencia de estas diferencias, pero no necesariamente cuestionar las estructuras de opresión que las hacen existir y, por tanto, tender a reproducir determinadas relaciones de poder.

Así, la forma de ordenamiento y jerarquización que caracteriza la lógica que acompaña esta política encuentra sustento en la experiencia colonial, no solo en el proceso de la colonización americana, sino también en la lectura que hacen de ese orden las clases dominantes, aquellas que determinan la configuración del Estado nacional actual. Para esta afirmación, recordemos que esta figura política organizativa se configuró como el modelo imperante de organización y control social de la modernidad en el que, de manera general, un grupo social establece los lineamientos de clasificación. Así, el discurso ilustrado criollo neogranadino, sobre el que se consolida el proyecto nacional colombiano, está sustentado en la pureza de sangre, un imaginario cultural de blancura como eje fundante sobre el que se constituyó y se sigue constituyendo la subjetividad de los actores sociales (Castro-Gómez, 2010). En tanto la hegemonía cultural, que se establece desde la reproducción de un ideario, perdurable durante siglos, se ve materializado en una agenda política esencialmente distante de las realidades sociales y puesta a merced de las directrices externas.

Ahora, para analizar la manera en la que se realiza un ejercicio de diferenciación en una relación entre marcas identitarias y sistemas de opresión, se retoma, en primera medida, la categoría de raza/etnia. Además de entenderla como una construcción sociocultural no relacionada con configuraciones biológicas humanas, se entiende como herramienta de trabajo para la reflexión y la investigación sobre el poder; una práctica discursiva y material producto de la idea/ficción de raza (Arias y Restrepo, 2010). Dicha ficción, sin embargo, ha sido determinante en la manera en la que se clasifican las poblaciones, donde un grupo de estas son inferiorizadas, marginalizadas y dominadas en el marco del proyecto de la modernidad. La raza, como ejercicio taxonómico y de clasificación, es una amalgama conceptual vacía, pero macabra en su permanente naturalización. Y, aun así, es posible ver cómo es constitutiva de prácticamente la mayoría de las agendas políticas en el mundo. La caracterización entre particularidades culturales, por ejemplo, de los Estados multiculturales actuales también puede desempeñar el mismo rol de la clasificación racial (Grimson, 2011).

Como segunda categoría de análisis está el de clase. Este concepto tiene una clara herencia del marxismo como una forma de clasificación principalmente material. Posteriormente, su conceptualización se alimentará de nociones más representativas como estatus social, en las que, además de la materialidad, intervienen en su forma de clasificación, elementos sociales, políticos, simbólicos, etc. Sin embargo, para contextualizar esta categoría como una herramienta de análisis pertinente a la presente investigación, se retoma la propuesta de Aníbal Quijano (2014), que hace una historización muy rica de la categoría como producto intelectual del norte global. La propuesta de Quijano para problematizar la clase social como categoría consiste en tomar como punto de reflexión crítico la idea de la clasificación social. La “clase social” debe ser entendida, ante todo, como un fenómeno de clasificación histórica. Este ejercicio es todo menos arbitrario; está condicionado por el poder que un sujeto ha sido capaz de acumular o el poder que nunca ha podido ostentar, en oposición, y que, de modo consecuente, posiciona en un rol social, sexual, de género, raza, trabajo, producción y acumulación. Por esto, se vuelve prioritario pensar la clasificación social como un ejercicio de historización de la realidad social particular. Siempre pensando en el poder como elemento condicionante y articulador de la clasificación “de las gentes”, en términos de Quijano.

En general, la intervención estatal sobre la política antidrogas no solo se propone bajo la diferenciación realizada hacia estas poblaciones en términos de raza/etnia y clase, sino que también lo hace en términos de sexo/género y sexualidad. Con respecto a estas categorías, se aclara que se toma distancia de una concepción biologicista para entenderla en su complejidad en función, primero, de una relación material (división del trabajo, por ejemplo) y, segundo, de una representación social. En la misma línea, la heterosexualidad se retoma no como práctica sexual, sino como institución y régimen político que legitima unas formas de relacionamiento social sobre otras; un orden imperante con el que se puede legislar (Rich, 1998; Wittig, 2006).

Para la problematización, se toma como referente contextual, para el caso colombiano, el abordaje que hace sobre este régimen político el trabajo de Ochy Curiel, en su tesis “La nación heterosexual” (2013). En su argumentación, se establece que la familia se presenta como un eje fundamental y nuclear del proyecto estatal colombiano y esta se entiende como la unión de un hombre y una mujer con fines que, desde esta perspectiva de análisis, son predecibles: la acumulación de un patrimonio material y simbólico que conjugue con la sociedad del proyecto político nacional y la reproducción biológica. Se habla también de la protección a los derechos de la mujer para que estos no sean violentados mientras se encuentre, por ejemplo, en periodo de gestación y en lactancia. Esto implica algunas cosas: primero, que, si bien se busca exaltar el intento por proteger al sujeto mujer, ya hay una predisposición estructural de violencia simbólica y física a dicho sujeto, y, segundo, que los dos roles que debe desempeñar la mujer en el contexto colombiano son contraer matrimonio, desde una clave binaria y heterosexual, y estar presta a reproducirse (Curiel, 2013).

Aquí se parte de esencializar las capacidades reproductivas del sujeto mujer y se hacen de estas una obligatoriedad, un mandato para poder encajar. Es decir, heterosexual, blanca, madre y esposa. El género, por lo tanto, implica la diferenciación laboral, los roles sociales a ocupar y lo que se espera de cada uno de ellos para ser engranajes —funcionales— dentro de la maquinaria del Estado-nación. Finalmente, como veremos en el desarrollo de la argumentación alrededor de la política antidrogas, la idea de la familia como centro de protección estatal y la de la mujer como un sujeto vulnerable a priorizar e intervenir, se atraviesa, de manera permanente, legitimando el accionar del Estado frente al consumo y producción de estupefacientes en Colombia.

Al respecto, y antes de adentrarnos en nuestra apuesta metodológica, es importante aclarar que cuando hacemos referencia a la noción de sujeto, no hacemos referencia a “individuos”, sino a posiciones que se constituyen relacionalmente en un contexto dado (Restrepo, 2020). En tanto, ciertas posiciones, en uno o varios sistemas de opresión, están racializadas, enclasadas, engeneradas, entendemos la diferenciación como un proceso de subjetivación en el que se definen unas características y unos límites de las posiciones, incluso sus experiencias y deseos. Entonces, para el presente artículo, interesa indagar en la manera en que la Política Antidrogas “Ruta Futuro” realiza un ejercicio de diferenciación social (en términos de clase, raza, género y sexualidad). Todo esto, partiendo de que hay sujetos que se delimitan, clasifican e intervienen ligándose al “problema de las drogas en Colombia”.

Apuesta metodológica, referentes teóricos y posibles modelos de aplicación al análisis del discurso

Para empezar este breve apartado metodológico se retoma la reflexión de Stuart Hall (1997)² sobre la representación; cómo esta es producida inicialmente en el lenguaje, pero luego deviene práctica cultural apoyada en alguna construcción discursiva. El lenguaje, bajo este punto de vista, es fundamental en la producción de representaciones del mundo y sus características. Sin embargo, hay tres perspectivas bajo las que se puede interpretar su función frente a la producción y establecimiento de distintos sistemas de representación. Por un lado, una perspectiva reflexiva, en la que se supone que el lenguaje es un reflejo del significado del mundo que está “ahí afuera”.

Por otro lado, una perspectiva intencional, que implicaría que el lenguaje y su construcción de significado, por ejemplo, o construcción representacional, van a depender de las intenciones de quienes están emitiendo el mensaje. Finalmente, una perspectiva construccionista, en la que la representación y el significado se hacen por medio del lenguaje, pero el establecimiento de estos depende de la convención que se logre. Se puede pensar que la primera perspectiva se enfoca en lo contextual, la segunda en lo subjetivo y la tercera en la conjugación de las dos primeras junto con todas las dinámicas allí implicadas.

La última perspectiva, la construccionista, puede entenderse desde dos variantes; la semiótica-estructural, basada en la teoría del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure, y la semiótica, de Roland Barthes, y la discursiva, basada en el pensamiento de Michel Foucault. La perspectiva semiótica-estructural tiene usos particulares en el análisis complejo de estructuras lingüísticas o en trabajo de estudios visuales sobre signos, sus contextos y significados. Sin embargo, es la perspectiva discursiva la que es, en su mayoritaria, relevante para este trabajo, en la medida en que las consideraciones sobre biopoder³ y la negociación discursiva del poder entre agentes sociales es una perspectiva que sirve para pensar las representaciones producidas en el documento de la política antidrogas.

En la medida en que se aborda un documento escrito —un texto en su sentido más estricto—, como corpus principal para el análisis, fue necesario encontrar una forma no textualista de abordar el texto. Principalmente, al ser un texto, el reflejo primario es leerlo e interpretarlo. Aunque un primer abordaje se dio de esa forma, el reto consistió en encontrar herramientas teóricas y metodológicas que permitieran diseccionar el texto de una forma crítica y no textualista. Por ejemplo, no se tratará de un ejercicio de análisis de corpus como aquellos hechos desde la lingüística, en el que el texto se puede separar en partículas de distintas jerarquías y entonces organizarlo en tipos de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, etc.), tipos de oraciones (afirmaciones, negaciones, preguntas) y usos del habla (verdades, falacias, contradicciones, exageraciones, modificaciones, etc.).

Con base en lo anterior, se optó por sortear el problema de la siguiente forma. En la medida en que se trata de un documento escrito, basado en una argumentación hegemónica particular, se precisaba de alguna perspectiva de análisis discursivo. Uno de los primeros nombres que destaca en materia de análisis crítico del discurso es el de Teun Van Dijk (1999). De la lectura, se retoma el contexto general del análisis crítico del discurso, pero, precisamente, debido a su generalidad, se complementa con la reflexión y propuesta de trabajo de Ruth Wodak y Michael Meyer en su libro Métodos críticos de análisis del discurso (2001).

Por esto, fue posible ubicar que esta perspectiva parte de elaborar su argumento y método en las contribuciones de Van Dijk, pero vincula el trabajo a contextos específicos como el de la construcción de una política pública. Razón por la que serán las herramientas de análisis de Wodak y Meyer las que principalmente guiarán este análisis.

El análisis crítico del discurso desde el aporte de Teun Van Dijk

La teoría sobre el análisis del discurso de Van Dijk es de tipo arbóreo o jerárquico. Así, este se compone de distintos elementos que, desde sus posiciones, podrían permitir entender cómo se construye el discurso y cómo este puede tener efectos de uno u otro tipo en distintos grupos sociales. En general, la teoría se fundamenta en lo que el autor llama los mesoniveles (Van Dijk, 1999, p. 4), en los que se contiene la jerarquía conceptual mencionada. De acuerdo con lo anterior, los discursos pueden ser producidos y modificados en distintos macro o micro niveles que, a su vez, pueden ser entendidos como contextos. En los contextos se producen textos (discursos), pero al igual que hay macrocontextos donde se produce la información que deviene en discurso, también hay microcontextos en los que se hace difusión de esos textos o discursos: los medios de comunicación, por ejemplo. O microcontextos donde los discursos se leen, procesan, aceptan o rechazan.

Ahora, la efectividad en la transmisión-recepción por parte de las audiencias y aceptación de la información como verídica depende de la cercanía del medio con el contexto original donde se produjo el texto discursivo. Por lo que, según el autor, hay un “sentido común” (otro discurso) que se construye entre las audiencias receptoras de los discursos frente a qué medios son más o menos verídicos⁴. Entonces, los discursos pueden tener una influencia indirecta en la agencia (acciones y subjetividades) de la gente. Pero esto no es necesariamente cierto, ni certero, puede haber fracturas en todo el camino ramificado y arbóreo que, según Van Dijk, los discursos recorren. Es por esto que el poder es central en las consideraciones de Van Dijk sobre el discurso. Lo dicho en párrafos anteriores, hay herramientas con las que se puede deconstruir, pero tal vez localizar los discursos y las dinámicas de poder que habitan y configuran es lo central en la teorización lo que le da su carácter crítico al análisis. Además de adentrarse en las cuestiones de dominio, desigualdad, su reproducción o resistencia, el “análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social” (Van Dijk, 1999, p. 1). El análisis crítico del discurso de la política, en este sentido, refuerza metodológicamente la lectura desde la imbricación, en tanto reconoce la importancia de poner en evidencia la manera en la que la diferenciación opera en un sistema de opresión.

Modelo de análisis de política pública desde el A.C.D. Wodak y Meyer

Al contrastar las ideas de Wodak y Meyer (2001) con las de Van Dijk, es evidente que hay correspondencia. Sin embargo, hay unas diferencias teóricas y metodológicas importantes en la perspectiva de Wodak y Meyer, que explicaremos a continuación, pero que además son el modelo metodológico principal que se aplica a la política que se intenta analizar.

Para Wodak y Meyer hay tres aspectos que todo trabajo basado en el análisis crítico del discurso debería incorporar para hacer de este un mejor ejercicio: en primer lugar, establecer un enfoque histórico específico que encuadre la problemática a abordar. En segundo lugar, es importante localizar las estrategias discursivas detrás de los textos/discursos que ya fueron encuadrados y ubicados contextual e históricamente. En definitiva, una disección de corte lingüístico del lenguaje utilizado en el discurso y por medio de estrategias discursivas específicas⁵ es también una posibilidad de trabajo de análisis, pero en la medida en que en esta investigación no tiene una postura textualista/técnica frente al análisis del documento de política pública en cuestión, no se profundiza en ese tercer aspecto.

Hay una gran cantidad de conceptos en de lo que Wodak y Meyer (2001) llaman estrategias discursivas (p. 116), pero, por motivo de pertinencia con la investigación, nos centraremos en las llamadas “estrategias discursivas de argumentación” como herramientas principales para el análisis de la política antidrogas. Estas estrategias centradas en lo argumentativo son clasificadas en topoi (topos en singular) y su división depende del propósito y asidero semántico particular. Los topoi se pueden reunir y sintetizar a través de estrategias discursivas de argumentación y de condiciones, así:

1. Utilidad, ventajas. Condición: “Si una acción ubicada bajo un concreto y relevante punto de vista resulta útil, entonces uno debe realizarla” (p. 115).

2. Inutilidad, desventajas. Condición: “Si uno es capaz de prever que las consecuencias pronosticadas de una decisión no tendrán lugar, o si es más probable que otras acciones políticas conduzcan al objetivo declarado, la decisión debe rechazarse” (p. 116).

3. Definición, interpretación de los nombres. Condición: “Si una acción, una cosa o una persona (o grupo de personas) recibe el nombre o es designado (como) X, la acción, la cosa o la persona (o grupo de personas) posee o debería poseer las cualidades, los rasgos o los atributos contenidos en el significado (literal) de X” (p. 117).

4. Peligro y amenaza. Condición: “Si una acción o una decisión política implica concretas consecuencias peligrosas o amenazantes, no debemos emprenderla ni realizarla. O, dicho de otro modo, si existen peligros y amenazas concretas, debemos hacer algo que los contrarresten” (p. 117).

5. Humanitarismo. Condición: “Si una acción o una decisión política es (o no) compatible con los derechos humanos o con las convicciones y los valores humanitarios, debemos realizarla o tomarla (o no hacerlo)” (p. 117).

6. Justicia. Condición: “[…] se basa en el principio y en la exigencia de ‘iguales derechos para todos’” (p. 117).

7. Responsabilidad. Condición: “[…] dado que un Estado o un grupo de personas es responsable de la aparición de problemas específicos, dicho Estado o grupo de personas debe actuar para hallar soluciones a esos problemas” (p. 118).

8. Carga, lastrado. Condición: “Si una persona, una institución o un país se encuentran lastrados por problemas específicos, deberemos actuar para disminuir esas cargas” (p. 118).

9. Economía. Condición: “Si una situación o acción concreta cuesta demasiado dinero o provoca una pérdida de ingresos, deberemos realizar acciones que disminuyan los costes o contribuyan a evitar la pérdida” (p. 118).

10. Realidad. Condición: “[…] debido a que la realidad es como es, hay que realizar una acción específica o adoptar una decisión concreta” (p. 118).

11. Números. Condición: “Si los números avalan un determinado topos, deberá realizarse, o no realizarse, una acción concreta” (p. 118).

12. Legalidad y derechos. Condición: “Si una ley, u otra norma codificada, prescribe o prohíbe una específica acción político-administrativa, la acción deberá realizarse o no realizarse” (p. 119).

13. Historia. Condición: “Dado que la historia nos enseña que las acciones concretas tienen consecuencias concretas, deberemos realizar, o no realizar, una determinada acción en una determinada situación (supuestamente) comparable con el ejemplo histórico al que hayamos hecho referencia” (p. 119).

14. Cultura. Condición: “[…] dado que la cultura de un grupo concreto o un pueblo es como es, surgen problemas específicos en situaciones específicas” (p. 119).

15. Abuso. Condición: “Si un derecho o una oferta de ayuda es abusivo, el derecho deberá cambiarse, o tendrá que cancelarse la ayuda, o deberán adoptarse medidas contra el abuso” (p. 119).

El campo de análisis, textos y contextos de la política antidrogas

Para este ejercicio, se priorizaron los dos primeros pilares de la Política Antidrogas “Ruta Futuro”, los que se toman como principal campo de análisis. Estos pilares se concentran en la intervención de poblaciones específicas alrededor del consumo y la producción de drogas en Colombia. La implementación de acciones relacionadas con estos dos pilares ocasionó, en primera medida, una serie de tensiones en relación con la criminalización del porte y del consumo de estupefacientes; en segundo lugar, el descontento generalizado frente a la focalización de ciertas geografías colombianas para la utilización de la fumigación aérea (con glifosato) como principal estrategia para reducir los cultivos ilícitos en las regiones.

Este último aspecto, en especial, no solo causó el descontento de la oposición política (correspondiente al periodo presidencial 2018-2022), sino el de una serie de poblaciones históricamente afectadas por las consecuencias de esta medida, por lo menos, a lo largo de las últimas tres décadas. Los ejercicios de problematización e intervención que hace la política en sus dos primeros pilares están ligados a un contexto histórico, guiados por un discurso hegemónico reiterado y estratégicamente aplicado, que redefine permanentemente los límites de lo lícito, que jerarquiza la vulnerabilidad de los actores que hacen parte del ciclo de esta economía particular y codifica a determinados actores sociales como problemáticos para la sostenibilidad del status quo nacional e internacional.

De manera clara, los pilares subsiguientes están conectados con lo que plantean las estrategias alrededor del consumo y producción de drogas en Colombia. Así, el pilar 3: “Desarticular y afectar las estructuras criminales”, argumenta su intervención a partir del peligro que representa el mercado ilegal de la droga y la presencia de organizaciones delictivas que lo sostengan. Sin embargo, la descripción es altamente técnica, concentrada en la forma operativa de intervenir las rutas y la consecuente judicialización de los actores. Por su parte, el Pilar 4: “Afectar las economías y rentas criminales”, es un pilar concentrado en la afectación del flujo financiero que vuelve a esta economía tan rentable en el marco ilegal. Más que en los actores de intervención, se concentra en la articulación institucional para lograr dicho objetivo. Finalmente, aunque el pilar 5: “Generar las condiciones territoriales para impulsar las economías lícitas”, plantea alternativas de intervención menos criminalizantes que buscan incidir en lo local para cambiar las condiciones que hacen necesaria la supervivencia por medio de economías ilícitas, todavía se enmarcan en la intervención cooperativista como con el manejo del cannabis y sus derivados.

Es importante tener en cuenta que la constitución de las prácticas hegemónicas que están en la política proviene a su vez de una serie de tensiones y coyunturas sociopolíticas. El recorrido de la política antidrogas a nivel global y nacional es muestra de esto. Es por esto que los debates alrededor de esta política representan un amplio terreno de análisis complementario para ahondar en las tensiones producidas en la coyuntura de la propuesta de la “Ruta Futuro”⁶. Por ende, se considera un corpus de prensa, relacionado con el abordaje que se le ha hecho a la política desde este medio comunicativo en los dos últimos años de ejecución. Si bien, se parte de la idea de que la comunicación a través de los medios no opera de manera unidireccional, siendo inevitablemente absorbida o aceptada por los receptores, es una herramienta importante con la que se despliegan ideas, valores y proyectos de ciertos grupos sociales.

Aunque, los medios son expertos en crear una sensación de neutralidad y objetividad, tienen un impacto en las coyunturas y los acontecimientos sociales como transmisoras de información y de opinión. Por medio de muchas estrategias discursivas, son capaces de naturalizar y legitimar posiciones ideológicas y plantear “realidades”.

El recorte de prensa escrito y tomado de los medios, que señalaremos a continuación, tuvo como propósito obtener un corpus escrito y discursivo que nos permitiera contrastar lo que el documento formal de la Política Antidrogas “Ruta Futuro” estipula frente a lo que está sucediendo en la práctica. La política de gobierno se tradujo en acciones concretas que se socializaron a través de estos medios.

Los medios abordados en cuestión fueron los diarios El Tiempo y El Espectador, los canales de noticias RCN y Caracol, la Revista Semana y la estación de radio W Radio. En rasgos generales, estos medios de comunicación han estado bajo el manejo de grandes capitales monetarios privados colombianos y figuras de coyuntura política y social. Por lo que, dependiendo del momento histórico y el panorama político puntual que el país atraviese, estos medios de comunicación han tenido una agenda enfocada a defender al Gobierno de turno que, teniendo en cuenta las trayectorias políticas históricas del país, son de derecha.

En sentido contrario, actuarán como contrapeso y se declararán en oposición frente a figuras políticas alternas (p. ej., de izquierda o corrientes políticas alternativas), que lleguen a ocupar algún cargo público de alta visibilidad. El único medio medianamente alternativo consultado fue Canal 1. A diferencia de los otros medios, este es un canal público que ha producido algo de periodismo independiente, pero últimamente se ha caracterizado por ser dirigido y presentado por figuras que en algún momento fueron icónicas en los medios oficialistas señalados.

Sumado a lo anterior, la relevancia detrás de la selección de los medios señalados radica en que, al ser estereotipados parte del establecimiento y maquinaria política mayoritaria, son medios que gozan de capitales monetarios e infraestructuras poderosas que tienen una relevancia en la opinión pública. El poder de difusión, además de la naturaleza invasiva a nivel radio, televisión y prensa de los medios seleccionados para el análisis en materia de información, hacen de estos medios la opción predeterminada de muchas personas en el país para informarse. Retomando el concepto de los mesoniveles de Van Dijk (1999, p. 4), los medios de comunicación (radio, prensa, TV, internet, etc.) estarían ubicados en el microcontexto de las fuentes. Estas, según el mismo autor, puede que tengan una influencia indirecta en el actuar de la gente por medio de la información que les proveen. Otro motivo para tenerles en cuenta cuando de analizar una política y su forma de configurar subjetividades se trata.

A continuación, se presenta una caracterización de los medios priorizados en la investigación. Los criterios de búsqueda se establecieron alrededor del tema del consumo y de la producción de drogas a partir de la formulación de la Política Antidrogas “Ruta Futuro” en el periodo comprendido 2018-2021.

El Tiempo: fundado en 1911 y de propiedad del Grupo Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo y la familia Santos. Dirigido por Andrés Mompotes Lemos. Es un diario de tendencia ideológica de centro-derecha. De circulación nacional y alto impacto en la opinión pública. La sección de consulta revisada fue la de Política Especial y estos fueron los temas estudiados: cifras sobre consumo (marzo de 2019), Propuesta papeleta de elecciones (junio de 2019), Decreto de incautación de droga (junio de 2019), Opinión de expertos sobre fumigación con glifosato (marzo de 2021), Sanciones por consumo en vía pública podrán ser redimidas (diciembre de 2021)

Revista Semana: fundada en 1982. Sus propietarios son el Grupo Financiero Gilinski y su actual directora es Vicky Dávila. Su tono político ha dependido de su dirección y hoy en día se muestra como un medio de tendencia de centro-derecha. Es una publicación semanal de circulación nacional y de un impacto notorio en la opinión pública. La sección de consulta revisada fue la de Gobierno y Nación. Los tópicos revisados fueron: Implementación decreto de penalización de la dosis mínima (septiembre/octubre de 2019), Prohibición de consumo en espacio público (septiembre de 2019), Índices de consumo de sustancias ilícitas (diciembre de 2020).

El Espectador: su año de fundación fue 1887 y es propiedad del grupo empresarial Valorem - Santo Domingo. Su director es Fidel Cano Correa. El diario se plantea de tendencia política de centro. También es un medio de circulación nacional y de alta influencia en el público. Las secciones de consulta fueron Judicial, con Proyecto de ley de penalización de dosis mínima (julio de 2018), Mujeres consumidoras (junio de 2020); Política, con Debate proyecto de ley criminalización consumo y porte (marzo de 2019), Debate proyecto regularización coca (abril de 2021); Opinión, con Reanudación fumigación glifosato (marzo de 2021); Salud, con Glifosato y paz (abril de 2021), Estudio riesgos del glifosato sobre la salud (abril de 2021).

Noticias RCN: inició como programadora en 1967, pero con su primera emisión como canal independiente en 1998. Su propietario es el grupo Ardila Lule. Es uno de los canales con mayor audiencia televisiva en Colombia. Tiene un soporte virtual de tipo escrito y radial. La sección consultada fue Nacional y el tema revisado fue Intervención desmantelamiento ollas de microtráfico (Plan 100) (mayo de 2021).

Noticias Caracol: fundado en 1969 y con primera emisión en 1998. El grupo empresarial Valorem - Santo Domingo también es propietario de este medio de comunicación. Al igual que RCN, este medio cuenta con una amplia audiencia televisiva en Colombia y también tiene presencial radial y virtual. Informes Especiales fue la sección de consulta y el tema visto Aspersiones y comunidades en el Putumayo (marzo de 2021).

W Radio: este medio es propiedad de Caracol Radio y fue fundado en el 2003. Tiene una sintonía alta en el país con frecuencias radiales en aproximadamente 24 ciudades colombianas y una emisión internacional en Miami, Estados Unidos. La sección revisada fue la de Actualidad, con ONU y Gobierno nacional al respecto de aspersiones (marzo de 2021).

Frente a la cuestión de la reproducción del poder por parte de medios hegemónicos de comunicación en Colombia, por medio de estrategias discursivas y simbólicas, es importante recordar lo dicho por Van Dijk sobre las fracturas frente a la construcción y recepción de los discursos hegemónicos. Si bien en la argumentación del autor no es posible ubicarla de forma textual, ejemplos de fracturas discursivas o comentarios ilustrativos frente a cómo estas pueden darse, lo cierto es que en este trabajo de análisis dichas fracturas pueden ubicarse en dos contextos; los medios y sus mesas redacción, por un lado, y las audiencias, por el otro.

En primer lugar, no sería prudente pensar que la gente, sin importar el contexto y el origen, es receptora, pasiva y acrítica. El oyente o lector es capaz de generar conocimiento sin necesidad de ser parte de un contexto académico donde se legitimen ciertas ideas. Si se creyera que el conocimiento válido solo es aquel que se legitima en el establecimiento universitario, probablemente dejaría ver la interiorización de la creencia en algunos discursos reminiscentes de ideas sobre alta cultura y de la exclusividad del conocimiento. Lo que esto implica es que la gente será capaz de tejer su propio criterio frente a la información que esta recibe y procesa. En segundo lugar, las fracturas discursivas —que a su vez devendrán en fracturas del ejercicio del poder— están también presentes en los contextos mismos donde los textos que reproducen la ideología hegemónica de turno son producidos. Es decir, los medios tampoco son un elemento homogéneo y libre de contradicciones. En ocasiones pueden llegar a producir fugas inesperadas.

La lucha contra las drogas como política de Estado y cooperación internacional: a manera de contexto de la “Ruta Futuro”

Una lectura histórica al respecto de los usos de drogas, como la cocaína, permite ver el cambio en la percepción social y legal frente a la sustancia. En el artículo de González Llona et al. (2015, p. 557) son mencionados varios puntos en la historia de la humanidad donde la sustancia ha tenido distintos usos. La primera referencia dada señala que desde tiempos ancestrales (5000 a. de C.) en tierras de América del Sur, donde el alcaloide obtenido de las hojas del arbusto de coca se utilizaba con propósitos medicinales y ritualísticos. Usos que hoy en día siguen teniendo vigencia en varias comunidades indígenas a lo largo del cono sur. Ya en el siglo XVII, cuando, en 1855, Albert Niemann logra sintetizar el alcaloide principal de la hoja (la cocaína), se comienza a dar la comercialización de la sustancia por medio de farmacéuticas para su venta libre al público. Se consideraba que este producto ayudaba a relajar los nervios, curar males comunes e incluso se decía que otorgaba belleza y vitalidad a las mujeres. El mismo artículo incluso hace referencia al escrito de Sigmund Freud titulado “Über Coca” (1884), en el que también se mencionan efectos positivos del consumo de cocaína para tratar ciertos trastornos psicológicos y adicciones, aunque tiempo después el neurólogo austriaco terminara por encontrar efectos negativos relacionados con el consumo de la sustancia, luego de experimentar con un colega suyo. No deja de llamar la atención cómo, para ese momento histórico, el consumo de la cocaína había logrado incluso llegar al imaginario popular (González Llona et al., 2015):

“[...] su comercialización por diversos laboratorios farmacéuticos hizo que se volviera muy popular. En el mundo de la ficción, Sherlock Holmes se inyectaba cocaína cuando su mente se quedaba atascada en la resolución de algún caso, e incluso se dice que Robert L. Stevenson escribió su obra “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde” bajo su influencia. En el último tercio del siglo XIX aparecieron bebidas con cocaína, la más conocida la Coca Cola, de la que se suprimió en 1909 sustituyéndose por cafeína. (p. 557)

El contexto histórico posterior al descrito anteriormente vería un giro radical frente al asunto del consumo de sustancias. En la historia del narcotráfico colombiano encontramos momentos claves que refieren a las políticas establecidas por el Gobierno para combatir el problema de la droga, los cultivos, sus estructuras económicas y militares, sus dinámicas de distribución, exportación y consumo. Este recorrido se caracteriza por una relación de cooperación internacional que marca sus directrices, ideologías y enfoques que, a la larga, modelan sus sujetos de intervención. A pesar de que en diferentes momentos se ha demostrado la ineficacia de este accionar, la actuación gubernamental en materia de drogas sigue siendo prioritaria en las agendas, es reiterativa y de profundos efectos.

En la década de 1970, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos (1969-1974) estableció como prioridad desarrollar una serie de acciones políticas y jurídicas (en su mayoría criminalizantes) contra el consumo de psicoactivos, sobre todo, marihuana y heroína. A esta estrategia se la conoció como “la guerra contra las drogas”. Esta emergencia nacional de tipo coyuntural, marcada por un clima social particular, tuvo una serie de efectos a largo plazo que poco a poco se empezaron a implementar internacionalmente. En palabras de Beth Tickner y Carolina Cepeda (2011):

“Si bien no fue sino hasta 1971 cuando el presidente Richard Nixon declaró que estas constituían el “enemigo público número uno” frente al cual era necesario librar una “guerra” —interpretación que se radicalizó con la administración de Ronald Reagan—, desde principios del siglo XX la política estadounidense ha sido fundamentada en dos supuestos distintos, pero complementarios. Por un lado, que las drogas constituyen un mal moral; y, por el otro, que representan una amenaza a la seguridad. (p. 209)”

Para la institucionalización de dicha política, se empezó por la creación de la DEA (Drug Enforcement Administration), dedicada específicamente al consumo y contrabando de sustancias. Con el apoyo de las asociaciones médicas (como lo fue el Department of Health and Human Services [HHS]), se hace una clasificación de las sustancias según sus afectaciones a la población con criterios muy propios de la época. Como se mencionó, en principio la cocaína se consideró una sustancia permitida con cierta aceptación y poca sanción judicial o social, frente a la marihuana, que con la Ley de sustancias controladas (Controlled Substances Act) en 1970, clasifica como “sustancia con alto potencial para el abuso, sin ningún uso médico aceptado”. Finalmente, el Gobierno de los Estados Unidos invitó a otros países a crear leyes e instituciones específicas para el control de la producción y comercialización de estupefacientes.

Diez años antes, en Nueva York, la Convención única sobre Estupefacientes (1961) fue el tratado internacional que empezaba a establecer un marco legal para el control de drogas. Además de hacer una clasificación de los estupefacientes, una serie de países se inscribieron para realizar disposiciones nacionales para la regulación, según los estándares de uso indebido o tolerable (UNODC, 2014). Sin embargo, se considera que la época de Nixon es uno de los antecedentes principales para entender la institucionalización y la politización internacional alrededor de la regulación. Por esto, Colombia ratificó su adhesión al tratado en 1975⁷. Al respecto, Andrés Hernando Matiz Rojas (2013) hace referencia a lo que denomina como una “táctica” implícita en la política antidrogas. Esta se basa en un andamiaje de cooperación internacional bilateral o multilateral y parte de asignar roles de productor o consumidor a las economías involucradas en el tráfico de drogas:

“La política antidroga de Estados Unidos fue enfocada hacia los países productores de materia prima para erradicar el problema desde el origen, bajo este argumento se crearon acuerdos y mecanismos de cooperación. Para lograr esto se plantearon dos principales tácticas. 1. Acabar con las fuentes de producción, mediante erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios de procesamiento y almacenaje de drogas ilícitas, destrucción de puertos y aeropuertos clandestinos. 2. La prohibición e intercepción de cargamentos de drogas que tienen como destino Estados Unidos. En este orden de ideas, los países productores son el principal eje de la política antidrogas de Estados Unidos.” (pp. 10-11)

Sin embargo, para que un país pueda participar en la aplicación de dicha táctica se debió primero pasar por un proceso de certificación por parte de los Estados Unidos para aquellos países que buscan ser partícipes de la iniciativa. Este proceso implica un análisis que busca determinar si los países en cuestión promueven distintas iniciativas desde sus gobiernos para contribuir con la lucha contra las drogas. Se trata de una evaluación basada en unos criterios unilaterales, decididos por el poder ejecutivo de los Estados Unidos y sustentados en su interés nacional. Una vez surtido el proceso de evaluación, los países son clasificados en tres grupos (Matiz Rojas, 2013):

“1. Países certificados, sin otras consideraciones: Son países que han demostrado un compromiso serio en la lucha antidroga y han cumplido con todos los requisitos dados por la política antidrogas. 2. Países certificados por razones de interés nacional: son países que no han cumplido con todos los requisitos de la política antidrogas, pero por razones políticas, económicas o estratégicas son de interés para Estados Unidos. 3. Países descertificados: son países que no demuestran un compromiso serio con la lucha antidroga y no cumplen con los requisitos de la política antidrogas.” (p. 11)

Pese a que las medidas prohibicionistas ya tenían un recorrido en Colombia, es especialmente en los años de 1980 que, desde las directrices de sus gobiernos, se orientan las acciones internas y, con ello, se legitima la intervención de instancias internacionales para tratar el “problema de las drogas”. Así, Virgilio Barco (1986-1990) propuso a H.W. Bush establecer acuerdos para que en la lucha contra las drogas como un asunto internacional, Colombia fuese incluida como una potencial productora. La Estrategia Andina Contra las Drogas de 1989, se planteó como una intervención sobre el “tercer mundo” para combatir el consumo de los países del “primer mundo” (Pinilla y Martínez, 2017). Sin embargo, así como sucedió con el fortalecimiento del andamiaje penalizante en Estados Unidos y el exponencial desarrollo de las economías ligadas a la producción en el contexto de Nixon, desde finales de esta década, regiones como el Caquetá y el Putumayo se volvieron las principales cultivadoras de coca en el mundo; precisamente cuando el consumo se estaba disparando en Norteamérica y otros países europeos. Así, esta economía se va posicionando en un andamiaje productivo, distributivo y de consumo de índole internacional al que, poco a poco, se van adhiriendo diferentes actores.

Posteriormente, la articulación del accionar gubernamental se fue consolidando con César Gaviria (1990-1994) por las presiones extranjeras de la lucha contra el narcotráfico, sumadas a la premura del país para encontrar una solución interna para el problema de las drogas, tal como lo menciona Natalia Delgado Varela (2000) en su reseña sobre el libro de Tatiana Matthiesen, El arte político de conciliar: el tema de las drogas en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos 1986-1994 (2000):

“Su estrategia contra las drogas contó con la imagen positiva creada por el presidente Barco en Estados Unidos en torno a la lucha frontal contra el narcotráfico y logró ser exitosa por el cambio gradual que se fue dando en torno al tema de la extradición. Al crear el concepto del narcoterrorismo como algo separado del fenómeno del narcotráfico, Gaviria logró que este fuera visto como un fenómeno internacional que sólo podía ser resuelto mediante la unión de los esfuerzos de los países afectados, y al narcoterrorismo como un problema colombiano al que se le debía encontrar una solución inmediata. Su política antidroga buscaba acabar con el narcoterrorismo y fortalecer al sistema judicial colombiano como garantía de que en Colombia se iban a juzgar a los narcotraficantes como se lo merecían.” (p. 4)

Por otra parte, la política económica de César Gaviria dio paso a fortalecer la relación con las multinacionales productoras del agroquímico que en teoría iba a acabar con los cultivos: el glifosato de Monsanto. La realidad es que dicha apertura económica y la llegada de las multinacionales al país fueron todo lo contrario a algo positivo en materia de control drogas y al respecto de la estabilidad del agro colombiano (Galindo Ladino, 2019, p. 11). Aun así, una relación más pública y formal del Gobierno colombiano con Monsanto y unos efectos peores a los de antaño sobre el agro en Colombia vendrían a tener más visibilidad después del tratado de libre comercio firmado en el primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (noviembre 30 de 2006).

Debido a los fracasos de Ernesto Samper (1994-1998) por acabar con los grandes carteles de la droga y su controversial relación con estos en la financiación de su campaña en el famoso “proceso 8000”, aparece el Plan Colombia (1998) como una estrategia de fortalecimiento al Estado. Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton (1993-2001) fijaron un acuerdo bilateral con apoyo financiero. Lo que en principio se pensó como un apoyo al sistema jurídico, a partir del 11 de septiembre del 2001, se volvió una alianza armamentista en el marco de la lucha contra el terrorismo. Así, se fortaleció el ejército y la policía con bases militares estadounidenses, pero resulta ineficaz con la erradicación de cultivos y el control de la ola de violencia en los territorios:

“Antes del Plan Colombia y desde la década de 1960, todos los presidentes colombianos habían sido elegidos por sus promesas de negociar la paz para el país, y aunque Pastrana había hecho mayores concesiones a la guerrilla que cualquier jefe de Estado anterior para alcanzar un acuerdo con las FARC, su giro inesperado marcó un cambio decisivo en la forma de percibir el conflicto colombiano. De ahí en más, todos los grandes problemas de la sociedad colombiana se explicaron en función de la cocaína. El gobierno comenzó a ver que las injusticias, la corrupción, la violencia, la impunidad y todos los demás problemas tenían el mismo origen, y en consecuencia se pensó que podrían resolverse automáticamente si el país lograba deshacerse de las drogas.” (Linton, 2015, p. 70)

Entonces, las aspersiones con el agroquímico se impusieron como la estrategia para reducir la exponencial aparición de cultivos. Durante años se vinieron utilizando otras variedades esporádicamente, como fue el caso de la prueba con el famoso agente naranja (mezcla de dos herbicidas hormonales) entre la década del setenta y ochenta en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Caquetá. No obstante, la presión del Gobierno estadounidense frente al uso de pesticidas, el Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) optaría por un abordaje bélico para la erradicación de los cultivos, en vez del uso del paraquat o agente naranja. Sin embargo, su sucesor, Belisario Betancourt (1982-1986), nuevamente por presión del Gobierno de los Estados Unidos, retomaría las fumigaciones, pero esta vez utilizando glifosato en vez del agente naranja (Tacuma Martínez, 2020, p. 6).

En el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la guerra contra el narcotráfico quedó ligada a la política de Seguridad Democrática. Se planteó la lucha contra el “narcoterrorismo” como el mayor enemigo del Estado y la droga como el principal financiador de las guerrillas como el ELN y las FARC. En términos de consumo y producción, el problema se abordó desde la criminalización. En consecuencia, se buscó hacer una reforma constitucional sobre la dosis personal y la fumigación se utilizó como una medida contrainsurgente (como Estados Unidos lo había hecho en Vietnam y Guatemala). No obstante, la demanda por el producto principal de esta economía continuó, los precios subieron y el cultivo se expandió fuertemente a territorios como Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Arauca y Guaviare:

“Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 repercutieron en un cambio de forma en la “guerra contra las drogas”. A saber, la “guerra mundial contra el terrorismo” constituyó una nueva estrategia de securitización por parte de Estados Unidos que vinculó dentro de un solo marco analítico un conjunto de amenazas mundiales, incluidos el tráfico ilegal de drogas y armas, y las armas de destrucción masiva.” (Tickner y Cepeda, 2011, p. 210)

Años más tarde, en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se propone una política que busca romper enfoques de años anteriores: evitar la estigmatización del consumidor y su judicialización, reformar la política según las necesidades de la población y no de tratados internacionales y aplicar medidas mucho más integrales y menos militares sobre los territorios (La República, 2016, 19 de abril). Finalmente, concentrar esfuerzos en el crimen organizado transnacional. Todo esto, alrededor del Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, en el que se visibilizaron aquellos sujetos que estaban a merced de estas decisiones.

Por este contexto, la visión alrededor del tema de las drogas ilícitas contempló la posibilidad de generar un nuevo modelo relacionado con la recuperación de los territorios, con opciones como la erradicación voluntaria, la sustitución de cultivos, el desminado y el impulso al sector agrícola para ayudar a las comunidades a implementar economías alternativas a la cocalera, como está señalado en el tomo IV, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2014). Además, 2017 fue definitivo por las acciones legales que tomaron distintas comunidades que habían sido gravemente afectadas por la fumigación de glifosato. Fue esta coyuntura en la que la Corte Constitucional emitió sentencias que evaluaban los impactos de la aspersión y obligaron su suspensión: T-300/17, desde 5 cabildos del Pueblo Nasa en el Cauca y Putumayo; T-800/17, del pueblo Carijona en el Guaviare; T-236/17, sobre comunidades indígenas y afrodescendientes de Nóvita en el Chocó. Este antecedente legal evitó continuar con la medida sin los estudios correspondientes que comprueben que el químico no afecta la salud ni de los humanos, ni del medioambiente y, que, además, reconozca el derecho a la consulta previa de las comunidades para su uso.

En un giro radical, a partir del 2018, el Gobierno de Iván Duque estableció una nueva propuesta para abordar la cuestión antidrogas en el país: la “Ruta Futuro”, como una política que tiene en cuenta el consumo de drogas, la oferta, la desarticulación de las organizaciones criminales, el tránsito hacia economías lícitas en su intento por transformación de los territorios. Este texto compiló una serie de estrategias socializadas desde el Ministerio de Justicia y Derecho, ente gubernamental que entre sus diversas funciones tiene la lucha contra las drogas y el lavado de activos contenida en el Decreto 1427 del 29 de agosto de 2017.

Sin embargo, desde el mismo año, y en las intervenciones gubernamentales en materia, se plantearon una serie de medidas criminalizantes contra el consumo (como fue la penalización de la dosis mínima en el Decreto 1844 de 2018), el ataque al microtráfico por sobre las grandes estructuras y mafias (la propuesta de la penalización de los jíbaros y expendedores urbanos, incluido en el mismo decreto) y el proyecto para retomar la fumigación aérea como principal medida para acabar con los cultivos ilícitos. Esta última decisión no solo apelaba a todas las demandas realizadas por las comunidades en relación con las afectaciones de más de dos décadas, sino que pretendía redireccionar muchos de los procesos de restitución de tierras y reparación integral colectiva que se venían adelantando a partir de la anterior administración.

Adicional a esto, en el foro del 2018, “Un llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”, realizado en Washington (Estados Unidos), el presidente Donald Trump respaldó la propuesta de Iván Duque, para quien la cooperación internacional se consideró fundamental para su desarrollo. Una vez más, la política se puso a merced de las exigencias estadounidenses y, por esto, abrió un amplio debate sobre sus implicaciones. A pesar de la controversia generada en 2019, sobre la culpabilidad de Colombia en el aumento del ingreso de cocaína a Estados Unidos, el Gobierno celebró la determinación de reactivar las aspersiones, la argumentar que “la producción de cocaína impulsa la deforestación, el vertido de químicos tóxicos, la proliferación de grupos violentos de narcotraficantes y una tendencia creciente al consumo de cocaína, que causa estragos todos los días en la vida de los colombianos” (U. S. Department of State, 2019). Una vez más, sobre los contextos de producción recaen una serie de responsabilidades, ahora no solo asociadas a los impactos sociales del abuso de las sustancias, de la violencia y formación de grandes estructuras criminales, sino también sobre el impacto hacia el medioambiente.

Debido a las altas tasas de muerte en Estados Unidos, con una etapa crítica durante la pandemia del coronavirus a lo largo de 2020, el presidente electo, Joe Biden, estableció como una de las prioridades para el primer año de su Gobierno seguir generando estrategias conjuntas con países como México y Colombia en materia de drogas. Su propuesta⁸, si bien prioriza la emergencia como un asunto de salud pública y evita el aumento de la criminalización, establece que parte del programa debe estar enfocado en impedir que las drogas ilícitas entren a Estados Unidos. El cambio de administración fue importante para reevaluar la política antidrogas como un ejercicio cooperativista centrado principalmente en la erradicación y el fortalecimiento armamentístico.

Sin embargo, en este trabajo veremos que las tensiones alrededor de este tema no concluyen aquí, sino que abren un importante debate sobre las implicaciones que tienen las lógicas propias de estos discursos cooperativistas sobre el “tercer mundo”. Veremos en el análisis sobre dos de los pilares de la “Ruta Futuro”, que la lógica que diferencia a Colombia en un sistema global, en el que se reproduce un discurso en condiciones de desigualdad que sostiene ciertas relaciones de poder, se reproduce al interior del país con los sujetos y geografías de intervención en el marco de dicha política.

Pilar 1. “Reducir el consumo de drogas y su impacto”

Estructura general

El primer pilar de la Política Antidrogas “Ruta Futuro” está sustentado en la urgencia de responder al creciente consumo de sustancias por parte de la población colombiana, que lejos de ser un país principalmente productor, desde hace varios años se configura como un territorio con unos índices importantes de consumo. Para esto, se priorizan estrategias en términos del ciclo vital y de género. Estas dos últimas son las principales categorías de atención frente al impacto de estas prácticas y, por tanto, de intervención estatal a partir de la institucionalidad competente.

Este apartado se encuentra estructurado de la siguiente manera. Una primera parte que constituye el enfoque general del pilar en el que se establecen su justificación, la perspectiva que atraviesa la argumentación, la articulación con otras políticas (como la Política Nacional del Consumo de Drogas y su Impacto, 2007 y el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2014-2021) y los ejes principales de las acciones: “promoción de la salud, prevención, reducción de daños y atención, destacando su fundamento en la evidencia científica y en las experiencias significativas producidas en los últimos años a nivel mundial” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 12).

La segunda parte desarrolla el problema, mostrando el incremento del consumo, principalmente analizado en los contextos institucionales: escolares, universitarios y penitenciarios. Los índices se encuentran organizados en función de la relación entre principales sustancias y el porcentaje del consumo (alcohol, tabaco, marihuana y cocaína) y una relación según sexo/género de dichos índices. A continuación, el texto muestra una serie de acciones inmediatas, como programas de prevención, campañas de comunicación, articulación con otros programas gubernamentales, protocolos específicos para ámbitos: educativos, laborales y de tránsito vial. Finalmente, se muestra una serie de objetivos estratégicos del tratamiento del problema a largo plazo en entornos familiares con un enfoque de riesgo y protección a personas, familias y comunidades. Esta última parte, se enfoca en la integración interregional sobre el servicio de salud para el tratamiento del problema de la adicción.

Análisis de la estructura argumentativa

Utilidad, ventajas

La argumentación de la intervención, al igual que varios puntos de esta política, se desarrolla como una acción útil para afectar el narcotráfico como uno de los principales causantes del consumo por cierta parte de la población. Un grupo que se considera especialmente vulnerable (niños, niñas, adolescentes y jóvenes), frente a otro sobre el que surte efectos “desproporcionados” (como son personas en condición de calle). Esta relación de prevención/atención a la adicción se encuentra permanentemente interrelacionada para mostrar los riesgos del consumo y las ventajas de priorizar la prevención hacia ciertos sujetos:

“Las causas del consumo de sustancias psicoactivas son múltiples, se vinculan a factores biológicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales, de orden individual, familiar y comunitario con efectos desproporcionados en poblaciones específicas como gestantes, habitantes de calle, personas privadas de la libertad y población consumidora de drogas inyectadas.” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 15)

Esta es una relación que se ha sostenido permanentemente en la justificación del establecimiento de políticas de control del consumo, en las que se hace una permanente comparación entre una población evidentemente afectada por el abuso de las sustancias y una población vulnerable y propensa a esta. La prensa sustenta este ejercicio ahondando en la problemática por medio de frases como: proporciones alarmantes, cifras desgarradoras y dolorosas, ahondando en los índices que muestran los estudios sobre la vulnerabilidad de la población estudiantil básica y universitaria, la aparición de nuevas sustancias (cuyos compuestos los consumidores desconocen) y la relación entre el consumo y antecedentes delictivos intergeneracionales ( El Tiempo, 2019, 6 de marzo).

El control sobre el consumo, en respuesta, se presenta como una acción eficaz desde la cual las personas pueden integrarse a la vida productiva y tener acceso a ciertos derechos ciudadanos. Esta idea, a pesar de establecerse en un contexto actual, es una estrategia discursiva anacrónica propia de la guerra antidrogas de los años de 1970, cuando se hicieron correlaciones entre el consumo y la amenaza contra la vida, especialmente de jóvenes de ciertas clases sociales, sin una problematización de la distinción de clase y raza de atención sobre sus sujetos de intervención. Por el contrario, el asunto se suele instrumentalizar articulándose con prejuicios y no con acciones de mitigación para el amplio de la población afectada.

“Así lo promulgó el gobierno de Reagan cuando en los 80 “securitizó la guerra contra las drogas porque atemorizó a la sociedad y la convenció de que esta batalla era necesaria. En particular, la clase media representó —y continúa representando— un aliado formidable para quienes propugnan la necesidad de la Guerra contra las Drogas porque no quieren que sus hijos tengan problemas con ellas”. (Rozen y Zepeda, 2016, p. 68)

Inutilidad y desventajas

Uno de los elementos más resaltados en el apartado es la falta de un abordaje integral de la problemática, especialmente en materia de salud pública. En tanto el consumo figura como un elemento multicausal, se reitera la importancia de tratarla de manera compleja, sin recurrir a la criminalización. Una postura que pretende acercarse más a un modelo basado en la salud pública y el respeto de los derechos humanos: “La atención del consumo como política pública de salud es una respuesta frente a una dependencia con afectación de la salud sin que se genere la criminalización del consumidor dependiente” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 12).

Si bien el texto muestra como una desventaja abordar el problema desde un enfoque prohibicionista y punitivo⁹, en vista de que sobre este argumento trabajan los objetivos estratégicos en materia de atención al problema del consumo, las prácticas concretas a partir de 2018 en Colombia contradicen estos postulados. Así, con el Decreto 1844 de 2018¹⁰, el Gobierno confirió una serie de facultades a la Policía Nacional para controlar el porte y el consumo de la dosis personal como golpe al microtráfico, especialmente en el contexto urbano. Pese a que este tipo de consumo cuenta con respaldo constitucional desde hace más de veinte años, la medida pretendía hacer una restricción radical (Revista Semana, 2018, septiembre).

Esta misma contradicción con respecto a la atención integral aparece desde las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, documento insumo para el planteamiento de “Ruta Futuro”, en la que uno de los motivos principales de aumento de consumo está asociado con el aumento de la disponibilidad de las drogas. De manera correspondiente, desde este punto, se establece que el problema de las drogas en Colombia se tratará principalmente desde la erradicación de los cultivos, no al tratamiento desde un enfoque en salud pública.

En este sentido, si bien la propuesta de la “Ruta Futuro” se planteó como un intermedio entre un modelo de “lucha contra las drogas”, en el que el Estado intenta suprimir por completo el consumo como una forma indirecta de atacar la oferta, y un modelo de “liberalización total del mercado”, en el que el Estado regula el consumo de las sustancias como cualquier otro producto, en la práctica, se inclina más por el prohibicionismo. A pesar de que la apelación sobre el decreto mencionado consideró la medida como totalmente inconstitucional (es decir, en últimas, en detrimento de los derechos humanos) el partido político Centro Democrático, bajo el que se encuentra adscrito el Gobierno en el que se enmarca “Ruta Futuro”, propuso para las elecciones ordinarias del 2019 (en las que se eligieron gobernadores, alcaldes y ediles) una papeleta específica “para preguntarle a las personas si están de acuerdo con el consumo de alcohol y drogas en el espacio público” (El Tiempo, 2019, 18 de junio). Como se observa, una estrategia reiterativa en la que se instrumentalizan prejuicios sociales para inclinar el asunto hacia la prohibición.

Definición e interpretación de los nombres

El anterior topos de argumentación y la contradicción entre la retórica de la política antidrogas y las prácticas gubernamentales lleva a profundizar en la caracterización de los sujetos de intervención, no solo como una forma de entender algunos ideales desde los que se constituye la política de gobierno, sino también explicar cómo a partir de estas se configuran subjetividades. Por ende, esta caracterización parece ser neutral, pero tiene efectos substanciales en el ejercicio de diferenciación, pues las prácticas de protección y criminalización no son las mismas para todos (as): “generar estrategias de reducción del consumo diferenciales para grupos particulares (mujeres, indígenas, población rural, habitantes de calle, privados de libertad)” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 16).

Los niños (as) y jóvenes figuran como sujetos de especial protección a lo largo de la política, en concordancia, tanto con la directriz constitucional como con los diversos tratados internacionales en materia. Sin embargo, en particular, en el asunto del consumo, se hace referencia a su poca capacidad de razonamiento en la toma de decisiones y la vulnerabilidad frente a un mercado moralmente amenazante. En dicha medida, no solo se justifica su priorización en los programas de prevención al consumo en un marco institucional y en un espacio familiar, sino que se hace una distinción en función de su vulnerabilidad. Por otro lado, las estrategias de reducción de consumo diferencial nombran a sujetos indígenas, rurales, habitantes de calle o privados de libertad.

Sin embargo, poco es lo que se profundiza en materia de estrategias concretas de tipo “diferencial”. El grupo de las mujeres, por ejemplo, se menciona como un foco de atención por ser estadísticamente más propenso al consumo en el contexto colombiano, sin ahondar en las posibles causas de esta particularidad. Cabe señalar al respecto que este se consideró por mucho tiempo un punto ciego en las políticas antidrogas. Primero, porque los índices asumen un consumo principal masculino y porque, hasta cierto punto de la historia, la criminalización asociada con drogas también se caracterizaba por ser en su mayoría masculina. En este sentido, incluso desde organismos y tratados internacionales, no se ha tenido una ruta clara respecto a esta atención:

“La información sobre la participación de las mujeres en el cultivo desviado a los mercados ilícitos y a la producción de drogas ilícitas no está fácilmente disponible porque los estudios se concentran más estrechamente en dos aspectos: i) mujeres que han estado encarceladas por delitos de narcotráfico y distribución y ii) mujeres que usan drogas y que acceden y responden a diferentes tipos de reducción del daño y a programas de tratamiento de la drogodependencia.” (Comisión Interamericana de Mujeres [CIM], 2014, p. 23)

Por esto, encontraremos que, en el caso de Colombia desde mediados de los años de 1990, la población femenina carcelaria aumentó, mostrando que cinco de cada diez mujeres se encuentran encarceladas por delitos relacionados con las drogas. De estas mujeres, el 93% son madres y el 52% son madres cabeza de hogar (Inpec, 2015). Adicional al aumento de la criminalización, las rutas de atención de servicio de salud y servicios sociales (como algunas de las principales estrategias de atención para el consumo), se caracterizan por ser ineficaces y tener poca atención estatal. Por ejemplo, frente a las estrategias en Reducción de daños (como una forma de disminuir el daño del consumo desde la salud pública basados en respetar la autonomía de las personas), se ha observado que las mujeres no acuden a espacios mixtos por temor a sufrir juzgamientos y agresiones sexuales. En el caso colombiano, se ha observado que la priorización en la atención a las mujeres está mediada por su estado de embarazo:

“[…] se activan cuando una de ellas está en embarazo, y la preocupación es más por el hijo o hija que por la mujer misma, o en palabras de Etorre, porque estas mujeres se vuelven “contenedores letales de fetos”. De otra parte, se mantiene una narrativa de estas mujeres como “fuera de control”, y ni siquiera son admitidas en los centros de tratamiento porque “pueden distraer a los muchachos”. (El Espectador, 2020, 26 junio)

En este sentido, el privilegio de atención de esta política estará fuertemente marcado por los parámetros heterosexuales en el que el sujeto mujer es priorizado en la medida en que se enmarca en su función reproductiva asignada. Como lo establece el diagnóstico, aquel enfoque está lejano a la problematización de las condiciones que recaen sobre estos sujetos más allá de una visión de control sobre sus cuerpos.

Peligro y amenaza

Quizás el topos del peligro y la amenaza es una de las estrategias discursivas de argumentación más fuertes en la Política Antidrogas “Ruta Futuro”, atravesándola en sus caracterizaciones de sujetos y acciones de intervención. Sobre todo, porque como se ha dicho, el narcotráfico se considera una de las principales amenazas a la seguridad nacional, históricamente relacionada con la financiación de la insurgencia y particular causante de pobreza:

“En síntesis, la propuesta de valor de esta política consiste en su carácter articulador en acciones determinadas para prevenir el consumo en población vulnerable como los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el fortalecimiento de las acciones contra las economías y rentas criminales, y en su estrategia para desarticular a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y las cuales constituyen grandes causantes de pobreza, desplazamiento, violencia y promoción del consumo de drogas en población vulnerable.” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 11)

Entonces, el pilar sobre el consumo, en general, se sustenta en el peligro que representa el aumento del consumo, especialmente, por parte de la población infantil y juvenil, sujetos de especial protección del Estado social de derecho. Aunque a simple vista, se presenta como garantista, la intervención trae aparejadas medidas de control sobre prácticas, sentidos y cuerpos, estableciendo los límites de lo que es correcto en el marco productivo y ético, a niveles individual y colectivo. Un ejemplo claro de esto es que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en las que se sustentó “Ruta Futuro”, relacionan el consumo con uno de los comportamientos que más afectan la convivencia en el país, sobre estas el Código de Policía realiza una serie de acciones sancionatorias:

La mayoría de estas acciones, se vieron en la práctica con las que fortalecieron la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La limitación de consumo de sustancias en espacio público se sustentó precisamente en la idea de que los derechos individuales no podían estar por encima de los colectivos y que, para asegurar una convivencia, era necesario aplicar sanciones y correctivos sobre las personas que consumen en estos espacios. Veremos que, en un contexto como Bogotá, así como los comparendos son aplicados a personas entre los 15 y 29 años, encontraremos que “el 50 por ciento de estos casos se presentan en cinco de las localidades de la ciudad donde vive la población más vulnerable: Antonio Nariño, Barrios Unidos, La Candelaria, Chapinero y Engativá” (El Tiempo, 2021, 28 de diciembre). La cuestión de la vulnerabilidad, entonces, una vez más, desempeña una caracterización estratégica, en tanto se vuelve una argumentación “lógica” para aplicar las medidas que amparan esta política.

Humanitarismo-legalidad y derechos

A partir de la retórica de la salud pública, el consumidor se pone como un sujeto de derechos. Este elemento ha prevalecido en las políticas internacionales sobre consumo. Además, establece como marco la necesidad de hacer un enfoque diferencial en la problemática, ahondando en el asunto y su impacto de acuerdo con múltiples experiencias (por ejemplo, la de las mujeres). Finalmente, hace énfasis en la reorientación de los observatorios de drogas para entender la complejidad de la problemática y las posibles variables, especialmente en función de contexto social y estudios objetivos con respecto al verdadero impacto de las sustancias:

“Abordar los problemas de consumo asociados a la demanda de las drogas supone esfuerzos tanto desde una perspectiva de salud pública como de una perspectiva de educación, con enfoque en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Adicionalmente, supone esfuerzos en los niveles de promoción de la salud (hábitos de vida saludable), prevención (educación), tratamiento (frente a consumidores) y reducción de riesgos y daños (asociados al consumo de drogas por parte de personas con enfermedades de alto costo, con altos niveles de transmisión de la enfermedad). (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 12)

Las estrategias a partir de la salud pública para trabajar sobre el consumo de drogas en varios países han sido uno de los enfoques más coherentes con los derechos humanos. Sin embargo, de manera paradójica, se ha constatado una desproporción en las penas aplicadas por la ley a los delitos relacionados con las drogas. Lo que muestra una distancia entre lo que se plantea en las políticas y el trato que se le da al asunto desde el sistema penal. El ejemplo de Estados Unidos (como referente de política antidrogas en un marco cooperativista), quizás es uno de los más emblemáticos, puesto que ha existido un ataque sistemático y una clara criminalización contra la población afroamericana y latina en materia de consumo, probado por el alto índice de su población carcelaria. Esto no ha estado muy alejado de la situación en las cárceles colombianas, en las que existen imágenes racistas de control que no solo atraviesan la criminalización y la actuación de la justicia en casos particulares, sino también en las prácticas de discriminación al interior de las cárceles, con dinámicas de diferenciación de sujetos negros (as) empobrecidos (as) y violentados (as) en una estructura blanco-mestizo heterosexual (Bello, 2015).

Además de la tensión entre los derechos individuales y colectivos respecto al consumo de sustancias en espacios públicos y su instrumentalización para la puesta en marcha de medidas de criminalización señaladas, otra de las tensiones que desatan las políticas antidrogas en su argumentación de legalidad y derechos ha sido sobre el consumo tradicional de ciertas plantas por parte de comunidades en el país. Un consumo que no se distingue explícitamente hasta nuestros días en una política como “Ruta Futuro”.

Como antecedente, la famosa campaña radial y televisiva “La mata que mata” (2008)¹¹, más allá de ser uno de los referentes más popularizados en su momento, hacía referencia a una particular mirada tanto sobre la marihuana, coca y amapola, como sustancias a prohibir, como sobre sus cultivadores-consumidores. Frases como “si no cultivas la mata que mata, cambiarán cosas del campo, desaparecerán sembrados de minas, se secaran los ríos de sangre […]”¹², diluye la distinción entre las plantas y sus derivados usados en el narcotráfico y ponen directa responsabilidad sobre el cultivador respecto a los problemas de inequidad, violencia y desplazamiento en el país. No fue sino gracias a la tutela presentada por la microempresa “CocaNasa” de la comunidad Páez en el Cauca, que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno retirar su campaña por violar los derechos individuales y colectivos, tanto de la empresa como de las comunidades, para las que la coca tiene una importancia cultural.

Aunque, en actualidad, hay importantes avances internacionales en materia regularización de este tipo de consumo (específicamente en el uso medicinal como sucede con la marihuana), el asunto de la distinción del uso recreativo con el ritual y medicinal se ha cuestionado desde una mirada estigmatizante y racista con la que se pretenden imponer cierto tipo de valores, aun cuando estos van en contravía de ciertos derechos culturales. Aquí la criminalización afecta una vez más a comunidades campesinas, afro e indígenas que figuran como cultivadores-consumidores.

Su estigmatización se adentra además en el sentido común por medio de la circulación de mensajes aparentemente neutrales pero que se articulan con estructuras profundamente racistas y clasistas. No en vano, en los últimos años, se han caracterizado por acalorados debates en los que, por un lado, se han presentado propuestas y decretos que criminalizan el consumo sin realizar ningún tipo de distinción (como es la dosis personal, el uso medicinal o cultural) y, por el otro, se presentan alternativas que apuestan por la regularización estatal de las sustancias (especialmente la coca y la marihuana). Por ejemplo, el proyecto de Ley 060 del 2018¹³, se propuso, como una forma de garantizar la seguridad ciudadana, poner al mismo nivel al consumidor con otros tipos de criminalidad como el narcomenudeo o la extorsión por internet (El Espectador, 2019, 28 de marzo).

De forma paralela, los proyectos de ley presentados al senado en los que se busca “regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado” (El Espectador, 2021, 20 de abril), si bien se sustentan en frenar el control de las organizaciones criminales no solo sobre la comercialización de la cocaína y los enclaves, no hacen ninguna distinción sobre su posible uso cultural en ciertas comunidades.

Pilar 2. “Reducir la disponibilidad de la Droga”

Estructura general

A grandes rasgos, el segundo pilar del documento de la Política Antidrogas “Ruta Futuro” crea su argumentación apoyándose en ciertos campos semánticos. El primero tendría que ver con la delimitación y construcción argumental —y por lo tanto imaginaria— de lo que el documento denomina como zonas estratégicas; es decir, las geografías del país donde el problema de los cultivos ilícitos está más presente y, en consecuencia, los lugares que habrán de ser intervenidos por la política. Es muy importante señalar que, si bien se habla de geografías, no se habla de personas, sino que se habla de sectores. Es decir, hay una completa deshumanización de las gentes que habitan las geografías que la política quiere intervenir.

El segundo momento argumental o campo semántico podría entenderse como uno que se preocupa por construir una cronología y reconstrucción de eventos históricos relacionados con ciertos métodos para la erradicación de cultivos ilícitos utilizados anteriormente en el país. Por medio de datos estadísticos y estudios “verídicos”¹⁴, como el documento justifica, se comienza a tejer la idea —críptica, pero presente— de la mayor efectividad de ciertos métodos para la erradicación de estos cultivos frente a otros métodos de menor efectividad. El tercer momento argumental podría entenderse, a su vez, como una justificación para el segundo: se habla de la gran problemática ambiental detrás de la siembra y posterior erradicación de los cultivos ilícitos y de cómo, si bien está comprobado científicamente que la erradicación química es peligrosa para el medioambiente y los seres humanos, esta es un mal menor comparado con el hecho —supuestamente estadístico— de dejar que los números en relación con cantidad de hectáreas sembradas y producidas de coca vayan al alza.

Ya hacia el final del pilar, hay un cambio drástico en las temáticas tratadas que solo responde al hecho de tener que introducir otro elemento estereotípico y constitutivo de la lucha contra las drogas: el prohibicionismo. La criminalidad, las estructuras delictivas, las cadenas productivas de sustancias ilícitas y la aparición de nuevos tipos de drogas sintéticas (sobre las que el documento asegura, al respecto, tener poca información verificada científicamente) son los elementos finales de este pilar. Como se expresó, este salto temático solo responde al hecho que los dos pilares siguientes se enfocan en esos elementos, pero realmente también dejan ver el afán de mostrar el lado criminal que hay que penalizar. Es otra forma de legitimar, de manera discursiva, al aparato coercitivo (simbólico y factual) que opera en el país de forma transversal a todas sus realidades.

Análisis de la estructura argumentativa

Definición, interpretación de los nombres - humanitarismo

Como se ha visto, este topos implica una nominalización de las cosas y las personas que, además, deviene en un esencialismo; x es x porque es x. La primera línea argumental del segundo pilar (sobre geografías y sectores), de modo efectivo, utiliza esa estructura argumentativa para justificar el hecho de crear esas etiquetas y crear esos lugares y personas imaginadas. Entonces:

“Por diversas razones, incluyendo la suspensión del programa de aspersión aérea, se ha producido un aumento y fortalecimiento de los cultivos de coca en algunas zonas del país, principalmente en el pacífico nariñense, además de haberse generado la concentración de cultivos ilícitos con aumentos de productividad superiores al 30%.” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 20)

Y también:

“La transformación de los territorios propone superar la mirada centrada en extensiones de coca y se entiende y actúa sobre las complejidades de los mismos. Esto implica, no solo focalizar en las unidades productivas donde se siembra o no cultivos ilícitos, sino también los centros poblados más cercanos y los centros de mercado que pueden articular la actividad lícita.” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 21)

De forma simplista, la política antidrogas señala “lugares y personas”, pero no complejiza sobre la naturaleza de estos lugares y las condiciones específicas de estas personas. Esto deja ver, una vez más, que se legisla desde el centro del país; intervenir las “periferias” de este centro político que es la capital del país, desconociendo de quién se habla o de qué lugares se trata. Pareciera como si la argumentación de la política se basara en información de dominio público y enciclopédico, pero nunca de conocimiento situado construido a partir de y con las comunidades. Si se contrasta la retórica del documento aquí analizado con la de un artículo de Noticias Caracol sobre las tensiones que el regreso del glifosato está generando en el Putumayo, se puede ver una cierta similitud en la forma simplista y acrítica con la que el artículo de prensa enuncia a las personas: “estamos cansados de las fumigaciones con glifosato que tanto daño le han hecho a nuestro departamento”, dicen comunidades campesinas del Putumayo que rechazan de forma unánime el anuncio del Gobierno de reiniciar las fumigaciones con glifosato¹⁵.

Probablemente, el diario afirmaría que se trata de redacción de consumo, por lo que debe ser simple y rápida de procesar, pero esto implica un par de cosas, primero, en la medida en que se ha hecho hincapié frente a la importancia de lo lingüístico como un primer momento en la representación de las personas y las cosas. La gente que lea el periódico comenzará a reproducir esa misma etiqueta con la que el diario cubre a esas personas. Segundo, el diario contribuiría finalmente a justificar las prácticas en la Política Antidrogas “Ruta Futuro”.

Por otro lado, y a modo de contraste, la retórica y el uso discursivo visto en un artículo redactado para la página web del Canal 1, se siente mucho más contextualizada y mucho menos genérica: “En el corregimiento de El Mango, zona rural de Argelia, los habitantes piden al Gobierno dialogar con las comunidades para implementar planes de sustitución voluntaria de cultivos, evitando la fumigación aérea con glifosato”¹⁶.

Lo que esto deja ver es que hay un ejercicio insuficiente desde la argumentación para mencionar que sí hay unas ciertas personas o poblaciones en estas geografías donde se encuentra mayor concentración de los cultivos ilícitos, pero el documento oficial de la política no dedica ninguno de los cuatro pilares a reflexionar sobre la plurivocalidad de quienes habitan estos lugares, sus contextos, sus particularidades, etc. Por lo que, si bien una lectura poco cuidadosa del texto podría permitir que uno interprete que sí hay una preocupación humanitaria por las gentes que habitan estos lugares, realmente las personas, los seres humanos allí presentes, son solo datos estadísticos. El topos del humanitarismo es, entonces, utilizado como falacia argumental para generar una carga afectiva en quien lee y justificar una vez más la necesidad de lo estipulado en el documento.

Historia, números y responsabilidad

Los topos de historia, números y responsabilidad pueden verse de forma transversal a lo largo de la argumentación del segundo pilar. El topos de historia es uno que señala que es pertinente tener en cuenta los hechos históricos y las decisiones políticas hechas con anterioridad, además de sus consecuencias, ya que estas pueden desembocar en consecuencias negativas y positivas.

En segundo lugar, el topos de los números es uno que se basa en los datos estadísticos como fuente verídica de información y, finalmente, el topos de la responsabilidad apunta a que, por ejemplo, el Estado debe actuar en consonancia con lo que esté sucediendo y afectando sus territorios y orden nacional. Así las cosas, detrás de la conjugación de esos tres topos o estrategias argumentativas hay un afán por reivindicar una continuidad en el discurso de la política antidrogas, que tuvo un fuerte asentamiento a nivel mundial desde los años de 1980 por causa de la influencia estadounidense en el cono sur. La necesidad de saltar la fractura discursiva y práctica, en materia de política de drogas, que el Gobierno anterior al actual protagonizó debe ser reemplazada —una vez más— con la continuidad del discurso prohibicionista mencionado. El documento de la Política Antidrogas “Ruta Futuro” lo argumenta así:

“La evidencia que se ha desarrollado en torno a las dinámicas de los cultivos ilícitos y las condiciones socioeconómicas y de seguridad de las regiones a partir de los esfuerzos del Ministerio de Justicia y UNODC, proveen información cualitativa y cuantitativa para focalizar el territorio afectado para identificar áreas estratégicas de intervención, que garanticen la disminución progresiva y efectiva de los cultivos ilícitos y demás problemáticas asociadas.” (Política Antidrogas “Ruta Futuro”, 2018, p. 21)

Así mismo, la retórica de la continuidad discursiva, justificada bajo la idea de la protección del medioambiente como bien superior a alcanzar es evidente en las siguientes líneas de un artículo redactado por el diario El Espectador. Nótese cómo el diario juega con la enunciación de los protagonistas, situándolos en contexto con nombres propios, a diferencia de cuando se habla de comunidades o sectores. Así, una vez más, la política antidrogas vuelca sobre ciertos sujetos una responsabilidad sobre una problemática compleja:

“Esta decisión [la de retomar las fumigaciones] de las mayorías del Gobierno se lee como un saludo al decreto que expidió hace poco el presidente Iván Duque junto a sus ministros con el que se crea el marco normativo para el uso del glifosato en la fumigación aérea y con el que, según el Ejecutivo, se controla el riesgo para la salud y el medio ambiente.”

Queda visto cómo el accionar¹⁷ del Estado debe primar por encima de cualquier cosa. Estas acciones se basan en las estrategias argumentativas descritas (historia, números y responsabilidad), pero —de forma contradictoria— van en contra del topos del humanitarismo al tiempo que contradice el topos de los números, ya que también hay amplia información estadística en relación con el daño medioambiental y de salud pública que implica el uso del glifosato para la erradicación de estos cultivos.

A propósito, en una entrevista para el programa La W (de la emisora W Radio) con el ministro de justicia Wilson Ruíz, este aseveró que “cuando se habla de aspersión es con precisión, no tocaremos territorios indígenas ni zonas de agua”¹⁸. Mientras que la evidencia estadística —a la que tanto apeló el Gobierno de Iván Duque— señala lo contrario. En un artículo del diario El Tiempo, se señala la preocupación de expertos de varias nacionalidades al respecto:

“[...] Se ha demostrado que (la fumigación con glifosato) presenta importantes riesgos para la salud y el medio ambiente para las poblaciones afectadas y también que “irónicamente, la fumigación aérea es singularmente ineficaz para eliminar los cultivos de coca” y que, además, es mucho más costosa que otros enfoques.”19

Peligro y amenaza - inutilidad y desventajas

A parte del topos de la responsabilidad, el topos del “peligro y la amenaza” es aquel en el que el Gobierno actual se basa para adherirse al andamiaje político y discursivo detrás del prohibicionismo del norte global en materia de sustancias ilícitas. Es una estrategia discursiva-reactiva que consiste, puesto en términos simples, en hacer algo al respecto de cualquier amenaza o —de forma contraria— no emprender ninguna acción que devenga en una amenaza en contra (simbólica o factual). Particularmente, el objetivo estratégico 3 del segundo pilar de la política antidrogas señala una serie de pautas a seguir para reducir la disponibilidad de la droga y, paulatinamente, diezmar su producción.

El problema es que cae en una contradicción del topos mismo del peligro y la amenaza, al igual que contradice el topos de la inutilidad y las desventajas. No es difícil ver que aquellas pautas del objetivo estratégico 3 son inalcanzables desde el accionar solitario del Estado colombiano y además porque desconoce que la llamada “lucha contra las drogas” es una que no se puede luchar, valga la redundancia, porque los mismos Estados que dicen ser parte de esta son tanto productores como compradores.

Algunas de las pautas del objetivo estratégico, y que caen en las dinámicas argumentativas señaladas, pueden ser:

“a. Controlar el comercio internacional de sustancias químicas a través del fortalecimiento de la pre-notificación y mediante la implementación de un sistema de alertas tempranas internacional, que permita ejercer un control efectivo a este tipo de sustancias, afectando la producción de estupefacientes. Generar espacios de corresponsabilidad a nivel internacional. b. Realizar acciones integrales contra estructuras de producción y en puntos de salida. c. Contener de forma articulada las rutas e infraestructuras de producción. d. Contener de forma terrestre al tráfico de estupefacientes en Focos priorizados de Interdicción (FIA).” (Política Antidrogas “Ruta Futuro, 2018, p. 48)

La contradicción no solo se hace presente en el documento de la “Ruta Futuro”, sino que también es visible en los voceros del Estado. Según un artículo de Noticias RCN, el consejero presidencial de seguridad respondió lo siguiente al vocero de la ONG Humans Right Watch, José Miguel Vivanco, a través de su cuenta de Twitter: “[…] no es más tropa y más tropa, tampoco solo erradicar coca; es intervención integral del Estado y transformar regiones para sustituir economías ilícitas por lícitas, fortalecer el Estado de derecho y proteger la población”²⁰.

Sin embargo, la militarización de las zonas y la presión sobre los sujetos construidos de manera discursiva por la Política Antidrogas “Ruta Futuro” va al alza cada día. Según un informe de Indepaz (2022, noviembre), en los últimos 40 años de gobierno, dicha militarización, con frecuencia, ha sido justificada por la presencia de otros agentes armados en las zonas de producción, más no porque realmente contribuya a una mejoría de la problemática:

“En otros casos, estas organizaciones desarrollan todo el proceso de producción desde las plantaciones, la extracción de la pasta básica y la refinación del clorhidrato de cocaína. Todo el negocio se apoya en la seguridad física y territorial que brindan las organizaciones paramilitares, las bandas criminales, el ELN y las disidencias guerrilleras presentes en las zonas de producción. Este nuevo sistema de control territorial y del negocio de la cocaína ha conducido a situaciones crecientes de violencia a toda forma de competencia por parte de otros empresarios de la droga, o de independencia de los campesinos cultivadores.”

Conclusiones

De forma general, este artículo sobre política pública tuvo como referente teórico principal las categorías teóricas de la llamada imbricación de género/sexualidad, clase social y raza. Se esperaba poder identificar explícitamente las categorías dichas en esta problemática de investigación, pero en realidad lo primero que se puede concluir, luego de terminar el análisis, es precisamente la invisibilización o mención acrítica de solo algunas de las categorías en la argumentación de la Política Antidrogas “Ruta Futuro”. Esto, de modo principal, porque si se mencionan se hacen precisamente para reiterar una diferenciación en un sistema de opresión racista, clasista o heteronormativo.

Así mismo, fue relevante pensar el problema de la representación en este trabajo porque aquello que la Política Antidrogas “Ruta Futuro” hace es producir representaciones de sujetos y contextos particulares que, por un lado, imagina y, por el otro, interviene y ataca discursiva y factualmente, pero siempre basándose en la falacia argumental y discursiva con que los construyó. Es decir, es un ejercicio cíclico en su accionar, pero arbitrario en su razonar.

De forma más específica, y en relación con la categoría de sexualidad/género, fue posible localizar que, desde el primer pilar del documento de la política pública, se habla de la categoría acrítica, y sin complejizar, de la mujer. Se habla, entonces, de un creciente aumento en los datos estadísticos disponibles sobre mujeres consumidoras de sustancias ilícitas, pero no se problematiza la categoría, por lo que invisibilizan contextos, condiciones socioeconómicas, y posibilidades políticas. Dicho de otro modo, la argumentación de la política indica que toda mujer es lo mismo que otra, lo que hace de la categoría un esencialismo argumentativo y práctico. Así, en el ámbito del consumo, las mujeres son priorizadas en su condición (casi necesaria en lo argumentativo) de vulnerabilidad, sin realmente establecer las condiciones reales de atención en un andamiaje institucional pensado para una población masculina.

Los datos estadísticos presentados por el Inpec, en cambio, relacionan directamente el aumento de la población carcelaria femenina con los delitos relacionados con drogas. Elemento que pone en cuestión el abordaje de la problemática en términos de salud pública. Además, la intervención sobre las economías cocaleras se hace de manera general, asumiendo necesariamente una población masculina como trabajadora. El asunto de las mujeres se visibiliza, como ocurre con el consumo, en relación con las afecciones reproductivas. Así como en el sistema de atención médica serían priorizadas las mujeres en estado de gestación, las afectaciones de la fumigación con glifosato nunca se relacionan con la economía de las mujeres que dependen de estos ingresos, sino con aquellas que sufrieron abortos a causa del agroquímico.

Por otra parte, en materia de clase social y raza, se identificó la misma práctica discursiva descrita: hacer mención breve y sin complejizar, en este caso, de geografías, “comunidades” y “sectores”, pasando por alto las complejas dinámicas que se viven en las zonas más afectadas por la siembra y cosecha de dichos cultivos. Problemáticas cruciales como la distribución de la tierra y las condiciones materiales y sociales para poder trabajarla nunca son mencionadas en el documento de la política. No siendo suficiente, hay una homogeneización desde lo discursivo (pero que siempre desemboca en lo práctico) frente a los grupos indígenas que habitan las zonas donde se cultiva. La diferencia es instrumentalizada, pues la intervención se justifica, por un lado, desde la idea de la vulnerabilidad, en la que se asume una posición paternalista frente a las condiciones de pobreza y violencia, pero, por otro lado, desde la criminalización, como actores productores y consumidores de cultivos ilícitos.

La “cocalización” de diversas economías rurales lleva a generar enclaves y poblaciones enteras dependen hoy de la producción, siendo beneficiarios en el último eslabón de la cadena productiva: jornaleros y raspachines. Marcados por una intención política desde los sistemas de diferenciación, estas poblaciones no solo se encuentran directamente relacionadas con la pobreza, el poco acceso a servicios educativos, de salud y vivienda, sino también con la poca decisión en la transformación de sus propios territorios y la autoridad sobre las economías que las sostienen. Pese a que la siembra de la coca se convierte en la opción más rentable, su ilegalidad viene aparejada con la persecución, las dificultades de asociación, organización y control sobre los beneficios alrededor del real valor de su producto.

Esto es importante de señalar en materia de clase social porque es un ejemplo más de cómo la concentración del poder (simbólico y factual) en la capital del país permite, en este caso particular, legislar, intervenir y agredir en el proceso a aquellas comunidades humanas que no encajan en el estereotipo del blanco-mestizo. Lo realmente llamativo, y sobre todo preocupante, es el hecho que los medios escritos a los que se recurrió como corpus de análisis complementarios al documento mismo de la política, reproducen las mismas dinámicas discursivas y constituyen un sentido común, por lo que es posible que su accionar y postura frente a esta problemática sea creer en la necesidad de discursos y prácticas basadas en el prohibicionismo para “ganar” la “lucha” contra las drogas.

De forma general, la manera en la que se caracterizan a ciertas poblaciones como: negras, indígenas, campesinas, ligadas automáticamente con la pobreza, la vulnerabilidad, la criminalidad, la falta de participación en la toma de decisiones como minorías, etc., se articula fácilmente con la idea la del Estado multicultural. Aparecen estratégicamente con esta diferenciación bajo el velo de un reconocimiento, pero meramente ornamental —haciendo referencia a las críticas de María Lugones (1995) o Silvia Rivera Cusicanqui (2010)—, ocultando las desigualdades profundas de esta diversidad. Entonces, estas poblaciones son importantes para mostrar una pluralidad cultural, pero son un problema para la economía y sus lógicas desarrollistas. Algo similar ocurre con una estructura o doxa heterosexual y binaria —recuperando el análisis de Ochy Curiel (2013)—, desde el ideal hegemónico de familia, mujer, rol social, etc. En los sujetos de intervención se superponen estos modelos y se pretende accionar partiendo de estos.

Este ejercicio de diferenciación, como se describió, es posible en el marco de una agenda de intervención cooperativista del norte hacia el sur, pero también se aplica según las lógicas del norte en el sur. Esto es, desde una clase política (privilegiada de manera económica, urbana, blanco/mestiza, heterosexual) que toma decisiones desde el centro hacia las periferias, con planteamientos y acciones muchas veces alejadas de las realidades, afectando las poblaciones que habitan las zonas rurales del país en aquellas fronteras internas históricamente acentuadas: comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que también son caracterizadas bajo ciertos parámetros económicos, sociales y políticos para poder ser intervenidas. Lo anterior, al imitar el ejercicio que hace el primer mundo (consumidores) con los países productores (del tercero) en el andamiaje de la economía internacional de drogas.

Como se mostró en la discusión planteada en este artículo, un ejemplo de lo anterior es el proceso proyectado por Estados Unidos que se debe dar para que un país “productor” pueda ser partícipe y “beneficiario” de iniciativas bilaterales antidrogas. Tal andamiaje resulta en que Estados Unidos utilice su influencia, poder político y económico para evadir la responsabilidad que tiene en la problemática —ya que es el país más consumidor de psicoactivos del mundo, según las estadísticas—, mientras que descarga toda la responsabilidad en los países que ha denominado productores. Dicho de otro modo, la agenda cooperativista que impone Estados Unidos, en realidad supone una serie de obstáculos que, por un lado, dificulta los esfuerzos que los países productores puedan buscar en aras de reducir la producción y el impacto en el mercado internacional dado el proceso de certificación que deben aprobar y, por otro, minimiza la responsabilidad de Estados Unidos como uno de los grandes consumidores en el mercado global de las sustancias ilegales.

En general, la Política Antidrogas “Ruta Futuro”, se configuró en una de las prácticas discursivas de la ideología imperante en el Gobierno de Iván Duque, pero además tuvo una relación directa con la coyuntura política transversal a la historia de Colombia acerca de la problemática de la coca. De forma constante, los países productores se ponen a merced de las directrices internacionales de un andamiaje institucional en el que dichos países figuran como campos de intervención y experimentación. Sus poblaciones, ya clasificadas dentro de un sistema mundo eminentemente capitalista, pasan a ser responsabilizadas de la violencia, el despojo, inequidad y pobreza que les afecta.

Muestra de lo anterior es la cobertura en artículos de prensa (a nivel local e internacional), al igual que los debates que se han suscitado alrededor del alarmante aumento de las hectáreas de coca sembradas hoy en día, en comparación con las mediciones hechas hace apenas unos años. Por supuesto, la producción de información, circulación y divulgación de esta, hecha por estos medios, es por completo parcializada; se trata de los canales de comunicación de corte hegemónico y oficialista en el país, por lo que las perspectivas allí redactadas tienen un sesgo particular. Más que informar, la función de estos medios parece ser más la de legitimar ciertas formas de gobierno, basadas en posturas políticas conservadoras, de derecha y en consonancia con posturas y políticas cooperativistas originadas en el norte global.

Como se vio a lo largo del análisis, hasta nuestros días, este tipo de intervención que se dice “cooperativista” se constituye como una forma colonial basada ahora en los valores propios del neoliberalismo, totalmente vacíos de un conocimiento crítico de los contextos y las realidades sociales. Así, los derechos humanos o la defensa del medioambiente terminan siendo totalmente instrumentalizados en pro de legitimar determinadas acciones. La efectividad del miedo, lograda por los medios de comunicación, ayuda a generar estados de excepción en los que el Gobierno puede tomar medidas totalmente autoritarias y vigilantes sobre los menos beneficiados dentro de la economía del narcotráfico; finalmente, las grandes estructuras criminales nunca son en realidad atacadas.

Por último, pese a que la política se proclamó como un intento de abordar la problemática desde un enfoque de salud pública, las acciones prohibicionistas, sesgadas y moralistas vuelven a tratar el consumo y la producción de estupefacientes desde la lógica más nefasta y, en numerosas ocasiones, probada como ineficaz. En la práctica, dado el tratamiento político y policivo que se le ha dado a la problemática desde el andamiaje discursivo de la “guerra mundial contra las drogas”, dicha forma de intervención se sigue dando en función de resultados bélicos, en incautación de toneladas de producto ilícito, hectáreas fumigadas y personas judicializadas.

Como se ha mostrado en otros momentos de la historia colombiana, este enfoque terminó por darle un impulso a estas economías, aumentando las brechas de desigualdad y disparando las violencias en los territorios. Además, mantiene los grandes costos económicos, humanos y ambientales propios de sus propuestas antecesoras. Lo que es claro hoy es que la economía alrededor del narcotráfico se fortalece en detrimento de aquellos sectores que están a merced de sus dinámicas de profunda violencia y despojo.

Referencias

Referencias de prensa

Documentos oficiales

Sentencias

Notas

* Artículo de investigación científica

¹ El informe oficial de monitoreo de UNODC muestra un incremento del 17% a nivel nacional y hasta el 64% del incremento en territorios como Antioquia o Putumayo respecto al censo del 2016.

² Si bien la perspectiva de Hall no es metodológica necesariamente, sí permite entender por qué es válido y, sobre todo, imprescindible hacer un trabajo de análisis crítico del discurso que comience por lo lingüístico y lo textual y termine en esferas argumentativas y práctico-discursivas.

³ Recuperamos este concepto foucaultiano de biopoder porque la política antidrogas establece técnicas y estrategias discursivo-prácticas desde las que se busca regular los cuerpos. Piénsese en prohibicionismo alrededor del consumo individual de ciertas sustancias catalogadas dañinas para los organismos.

⁴ Es fácil ver, desde estas ideas, por qué para muchas personas en Colombia RCN o Caracol son fuentes fidedignas de información o todo lo contrario.

⁵ A propósito de la localización y análisis de las estrategias discursivas. Son estas estrategias las que, para el tema del presente artículo, crean las geografías de los cultivos ilícitos, imaginan a los actores sociales que las habitan e interactúan con estas, pero también es por medio de dichas estrategias que se materializa la intervención hostil y coercitiva, por parte del gobierno de turno, a los contextos y a las personas mencionadas.

⁶ Por ejemplo, el del incumplimiento de los Acuerdos de La Habana en materia de la lucha antidrogas, retomando lógicas asistencialistas y criminalizantes sobre los sujetos involucrados.

⁷ Véase Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf

⁸ The Biden-Harris Administration’s First Year Drug Policy Priorities: https://www.whitehouse.gov/ondcp/the-administrations-strategy/the-biden-harris-administrations-first-year-drug-policy-priorities/

⁹ Como sí se ha hecho de manera enfática en otros modelos de control estatal.

¹⁰ https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88843

¹¹ https://www.youtube.com/watch?v=mvDz7n_1JvI

¹² En 2008, la Dirección Nacional de estupefacientes circuló por medios de comunicación dos comerciales “No cultives la mata que mata” y “no trafiques la mata que mata”. Ambas se enfocaron en crear una “concientización sobre el problema de las drogas, enfocadas tanto en el cultivador como en el pequeño traficante”.

¹³ http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1190-proyecto-de-ley-060-de-2018

¹⁴ Esta idea apunta al topos de los números que, a su vez, enfatiza el topos de realidad. Entonces, las cifras determinan lo que es real y lo que no. Un enfoque tecnócrata, cuando menos.

¹⁵ https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/tension-en-putumayo-por-reinicio-de-fumigaciones-con-glifosato

¹⁶ https://noticias.canal1.com.co/nacional/habitantes-de-argelia-cauca-piden-no-fumigar-con-glifosato/

¹⁷ https://www.elespectador.com/noticias/politica/comision-quinta-del-senado-hundio-proyecto-que-prohibia-el-glifosato/

¹⁸ https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aspersion-con-glifosato-las-razones-del-gobierno-para-rechazar-la-carta-de-la-onu/20210309/nota/4115520.aspx

¹⁹ https://www.eltiempo.com/politica/expertos-envian-carta-a-ee-uu-contra-fumigacion-con-glifosato-573833

²⁰ https://www.rcnradio.com/politica/politica-antidrogas-no-solo-se-basa-en-erradicar-cultivos-ilicitos-gobierno-human-rights

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: arodriguez_d@javeriana.edu.co

Información adicional

Cómo citar este artículo: Rodríguez, A. y Guerrero, V. (2023). Diferenciación social de la Política Antidrogas “Ruta Futuro” en Colombia: un análisis desde la imbricación de género, sexualidad, clase social y raza. Papel Político, 28. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo28.dspa

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