Introducción

En este artículo se analiza¹ desde la etnografía feminista y dialógica los tránsitos sexuales, identitarios y migratorios de mujeres trans trabajadoras sexuales y migrantes provenientes de Honduras. Así, sus experiencias son presentadas a partir de la documentación y análisis de las violencias específicas que experimentaron en su trayecto por México. La investigación consistió en documentar y comprender de manera relacional y situacional las especificidades sociológicas y etnográficas del dispositivo antitrata en dos contextos fronterizos mexicanos, y situando en el centro del debate las experiencias, vivencias y reflexiones de las mujeres trabajadoras sexuales migrantes (cis y trans).

En este sentido, el artículo está analíticamente transversalizado por dos grandes ejes de discusión teórica, que permiten articular los diversos niveles de análisis estructural (global/local y subjetivo) y los debates que comprenden. Primero, la perspectiva global/local es desarrollada a partir del análisis de dispositivos (de sexualidad y movilidad) en una red de relaciones de saber/poder que construye sujetos y verdades; y, segundo, la antropología feminista-decolonial e interseccional permite articular conceptos como resistencias, agenciamientos, trabajo sexual, trata sexual de mujeres, migración, derechos humanos, justicia de género, sexualidades diversas y heteropatriarcado.

Sentadas en una tortería ubicada en el centro de Tapachula (frontera México-Guatemala), Nanci narra:

Yo estuve presa durante 6 años en un penal para hombres en Mérida (México) por el delito de trata de personas. Pero yo nunca hice eso, ¡ni sabía qué era la trata! Pero en México cuando la policía te detiene y te acusa de un crimen, tienes que demostrar que eres inocente o te quedas una vida en la cárcel.

Después de que me acusaron de trata fue que supe que la trata de personas es enganchar y manipular a otra persona para venderla en contra de su voluntad. Y yo nunca he conocido en mi vida a alguien que le haya pasado eso, y mira que muchos de mis años los he pasado en la calle puteando. Yo llegué al penal porque me detuvieron en un operativo antitrata que hicieron en mi vivienda, un departamento que mi pareja rentaba para nosotros, para él y para mí. El operativo fue una noche, ya estaba yo acostada cuando llegó la policía golpeando y pateando la puerta, gritaban “¡abran la puerta o la tiramos!”. Al final sí la tiraron y entraron muchos policías encapuchados, gritando, con pistolas, armas largas, destrozando todo, golpeándonos a todos y llevándonos a la cárcel. ¡Yo no entendía qué estaba pasando! Mamita, ¡imagínate estar en tu cama durmiendo y despertar con eso! (Nanci, comunicación personal, 5 de febrero de 2019)

La narrativa con la que inicia esta sección del artículo es un fragmento de la experiencia de Nanci, una de las interlocutoras del trabajo de campo. Ella es trabajadora sexual, estilista y una mujer migrante, autodefinida como travesti y negra, tiene 39 años y lleva más tiempo viviendo en México que el tiempo que vivió en La Ceiba (Honduras), lugar donde nació. No tiene documentos migratorios mexicanos. Aunque ha solicitado refugio en México en tres ocasiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), no ha tenido ni tendrá oportunidad de una respuesta positiva por haber estado presa por el delito de trata de personas, un delito que no cometió, pero por el que fue encarcelada y sentenciada en un penal mexicano.

Este fragmento de vida de Nanci hace inteligibles las dimensiones global y local del gobierno neoliberal de las migraciones (A. Varela, 2020), su cruce transversal con la agenda política antitrata y la vivencia en las subjetividades sexuales racializadas y precarizadas.

México es un país geoestratégico que conecta América Latina con Norteamérica. Históricamente, es una geografía de movilidad permanente para diversas corrientes migratorias regionales, continentales y extracontinentales. Su frontera sur con Guatemala es una región caracterizada por una movilidad humana y no humana, histórica y permanente. Sin embargo, en los últimos veinte años los movimientos migratorios de personas empobrecidas, racializadas y discriminadas por su identidad y/o expresión sexual y genérica, se han visto cada vez más afectados por diversas políticas migratorias restrictivas, punitivas y por operativos a través de los cuales el Estado violenta sistemáticamente a estas personas; aunque, supuestamente, con la intención de “protegerles” en la lucha contra la trata y el tráfico de migrantes.

La geografía de la frontera sur de México: bajo los cielos del Soconusco

La frontera México (Chiapas)-Guatemala se ubica en la región conocida como Soconusco (figura 1). Es el principal lugar de entrada de las migraciones provenientes de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y, en los últimos años, cada vez más personas de África y Asia; personas migrantes que viajan por México, algunas con el fin de llegar a Estados Unidos, otras que buscan trabajar y residir en el país y otras desplazadas que buscan un estatus de refugio. Esta movilidad transnacional e histórica en la región ha sido parte constitutiva de la cotidianidad y de la producción y reproducción de la vida social, económica y política.

Para analizar en tiempo y espacio las experiencias migratorias de tránsito por México de las personas provenientes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, es preciso historizarlas y analizarlas en relación con la geopolítica de la región. Este análisis permite entender los vínculos entre los sujetos y el territorio, resaltando la importancia de la fronterización en la construcción de los Estados-nación y su relación dialéctica con el capitalismo. Un capitalismo patriarcal y neoliberal, constituido a partir de violencias, despojo, depredación, fraude y desposesión como medio para la acumulación del capital y poder (Harvey, 2003; Marx, 1973).

En la constitución social de estas violencias estructurales, los Estados se han vuelto garantes del neoliberalismo y del mercado, generando estructuras jurídicas y gubernamentales de administración de la vida. Aquello provoca desplazamientos forzados, invasión, extractivismo, deshumanización y mercantilización de la vida: una vida que en este sistema está subordinada a la producción de ganancias y a la acumulación de la fuerza de trabajo (Federici, 2010).

Los Estados, al mismo tiempo que gestionan la biopolítica de las personas desplazadas, de migrantes irregulares y solicitantes de refugio, las convierten en mano de obra todavía más barata, más flexible (Aquino et al., 2013) y más precarizadas, sin acceso a derechos y desechables para el capital. Son personas que son “construidas como desechables por un sistema neocolonial, clasista y racializado, que posibilita estas formas extremas de violencia. Es decir, un racismo que deshumaniza y vuelve ininteligible el valor de los cuerpos ubicados en territorios racializados” (Hernández, 2021, p. 48).

En México, esta producción de irregularidad migratoria está condicionada no solo por la clase, sino que también está heteronormada y racializada. A su vez, se sostiene en políticas migratorias securitarias, punitivas y carcelarias que criminalizan selectivamente a las personas migrantes empobrecidas que salen a descubrir otros horizontes de vida o que son forzadas a huir de las diversas expresiones de violencia que viven en sus países de origen.

Si bien la movilidad humana y las migraciones son inherentes a la conformación de todas las sociedades, la persecución y criminalización de las migraciones irregularizadas son producto del capitalismo neoliberal sustentado y reproducido por la guerra y la violencia. Esta guerra neoliberal tiene diversos impactos en las políticas públicas de cada país. En México, una de esas consecuencias ha sido la securitización de los flujos migratorios que construye racializadamente a las migraciones irregularizadas como un “problema” a resolver y cierra fronteras.

Esta securitización de las migraciones en México se transforma e intensifica constantemente, en gran medida a partir de las relaciones jerárquicas bilaterales con Estados Unidos y Centroamérica. Históricamente, Estados Unidos ha ejercido violentas políticas colonialistas y de despojo. Primero, durante el contexto de la Guerra Fría, financiando golpes de Estado en Centroamérica y América Latina. Posteriormente, entre 1970-1993, fortaleciendo la “militarización de las relaciones internacionales” (Rodríguez Rejas, 2017), esto es, desplegando cuerpos militares de lucha contra lo que denominó “terrorismo de Estado”, financiando y perpetrando el terror a partir de la formación/capacitación y financiamiento de la guerra sucia contra las poblaciones de Centroamérica en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Finalmente, en los últimos años, durante el neoliberalismo, bajo el pretexto de seguridad nacional y de lucha contra las drogas, el tráfico y la trata de personas, Estados Unidos ha militarizado América Latina, señalando racializadamente a ciertos sujetos como amenazas criminales y convirtiendo a México en lo que se ha denominado “frontera vertical” (A. Varela, 2020).

Esta inserción en la agenda política de México del control de fronteras y de las migraciones indocumentadas como un tema de seguridad nacional, ha operado junto a un supuesto “combate” contra la trata y el tráfico de personas, armas y drogas en un marco de combate mundial en contra de la delincuencia organizada internacional. Este, bajo la idea de “amenaza” a los Estados-nación y a la seguridad nacional e internacional, ha generado ordenamientos jurídicos y políticas para la supuesta protección de personas migrantes indocumentadas en contra del tráfico y la trata.

Estos ordenamientos están amparados bajo narrativas de protección a los derechos humanos y justicia de género, pero de facto operan como dispositivos de gubernamentalidad (Foucault, 1991). Logran así el disciplinamiento racializado de ciertas conductas sexuales y de la movilidad humana, utilizando el miedo, los engaños, la persecución, la violencia policial, la detención y deportación como formas de gobierno de las migraciones.

Poner en discusión una crítica de estos instrumentos, tiene como fin un análisis académico que permita hacer inteligibles sus implicaciones políticas, ideológicas y, sobre todo, acercarnos a la experiencia vivida de las personas que experimentan estos dispositivos.

Vivir la criminalización de la migración irregularizada

En México, hasta 2008, la migración irregularizada –institucionalmente denominada indocumentada– era tipificada por la Ley General de Población como delito del fuero penal. Posteriormente, dejó de ser delito jurídicamente cuando se reformaron los artículos 118 al 125 y con la publicación de la Ley de Migración en 2011, a cargo del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Aquí se afirman que los principios de la ley son “respeto irrestricto a los derechos humanos” o la “no criminalización del migrante irregular”. Sin embargo, en las prácticas de las y los oficiales del INM se lleva a cabo todo lo contrario y se vive una criminalización de facto de las migraciones irregularizadas.

Actualmente, las condiciones de estancia en México son: residentes temporales, residentes permanentes y visitantes. Las y los visitantes pueden ser de tipo regional, trabajador fronterizo, por razones humanitarias, con fines de adopción, con permiso para realizar actividades remuneradas y sin permiso para realizar actividades remuneradas. Se otorgan distintos tipos de visa, aunque las personas con residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Irlanda del Norte, no requieren visa para ingresar a México.

La criminalización de facto de las migraciones irregularizadas tiene diversas consecuencias. Una de ellas ha sido el desarrollo de una industria en torno a las migraciones irregularizadas², donde se articulan Estados, ONGs y particulares. En esta economía de la migración están los cuerpos policiacos/policiales y burocráticos del Estado que, además de cumplir con el mandato de la violencia institucionalizada, aprovechan sus espacios de poder y jerarquía para extorsionar a las personas migrantes. Se encuentran también las redes de ONGs, la geopolitización de los servicios y atención de los organismos humanitarios, así como la participación de particulares que ofertan servicios en torno al mercado que produce la movilidad migratoria irregularizada (por ejemplo, abogados/as, vendedores, polleros, hoteleros y transportistas).

Una de las principales entradas al sur de México, utilizada por las personas migrantes irregularizadas, es la frontera Tecún Umán (Guatemala)-Ciudad Hidalgo (México), cruzando el río Suchiate –la frontera política– en una balsa. El río Suchiate es una superficie/cuenca que abarca 1230 km². Las profundidades del río y su caudal son diversas, dependen de la estación del año y de la temporada de lluvias. Hay momentos cuya profundidad es tan baja que se puede cruzar caminando u otras que es tan hondo y fuerte, que ha arrastrado vidas humanas. La característica permanente del río Suchiate es que siempre y a toda hora (figura 2), en ambas orillas internacionales hay balsas transportando mercancías, comestibles, gasolina, autos o personas.

Estas balsas son construidas con tablas amarradas sobre cámaras de llanta infladas, que le sirven para flotar. A quienes las navegan se les llama balseros o llanteros y es un oficio transnacional en esta frontera. Solo es llevado a cabo por hombres adultos, adolescentes o niños residentes en la región. Además, este oficio representa una importante actividad económica, a la vez que forma parte de la industria en torno a las migraciones irregularizadas.

El costo del viaje en balsa es de GTQ 10 (USD 1). Sin embargo, para las personas migrantes irregularizadas ahí comienza una cadena de pagos que realizan a particulares y de extorsiones que pagan a funcionarios burocráticos y policiales. Java, una mujer trans, trabajadora sexual cubana en tránsito migratorio por México e interlocutora en la investigación, explica cómo fue su entrada al país, las experiencias de extorsión que vivió y las formas de agenciamiento para ir resolviendo estas violencias:

Entramos el 1 de mayo [de 2019] a Tapachula, los agentes de migración nos quitaron dinero, la policía federal nos quitó dinero, todos nos quitaban dinero. En la combi en la que veníamos de Ciudad Hidalgo a Tapachula, la venían parando los policías y los agentes de migración, ellos cazaban a los migrantes y nos pedían dinero para dejarnos continuar. Si te veían pasar no les importaba si tienes papeles o no tienes, ¡lo que quieren es que tengas dinero! Y yo no cogía lucha con eso, porque lo que yo quería era pasarme. No me interesa cómo. Si tienes el dinero lo das y ya, y yo traía algo, no traía mucho, pero algo. (Java, comunicación personal, 28 de julio de 2019)

Las experiencias de tránsito migratorio que comienzan en el río Suchiate redimensionan vivencial y políticamente el muro vertical (A. Varela, 2013) que representa México para las migraciones irregularizadas (y en comparación con las fronteras que cruzaron antes³). Este espacio fronterizo se constituye dialécticamente con las y los sujetos, configura experiencias, a la vez que expresa la jerarquización de las movilidades y los accesos diferenciados por clase e identidad sexogenérica. Las/los migrantes irregularizados:

Entran en un territorio en el que se han contado entre 45 mil y 60 mil muertos por una guerra contra el “crimen organizado” y que está bajo una de las muchas caras del régimen global de las migraciones en el que operan, combinadas las políticas de externalización de fronteras instituidas por convenios de “seguridad nacional” entre México y Estados Unidos. [Y en donde] según estimaciones diversas, cada año se producen en México 10 mil secuestros anuales en contra de migrantes mayoritariamente centroamericanos. (Varela, 2013, p. 177)

Se propone la categoría de lugar fronterizo a partir de la propuesta analítica de Gupta y Ferguson (2005), quienes plantean que los espacios sociales están interconectados jerárquicamente y no naturalmente desconectados, de modo que las dinámicas sociales y culturales no son solo referentes de las proximidades materiales, sino que permiten repensar las diferencias y cercanías a través de las interconexiones e intersecciones que generan identidad-es y sujeto-s:

Las zonas fronterizas se constituyen justamente en un lugar tal de contradicciones inconmensurables. El término no designa una localidad topográfica fija ubicada entre otras dos localidades fijas (naciones, sociedades, culturas), sino una zona intersticial de desplazamiento y desterritorialización que configura la identidad del sujeto híbrido. En lugar de descartarlas como insignificantes, como zonas marginales, delgadas franjas de tierra entre lugares estables, queremos proponer que la noción de zonas fronterizas es una conceptualización más adecuada de la ubicación “normal” del sujeto posmoderno. (Gupta y Ferguson, 2005)

En las interacciones fronterizas se construyen ideas y experiencias del Estado-nación. Entonces, la división geopolítica adquiere diferentes significados para quienes viven en la frontera, para quienes la cruzan o para quienes ni la viven ni la cruzan, sino que la piensan, imaginan o escriben a distancia sobre ella. En esta creación y ruptura de significados, las personas migrantes irregularizadas no solo sueñan con otros horizontes de vida vivible y disfrutable, sino que materialmente hay también quienes transgreden las fronteras sexuales y políticas, como es el caso de la comunidad LGBTI+. Y si bien ellas y ellos sistemáticamente se encuentran con opresiones y diversas violencias en su trayecto migratorio, también construyen resistencias frente a este sistema político de despojo, depredación y muerte.

¿Cómo se relacionan la trata de personas y el tránsito migrante irregularizado?

Si bien la trata, el tráfico de personas y las migraciones irregularizadas son no solo tres conceptos distintos, sino tres prácticas/vivencias/experiencias distintas y diversas, tienen un denominador común que es la violencia estatal e institucional hacia ciertas personas empobrecidas, sexualizadas y racializadas que el Estado criminaliza en nombre de “controlar y ordenar” a las/los migrantes, con el fin de protegerles de las redes de la trata y el tráfico de personas.

Las leyes mexicanas contra la trata y el tráfico de personas se desprenden del Protocolo de Palermo, elaborado en el marco internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, en Palermo (Italia) en 2000. En dicha convención se discutieron y denominaron graves problemas internacionales a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes y de armas⁴. Debido a su carácter vinculante, sus definiciones han sido utilizadas e interpretadas para la elaboración de leyes nacionales y estatales (en México y otros países firmantes), así como también en investigaciones de tipo científico, periodístico o de organizaciones no gubernamentales.

El Protocolo de Palermo define en su Artículo 3 a la trata de personas como:

(…) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Mientras que el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, define en su Artículo 3 como tráfico ilícito de migrantes a:

La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero de orden material.

Estos dispositivos legales y sus definiciones forman parte de un régimen global de fronteras, del gobierno de las migraciones y de sus narrativas de “orden” y “control” de los flujos. Se trata de dispositivos que producen, reproducen y sostienen la criminalización de las migraciones empobrecidas, racializadas y de redes que se tejen para la movilidad de estas/estos migrantes. Las definiciones de tráfico y trata de personas a menudo son utilizadas como sinónimos o como actividades adyacentes vinculadas a la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, en las experiencias de las personas, trata y tráfico no necesariamente se implican mutuamente.

El tráfico de personas en la red de migraciones en México, aunque está estigmatizado y criminalizado, no necesariamente siempre opera bajo las redes de la delincuencia organizada. Gabriella Sanchez y Luigi Achilli (2019), en una investigación con personas polleros/coyotes o facilitadores de la migración en Ciudad Juárez, encontraron que quienes se dedican a esta práctica también son jóvenes que viven en contextos de marginación, precarización laboral y de la vida que hacen uso de sus recursos, como el conocimiento de la geografía local y de prácticas comunitarias, para ganarse la vida. Por tanto, no necesariamente forman parte del crimen organizado.

En la investigación con mujeres trans cubanas y centroamericanas migrantes, en tránsito por México, se encontró también que contratar a personas que facilitan la migración es una de las estrategias de seguridad y autocuidado de las/los migrantes en tránsito para sortear las violencias que México representa para las personas migrantes irregularizadas.

La gestión de la vida migratoria de ninguna forma detiene ni controla los movimientos humanos, pero sí obliga a algunas personas a cruzar por rutas alternas que representan mayores riesgos hacia ellas y ellos en este México violento que se ha convertido en una geografía de desapariciones y una gran fosa clandestina. Rutas donde las personas migrantes se encuentran violencia policial, migratoria, burocrática, corrupción y extorsión de agentes estatales y de cuerpos policíacos/policiales y migratorios, así como la obstaculización burocrática para las solicitudes de asilo y refugio, además de las violencias provenientes del crimen organizado.

En este contexto generado por la ilegalización de las migraciones y de los desplazamientos forzados, las personas irregularizadas se ven en la necesidad de contratar a otras personas intermediarias o facilitadoras de la migración, denominadas también polleros o coyotes. Esta práctica y/o servicio es criminalizada (delito tipificado) como tráfico de personas, aunque en la vida social migratoria no necesariamente represente un delito para quienes se ven obligados, por la violencia del Estado, a contratar estos servicios. Cabe destacar que las/los polleros/coyotes no siempre son personas desconocidas, sino que pueden ser redes familiares, de amistades o cercanas.

Contratar a estas personas puede resultar bien y proveer mayor seguridad y estabilidad en el tránsito, o lo contrario, también puede suceder que estos intermediarios sean un fraude o sean miembros del crimen organizado; esto último está registrado en mayor medida hacia el norte del país, mientras que en el sur las personas que facilitan la migración pueden ser familiares o redes de personas conocidas, hombres y mujeres que ya han realizado antes estos trayectos y tienen conocimiento de las rutas migratorias más seguras y los mejores horarios para el tránsito. Cabe destacar que, si entre la familia, amigos o redes cercanas de las personas, no hay coyotes, pagar los servicios de uno/una implica una inversión económica que para las personas con menos recursos económicos es más difícil de llevar a cabo, por ello también aumentan sus riesgos en el trayecto migratorio.

Una de las estrategias de las mujeres trans migrantes es también el ejercicio del trabajo sexual, tanto en sus lugares de origen como de tránsito. Ginger, una mujer trans, migrante, hondureña e interlocutora en la investigación, estuvo planeando estratégicamente durante meses su viaje de Honduras hacia México y sus estrategias de autofinanciamiento. Explica que antes de llegar a México estuvo trabajando en el comercio sexual en Costa Rica, específicamente para ahorrar dinero y poder movilizarse por México con mayor seguridad. Ginger estuvo dos veces en México. La primera, pagó a un coyote que resultó un fraude porque la entregó a Migración. Sin embargo, en la segunda ocasión, contrató a una persona que no solo cumplió el trato del traslado acordado, sino que solidariamente le ayudó porque no podía caminar al lastimarse un tobillo en las vías del tren. Esta experiencia de Ginger nos permite cuestionar la criminalización de las/los polleros y exhibe la criminalidad de la policía y agentes de migración en las rutas migratorias:

En el año 2016 (en noviembre), con el dinero que hice en Tuxtla [en el trabajo sexual] pagué un coyote para que me llevara a Estados Unidos, pero cuando llegamos a Matamoros, Tamaulipas, él mismo me entregó a la migración de México, entonces fui deportada a mi país. El coyote nada más me robó mi dinero. A él lo conocí por una amiga que me pasó su contacto, y cuando me entregó yo ya le había pagado, porque cuando pagas coyote, primero pagas y luego es que te llevan, y ya le había pagado como MXN 60.000 (USD 3.000). Cuando la migración me deporta a Honduras, entonces decido regresarme a Costa Rica de nuevo a trabajar y hacer más dinero para juntar y pagarle a otro pollero.

Ya en el 2018 yo subo al DF desde Tapachula con otro pollero que me cobró como 30.000 por llevarme hasta DF, yo lo conocí porque un amigo me lo presentó por Facebook. ¡Y ahí sufrí horrible, horrible! Porque subimos al tren y casi llegando a Córdoba, Veracruz, como a la 1 de la mañana un operativo de migración nos bajó del tren y al momento que yo me tiré del tren para correr, me golpeé mi tobillo y se me inflamó bastante, bastante. Entonces el coyote me tuvo que llevar cargando en su lomo hasta la casa donde llegamos a bañarnos y cambiarnos.

De Chiapas a Veracruz llegamos tomando camiones con el coyote, él traía como 49 personas y ahí fue donde subimos a la bestia, sólo fue un tramo corto en el que lo tomamos. Subimos cuando el tren estaba parado, custodiado por policías, pero el coyote les pagó por cada uno de los inmigrantes que llevaba, así que ya nos dejaron subir. (…) Luego salimos de Córdoba, Veracruz, a las 5 de la mañana en un camión de pasajeros hacia Tehuacán (Puebla). Salimos de una terminal de camiones, el coyote subía a unos en un camión y a otros en otro, como si fuéramos pasajeros normales. Como yo venía golpeada, yo siempre ya viajaba con él. Llegando a Tehuacán dijo que había problemas para seguir a DF, que teníamos que regresar a Córdoba para subir de nuevo al tren y viajar en él hasta Lechería, Estado de México. Pero yo le dije que no, que no iba a volver, que me dejara ahí o me mandara en un autobús o en un taxi a la Ciudad de México porque ¡ya estaba súper cerca de Puebla y de la Ciudad de México! Yo no iba volver abajo a subirme de nuevo al tren y viajar todo eso hasta Lechería, [Estado de México], además yo estaba golpeada y me daba miedo. El coyote dijo que sí y entonces me mandó en un [camión] ADO a Puebla con uno de los señores que nos cuidaron en la casa de Córdoba. Ya en Puebla, fue mi prima por mí en un taxi y me fui con ella a Ciudad de México. (Ginger, comunicación personal, 11 de marzo de 2020)

La resistencia de las personas migrantes, en general, y de las mujeres trans, en este caso particular, está presente en todas las experiencias de movilidad y no solo de movimiento migratorio, sino en sus movimientos y decisiones espaciales y de objetos/intercambios. Las personas son/somos atravesadas por complejas interconexiones entre movilidades e inmovilidades físicas, virtuales, comunicativas e imaginativas (Sheller, 2018). En este sentido, la experiencia de Ginger refleja también cómo interaccionan simultáneamente los regímenes de movilidad con los sistemas de control migratorio.

Según la geografía crítica, la migración es una de las formas de movilidad (Hyndman, 2011), y es una experiencia que se vive encarnadamente, que produce subjetividad y que tiene diversas fuerzas impulsoras. Esta experiencia de Ginger también es una ventana a una de las formas de apropiarse de los espacios, de negociar los trayectos migratorios y de seguir sus intuiciones para llegar a los lugares que tienen planeado llegar.

En esta narrativa desde la subjetividad de Ginger, hay también un eco de la crisis del capitalismo de muerte y su falacia narrativa sobre la utopía de libre movimiento en la globalización y el neoliberalismo. Esta experiencia migratoria materializa la distopía desde un cuerpo trans y racializado. Es una expresión de cómo la movilidad en los países del sur global hacia el norte global, está condicionada por los efectos de la diferenciación de los sistemas de opresión de clase, racial y heterosexual. Los Estados-nación y sus regímenes de fronteras pretenden controlar ciertos flujos migratorios mientras acogen a otros. Los controles fronterizos, logísticos, de infraestructura y de recursos que hacen más eficiente la movilidad de unos, persiguen y criminalizan a otros al mismo tiempo, con un fin de disciplinamiento pero también como una forma de violencia expresiva (Segato, 2014), que transmite un mensaje a otras y otros migrantes que están planeando una huida transfronteriza.

La geopolítica migratoria monitorea y controla los cruces fronterizos y sobre todo a las personas que cruzan las fronteras. Los “migrantes bienvenidos” son por la mano de obra que representan: cuerpos cisheteronormados, morenos, pobres y racializados que pueden ser mano de obra –explotable, factible y sin derechos– para el trabajo “productivo”, o porque pertenecen a clases privilegiadas y cuentan con los elementos legales y sociales para estos movimientos (Hyndman, 2011).

Este dispositivo construye la movilidad migratoria como “algo” para controlar/regular a un otro, que si no cumple con ciertas características de clase (blancos/as, privilegiado/a), es entonces un migrante que hay que tutelar o deportar, con el fin de “proteger” el orden y la seguridad pública de las “amenazas/enemigos”. Este avanzado sistema de vigilancia migratoria cumple el fin de “vigilar y castigar” (Wacquant, 2014) con lógicas punitivas y de disciplinamiento racializado.

Y existe otro brazo del gobierno de las migraciones constituido en un dispositivo antitrata. Este opera con una doble funcionalidad: por un lado, sirve al control de los flujos migratorios bajo el pretexto de “protección” y “rescate” de personas migrantes; y, por el otro, se despliega como una política de criminalización del trabajo sexual. La propuesta hecha en esta investigación de dispositivo antitrata es desde una lectura foucaultiana (1991), y se hace referencia a una red de relaciones de saber/poder con el fin de controlar y disciplinar cuerpos y sociedades a través de diversas tecnologías. Este dispositivo opera a partir de las relaciones entre un modelo hegemónico de la trata de seres humanos, el trabajo sexual y las migraciones indocumentadas.

Este dispositivo se produce a partir de la legitimación de ciertos saberes y de su traducción en acuerdos, leyes y reglamentos antitrata, así como a partir de la atención humanitaria e infraestructuras (estatal y de ONGs) que se han creado para hacer de la “seguridad”, la protección al “peligro y amenazas”, así como de la “salvación” de supuestas víctimas, también un negocio moral y lucrativo y una forma de gobernanza social que produce/reproduce sujetos y regímenes de verdad. El dispositivo antitrata se ha construido de manera racializada, sexogenérica y clasista, a través de discursos dichos y no dichos, del silenciamiento de ciertas voces y experiencias, mientras que privilegia y circula otras a partir de las cuales se autolegitima. Los discursos que privilegia el dispositivo antitrata son las narrativas e imágenes generalizantes y totalizantes de las mujeres cisgénero precarizadas del sur global, no blancas, no burguesas y migrantes, a quienes representa como un sujeto unitario, vulnerable y una víctima-ideal esperando un “rescate”.

Como se leyó en el fragmento de vida que da inicio a este artículo, existen también las no-buenas víctimas, como las mujeres trabajadoras sexuales trans, que además de no ser reconocidas como probables víctimas, son masculinizadas y criminalizadas por el Estado.

El dispositivo antitrata ha generado una plataforma universalista que ha transnacionalizado su agenda política y reivindicaciones abolicionistas de la prostitución y de la pornografía, que ha sido también adoptada y reproducida en diversos países (C. Varela, 2015), entre ellos México. Este régimen que no distingue entre la trata sexual y el trabajo sexual, clasifica toda condición de intercambio erótico/sexual a cambio de algo material o simbólico como explotación sexual, produciendo un dispositivo antitrata que moraliza y victimiza cuerpos y subjetividades a través de violentar el ejercicio libre de la(s) sexualidad(es), el derecho al trabajo y otros derechos que interpelan trabajadoras sexuales autónomas y migrantes.

Y, de manera particular en la frontera México-Guatemala, la trata ha sido considerada como un efecto del proceso migratorio, como si fuera una de las “consecuencias” negativas de migrar. De este modo, paradójicamente, la manera de “proteger” a las/los migrantes irregularizados es persiguiéndoles y criminalizándoles.

Otra experiencia que da cuenta de esta criminalización selectiva del dispositivo antitrata, es el fragmento de una entrevista que realizada en 2014 en Tapachula con una mujer trans, de 27 años, mexicana y trabajadora sexual. Ella tenía miedo de ser acusada de trata de personas porque rentó una vivienda que era su casa y, al mismo tiempo, subarrendaba a otras trabajadoras sexuales para el ejercicio de la prostitución. Era una estrategia de autocuidado, cuidado colectivo y disminución del riesgo en los hoteles. Pero, si algún operativo antitrata llegaba a su casa, legalmente podía ser acusada de trata de personas. Ella lo explica así:

Eso no nos deja vivir ni trabajar en paz (…) a mí me pueden acusar de trata porque yo rento aquí, y les cobro a otras que se quieren venir a ocupar, lo dejo todo muy limpio, muy bonito, muy desinfectado, pero a mí me da miedo, porque si me cachan, me acusan de trata y de esa no salgo. (Karina, comunicación personal, 19 de septiembre de 2014)

Su reflexión permite ilustrar en expresiones empíricas concretas cómo la prostitución y la trata no son lo mismo, ni tampoco significan lo mismo. Pero, para las leyes y su dimensión operativa, eso no importa; igualmente las acusa o las victimiza, como ilustra el caso de Nanci, mostrado al inicio del artículo. Karina, en los términos de la ley de trata, “aloja para prostitución ajena”. Sin embargo, en las dimensiones de las prácticas sociales, eso no es trata sino una forma de organización autónoma y solidaria del trabajo sexual, donde ella es la responsable de un inmueble que es un espacio higiénico, más seguro frente a riesgos como los operativos policiales o los clientes violentos. El espacio donde ella y sus amigas trabajan es un local abierto; por fuera parece una vivienda cualquiera con puertas abiertas, nadie está encerrada; solo Karina vive ahí y las demás solo pagan por “ocuparse”.

Consideraciones finales

Las personas que se trasladan entre los espacios fronterizos trasladan con ellas “símbolos, música, objetos, textos” (Campos, 2012) y saberes; construyen subjetividad, así como comunidades afectivas y políticas. De este modo, actúan frente a la criminalización selectiva de las personas migrantes y a la intersección de posiciones sociales en una estructura que intenta confinar y desechar cuerpos racializados y de clases sociales precarizadas. En este campo, las personas migrantes irregularizadas son también agentes sociales que disputan la biopolítica de la gestión migratoria cuando se apropian de narrativas sobre derechos individuales y colectivos, como es el caso de las mujeres trans y de población LGBTI+, y cuando piden al Estado su no criminalización y acceso a ciudadanía.

En este contexto es importante replantear las demandas de justicia de/en la movilidad como una cuestión política y ética. Las personas no tendrían por qué poner en riesgo su vida para cruzar fronteras. No tendrían por qué ser violadas, mutiladas, perseguidas, criminalizadas o golpeadas por un sistema migratorio y fronterizo que se construye sobre la base de irregularizar a las personas pobres, racializadas, precarizadas, con sexualidades disidentes o desplazadas.

Las y los migrantes irregularizadas/os que desafían las fronteras ponen de manifiesto, desde una perspectiva política, que el/la sujeto migrante no solo es una masa de personas cis heterosexuales, víctimas que huyen de “la pobreza”, sino que son sujetos sociales que se reconfiguran en sus proyectos migratorios y producen subjetividad movilizando sus capitales y agenciamientos.

Quiero cerrar este artículo dedicando mi trabajo a todas esas personas migrantes que desafían las fronteras y a las sistemáticas políticas de muerte. A esas personas que van luchando por la vida con la dignidad y el coraje de reclamar su lugar en la historia de agravios. Su digna lucha sí es por la vida, pero también por el derecho a defender los sueños y la alegría.

¡No van solxs, no vamos solxs!

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica

¹ Lo presentado en este artículo son avances del análisis de la investigación doctoral en curso de la autora, denominada “De Cuba y Centroamérica ¿a Estados Unidos? Trayectorias migrantes y acción política de mujeres trans”. Se presentan también algunos elementos y reflexiones del trabajo de campo etnográfico sobre trata de personas, trabajo sexual y migraciones irregularizadas en la frontera México-Guatemala, así como de acompañamientos con mujeres cis trabajadoras sexuales de la región, actividades que realizadas intermitentemente desde el año 2013 hasta la fecha.

² La industria de la migración es un concepto que ha sido desarrollado para conceptualizar los servicios públicos o privados e infraestructuras que sostienen las migraciones internacionales. Sin embargo, no se utiliza de esta forma porque la industria no es de la migración en general, sino que es una trama que implica, por un lado, servicios y, por otro, la violencia estatal (leyes, políticas, etc.) y la extorsión burocrática hacia las personas migrantes racializadas.

³ La experiencia de las personas hondureñas es el cruce de la frontera Honduras-Guatemala antes de llegar a la de México. Y de las personas cubanas es el cruce por 12 fronteras políticas de América Latina antes de llegar a México: Guyana, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

⁴ En esta convención se firman: el Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (conocido como Protocolo de Palermo).

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: juliana.maldonado@gmail.com

Información adicional

Cómo citar este artículo: Maldonado Macedo, J. V. (2022). La criminalización selectiva del dispositivo antitrata en México. Experiencias de mujeres trans migrantes y trabajadoras sexuales. Papel Político, 27. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo27.csda

Descargar